De nada va a servir que se haya autorizado el financiamiento de empresas y personas naturales a las campañas electorales, si el Estado, a través de la ONPE, no fiscaliza los gastos en que se incurren y los coteja con los ingresos declarados.
Es la única manera de evitar que las mafias ilegales que pululan en el país no terminen por superar el financiamiento formal y se mantenga así la situación actual de un Parlamento dominado por las economías delictivas (como bien señala Alfredo Torres, este Congreso “ha favorecido a la minería ilegal, a los profesores cesados por incompetentes, a las universidades bamba, a los transportistas informales, a los préstamos ‘gota a gota’, al crimen organizado (dificultando los allanamientos), y ha aprobado presupuestos públicos desfinanciados por incrementos desmedidos en gasto corriente”).
La gran desgracia política del último lustro es, precisamente, la entronización de los vínculos entre las economías delictivas y el poder político. Estos vínculos han ido escalando. De colocar regidores o alcaldes distritales en sus zonas de influencia treparon hasta gobernadores regionales y alcaldes provinciales, luego congresistas y finalmente presidentes (Castillo fue financiado fundamentalmente por este sector informal de la economía; por eso, el apoyo a las protestas luego de su salida del poder).
Lo perverso del status es que estos financistas no buscan, como eventualmente podrían hacer los formales, apoyar a candidatos que propongan un cierto modelo económico o garanticen la supervivencia de la democracia, hoy amenazada por los extremismos, sino que abiertamente es un toma y daca. Dinero por apoyo y protección a las actividades ilegales. Mineros ilegales, traficantes de terrenos, explotadores de madera, contrabandistas, narcotraficantes, buscan así que se mantenga un sistema que les permita seguir actuando y lo garantizan financiando abundantemente a los candidatos que, sedientos de fondos de campaña, se prestan al juego.
La proliferación de partidos el 2026 hará más fácil el ingreso de dineros sucios. La ONPE tiene que ser dotada de dientes que le permitan eventualmente sacar de carrera a aquellos partidos que tenga fundadas sospechas de financiamiento ilegal. La democracia está en juego por esta amenaza y deben ponerse todos los ojos en impedir que se dinamite por dentro el sistema.
-La del estribo: empieza el año con buen teatro. Se pone Actos consentidos en el teatro La Plaza, con la dirección de Adrián Galarcep, cuenta en el elenco, entre otros, con Erika Villalobos y Oscar López Arias. Va hasta el 16 de marzo. Entradas en Joinnus.
El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.
El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.
Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo.
Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio».
Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.
Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.
LA HISTORIA NO AYUDA
El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.
Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.
Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.
Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.
Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.
La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.
OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL
El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.
Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.
En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.
Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso.
Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso.
Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.
[La columna deca(n)dente] En el actual escenario político, la expresión “viejo oeste” encuentra un paralelismo inquietante. En este entorno, las instituciones estatales han sido subordinadas a los intereses particulares de una coalición congresal, conocida también como la “coalición del mal”, que ha capturado el poder legislativo, moldeándolo a su conveniencia y destruyendo cualquier vestigio de equilibrio democrático.
El gobierno de la presidenta Dina Boluarte ilustra esta dinámica. Su administración, lejos de liderar con independencia y visión de Estado, opera como una extensión de una coalición parlamentaria cuyas prioridades no son las demandas ciudadanas, sino los beneficios particulares de sus integrantes. El Ejecutivo se encuentra atrapado en una relación de subordinación, actuando como un títere funcional a los intereses de un Congreso que legisla sin pudor para grupos de poder, incluidas organizaciones criminales que encuentran en este sistema político un refugio perfecto.
El Congreso se ha convertido en un cártel de poder. Sus integrantes no solo están desvinculados de los principios democráticos que deberían guiar sus acciones, sino que han llevado al extremo la instrumentalización de las leyes. Las reformas constitucionales, que deberían ser un acto soberano de diálogo y consenso, han sido secuestradas para adaptarse a las necesidades de esta “élite” política, consolidando su dominio y garantizando su impunidad.
En medio de este desolador panorama, a la manera de los viejos alguaciles o sheriffs, los que resisten los embates de la “coalición del mal” son la Fiscalía de la Nación y el Poder Judicial, que operan como el último bastión de defensa ante el desmantelamiento institucional. Sin embargo, su capacidad para frenar este avance autoritario está constantemente bajo amenaza, enfrentando presiones, intentos de captura y deslegitimación.
Este vaciamiento de la democracia ha generado un entorno de anarquía normativa. Las instituciones encargadas de fiscalizar, regular y sancionar están paralizadas o capturadas, lo que deja el campo libre para la arbitrariedad y la corrupción. El cártel que nos gobierna no se dejará quitar el poder democráticamente; resistirá incluso, como en el viejo oeste, “a balazos”, para garantizar que no se les arrebate su control del sistema.
La debilidad del sistema de contrapesos y la fragmentación de la sociedad civil agravan esta situación. La ciudadanía, carente de un liderazgo colectivo y enfrentando constantes intentos de deslegitimación de la protesta, así como una brutal represión estatal, observa cómo los actores políticos actúan con total impunidad, incluso jactándose de ello. La captura del Estado y la corrupción se han normalizado hasta el punto de convertirse en una parte estructural del sistema político.
El país transita un camino que no solo erosiona sus instituciones democráticas, sino que también profundiza su crisis de representación. En este “viejo oeste”, el interés colectivo ha sido desplazado por un sistema donde los actores políticos se sirven del poder público para garantizar su supervivencia. El resultado es un vacío de liderazgo y un Estado de derecho debilitado, que amenaza con desencadenar una crisis aún mayor.
Frente a este panorama, la ciudadanía y los partidos políticos democráticos, que no forman parte de la “coalición del mal”, se enfrentan a un desafío histórico: reconstruir un sistema donde las instituciones sean verdaderos guardianes del interés público y donde la democracia recupere su esencia como gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.
[La columna deca(n)dente] En el Perú, la política se ha convertido en un espectáculo grotesco, donde los límites de la decencia y la ética parecen haber sido abolidos. La obscenidad del poder no reside únicamente en la corrupción desenfrenada o en la legislación hecha a medida para favorecer a las organizaciones criminales; su verdadera raíz está en la falta de vergüenza con la que el Ejecutivo y el Legislativo ejercen y abusan del poder, evidenciando un desprecio absoluto por el bienestar común.
El concepto de obscenidad en política no se limita a lo sexual o vulgar. Es un exceso, una transgresión que desborda las normas democráticas y éticas que deberían guiar el ejercicio del poder. En el país, este exceso se evidencia en el abuso sistemático de las instituciones: un Congreso que legisla sin pudor alguno a favor de las economías ilegales, un Ejecutivo que navega sin rumbo, y autoridades públicas que priorizan su supervivencia política sobre cualquier agenda de desarrollo.
El poder se ejerce sin contención ni moderación. Cuando los intereses particulares superan cualquier consideración por el bien común, se traspasa una frontera moral que deja a la ciudadanía expuesta a los caprichos de las cabezas visibles de la “coalición del mal”: Keiko Fujimori, César Acuña, Rafael López, Vladimir Cerrón y José Luna, quienes gobiernan en beneficio propio y de sus allegados.
El Congreso peruano es el epítome de esta obscenidad. En lugar de legislar para atender las necesidades del país, los parlamentarios priorizan sus propios intereses y los de aquellos a quienes sirven (como mineros ilegales y organizaciones criminales, por ejemplo). Los intentos de censurar ministros o la amenaza de una eventual vacancia presidencial no buscan resolver problemas estructurales, sino negociar mayores cuotas de poder.
Lo más obsceno no es que estas prácticas existan –ningún sistema político está libre de intereses particulares–, sino la normalización de las mismas. Los escándalos ya no generan indignación, sino resignación. La ciudadanía ha sido condicionada a aceptar que la política es intrínsecamente corrupta y que no hay alternativa.
La obscenidad del poder también se manifiesta en la indiferencia hacia el sufrimiento de los más vulnerables. Mientras los partidos, integrantes de la “coalición del mal”, disputan parcelas de poder, miles de conciudadanos enfrentan una crisis económica, social y de derechos humanos sin precedentes. Las protestas de finales de 2022 y principios de 2023 dejaron claro que la distancia entre los ciudadanos y quienes gobiernan es abismal. En lugar de diálogo, la respuesta fue represión. La obscenidad del poder radica en la capacidad de ignorar este sufrimiento con total impunidad.
La política no debería ser un escenario para el espectáculo vulgar ni un vehículo para el abuso desmedido. Necesitamos líderes con sentido de responsabilidad y moderación, comprometidos a anteponer el bien común a los intereses personales o de grupo.
El país está atrapado en un discurso y práctica de poder obsceno, en el que los integrantes de la “coalición del mal” parecen competir por ver quién puede llegar más lejos en el abuso y la transgresión. Sin embargo, esta no es una condena inevitable. La ciudadanía tiene el poder de exigir un cambio, de demandar transparencia, decencia y compromiso.
El primer paso para erradicar la obscenidad del poder es devolverle su dignidad. Esto implica no solo renovar los liderazgos, sino también transformar las estructuras y prácticas que han perpetuado esta dinámica. Solo entonces podremos imaginar una política que no avergüence, sino que inspire.
Gisela Ortiz, exministra y activista por los derechos humanos, conversó con Sudaca sobre las escandalosas declaraciones del ministro Morgan Quero. Ortiz señala que el Congreso “no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso” por lo que descarta que el titular del Minedu deje su puesto.
¿Cree que el ministro Morgan Quero será retirado del Ministerio de Educación tras llamar ratas a las víctimas de las protestas?
Creo que no. No debemos olvidar que quien sostiene este gobierno es ese pacto político que hay con el Congreso y las fuerzas mayoritarias de extrema derecha e izquierda. Entonces, no lo van a interpelar ni exigir su renuncia. Por otro lado, Quero siempre se ha mostrado fiel a Dina Boluarte y creo que, por parte de ella, no va a haber un pedido de disculpas, que debería ocurrir, y tampoco le quitará el cargo.
¿Es una declaración desafortunada o representa la política del gobierno actual?
Las palabras del ministro Quero son un fiel reflejo de lo que es este gobierno que no cree en los derechos humanos y carga con cincuenta personas asesinadas que también ha dejado mil personas heridas que vivirán con las secuelas y familias destrozadas. Estas expresiones son un reflejo de lo que ellos creen. Tenemos a un ministro reincidente en esta forma como se expresa, con esta falta de respeto y maltrato que lo dice con total naturalidad.
¿Las declaraciones del ministro Quero y el desinterés por parte del gobierno ante este caso se puede interpretar como una amenaza para futuras manifestaciones?
No tengo la menor duda que este gobierno no tiene el más mínimo respeto por los derechos humanos y va a hacer de la represión policial una forma de mantenerse en el poder. La violencia con la que la policía ha actuado en las últimas manifestaciones es una expresión de esa forma de gobernar por la fuerza. Es un peligro para quienes expresamos una opinión en contra de este gobierno y quienes ejercemos el derecho a la protesta.
Mencionaba el rol del Legislativo, ¿se podría decir que el Congreso ha dejado de cumplir un rol fiscalizador y de contrapeso del Ejecutivo?
Desde diciembre del 2022 hay un acuerdo político para mantenerse en el poder hasta el 2026. Ahí radica la priorización de estos proyectos de ley que se discuten y que son en favor de grupos de delincuentes y vanrestringiendo la función del Ministerio Público y el Poder Judicial. El Congreso hace tiempo no está fiscalizando y no existe ningún contrapeso sino que son parte de este gobierno que se impone por la fuerza.
En los últimos días la presidenta Dina Boluarte ha intentado instalar el debate sobre la pena de muerte, ¿qué opinión tiene sobre esta iniciativa que el Ejecutivo está impulsando?
Estamos en un contexto de una fragilidad tremenda de nuestras instituciones. No hay una garantía que realmente se va a determinar la responsabilidad de los violadores para aplicar la pena de muerte. Qué pasa si esto se convierte en una nueva forma de chantaje y amenaza para cobrar dinero a los familiares con extorsionadores dentro de la policía. Lo que aquí no hay es prevención, que debe trabajar el Estado, y lo que ocurre es que cuando los familiares acuden a los centros policiales no hay una respuesta inmediata y se tiende a culpar a la víctima y la familia. Imponer la pena de muerte en este contexto es una utilización banal para tapar los delitos que siguen apareciendo cada día y están relacionados con este gobierno. No es una discusión seria.
Aprovechando este debate, diversas bancadas han apoyado que Perú se retire de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, ¿existen segundas intenciones detrás de este pedido?
Quienes plantean eso son congresistas que tienen algúntipo de vinculación con las Fuerzas Armadas, han sido partícipes del conflicto armado interno y alguna responsabilidad tienen. También son parte de agrupaciones políticas que, en procesos y juicios, se ha evidenciado su accionar criminal durante el conflicto armado interno. No son personas que no tienen nada que ver con las responsabilidades y violaciones de derechos humanos. No es un planteamiento desinteresado sino parte del afán de imponer o garantizar la impunidad para los delitos que se cometieron, como hemos visto en la ley pro impunidad presentada por el congresista Rospigliosi.
¿El Perú está atravesando un momento crítico en lo que respecta a darle importancia a los derechos humanos?
Antes, de alguna manera, los partidos políticos cuidaban las formas de expresar este repudio a los derechos humanos a diferencia de como lo hacen actualmente. Ahora están a favor de los criminales, legislan a favor de los criminales y arrebatan derechos de las víctimas. Partidos políticos que no incorporan una mirada de los derechos humanos no deberían tener ningún tipo de oportunidad en nuestro país. No solamente porque somos un país post guerra con secuelas que no han sido atendidassino porque, lamentablemente, no tenemos una democracia sólida. Ese es el mayor miedo. El no tener libertad para expresarnos ni movilizarnos.
El Congreso también está abordando un proyecto de ley que busca un mayor control sobre las ONG, ¿qué consecuencias podría dejar esto para el país?
Es un proyecto que trata de tener mayor control no sólo sobre los recursos que reciben las ONG sino también sobre el uso que se les da. En nuestro país ya existe una organización que se llama APSCI, la cual está vinculada al Ministerio de Relaciones Exteriores y ejerce esta función. Lo que quieren ahora es incrementar el control y con frases ambiguas. Hablan de prohibir el uso indebido sin decir qué sería exactamente indebido. Todos los proyectos que tienen financiamiento internacional se hacen en función a objetivos. No es que uno invente las actividades en el transcurso del desarrollo del proyecto. Lo que quiere hacer el Congreso es prohibirlas porque las denuncias internacionales se canalizan a través de las ONG de derechos humanos y también porque el trabajo de estas ha sido la capacitación en materia de derechos humanos. Ellos ven ahí un peligro político.
¿Considera que el gobierno de Dina Boluarte, con situaciones como las declaraciones del ministro Quero, ha profundizado la división entre Lima y el resto del Perú?
Creo que desde la frase desafortunada de “Puno no es el Perú” que expresara Dina Boluarte empezamos con esa mirada de desconfianza a quienes estaban defendiendo su derecho a protestas. Cada vez que tienen oportunidad los representantes de este gobierno lo que hacen es seguir negando que hay un Perú distinto al de Lima y marcando sus frases racistas comparándolos con animales. Me parece peligroso porque en ese contexto de una mayor brecha política y social se van a dar las elecciones del 2026.
El último gobierno vinculado con represión a manifestantes fue el de Manuel Merino y, años después, no hubo responsables por estos actos, ¿será diferente lo que ocurrirá con Dina Boluarte en el futuro?
Justamente por eso son las movidas que están haciendo en el sistema electoral buscando qué más pueden hacer para asegurarse que van a tener un control absoluto en el JNE para que quienes salgan elegidos sean partidos políticos que les van a garantizar impunidad. Ese es el peligro para las víctimas, porque no están garantizados sus derechos y siempre está el poder político que negocia, como pasó con los asesinatos de Inti y Bryan. Qué democracia vamos a construir en un país que ningunea a sus víctimas y las trata con una falta de respeto total.
El discriminador proyecto de ley con el cual Renovación Popular y el sector ultraconservador del Congreso pretende evitar que se apruebe la unión civil y busca que se siga negando la existencia de parejas del mismo sexo.
La última semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue protagonista de una de las noticias más inesperadas. Con doce votos a favor, los integrantes de esta comisión le dieron luz verde al proyecto de ley presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) con el cual la unión civil de parejas del mismo sexo estaría más cerca que nunca de concretarse.
Acorde a la ruta que se sigue en el Congreso, esta iniciativa legislativa deberá pasar a debate en el pleno y, en caso obtenga el respaldo mayoritario, se convertiría en una realidad que beneficiaría a un importante sector de la población que se encuentra desprotegido de una serie de derechos, como los derechos sucesorios y patrimoniales, la pensión de sobrevivencia y la posibilidad de administrar de forma conjunta bienes adquiridos durante la convivencia.
Aunque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad en cerca de cuarenta países, incluyendo varios de Sudamérica, este proyecto de ley que no cumple con las mismas expectativas del matrimonio igualitario pero brinda una serie de derechos importantes ha generado un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y discriminadores de la sociedad peruana. Incluso Fuerza Popular, la agrupación de una de las impulsoras de la iniciativa, ha manifestado que la mayoría de sus integrantes están en contra.
Sin embargo, entre lo más sorprendente de las reacciones que se han visto en estos días se encuentra el proyecto de ley con el cual el bloque ultraconservador del parlamento pretende responder a la unión civil y que incluye una indiscutible necesidad de ocultar la existencia de parejas del mismo género.
LA ALTERNATIVA
El pasado martes, la bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 9324/2024-CR. Con el título de “Acuerdo Patrimonial Solidario”, la iniciativa que tiene como autor al congresista Alejandro Muñante y cuenta con las firmas de otros cinco parlamentarios (Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, María Jaúregui y Noelia Herrera) propone una extraña alternativa con la que busca disuadir a sus colegas de ver a la unión civil como una necesidad.
El autor de esta polémica iniciativa ha señalado en su presentación que tiene como objeto“crear un régimen especial patrimonial mediante el cual dos personas puedan ejercer derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial” y lo describe como un “acuerdo de voluntades entre dos personas”.
En estos primeros puntos se puede observar una considerable diferencia entre este proyecto y el que presentó el congresista Cavero en el año 2022. Tal como se observa en la siguiente imagen que corresponde al proyecto del congresista de Avanza País, la iniciativa de la unión civil la reconoce como una institución constituida por dos personas que tienen el fin de compartir un proyecto de vida.
Además, mientras que la unión civil contempla la posibilidad de tomar decisiones médicas con respecto a su conviviente, el derecho a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, la posibilidad de asegurar a su pareja en un régimen de seguridad social con las mismas condiciones que conyugues o convivientes y muchos derechos más, la alternativa propuesta por Renovación Popular apenas les concede la chance de otorgarse herencia y el acceso a la pensión.
DE LO QUE NO SE HABLA, NO EXISTE
En el proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y que Sudaca ha podido revisar, apenas en el artículo 6, el cual se muestra en la imagen anterior, se hace mención a los derechos que tendrían quienes formen parte de este acuerdo patrimonial solidario, mientras que en cuatro de las nueve páginas se puede leer sobre los “peligros” de la unión civil.
Entre las insólitas advertencias que realizan los congresistas de Renovación Popular, una de ellas se enfoca en señalar que la aprobación de la unión civil llevaría a que ocurran cambios en las normas sociales y, por esta razón, se le puede considerar una amenaza a la estabilidad social.
Pese a que la intención detrás de este proyecto de ley sería ofrecer una alternativa para la comunidad LGTBI, los congresistas del partido celeste parecen no haberse podido contener y han dejado claro en estas páginas quela posibilidad de hablar de diversidad sexual y reconocer la existencia de parejas del mismo sexo es un tema que ellos ven como algo que “genera preocupación”.
Aunque agrupaciones políticas como Renovación Popular suelen tratar los reclamos de la comunidad LGTBI como la exigencia de privilegios y no de igualdad, entre los párrafos de la iniciativa legislativa propuesta parecen dejar muy claro que sólo las uniones entre personas heterosexuales tienen importancia en la sociedad peruana.
Cabe señalar que esta propuesta presenta como antecedentes a proyectos que, años atrás, fueron presentados por dos pastores evangélicos, como es el caso de Julio Rosas y Humberto Lay, y Martha Chávez, la excongresista fujimorista militante de las posturas más conservadoras de la iglesia católica.
“De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina”, dice el personaje de Valeria Vegas en una de sus líneas más recordadas en la popular serie ‘Veneno’, la cual relata la trágica historia de una mujer trans en la España de los años noventa. Lamentablemente, en pleno 2024, la respuesta de un sector del Congreso a la unión civil parece decir que parejas del mismo sexo es un tema prohibido, una realidad que se debe fingir que no existe yalgo que se debe marginar con leyes que parecen para ciudadanos de segunda.
[La columna deca(n)dente] En la tragicómica ópera del Congreso peruano, Eduardo Salhuana, presidente del Parlamento, se luce con una joya discursiva que reinventa el derecho en clave de absurdo: “Nicanor Boluarte tiene derecho a preservar su libertad”. Con una mezcla de ternura familiar y audacia legalista, Salhuana ha conseguido lo que parecía imposible: resignificar conceptos tan básicos como justicia, prófugo y libertad. Según su novedosa lógica, “preservar la libertad” no es más que desaparecer oportunamente cuando un juez dicta prisión preventiva. Así nace un principio digno de figurar en manuales alternativos de derecho: la fuga precautoria.
El caso de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, ilustra esta filosofía con notable precisión. Ante los 36 meses de prisión preventiva dictados por el juez Richard Concepción Carhuancho, Boluarte escogió el camino más práctico: convertirse en “no habido”. En el Perú, esta condición no es un signo de deshonra, sino casi un reconocimiento simbólico, comparable a una medalla al mérito. En un país donde los prófugos pueden llegar a convertirse en referentes mediáticos, la desaparición estratégica es vista, en ciertos círculos, como una demostración de astucia más que de culpa. ¿Y qué mejor manera de preservar la libertad que ausentarse justo cuando intentan quitártela?
Para Salhuana, lejos de ser una anomalía, este acto es una brillante demostración de derechos democráticos. Si el Congreso protege a sus propios integrantes frente a la justicia, ¿cómo no extender esa inmunidad tácita al primer hermano de la nación? Negar este privilegio sería, en su lógica, una forma inaceptable de discriminación. Su razonamiento, por supuesto, abre un fascinante precedente. Si aplicáramos esta filosofía de manera universal, todos los ciudadanos que enfrentan prisión preventiva deberían inspirarse en Boluarte y “preservar su libertad” desde algún paraíso remoto. Pero, claro, no todos cuentan con un Congreso tan hábil en las piruetas verbales para justificar lo injustificable.
Mientras el Parlamento ejecuta su espectáculo, Dina Boluarte, presidenta de la República, no se queda atrás. En una declaración que parece destinada a las antologías del disparate político, afirmó: “Está ciega la justicia, le vamos a quitar la venda”. La frase, cargada de literalidad, propone una solución que, a primera vista, parece revolucionaria: despojar a la Justicia de su venda para que identifique sin ambigüedades a los corruptos. ¿Quién necesita la venda cuando los sospechosos están a la vista? A este ritmo, Boluarte bien podría sugerir eliminar otros símbolos arcaicos, como la balanza, y reemplazarla por una calculadora para presupuestos o un cuchillo de cocina, más útil para las licitaciones creativas y los ajustes morales que caracterizan su gobierno.
Sin embargo, esta metáfora presidencial no solo revela un desconocimiento simbólico preocupante, sino también una gestión que parece ciega ante las demandas sociales y éticas del país. Si quitar la venda a la estatua es la solución, ¿qué hacemos con el peso de la balanza o el filo de la espada? Boluarte parece ignorar que la venda no es un problema, sino un símbolo de imparcialidad; al sugerir retirarla, proyecta una gestión incapaz de abordar la corrupción sistémica que carcome al país.
Estos episodios, entre el absurdo y el cinismo, son elocuentes recordatorios de por qué Perú necesita líderes que sepan gobernar y no solo malabaristas del discurso. La ironía no puede pasar desapercibida: mientras la estatua de la Justicia, despeinada y resignada, espera que alguien le devuelva su dignidad, el país sigue atrapado en una tragicomedia política, donde preservar la libertad parece significar huir, y buscar justicia equivale a quitarle la venda al símbolo de la imparcialidad.
Fueron vanas las ilusiones del premier Gustavo Adrianzén respecto de que la cumbre APEC podría haber logrado que la aprobación de la presidenta Boluarte mejorase un poco. Dos encuestas hechas con posterioridad (IEP y CPI) revelan que o sigue bajando o está estancada en los bajísimos niveles que mostraba antes del evento internacional.
En otras circunstancias, con otro gobierno, el impacto del foro internacional, con la presencia de mandatarios de las principales potencias del mundo y el logro de importantes acuerdos en beneficio del país, sí hubiera redundado en un rebote estadístico a favor del régimen, pero el desprestigio y descrédito del gobierno actual es de tal envergadura que ni eso la ha ayudado a mejorar sus indicadores de popularidad.
Según la medición del IEP, El 76% indica que la situación económica es peor que hace un año. Ocho de cada 10 encuestados creen que la situación política es peor que hace doce meses (pasa del 71 al 80%). Y lo más preocupante es la seguridad: el 90% cree que es peor que en 2023. Y como cereza del postre, la sensación de que la corrupción se ha incrementado llega al 82%.
Si le sumamos el inicio sangriento del régimen (eso le va a pesar políticamente y también penalmente a la mandataria) y la ausencia absoluta de políticas públicas (vemos ahora último el mamarracho llamado Ley MAPE para resolver el tema de la minería informal), y la constatación de que no hay una sola entidad pública que haya mejorado sus niveles de actuación y de provisión de servicios (pasaportes, brevetes, DNI, etc,), se entenderá perfectamente el grado refractario del gobierno para una mejoría ante el parecer de la ciudadanía.
No hay remedio para este gobierno. Ni cambios de gabinete, ni anuncios grandilocuentes, como la inauguración del megapuerto de Chancay, ni eventos superlativos (como la cumbre APEC), ni discursos reiterados, harán que la aprobación del régimen aumente. Y lo peor es que al gobierno eso no le importa. Y se nota.
Boluarte confía en que la conjunción de intereses con la coalición mafiosa del Congreso la sostendrá en el poder a toda costa y eso es lo único que le interesa. Qué desolador que nuestros dos bicentenarios (2021 por la proclama de San Martín) y 2024 (por la batalla de Ayacucho) nos hayan tocado en suerte gobernantes como Pedro Castillo y Dina Boluarte, incapaces de entender el profundo significado republicano de las fechas.
[La columna deca(n)dente] El gobierno de Dina Boluarte y el Congreso han adoptado una estrategia que encarna lo que muchos llaman “dictadura constitucional”: una manipulación de la legalidad y de las instituciones democráticas para consolidar el poder y restringir derechos sin recurrir a un régimen autoritario formal. Este esquema permite mantener una fachada de legalidad mientras se restringen libertades y se incrementa la represión. Un ejemplo reciente es la propuesta del Ejecutivo de trasladar los juicios de policías y militares a tribunales castrenses, una medida que elimina la rendición de cuentas ante la justicia civil y revive prácticas de los años de Fujimori, cuando la impunidad y la represión eran empleadas para silenciar las voces críticas.
Este uso retórico de la ley y la seguridad, que convierte al Ejecutivo en árbitro de lo aceptable en términos de protesta y crítica, deja a la ciudadanía en una situación de vulnerabilidad. Los líderes autoritarios apelan al “orden” para criminalizar las movilizaciones y restringir derechos en nombre de la estabilidad. En el caso de Boluarte, esto se ha traducido en una creciente militarización de la vida pública y en un gobierno que percibe a los ciudadanos críticos como potenciales “enemigos” o “traidores a la patria”. Esta situación sienta un precedente peligroso, transformando la Constitución y las instituciones, que deberían proteger los derechos fundamentales, en herramientas de represión.
El Congreso, lejos de cumplir su función de contrapeso al Ejecutivo, se ha convertido en un aliado en la consolidación de medidas autoritarias. Esta alianza desdibuja los límites entre legalidad y autoritarismo y expone una estrategia de control desde el Legislativo. Con leyes que favorecen intereses particulares y, en muchos casos, a organizaciones criminales, el Congreso detenta el poder real, manipulando la ley para su propio beneficio y subordinando al Ejecutivo a su agenda.
El respaldo de partidos como Fuerza Popular (Keiko Fujimori), Alianza Para el Progreso (César Acuña), Perú Libre (Vladimir Cerròn), Podemos (José Luna), entre otros, mantiene a Dina Boluarte en el cargo solo de manera temporal. Esta coalición de fuerzas en el Congreso no está motivada por el bien del país, sino por la intención de prolongar el statu quo hasta que Boluarte convoque a elecciones, momento en el cual podría ser descartada. Así, el Congreso asegura su influencia, mientras el Ejecutivo queda como una pieza desechable, removible una vez que deje de ser útil.
Ante esta situación, ciudadanos y partidos democráticos tienen la responsabilidad de defender la democracia y los derechos fundamentales. La ciudadanía debe movilizarse y organizarse, exigiendo transparencia y respeto por las libertades individuales, tanto en espacios públicos como en redes sociales. Las organizaciones sociales pueden jugar un papel clave, denunciando estos abusos y promoviendo una participación política activa. Por su parte, los partidos democráticos deben alzar la voz y promover acciones concretas para frenar la coalición autoritaria, actuando con firmeza para crear un frente común en defensa de la democracia.
