Tiene que ver, sin duda, la caída de la inversión privada con la pérdida de confianza en el porvenir político del país, producto de un Ejecutivo incompetente y de un Congreso deleznable.
Ello, a su vez, es lo que está generando la caída del crecimiento económico y el aumento de la pobreza que se aprecia en todas las regiones del país, especialmente en aquellas que más zozobra causaron con los desmanes de diciembre y enero. Miguel Palomino, economista y presidente del IPE, señala, para el caso: “Veamos las cifras de Puno, por ejemplo. Entre enero y marzo se registró una caída anual de 16% en el empleo, explicada en buena parte por un retroceso de 28% en el empleo juvenil. Uno de cuatro jóvenes puneños perdió su empleo en el primer trimestre”.
Pero no es solo la incertidumbre política lo que está generando el estancamiento señalado. Ya se venía advirtiendo desde hace años en la urgencia de emprender las reformas de segunda generación en favor de la inversión privada en varios sectores productivos del país (agro, pesquería, minería), y eso, lejos de haber sucedido, se ha ido revirtiendo con los años (por ejemplo, con la derogatoria de la ley de promoción agraria, que debería no solo retomarse sino ampliarse a otras regiones, como la andina).
No es suficiente recuperar el statu quo precedente a la pandemia. Ya es hora de que algún gobierno (lamentablemente, éste no tiene el empaque de hacerlas) retome las banderas reformistas, promercado y proinversión privada. Sin ello, no será posible reencaminar al país por la senda del desarrollo que permitió en los últimos tiempos crecer como lo hicimos y reducir la pobreza, en solo 20 años, de 59% de la población a 20%.
Una nueva ola de reformas productivas e institucionales se requiere para volver a atraer inversión. Ya no basta con que haya un gobierno que no ataque a la inversión privada o no ponga en riesgo los capitales activos. Se necesita un impulso que, infelizmente, ningún candidato de la centroderecha propone con el énfasis pertinente.
