crimen organizado

[Cosecha Roja] Desde que empezó la actual legislatura, se han presentado en el Congreso más de 45 proyectos de ley que proponen el endurecimiento de penas y condenas en aras de frenar la actual arremetida de crimen y delincuencia que mantiene a la población en vilo. Es decir, en promedio se ha presentado un proyecto y medio por mes en los últimos dos años y pico que tiene el actual parlamento en funciones. De todas estas iniciativas, 10 han tenido el mismo objetivo: crear la figura penal de “terrorismo urbano” e incorporarla al Código Penal. Ante tanta insistencia, finalmente, la semana pasada, la Comisión de Justicia del Congreso decidió aprobar el dictamen de ley que incorpora el delito de terrorismo urbano en el Código Penal y establece penas de entre 23 a 30 años, así como sus causales. 

¿En el país donde una película, una obra de teatro, una presentación de libro y una manifestación pueden ser calificadas de “terroristas” o de “apología al terrorismo” (y lo han sido) qué significa que ahora el crimen también pueda serlo? 

Ciertamente, el terrorismo urbano existe: los atentados del 11 de setiembre de 2001 en los Estados Unidos, los ataques terroristas de Paris en 2015 y la explosión provocada en el Manchester Arena de 2017 son solo algunos ejemplos recientes. Pero, a diferencia del crimen que actualmente agravia al país, todos estos ataques fueron motivados por objetivos ideológicos, religiosos y políticos de organizaciones extremistas como Al-Qaeda y el Estado Islámico. 

Con esto no estamos buscando invisibilizar el trágico legado que ha dejado el accionar de organizaciones que en el pasado ejercieron la violencia para avanzar sus respectivas plataformas ideológicas y políticas como Sendero Luminoso y el MRTA. Pero equiparar el accionar de estas organizaciones y, sobre todo, las estrategias para combatirlas con el de organizaciones criminales como el Tren de Aragua, Los Gallegos, Los Pulpos, entre otros, puede terminar siendo más perjudicial a la larga. 

Tampoco pretendemos negar el hecho de que muchas de estas organizaciones criminales recurren a la violencia extrema y tácticas terroristas para instalar el miedo en poblaciones enteras y/o ejercer un control territorial tiránico en los espacios donde despliegan sus actividades delictivas: trata de personas, extorsión, tráfico de drogas y muchas más. Pero su lógica sigue estando motivada por las ganancias económicas de sus negocios ilícitos y no necesariamente por cuestiones ideológicas. 

Es fundamental reconocer que etiquetar la violencia y las tácticas de organizaciones criminales bajo el término de “terrorismo urbano” no solo puede diluir el significado del terrorismo verdadero, sino también complicar los esfuerzos para abordarlo eficazmente. La militarización de la respuesta al crimen organizado (y nuestra sociedad) es un riesgo real que este dictamen podría precipitar. En el país donde potencialmente todo puede ser terrorismo, esta realidad no parece estar tan alejada.  

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[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS]  Según narran Alberto Flores Galindo y Manuel Burga en su clásico “Apogeo y Crisis de la República Aristocrática”, durante el Oncenio de Leguía (1919-1930), el mayor de la Guardia Civil, Genaro Matos, no comprendía por qué el gobierno transaba con la debilitada casta terrateniente cajamarquina. Esta representaba al viejo civilismo y era liderada por el legendario hacendado y bandolero Eleodoro Benel Zuloeta. Sin embargo,  desde 1925, el Estado poseía fuerzas de sobra para aplastar al díscolo rebelde.

Pero existía una poderosa razón de Estado que Leguía alcanzó a ver aunque el Mayor Matos no: Benel Zuloeta tenía vínculos muy cercanos y hasta consanguíneos con varios de los oficiales de la Comandancia General de la Primera Región Militar, situada en Chiclayo. Por ello, a pesar de encontrarse casi vencido por las fuerzas de Matos, y refugiado en la clandestinidad, el díscolo bandido logró un acuerdo muy favorable con el gobierno que consistió en la entrega de armas por los dos bandos terratenientes en disputa (Los Benel y los Vásquez). Al final, Benel entregó poquísimas armas, mientras que sus contrarios fueron arrestados por los militares y desarmados totalmente, devolviéndole al bandolero chotano el equilibrio de fuerzas que Matos le había arrebatado.

Poco después, en 1926, se estableció en Chiclayo la Segunda Comandancia de la Guardia Civil, la que poseía 229 miembros y fue reforzada por 440 soldados del ejército en 1927. Ya con este fuerte contingente militar bajo su mando, Matos emprendió la búsqueda de Benel quien optó por suicidarse en La Samana, su hacienda chotana. Hasta hoy, Benel ha permanecido en el imaginario popular como un mito. Decenas de relatos cuentan sus hazañas y hasta el dúo folclórico “Sentimiento Serrano” le ha dedicado un huayno presentándolo como un guerrillero que enfrentó al poder terrateniente y jamás pudo ser vencido por el Ejército Peruano.

Para lo que nos toca, la historia -y el mito- de Eleodoro Benel es el reflejo de la complicada relación entre el Estado peruano y el poder terrateniente en la tercera década del siglo veinte. Este vínculo, sostenido impecablemente durante el periodo de la República Aristocrática (1895-1919) a través de alianzas de interés y reparto de puestos congresales o prefecturas, entró en crisis durante el gobierno de Leguía. El once años dictador, consecuente con su proyecto modernizador, no podía permitir lo que el Mayor Matos no alcanzaba a comprender: que en circunstancias en que militarmente las huestes de Benel podían ser aplastadas, el gobierno hiciese negociaciones de paz, como si se tratara de dos fuerzas semejantes.

Pero Leguía era un viejo zorro de la política y sabía que, en determinadas circunstancias, una previsible alianza entre terratenientes y sectores del Ejercito podía derrotar a las fuerzas del Estado. Por eso actuó donde pudo y cuando estuvo seguro. Como sabemos, el poder terrateniente en el Perú fue clausurado por el general Juan Velasco recién a partir de su radical ley de reforma agraria, aprobada el 24 de junio de 1969. Leguía solo dio los primeros pasos en la consolidación del poder estatal.

Más o menos por aquellos tiempos, en la década de 1920, el célebre político peruano, Víctor Raúl Haya de la Torre, planteó que la única manera de combatir el imperialismo norteamericano era conformando un bloque político y económico regional, que actuase como tal y le plantase cara. Aunque comenzando la década de los treinta, Haya dejó de lado el enfoque marxista, nunca dejó de sostener que era imprescindible una alianza regional -léase 1942, La Defensa Continental- para defender el régimen democrático.

Recordé a Benel, Matos, Leguía y a Haya cuando me puse a leer a conciencia sobre la difícil situación que actualmente atraviesa nuestro vecino Ecuador. Obviamente, 100 años de cambios espectaculares y dos realidades que aunque parecidas, distan de ser iguales, nos separan del difícil presente por el que atraviesa el vecino del norte.

Si para América Latina, el siglo XIX se constituyó en la era del centrifuguismo, cuando el Estado intentaba, aun infructuosamente, consolidarse contra diferentes poderes regionales y terratenientes; el siglo XX asistimos a la paulatina afirmación de nuestros estados y de su autoridad por sobre cualquier otro tipo de poder constituido en el territorio bajo su administración.

Sin embargo, hace unos pocos días, Cristina Papaleo, columnista de opinión para la DW, ha planteado la existencia de un ecosistema criminal latinoamericano sostenido por el narcotráfico. En este, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación se disputan, en varios países de Centro y Sudamérica, el control de las redes de producción y distribución de drogas. En lugar de administrar todo el proceso, los cárteles establecen alianzas con bandas locales lo que facilita su labor. De hecho, Colombia y el Perú son claves en este esquema pues rodean geográficamente a Ecuador y lo proveen de toneladas de cocaína y derivados que, desde los puertos de Guayaquil y otros, se exportan al resto del mundo.

Si hablamos del Perú, a las redes del narcotráfico se le suman toda una gama de actividades ilegales que van desde la trata de mujeres, el tráfico de armas, la minería ilegal y la tala indiscriminada de los árboles de la Amazonía. A esto habría que sumarle la entusiasta participación en estas actividades de algunos sectores vinculados a los poderes económico y político formal e informal. De suerte que si un pronóstico podemos ofrecerle al Perú es que el Estado, en lo más esencial, no se encuentra en condiciones de afrontar un levantamiento coordinado de todas o parte de las mafias y actividades del crimen organizado que operan en el país.

El siglo XIX, durante la Era Victoriana, se hablaba del Estado Gendarme. Es decir, de un Estado cuya función principal debía ser resguardar la actividad económica de cualquier intento por interrumpirla o por negociar derechos que pudiesen disminuir su natural flujo y ganancias. Hoy, cabría preguntarse, después de lo visto en el Ecuador, si estamos al frente de varios estados latinoamericanos que actúan como gendarmes de las bandas dedicadas a actividades ilegales.

En el Perú, la situación descrita pareciera ya estar sucediendo y las pocas instituciones que aún permanecen independientes de este esquema sufren de un asedio constante que proviene de algunos sectores políticos representados en el Congreso.  ¿Qué pasaría si surgiese en el Perú un candidato que ofrezca la lucha frontal contra la corrupción como lo hizo el asesinado Fernando Villavicencio en el Ecuador? ¿Qué pasaría si se logra instalar un gobierno que se tome en serio eso de restaurar la autoridad del Estado por sobre las actividades ilegales con la intención de restringirlas o erradicarlas? Daniel Noboa anunció mayores medidas de seguridad carcelarias para los líderes de estas organizaciones criminales y a estas les ha costado muy poco reaccionar poniendo a su país de cabeza.

En 1942, Haya de la Torre planteó la alianza entre los Estados Unidos del Norte y los Estados Unidos del Sur -esos que todavía no existen- en pro de la defensa de la institucionalidad democrática. Me pregunto si lo que hace falta en el continente no es una verdadera y funcional alianza norte-sur para combatir a tan grandes enemigos.

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[PIE DERECHO]  No estamos lejos de que en nuestro país ocurra algo parecido a lo que acontece en Ecuador, con la reciente asonada violenta del crimen organizado.

Tenemos todos los ingredientes para que algo así nos suceda: debilidad del Estado democrático, corrupción de las fuerzas del orden (tanto policiales como militares) y del sistema de justicia (Ministerio Público y Poder Judicial), eslabón de partida del narcotráfico, vientre de todas las mafias habidas y por haber (narcotráfico, minería ilegal, trata de personas, contrabando, tráfico de terrenos, etc.) y proliferación de bandas criminales que empiezan por delitos comunes y luego se engranan con los grupos criminales señalados.

El Perú no es un paraíso para las inversiones -dejó de serlo hace muchos años- sino para el delito. Cualquier organización criminal que se sienta perseguida con eficacia en su país de origen verá que la migración al nuestro le abrirá una oportunidad de oro para desarrollarse, como ya ha sucedido con el sanguinario Tren de Aragua venezolano.

Toca asumir la responsabilidad de conducir el proceso de prevención y control de la inseguridad ciudadana a un gobierno débil y mediocre. Corresponde entonces a la clase política en su conjunto y a la sociedad civil, apuntalar un proceso consensual de elaboración de una estrategia eficaz respecto del crecimiento exponencial del crimen organizado, que amenaza con llevarse de encuentro no solo la paz social sino el Estado democrático.

Estamos todos los peruanos de bien en el mismo bote, por encima de cualquier opinión discrepante o parecer divergente respecto de temas ideológicos o morales. El Perú está a punto de cruzar la línea, si acaso no lo hizo ya, y de convertirse en un Estado controlado por las mafias delictivas, un peligro equivalente al que afrontamos cuando sufrimos la asonada asesina del terrorismo de Sendero Luminoso y el MRTA y que en algún momento hizo temer que capturasen el poder.

Ya no se puede mirar de soslayo el problema. La ciudadanía, con sensibilidad frente a su cotidianeidad, ya lo identifica como el principal desvelo nacional, por encima de la crisis económica. Las calles, los negocios, la vida ciudadana en general están siendo sometidas por el delito y el hartazgo frente a ello, si no encuentra solución, va a encontrar alivio con propuestas populistas o autoritarias. Por ello, la urgencia de ponerle coto, democráticamente, dentro del estado de derecho, lo antes posible.

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[PIE DERECHO]  Según el libro “Las economías criminales y su impacto en el Perú” publicado en diciembre del 2022 y elaborado por Capital Humano y Social en cooperación con Fundación Konrad Adenauer Stiftung (KAS), las economías ilegales mueven al menos (piso estimado) US$6.657 millones al año en el país. Según otros estudios, el monto es significativamente mayor.

La mayor parte es generada por la minería ilegal de oro (US$1.777 millones), seguida por la trata de personas (US$1.300 millones) y el tráfico ilícito de drogas (US$1.134 millones). También se contempla las categorías de tala ilegal (US$880 millones), extorsión (US$530 millones), pesca ilegal (US$300 millones), contrabando (US$234 millones), piratería de software (US$209 millones) y tráfico de terrenos (US$143 millones). Es un mínimo calculado, pero todo apunta a que las cifras son superiores.

Se sabe que buena parte de ese dinero se va en pagar sobornos a todas las autoridades que puedan afectar su negocio (policía, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores regionales, funcionarios públicos,, congresistas, etc.). Lo que es más grave, se conoce a ciencia cierta que financian campañas electorales con ingentes recursos a cambio de que luego se aprueben normas que los beneficien o se dejen de aprobar las que los perjudican. Es, claramente, un trueque mafioso.

La pregunta es qué hace la Fiscalía al respecto. Cientos de fiscales distraen años de esfuerzo, con miles de horas-hombre, decenas de viajes, en perseguir algunos millones de dólares de aportes de campaña de empresas formales a diversos partidos políticos, cuando eso no era delito de lavado de activos en la época que se produjeron, en lugar de abocarse a la verdadera incursión mafiosa de los dineros sucios de las actividades claramente ilegales en la política peruana. Allí, no se hace nada.

Se van a caer en el Poder Judicial todos los casos que vinculan los aportes de empresas como Odebrecht a las campañas electorales, cuando no se haya probado intercambio ilícito (el único caso que se ajusta a ello es el de Susana Villarán) y, por ende, saldrán libres de la persecución centenares de personas que tuvieron la mala fortuna de participar en el proceso y que llevan años de años perseguidos por fiscales enfebrecidos en hallar allí la prueba madre de la corrupción en el Perú.

Y mientras tanto, la verdadera entraña mafiosa, que amenaza con contaminar los basamentos de la democracia -la representación política-, en base a la injerencia abierta y descarada de dineros provenientes de actividades de economías delictivas, y que, por ende, sí constituyen lavado de activos, no es tocada ni con el pétalo de una rosa por los atribulados fiscales anticorrupción.

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Muchos expertos en seguridad están solicitando que se cree una unidad policial tipo la del GEIN -que permitió la captura de Abimael Guzmán-, para combatir el crimen organizado y el descontrol delincuencial que azota al país.

La verdad, pensábamos que ya se procedía con equipos de inteligencia al respecto y nos sorprende que algo así no suceda. La ausencia de esa estrategia bastaría para explicar por qué la policía parece actuar sólo reactivamente frente al avance de los crímenes, extorsiones y asaltos que agobian la tranquilidad cívica de los peruanos y que ya constituye, según todas las encuestas, el principal problema nacional.

A este factor hay que sumar otro, del cual se habla poco, parece un tabú mencionarlo a pesar de que los noticias abundan en hechos que lo sustentan: la enorme corrupción policial.

Ya no estamos tan solo ante la conocida y acendrada costumbre de los policías de tránsito, que por cincuenta soles soslayan cualquier infracción que un conductor pueda cometer, sino que estamos ante hechos graves de alta corrupción vínculos a la subsistencia del crimen organizado: el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el trasiego de armas, el mundo de la extorsión, los robos de celulares y su venta impune, etc.

Es sabido que los comisarios piden cuotas fijas de dineros malhabidos a sus subalternos. Lo mismo sucede en las altas esferas. Y todo ello pasa, en gran medida, por recibir sobornos de los delincuentes a cambio de patentes de corso para actuar.

Si no se resuelve este problema estructural, el delito no va a amainar en el país. Mientras la policía solo realice intervenciones, en muchos casos amañadas, solo como operativos psicosociales ante los medios de comunicación para generar la impresión de que algo se está haciendo, las mafias delincuenciales seguirán actuando a su antojo y discreción.

Las esperanzas de que ello cambie no se pueden perder. Otros países, que también han sufrido el azote de la corrupción de sus fuerzas policiales, han logrado hacer reformas que han resuelto en gran medida el problema y ello ha traído como consecuencia la disminución del delito en sus calles. Hay que mirar esos ejemplos y, sobre todo, aspirar a que sobrevenga un gobierno con real voluntad política de cortar el nudo gordiano en el lugar más sensible y resistente el cambio.

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Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

victor luna fiscal
Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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