El inicio de este maquiavélico plan radica en los fiscales de los Cuellos Blancos. El proceso que ha iniciado la Junta Nacional de Justicia contra la Fiscal de la Nación tiene su partida de nacimiento en el propio Ministerio Público, concretamente, en un grupo de Fiscales que integraban (e integran) el Equipo Especial del caso Cuellos Blancos que con el uso indebido (delictivo) de la información reservada de las investigaciones fiscales a su cargo –información proveniente del levantamiento del secreto de las comunicaciones y logrando disponer de los informes de comunicaciones de la DIVIAC– han logrado sentar en el banquillo de los acusados a Patricia Benavides Vargas.
La Junta Nacional de Justicia ha decidido investigar a la Fiscal de la Nación por tres cargos, pero quien ha gatillado, impulsado y promovido la filtración a la prensa del Informe de la Diviac (Informe N° 317-2020 del 30.12.2020) son los mismos fiscales del caso Cuellos Blancos y un ex fiscal: Víctor Cubas Villanueva, muy amigo de la Fiscal Fanny Quispe Farfán y su esposo Pedro Grandez Castro, todos fiscales y funcionarios que fueron nombrados y adquirieron un excesivo poder en la gestión de la tristemente célebre Zoraida Ávalos Rivera.
La historia de las supuestas llamadas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, el confeso integrante de la red de los “Cuellos Blancos”, comienza cuando la Dra Rocío Sánchez Saavedra en el marco de la investigación de la Carpeta Fiscal 043-2019 le solicita a la Diviac que procese la información del levantamiento del secreto de las comunicaciones que le había enviado la empresa telefónica ENTEL PERÚ mediante carta del 24 de diciembre del 2019 y le solicita formalmente que prepare un informe de registros de comunicaciones. La DIVIAC atiende el pedido el 30 de diciembre del 2020 y remite el Informe N° 317-2020 y allí se consignan unas llamadas de Enma Benavides Vargas con Edwin Oviedo Pichotito (ocho llamadas) y Patricia Benavides Vargas con Antonio Camayo Valverde (siete llamadas).
Durante 33 meses dicho Informe de la Diviac pasó completamente desapercibido en la Fiscalía, no generó ninguna nueva línea de investigación, no se produjeron informes de Rocío Sánchez o de otros fiscales hacia otras instancias del Ministerio Público, por ejemplo, a la Fiscalía de la Nación reportando la comisión de algunos delitos o cualquier otro ilícito por algunas de las personas que conversaron con Edwin Oviedo o Antonio Camayo a fin de que se abra nuevas diligencias preliminares. Simplemente, el Informe durmió el sueño de los justos como otros tantos informes de registros de comunicaciones que obran en poder de las Carpetas Fiscales del caso Cuellos Blancos y que por el artículo 2.10 de la Constitución Política y la ley de protección de datos son reservados.
El Informe N° 317-2020 nunca se hubiera conocido ni se sabría de él si es que Patricia Benavides no salía nombrada como Fiscal Suprema y luego se la designase como Fiscal de la Nación.
En efecto, los registros de llamadas de Patricia Benavides Vargas con Antonio Camayo Valverde se conocen abiertamente cuando el exfiscal Víctor Cubas Villanueva brinda declaraciones al Portal “Ojo público” el 11 de septiembre del 2022 e informa que la “Fiscal de la nación aparece en conversaciones telefónicas con Antonio Camayo (de Los Cuellos Blancos)”.
¿Cómo tuvo acceso Víctor Cubas a una investigación reservada y a un documento que está en una carpeta fiscal que es, en teoría, secreta para cualquier mortal y ciudadano de a pie? Evidentemente a través de un soplo o una alerta de una persona que manejaba información reservada, secreta y que conocía perfectamente el caso Cuellos Blancos.
Los protagonistas
Aquí entran a tallar cinco protagonistas. Hay un libretista, dos directores, un actor (portavoz) y una productora.
Uno de ellos es el Fiscal Juan Carlos Cabrera Zegovia (libretista) quien tenía a su cargo y bajo su responsabilidad el trámite de la Carpeta Fiscal 043-2019 a la que fue remitido el Informe Diviac N° 317-2020. Dicho Informe nunca había salido formalmente a otra Carpeta Fiscal ni había producido el inicio de una nueva investigación de las personas que conversaron con Edwin Oviedo y Antonio Camayo. Cabrera Zegovia fue designado como fiscal del Equipo “Cuellos Blancos” por la Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos, mediante resolución 302-2021 del 3 de marzo del 2021.
Cabrera Zegovia era el encargado de vigilar que la Información de la Carpeta Fiscal 043-2018 no se filtrara a la prensa, no se conozca por terceros y que los registros de llamadas se mantengan en secreto, al formar parte de la intimidad de las personas y al derecho al secreto de las comunicaciones. Pese a ello, hizo que su Fiscalía sea una coladera y terceros accedieran a información confidencial.
Cabrera, en el deseo de querer perjudicar a la Fiscal de la Nación, envió a la Coordinadora General del caso Cuellos Blancos del Puerto el Oficio N° 982-2022-FSCECCOR-MP-FN-E1 del 21 de junio del 2022 para que esta envíe a la JNJ copias certificadas del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 30 de diciembre del 2020, así como copia de la Resolución Judicial N° 6 del 16 de junio del 2022 del Expediente N° 0047-2018-8-5002-JR-PE-03 mediante el cual el Juez Jorge Luis Chávez Tamariz autorizó la entrega de dicho Informe a la JNJ. Hemos consultado a fiscales y abogados acerca del trámite y el procedimiento seguido por el fiscal Cabrera Zegovia en la entrega del Informe 317-2020 a la JNJ y todos coinciden en señalar que es inédito y absolutamente sorprendente debido a que para remitir un informe policial no es necesario acudir a una autorización judicial, ya que se solo trata de un documento de procesamiento de información. Algunos fiscales del caso “Cuellos Blancos” señalan que es la primera vez que un informe de registros de comunicaciones se traslada a una investigación administrativa con una resolución judicial autoritativa y que por una práctica constante ni siquiera para el envío de audios o registros de comunicaciones se solicita una resolución del juez. ¿Por qué el fiscal Cabrera extremó las medidas para remitir un Informe policial si no es para generar una investigación disciplinaria a la Fiscal de la Nación por la Junta Nacional de Justicia?
Lo anecdótico de este caso es que el 4 de noviembre del 2022, la Fiscal de la Nación, evidentemente sin saber lo que se tramaba en su contra, en un acto de ingenuidad pura, premia a Cabrera Zegovia y lo promueve al despacho de la Fiscalía de la Nación, es decir, a trabajar en la cúspide del Ministerio Público, basados en informes internos que lo avalaban. Patricia Benavides había invitado a su casa a quien la habría apuñalado.
Otra protagonista central de la historia es la fiscal Fanny Quispe Farfán quien adquirió, durante la gestión de Zoraida Ávalos, la máxima concentración de poder y de quien se hablaba que ella era la verdadera Fiscal de la Nación. Quispe decidía la designación de los fiscales a nivel del Perú, intervenía en los conflictos de competencia entre las Fiscalías de Lavado de activos y las Fiscalías de Corrupción de funcionarios, preparaba las defensa e intervención de Zoraida Ávalos en el Congreso de la República y en otras ceremonias oficiales. Tanto fue su poder que por informes suyos se llegó a investigar por el Ministerio Público a dos presidentes del Poder Judicial: José Luis Lecaros Cornejo y Elvia Barrios Alvarado y a más de ocho magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Su embriaguez de poder era tal que ella decía abiertamente que su finalidad era “REFUNDAR EL SISTEMA DE JUSTICIA”. Varios fiscales dan cuenta de ello.
Fanny Quispe tiene un interés directo en que se destituya y remueva del cargo a Patricia Benavides debido a que no solo fue removida del Equipo Especial de Cuellos Blancos en una decisión motivada de la Fiscalía de la Nación, sino que se le quitó el poder desmedido que había adquirido durante la gestión de Zoraida Ávalos y que había llevado a tener enfrentamientos e intrigas contra los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez a tal extremo de querer expectorarlos del Equipo Especial que investigaba a Odebrecht. El poder de Fanny Quispe era de tal magnitud que dirigía a su antojo y con un cálculo siniestro la colaboración eficaz de Walter Ríos, que ha ocultado a la Fiscalía su probada relación con el narcotráfico y ha llevado a que solo se hable de personajes menores y, por ejemplo, no de grandes personajes y figuras empresariales como Samir Abudayeh, del ex Fiscal de la Nación Pedro Chavarry, entre otros. Ríos es conocido en el ambiente judicial no tanto por lo que ha dicho, sino por lo que ha callado.
Fanny Quispe ejercía un poder pernicioso y siniestro en el Equipo Especial Cuellos Blancos. Solo permitía que la colaboración eficaz de Walter Ríos avanzara y llegara a buen término y se esforzaba por bloquear todo lo que se oponía a sus intereses. Véanse los casos de los empresarios Óscar Peña, Antonio Camayo y Mario Mendoza. El caso paradigmático de la capacidad destructiva de Quispe Farfán es el de Gianfranco Paredes Sánchez, quien le delató a la Fiscalía hechos graves que nunca fueron relatados por Ríos y que fueron corroborados (la contratación de prostitutas en el stud de Samir Abudayeh, los arreglos y gastos con dinero de la Corte del Callao en la casa de la calle Francisco de Pagador del expresidente de la Corte del Callao). Pese a la contundencia de las delaciones Fanny Quispe hizo que la colaboración eficaz de Gianfranco Paredes se desaprobara y no fuera utilizada la información en contra de su protegido: Walter Ríos. Quien cumplió el encargo fue la fiscal Magaly Quiroz probada compañera de clases de la esposa de Walter Ríos, Maritza Sánchez.
Se sabe también de buena fuente que Fanny Quispe, pese a ya no ser fiscal del caso “Cuellos Blancos” ha pedido a la defensa de Walter Ríos que amplíe sus declaraciones en contra de la hermana de la Fiscal de la Nación, la juez superior Ruth Benavides Vargas en un caso en el que estaría involucrado el exfiscal Superior del Callao, Carlos Sáenz Loayza, y cuya sala habría resuelto un recurso de interés de dicho fiscal en el que habría recibido una coima de 3,000 dólares.
Lo grave del caso es que Fanny Quispe habría montado, al amparo del poder que le dio Zoraida Ávalos, una red de malos fiscales que le son afines y que le informan de todo lo que ocurre en el caso Cuellos Blancos. Incluso, se ufanaría de haber logrado el nombramiento de fiscales en la nueva gestión de la Fiscalía de la Nación que son su gente y que le responden directamente. Ahora se entiende cómo los problemas de Patricia Benavides no solo surgen, sino que pueden incrementarse con el tiempo.
Otro protagonista central de la historia es el exfiscal Víctor Cubas Villanueva quien en la entrevista del 11 de setiembre del 2022 a Ojo Público dio a conocer la existencia de las supuestas llamadas de Patricia Benavides Vargas con Antonio Camayo Valverde en el año 2018. En dicha entrevista Víctor Cubas reconoce expresamente que la razón de su renuncia al cargo de secretario técnico de la implementación del CPP fue la remoción de la Fiscal Fanny Quispe del Equipo “Cuellos Blancos”, debido a que era un “capricho personal” de la Fiscal de la Nación y admitió que conoce a la Fiscal Fanny Quispe “desde la época de las aulas universitarias en San Marcos”. Lo que no dijo Cubas Villanueva es que Fanny Quispe es su amiga personal, que fue durante muchos años su asistente de cátedra, que fue una de las personas que le ayudó escribir varios libros y que tiene una relación comercial y contractual vigente con la empresa Palestra Editores de propiedad del esposo de la Fiscal Fanny Quispe, el abogado Pedro Grandez Castro, tal como se informó en el artículo de SUDACA “LA CONSPIRACIÓN EN EL MINISTERIO PÚBLICO CONTRA PATRICIA BENAVIDES” del 20 de septiembre del 2022.
En dicho artículo se señaló: “si existe una relación contractual en el que el denunciante recibe, presuntamente, pagos, beneficios o cualquier utilidad de una empresa es necesario que para transparentar las razones de su denuncia o reclamos explique, o, por lo menos, revele la relación comercial con la empresa familiar (Palestra Editores) de la fiscal Fanny Quispe. En el Perú estamos acostumbrados a que las denuncias que se esconden con el lema de la lucha anticorrupción aguanten todo y se pase por alto los conflictos de interés que hay entre el denunciante y la persona que considera víctima de un atropello. Pero lo que es inadmisible e intolerable es que un fiscal con más de 30 años de experiencia trate de soslayo una relación de amistad como la relación contractual que tiene con la empresa del marido de la fiscal que sale a defender”.
También se recuerda que Cubas Villanueva ha sido un alto funcionario de confianza durante la gestión de Zoraida Ávalos, ya que fue designado como secretario técnico de la comisión de implementación del Código Procesal Penal.
El 22 de mayo del 2019 el diario Expreso publicó un artículo titulado “El segundo puesto: asesor de Zoraida Ávalos rumbo al JNJ” en el que se informaba que Cubas Villanueva asesoraba a la Fiscal de la Nación, “como lo muestran los contratos de servicios a terceros adjudicados “sin procedimiento”, del 21 de febrero, 15 de marzo y 2 de mayo, por trece mil soles (S/ 13 000.00) cada uno”. Los contratos a dedo de Cubas Villanueva con la Fiscalía de la Nación, sin que se siguiera un adecuado proceso de contratación, nunca fueron investigados.
Otro de los protagonistas es Pedro Grández Castro el esposo de la Fiscal Fanny Quispe, abogado y dueño de Palestra Editores, quien no solo edita los libros de Víctor Cubas, quien fue la voz pública de la denuncia de las llamadas telefónicas de Patricia Benavides con Antonio Camayo, sino que se los remunera jugosamente, además, de tener una relación comercial y personal de más de 30 años. Pedro Grández el 26 de febrero del 2023 publica en sus redes sociales (facebook), Dos días antes de que la Junta Nacional de Justicia anunciara su decisión de investigar a la Fiscal de la Nación, un mensaje premonitorio de lo que le iba a ocurrir a Patricia Benavides trayendo a colación un artículo periodístico de más de 20 años atrás del diario la República en el que se afirmaba que se designa a Fiscal sin concurso, escribiendo en su post “hay quienes hacen toda una vida en los intersticios de la ley”. Aparentemente, no había una razón de peso para que se haga arqueología periodística y se consiguiera un artículo impreso que nadie recuerda. Grández desentierra de los archivos periodísticos un artículo que no tenía sentido actualizar. Era la camita de lo que sabía iba ocurrir con la decisión de la JNJ de abrir investigación a Patricia Benavides.
Para que se identifique y mida el peso de Pedro Grández en esta trama contra la Fiscal de la Nación debe tomarse en cuenta que trabaja en la Junta Nacional de Justicia. Así lo refirió SUDACA en el artículo “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” del 2 de noviembre del 2022 en el que se señalaba: “Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO”.
También se dijo “lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el exfiscal supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 3 de noviembre del 2022”.
Todos juegan para Zoraida Ávalos
Los protagonistas de esta historia tienen un denominador común: han tenido o tienen una relación con la Fiscal Zoraida Ávalos, quien los designó en cargos de confianza (Cabrera Zegovia, Cubas Villanueva), les dotó de mayor poder (Quispe Farfán) o se desempeñan como su abogado defensor (Grández Castro).
Se recuerda que la JNJ actuó con guantes de senda contra la Fiscal Zoraida Ávalos a quien la ratificó en el cargo de Fiscal Suprema pasando por alto el hecho de que el 2013 accedió a ese cargo presentado cinco certificados falsos al Consejo Nacional de la Magistratura. En el artículo titulado “ZORAIDA ÁVALOS: EL EJEMPLO PERFECTO DE IMPUNIDAD” dijimos “los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta de los cinco certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como fiscal suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo”.
Es llamativo que la JNJ que califica y considera los criterios morales y éticos de los magistrados (Jueces y fiscales) de manera muy alta, tanto para designarlos, destituirlos o ratificarlos en el cargo haya pasado por alto hechos tan graves como los cometidos por la exfiscal de la Nación y en su entrevista de ratificación ni siquiera le haya formulado una sola pregunta al respecto, haciendo gala de una inexplicable impunidad y fijando un nefasto precedente del sistema de Justicia. El mensaje que se deja a los magistrados del Perú es siniestro: se puede acceder a lo más alto de la función pública y, concretamente, del Ministerio Público con la presentación de certificados falsos sin ninguna consecuencia y sin que la JNJ haga algo al respecto.
Si se quiere establecer el tamaño del escándalo, vean el video de su proceso de ratificación cuya votación fue ratificar a Ávalos Rivera por unanimidad como Fiscal Suprema.
https://www.youtube.com/watch?v=ApCeGuDV4BA
Sin embargo, la prueba de que la JNJ trata con un doble rasero a los fiscales supremos es que a la actual Fiscal de la Nación se le abre investigación por tener comunicaciones con Antonio Camayo, que el 2018 era considerado un empresario emergente; pero no hace lo mismo con Zoraida Ávalos pese a tener llamadas con César Hinostroza Pariachi.
Muchos medios de comunicación han señalado que existe el “registro de una llamada saliente realizada por el entonces juez supremo César Hinostroza Pariachi al teléfono institucional (asignado oficialmente por la Fiscalía) de Zoraida Avalos, el día 4 de febrero de 2016, a las 22:12 horas”.
Se ve la paja y las llamadas en el otro, pero no las llamadas telefónicas de un miembro de la JNJ
Uno de los temas más graves de la investigación que se le abrió a la Fiscal de la Nación por parte de la JNJ es que se olvida que uno de los miembros natos de dicha institución tiene no una, sino varias llamadas con varios de los presuntos miembros de la Organización Criminal de los Cuellos Blancos del Puerto, lo cual fue reflejado también en un Informe de la Diviac.
En efecto, en el Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC de fecha 7 de enero del 2020, la Diviac le informa al fiscal supremo Jesús Fernández Alarcón del registro de llamadas del celular de María Zavala Valladares N° 985570544 con las personas involucradas en la red de corrupción de los Cuellos Blancos y los resultados son sorprendentes.
María Zavala Valladares de su celular N° 985570544 registra siete llamadas con Cesar Hinostroza supuesto líder de dicha Organización Criminal, entre los años 2015 a 2018; también registra cuatro llamadas con Iván Noguera Ramos el año 2017, cuenta con tres llamadas telefónicas el año 2018 con Daniel Peyrano Sánchez y una llamada el año 2018 con Luis Arce Córdova.
Pese a la existencia del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que aquí publicamos como primicia no hubo problema para que la Comisión especial encargada de nombrar a los miembros de la JNJ haya designado sin algún rubor a María Zavala Valladares como parte de los siete miembros del pleno de esta institución del Estado. Quizás la única explicación es que se haya considerado que los registros de las llamadas entre dos personas poseen un valor inocuo, irrelevante y neutral desde el punto de vista del derecho.
Pese a que el contenido del Informe N° 02-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC registra varias comunicaciones con más de una persona involucrada en el caso los Cuellos Blancos, en el caso del Informe N° 317-2020-DIRNIC-PNP-DIVIAC-DEPAPTEC que comprende las supuestas llamadas de la Fiscal de la Nación solo hay comunicaciones con una persona en un periodo reducido de tiempo: dos meses.
¿Por qué la JNJ monta un escándalo de abrir investigación a la Fiscal de la Nación por tener llamadas telefónicas con terceros, sin que exista audios o conversaciones grabadas, y no investiga o manda investigar a quien forma parte del pleno? Se presentan los mismos hechos, o hechos más graves, pero se tiene un distinto rasero. Así es la justicia de nuestro querido Perú.
