Zoraida Ávalos: el ejemplo perfecto de impunidad

Su nombramiento fraudulento como Fiscal Suprema del Ministerio Público  

El 21 de junio del 2022 publicamos un artículo titulado “El club de la impunidad: el caso de Zoraida Ávalos y el fiscal Fernández Alarcón” en el que relatábamos dos casos de extrema gravedad que tenían como protagonista central a la exfiscal de la Nación Zoraida Ávalos Rivera. 

En el primer caso se narraba los cinco certificados bamba (falsos) que había utilizado Zoraida Ávalos en el 2013 para pasar raspando la etapa de la evaluación curricular dispuesta por el Consejo Nacional de la Magistratura en el concurso de nombramiento para Fiscal Supremo. El puntaje obtenido por la postulante Ávalos Rivera en la fase curricular fue de 67.50 puntos sobre un mínimo de 66 como nota aprobatoria y la puntuación asignada a los 05 certificados falsos expedidos por el Instituto Librejur fue de 02 puntos; de tal forma que sin la calificación de los documentos bamba solo hubiera logrado una puntuación de 65.50 y le hubiera faltado 0.50 para alcanzar la nota mínima aprobatoria, es decir, sin la valoración positiva, milagrosa, providencial y matemáticamente exacta  de los 05 certificados falsos no hubiera logrado aprobar la etapa de la evaluación curricular del antiguo Consejo Nacional de la Magistratura y hubiera dejado automáticamente el concurso para ser nombrada como Fiscal Suprema, ya que se trataba de fases eliminatorias si es que no se obtenía un puntaje mínimo. 

El caso de los certificados falsos del instituto Librejur fue difundido ampliamente por el programa de Milagros Leyva el día 17 de febrero del 2022 (disponible: https://www.youtube.com/watch?v=AKFsKawyoSo) en el que se informaba con imágenes de video irrefutables que el instituto Librejur, de propiedad del abogado Jaime Guillén, vendía al mejor postor certificados de estudios falsos a precios de regalo, sin que el alumno “fantasma” se haya inscrito, sin que asista a ninguna clase y en el que se expedía una constancia (falsa) de haber rendido una evaluación a la que se le asignaba un puntaje. En dicho reportaje se ve el momento de la negociación, de la transacción y el pago por la compra de los certificados falsos como los chats que sostiene el periodista con el propio dueño de la entidad.

Zoraida Ávalos, pese a la gravedad de la denuncia del uso indebido de los certificados falsos expedidos por Librejur nunca presentó en su defensa el pago de la matrícula de los cinco diplomados a los que afirmó haber asistido, nunca exhibió alguna boleta de venta, voucher o constancia documental de haber pagado antes el costo y/o inversión por participar como alumna en algunos de los cinco cursos y diplomados que luego utilizó para pasar la etapa curricular en el concurso de fiscales supremos del año 2013. De igual manera, nunca identificó o presentó como testigo a algún compañero o compañera de los cinco diplomados que haya asistido como alumno(a) a los cursos de Librejur y a los que dice haber concurrido de manera ininterrumpida.

Como dijimos en el artículo citado: “No solo algunos profesores negaban haber dictado los cursos, sino que ninguno de los 50 profesores que dieron los cursos de derecho la recordaba como asistente a sus clases y, lo que es peor, ella misma no recordaba el nombre de algunos de los profesores más conspicuos de los diplomados como es el caso del fiscal supremo Pablo Sánchez y del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura que la designó como Fiscal Supremo: Pablo Talavera. Zoraida Ávalos llevó, además, cursos en paralelo en la Academia de la Magistratura en los días y horas que supuestamente asistía a los seminarios de Librejur. Todo un escándalo”.

A ello se suma la confesión del abogado  Jaime Guillén, dueño de Librejur, quien reconoció que los cinco certificados que presentó Zoraida Ávalos al concurso del CNM para ser nombrado fiscal titular son falsos y que los expidió de favor,  y la declaración de Luis Pacheco Mandujano al diario El Comercio el 18 de febrero del 2022, quien acusó a Zoraida Ávalos, de haberle pedido falsificar documentos para postular a un puesto como fiscal supremo titular a finales del 2012 y en una entrevista en el programa de Milagros Leyva, indicó que Ávalos no registraba ninguna participación en la Escuela del Ministerio Público, por lo que le pidió ayuda a través de la emisión de certificados de exposición u organización de algunos de los cursos que allí se dictan.   

Lo grave del caso es que ni el Ministerio Público, ni la Junta Nacional de Justicia han iniciado una investigación sobre los certificados falsos que presentó Zoraida Ávalos en el concurso que postuló para obtener el cargo de Fiscal Supremo, pese a que, según abogados penalistas consultados, se trata de la comisión de delitos graves como el uso de documento falso, el delito de falsa declaración en procedimiento administrativo y falsedad ideológica que se habrían producido en el contexto de una organización criminal que entregaba certificados falsos de cursos de capacitación jurídica a cambio de dinero, que eran utilizados en el currículum vitae para obtener puestos en la administración pública, en especial, en el sistema de justicia.

Lo mismo ocurre con el hecho de no resolver de alguna forma, para bien o para mal, en su condición de Fiscal de la Nación, el pedido de exclusión en el marco del caso “Cuellos Blancos del Puerto” del Fiscal Supremo Jesús Fernández Alarcón en más de 36 meses, lo que, según los entendidos en la materia penal, reflejaría el delito de omisión de actos funcionales.

Fue éste el segundo caso que se aludía en la publicación del 21 de junio del 2022: que Zoraida Ávalos no habría brindado respuesta alguna en más de 36 meses que ocupó el cargo de Fiscal de la Nación al pedido formulado por el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, quien el 11 de marzo del 2019 presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al fiscal supremo Eliseo Fernández Alarcón.

Sin embargo, el hecho más impactante y llamativo –que refleja la verdadera dimensión del poder de Zoraida Ávalos en la Fiscalía– es que desde el mes de febrero hasta la fecha de la presente publicación (nueve meses) no se ha producido ninguna detención, allanamiento, requerimiento de prisión provisional contra el abogado Jaime Guillén Guillén, dueño de Librejur, pese a que las imágenes propaladas por el programa de Milagros Leyva del 17 de febrero del 2022 no dejan margen de duda de la flagrancia de los delitos de falsedad documental que se cometían al interior del local del Jirón Ilo donde tiene su sede institucional Librejur. No se recuerda en los años recientes una pasividad e inacción extrema de la Fiscalía frente a las pruebas de la comisión de diversos delitos que quedan reflejados en vídeo y que todo el país ha podido ver en lo que constituye un escándalo mayúsculo. 

Solo basta comparar la suerte del caso de Librejur y de su dueño el abogado Jaime Guillén, con el caso de la cuñada del Presidente de la República Yenifer Paredes que por hechos menos graves que se registraron en video tuvo que pasar dos meses sufriendo detención preliminar y prisión preventiva. La Fiscalía llega a privar de la libertad a un familiar directo del Presidente de la República, pero al proveedor de certificados falsos de Zoraida Ávalos no le tocan ni un pelo. Quién duda que un fiscal puede llegar a tener más poder que el Presidente de la República. El caso de Zoraida Ávalos es un ejemplo de libro.            

El protegido de la Fiscal de la Nación: Una investigación que demoró dos años en abrirse

En la nueva gestión que dirige la Fiscalía de la Nación y a los fiscales encargados de las diversas carpetas fiscales del área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, les ha sorprendido de manera particular y muy especial que algunas Carpetas e investigaciones fiscales que tuvo a su cargo la Fiscalía de la Nación en el período del mandato de Zoraida Ávalos se haya encontrado algunas carpetas mal llevadas y que se han tramitado con una extraña y llamativa pasividad.

Una de la que más llama poderosamente la atención es la Carpeta Fiscal N° 10800001-2020-87 por la que se abre diligencias preliminares a Orlando Velásquez Benites, César Hinostroza Pariachi y otras personas por la elección como Presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, como consecuencia de un Informe N° 000118-2020 del 31 de julio del 2020 que fue remitido a la Fiscalía de la Nación que dirigía Zoraida Ávalos por la Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios que estaba a cargo del Fiscal Jesús Fernández Alarcón y la Fiscal Fanny Quispe Farfán.

Los Fiscales que se encargan del conocimiento de las investigaciones fiscales en la Fiscalía de la Nación no llegan a comprender cómo la apertura de diligencias preliminares, como se conoce en el lenguaje jurídico, en contra de las personas investigadas haya demorado casi dos años en comenzar a investigar un hecho que fue informado en agosto del 2020 por una Fiscalía Suprema.

Sin embargo, lo que hasta ahora no se advertido es que en esta carpeta fiscal se investiga a una de las personas más importantes en la vida de la ex Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, como es el caso del operador José Luis Cavassa Roncalla quien fue, según diversas fuentes periodísticas, el protagonista central del nombramiento como Fiscal Suprema de Zoraida Ávalos Rivera en el año 2013 cuando integraba, según el Ministerio Público, la organización criminal “La Centralita”.

Ricardo Uceda, en un artículo publicado en el diario “La República” el 20 de setiembre del 2020, titulado “Recuerdos de un ascenso” que remeció los cimientos del Ministerio Público –y que por confesión de Zoraida Ávalos a un programa de televisión, dijo no haber leído, pese a estar muy enterada de su contenido–; allí se relataba: “Existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos Perú, José Luis Cavassa, se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ocurrió en 2013. El autor de esta columna ha podido hablar con dos. Al menos uno de ellos –es posible que tres–, ha brindado esta versión a la fiscal Rocío Sánchez, recientemente desplazada del liderazgo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto. Dos de los testigos dijeron haber escuchado de boca de Cavassa que contribuyó al ascenso de Ávalos, mediante sus influencias ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la versión, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina de Cavassa ubicada en San Isidro”.

Es evidente que Zoraida Ávalos logró demorar el inicio de la investigación formal contra el personaje central de su ascenso y nombramiento como Fiscal Supremo, todo el tiempo que pudo, ya que solo abrió diligencias preliminares el 24 de marzo del 2022 y notificó dicha disposición fiscal el día 29 de marzo del 2022, el mismo día que dejaba el cargo de Fiscal de la Nación, tal como lo informó el diario “El Comercio” en su edición del 30 de marzo del 2022 con el título “Zoraida Ávalos concluye su mandato como fiscal de la Nación: “Me tocó ejercer el cargo en los tiempos más difíciles”.

En el mundo judicial y fiscal nada pasa por casualidad o por obra de la gracia divina. Todo tiene una causa humana, en este caso una conducta deliberada de la exfiscal  de la Nación de proteger y de cuidar, por lo menos el mayor tiempo posible, a quien, según distintos medios de comunicación, como “La República”, “El Comercio” y diversos programas dominicales, identifican como el factor determinante del ascenso y nombramiento de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema y que es un personaje muy conocido en los medios periodísticos: Cavassa Roncalla. 

No se logra explicar racionalmente cómo una investigación que tiene un ingreso en el despacho de la Fiscalía de la Nación (N° 10800001- 2020-87) haya demorado cerca de dos años para recién abrir una investigación fiscal el mismo día que Zoraida Ávalos deja el cargo de Fiscal de la Nación.

Según algunos abogados y fiscales consultados Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” y el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”. También se nos señaló que la Junta Nacional de Justicia en una resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública. De modo semejante, la Junta Nacional de Justicia el 13 de agosto de 2021 (P.D. No 032-2020-JNJ) destituyó a un Fiscal provincial por disponer abrir investigación preliminar luego de tres meses de conocido el hecho delictivo. 

Si a unos jueces y fiscales del Perú, la Junta Nacional de Justicia los destituye por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia y por demorar tres meses en abrir diligencias preliminares, la pregunta que un ciudadano se hace es qué debe pasar con la Fiscal de la Nación que se demora casi dos años para abrir una investigación a una persona fuertemente vinculada a ella y que se señala que fue el artífice de su designación como Fiscal Suprema el año 2013.

El abogado de Zoraida Ávalos es contratado por la Junta Nacional de Justicia

Uno de los hechos más extraños que ha ocurrido en la Junta Nacional de Justicia es que hace algunos meses contrató como uno de los encargados de evaluar el examen del caso en los concursos de nombramiento para jueces y fiscales del Perú al abogado Pedro Grández Castro, esposo de la Fiscal Fanny Quispe Farfán. Pedro Grández es uno de los encargados de la evaluación de conocimientos que la Junta Nacional de Justicia realizó, por ejemplo, en la CONVOCATORIA 003-2021-SN/JNJ para el CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN Y NOMBRAMIENTO DE JUECES/JUEZAS SUPREMOS(AS) – ACCESO ABIERTO.

Sin embargo, lo que resulta particularmente relevante y que denota un aparente conflicto de intereses que no ha sido declarado a la Junta Nacional de Justicia es que el abogado formal y debidamente apersonado de Zoraida Ávalos Rivera es el abogado Pedro Grández Castro quien defendió a la exfiscal de la Nación en un procedimiento que se llevó a cabo en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales en la décimo octava sesión extraordinaria del lunes 1 de agosto del 2022, por la denuncia que presentó en su contra el ex Fiscal Supremo Luis Arce Córdova. Pedro Grández asistió a la audiencia y se identificó con su número de colegiatura del Colegio de Abogados de Lima número 29019. Incluso, personas cercanas al sistema de Justicia y al Ministerio Público han señalado a Sudaca que Pedro Grández viene asesorando a la exfiscal de la Nación en acciones legales que se están presentando en contra de la Junta Nacional de Justicia por el proceso de ratificación que ha sido convocada Zoraida Ávalos para el día 03 de noviembre del 2022. 

Tal asesoría legal se produce en el marco de que la Fiscalía de la Nación en manos de Zoraida Ávalos solicitó el 22 de marzo del 2022 a la Junta Nacional de Justicia que evalúe la suspensión del procedimiento de evaluación integral y ratificación de fiscales debido a la situación de emergencia que enfrenta el país y que fue colgada en la cuenta de Twitter del Ministerio Público. 

Pedro Grández, pese a ser contratado por la Junta Nacional de Justicia como evaluador en los distintos procesos de jueces y fiscales, lejos de guardar la discreción y la moderación del caso con la institución que le brinda su confianza, ha sido un ácido crítico de algunas decisiones de la Junta Nacional de Justicia como, por ejemplo, la designación del actual Jefe de Control del Ministerio Público Juan José Fernández Jerí. En su twitter, del 03 de septiembre del 2002 colgó la referencia: