En el escenario político nacional, hay una especie en particular que ha captado la atención de todos: los adulones de la presidenta Dina Boluarte. Estos incondicionales defensores, más leales que un perro faldero y más entusiastas que un niño con su primer helado, se han convertido en una institución dentro y fuera de los pasillos del poder palaciego.
Primero, tenemos a los campeones del aplauso. No importa lo que diga o haga la presidenta, ellos están ahí, al pie del cañón, aplaudiendo con la energía de una barra brava. Si Boluarte decide que hoy es un buen día para declarar el Día Nacional de la Bisutería Fina, ahí están ellos, listos para organizar marchas de apoyo con “portátiles” ad hoc y escribir emocionados comunicados de prensa.
Luego están los poetas de la alabanza, aquellos que podrían hacer que incluso los elogios más trillados suenen como discursos memorables. Cada discurso de la presidenta es para ellos una oda a la sabiduría, cada gesto un símbolo de la gracia divina. Si Boluarte se decide a lanzar caramelos en un evento, organizado por su wayki Oscorima, estos bardos modernos escribirán crónicas sobre cómo tal acción simboliza su empatía con el pueblo y su habilidad para endulzar a la nación.
No podemos olvidar a los defensores del honor, esos guerreros intrépidos que patrullan las redes sociales y los medios de comunicación en busca de cualquier comentario negativo o crítica hacia su bienamada gobernante. Como caballeros medievales, se lanzan al ciber combate, listos para proteger el honor de Boluarte con una combinación de fervor militante y creatividad delirante.
¿Una crítica a su política económica que ha empobrecido a miles de familias? Sin duda, es una campaña de desinformación orquestada por Soros y Gorriti. ¿Y si se le recuerda su mentira colosal de que sus Rolex fueran de antaño y producto de su trabajo? ¡Inaceptable! A la hoguera del descrédito con esos detractores. Mientras tanto, otros fieles escuderos vociferan que la presidenta sufre de “acoso”, como el ministro de Salud, Villena, quien denuncia “acoso político”, o el ministro de Educación, Quero, quien habla de “acoso sistemático”.
Este exclusivo club de aduladores no está abierto a cualquiera. Requiere una habilidad especial para ver solo lo positivo, ignorar cualquier crítica y, por supuesto, una pasión inquebrantable por todo lo que Boluarte hace. En entornos políticos inestables como el nuestro, adularla puede ser una estrategia para asegurar la estabilidad laboral y buscar beneficios personales, como ascensos, favores, acceso a recursos o posiciones de poder. Su adulación militante se convierte en una herramienta para avanzar en sus particulares intereses.
Así que, mientras el resto de los conciudadanos navega por las complejidades de la realidad política con una mezcla de escepticismo y esperanza, los aduladores de Boluarte siguen adelante, con sus aplausos y defensas, construyendo un mundo donde todo es perfecto bajo el aura presidencial. Y quién sabe, tal vez algún día logren convencer al 95% de la población de que se vive en un paraíso terrenal, gracias a su inigualable e insustituible presidenta.
El día de ayer, lunes 19 de junio, Zoraida Ávalos, la exfiscal de la Nación, decidió responder en su twitter personal el artículo que publicamos en Sudaca el día domingo 18 de junio titulado “Zoraida Ávalos y el lobby congresal para que no la inhabiliten en su cargo”.
Se debe reconocer que el hilo de twitter es una respuesta frontal, directa, sin medias tintas y que cuestiona el artículo que publicamos. No sostiene que se trata de afirmaciones falsas o tergiversadas. En realidad, lo que hace la exfiscal de la Nación es tratar de explicar y contextualizar el artículo de Sudaca. Sin embargo, el contenido de sus twitters ha generado una profunda sorpresa que la hemos compartido con algunos hombres de derecho (jueces de la Corte Suprema, fiscales, abogados reconocidos) y todos sin excepción nos han mostrado su molestia e indignación por lo que allí se indica. Una de las personas consultadas nos señaló que posiblemente la cuenta de twitter sea falsa, lo que nos llevó primero a determinar si la cuenta era auténtica. Luego de las indagaciones correspondientes pudimos verificar que efectivamente se trata de la cuenta personal de Zoraida Ávalos no solo porque aparecen fotos suyas y los datos personales, sino porque publica con frecuencia en su twitter información confidencial de la Fiscalía de la Nación que solo ella puede manejar como, por ejemplo, la referencia al contenido de la denuncia constitucional que presentó el 2020 contra el flamante Ministro de Salud César Vásquez Sánchez, quien, según Zoraida Ávalos, “había pedido favorecer a un empresario de Chota, para que le dieran un par de obras a cambio de que los ayude en su campaña al Congreso”. A ello se suma la afirmación recurrente del twitter de hace menos de 15 horas de: “Como he mencionado antes, el sector del Congreso que pretende destituirme y copar el sistema de justicia es el mismo que desestima denuncias constitucionales contra excongresistas. ¿Quién los sanciona? (FIN/)”.
Más allá de la actitud desafiante y confrontacional que tiene la exfiscal de la Nación contra el Congreso de la República, o una parte importante de él, a quien acusa, sin paños fríos, de “desestimar denuncias constitucionales contra excongresistas”, las respuestas que ha brindado a través de su twitter, respondiendo la última publicación de Sudaca sobre ella, conduce a realizar algunas observaciones.
En primer lugar, Zoraida Ávalos ha confesado abiertamente y sin tapujos al país que está realizando lobbies en el Congreso de la República y con congresistas para tratar de impedir la inhabilitación que se discutirá mañana 21 de junio. Ello fluye de la afirmación colgada en su twitter personal el día de ayer, y que no ha desaparecido hasta ahora: “Segunda aclaración. Claro que hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación. ¿Qué pretende? ¿Que me quede de brazos cruzados y que no me defienda?”.
Si la ex Fiscal de la Nación reconoce abiertamente de que “hay personas ayudándome a explicar a los congresistas mi verdad frente a esta campaña de difamación” está admitiendo con total desparpajo que dichas personas son distintas a su abogado defensor que está apersonado en el Congreso de la República (el constitucionalista: Francisco Eguiguren Praeli) e, incluso, a ella misma; lo que supone literalmente el confesar que está haciendo lobby, el litigio de pasadizos y el tarjetazo a nivel de la administración pública y, en su caso, en el Congreso de la República. Nos preguntamos: ¿Puede una Fiscal Suprema en ejercicio, y que recientemente ha sido ratificada por la Junta Nacional de Justicia, aceptar que viene cometiendo una conducta ilegal o, por lo menos éticamente reprochable, de buscar a terceras personas para que hagan lobby a su favor en una institución pública (“explicar a los congresistas mi verdad”)? ¿Cuándo usted era Fiscal de la Nación y ahora Fiscal Suprema titular en ejercicio permitía o permite que terceros hablen en algunos casos que les interesa y expliquen una “supuesta verdad”?; ¿puede un fiscal o juez buscar a terceros (no abogados o abogados no apersonados) para que intercedan en un proceso disciplinario o un proceso penal que se les sigue en su contra? ¿Sabe de esta conducta su abogado defensor o se mantiene al margen?
Lo que ha publicado Zoraida Ávalos ayer en su cuenta de twitter hace sonrojar a cualquier ciudadano, a los abogados y exige un necesario pronunciamiento de los Colegios de Abogados a nivel nacional, ya que con el ejemplo de la exfiscal de la Nación se puede buscar a terceros y a cualquier hijo de vecino para que expliquen “su verdad” en cualquier dependencia de la administración pública; al margen de los procedimientos legales, de las normas jurídicas establecidas y de la representación de un abogado defensor.
Se debe destacar que en un arranque de honestidad Zoraida Ávalos reconoce que “hay personas ayudándome”. En Sudaca nos quedamos cortos. Solo habíamos identificado a una persona: a Malena Chacón Arenas. ¿Quiénes son las demás personas que la ayudan? ¿Trabajan en el congreso o en algún sector de la administración pública peruana? ¿Qué clase de lobby hacen: político, legal o de otro orden?
En segundo lugar, la exfiscal de la Nación al responder el reportaje de Sudaca en relación a los correos que ha enviado a todos los congresistas señala que “Las direcciones de los correos son de acceso público: están en la misma página web del Congreso para que cualquier ciudadano o ciudadana pueda comunicarse directamente. Enviar los alegatos de mi abogado es solo una forma de ejercer mi derecho a la defensa”. Ello supone la implementación de una reforma legal de facto en todas las instituciones públicas, entre las que se incluye el Ministerio Público, el Poder Judicial y el mismo Congreso de la República, ya que con lo que acaba de hacer Zoraida Ávalos no es necesario mantener más una mesa de partes (física o virtual), porque el ciudadano, litigante o abogado, puede directamente presentar escritos, alegatos o documentos dirigiéndose al correo (personal o institucional) del fiscal, juez o congresista.
Nos preguntamos: ¿a Zoraida Ávalos le parece normal o correcto que los escritos de un caso (judicial o fiscal) se presenten directamente al juez o al fiscal y no ingresen a la Mesa de partes de la institución pública? ¿Cuando era Fiscal de la Nación cuántas veces los escritos de los abogados se dirigían a su correo personal o institucional; y no a la Mesa de Partes de la Fiscalía de la Nación? ¿Usted dio alguna directiva al respecto? ¿Ahora, en el cargo de Fiscal Suprema, los escritos del despacho que maneja también se pueden presentar de manera directa a su correo personal o institucional?
Pese a no ser abogados, no nos imaginamos que a algún abogado en el Perú se le ocurra enviar escritos, documentos o alegatos de un caso al correo (personal o institucional) de los jueces César San Martín Castro; Elvia Barrios Alvarado, Víctor Prado Saldarriaga o de los fiscales supremos Pablo Sánchez Velarde o Juan Carlos Villena Campana.
En el artículo que publicamos nunca discutimos cómo y de qué manera Zoraida Ávalos accedió a los correos de los congresistas; en realidad, lo que analizamos es si una alta funcionaria pública, una exfiscal de la Nación puede acudir directamente al correo (privado o institucional) de los congresistas para presentar los alegatos de defensa que como ella misma admite ya los había presentado formalmente a “la Presidencia del Congreso a través de la Mesa de Partes Virtual”. La respuesta que brindamos fue negativa: toda comunicación o escrito que se presenta en un determinado procedimiento que se sigue en una institución pública (v. gr. Congreso, Ministerio Público o Poder Judicial) debe seguir su trámite regular y debe ingresar a la Mesa de partes (física o virtual). No se debe remitir algún escrito directamente al juez, al fiscal o al congresista, ya que se salta la formalidad y la legalidad del ingreso de la información que se pone en conocimiento del funcionario. Zoraida Ávalos podía, incluso, solicitar a la Presidencia del Congreso que remita en el día y bajo responsabilidad sus escritos a cada uno de los congresistas. Lo que no podía ni debía es presentarlos ella directamente.
En tercer lugar, el ofrecimiento de favores que se hace a su nombre para que no se la inhabilite del cargo es algo que le consta a los congresistas de la República, a algunos asesores y, sobre todo, según lo que se nos indica, hay un audio que se encuentra en manos del Ministerio Público.
En cuarto lugar, la ex Fiscal de la Nación señala que debería preguntarme: “quién sí está en capacidad de ofrecer favores. ¿Lo hará?”; en una franca y abierta referencia a la actual Fiscal de la Nación: Patricia Benavides. Si ello es así y le consta a Zoraida Ávalos, como miembro del Ministerio Público, debería inmediatamente presentar una denuncia penal, debido a que ofrecer favores a cambio de obtener una decisión de un funcionario público es delito aquí en el Perú como en cualquier país civilizado del mundo.
Por último, debemos enfatizar que es mentira que Sudaca o el autor de la nota “se haya sumado a la campaña de mentiras para buscar mi destitución” junto a otros medios de comunicación, ya que, por el contrario, en Sudaca somos consecuentes con la línea periodística que hemos venido manteniendo hace más de dos años al publicar artículos críticos contra la gestión de Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación. Lo que hacemos ahora es simplemente ser coherentes y mantener una línea de independencia, difundiendo información de interés público que puede ser incómoda a personas y funcionarios que gozan de un enorme poder.
Acompañaron a Mávila en este programa César Munayco, médico investigador del Centro Nacional De Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud (Minsa) y la abogada penalista Romy Chang.
César Munayco, en el marco del anuncio del ministro Cevallos sobre la llegada de la tercera ola de la pandemia por la covid-19, consideró que “esta tercera ola será diferente. La va a marcar un incremento de casos, pero no necesariamente hospitalizados”. En ese sentido recalcó que “Los más vulnerables son los no vacunados y adultos mayores. En este grupo es clave vacunarse con las tres dosis”. Munayco indicó que dada la coyuntura, hay que ser muy cuidadosos e identificar los riesgos en reuniones sociales y salidas. “Hay que evitar reuniones donde haya un número grande de personas. Allí una sola persona puede contagiar a 50 ó 60. Hay un riesgo mucho más alto”, dijo.
Romy Chang, sobre la precisión de la Fiscalía en horas de la noche cuando indicó que la investigación preliminar abierta contra el presidente Castillo el día de hoy quedará suspendida «hasta la culminación de su mandato por su inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal», dijo que le llama mucho la atención esta interpretación de la fiscalía que calificó de “antojadiza” y “absurda”. “Lamentablemente al amparo de esta interpretación tan singular que ha hecho la Fiscal de la Nación, hay que estar atentos a los fiscales provinciales que investigan el entorno del presidente Castillo”, expresó. Chang precisó que los delitos por los que se investiga al presidente contemplan penas de 8 hasta 15 años de cárcel. “Confío en que la fiscal pueda corregir esta decisión”; finalizó.
A mediados del año pasado, centenares de personas tuvieron que desembolsar montos astronómicos, ya sea porque no tenían seguro o porque no había una vacante en los hospitales que atendían casos de Covid-19. Luego de las denuncias y tras un ultimátum del expresidente Martín Vizcarra, el gobierno y las clínicas acordaron una tarifa plana para solucionar esta situación. Pero no todas las clínicas firmaron el convenio, este hizo agua por todos lados y la desgracia continuó.
Hernando Cevallos, el casi seguro ministro de Salud de Pedro Castillo, asegura que, en un gobierno del profesor, episodios como estos “no tienen que pasar” y que “el sector privado tiene que ser solidario”. El voceado ministro de Salud señala que, si bien las empresas de salud tienen gastos operativos y necesitan ganar dinero, “deben entender que estamos en una emergencia” en la que “no se puede tener una actitud de lucro”.
El pasado 15 de mayo, en la plaza Manco Cápac de La Victoria, el médico pediatra y excongresista, Hernando Cevallos, fue presentado por el profesor Castillo como el encargado del equipo técnico de Salud de Perú Libre. El 23 de ese mes, estuvo en el debate de técnicos. Es voceado como el nuevo ministro de Salud, aunque él no ha querido hablar de este tema con Sudaca (Foto: El Comercio).
Desde la tienda del lápiz tienen claro que podrían utilizar el arma que Vizcarra finalmente no se atrevió a desenvainar. Cevallos asegura que, en una situación de emergencia, estarán listos para aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud. Esta indica que el Estado podrá “intervenir” para atender la salud de la ciudadanía. “La ley le permite al Estado poder intervenir y decirle al sector privado: ‘Vamos a sentarnos, la cosa no es así, ¿no?’. Estamos en una emergencia sanitaria, hay que ser solidario. El concepto es que se privilegie la vida del ciudadano por encima de cualquier negocio”, apunta el médico pediatra.
“Si el Estado tiene la urgencia, la necesidad de intervenir para regular los precios del sector privado, tendrá que hacerlo. Que quede claro: no es que entra Castillo y va a regular los precios, porque eso no va a ser así, pero si el Estado ve superada su capacidad de resolución, no vamos a dejar que la gente se las arregle como sea”, explica.
Lo mismo aplicará para los medicamentos. “Se puede hacer un control de precios en emergencia”, dice. En el Perú, un solo grupo empresarial -Intercorp- tiene un dominio casi absoluto del canal moderno de cadenas de farmacias.
El 30 de mayo, el doctor Hernando Cevallos asesoró al profesor Pedro Castillo en el debate presidencial del Jurado Nacional de Elecciones (foto: Caretas).
Los gremios se encrespan
Sudaca envió un pliego de preguntas al presidente de la Asociación de Clínicas Privadas, Miguel Ramírez Noeding, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta. Otros gremios, en cambio, sí se animaron a participar de este informe.
El ingeniero industrial José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmaceúticas Nacionales (Adifan), califica el anuncio de un control de precios de medicamentos durante la pandemia como mera “propaganda”, porque “será muy difícil de realizar”.
“Todas las veces que han querido ponerse a regular los precios ocurre que salen mascarillas a tres, cuatro o cinco soles y [el gobierno dice] ‘ya máximo un sol’ y ya estamos en cincuenta céntimos. Nadie tuvo que ponerle un límite al precio de las mascarillas. Los únicos que se aprovecharon fueron los proveedores de instituciones públicas que se hicieron ricos levantándose la plata, ¿o es que se olvidan que así ha sido?”, recuerda Silva.
José Enrique Silva, presidente de Adifan, asegura que el anuncio de regulación de precios es parte de una «propaganda» del partido del lápiz, pero quiere dialogar (foto: Gestión).
Silva, sin embargo, se muestra dispuesto a dialogar con las próximas autoridades del sector. La presidenta de la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas y Farmacias (Anacab), Carla Sifuentes, también. La Anacab representa a 2.400 establecimientos a nivel nacional, entre las que se encuentran las principales cadenas como Inkafarma, MiFarma y Boticas Perú.
Sifuentes apunta sus propias críticas. “Con el control de precios, lo único que estás haciendo es generar ‘mercado negro’ porque, además, ya tenemos informalidad en el país. Tenemos gente que compra medicina adulterada y vencida, y eso es catastrófico para la salud de los peruanos. Un control de precios, está demostrado a nivel de Europa, Latinoamerica y mercados desarrollados, genera siempre un ‘mercado negro’. Entonces, ¿cómo nos caería eso en la salud pública si lo que queremos es mejorarla?”, sostiene.
Sobre la denuncia de alza de precios de medicamentos en las cadenas de boticas durante la primera ola, la titular de Anacab dice que lo que sucedió es que, al cerrarse el mercado internacional, «se acabaron los medicamentos genéricos y solo quedaron los medicamentos de marca”. Estos son más caros y eso -asegura- causó la sensación de una subida de precios. Señala que ahora están tomando medidas de abastecimiento para que eso no vuelva a ocurrir.
Carla Sifuentes, presidenta de Anacab, señala que su sector es respetuoso de las leyes, pero considera que el control de precios crea un «mercado negro»; por eso, subraya que está dispuesta a conversar con el próximo gobierno (foto: Twitter de Carla Sifuentes).
Tercera ola
Según Cevallos, el gobierno de Pedro Castillo sabe que se debe preparar para enfrentar una nueva escalada de los contagios por coronavirus. “Es muy probable [que sea más fuerte que la primera ola del año 2020]”, prevé. En sus cálculos está que la tercera ola golpee al Perú entre finales de julio e inicios de agosto.
“Sabemos que en el país, y ya quedó demostrado en la primera etapa de la pandemia, tenemos una gran debilidad en el sector salud. Y, además, si bien ahora el ministerio de Salud ha acelerado, el porcentaje de vacunación es bajo, porque solo es del 8% y 9% [de la población]”, asegura el excongresista del Frente Amplio.
El crónico desabastecimiento de oxígeno deberá, entonces, solucionarse rápidamente. Cevallos adelanta que el plan de Perú Libre contempla la adquisición, “como mínimo”, y en un inicio de su gestión, de 120 plantas de oxígeno medicinal, puesto que actualmente solo existen 200 (se desembolsará de un presupuesto adicional de S/3.000 millones, lo explicamos más adelante).
Durante las dos primeras olas, el precio de la recarga de un tanque de 10 litros de oxígeno llegó a costar entre S/800 y S/1.000. En caso de que comience una tercera, Cevallos insiste en el posible control de precios. Y añade que, en este caso, podrían pedir al sector empresarial que produzca más oxígeno medicinal pese a que para ellos es menos rentable que la producción de oxígeno industrial.
El otro lastre es el déficit de camas UCI, aunque para Cevallos el principal problema radica en la falta de especialistas. En el país, actualmente, solo hay 1.500 intensivistas y formarlos demora entre tres y cuatro años. Por eso, ante una eventual tercera ola, el técnico de Perú Libre señala que el número de camas UCI a disposición «va a depender de la capacidad [de personal] que tengamos”.
La solución pasaría entonces por el aislamiento social y la entrega gratuita de los ‘kits para la vida’ -un paquete que contiene mascarillas KN95, jabón y alcohol medicinal- a toda la población. Explica que el principal objetivo es evitar que la gente llegue a necesitar camas UCI. Para eso, necesitarán implementar un plan de cercos epidemiológicos. “Evitar que, cuando tienes un paciente con Covid, esta no pueda circular por todo lado, contagiando”, señala.
“Si ese paciente necesita oxígeno, no tiene que ir al hospital. Se tienen que crear centros de oxigenación temporal en los barrios. ¿Qué son esos centros? Son casas donde hay concentrados de oxígeno, de hasta 10 litros, con lo que se puede tratar a los pacientes en etapa leve de Covid”, agrega.
Cevallos explica, además, que en los hospitales se habilitarán “Unidades de Cuidados Intermedios Respiratorios, con cámaras de alto flujo, para que el paciente no necesite pasar a UCI, donde hay una posibilidad más alta que se complique”, apunta.
Vacunas y S/3.000 millones de inversión
¿Cuánto dinero necesitará Perú Libre para implementar todo su plan contra el virus? El voceado ministro de Salud señala que en el inicio del gobierno del profesor Castillo se necesitará una inversión de S/3.000 millones, en una partida adicional al presupuesto del sector, exclusivamente para combatir la Covid-19.
Cevallos dice que el dinero se destinará también al mejoramiento de la infraestructura de algunos establecimientos de salud y la implementación de brigadas de atención médica en los barrios (5.000 equipos para atender enfermedades no Covid).
El dinero, por supuesto, también irá a la adquisición de plantas de oxígeno y más vacunas. Sobre esto último, según el gobierno, hay alrededor de 60 millones que estarían llegando al país entre el tercer y cuarto semestre. “Esperemos corroborar esto durante el proceso de transferencia. Vamos a ver qué dicen los contratos”, aclara Cevallos.
No obstante, propone salir a la compra de más lotes, “porque con esta variante [Delta] ya muchos países están por su tercera dosis para reforzar la segunda. No sabemos exactamente cuánto dura la inmunidad de cada vacuna ni cuánto va a durar la pandemia”.
La meta del gobierno de Pedro Castillo es vacunar a más de 20 millones de peruanos mayores de 18 años antes de fin de año. Y si se puede empezar a vacunar a los adolescentes y los niños, “lo haremos en todo el tiempo que podamos”.
En el proceso de vacunación, Cevallos no descarta que se pueda formar una alianza con las clínicas y las farmacias para que participen de la colocación de los antídotos en sus establecimientos, puesto que hasta el momento no podrán participar en el proceso de compra y/o venta de las vacunas. De ser ministro, tendrá que acostumbrarse a lidiar con un sector empresarial que los mira con recelo.
Pd: La entrevista al doctor Hernando Cevallos se realizó el pasado 30 de junio. Por ese motivo, podría haber información estadística que no esté actualizada.