Encuesta

[Agenda País] La encuesta de Ipsos, a un año de las elecciones generales peruanas publicada el domingo último por Perú21, ha arrojado un punto de partida previsible, tanto de los candidatos con opciones, como de lo que la ciudadanía busca en el perfil presidencial.

Con 42% entre indecisos, blancos y nulos, la derecha conservadora ha tomado la ventaja con Keiko Fujimori liderando el podio con 11%, seguida de Rafael López-Aliaga con 6% y Carlos Alvarez con el mismo porcentaje.

Luego sigue un grupo grande que obtienen entre 2% y 3%, desde los conocidos De Soto y Acuña al centro, Verónica Mendoza, Vladimir Cerrón y Guillermo Bermejo de la izquierda radical, “caviarones” como Rafael Belaúnde, Lopez-Chau y Susel Paredes ( quien no puede postular a la presidencia ) y nuevamente algunos de derecha conservadora como Philip Butters y Alfredo Barnechea.

A nivel ideológico, podemos extrapolar que la derecha, entre conservadora y liberal, puede estar aglutinando un 30%/35% del electorado, los radicales de izquierda alrededor del 25%/30%, los “no sé qué soy” un 15%/20%, al igual que la izquierda caviar.

Esta foto actual nos encaminaría al mismo escenario del 2021, con un candidato de derecha conservadora enfrentando a uno de izquierda radical. Y el final de la historia, ya la conocemos.

Pero otra parte importante de la encuesta de Ipsos es que la ciudadanía, preocupada por el aumento de la inseguridad y un deterioro de su economía, quiere un presidente con agallas que luche de manera decidida contra la delincuencia y que tenga propuestas claras (y simples) de cómo va a mejorar el bienestar de todos los peruanos.

Nadie ha tomado la bandera del liberalismo como plataforma político-ideológica y los llamados a hacerlo, como Rafael Belaúnde y Carlos Anderson, más paran criticando a la derecha conservadora, posible aliada de gobierno, por lo que automáticamente son tildados de “caviares” y no aprovechan ese espacio vacío del “Milei” peruano que les podría dar la oportunidad de aglutinar una importante porción electoral.

La figura del outsider que Milei pudo encarnar con la bandera del liberalismo libertario y su efusiva crítica a la casta gobernante (los caviares peruanos) no la está tomando nadie y ms bien es Carlos Alvarez, con una alocución disruptiva y fuerte en contra de la inseguridad y el crimen, quien se está aprovechando de la tibieza de la mayoría de candidatos.

Imaginemos un candidato que, no solamente tenga un discurso a lo “Bukele”, sino también, que enarbole los principios del liberalismo económico y social.

Sí, aquel donde la iniciativa privada es el motor fundamental de la economía, donde se priorice al individuo como eje de la sociedadrespetando sus decisiones personales de vida, incluso la de amar a quien le de la gana y que propugne un estado eficiente donde prime la seguridad ciudadana, el estado de derecho y los servicios públicos de calidad en educación y salud.

El espacio político está allí. Solo se tiene que mirar el bosque desde afuera otra vez para que algún candidato tome la bandera del liberalismo bajo el lema de “Seguridad con Bienestar” y se meta de lleno en la contienda electoral. Lo necesitamos.

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En la última encuesta de Datum, el 95% desaprueba la gestión de Dina Boluarte. Eso ya no es novedad. Todas las encuestadoras coinciden con porcentajes similares de rechazo al gobierno.

Lo interesante de la encuesta referida es que pregunta a ese 95% las razones por las cuales desaprueba la gestión y las respuestas son reveladoras del estado de ánimo de la población. Son todas respuestas emotivas.

Un 33% señala que la decepciona cómo está manejando el país; a un 20% le enfurece su indiferencia hacia los problemas reales de la gente; 18% siente que su presencia es una burla para el país; 17% considera que cada decisión suya empeora la situación; y 9% siente una rabia profunda cada vez que la ve o escucha.

No aparecen discrepancias ideológicas, razones programáticas, divergencia del modelo que aplica, no, es un sentimiento general que aflora de diversos ángulos respecto de una gobernante absolutamente impopular.

Por eso es que se equivocan profundamente los candidatos de centroderecha cuando se amparan en las encuestas que señalan que la mayoría de la población se autodefine ideológicamente como de centro o de derecha, siendo la gente de izquierda minoritaria.

La ciudadanía no va a acudir a votar en abril del 2026 apertrechada de su andamiaje de ideas y a votar por aquel candidato que más se acerque a su propio perfil ideológico. No, la gente va a ir a las urnas de muy mal humor, irritada, con furia, inclusive.

No solo buscarán a alguien que se distinga del gobierno vigente sino de quien represente mejor que otro un voto antiestablishment. Claramente las encuestas así lo revelan. Ese factor va a primar por encima de las identidades ideológicas o políticas de los votantes. Recordemos que ya el 2021, más del 20% de los votantes de López Aliaga en la primera vuelta votó por Pedro Castillo en la segunda. Esta vez, ese fenómeno se va a apreciar desde la primera vuelta, a la que la gente va a acudir con ánimo tumultuoso.

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Datum, Encuesta

La paupérrima aprobación de 3% que le otorga Datum a la presidenta Boluarte y la desaprobación de 94% -históricas ambas- debería permitirnos extraer algunas conclusiones políticas que le sirvan a quienes nos vayan a gobernar del 2026 en adelante.

Ya no basta con prodigarse en aparecer en inauguraciones -que de eso abunda el régimen actual- o que sus ministros esta vez -a diferencia de los anteriores- se permitan apariciones recurrentes frente a la prensa. Ya no es un tema formal el que define la aprobación o no de un gobierno.

Peor aún cuando Boluarte empezó su mandato con un pasivo enorme, con los muertos luego de las protestas surgidas luego de su asunción de mando, que hasta ahora no hallan justicia ni reparación por parte del Estado, y que, por tanto, es una herida abierta que no termina de cerrar y constituye un dren de impopularidad basal que el gobierno no va a superar mientras no responda efectivamente.

Lo que la ciudadanía espera es resultados concretos frente a los problemas que la aquejan. La inseguridad ciudadana que asola el territorio nacional no encuentra remedio alguno y va empeorando en medio de declaraciones ridículas del titular de Interior, que, como sus antecesores, no tiene la más remota idea de qué hacer para enfrentar el tema. La corrupción se extiende como metástasis -involucra hasta al hermano de la primera mandataria- y el gobierno se hace el sueco al respecto (por ejemplo, el titular del Midisya debería haber sido sacado del cargo luego de las denuncias de Qali Warma).

La salud pública sigue siendo un desastre y no hay siquiera una política pública desde el Ministerio de Salud o desde el gobierno que prometa reconducir el problema. Y la sensibilidad ciudadana al respecto es enorme luego del desastre que fue el manejo estatal de la pandemia.

Los candidatos que aspiran a llegar a Palacio deben saber no sólo que el pueblo les va exigir propuestas claras y verosímiles frente a estos problemas, sino que, si llegan a cumplir su meta palaciega, se les exigirá que echen a andar una maquinaria estatal hiperactiva que establezca un horizonte de mejoría tangible en los problemas concretos señalados.

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Boluarte, Datum, Encuesta

La corrupción es el segundo gran problema nacional, apenas por debajo de la inseguridad ciudadana. Eso lo ratifica la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, que efectuó Ipsos el año pasado y que conviene traer a colación porque el statu quo se mantiene.

El 60% considera a la delincuencia el principal problema y el 57% a la corrupción; 4 de cada 5 peruanos estima que la corrupción en el Perú ha aumentado en los últimos cinco años; 53% considera que la corrupción aumentará en los próximos cinco años; alrededor de 9 de cada diez peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana (“principalmente, advierten que afecta su economía familiar, reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que recibe”).

Esta encuesta ha sido hecha en pleno gobierno de Castillo y por ello “destaca el aumento importante que tiene el gobierno de turno en el presente año: mientras que en el 2019 solo el 10% de peruanos consideraba al gobierno como una de las instituciones más corruptas, este año esta percepción aumenta a 42%”.

Por supuesto que la corrupción no existiría sin ambos lados de la moneda, el corrupto y el corruptor, y, en esa medida, el sector privado es cómplice de la misma, pero lo que es preciso anotar, siempre, es que mientras más Estado haya (con las barreras burocráticas que lo suelen acompañar) mayor propensión a la corrupción habrá. Mientras más permisos, licencias, autorizaciones, reglamentos, trámites sean necesarios, la puerta abierta al corrupto estará allí omnipresente.

De nada parece haber servido, en cuanto a escarmiento se refiere, ver a tantas autoridades públicas en la cárcel por los recientes escándalos del caso Lava Jato, del Club de la Construcción o el de los Cuellos Blancos. La ciudadanía en el Perú sigue siendo corrupta porque se ve en la obligación muchas veces de serlo para conseguir aquello que, en principio, debería serle concedido sin mayor dilación.

Una de las grandes tareas de un buen gobierno a partir del 2026 es reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a tramitología. Y diseñar un esquema institucional anticorrupción, ya que, probado está, el funcionamiento vigente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, no es suficiente.

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Ante esta situación, es urgente que se tomen medidas para recuperar la confianza de los ciudadanos en las instituciones y en la democracia. Es necesario que las autoridades asuman su responsabilidad y trabajen para erradicar la corrupción y fortalecer el Estado de derecho. Además, se requiere de un esfuerzo conjunto de la sociedad civil, los medios de comunicación y la academia para promover una cultura de transparencia y participación ciudadana.

Tenemos tres años por delante para lograrlo si no queremos que esa encuesta se vuelva premonitoria y si bien sean otros los nombres, las mismas actitudes detrás de ellos sean las que predominen en una próxima jornada electoral, convirtiendo estos años políticos en un quinquenio también perdido no solo en materia económica.

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La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.

Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.

La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.

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-En setiembre del año pasado, 18% decía que Castillo tenía capacidad para gobernar, ahora solo lo considera así el 9%. En espejo, el 2021, el 26% consideraba que Castillo no tenía ninguna capacidad de gobernar. Ahora en junio, lo cree así el 48%. La imagen de incapaz se la ha ganado a pulso, en gran medida por nombramientos absurdos en la administración pública.

-El Congreso sale peor parado que el Ejecutivo. Tiene apenas 12% de aprobación. Hace barbaridad y media (la última, la aprobación de los llamados comités de autodefensa, que creará paramilitares por todo el territorio nacional).

-Lo que más desaprueban al Congreso: 87% en Lima metropolitana, 90% en el sur, 91% en el sector alto (AB), el 88% de la gente que se define de izquierda y el 84% de los que se definen de derecha.

-La institución más corrupta, para la población, es el Congreso, con 78%, más que los municipios (74%), los gobiernos regionales (73%), el Ejecutivo (66%), las empresas privadas (61%) y, sorprendentemente, que el entorno de Castillo (59%).

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Encuesta, Pedro Castillo

Tratando de explicar lo inexplicable

¿Por qué? ¿Por qué nos permitimos un gobierno (o varios ya), mediocre, con un aprovechamiento delincuencial del Estado, con copamiento de los puestos clave sin sustento técnico y con clara afectación del potencial operativo y productivo del país. Nomás basta ver el CV de los ministros que nos ponen en los ministerios que más presupuesto manejan para comprender como hay una intención de levantarse en peso todo. No basta con entender que a la oposición le conviene un juego así para aprovechar estos espacios y poder jugar con el gobierno a la gallinita ciega. Hago como que me molesto pero en el fondo te dejo hacer. No basta con eso para comprender este panorama.

Creo que, sin haber revisado aún los estupendos trabajos que en estos días se han publicado sobre el país, tarea pendiente[1], la respuesta que podemos encontrar está en la publicación la semana pasada del Barómetro de las Américas 2021 y su capítulo sobre Perú, a cargo también del IEP. Allí podemos resumir por qué el gobierno y la oposición pueden subsistir en este panorama: porque los peruanos ya no creemos en nuestro sistema. Aunque suene duro mencionarlo, ya llegamos al límite de nuestro propio límite. 

En este estudio[2] se puede apreciar, de manera comparada, cómo en el Perú no tenemos confianza en las elecciones, somos tremendamente tolerantes a la posibilidad de cerrar el Congreso, somos de los que menos apoyamos a la democracia como forma de gobierno y los que menso satisfechos estamos con ella junto con Haití… Por si fuera poco, somo el país que menos confianza interpersonal puntúa y que manifiesta que sólo confía en su familia.

Desolador. Pero buen marco de referencia para entender por qué en este país podemos tener este presidente y este Congreso, y estos jueces y estos alcaldes, y estos dirigentes y lo toleramos y no pasa nada. Porque ya sabemos que es así. Que así funcionan las cosas en este país. Que así es la democracia. Por eso solo en nuestra familia. Por eso no tenemos fe en nada. Por eso ya nada nos asombra.

Lo que también abre la puerta a algo peor. A la violencia o al autoritarismo extremo. El potencial para que una figura que nos lleve de la mano hacia el orden y la confianza está ahí, esperando que llegue. Afortunadamente, nadie del establishment tiene los pergaminos, aún. Castillo debió haber entendido eso. Que era una oportunidad para recuperar la esperanza. En lugar de eso, prefirió ser más de lo mismo.

[1] Populistas, de Carlos Meléndez; y La Distinción Silenciosa, de Mauricio Rentería y Patricia Zárate son materias obligadas

[2] https://iep.org.pe/wp-content/uploads/2021/04/AB-Peru-2021.-Cultura-politica-de-la-democracia-abril-2022-1.pdf

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