La corrupción es el segundo gran problema nacional, apenas por debajo de la inseguridad ciudadana. Eso lo ratifica la XII Encuesta Nacional sobre percepciones de la corrupción en el Perú 2022, que efectuó Ipsos el año pasado y que conviene traer a colación porque el statu quo se mantiene.
El 60% considera a la delincuencia el principal problema y el 57% a la corrupción; 4 de cada 5 peruanos estima que la corrupción en el Perú ha aumentado en los últimos cinco años; 53% considera que la corrupción aumentará en los próximos cinco años; alrededor de 9 de cada diez peruanos considera que la corrupción afecta su vida cotidiana (“principalmente, advierten que afecta su economía familiar, reduce sus oportunidades o las de sus familiares de conseguir empleo, reduce su confianza en los políticos y en la calidad de los servicios públicos que recibe”).
Esta encuesta ha sido hecha en pleno gobierno de Castillo y por ello “destaca el aumento importante que tiene el gobierno de turno en el presente año: mientras que en el 2019 solo el 10% de peruanos consideraba al gobierno como una de las instituciones más corruptas, este año esta percepción aumenta a 42%”.
Por supuesto que la corrupción no existiría sin ambos lados de la moneda, el corrupto y el corruptor, y, en esa medida, el sector privado es cómplice de la misma, pero lo que es preciso anotar, siempre, es que mientras más Estado haya (con las barreras burocráticas que lo suelen acompañar) mayor propensión a la corrupción habrá. Mientras más permisos, licencias, autorizaciones, reglamentos, trámites sean necesarios, la puerta abierta al corrupto estará allí omnipresente.
De nada parece haber servido, en cuanto a escarmiento se refiere, ver a tantas autoridades públicas en la cárcel por los recientes escándalos del caso Lava Jato, del Club de la Construcción o el de los Cuellos Blancos. La ciudadanía en el Perú sigue siendo corrupta porque se ve en la obligación muchas veces de serlo para conseguir aquello que, en principio, debería serle concedido sin mayor dilación.
Una de las grandes tareas de un buen gobierno a partir del 2026 es reducir el Estado a su mínima expresión en cuanto a tramitología. Y diseñar un esquema institucional anticorrupción, ya que, probado está, el funcionamiento vigente de la Contraloría, el Ministerio Público, el Poder Judicial y la policía, no es suficiente.
