Minsa

¿Qué hay detrás de la odisea para hacerse una prueba Covid-19?

Por: 17.01.2022

Los primeros días de la tercera ola han estado marcados por la búsqueda masiva de pruebas Covid-19. A pesar de que el Ministerio de Salud implementó 222 puntos de detección gratuita en Lima y Callao, la demanda fue más alta y el resultado ha sido el caos. En las colas se juntaron personas con síntomas, los que necesitaban un resultado para justificar su inasistencia al trabajo y quienes no tenían los S/ 250 que, en promedio, están cobrando los laboratorios y las clínicas privadas.

De los dos tipos de pruebas a disposición, las moleculares son las más confiables porque detectan el material genético del virus. Sin embargo, requieren de un laboratorio para obtener el resultado, lo que hoy puede tardar varios días. Las pruebas antigénicas, en cambio, dan resultados en menos de 30 minutos. No requieren ningún laboratorio, pero su precisión es menor porque no detectan el material genético, sino las proteínas generadas en la parte externa del virus.

LA CAPACIDAD DEL SECTOR PÚBLICO

Por la alta demanda, los resultados de las pruebas moleculares que el INS procesa -que antes tomaban máximo 48 horas- empezaron a demorar más de cinco días con el arranque de la tercera ola. Según Óscar Escalante, director ejecutivo de Enfermedades Transmisibles, hasta la última semana de diciembre el instituto recibía unas 3.500 a 4.000 muestras diarias. Sin embargo, la variante ómicron superó cualquier cálculo previo. 

“La primera semana de enero hemos tenido picos de 15.000 y eso ha provocado estos retrasos en los primeros días”, indicó a Canal N, respecto a las muestras que reciben únicamente los laboratorios del INS. A nivel nacional -si se le agregan los laboratorios de regiones, de EsSalud y las FFAA- la capacidad de procesamiento total alcanza las 20.000. 

“Los laboratorios públicos, es decir, los laboratorios de las regiones más el INS, pueden llegar a procesar 20.000 pruebas moleculares; mientras que los laboratorios privados han reportado tener una capacidad para procesar hasta 50.000”, detalla el INS a Sudaca.

Precisamente, el jueves 13 de enero se inauguró en Lima Este un nuevo laboratorio del INS para procesar estas pruebas. Es el número 123 de los autorizados a la fecha. De ellos, 63 laboratorios son públicos y 60 privados.

El INS también comunicó para este informe que se está coordinando la habilitación de ambientes adicionales y el incremento de recurso humano para que la capacidad de procesamiento de muestras crezca. “Sin embargo, es importante tener en cuenta que se aplican diversas estrategias […], como principalmente pruebas antigénicas para los sintomáticos y las moleculares para asintomáticos con factor de riesgo”, indicaron.

Esto último tiene que ver con un anuncio del Minsa del 10 de enero. Para hacer más eficiente el diagnóstico, se ha dispuesto priorizar la toma de pruebas moleculares para personas con comorbilidades y adultos mayores de 60 años, mientras que las pruebas antigénicas se aplicarán al resto de personas con síntomas de Covid-19, quienes también deberán pasar por consulta médica. De esta manera se busca afrontar la alta demanda, mientras se amplía la capacidad de procesamiento.

LOS PRECIOS POR LAS NUBES DEL SECTOR PRIVADO

Según los últimos reportes de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), a diciembre más de 100 establecimientos ofrecían el servicio de toma de muestras para pruebas moleculares en Lima. Estas luego son enviadas a los laboratorios para su procesamiento. Los precios van desde S/90 hasta S/467. El promedio se sitúa en S/250, pero varía conforme se incrementa la demanda. Este sistema también ha colapsado y los resultados están demorando más de 48 horas. 

Por ejemplo, Luis Dasso, un joven abogado, estuvo recorriendo varios laboratorios de Miraflores el día lunes y muchos ya tenían las citas copadas. Pero en uno de estos, Expertta Salud, lo recibieron y le prometieron darle los resultados entre 12 y 24 horas. Pagó S/210. “Pasaron 48 horas y no me atendían el teléfono, ni el WhatsApp, ni correos. El miércoles tuve que ir hasta el mismo local, ya con algunos síntomas, para que me den mis resultados y ahí recién me los entregaron”, comentó. 

El caso de su novia, Carla Vega, fue más complicado. Desde el miércoles que se enteraron de los resultados, ella solicitó un descarte a domicilio con Rímac, un seguro privado que tiene a través de su empleador. Al día siguiente le pidieron que haga el pago por el servicio (un deducible de S/ 50) y, por más que insistió, nunca fueron a tomarle la muestra. Con la aparición de los primeros síntomas, volvió a llamar para pedir un médico a domicilio. Lo único que obtuvo es que distintas personas la llamaran para repreguntarle los síntomas una y otra vez, sin asegurarle fecha y hora para su atención.

“La última vez que el médico se comunicó conmigo quedaron en venir sábado en la mañana, pero no vino nadie. Llamé al médico, al seguro y me cortaban la llamada. Por redes también me quejé, dejé mis datos y nada”, asegura. Al cierre de esta nota, un cuarto médico le había ofrecido cumplir con la consulta a domicilio, a tres días de reportado el caso. 

Sobre los altos costos de las pruebas, Guillermo Alva, gerente de la Asociación de Clínicas Particulares del Perú (ACP), dice que en los costos se incluye los insumos que se utilizan, el personal capacitado que se moviliza para realizar la toma de muestra, la implementación de laboratorios de análisis, y el soporte administrativo y logístico necesario para la compra de los insumos. 

“Se necesita contar con más proveedores [de insumos]. Esto pasa también por los permisos de importación que tienen las droguerías. Para los mismos hospitales públicos, para que puedan conseguir sus insumos, también sería importante. No es lo mismo tener una sola marca que veinte”, comenta.

Actualmente, solo las droguerías que se encuentran en el Registro Nacional de Establecimientos Farmacéuticos de Digemid tienen permiso para comercializar insumos para pruebas Covid-19, y únicamente pueden venderlos a los establecimientos y laboratorios autorizados.

Alva dice que la causa de los altos precios es la demanda global. “Los proveedores de los insumos también tienen que salir a comprar al exterior, importar y se tiene que considerar el incremento de los fletes. Son factores externos que los laboratorios no manejan”, agrega. En su último reporte de inflación de diciembre, el Banco Central de Reserva (BCR) da cuenta de un aumento persistente en el precio del transporte de productos entre países.

“El costo de transporte de productos plásticos, textiles, químicos y papeles se ha más que duplicado en el tercer trimestre frente al mismo periodo del año anterior [2020]”, anotan. En el caso de productos químicos, el incremento ha sido de 116,5% en el tercer trimestre.

Mientras, hay pacientes que han preferido buscar los autotest para hacerse ellos mismos las pruebas antigénicas, mediante el método del hisopado. El Minsa autorizó desde noviembre la importación de estas pruebas para su venta al público. Según pudimos comprobar, en los catálogos virtuales de las principales cadenas de farmacias el producto “SARS-CoV-2 Antigen Self Test Nasal” de Roche aparece en situación de agotado hace varios días. El producto comprende un kit de cinco pruebas a un precio de S/215.

 

¿Y LOS BIÓLOGOS?

En la toma de la muestra, la cadena de custodia, el procesamiento y la interpretación de los resultados, los biólogos tienen un importante papel. Tanto en el sector público como en el privado.

Según Gardenia Jiménez, decana nacional del Colegio de Biólogos del Perú, en el sector público son más de 4.000 biólogos que están trabajando en laboratorios al diagnóstico de Covid-19. En el sector privado, se cuentan entre 2.500 y 3.000.

Si bien la contratación de estos profesionales debería ser mayor ante la tercera ola, Jiménez advierte que el año pasado, con la Ley 31125 que declaró en emergencia el sistema nacional de salud y plantea su reforma al 2024, se establecieron beneficios que no alcanzan a los biólogos.

La ley dispone que el Ejecutivo brinde un seguro de vida a los profesionales de la salud de diferentes regímenes laborales (incluyendo al régimen especial de Contratación Administrativa de Servicios-CAS) y prohíbe la contratación de técnicos o auxiliares bajo locación de servicios. Sin embargo, se exceptúa a algunas especialidades que sí podrían contratarse bajo servicio de terceros, sin incluir a los biólogos.

“Esperemos que esto se supere y se trabaje desde ese enfoque si queremos lograr resultados favorables en nuestra población que es lo más importante. Ya se ha presentado el Proyecto de Ley 921-2021, en la Comisión de Salud del Congreso, para corregir este error. No solo pedimos por los biólogos, sino por los químico-farmacéuticos, psicólogos, trabajadores sociales que han sido excluidos de esta norma”, precisa.

Para el decano del Colegio Médico del Perú, Raúl Urquizo, el déficit de profesionales de salud es a todo nivel y por ello habían planteado que puedan trabajar en dos instituciones a la vez. “El ministro de Salud ha hablado con el Parlamento, pero solamente para Covid-19 y el problema no es solo Covid”, asegura.

A todo ello se agrega que las contrataciones CAS-Covid -que son las contrataciones temporales que se habilitaron para atender la emergencia sanitaria- se renuevan por dos o tres meses. Eso desincentiva el trabajo en el sector público, que es donde se atiende la mayoría de la población. 

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La odisea de los pacientes con cáncer para conseguir medicinas

Por: 8.01.2022

A poco de que termine el 2021, a Yuliana Cruz, una madre que mantiene su hogar haciendo trabajos de limpieza, le comunicaron que en la farmacia del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas (INEN) se había agotado una medicina indispensable para la quimioterapia de su papá, un paciente con cáncer de próstata en cuarta etapa. Tras varios días de preguntar una y otra vez, tuvo que salir con la receta a buscar el Paclitaxel fuera de la dependencia estatal. Pero no fue sencillo: Yuliana recuerda que recorrió todas las farmacias que están afuera del Hospital Loayza.

“Un señor me dijo que sí la tenían, pero que la estaban vendiendo a S/490. Le dije que me la guardara, nos fuimos a retirar el dinero y regresamos a comprar. En ese trayecto, cuando volvimos, ya no había”, cuenta. Buscando entre calles y callejones por la misma zona, finalmente dieron con el medicamento desembolsando una cifra similar. Si lo hubiesen obtenido en el INEN, no habrían tenido que pagar nada, ya que lo cubre el Seguro Integral de Salud (SIS).

El Paclitaxel es un agente antitumoral muy usado para tratar distintos tipos de cáncer en las sesiones de quimioterapia. Este proceso consiste en administrar a un paciente varios fármacos según el tipo de cáncer, el estadio de la enfermedad y las condiciones del paciente. Luego de aproximadamente 20 días, se hace un control y se programa la siguiente jornada. Las dosis son diferentes para cada persona y, en este caso, el padre de Yuliana requería 300 mililitros solo para la siguiente sesión.

Esta semana el hombre pudo hacerse su cuarta quimioterapia, pero aún le quedan seis más. Y al desabastecimiento, como hemos visto, se suman los elevados precios. Como la familia no tiene muchos recursos, una de las personas para las que trabaja Yuliana organizó una colecta en redes sociales y el dinero lo recibió a través de Yape.

“Como salgo a trabajar haciendo limpieza, no he podido agradecerles a todas las personas que me depositaron», dice. 

Por las mismas fechas, una joven -a quien llamaremos Diana- también estuvo preguntando una y otra vez al teléfono de la farmacia del INEN si ya había llegado el Paclitaxel que requiere para la sexta de las ocho quimioterapias que necesita. Ella pasa por un tratamiento de cáncer de mama de grado tres que le detectaron en julio pasado. “Si espero mucho tiempo, incluso la última quimio que me hice podría ser inútil”, comenta.

Ante el temor de que la enfermedad recrudezca, buscó la medicina en farmacias y clínicas. La consiguió y logró que le hagan la quimio. Recuerda que gastó alrededor de S/400. Ahora solo le preocupa que en su siguiente consulta le digan que el esfuerzo valió la pena.

La demora en conseguir estos medicamentos puede tener consecuencias fatales. “La leucemia y los linfomas son neoplasias que de un día para otro pueden duplicar el tamaño tumoral. Entonces, si el tratamiento no se da de manera oportuna, esto puede significar que un paciente fallezca”, explica el oncólogo Diego Venegas, exviceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud.

El doctor Víctor Palacios, jefe de la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del Minsa, reconoce que hay un desabastecimiento de medicamentos para el tratamiento de cáncer. Explica que esto se debe a que los proveedores que debían entregar estos productos rescindieron sus contratos [el año pasado], alegando problemas logísticos, mayores costos de importación por la pandemia y dificultades en las plantas matrices.

“Nos hemos reunido ya con el INEN y el 14 de enero tenemos otra reunión para ver el abastecimiento continuo de los pacientes de los servicios oncológicos del Minsa. Estamos viendo proveedores internacionales que nos puedan abastecer. Vamos a lucharla semana por semana. El INEN no es el único al que tienen que ir los medicamentos oncológicos, también tenemos los hospitales en regiones. Es un tema de proveedores que nos han puesto en una situación bien delicada”, apunta.

Palacios agrega que hay contratos en marcha, pero que el espacio entre el ingreso de los productos farmacéuticos solicitados -desde que se compran hasta que llegan- lo van a seguir cubriendo con adquisiciones más pequeñas.

Mientras tanto, los pacientes tendrán que resistir. Algo similar ocurre en el seguro social. “En el Hospital Rebagliatti indican que hace dos meses están desabastecidos y están en proceso de solicitud de cotizaciones recién a proveedores. No me dan una fecha de solución de este problema, mientras mi madre que tiene un cáncer al seno debe suspender su tratamiento”, cuenta María Gabriela Navarro, que lleva días preguntando por Docetaxel, otro fármaco muy común para las quimioterapias, a través de todos los canales de atención de EsSalud.

Y luego añade indignada: “Es el colmo que ante un caso de este tipo sea el paciente quien deba estar detrás de conocer si hay o no un medicamento. Gracias a Dios mi madre nos tiene a nosotros, pero imagínese a aquellos pacientes que están solos o no cuentan con los medios o conocimientos para hacer tal labor”.

En los últimos días de diciembre, los pacientes empezaron a difundir los casos a través de redes sociales

BUROCRACIA MÉDICA

En comunicación con Sudaca, el INEN señala que la adquisición de medicamentos es financiada, en parte, con recursos que transfiere el Seguro Integral de Salud (SIS) y que otros son abastecidos directamente por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares). 

El doctor Venegas precisa que, en el Perú, el principal mecanismo de adquisición de medicamentos en el Minsa es la ‘compra nacional’, el cual no incluye el abastecimiento a hospitales de EsSalud y de las Fuerzas Armadas. Esto se hace a través de un petitorio y listas complementarias de medicamentos oncológicos. Y se tramita a través de Cenares. Todo este proceso está dentro del programa nacional de control y prevención del cáncer.

En caso de que alguien quiera reemplazar los medicamentos del petitorio o de la lista, el proceso se vuelve más tedioso. “Los medicamentos que no están en el petitorio o en el listado tienen que pasar por un proceso de evaluación. Para eso, existía un reglamento que establecía comités fármaco-terapéuticos en cada uno de los establecimientos, los cuales evaluaban los pedidos de los médicos para aprobar un medicamento. Una vez que este comité daba su veredicto, se pasaba al SIS para dar el financiamiento y gestionar la adquisición”, explica Venegas.

Como en los próximos días debería aprobarse el reglamento de la Ley N°31336 (la Ley Nacional del Cáncer, promulgada el año pasado), Venegas considera oportuno que se revisen todos los procedimientos y que se apunte a simplificar la adquisición de medicamentos y a descentralizar la atención oncológica.

La nueva ley faculta al Minsa a usar mecanismos diferenciados de compra para las enfermedades oncológicas. También se ha declarado de interés nacional la compra centralizada a través de Cenares, esta vez sí incluyendo a EsSalud y las FFAA.

Además de cubrir de forma gratuita todos los tipos de cáncer -y no solo los siete que vienen siendo cubiertos por el SIS-, la nueva ley también exigirá que se atienda a todo paciente oncológico sin seguro, que se realice una renovación tecnológica del equipamiento biomédico, que se mejore la infraestructura hospitalaria y que se tenga personal médico especializado en todas las regiones del país. Actualmente, fuera de Lima, la atención está centralizada en tres Institutos Regionales de Enfermedades Neoplásicas (IREN): La Libertad, Arequipa y Junín.

Pero el tema del presupuesto es algo que les preocupa a los pacientes. Karla Ruiz de Castilla, directora de la asociación de pacientes ‘Esperantra’, comenta que la nueva ley en sí es muy buena y ha recogido varias experiencias de distintos países, pero necesita que se le acompañe con un presupuesto multianual o algún otro mecanismo de financiamiento que garantice su implementación.

“Creo que es una magnífica ley, tiene oportunidades de mejora por supuesto. Pero sin dinero, sin presupuesto, estamos en nada. Será letra muerta como pasó con las enfermedades raras, cuyo reglamento se publicó hace dos años y los pacientes aún no se pueden atender porque no se ha definido el umbral de alto costo”, anota Ruiz de Castilla. Se refiere al tope del presupuesto para la adquisición de medicinas, que en el caso de cáncer y las enfermedades raras debería ser mayor debido al elevado costo de los fármacos.

Y ahí el problema. Al menos para este año, en el que se supone empezará a funcionar la nueva ley, los recursos del programa de Prevención y Control de Cáncer se redujeron en 12,4%, pasando de casi S/526 millones a poco más de S/461 millones. Esto incluye las partidas del gobierno nacional, y las de los gobiernos regionales y locales. Un sinsentido: se busca ampliar la cobertura pero se reduce el dinero. 

Desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) argumentan que parte de los recursos están programados en otra categoría de gasto, por lo que “la disminución corresponde a un ordenamiento del gasto, más no al desfinanciamiento de dicha finalidad”. Lo mismo adujeron sobre el recorte presupuestal de los programas para el VIH para una reciente nota de Sudaca. Sin embargo, también indican que durante el año, a través del SIS, tendrán que transferir recursos adicionales a las unidades ejecutoras para acciones de prevención y control de cáncer.

Víctor Palacios, director ejecutivo de Prevención y Control de Cáncer de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública, tiene otra explicación. Dice que la reducción de estos recursos se debe a varios factores, pero el principal está relacionado a la adquisición de productos farmacéuticos.

“Inicialmente, se hizo una estimación en el año 2021 incorporando 13 productos farmacéuticos. Eran cerca de S/30 millones, lo que se estimaba que nos costarían estos 13 productos, muchos de ellos de alto costo. Sin embargo, para 2022, varios de estos no se consideraron, dado que de los 13 solamente tres tienen una autorización de uso por parte de Digemid. Por eso cae el presupuesto”, señala.

Agrega que algunos establecimientos de salud no habían programado tantos tamizajes (método de detección del cáncer) este año porque estaban a la espera de la evolución de la pandemia para planificar esas atenciones. A esto se suma que la partida del INEN también de redujo.

Dado que este año entrará en vigor la mencionada nueva Ley Nacional de Cáncer, y que el reglamento ya está completo y en proceso de aprobación, el doctor Palacios asegura que desde el Minsa tendrán que apuntar a que el presupuesto se amplíe considerablemente, a S/1.500 millones. Un reto, dada la reducción planteada para este año. La pelota estará, nuevamente, en la cancha del MEF.

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Un recorte presupuestal que alarma a los pacientes con VIH

Por: 2.01.2022

En una tarde de primavera de 1998, un grupo de amigos universitarios paseaba por la Plaza Francia, en el Centro de Lima, cuando un joven voluntario de salud se les acercó de pronto y se ofreció a hacerles pruebas gratuitas de VIH. Curiosos, extendieron el brazo para el pinchazo respectivo. Todos recibieron el descarte menos Julio Rondinel (53), entonces recientemente egresado de psicología de la Universidad San Marcos. Tenía 30 años.

En aquella época, recuerda Rondinel, el miedo al virus era muy fuerte y se consideraba una muerte casi segura, incluyendo sus consecuencias degenerativas. Existía, además, un nivel muy alto de discriminación y desconocimiento.

Ante la noticia, empezó a buscar información y contactos en ONG especializadas. Llegado el momento, Rondinel accedió a un fondo de su universidad destinado a cubrir los gastos del tratamiento con antirretrovirales. Luego consiguió un trabajo que le permitió tener la cobertura de EsSalud. “Ahí pude acceder a un estudio del laboratorio Bristol para la entonces medicina experimental Reyataz [un antirretroviral]. Desde 2001 tomo estos medicamentos, recuperé mi vida y seguí desafiando a la muerte día a día”, cuenta.

El VIH no es a lo único que tiene que enfrentarse. El hombre dice que el 2013 le diagnosticaron diabetes mellitus, una consecuencia de la ingesta prolongada de antirretrovirales. Y a eso se suma el desabastecimiento de medicinas del que ha sido testigo los últimos años.

Rondinel, quien también es director ejecutivo de la Asociación «Construyendo Caminos de Esperanza Frente a la Injusticia, el Rechazo y el Olvido», dice que el Ministerio de Salud (Minsa) debería entregar medicamentos por tres meses para evitar salir de casa tan seguido y así no tener que exponerse al Covid-19. Pero apenas se los dan por una semana o por un mes.

“Siempre enfrentamos el desabastecimiento de medicinas, por lo que muchas veces nos cambian estas sin respetar nuestro recetario. Esto nos expone a mutaciones más fuertes del virus”, cuenta. 

“Trato de no angustiarme, pero cada vez que voy al hospital San José del Callao, donde me atiendo, y no hay medicinas, me altera mucho. Creo que un día moriré en el hospital gritando de impotencia”, agrega.

RECORTE

En el Perú hay alrededor de 91.000 portadores de VIH, de acuerdo a cifras del Minsa. El 70% recibe tratamiento. Los últimos años, sin embargo, el presupuesto del programa ministerial destinado a luchar contra este virus ha variado significativamente.

El presupuesto inicial del 2020 era de S/124 millones solo para la dirección de VIH. El año pasado el monto aumentó a S/164 millones. Pero para el 2022, serán apenas S/75,8 millones. En la misma partida está incluido el tratamiento para pacientes con tuberculosis.

Sudaca se comunicó con el MEF para que pueda explicar las razones detrás del recorte presupuestal. Desde la entidad aseguraron que la nueva distribución para el 2022 responde a “criterios de programación del sector Salud».

Además, apuntan que los recursos para el tratamiento de TBC y VIH del 2022 «se encuentran programados en otras categorías de gasto, por lo que la disminución corresponde a un reordenamiento y no al desfinanciamiento de dicha finalidad”.

Desde el Minsa, sin embargo, dicen que parte de los recursos para la adquisición de suministros médicos de todo el sector podrían financiar lo que haga falta del programa de VIH. Lo cierto es que la noticia ha causado alarma en los portadores del virus.

Gichín Gamarra (41), diagnosticado con VIH en 2007, teme que el recorte signifique menos doctores, enfermeros y psicólogos que asisten a los pacientes. “Creo que el Minsa ha querido reducir costos y gastos, pero acá estamos hablamos de vidas”, dice preocupado.

Gamarra demoró ocho años en empezar a tomar medicamentos. En esas épocas, dice, someterse al tratamiento requería de ciertas condiciones, como tener niveles bajos de defensas de glóbulos blancos.

En los últimos seis años, se ha desempeñado como “instructor” de personas que padecen la misma enfermedad. Les brinda información, evalúa la necesidad o no de hacer públicos sus diagnósticos, da consejos sobre las relaciones que tienen con otras personas, etc. También es dramaturgo y ya ha montado algunas obras de teatro.

Gamarra reconoce que el sistema de salud provee tratamiento gratuito para el VIH, pero se lamenta por la falta de atención. Un problema son los lapsos de las evaluaciones clínicas a las que debe someterse. De acuerdo a Gamarra, antes una prueba para determinar la carga viral o la presencia de glóbulos blancos era cada mes o tres meses. Ahora se hacen anualmente. “Desde hace tres meses me vienen pateando”, se queja.

LOS INMIGRANTES 

La demanda por medicamentos no es exclusiva de los peruanos. En el país hay cerca de 3.500 venezolanos con VIH, según la información del Minsa.

“En Venezuela no se consigue tratamiento. Si te daban medicinas, estaban vencidas. Yo tenía que viajar desde San Fernando de Apure a Maracay, unas 12 horas entre ida y vuelta, solo para tener medicamentos gratis. De Venezuela me traje medicina, pero me duró solo unos cinco meses y estuve más de medio año sin tratamiento”, cuenta María Ruiz (30), quien llegó al Perú hace tres años con su familia. Fue en el 2016 que se enteró que tenía VIH.

En aquel entonces, tuvo que hacer malabares debido a la crisis de su país. Lo mismo le sucedió a Arnaldo Araque (28), un migrante que llegó hace cuatro años y que tiene el virus desde hace ocho.

Araque se enteró de que era portador cuando enfermó de una apendicitis. Entre las varias pruebas a las que se sometió, uno de los médicos que visitó le dijo que tenía el virus de Papiloma Humano y el VIH.

El fantasma del prejuicio lo acechó en Caracas, donde vivía solo. No buscó mayor ayuda en su país natal. Al dar el salto a Perú, además, le detectaron una neoplasia que se extiende y amenaza con convertirse en un cáncer.

Acá empezó a consumir los antirretrovirales. La pandemia, como es de esperar, no le ayudó y actualmente le cuesta mucho más conseguir citas médicas. 

“El motivo por el que todavía vivo acá es porque en Venezuela no tuve tratamiento. Aquí me dijeron que me darían un tratamiento más barato que en Venezuela, aunque en las últimas semanas me han cambiado el esquema de medicinas”, reconoce ante la realidad de lo que podría ser su 2022. 

El cambio de medicinas puede llevar a un tratamiento ineficaz, asegura. Y suele ser consecuencia de la escasez. Con menos presupuesto público, el fantasma del desabastecimiento de antirretrovirales acecha. Los pacientes con VIH que dependen de la salud pública no comienzan el 2022 con tranquilidad. 

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«Hay que responder con violencia»: estos son los planes de los antivacunas

Por: 22.12.2021

Los casos de Covid-19 están volviendo a aumentar con la llegada de Omicron al país, pero eso no le importa a los enemigos de la ciencia. Movimientos antivacunas como la Organización Médica Peruana de Investigación (Ompei) y Médicos por la Verdad en Perú están planeando nuevas estrategias para boicotear el proceso de inmunización.

Médicos por la Verdad, movimiento de origen español que tiene presencia en toda América Latina, incluyendo –lamentablemente– al Perú, ha convocado para hoy a las 3 de la tarde una marcha que saldrá desde la Plaza San Martín. Y si bien la ruta oficial acaba en el Parque Kennedy, los manifestantes amenazan con atacar la casa del ministro de Salud, Hernando Cevallos, para “que sienta la presión”.

En el chat de Telegram de la agrupación, al que Sudaca se infiltró, se dejan insultos de todo calibre para el ministro. “El HDP de Hernando Cevallos ya anuncia nuevas restricciones. La marcha tiene que ir a su domicilio y hay que fomentar por todos los medios disponibles la desobediencia civil”, dice el usuario ‘Xavier Hc’. Otro miembro, llamado ‘Eddy R.A’ , responde: “vamos a la casa de ese genocida”. Algunos, como ‘Channel’, van más lejos: “Ojalá quemaran la casa de Cevallos en Lima”. 

Algunos de los mensajes vertidos en el grupo de Telegram de Médicos por la Verdad sobre el Ministro de Salud.

Consultada por Sudaca, Vanny Herrera, vocera del grupo, asegura que la movilización de hoy será “una marcha pacífica” y descarta que vayan a visitar al ministro. Dice, eso sí, que el aumento de casos de la variante Omicron en el país –anunciado por Cevallos el lunes– “altera más” a sus seguidores. 

Además de las movilizaciones, Médicos por la Verdad ya empezó a tejer sus vínculos políticos en el Congreso. El último lunes por la mañana tuvieron una reunión virtual en la Comisión de Salud y Población, la cual habían estado promocionando todo el fin de semana. En la sesión, anunciaron, se iban a presentar “informes médicos” sobre la pandemia.

Para conseguir esta cita, la agrupación envió varios petitorios al Congreso desde fines de noviembre. Incluso habían sido citados para el miércoles de la semana pasada, pero no los dejaron ingresar porque no presentaron el carnet de vacunación. Así lo comentaron en su chat de Telegram.

De acuerdo a Kelly Portalatino, congresista de Perú Libre y secretaria del grupo de trabajo, los antivacunas sesionaron con los asesores de la comisión. “Los congresistas de la comisión no hemos aprobado dicha reunión, me parece que los asesores han tenido una reunión a su requerimiento, más mi persona no comparte sus pensamientos antivacunas”, asegura a Sudaca la parlamentaria.

¿Qué dudosa información llevó Médicos por la Verdad a los asesores del Congreso? El mismo lunes, horas después de la reunión, Vanny Herrera compartió extractos de la sesión desde su Facebook. Lo más relevante es la presentación en Power Point de una supuesta “doctora” a quien no se identifica. El archivo se titula “Riesgo/beneficio que llevan a portar un carnet de vacunación” [sic] y expone la serie de efectos adversos que supuestamente tuvo la autora luego de recibir la primera dosis de la vacuna.

Los extractos de la reunión en el Congreso compartidos por Vanny Herrera en su Facebook. 

“A los 10 minutos, en el observatorio, yo presenté una reacción de taquicardia, tuve picazón en el paladar y la garganta. Empecé a tener todos los síntomas cuando tengo una picadura de abeja”, se le escucha decir. Además, asegura que tuvo moretones luego de inmunizarse. La “doctora”, por supuesto, no presentó ninguna prueba. 

 

«Hay que responderles con violencia»

En la Ompei apuestan por otras estrategias para boicotear la vacunación. La asociación peruana antivacuna, que fue fundada en agosto del año pasado, apunta a que el retorno a clases presenciales incluya niños no vacunados. Desde el domingo vienen difundiendo un planillón de firmas en Facebook y Telegram para que el Ministerio de Educación (Minedu) autorice la apertura de escuelas para los menores no inoculados el próximo año. La organización juntará las rúbricas hasta el 10 de febrero, anuncian en sus redes.

En el planillón, titulado “Memorial de apoyo a la Ompei”, se lee textualmente: “Rechazamos la vacunación forzada especialmente en nuestros niños y adolescentes. Como padres de familia, conjuntamente con Ompei, peticionamos que el Ministerio de Educación autorice Centros Educativos para NO inoculados en razón que desestimamos matricular el 2022 a nuestros menores hijos en colegios para vacunados o en aquellos que se exija absurdamente el carnet de vacunación o incite a la violencia moral, psicológica, agresión a integridad física y a la discriminación”.

Rosa María Apaza, la abogada y presidenta de la Ompei, hizo una transmisión de Facebook en vivo el último lunes para dar más luces sobre esta iniciativa. “Ojalá contesten esos comunistas, pero no hay peor gestión que aquella que no se realiza”, manifestó.

Apaza no perdió la oportunidad de aconsejar a sus seguidores responder violentamente si alguien les recomienda vacunarse. “Anda envenena a tus hijos, métete la vacuna por el trasero. A ver, atrévete a venir… Se lo dicen con cuchillo en mano”, amenazó Apaza en su ‘Live’. Y luego agregó: “Deberíamos tomar las calles, las pistas, porque así como ellos están ejerciendo violencia, también hay que responderles con violencia. Habría que ser cojudos”.

Además, dijo a los padres de familia que “está demostrado que esto [la vacunación] es un experimento mundial y, si usted quiere entregar a sus niños como ratón de laboratorio, es exclusivamente su responsabilidad”. Todo ello, por supuesto, es falso.

El grupo de Telegram de la Ompei también se ha convertido en una plataforma para que Rosa María Apaza, autoproclamada “abogada de la libertad”, difunda sus servicios de asesoría legal, con el supuesto objetivo de “que se cumplan los derechos de los que no se quieren vacunar”. Para acceder a esta asesoría, uno tiene que hacer una “donación” de mínimo S/30 a las cuentas de la organización.

La promoción de las citas legales de Apaza es constante en el chat de Telegram que tiene la Ompei.

Apaza, que según el registro del Colegio de Abogados de Lima tiene su colegiatura inactiva, también difunde conversatorios con otras personalidades antivacunas de la región. En sus transmisiones suele mencionar que detesta recibir mensajes que no sean para citas legales y considera a los provacunas unos “malditos psicópatas, pobres diablos y soretes”.

Telegram también fue la plataforma que usó la presidenta de la Ompei para su campaña al Congreso en las últimas elecciones. Apaza postuló con el partido Democracia Directa, que quedó último en los comicios, con propuestas como la “ley de moratoria del 5G” y la “ley que autoriza el uso del CDS”. 

Uno de las fotografías de campaña que Apaza compartió con sus seguidores en Telegram.

Intentamos comunicarnos con la abogada mediante sus dos números de teléfono, pero al cierre de edición nos dejó en visto.

Ambos movimientos antivacunas han encontrado en Facebook y Telegram –sobre todo este último– espacios seguros para difundir sus dardos contra la vacunación en el Perú. En esta última red social, Médicos por la Verdad en el Perú tiene más de 17.500 suscriptores y la Ompei alcanza casi los 3.000. En Facebook, Vanny Herrera, vocera principal del primer grupo, tiene más de 5.000 amigos. Por su lado, la Ompei tiene casi 19.500 seguidores.

Estos canales se han convertido en los espacios donde se planean y difunden los próximos planes antivacunas. Con el 75% de la población objetivo inmunizada y más de 202.000 personas muertas en esta batalla, según cifras del Ministerio de Salud, toca pensar cómo erradicar estas variantes de la desinformación.

*Fotoportada por Darlen Leonardo

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Alicia Abanto: Hay que mejorar la comunicación sobre el proceso de inmunización

Por: 21.09.2021

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 12.

Luego que varios jóvenes fueron criticados por viajar a Chincha para vacunarse con una dosis de Pfizer, la Defensoría del Pueblo indicó que el MINSA debe mejorar la comunicación con los ciudadanos para que entiendan que Sinopharm y Pfizer son efectivas. Además conversamos con el economista Diego Macera quien indicó que según el ritmo que tiene el país, el próximo año podríamos tener una inversión negativa.

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Lima – Perú

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Economía, Minsa, Pfizer, Sinopharm, vacunas

El Minsa envió respiradores bamba a doctores del Hospital Loayza

Por: 11.07.2021

El 13 de mayo pasado llegó un aviso desde el almacén del Minsa al Hospital Nacional Arzobispo Loayza. El ministerio tenía un regalo para ellos: se trataba de 700 respiradores industriales –supuestamente de la marca 3M– destinados al área de cuidados intensivos del nosocomio.

 

Los presentes del Minsa decían ser respiradores del modelo 3M 7502. Este equipamiento “brinda protección respiratoria contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico”, entre otros gases, como se explica en la página web de la empresa. Además, es una importante herramienta para los médicos que trabajan atendiendo casos de Covid-19.

«Son mucho más seguros que la mascarilla N95, que protege 99%. En teoría es la máxima protección, pero si es falsificado todo es malo, incluyendo los filtros. Entras a la UCI, respiras puro bicho y pones en riesgo la vida”, advierte Godofredo  Talavera, presidente de la Federación Médica del Perú.

De acuerdo a Talavera, un respirador original tiene un costo promedio de S/260. “Un falsificado te lo venden a la tercera parte”, agrega.

Luego de trasladar los respiradores a sus almacenes, y por protocolo, el Loayza debía inspeccionar el obsequio. Al hacerlo, fuentes del hospital que vieron el producto en persona, aseguraron a Sudaca que los filtros y cartuchos que se colocan a los lados del respirador no calzaban. Esto es gravísimo: al no encajar, no bloquean el paso de partículas.

Tras la revelación, los doctores enviaron dos muestras del lote a la empresa 3M para que esta verifique su autenticidad. El 21 de mayo, el Loayza recibió la respuesta de la compañía: el regalo del Minsa era falso.

El informe de 3M, al que accedió este medio, confirma la incompatibilidad del donativo del ministerio con los productos originales de la empresa. El segundo párrafo dice claramente. “Concluimos que los productos presentan características atípicas, las cuales no son compatibles con los Respiradores 3M 7502 fabricados por 3M Company”. Además advierten de su peligrosidad: “En opinión nuestra, ninguno de estos productos [del lote del Minsa] debe ser usado, y en caso de que se haya distribuido alguno de ellos, se sugiere cesar su uso de inmediato”.

Respuesta3M
La respuesta de 3M a la inquietud del Loayza. Su veracidad fue garantizada por personal de la empresa a Sudaca.

Más adelante también se descarta que el donativo haya sido entregado por la empresa. “Los productos revisados a los que hacemos referencia en este documento no han sido abastecidos por 3M ni por alguno de los distribuidores autorizados”. En comunicación con Sudaca, Marko Kardum, gerente de cuentas de la compañía, confirmó la veracidad del documento. “Esa es la carta que enviamos”, dijo textualmente.

Fuentes del Hospital Loayza también dan fe de los hechos narrados aquí. Y los que siguen. Sus identidades se mantienen en reserva por temor a vivir lo mismo que Elizabeth Rojas, presidenta del Cuerpo Médico del Hospital San Bartolomé, quien fue suspendida sin goce de remuneraciones por un año luego de denunciar un hecho similar el año pasado: en el área de cirugías de su hospital, operaban con goteros enormes en el techo.

 

Empolvado

Con la confirmación de 3M, el Loayza inmovilizó el lote recibido en su almacén. Luego comunicaron a la Dirección General de Operaciones en Salud del Minsa (DGOS) sobre lo ocurrido. Desde el 26 de mayo, Edward Cruz Sánchez, responsable del área, sabe de la denuncia. Y desde esa fecha, el Loayza no recibe una respuesta, lo que les parece muy sospechoso.

Sudaca pudo acceder al Sistema de Trámite Documentario Web (STDW) del ministerio, un mecanismo interno que registra cómo avanza un determinado trámite, en este caso, la solicitud del hospital para conocer el origen del donativo. Hasta el 6 de julio, el día que este medio pudo entrar por primera vez al sistema, se observaba claramente que desde aquel 26 de mayo el Loayza se encuentra “a la espera de indicaciones sobre la autenticidad” de los respiradores truchos.

EmpolvadoSTDW
El STDW deja en claro que desde finales de mayo el Hospital Loayza espera «indicaciones sobre la autenticidad de respiradores procedentes del MINSA».

Este reportero pidió información sobre el caso al área de prensa del Minsa y solicitó una entrevista con Edward Cruz el último jueves. En el ministerio parecían no saber nada de los respiradores. Fue tal el desconocimiento que el funcionario del área de prensa, que se presentó como Juan Vargas, contestó: “¿entenderás que eso no dice nada, no?” y que “la carta [de 3M], que sería incriminatoria, no está firmada por nadie”. También nos pidió el número del expediente de su propia entidad porque “no encuentran nada”.

Todo indica que nuestra llamada descongeló la denuncia de los respiradores falsos en el ministerio. Mágicamente, en el sistema de trámite documentario empezaron a haber movimientos desde el viernes 9 de julio, solo un día después de que Sudaca solicitara los descargos a la entidad. En esa jornada se registraron varias comunicaciones entre los funcionarios de la DGOS en el sistema de trámite documentario, aunque en el Loayza aún no tienen respuestas.

Aún quedan muchas preguntas por responder. ¿Cómo llegaron los respiradores truchos al Minsa?, ¿por qué hasta ahora no envían una explicación al Hospital Loayza? En todo caso, esperemos que el ministerio sea más transparente con los médicos que con la prensa.

Movimientos STDW
El detalle completo del STDW. El MINSA «recordó» el pendiente recién el último viernes.

Mientras tanto, los doctores del Loayza siguen enfrentándose al Covid-19. Se trata, después de todo, del “hospital general más grande del país”, como reseña su sitio web.

Godofredo Talavera asegura que este hospital “ha llegado a tener más de 300 pacientes con covid por día en emergencias” y que la ocupación de camas UCI “pasa las 200”. En este combate, estos respiradores serían realmente útiles. El Minsa parece recién recordar este pendiente.

**Fotoportada por Leyla López (Fuentes: Andina y 3M). 

 

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Loayza, Minsa, Pandemia

Esperanza en el avance de la vacunación de adultos mayores

Por: 22.06.2021

Subtanjalla. Ese es el nombre del distrito iqueño en el que 86,3% de su población adulta mayor ha sido vacunado contra la Covid-19 a doble dosis. Solo superado por poco por el distrito de Chachapoyas, en Amazonas. Así lo indica el Repositorio Único Nacional de Información en Salud (Reunis) que, entre otras, lleva la cuenta más esperanzadora a nivel nacional, la de la vacunación contra el coronavirus.

 

Ica (58,3%) y Tacna (57,3%) son las dos regiones con mayor cobertura de una vacunación completa entre adultos mayores. Le siguen Lima Este (53,6%), Lima provincias (53,6%), y La Libertad (53,4%) .

“¡Vamos bien!” titula optimista un afiche de la región Tacna compartido por Aníbal Novoa, presidente de la Federación Médica de la región, con Sudaca. Y es que sin encontrarse originalmente entre las seis regiones priorizadas, Ica y Tacna han tenido un remonte progresivo a través de puntos de vacunación descentralizados en distintas provincias.

En Ica se ha cumplido estrictamente la recomendación del Minsa de que las personas reciban la segunda dosis en el mismo punto de vacunación en que recibieron la primera. “Es importante recordarle a la población que las dosis que nos envía [el Minsa] es en base a cuántas personas se vacunaron con la primera dosis. […] Si van a diferentes puntos de vacunación, entonces unos van a tener deserción, otros aumentos [de vacunados]. Sería un desequilibrio total. Es [una medida] en aras de la transparencia de la vacunación”, explica la coordinadora de inmunizaciones del Hospital Regional de Ica, Ana Córdova.

Los mejores resultados de la vacunación a adultos mayores en la comparativa nacional. Fuente: Reunis-Minsa

En Trujillo, las personas mayores de 58 años ya están recibiendo su segunda dosis, según ha informado la Gerencia Regional de Salud (Geresa) de La Libertad.

“Desde un principio se ha tenido una buena organización y ha sido una buena decisión descentralizar los puntos de vacunación en una variedad amplia de distritos. Hasta nosotros nos hemos sorprendido, en ese sentido sí hay que felicitarlo”, explica Carlos Valderrama, secretario general de la Federación Médica de Trujillo.

En Iquitos, el primer epicentro local de la pandemia, el avance no se iguala al de Ica, Tacna o La Libertad. Sin embargo, Luis Runciman, decano del Colegio Médico de Loreto, cuenta a Sudaca que el proceso vacunatorio está cumpliendo con el calendario y que son los colegios de la región los que han servido de puntos de encuentro para la inmunización. 

“Hasta el momento hay una buena aceptación de la población, cada vez que hay un anuncio de vacunación las colas se forman adecuadamente, sin desorden”, comenta el médico. Según Reunis, el 26% de los mayores de 60 de la región ha recibido las dos dosis de la vacuna. El porcentaje sube a 34% si consideramos aquellos con solo la primera.

El futuro incierto de la vacunación

A nivel nacional, el 60.9% de los mayores de 60 años ha recibido ya la primera dosis de la vacuna. Es decir, 2.762.167 personas. Y a 38,2% (1.729.835 personas) ya se le aplicaron ambas. 

Pero las cifras totales aún distan de este éxito. Solo el 11,46% de la población peruana ha recibido al menos la primera dosis. Estamos hacia el final de la tabla en Sudamérica, aunque compensa el alivio de ver a los mayores de nuestras familias ya vacunados.

“El gobierno ha contratado 62 millones de vacunas de los diferentes laboratorios”, subrayó el sábado pasado el ministro Óscar Ugarte, y agregó que en julio de este año ya estarán en territorio nacional 11 millones de estas. “Le estamos dejando al otro gobierno 50 millones, lo que es suficiente para vacunar a toda la población mayor de 18 años hasta fin de año”, dijo en la campaña de inicio de vacunación a pacientes oncológicos y VIH positivos.

Un anuncio esperanzador ad portas del cierre del gobierno de transición de Franscisco Sagasti y que representa el primer parteaguas de un proceso vacunatorio que inició de la peor manera, con el indignante caso del “Vacunagate” y la lista de más 400 personas que se habían saltado la cola, entre ellos el expresidente Martín Vizcarra y la entonces ministra de salud Pilar Mazzetti.

La antítesis es quizá esta prioridad reciente para aquellas personas que hacen frente a enfermedades tan difíciles como el cáncer y el Sida. Para ellos, el proceso vacunatorio se hará principalmente en los centros donde llevan regularmente su tratamiento. Esto porque resulta necesario el conocimiento de su médico tratante para definir si es el momento apropiado para que su cuerpo reciba la vacuna. 

Al 17 de junio, la tabla de posiciones de la vacunación contra la Covid-19 en Sudamérica. Fuente: Our World in Data.

Hace más de dos meses arrancó la nueva estrategia territorial del Minsa y con ello intentó mejorarse la efectividad del proceso vacunatorio que tuvo inconsistencias en el padrón utilizado para la primera etapa liderada por EsSalud en Lima, como reportó Sudaca. Antes, incluso, también hubo fallas más serias en el padrón del personal médico. 

“Le remití una carta a la exministra de Salud, Pilar Mazzeti, manifestándole nuestra preocupación por los fallos detectados. En ese momento, el principal problema era las inconsistencias detectadas en el padrón [del personal médico]”, dice a Sudaca Luis Robas, jefe de megaproyectos de la Contraloría General de la República.

Robas recordó otros dos puntos débiles del inicio: la falta de conocimiento de los protocolos de vacunación a cabalidad por el personal a cargo en las regiones y los problemas en la plataforma electrónica que el Ministerio de Salud había implementado para que el personal pueda registrar la información y llevar la cuenta de quién fue vacunado y quién no. 

Para el jefe de megaproyectos de la Contraloría, el gran problema sigue siendo la disponibilidad de vacunas. «Si bien es cierto que ya se ha anunciado los contratos por más de 60 millones de vacunas, lo cual alcanzaría para vacunar a toda la población peruana, no es que las 60 millones ya estén presentes en el territorio nacional y podamos hacer como otros países desarrollados que comienzan a vacunar en farmacias, en clínicas, hasta en lugares públicos, como centros comerciales, donde ya es cuestión de cada persona decidir cuándo va a vacunarse o no», apunta. 

“Todavía nosotros tenemos una limitación, una restricción de la disponibilidad de vacunas, y la demanda es tan grande que las personas podrían querer saltarse la cola para acceder al tema de la vacuna”, agrega.

Según Reunis, el 76% de las vacunas colocadas a nivel nacional han sido de la marca Pfizer-BioNTech. Fue a finales de abril último que Ugur Sahin, cofundador de la empresa alemana BioNTech, anunció que una dosis adicional sería necesaria para el nivel de protección que ofrece la vacuna y sostuvo que debería ser administrada entre 9 y 12 meses después de la primera dosis. La tarea de lograr asegurar una tercera dosis para todos los peruanos parece aún lejana.

Fotocomposición de portada por Leyla López. Fotos: Minsa.

 

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Adulto mayor, Covid-19, Ica, Lima Este, Ministerio de Salud, Minsa, Pandemia, Perú, Tacna

Crisis sanitaria en Arequipa: los médicos pedían ayuda desde inicios de mayo

Por: 15.06.2021

Desde la India al distrito de Cerro Colorado, en la ciudad de Arequipa. La variante del coronavirus bautizada como Delta por la OMS -y meses antes como “doble mutante” por la prensa- llegó a la ciudad blanca al menos desde inicios de mayo. La mujer de 78 años, la primera oficialmente diagnosticada con esta variante en el país, no había viajado al exterior. No sabemos su lugar en la cadena de transmisión. Lo cierto es que fue el pasado 15 de ese mes que el Ministerio de Salud le tomó la muestra y coincidió con un incontrolable incremento de casos de Covid-19 en la región.

 

Lo impredecible del virus agravaba la situación. “El comportamiento es incierto. Los síntomas al inicio eran típicos de una enfermedad respiratoria, pero han evolucionado con síntomas de otra índole, llámese problemas gastrointestinales, problemas neuromusculares. Vemos que la situación es completamente impredecible y variable”, dice Elmer Rodríguez, presidente de la Federación Médica de esta región. Y añade: “Vemos gente joven en cuidados intensivos, niños, adolescentes y cada vez más mujeres, cosa que no hemos visto en la primera ola”.

Según la plataforma OpenCovid, en la semana del 31 de mayo fallecieron 345 personas. La anterior, 289. Solo el sábado pasado, la Gerencia Regional de salud confirmó  875 nuevos positivos y 45 muertes en las 24 horas precedentes.

Hospital Honorio Delgado. Personal médico y pacientes Covid sin suficiente distancia social en las instalaciones temporales implementadas por Pronis.

No fue hasta el 9 de junio, sin embargo, que el ministro de salud Óscar Ugarte anunció en conferencia de prensa que teníamos a la variante Delta en el país. Ugarte dijo que solo dos días antes habían iniciado, en coordinación con el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC), el seguimiento epidemiológico de las personas que tuvieron contacto con la paciente de Cerro Colorado.

Pese a la insistencia de este medio, la cartera de Salud no respondió cuándo fue que el Instituto Nacional de Salud tuvo los resultados de la paciente de 78 años. “¿En qué momento se enteró el Ministerio de Salud de la presencia de la variante? Eso queda para una investigación. Esta variante tiene una alta diseminación, entonces mientras más tarde se dé la información lo único que se va a crear es que no se tomen las medidas correctas en el momento”, dice Javier Gutiérrez, decano del Colegio Médico de Arequipa.

Las autoridades regionales lo sabían oficialmente desde un poco antes: el lunes 7 de junio, dos días antes de que el gobierno lo hiciera oficial. Así lo dio a conocer el gerente regional de salud del gobierno regional, Christian Nova, a los medios. “El día lunes me llamaron del Instituto Nacional de Salud, me dijeron que había esta cepa y que guarde absoluta confidencialidad y discreción, por eso yo lo hice y no dije nada”, apuntó.

Hasta el anuncio de Ugarte, solo dos provincias arequipeñas de Islay y Caylloma estaban en nivel de alerta extremo. “¿Por qué no se incluyó a más provincias de la región Arequipa en este nivel, considerando que la situación sanitaria de la región en general iba agravándose desde semanas antes?” fue otra de las preguntas que hizo Sudaca a la cartera, pero que no obtuvo respuesta.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos”

«Nosotros sin conocer este resultado [el diagnóstico a la señora de 78 años] observábamos una curva epidemiológica anómala de Covid con respecto de todos los otros departamentos del país”, señala el decano Gutiérrez. Se refiere a la curva que empezó a pronunciarse desde inicios de mayo.

“Nosotros pensamos que en junio podría empezar a bajar [la curva de contagios], pero no. Es más, se está incrementando. Desde inicios de mayo es que se ha incrementado más”, añade Elmer Rodríguez, de la Federación Médica de Arequipa.

De hecho, desde inicios de aquel mes los médicos del hospital covid de la región, el Honorio Delgado, pedían ayuda públicamente. 

El pasado 2 de mayo la jefa de la unidad de Emergencias, Alida Huamán, fue entrevistada en Exitosa Noticias. El problema no era tanto el equipo biomédico, sino la falta de personal. “Un colapso es cuando funcionalmente ya no podemos cumplir con las funciones y ese es el caso (…) estructuralmente tenemos equipo biomédico, pero ¿quién atiende?, ¿quién ve [a los pacientes] si no hay más manos para atender y estamos tan limitados para salvar vidas? También eso es un colapso”, señaló.

Huamán detallaba entonces que de 410 camas de hospitalización sólo estaban operativas 260; de 30 camas UCI, sólo 18; de 16 de trauma shock, apenas 10. “Es decir, actualmente en el hospital Covid hay 168 camas que prácticamente están inservibles, porque las autoridades locales del sector salud no tienen presupuesto para contratar más personal y el gobierno del presidente Francisco Sagasti tampoco da una solución”, apuntó.

Dos semanas después, el 16 de mayo, el director del Honorio Delgado, Richard Hernández, declaraba al mismo medio: “Teníamos 45 plazas [por cubrir] para médicos y solamente se ha logrado conseguir 12 médicos. Pero de especialistas, que necesitamos en este momento para el manejo de cuidados críticos (sobre todo en el área de shock trauma y el área UCI), no hemos tenido ningún médico que se haya presentado”.

La Gerencia de Salud del Gobierno Regional de Arequipa envió entonces un par de oficios al ministro de Salud el pasado 21 de mayo, semanas antes de que decidieran empezar el seguimiento epidemiológico. En uno, le alertaba de la preocupante situación de incremento de contagios de Covid-19 y mortalidad y le pedía considerar una cuarentena por 15 días en toda la región. En el otro le pedía ayuda para frenar la programación del debate presidencial en la ciudad.

El ministro Ugarte respondió en medios que el debate era terreno exclusivo del Jurado Nacional de Elecciones. Anunció que al día siguiente llegaría desde Lima un grupo de 13 médicos y 11 enfermeras a apoyar en la región. Otros 15 profesionales de la salud arribarían desde Ica.

Pero sería insuficiente.

“El hospital Honorio Delgado está hecho un caos, faltan especialistas en plena pandemia”, dice a Sudaca Elmer Rodriguez, quien también es jefe del servicio ortopédico y de traumatología de este nosocomio. La falta de médicos internistas y neumólogos hizo que esté hoy intentando salvar la vida de pacientes Covid a pesar de no ser su especialidad. “Colegas que han sido vacunados se han enfermado, [miembros del] personal en general están también enfermos. Estamos poniendo el hombro de la manera que se pueda, como se pueda”, cuenta. 

El jueves pasado, un día después del anuncio del ministro sobre la presencia de la variante, un contingente de funcionarios del Ministerio de Salud y un grupo de 26 profesionales de la salud entre médicos y enfermeras aterrizaron en Arequipa para apoyar en el hospital covid. Sin embargo, a ojos de Rodríguez, de nuevo el número no satisface la demanda.

“Falta por lo menos, para poder afrontar, más de 100 elementos, entre enfermeras y médicos. Pero finalmente es una ayuda que es bienvenida, así sean 15 o 20 los necesitamos. Aunque sigue siendo insuficiente”.

Cuatro de los cinco pisos que albergan pacientes en el Honorio Delgado están saturados de pacientes Covid, sin contar con las dos carpas ubicadas en los espacios exteriores del hospital. Ya tampoco es posible brindar oxígeno a la población para su atención en domicilio.

Fotocomposición de portada por Leyla López.

 

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Arequipa, Covid-19, Ministerio de Salud, Minsa, Variante Delta
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