Gordo culón y caucásico, una alopecia lo acompaña desde tiempos pretéritos. Cuando es interpelado sufre de una incontinencia verbal. Su presencia, en el escenario político, es una secuela natural de la aparición del hombre-ridículo en la presidencia de los EE.UU. Ante las cámaras, una pregunta incómoda y pertinaz lo acecha, la entrevistadora no ceja en su empeño. El candidato refunfuña, no se disculpa, monologa: “Soy dueño de la verdad pues, no necesito disculparme; soy millonario, carajo”.
“Darle vivienda, en un hotel 5 estrellas, a una niña violada es lo máximo que puedo darle de cariño”.
La blonda periodista lo interpela: “Hay un gran porcentaje de niñas de 9 y 12 años que son violadas, ¿piensa que es justo que den a luz?”.
“Entonces Ud. es asesina, quiere matar a dos personas”.
El Opus Dei ha parido 2 personajes en el ámbito político: Ambos célibes. Ególatras y bizarros.
Cada viernes, en su cubículo privado, con el torso desnudo, se arrodilla y empieza la flagelación. En ese momento, siente levitar, acercándose cada vez más a su Dios, a través del dolor. La mayoría, a eso, le llama sadomasoquismo.
Conservadores, católicos, protestantes, etc. se identifican con el orondo personaje. Sea por su autoritarismo, antifeminismo y homofobia. Gente que siente temblar, el piso de sus creencias, ante los cambios en la sociedad.
George W Bush era un converso también. Oró, con su gabinete, para tomar la decisión de invadir Irak. No encontró las armas de destrucción masiva; pero sí, encontró petróleo.
DOS
“Me interesa un comino esta elección, es lo que menos me importa en la vida…métanse la alcaldía al poto, a mí que me importa la alcaldía…” Lourdes Flores Nano – candidata a la Alcaldía 2010
Salida de un partido de derecha, del que solo quedan escombros. Lourdes, caderona de pelo frondoso y ya sesentona. Abogada de cierto prestigio y arropada; eso sí, con un poncho de marca. Locuaz, habla de maniobras fraudulentas en un puñado de mesas. Luego se contradice “hubo fraude”, y sentencia: “Keiko ha ganado en las mesas”. Días después, manifiesta, sin ruborizarse “hubo penetraciones en mesas”.
Queda en ridículo al denunciar fraude, porque los personeros y jefe de mesa tenían el mismo apellido; insólito, porque es algo común en los pueblos del Perú profundo. No sorprende, es el desconocimiento inequívoco de parte de la derecha contumaz.
“Lo que me pasa hoy día es que, precisamente, no tengo ningún interés, no tengo en juego nada, pero sí tengo un sentimiento democrático”.
Conocido es el aporte financiero de Odebrecht a su campaña política. Hay pendiente un juicio. De la incólume e impoluta Lourdes, que emergió en 1985, ya no queda nada. Solo resquicios de una, impenitente fujimorista, que busca por todos los medios, desacreditar las instituciones democráticas.
TRES
“Nosotros somos socialistas y nuestro camino a una nueva Constitución es un primer paso, y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotudeces democráticas, preferimos quedarnos para establecer un proceso revolucionario en el Perú” – Guillermo Bermejo
Piel cobriza, altisonante y con discursos cadavéricos de los años setenta. Genuflexo ante su líder Cerrón (“la sentencia es una error judicial”). Pareciera que no entiende que su discurso y posición, están a contramano con el presente.
Acusado de terrorismo, fue asilado político de la Venezuela de Maduro. Tiene pendiente un juicio.
En las antípodas de la izquierda moderna, es un conservador recalcitrante y supinamente ignaro en otros temas.
“No podemos estar en los mismos caminos que el Nuevo Perú y ellos […] No vamos a aceptar que nos vengan a imponer (…) género o aborto y tanta vaina, ahorita”.
Cuanto se dejan sentir Bedoya, Barrantes y Pease en el horizonte político.
Usted es el voto perdido de la derecha. No tiene posibilidad de pasar a la segunda vuelta y aún si ocurriera el improbable caso de que el milagro se produjese, usted no le ganaría a nadie, ni a Pedro Castillo.
Es imperativo, en salvaguarda del modelo económico que usted dice defender, que renuncie a su candidatura y permita que sus votantes se vayan donde Keiko Fujimori o Hernando de Soto, y de ese modo evitar la catástrofe que sería una segunda vuelta entre Yonhy Lescano y el ultraradical Pedro Castillo.
El país se juega mucho en esta elección. Con mediocridades mercantilistas que siempre hemos denunciado, y con tremenda corrupción de por medio, a pesar de ello, la estabilidad macroeconómica y las reformas incompletas que se hicieron básicamente en los 90, han permitido que en las últimas dos décadas el Perú crezca, se reduzca la pobreza y disminuyan las desigualdades.
Lo que cabe es cortar de un solo tajo los nudos de privilegios mercantilistas que inundan nuestra legislación, transitar del Estado proempresa al Estado promercado, reformar el Estado y lograr tener una salud, educación, seguridad y justicia mínimamente decentes. Eso solo se logra profundizando el modelo, no destruyéndolo o cambiándolo por populismos o estatismos reaccionarios.
Usted, López Aliaga, perdió la ocasión por su virulencia, intolerancia y ánimo autoritario. Creció en las encuestas por disruptivo, pero su personalidad lo traicionó y desengañó al electorado que le quitó la confianza y así frenó su ascenso. Se convirtió en el líder de la derecha bruta y achorada al pretender convertir al Estado peruano en una filial política del conservadurismo religioso. Felizmente fracasó en su intento, pero ahora tiene la oportunidad de reivindicarse.
Tiene que haber por lo menos un candidato de derecha en la segunda vuelta, que genere alguna expectativa razonable. Idealmente, podrían ser dos. Pero no está usted invitado a esa fiesta. Más bien, puede depender de su generoso gesto de renuncia que ello se logre. Sus votantes y el país se lo agradecerán.
Rafael López Aliaga parece haber convertido el litigio en una afición compulsiva. Desde el 2006, su nombre figura en 71 carpetas fiscales: 11 de ellas como demandado y todas las demás como el hombre que gatilla las acusaciones. Sus empresas son protagonistas de decenas de expedientes más. La aplastante maquinaria legal al servicio del hoy candidato no sólo lo ha sacado de apuros en más de una ocasión, sino que ha sometido a sus rivales, en una demostración de músculo legal, a largos y estresantes procesos judiciales.
María Escalante Aragón, por ejemplo, tuvo que enfrentarse por cuatro años al staff de abogados de PeruRail, la empresa ferroviaria cuyo directorio López Aliaga preside desde hace varios años. La razón: un delito que no cometió. “Nunca podré ser la persona próspera que era antes. Lo perdí todo gracias a la empresa PeruRail”, dice.
Escalante es gerente de la empresa Promoturs, que durante años vendió los tickets del tren que lleva turistas a Machu Picchu a cambio de una comisión. Todo se hacía a través de sistemas de cómputo. En el 2012, PeruRail la acusó de haber clonado tarjetas de crédito para vender los tickets y quedarse con un porcentaje de las ventas. Tuvo que enfrentar un largo proceso por hurto agravado.
“El 26 de enero del 2012, me encontraba en oficinas de PeruRail depositando dinero. Me llamó mi secretaria diciendo que había mucho policía, muchos periodistas en el local de Promoturs. Cuando llegué, los agentes sacaron todo. La fiscal me dijo que me estaban acusando de comprar boletos con tarjetas clonadas. Se llevaron los equipos de cómputo y los papeles”, cuenta Escalante.
Cuando el caso pasó de la policía de Cusco a la Dirincri de Lima, la acusación se desmoronó. Fue el 2014. “En las investigaciones se determinó que el 27 de enero aparecieron registros de boletos comprados con tarjetas clonadas. Eso fue un día después de la incautación cuando se supone que las computadoras estaban en manos de la policía de Cusco”, explica Escalante.
La mujer muestra a Sudaca la resolución de marzo del 2015 que finalmente archivó su caso. Pero no fue una verdadera victoria: en el curso del proceso perdió amigos y la confianza de otros empresarios. La veían, dice, como una estafadora. Parte del daño colateral fue terminar su matrimonio y abandonar los planes de estudios que tenía para sus tres hijos. Su negocio quebró.
El 2016, le escribió al ahora candidato López Aliaga por redes sociales. “Quería llegar a un acuerdo, porque aún estaba a tiempo de recuperar a mis clientes. Me habían dicho que era una persona muy noble, amable. Le escribí a su Facebook, pero me bloqueó”, se lamenta.
María Escalante empezó entonces un juicio de indemnización por daños y perjuicios que fue admitido en Cusco. Durante el proceso, PeruRail acreditó un robusto staff de 10 abogados, cuyos nombres quedaron registrados en una resolución judicial. María Escalante apenas podía costearse uno, y nunca llegó a confiar al 100% en quienes la asesoraron.
Hace dos años pasó por un peritaje psicológico ordenado por el juez, que determinó que estaba pasando por un cuadro de depresión. “Se encuentra en una situación de frustración puesto que también ha sido afectada a su familia, específicamente a su menor hijo, al cual le hicieron bullying porque le decían que su madre era una ladrona, así como a su esposo le condicionaron el contrato en la Universidad Andina (…) [Escalante] viene presentando un trastorno distímico”, se lee en el análisis de la perito psicológica Yulia Loaiza Manrique, el cual se menciona en una resolución del 2019.
Unos meses antes, en una resolución del 19 de junio, los peritos contables que solicitó el juzgado calcularon que le correspondería una indemnización de S/1.054.046. El brazo legal de la empresa, sin embargo, ha hecho que el proceso se alargue, según el abogado de Escalante.
“Estamos a la espera de que la jueza pueda emitir sentencia. Se ha demorado el proceso porque se han demorado en realizarse los peritajes y porque PeruRail ha tomado medidas dilatorias. Ha observado los peritajes psicológicos y contables. Desde que contestaron la demanda, presentaron varios abogados. Como si la empresa tuviera una política de intimidar a mi patrocinada”, dice el abogado Aarón Medina. Además de los abogados de la empresa, en este proceso PeruRail también recibió asesoría del prestigioso estudio Rodrigo, Elias y Medrano.
María Escalante Aragón: “Lo perdí todo gracias a la empresa Perú Rail”
Sindicato, no
Los líos judiciales de las empresas de López Aliaga se extienden a la cadena hotelera Belmond, donde es director desde 1999. Actualmente, y según información del Sindicato de Trabajadores del Hotel Monasterio del Cusco, al menos ocho exempleados buscan su reposición a través de juicios por despido arbitrario. Y hay contraofensiva: el sindicato mismo enfrenta un proceso que pretende disolverlo.
“El sindicato de trabajadores de Perú Belmond se crea el 2012, con un total de 60 personas. Lamentablemente empezó un proceso de amedrentamiento hacia los afiliados para que renuncien al sindicato y esto fue mermando la cantidad de asociados. Al no contar con el número mínimo, la empresa inició un proceso de disolución del sindicato. Pero en el tiempo que toma el trámite, logramos llegar a la cantidad necesaria de afiliados. A pesar de ello, el proceso judicial sigue hasta hoy”, explica a Sudaca Hernán Flores Siancas, secretario general del gremio.
Sus miembros tienen que arreglárselas para contratar un abogado que los defienda. Al otro lado del cuadrilátero, sin embargo, se sienta la crema y nata del litigio laboral cusqueño. “Los primeros años de negociación colectiva hablábamos solamente con el apoderado y el jefe de recursos humanos, pero hace algunos años contrataron a un bufete de abogados acá en Cusco: el estudio Salinas. Es, se podría decir, el estudio de abogados más caro de Cusco. Pagarle al estudio, pienso yo, es más caro que [pagar] los beneficios sindicales que conseguimos en las negociaciones colectivas”, apunta Flores, que nos atiende telefónicamente.
Rafael López Aliaga es un viejo conocido de los juzgados cusqueños. Su nombre figura en 17 carpetas fiscales, cuatro de ellas como imputado en casos de retención de remuneraciones, falso testimonio y corrupción de funcionarios. Todos estos casos, sin embargo, han sido archivados.
Arremetida sin sentido
A fines de febrero del 2017, cuando era columnista del diario Perú21, Luis Davelouis citó un extracto de una nota periodística publicada en ese mismo medio: “El buscapleitos de Castañeda”. La nota revelaba que Rafael López Aliaga había realizado 170 demandas ante la Fiscalía y el Poder Judicial. La autora colocó los descargos del ahora candidato de Renovación Popular. “Si usted publica algo de mí y de esas denuncias, yo la denuncio ante el Poder Judicial, al igual que ya tiene una denuncia por difamación su director”, consigna que le dijo.
Ese año, el director del periódico era Fritz Du Bois. “Yo me topé con el artículo, llamé a Fritz y le pregunté si podía usar esa cita. Me dijo que sí y que tenga cuidado con que [López Aliaga] me vaya a querellar como lo había querellado a él. Me lo dijo por teléfono”, recuerda Davelouis.
Su columna se tituló “Ley de medios y embudos” y contenía estas líneas: “Siendo director de este diario, Fritz Du Bois fue demandado por difamación por Rafael López Aliaga (sí, el «tío» de Butters que lamenta el recorte de la «libertad» de Phillip de insultar a quien le dé la gana). ¿Se imaginan que hubiesen botado a Fritz por la denuncia de alguien que utilizaba dicho mecanismo como amenaza?”.
López Aliaga entonces lo emplazó públicamente a rectificarse, negando que haya querellado al director del diario. Según dijo en su querella posterior, se le atribuía “ser una persona capaz de interponer una denuncia contra un periodista con la finalidad de amedrentarlo, lo que nunca ha realizado, y claramente perjudica su reputación”. Ello, incluso después de que el periodista se había rectificado.
“Finalmente me rectifiqué porque no encontré la demanda, pero igual me querelló. Era ridícula [la querella] porque yo no lo estaba difamando y ya me había rectificado. Si voy y le digo que es un ladrón y que me ha robado, entonces sí tengo que ir a demostrarlo. Pero estoy usando sus propias palabras”, dice el periodista. “A pesar de la exigencia de rectificación, el querellado no cumplió con hacerlo dentro del plazo establecido por la ley”, se justifica en la denuncia de López Aliaga.
El abogado de Davelouis, Julio Arbizu, recuerda que en todo el proceso tuvieron que enfrentar distintos asesores legales contratados por López Aliaga y que las notificaciones llegaban constantemente a su despacho. De acuerdo a Arbizu, los abogados de López Aliaga intentaron ingresar esa querella hasta en tres ocasiones, pero en todas fue rechazada. Arbizu pronto se dio cuenta de que estaban “ruleteando” la demanda. Es decir, intentando ingresarla de juzgado en juzgado hasta que alguien la admita. Eso terminó pasando hace un año.
El 18 de febrero del 2020, la Corte Suprema de Justicia de Lima admitió a trámite la querella. “No es que tú te puedas defender solito, tienes que contratar abogados. Es una situación estresante e incómoda. Hasta tres veces [se rechazó la querella] y se fueron a la Corte Suprema y, por una razón absolutamente extraña, dicen que todo vuelva a foja cero. O sea, me puede volver a querellar y seguimos cuatro años más en esto”, se queja Davelouis.
La columna de marzo del 2017 por la que Luis Davelouis fue querellado.
Competencia en el ferrocarril
Tampoco los empleados públicos se han librado de las arremetidas del candidato ultraconservador. A fines del 2009, López Aliaga denunció a una decena de funcionarios del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y del Ositran por haber modificado normativa para abrir la competencia en el ferrocarril turístico a Machu Picchu, que hasta entonces PeruRail operaba en forma exclusiva. El caso fue archivado por la fiscalía.
«RLA es el tipo de persona que usa y abusa del sistema judicial para intimidar funcionarios y personas que se oponen a sus objetivos. Sin importar si sus objetivos son o no correctos. Alguien que asume el sistema legal como un arma de coacción, puede ser muy peligroso en una posición de poder político”, escribe a este medio una de las personas demandadas por López Aliaga en aquella ocasión, quien pidió mantener su identidad en reserva precisamente por temor a represalias legales.
Una junta y los Panamá Papers
En abril del 2011, Lorenzo Souza Debarbieri había sido absuelto de un proceso por difamación en su contra iniciado por su socio, Rafael López Aliaga. En paralelo, la conocida guerra entre ambos empresarios tenía un capítulo oculto: el hoy candidato presidencial fue acusado de tomar el control de una empresa hotelera de manera fraudulenta.
En el 2011, Souza le dijo a la fiscalía que López Aliaga y su socio Edward Yabar Gutiérrez, ambos accionistas de la empresa Perú Hotel Monasterio, habían celebrado una Junta de Accionistas ilegal en donde se nombraron nuevos representantes en el directorio y se reasignaron funciones.
López Aliaga tenía una medida cautelar que lo nombraba administrador judicial de varias empresas, incluida Perú Monasterio, desde el 15 de octubre del 2008. Pero Souza había conseguido que dicha medida caduque el 26 de agosto del 2011. Aun así, en setiembre de ese año, un mes después, López Aliaga celebró la junta de accionistas, de acuerdo la demanda.
Ante la fiscalía, el hoy candidato señaló que la resolución que declaró la caducidad de la medida no tenía “calidad de firme” al momento de celebrarse la junta. “La defensa de este procesado ha sido en todo momento demostrar que los hechos atribuidos a su persona, entre ellos la convocatoria y celebración de la junta, los realizó dentro de los alcances de las medidas cautelares que le favorecían”, se lee en un oficio fiscal a la que accedió Sudaca.
La denuncia por falsedad genérica realizada por Loreno Souza de Barbieri contra sus socios Rafael López Aliaga y Edward Yabar consignada en un oficio de la 5° Fiscalía Superior Penal de Lima.
Desde el 2016, los abogados de López Aliaga intentaron tirarse abajo el caso. Sobre el mismo hecho, se abrieron tres carpetas fiscales. En la fiscalía que llevó la investigación, sin embargo, explican que en dos de estas el Ministerio Público se allanó a la prescripción del caso. “No es que se le haya declarado inocente, es que los delitos prescribieron y la fiscalía se allanó a eso. Es lo que sucedió con Alan García, por ejemplo”, dice una fuente de la 19° Fiscalía Penal de Lima.
Quisimos hablar con el candidato de Renovación Popular sobre las frecuentes incursiones de sus abogados en distintos juzgados, pero al cierre de esta edición no recibimos respuesta de su equipo de prensa. Tampoco contestaron el teléfono que consigna el candidato en su sitio oficial de Facebook. Su staff legal debe estar ocupado en el proceso por lavado de activos que se le sigue al postulante por el caso Panamá Papers. La semana pasada pidieron una “audiencia de control de plazos”, argumentando que el tiempo establecido para las investigaciones preliminares ya concluyó. Aunque buscaban que el caso se archive bajo esos supuestos, el Poder Judicial rechazó su pedido. Es la tercera vez que piden lo mismo. Queda claro que chamba no les falta.
Todo parecía ir bien al inicio. En 2006, la Caja Metropolitana de Lima lanzó al mercado un programa de créditos llamado Caja Gas, que ofrecía a los taxistas capitalinos la opción de convertir el sistema de sus autos de gasolina a gas natural vehicular (GNV). Con aires de celebración, la agencia Andina informó en julio del 2012 que se habían financiado 50 mil conversiones en los cinco años previos.
La Caja, sin embargo, acumuló pronto una cartera de créditos que sus clientes no pagaban a tiempo. La situación empeoró hasta el punto de que buena parte de la cartera quedó en “pérdida”, el peor de cinco niveles: con un atraso en el pago de los créditos por más de 120 días. Sin poder frenar la bola de nieve, surgió la necesidad de mejorar los estados financieros para no tener que admitir un naufragio ante la Superintendencia de Banca (SBS) y la opinión pública. Una necesidad que la Caja Metropolitana cubrió gracias al diseño de una operación financiera cuestionada y denunciada en su momento por la Oficina de Control Institucional (OCI) de la entidad.
Una de las empresas de Rafael López Aliaga figura entre los protagonistas de esta historia. Se trata de ACRES Titulizadora, una de las piedras angulares del grupo económico del candidato presidencial. En aquella época, los conflictos de interés y las contrataciones irregulares que ensombrecieron la operación se robaron el protagonismo en la cobertura del caso revelado por el programa Panorama. Hoy Sudaca coloca el foco en la responsabilidad de esa empresa, que fue la que diseñó la operación.
Pasando por caja
En junio de 2011 Acres Investments, el holding de negocios financieros de Rafael López Aliaga, agregó una empresa debajo de su paraguas: junto a su compañía ACRES Agente de Bolsa, creó ACRES Titulizadora. ¿Qué hace una titulizadora? Captar clientes que necesitan financiamiento, usualmente liquidez de dinero, y brindarles un mecanismo financiero para conseguirlo. Uno que no los obligue a ir a un banco a pedir un crédito.
Constitución de la titulizadora del grupo ACRES Investments. Fuente: SUNARP.
A fines de 2012, ACRES Sociedad Titulizadora no había concretado operación alguna para ningún cliente, se mantenía con cero kilómetros en el mercado. La millonaria operación con la Caja Metropolitana marcaría su punto de partida el 31 de diciembre. Uno, cuando menos, cuestionable.
Aquellos créditos que los taxistas no habían podido pagar constituían una cartera con la calificación de “pérdida”, según los criterios de la SBS. Esos créditos sumaban más de S/40 millones. El objetivo, por más extraño que parezca, era convertirlos en respaldo de un préstamo que alguien aceptase otorgar. La premisa era que en el futuro, los taxistas pagarían sus créditos y ese dinero, más intereses, iría a parar a manos del prestamista de acuerdo a un cronograma. A esta “técnica” se le conoce como “titulización”.
¿Cómo funciona? Imagina que deseas titulizar tu sueldo de S/1.000 de los próximos cinco meses. Un inversor o prestamista te da hoy S/4.500 a cambio. Esto porque has convertido en papeles o bonos el flujo futuro de tu sueldo de esos meses siguientes. Él ha adquirido esos bonos y será quien reciba los S/1.000 cada mes, obtendrá al final S/500 soles más de lo que te prestó, y esa será su ganancia. Como vemos, uno tituliza un flujo futuro de dinero que tiene un nivel de certeza de llegar. No uno con calificación de pérdida.
Pero, ¿qué confianza se puede depositar en una cartera nivel “pérdida”? ¿Qué posibilidades reales habría de que los taxistas pudieran cumplir ahora sí con sus cuotas impagas que se habían convertido en deuda impaga de S/ 40 millones? La sensatez dictaba que si el total de los créditos ascendía a esa cantidad, la Caja Metropolitana debía endeudarse por menos para poder devolver el préstamo.
Que alguien se atreviera a prestar los S/40 millones por una cartera de créditos en ese estado era algo fuera de toda lógica de mercado. “¿Quién acepta una transacción así, sabiendo que lo que voy a comprar es una cartera muerta?”, cuestiona el auditor especializado en riesgos Pedro Solís. “¿Quién te hace esa magia para vender una cartera muerta, que debería entrar a valor cero o depreciada, a S/40 millones?”, añade.
ACRES Titulizadora sabía que ningún inversionista aceptaría prestar los recursos con esas condiciones. Ante el riesgo de impago, colocó una primera garantía: “En caso la cobranza de la cartera no alcance para el pago completo de amortización e intereses, la Caja Metropolitana proveerá los recursos para el pago completo”. Y luego una última: a través de una fianza solidaria, la Municipalidad de Lima, única accionista de la Caja, se comprometía a asumir el deber del pago de la deuda. Con ello se logró la aprobación de la operación por parte de la SBS.
Al comprometer recursos públicos, más exactamente al municipio, se alcanzó un nivel de riesgo de impago (o desconfianza) casi nulo, como suele suceder cuando el Estado emite promesas de pago. Pero también se abría la posibilidad de perder recursos municipales o que la Caja tuviera que hacer malabares con sus débiles estados financieros.
¿Qué hizo la empresa de López Aliaga? Primero, eligió no ir al mercado de valores —donde las operaciones son públicas y cumplen exigencias de transparencia— a pedir prestado, sino buscar de manera privada a un inversionista o prestamista. La titulizadora se encargaría de generar un fideicomiso: una especie de caja de seguridad donde colocaría el respaldo del préstamo. En este caso, los S/40 millones con categoría de “pérdida” a partir de los cuales se emitirían las promesas de pago.
Finalmente, fue el banco estatal Cofide la entidad que compró la emisión de bonos completa, es decir, prestó los S/40 millones. La institución no quiso explicar a Sudacael porqué de esa decisión, pero es clara a la vista: lo que habría valido ante sus ojos fue el compromiso de la Caja y de la Municipalidad de Lima de inyectar recursos en último caso, que no debían estar destinados a asumir la deuda.
Contratación irregular
Por la estructuración de dicha operación y la colocación (venta) de los bonos, ACRES Titulizadora recibió un pago S/1.32 millones. Pero su elección no fue producto de un proceso competitivo real a ojos de la Contraloría General de la República. ¿Por qué?
Fuente: Video institucional de Acres Investments.
El sonriente ejecutivo al lado derecho del hoy candidato presidencial nos da la respuesta. Se trata de Andrés Muñoz Ramírez, entonces presidente del directorio de Acres Sociedad Titulizadora. Por sus vínculos amicales, Muñoz fue elegido a dedo por José Miguel Castro como asesor externo para que, entre otros contratos, evalúe las carteras de crédito de la Caja Metropolitana e idee una salida para su situación financiera. Hoy Castro es investigado por haber recibido y distribuido presuntos sobornos de OAS y Odebrecht a políticos cercanos a la administración de Susana Villarán. Años atrás Muñoz Ramírez había sido jefe de José Miguel Castro en Interbank.
«La factura de dicha empresa [ACRES Sociedad Titulizadora] fue girada y recibida antes de la realización del estudio del mercado, antes de la evaluación de las propuestas y antes de la suscripción del contrato», declaró el entonces Contralor General de la República Fuad Khoury al presentar los hallazgos de su investigación sobre dicha titulización.
«La Caja Metropolitana evaluó y contrató irregularmente a la empresa ACRES Sociedad Titulizadora. El costo adicional pagado a ACRES por la Caja Metropolitana, al no elegir las propuestas más económicas, asciende a la suma de 416 mil soles», agregó.
“Claramente es una operación triangulada para beneficio propio y no para beneficio de la entidad pública (…). Es una operación fraudulenta y corrupta”, explica Pedro Solís, auditor especializado en riesgos.
Uno de los hallazgos de la Oficina de Control Intstitucional de la Caja Metropolitana presente en su Informe especial Nro. 01-2014-CMCPL/OCI.
“¿Qué hiciste en el fondo con la operación?”, cuestiona otro especialista financiero, y explica: “En lugar de decir: ‘Tengo un hueco de S/40 millones por malas deudas» y declararlo como pérdida hoy día, (…) lo que hice fue fraccionar [de acuerdo al cronograma de pago de los bonos], estirar una pérdida para no declararla de un solo golpe. (…) No es ilegal, pero es tramposo, engañoso”.
Finalmente, ¿cómo pagó la Caja Metropolitana su deuda? Cofide señaló a Sudaca que “dicha operación fue cancelada en su totalidad y según lo establecido en el respectivo cronograma, entre los años 2013 y 2016”. Aunque no quiso agregar mayores detalles, Acres Sociedad Titulizadora sí lo hizo. Precisó que solo el 40% del préstamo se pagó con los activos titulizados, es decir con la cartera nivel “pérdida”: menos de la mitad de lo esperable. El 60% restante no salió finalmente de la Municipalidad de Lima, pero sí de otros flujos o recursos de la Caja Metropolitana, cuya dueña es la municipalidad. Se confirmó, entonces, lo obvio: la cartera no valía los S/40 millones pagados por Cofide.
Con la operación todos salían ganando, menos la administración pública. Cofide no perdió. Al contrario, ganó más de S/8 millones en intereses, según el informe de la Oficina de Control Institucional de la Caja Metropolitana. ACRES Titulizadora generó su primera operación y ganó más de un millón de soles de comisión. Muñoz, entonces presidente del directorio de ACRES, ganó honorarios además como consultor financiero externo de la Caja Metropolitana.
Sudaca contactó al candidato López Aliaga, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvimos respuesta suya ni de su equipo de prensa.
De centro educativo a local de campaña política de Renovación Popular. La antigua casona de dos pisos del jirón Costa Rica N°157, en Jesús María, se ha convertido, desde diciembre del año pasado, en el local partidario del candidato presidencial Rafael López Aliaga. Antes de esa fecha, en ese inmueble funcionaba la Escuela de Formación y Perfeccionamiento Directivo, más conocida como CAME, que es parte de los negocios educativos “sin fines de lucro” de Rafael López Aliaga.
CAME es una de las instituciones educativas de la Promotora de Educación y Cultura (PRODEC), asociación presidida por el candidato celeste que también administra a los colegios Los Álamos y Montealto, y al nido Los Alamitos. Todos están vinculados al Opus Dei. Si bien en el transcurso de los años la escuela ha brindado cursos de posgrado universitario, específicamente de “formación integral de ejecutivos intermedios”, sus instalaciones también han sido frecuentemente utilizadas por los alumnos del colegio Los Álamos, ubicado a escasos metros del inmueble, para realizar actividades educativas.
El año 2018, por ejemplo, el auditorio de CAME fue uno de los escenarios donde los estudiantes del colegio Los Álamos compitieron con escolares de otros centros educativos en el conocido Torneo de Debate Interescolar “Exprésate”, según información que ha quedado registrada en Facebook. Hoy las cosas han cambiado en este inmueble de 526 metros cuadrados.
La casona donde queda el local de campaña de Renovación Popular es un lugar estratégico para López Aliaga. Está ubicado frente a la parte trasera del colegio Los Álamos y, además, está en la misma cuadra del nido Los Alamitos (Infografía: Leyla López).
El color gris de su fachada ha sido reemplazado por el celeste de Renovación Popular. El inmueble fue utilizado para la presentación de su plancha presidencial el pasado 22 de diciembre. En el balcón del segundo piso, López Aliaga dio a conocer a los candidatos a la primera y segunda vicepresidencia, Neldy Mendoza y Jorge Montoya. El evento fue transmitido en vivo y en directo por varios medios de comunicación.
Prodec fue creada como una asociación sin fines de lucro, según su partida de Registros Públicos, el 6 de noviembre de 1990, con David Kuoman Saavedra como presidente. En estas elecciones, Kuoman postula al Congreso por Renovación Popular. Según información proporcionada al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), se trata de un millonario empresario dueño de 27 inmuebles que juntos suman más de S/300 millones.
En 1991, Prodec adquirió el inmueble de marras situado en Jesús María. Al año siguiente, la asociación educativa compró otra casona que está ubicada a menos de 100 metros, en el jirón Estados Unidos N° 721, N° 727 y N° 731. Desde esa fecha, allí funciona el colegio Los Álamos. Rafael López Aliaga pasó a ocupar el cargo de presidente de Prodec en 1994, el cual ocupa, según Registros Públicos y su propio testimonio, hasta la actualidad.
¿Qué dice la normativa electoral? El abogado José Manuel Villalobos, señala a Sudaca que, según el artículo 30 de la Ley de Organizaciones Políticas, las personas jurídicas con o sin fines de lucro “no pueden” realizar aportes de campaña o realizar donaciones de inmuebles a organizaciones políticas. Lo que sí podría ocurrir, explicó, es que haya un contrato privado de alquiler entre una asociación sin fines de lucro –en este caso, Prodec– y una organización política – es decir, Renovación Popular–. Según Villalobos, si existiera este contrato, tendría que haberlo comunicado a la ONPE en el primer informe del mes de marzo. En los reportes de la ONPE, sin embargo, no hay rastro de que esto haya sido así. El experto apunta que aún tendría tiempo de hacerlo en el segundo informe que se realiza a mitad de año. De lo contrario, puede ser sancionado
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Asociación contra el Covid
Lo cierto es que el candidato presidencial ha utilizado su poderoso imperio educativo al servicio de su campaña. Frente al CAME, en el jirón Costa Rica N°160, por ejemplo, existe un predio que ha sido empleado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú, una asociación sin fines de lucro dirigida por militantes de Renovación Popular y que tiene el objetivo, según ellos, de “asistir a las personas naturales y jurídicas, sin discriminación, que estén siendo o hayan sido afectadas por el Covid”.
Otro local que también es administrado por Prodec, en el que hasta hace dos años funcionó el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional), está ubicado en el jirón Costa Rica N°160 y ha sido usado para inscribir, en Registros Públicos, la asociación Ava Covid-Perú. Los postulantes al Congreso por Renovación Popular, los esposos Katty Cachay y Yorry Warthon, poseen los cargos de presidenta y vicepresidente. López Aliaga es vocal (Fotocomposición: Leyla López).
Sudaca no encontró que este inmueble esté a nombre de Prodec, pero la asociación sí se encarga del pago de los arbitrios y los impuestos prediales de dicho inmueble incluso hasta este año, según información de la Municipalidad de Jesús María. En los registros de gastos ante la ONPE, además, López Aliaga ha colocado esta dirección como un domicilio suyo de referencia. Hasta hace dos años, en ese local funcionaba el Instituto Solidaridad (cuando el partido se llamaba Solidaridad Nacional). Allí dictaban cursos de capacitación y gestión política. La casa ha sido derrumbada y las obras de construcción están paralizadas.
Según la partida de la organización inscrita en Registros Públicos, Ava Covid fue fundada el 17 de septiembre de 2020, en pleno ambiente preelectoral. La abogada Katty Cachay, candidata al Congreso por Renovación Popular, es presidenta de la asociación. Cachay se hizo conocida mediáticamente por haber defendido a la ‘exchica reality’ Macarena Vélez en un escándalo del mundo de la farándula.
Su esposo, Yorry Warthon (33), figura además como vicepresidente de Ava Covid. Al igual que Katty Cachay, estudió Derecho en la Universidad de Lima y postula al Parlamento con el mismo partido. Ambos personajes son muy cercanos a López Aliaga. Completan el directorio el tesorero de la asociación, Fernando Sandoval Ruiz, quien ha pertenecido a Solidaridad Nacional, y Diana Ángela Masamoto Rivas, quien es personera legal de Renovación Popular.
El año pasado, Prodec, que ahora utiliza sus propiedades al servicio de la campaña política de su presidente, recibió S/1.535.159 de préstamo garantizado de salvataje del programa Reactiva Perú. López Aliaga aseguró, en el programa Punto Final del pasado 21 de marzo, que recibió ese dinero del gobierno para pagar los sueldos de los profesores de sus colegios, pese a que había sido un duro crítico de dicha medida económica. “Para pagar a los profesores, una asociación civil sin fines de lucro, para no despedir a nadie, pido un Reactiva, pues”, justificó el candidato.
El empresario, que ha creado, desde el año 1989 hasta la fecha, 60 empresas y ocho asociaciones, dijo a la conductora Mónica Delta que, para postular a la Presidencia, había renunciado a todos los cargos de sus empresas, desde antes del inicio de la campaña, pero precisó que seguía vinculado “en una de ellas”. Según reportes de Reactiva Perú, nueve empresas de Rafael López Aliaga recibieron S/24 millones del programa Reactiva, entre ellas estaba Prodec.
Entre las ocho asociaciones que integra López Aliaga, la Asociación Peruana de Caballeros de Malta es una de ellas. Se trata de una organización religiosa en la que posee el cargo de consejero. El expremier del gobierno transitorio de Manuel Merino, Ántero Flores Aráoz, también es parte de ella. (Foto: Diario Expreso ).
No es la primera vez que un político utiliza recursos o una propiedad educativa para operar toda su maquinaria política. El año 2015, el programa “Mira Quién Habla” descubrió que dos vehículos de la Universidad César Vallejo, de propiedad de César Acuña, fueron usados para transportar personas a un mitin de dicho candidato presidencial. Reveló, además, que en la sede de Los Olivos, se colocaron gigantografías con el candidato presidencial de Alianza Para el Progreso.
En ese mismo año, durante la campaña electoral, diversos medios informaron también que el entonces candidato presidencial del Apra, Alan García, usaba su oficina en el Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres (USMP), donde ocupaba el cargo de director, para realizar reuniones de los miembros de la Dirección Nacional de su partido.
Sudaca envió un cuestionario al candidato presidencial Rafael López Aliaga, sobre los hechos desarrollados en este artículo, pero no nos respondió.
(*) Fotocomposición de portada: Leyla López
Imagen del local de campaña del partido Renovación Popular, ubicado en una casona del jirón Costa Rica N°157, que es de propiedad de Prodec. Hasta el año pasaso, allí funcionaba CAME. Se trata de un inmueble que era muy frecuentado por los alumnos del colegio Los Álamos. En ese local, se realizaban diversas actividades, como el conocido torneo de debates «Exprésate».
Subleva el reciente informe publicado en el diario Gestión, elaborado por la organización Más Igualdad, que muestra cómo buena parte del talento académico, profesional, científico y artístico del país ha debido migrar y labrar su futuro en el extranjero por ser parte de la comunidad LGTBQ y ser rechazado o discriminado en el Perú.
La lucha por la tolerancia a la diversa variedad de géneros es una batalla liberal por excelencia. El erotismo humano -felizmente liberado de las ataduras biológicas del instinto animal- permite una explosión de variantes sexuales, perfectamente normales y, por ende, merecedoras de un trato constitucional igualitario.
Es en las sociedades capitalistas liberales, modernas e inclusivas, que existe mayor tolerancia. Sucede como con el arte contemporáneo o el feminismo, que florecen en sociedades de ese tipo (por más que paradójicamente haya artistas o feministas que crean que su lucha pasa por ser anticapitalista). La tolerancia a la múltiple orientación sexual que alberga el ser humano es, por ello, una batalla que debe ir a la par de la conquista de las libertades políticas y económicas.
Evitar la discriminación pasa, entre otros factores, por insistir en que se disponga de estrategias educativas de género no solo en las escuelas, también en las universidades, institutos tecnológicos, escuelas de formación policial y cuarteles, ambientes laborales, academia de la magistratura, escuela diplomática, etc.
Preocupa por ello que en la elección política que estamos a punto de tener haya candidatos que abiertamente señalen que se van a tumbar lo poco que se ha avanzado en materia de políticas de género. Entre ellos, el oscurantista López Aliaga, faltaba más. O que el puntero de las encuestas, Yonhy Lescano, manifieste también posiciones conservadoras. O que Keiko Fujimori (en esto no parece acordarse de lo que fue el fujimorismo de los 90), mire de costado cuando se trata de hablar de derechos sexuales y reproductivos. Y ni qué decir de agrupaciones como el Frepap, abiertamente antimodernas y antiliberales, y que amenaza con colocar una bancada congresal numerosa.
Una de las luchas liberales más importantes a librar en el futuro es ésta. No sólo afianzar la democracia, extender y profundizar la economía de mercado, o establecer un shock de inversiones privadas. También, asentar las libertades civiles y la tolerancia -amparada legalmente- a todo tipo de identidad de género.
El jueves pasado Rafael López Aliaga anunció una alianza con los reservistas de Virgilio Acuña, ¿qué dicen este tipo de acciones de él?
Inicialmente pensaría que se trata de un movimiento desesperado por ampliar su base electoral, que tal vez podría responder a un cálculo político, pero un cálculo político sin ningún fin ideológico más que el de ganar las elecciones y después deshacerse de ellos. Lo que estamos conociendo de López Aliaga es que utiliza a la gente y los medios que sean necesarios para conseguir los objetivos que se propone. También pienso que este señor tiene un problema psicológico, porque es una persona que miente con mucha facilidad, es un tipo que desvaría. Sacó eso, luego se arrepintió e intentó aclararlo. Tiene una especie de campaña permanente de fake news todo el tiempo y uno ya no sabe qué creerle.
Yonhy Lescano parece ser el favorito para ocupar el sillón presidencial, ¿qué nos esperaría de un candidato que no tiene un plan de gobierno claro, que solo tiene “lineamientos”, como él mismo confesó en RPP?
Llama la atención que el candidato que está primero en las encuestas sea un candidato que no ha desarrollado tantas propuestas en el plan de gobierno. Recordemos que en el caso de Acción Popular hubo unas elecciones primarias. Seguramente esperaron a tener los resultados de quién iba a ser el candidato presidencial para ponerse a trabajar en el plan de gobierno, lo que refleja poca organización institucional, sin embargo creo que es importante que el partido reconozca que el plan de gobierno que presentó al JNE no es el completo y que se encuentran trabajando en ello. Lo ideal hubiese sido que lo presentaran en el momento correcto, según el cronograma electoral.
En ese caso, ¿es un partido improvisado?
Claro. Lo que pasa es que esta situación refleja el poco fortalecimiento institucional que tienen los partidos políticos en general. En este caso particular, pese a que es el partido más antiguo, es interesante ver que el tiempo de vida del partido no importa, sino la solidez institucional que puedan tener.
Solidez que parecen no tener. Hoy Acción Popular tiene una bancada con agenda propia y cuyo rostro más visible es Manuel Merino, con quien Lescano ha deslindado en público. ¿Podemos tener un presidente a quien su bancada le dé la espalda en los próximos cinco años?
Sí. Es complicado si es que Lescano es elegido presidente porque, por un lado, es muy probable que no gobierne con mayoría en el Congreso y, además, tenemos que identificar que existen ciertos problemas internos en el partido de Acción Popular. Esto podría generar que algunos candidatos actuales al congreso no necesariamente avalen o apoyen a Lescano de ser elegido presidente.
Acción Popular tiene las preferencias congresales, ¿por qué cree que la crisis política de la que fueron protagonistas no los ha afectado?
Pese a que acabo de decir que es un partido que no tiene solidez institucional, lo cierto es que sí están bien organizados en regiones. Esto hace que la ciudadanía los identifique, con el tiempo, como un partido serio. La gente todavía recuerda las acciones de Belaúnde. La marca de Acción Popular está muy presente a nivel nacional, por eso es que suele tener una intención de voto mayor.
Pasemos a otro candidato. Según las últimas encuestas, las posibilidades de que Rafael López Aliaga pase a segunda vuelta aumentan. ¿Qué cosas considera usted que se ponen en riesgo con esta candidatura?
Su discurso ha estado ligado a un electorado bastante conservador. Se ha visto públicamente cómo algunas de sus candidatas han denigrado a la mujer o al rol que la mujer debe tener en la sociedad, lo cual preocupa porque estamos en un tiempo donde justamente lo que se trata es de cerrar las desigualdades entre hombres y mujeres. A esto se le suman algunas actitudes que no respetan la libertad de las personas pese a que ellos mismos se autodenominan como un partido liberal. Al final, Renovación Popular termina siendo bastante conservador y se contradice con los principios liberales que ellos sostienen.
De llegar a ser presidente, ¿el retorno a la edad media sería inminente o qué fuerzas se esperaría que pudiesen detenerlo?
No sé si estoy siendo optimista, pero no creo que vayamos a regresar a la edad media -como quizás alguna vez yo misma lo comenté en el podcast “Debate” de Sudaca- porque tenemos una ciudadanía cada vez más organizada que tiene una mayor incidencia pública. Sí creo que va a haber un retroceso en políticas vinculadas a la identidad de género y al acceso a salud sexual y reproductiva, pero también creo que va a haber un posicionamiento de las organizaciones sociales, quienes van a tener un rol bastante protagónico para contrarrestar estos vacíos en la agenda pública en un eventual gobierno de López Aliaga.
Últimamente se le ha cuestionado aspectos de su vida privada, ¿esto podría aumentar sus votaciones entre el sector más conservador o, por el contrario, podría hacerlo caer en las encuestas?
Estos temas privados que ha comentado, como el castigo al cuerpo que realiza para controlar ciertos deseos sexuales, lejos de indignar al electorado, creo que más bien lo que hacen es ponerlo como…
¿Como un santo?
Sí. López Aliaga identifica quién es su público objetivo y lo que hace es fortalecer la conexión con ellos. Al sostener que es una persona que castiga su cuerpo y su decisión de ser célibe se posiciona como una persona santa desde la perspectiva conservadora. Algo propio de lo que hicieron muchos santos en la edad media y en la edad moderna. Esto podría identificarlo falsamente como una persona honesta, íntegra, cuando en realidad la fe no tiene nada que ver con la capacidad de ser corrupto o no.
Un candidato que ha sorprendido es George Forsyth, quien parece haber detenido su caída en las encuestas, ¿a qué se debe esto?
El freno de su caída podría indicar que cierto electorado ubicado más al centro, centro derecha, estaría optando por este candidato, en vez de otros que estarían representando esa misma posición política. Es el gran espectro centro, centro derecha, como Julio Guzmán, Keiko Fujimori o Hernando de Soto.
¿El freno de su caída tiene que ver con su cambio de estrategia? Antes optaba por no dar entrevistas y ahora se ha vuelto más confrontacional…
No creo que sea por eso, porque yo siempre lo he visto en medios. Creo que simplemente los electores lo están empezando a ver como una opción porque la campaña se prende recién. En realidad, la campaña suele empezar un mes antes de las elecciones, recién estamos empezando a ver datos que podrían darnos ciertas luces.
A pesar de ser el rostro más visible de la izquierda, Mendoza parece que va en picada. ¿La considera una candidata radical?
Verónika no ha sido consciente de la situación en la que estamos. Ella ha insistido mucho en una agenda que pegó muchísimo en la época de las marchas de noviembre cuando se pedía una nueva Constitución, pero luego esto se ha ido bajando y las demandas ahora son otras. Debería conectar con esas demandas actuales que tiene la ciudadanía y tratar, sobre todo, de concertar con ciertos aliados. Creo que su partido ha golpeado muchísimo a otros partidos políticos que, en un escenario de segunda vuelta, la podrían apoyar. Ha buscado mucha confrontación, ha tratado de ser radical en muchas cosas, pero no ha escogido estratégicamente a sus enemigos.
Hablando de sus enemigos, el que asoma en las encuestas es Pedro Castillo, un ala de la izquierda que ve con recelo la figura de Verónika. ¿Cómo podría ella convencer al bolsón de electores que están apoyando a Castillo?
Mendoza no debería mirar para ese lado porque es un bolsón de electores bastante radical que hoy estaría disputándose con Yonhy Lescano. Creo que más bien debería apostar por conquistar, por ejemplo, a aquellas personas que estaban con Julio Guzmán y que, al ver que hoy está con una baja intención de voto, buscan otra elección. Tiene que conquistar también a ese gran bolsón de casi 30% de electores que no sabe por quién votar y que aún no han definido su voto.
Al que parece habérsele apagado la llama es a Julio Guzmán, quien baja cada vez más en las encuestas hasta casi desaparecer. ¿Le parece una buena estrategia que haya desplegado su artillería contra Rafael López Aliaga?
Es importante que se le vea más activo y que con un mayor ímpetu que antes. Antes parecía ser un candidato que quería caer bien a todos pero que no terminaba de cuajar con nadie. Al enfrentarse a López Aliaga y señalar las discrepancias que tiene con él, ya tenemos a un Julio Guzmán que está empezando a marcar posición, que es lo que le gusta más a los electores: un candidato que marque postura, que no es lo mismo que un candidato radical.
¿Cree que Guzmán tenga chance de llegar a segunda vuelta o el Partido Morado debería ir pensando en el 2026?
Si nos limitamos en las proyecciones estadísticas, creo que Guzmán no tiene posibilidad. Sin embargo, el análisis político no necesariamente va de la mano con una probabilidad estadística, sino que hay otras variables que, en un plazo de dos semanas o inclusive una semana antes de las elecciones, harán que el escenario cambie de manera radical. Recordemos a Lourdes Flores Nano con su frase de “métanse la alcaldia al poto», lo que hizo que bajara muchísimo en las encuestas en el último tramo. O a un Jorge Muñoz que en las últimas semanas no pasaba del 5% de la intención de voto y que después del debate empezó a crecer. Estamos en el país donde cualquier cosa puede pasar.
Por último, ¿qué nos espera los próximos cinco años? ¿La esperanza o la resignación?
Creo que lo último que debemos perder los peruanos es la esperanza, y en realidad es lo último que perdemos. Sin embargo, a veces tenemos un exceso de esperanza y eso hace que terminemos confiando demasiado en los políticos que ponemos en el cargo. Hoy más que nunca debemos tener cuidado con quienes elegimos, no solo como presidente, sino también dentro de los sillones congresales. Debemos de tomar en cuenta que estas personas que tienen una linda sonrisa o hacen un baile simpático en Tik Tok, deben tener, primero, propuestas serias y, segundo, que sean personas que no estén vinculadas a algún «anticucho».
