Las gestiones mediocres de Dina Boluarte en el Ejecutivo y de Rafael López Aliaga en la municipalidad de Lima, están socavando los activos que la derecha debería capitalizar para el 2026, ante el desprestigio de la izquierda por su labor de comparsa del calamitoso régimen de Pedro Castillo.
Es claro que los conceptos de izquierda y derecha pueden ser diáfanos para un analista político o un politólogo, pero son imprecisos y difusos para el ciudadano común, y en esa medida, las encuestas que miden ello deben ser tomadas con pinzas, pero es una constante, en todas las encuestas, que la mayoría del país se define de centro, seguido de la derecha y muy por detrás de la izquierda.
Hoy, la situación sociopolítica del país se debería mostrar propicia para un candidato de derecha o de centroderecha. Según todas las mediciones de la opinión pública, el principal problema nacional es el de la delincuencia, y en esa dimensión, la derecha brilla por una imagen de mayor eficacia respecto de la izquierda, a la que, más bien, se la ubica más cerca del desorden y del caos.
Los candidatos que lo sepan aprovechar capitalizarán votos. No deja de ser llamativo, sin embargo, que ninguno del proscenio oficial de líderes de este sector del espectro ideológico diga algo al respecto. Carlos Álvarez, con mayor perspicacia que los políticos profesionales, ha hecho del tema su caballito de batalla para ingresar a la arena política (aún no se sabe si electoral).
Lamentablemente, un gobierno al que la población identifica como de derecha, sobre todo por su pacto con este sector en el Congreso y la aquiescencia del sector empresarial a su favor, no sabe qué hacer al respecto, y una gestión edil que prometió el oro y el moro en materia de seguridad ciudadana y no está haciendo nada, mellan esa imagen proseguridad que la derecha cuenta entre sus activos naturales.
La torpeza de la derecha le está abriendo el camino, no a la izquierda, sino a algo peor, a un antiestablishment impredecible y altamente riesgoso, por las consecuencias sociales, políticas y económicas que podría tener dicho desenlace de plasmarse en la próxima contienda electoral.
[INFORMES] Desde nuestra última notificación al alcalde de Lima, Rafael López-Aliaga, sobre su responsabilidad con los extrabajadores, lamentablemente hasta ahora, no se ha hecho cargo de los pagos pendientes. El ambiente que intenta transmitir el actual burgomaestre es de incertidumbre y de promesas que se justifican en ataques contra supuestos que no existen.
Según algunas declaraciones que recibimos, los ex servidores públicos intentaron buscar respuestas, pero la respuesta de las autoridades los dejaron atónitos. “La MML viene utilizando como excusa para no pagar los beneficios laborales el argumento de que los extrabajadores eran fantasmas, amigotes o corruptos”, manifestaron.
Durante este lapso los extrabajadaores se intentaron comunicar mediante cartas con algunos representantes (presidentes del Organismo Público Descentralizado “OPDs”, secretarios generales, gerentes) pero no han tenido respuesta a ninguna de ellas. “Tu pides hablar con el secretario general y no te dan cita; con el presidente del SERPAR (Luis Molina), menos”, recalcan ex trabajadores de esa OPD ; lamentando la odisea que tienen que vivir para buscar alguna solución con respecto a la deuda que tienen con ellos.
“Se excusan en que no tienen plata”. Pudimos reflexionar sobre las carencias que vive actualmente el SERPAR LIMA y es que, lamentablemente, la institución necesita del aporte de la MML para poder cubrir su presupuesto anual de casi 100 millones de soles ; aporte que al parecer, a la fecha, no llega.
UNA DE LAS CARTAS REMITIDAS AL SECRETARIO GENERAL
Ahora bien, la ley establece que los beneficios laborales deben pagarse dentro de las 48 horas posteriores al cese, pero han pasado más de 10 meses sin que se realice el pago.
En conversacion con SUDACA, extrabajadores manifiestaron que a la MML no le importa cumplir con la ley y han despedido a todos los trabajadores CAS de la Procuraduría, a pesar de que uno de ellos tiene una orden judicial de reposición. El colmo de los colmos, también mencionan que en Recursos Humanos les han dicho abiertamente que no acatan las resoluciones del Poder Judicial.
Analizando este panorama, hemos visto las críticas del Dr. Domingo García Belaunde hacia la gestión de la MML, calificando al alcalde como «errático» y señalando que el manejo de los peajes es un desastre. Además, menciona DGB , la MML no ha realizado los pagos adeudados a extrabajadores .Los envían a la vía judicial para dilatar el proceso y no respetar los fallos. Pareciera que el burgomaestre lo único que quiere es “pasear” a los extrabajadores mientras su gestión sigue en marcha.
A lo anteriormente expuesto se le suma otro gran problema : La situación en elAlbergue María Aráoz, ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo, es caótica. Se han despedido a personal de enfermería y técnicos que tenían años trabajando como CAS. Además, se ha denunciado la falta de suministros de aseo, medicamentos y atención adecuada a los adultos mayores. También se ha cuestionado el destino de las donaciones y apoyos que llegan al albergue.
Esto es solo una parte del problema que está perjudicando a los adultos mayores de la comuna limeña. Sin embargo, este problema lo veremos con mas detenimiento en un proximo informe de Sudaca.
En resumen; siguen los maltratos hacia personas por parte del gobierno municipal del alcalde de Renovación Popular López-Aliaga, mientras se enorgullece por su nuevo Parque de las Leyendas 2 (Huachipa). Pareciera que la dilatación, silencio y actos judiciales resume las preguntas que nos hacemos.
[ENTREVISTAS] ¿Cuándo empezaron a funcionar las ollas comunes?
Estamos desde 2020. La primera olla se creó el 23 de marzo en Villa Torre Blanca y existimos como red desde el 20 de junio del 2020. El sentido de la olla común es luchar por las personas que no tenían recursos para comprar. Nosotras hemos estado en primera línea como las enfermeras.
¿Cuántas ollas comunes existen actualmente?
A nivel nacional existen 3500 ollas y en Lima Metropolitana hay 2555. Pero de ahí han ido bajando y ahora hay 2140 ollas comunes sin contar las de Callao.
¿Por qué el alcalde Rafael López Aliaga no reconoce su rol como representante de las ollas comunes de Lima?
Hay un fin político. Trata de tapar su incapacidad y no reconoce los errores que está cometiendo. A nosotros, en el mes de julio del 2023, la señorita Isabel Ayala fue a los distritos con una lista de los productos que supuestamente era para transferir el gasto a Lima. Pensamos que iban a venir todos los productos, pero a fines de agosto no trajeron caballa, sangrecita, avena y leche. Para septiembre nos llegó la avena, pero en esta tercera entrega no trajeron arroz ni leche. Además, nosotros no tenemos contacto con ella (Isabel Ayala), nos enteramos de lo que falta el día que vamos a recoger.
¿Considera desproporcionada la reacción de la Municipalidad de Lima tras la emisión del reportaje de Latina?
Mis compañeras que han declarado han dicho la verdad. No tenemos que retractarnos. Nosotros sabemos la realidad. Ayala nunca quiso que nos reunamos con el alcalde.
Cuando era candidato, Rafael López Aliaga se refirió en un sinnúmero de oportunidades al programa Hambre Cero, ¿se reunió con ustedes para conocer su realidad y cómo se podría gestionar esta iniciativa?
Nunca. No me he reunido con ningún candidato. Además, nosotras tenemos como consigna que no íbamos a ser el portal de ningún partido político. Encima en los productos que llegan ahora están las etiquetas de Rafael López Aliaga y el logo de su partido. Pero ahora están tergiversando las reuniones que hemos tenido. Hay fotos con Pedro Castillo, pero fue porque asistió a un lanzamiento en Huaycán del trabajo mancomunado que hacíamos con Produce para el programa “A comer pescado”.
Recientemente el alcalde López Aliaga señaló en una entrevista que no habían entregado las conservas debido a que había escasez, ¿cree en esta excusa?
Si había escasez no nos hubiera entregado el MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Qué casualidad que justo cuando asume el señor López Aliaga hay escasez mientras que sí sigue llegando a provincias mediante el MIDIS.
¿Cuál era la razón por la que el alcalde no se podía reunir con ustedes?
Decían que nosotros no representamos a las ollas, que tenemos casas en La Molina, etc. No sé cuál es su afán por hacernos quedar mal y minimizarnos. Pero sabemos cuántas ollas representamos y a cuántas familias se benefician. Esta señora Jennifer Jimenez que ha ido hoy a Latina a protestar sólo es presidenta de una parte de las ollas comunes de San Juan de Miraflores y su esposo trabaja en la Municipalidad de Lima, y Luz Solórzano creo que no llega ni a cien ollas en su distrito (Villa María del Triunfo), que tiene más de cuatrocientas ollas comunes.
Entonces, ¿el reconocimiento que hizo la Municipalidad de Lima no fue a las personas que están a cargo de las ollas comunes de Lima?
No, sólo son de dos distritos. Pero algunas compañeras nos pasaron comunicados que enviaron desde Lima para pedirles que convoquen por cada olla común diez representantes y envíen su lista para que les manden carro. Cosas que hacen para jalar gente.
¿La protesta de la mañana del miércoles en los exteriores de Latina fue fabricada por la Municipalidad de Lima?
Les ponen carros y pasajes. Nosotros no tenemos interés de ser candidatos o llegar a algún puesto. Nuestro interés es que nuestra comunidad no muera de hambre y nuestros niños no tengan anemia ni desnutrición.
Personas de la gestión de López Aliaga le mandaron una carta notarial en el mes de abril, ¿a qué se debía?
Porque exigíamos la reunión con López Aliaga cuando pasaron sus cien primeros días y no nos podíamos reunir. Entonces, como nos reuníamos con Isabel Ayala, ella nos dijo “¿por qué desconoces si nos estamos reuniendo? Tienes que retractarte”. Yo le dije que nos reunimos con ella que es funcionaria, pero queríamos con reunirnos con el alcalde que es la cabeza y entonces nos dijo que si no me retractaba me iba a mandar carta notarial.
[INFORMES]“Trabajé para el Servicios de Parques de Lima (SERPAR) tres años y nueve meses. Van 8 meses de la gestión de Rafael Lopez Aliaga y no pagan los beneficios laborales a sus extrabajadores, que somos muchos”, menciona uno de los extrabajadores del SERPAR para Sudaca.
Este es uno de los tantos martirios que viven diferentes funcionarios públicos cesados cuando existe inestabilidad en las gestiones que lideran las diferentes entidades del país . “Yo ingresé con la gestión Muñoz y trabajé hasta su abrupta salida de la Municipalidad”, mencionó mientras recordaba que al ingresar Romero a la alcaldía fue cesado en octubre del 2022, logrando en noviembre de ese año la resolución de reconocimiento de la deuda laboral.
No es novedad que, el 25 de abril del 2022, la comuna limeña despertó con la vacancia de Jorge Muñoz como burgomaestre de Lima Metropolitana. La Resolución Nº 0447-2022-JNE daba fin a la gestión del burgomaestre de Acción Popular; lamentablemente, este accionar trajo como consecuencia los vacíos e incertidumbre de los trabajadores de la Municipalidad de Lima, entre ellos: los trabajadores del SERPAR.
Resolución que daba por terminada la gestión de Jorge Muñoz como alcalde de Lima Metropolitana
“Le hice la guardia al entonces Secretario General, y creo que ante tanta insistencia me recibió y dijo: “ Mira, no hay orden de pagar pero te voy a escuchar”.Me escuchó y le explique un tema complejo de salud familiar por el que atravesaba y de la urgencia de contar con esos fondos ” ( la ley obliga al empleador a pagarlos en un máximo de 48 horas de producido el cese), recuerda el ex trabajador cuando se reunió con el ex Secretario General para tratar el tema de sus beneficios laborales adeudados. Para su fortuna, decidió pagarle la tercera parte de la deuda el 23 de diciembre del 2022.
Cuando conversamos con el extrabajador nos comentó que en la actual gestión han intentado buscar respuestas de los actuales directivos y funcionarios, sin mayor éxito. “En lo personal tengo dos cartas que emití en enero de este año al presidente del SERPAR, Luis Molina, y también al Secretario General de turno (van tres en la actual gestión)”, recuerda.
“Los ex trabajadores no hemos tenido respuesta a ninguna de las cartas remitidas tanto al Presidente del SERPAR (Luis Molina ) cómo a los Secretarios Generales de turno. Tu pides hablar con el secretario y no te dan cita o quieres hablar con Molina, menos”,recalca el ex trabajador, lamentando la odisea que tienen que vivir para buscar alguna solución con respecto a la deuda que tienen con ellos.
“Se excusan en que no tienen plata”, recalcó el ex trabajador con quien pudimos reflexionar sobre las carencias que vive actualmente el SERPAR LIMA, y es que, lamentablemente, la institución necesita del aporte de la MML para poder cubrir su presupuesto anual de casi 100 M de Soles ; aporte que al parecer, a la fecha, no llega.
Carta dirigida al Secretario General de la Municipalidad de Lima
“ No sabemos si hay una orden del alcalde de Lima para que no se le transfiera fondos al SERPAR o si es por falta de manejo de los actuales directivos de la institución” , señaló.
Hay que señalar que si bien el SERPAR argumenta falta de fondos, destinó cerca de S/ 145,000 para una «playa artificial» en el Club Zonal Wiracocha de San Juan de Lurigancho y mantiene una planilla abultada de trabajadores . “Con esa plata nos hubieran podido pagar pero, esta es nuestra triste realidad”, añadió el ex trabajador.
Al cierre del informe, los extrabajadores del SERPAR siguen esperando respuestas del alcalde que prometió una “Lima, potencia mundial” y que hasta ahora solo hemos visto estragos de una Lima que va de mal a peor.
La propia Contraloría ha advertido que la adenda que le permite a Innova Ambiental seguir operando el recojo de residuos sólidos en Lima Cercado, es un despropósito y que el contrato con dicha empresa (ex Relima, sí, la del escándalo Comunicore), que se extendió por una adenda irregular, debe llegar a su fin y convocarse a una licitación pública internacional para brindar ese servicio.
Así se lo ha hecho saber a la propia autoridad municipal en reiteradas ocasiones y, sin embargo, el alcalde limeño, Rafael López Aliaga, supuesto adalid de la moralidad pública, se zurra en la noticia, con él no es, y mantiene vigente un contrato a todas luces irregular.
La lógica administrativa ordena que el manejo de los residuos sólidos (su recojo y depósito en rellenos sanitarios) sea hecho con la mayor pulcritud no solo en su proceso mismo (sobre lo segundo, el vigente contrato también tiene serios cuestionamientos) sino en la transparencia que debe tener el proceso legal correspondiente.
A López Aliaga no le está yendo bien en su tarea de gestor municipal. En la práctica, no ha hecho nada de lo que prometió, no tiene una política pública municipal coherente, y el resultado se aprecia en las encuestas, donde ya la mayoría de limeños lo desaprueba. Según la última encuesta de Ipsos, 53% lo desaprueba y 39% lo aprueba. Un fracaso por donde se le mire.
Las propias expectativas presidenciales que López Aliaga alberga se están yendo por el desague por su mala y controvertida gestión al mando del municipio limeño. Si no es capaz de romper un contrato cuestionado por la propia Contraloría, que sugiere una licitación internacional, como la propia adenda firmada lo establece, algo huele mal ya también en términos de ética en la gestión edil.
Lo que sucede en el municipio capitalino debiera servirnos de lección a la hora de pensar el voto presidencial del 2026. Falsos tecnócratas se venden ante la opinión pública como grandes gestores y a la hora de la hora no son capaces de gestionar nada. Y encima, como es el caso que citamos en esta columna y que es parte de una contínua campaña de Sudaca, se cometen actos, o se dejan de ejecutar, con claro olor a corrupción.
-La del estribo: notable la puesta en escena de La Barragana. Escrita por Luis Alberto León y dirigida por Chela De Ferrari, cierra la trilogía de obras conformada por La Cautiva y Savia, sobre tres momentos de gran violencia alrededor de la historia del Perú. Va hasta el 9 de octubre en el teatro La Plaza (se compran las entradas a través de su web).
Carlos Añaños, el correcto empresario ayacuchano, enormemente exitoso en su ámbito de acción, poseedor de una épica personal digna de encomio, es voceado, desde un tiempo a esta parte, como el candidato presidencial idóneo de la centroderecha.
Rafael López Aliaga, alcalde de Lima, acaba de lanzarlo, inclusive, como candidato único de consenso, para evitar la fragmentación partidaria de este segmento mayoritario de la opinión pública (por cierto, el líder de Renovación Popular muestra muchas veces una lucidez política que ya quisieran exhibir otros pares con más trayectoria).
De hecho, si se hiciera una encuesta entre los CEO de las empresas o los propios empresarios, Añaños barrería en primera vuelta. Goza de todas las simpatías. Ello, a pesar de no ser del todo liberal (firma, sin rubor, comunicados de la conservadora Coordinadora Republicana).
El problema político que, sin embargo, carga a cuestas el integrante del clan familiar propietario de AJE Group, la trasnacional peruana, es la interrogante de si cuenta con el carisma y la empatía suficientes para seducir al electorado popular.
Enrique Chirinos Soto, el brillante exparlamentario y periodista arequipeño, acuñó el término “orgasmo por el poder”, para distinguir entre los que él consideraba candidatos capaces de encandilar a las masas y aquellos que no. Y utilizaba este criterio para distinguir, por ejemplo, entre Luis Bedoya Reyes y Fernando Belaunde Terry, los dos candidatos más importantes de la derecha desde mediados de los 60 hasta finales de los 80.
Decía Chirinos Soto que Bedoya carecía de esa virtud y que por esa razón, a pesar de iniciar sus campañas con muchos bríos, bastaba que apareciese el líder histórico de Acción Popular en las mismas, para que inmediatamente el mandamás pepecista pasara a segundo plano en cuanto a los entusiasmos populares.
Por lo que se ve hasta el momento, Carlos Añaños no tiene esa adrenalina, ese deseo turbulento e imbatible por alcanzar el poder, necesarios para convencer y emocionar a los electores. Carece de biorritmo político. ¿Lo puede adquirir? Sí, para empezar, despejando las dudas hamletianas que parece albergar respecto de la encomienda, pero si no lo obtiene, tendrá una mala performance electoral arrastrando a toda la derecha a un descalabro. Sería bueno que lo evalúen seriamente sus promotores.
Arturo Fontaine Talavera, reconocido escritor chileno, refiriéndose a la estructura económica de su país a principios de este siglo -y tan contestada en la actualidad- afirmó que la misma era el resultado de un “idilio” entre las élites empresariales y grupos católicos conservadores que, como el Opus Dei, lejos de criticarlos por sus éxitos financieros, los celebran e impulsan a través de seminarios empresariales, retiros y jornadas de oración; más aún, los legitiman al amparo de una cierta ética católica aplicada a los negocios y la generación de riquezas, totalmente opuesta a una Teología de la Liberación que critica al mundo capitalista. Otro aspecto importante que explica este idilio, es el fuerte énfasis que el OPUS DEI hace sobre el papel de la familia, tan importante para las élites de Latinoamérica, en donde importantes bufetes legales y grandes empresas tienen un carácter eminentemente familiar. Así, el Opus Dei ha logrado generar importantes e influyentes vínculos en todos los países de nuestro subcontinente, especialmente en México y Chile, desarrollando una intensa actividad doctrinaria e intelectual que explica muchas de las características del neoliberalismo que se practica en estas tierras y de las cuales trataremos en una próxima nota.
Ayala Melgarejo debía realizar un informe técnico para conocer a cuántas familias les correspondía la canasta básica. También tenía que proponer qué iba a contener cada canasta y el costo de estas. De acuerdo al informe de la Contraloría, la funcionaria no contaba con la cantidad de personas que debían acceder a este producto e improvisó un número de beneficiarios con estudios del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y de la aplicación InfoMIDIS del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.
La actual gerente de Desarrollo Social de Lima concluyó que el número de beneficiarios serían 9739 familias, a pesar de que el cálculo improvisado que realizó carecía de criterio técnico y objetivo, pues estos datos no revelaban realmente la cantidad de familias que debían recibir la canasta básica. En consecuencia, la Municipalidad de Independencia gastó S/ 275.711 de sus propios recursos, además de los S/ 500.000 que el gobierno entregó específicamente para la compra de canastas. Curiosamente, de los 9739 supuestos beneficiarios, la gerencia a cargo de Isabel Ayala solo empadronó a 3127.
Según detalla el informe de la Contraloría, las actas donde debían registrarse los datos de los 3127 beneficiarios evidencian que el proceso se habría hecho de forma irregular: en 156 actas, el ente rector encontró firmas que no provienen del puño del titular y huellas dactilares que no corresponden a los ciudadanos que recibieron las canastas. Otras actas cuentan con DNI de personas fallecidas, ciudadanos que residen fuera del Perú o en una jurisdicción distinta a la de Independencia, que ya habían recibido canastas de parte de otros municipios. Asimismo, se detectó la entrega de 19 canastas a funcionarios de distintas entidades públicas a los que no les correspondía porque percibían ingresos mayores a S/ 1408.
Sumado a esto, la investigación fiscal halló que las cuatro empresas que participaron en el concurso público para ofrecer las canastas básicas familiares tenían relación, pues sus representantes eran familiares. Además, el fiscal a cargo detalló en la investigación que el 30 de marzo de 2020, el padre del dueño de la empresa Corporación Peruana Arrocera Atencio S.A.C., que ganó la buena pro, depositó 11 mil soles en la cuenta bancaria de la entonces gerente de Desarrollo Humano y Social de Independencia.
Este portal pudo constatar que Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en otros tres informes de la Contraloría. El primero, cuando fue regidora distrital del Rímac, entre 2018 y 2019, y entregó un terreno de 870 metros cuadrados de la comuna a favor de una empresa privada, a pesar de que no se especificó la finalidad social del contrato. El segundo, cuando ocupaba el cargo de gerente de Desarrollo Humano y Social y subgerente de Programas Alimentarios, y adjudicó la buena pro a una empresa pese a que incumplieron los requisitos de las bases.
Isabel Ayala fue señalada como presunta responsable penal y administrativa en cuatro informes de la Contraloría. Fuente: Contraloría de la República
Sudaca intentó comunicarse con Isabel Ayala para recoger sus descargos sobre las investigaciones de la Contraloría y la Fiscalía, pero hasta el cierre de este informe no obtuvo respuesta alguna.
-Reactive el proyecto de extensión de la Vía Expresa o Zanjón, hasta la Panamericana Sur.
-Reactive el proyecto de extensión de la autopista Ramiro Prialé hasta Chosica.
-Un pedido barranquino: construya en túnel por el que discurra el Metropolitano por la avenida Bolognesi y que se recupere así esa vía para ida y vuelta de los automóviles y descongestione el caos que produce que solo haya una avenida de tránsito de Lima hacia Chorrillos, como es la avenida San Martín-Pedro de Osma.
-Haga un convenio con la Beneficencia Pública y con la Iglesia católica para que se subasten las propiedades que poseen en el Centro Histórico, y dejen de ser los predios ruinosos que impiden hacer de nuestro casco viejo un atractivo turístico de nivel mundial.
-Convenza a la Fuera Aérea de trasladar Las Palmas a las afueras de la ciudad y haga allí un gran parque público, con museos, teatros, salas de conciertos, etc. Rompería, además, el dique urbanístico que hoy bloquea gran parte de la ciudad.