La declaratoria de emergencia de tres distritos (dos en Lima y uno en Piura), supone una claudicación de las funciones estatales mínimas y la apertura de un proceso de impostura consciente por parte del Ejecutivo respecto de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana.
Cerrar negocios desde cierta hora es condenarlos a la quiebra y aumentar la crisis económica que ya sufre el país. Es casi tan absurdo como que para evitar los accidentes de tránsito se suprima la circulación de vehículos o para disminuir el arrebato de celulares se prohíba su uso en lugares públicos. Y ya no hablemos de la evidente migración delincuencial que sucederá a otros distritos menos resguardados que los hoy “beneficiados”.
El Estado peruano ha claudicado y si ese va a ser el tenor de las facultades graciosamente delegadas por un Congreso sumiso y torpe, estamos derrotados de antemano frente a la galopante delincuencia que ya constituye el principal problema nacional, según diversas encuestas.
Se requiere un plan integral que incluya de modo esencial el combate a la corrupción existente en el seno de nuestras propias fuerzas policiales, donde muchos de sus altos mandos deben estar coludidos sin duda con las bandas delincuenciales que azotan las principales ciudades del país, mediante el canje de cupos por impunidad o la vista gorda. De eso ni una palabra.
De otro lado, ¿alguien cree que el extorsionador va a cesar en sus actividades porque se suspenden las fiestas a partir de cierta hora o porque salen patrullas militares a rondar las calles? El Tren de Aragua debe hoy estar festejando la pusilanimidad de un gobierno mediocre (si no fuera por el de Castillo, el de Boluarte sería, sin duda, el peor gobierno de los últimos cincuenta años y paremos de contar).
Las bases mismas del contrato social -que el ciudadano le otorga el monopolio de la fuerza al Estado para que lo proteja y garantice la convivencia pacífica- han sido rotas en mil pedazos por el propio Estado, ineficiente y corrupto, que en el área de la seguridad ciudadana permite la proliferación de bandas delincuenciales que actúan muchas de ellas, si no todas, en complicidad con los hombres de uniforme, sin que nadie del Ejecutivo tome cartas en el asunto.
Las facultades delegadas no van a servir para nada. Todos los expertos en seguridad ciudadana coinciden en que, salvo una o dos iniciativas, el resto de lo planteado es puro fuego artificial, inútil e inconducente. La delincuencia nos ha ganado la batalla por nuestra propia indolencia y falta de reacción ciudadana para exigir, con más vehemencia, que el Estado haga lo que le corresponde hacer.
[AGENDA PAÍS] Según la Real Academia de la Lengua Española, la RAE, se define a la prescripción, en una acepción relacionada al derecho, como “Modo de extinguirse un derecho como consecuencia de su falta de ejercicio durante el tiempo establecido por la ley”.
La situación por la que atraviesa el Perú, en este desorden estructural que alimenta la “ley de la selva”, donde el individualismo prima sobre el colectivismo, donde la palabra solidaridad es solamente parte de un bonito discurso pero ausente en la realidad, es un claro síntoma de que estamos perdiendo el derecho y la libertad de vivir en democracia.
El incremento de la violencia ciudadana y el sicariato ante la inacción de un Estado carente de ideas, de capacidades y de “cojones” para enfrentar con firmeza este atentado contra nuestra libertad de vivir en paz, no solamente aumenta la decepción que la ciudadanía tiene de sus autoridades, sino que también, llama a soluciones drásticas e incluso fuera de la ley, como el famoso “Plan Bukele” que temerariamente el Premier Otárola ha querido peruanizar presentándolo como el “Plan Boluarte”. A propósito o no, llamarlo “Plan Boluarte” le entrega la responsabilidad entera a la presidenta, es como jugar al todo o nada, con los riesgos políticos que eso implica.
Por el lado del Congreso las cosas no van mejor. El flamante presidente del Congreso, Alejandro Soto, una joya perdida de este poder del Estado, sale a la luz con un rosario de denuncias, declaraciones indignas hacia la madre de su hijo, con un ejército de “troles” que lo defienden en redes pagados con plata de todos los peruanos y con el “postre” supremo de haber promovido la Ley 31751 que acelera la prescripción de delitos, favoreciéndose él, varios congresistas y hasta Vladimir Cerrón.
Y esta semana, nos despertamos con la desagradable noticia que el terrorista del MRTA, Víctor Polay Campos, ha presentado una demanda contra el Estado Peruano por supuestas violaciones de debido proceso y derechos humanos que, por supuesto, ha sido admitida por la CIDH. Desde el gobierno de Sagasti, pasando por el de Castillo y ahora el de Boluarte, se debió tener conocimiento de esta solicitud (citando a la Dra. Delia Muñoz en su entrevista con Mávila Huertas) pero ya sea por omisión involuntaria o más bien, por querer esconder el hecho, los peruanos no estábamos enterados. Cierto que Sagasti salió de la toma de rehenes con un autógrafo de Néstor Cerpa Cartolini y que Castillo estuvo rodeado de personajes como el Canciller Héctor Béjar, actor en los 60’s de actos terroristas que lo tuvieron preso y otros como el congresista Bermejo, en pleno juicio por colaborar con extremistas.
Estamos perdiendo nuestro derecho a vivir en democracia, de hecho, ya no vivimos en una democracia plena porque no se puede vivir con temor; y los únicos culpables somos nosotros mismos que con nuestro voto, permitimos que incompetentes, requisitoriados y extremistas, tomen los poderes del Estado como el Ejecutivo y el Congreso que como consecuencia nos suman en el desorden, la desconfianza y la desesperanza.
Si el 2026 es el horizonte para un cambio de gobierno y de parlamentarios, nos queda en estos casi 3 largos años, ser incisivos como ciudadanos en exigirle al Ejecutivo acciones concretas de corto plazo para reactivar la economía y retomar la seguridad ciudadana. Con esos dos temas en vías de solución, tendríamos más que suficiente para recuperar la confianza, motivando a inversionistas extranjeros a regresar al Perú; y a contar con recursos para programas de inversión pública en infraestructura y mejorar servicios como salud y educación.
La democracia ya está en peligro y su prescripción tiene un plazo, 28 julio del 2026. Es nuestro deber mantener este derecho.
La frase es de Nano Guerra García, vicepresidente del Congreso y connotado parlamentario de Fuerza Popular. No lo debe discernir, tal vez, pero claramente lo suyo es una delusión publicitaria, marketera, que no se condice en absoluto con la realidad.
En materia de seguridad ciudadana el de Fujimori fue un gobierno tan desastroso como los actuales. No hizo nada para derrotar a la delincuencia y, más bien, hizo de la alta corrupción gubernamental un emblema particular. Y si lo a lo que quiere referirse Guerra García es a la lucha contra la subversión, debería empaparse un poco más de la historia.
Fujimori derrota a Sendero Luminoso no con el Grupo Colina ni los jueces sin rostro. Lo hace porque cambia la estrategia en la sierra, aplica una política que los propios organismos de derechos humanos reclamaban y enfatiza la inteligencia policial, no la represión indiscriminada, como hace el admirado protodictador Nayib Bukele en El Salvador.
Y respecto del tema económico, la cosa tiene claroscuros que es menester subrayar. Es verdad que Fujimori reforma la economía del país al punto de casi revertir las políticas estatistas que hiciera Velasco en los 70s y que ni Belaunde ni García I se atrevieron a remediar.
Durante el primer mandato de Fujimori se sentaron las bases del modelo económico que hasta hoy rinde frutos, al impedir que gobernantes mediocres como Humala, Kuczynski, Castillo y Boluarte (en materia económica) se hayan tumbado por completo la espiral de crecimiento y no nos hayamos conducido al abismo.
Pero a la vez, Fujimori, en su segundo mandato, casi borró lo bueno del primero en materia económica al paralizar las reformas de segunda generación, que un equipo tecnocrático encabezado por el entonces premier Alberto Pandolfi, tenía preparado, y que, esas sí, nos hubieran hecho pegar un salto hacia el desarrollo económico de primer orden (seguramente hoy estaríamos a la par que Chile si ello se hubiera hecho).
Pudo ser un Milei económico en su primera gestión, pero fue casi un kirchnerista en su segundo mandato, dejando, por ejemplo, a salvo, dos monstruos burocráticos, que hasta hoy lastran al Estado peruano, como Petroperú y Sedapal. A Guerra García le haría bien conocer un poco más de la historia de los gobiernos del padre fundador del movimiento que hoy integra.
Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.
Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.
Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.
Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.
No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).
Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.
Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.
Que las declaraciones de Vladimir Cerrón sobre la necesidad de una Asamblea Constituyente sean respondidas acremente por Keiko Fujimori en defensa de la Constitución del 93, plantea un debate inocuo, porque a muy pocos les interesa en estos momentos esa discusión.
Bienvenida la polémica, por lo menos salimos del chato nivel político que en el Congreso y en el Ejecutivo se aprecia en estos momentos, pero lo que las circunstancias demandan es que se arme la bronca temática sobre los asuntos acuciantes de la coyuntura, como son la crisis económica, la inseguridad ciudadana y la corrupción, como ha revelado una reciente encuesta de Ipsos.
No hay nadie de los partidos políticos dispuesto en meterse en el debate de cómo salir del terrible entrampamiento económico en el que nos hallamos. Los economistas sí han entrado de lleno al escenario, pero no se escucha una voz orgánica de quienes pretenden tener responsabilidades políticas en el futuro, ni a los del establishment congresal ni a los nuevos actores en ciernes.
Lo mismo sucede con el terrible problema de la creciente ola delincuencial. No faltan los émulos de Bukele o los promotores de la xenofobia antivenezolana y de allí no salen para atender un problema que ya amenaza con corroer los cimientos de la mínima civilización democrática en el país, pero no se oye padre respecto de nuestros políticos. Nadie dice ni pío, ni siquiera sobre las propuestas que el gobierno ha lanzado en el mensaje presidencial y que se traducen en el pedido de facultades legislativas presentado.
Mucho menos se escucha planteamientos sobre cómo romper el nudo gordiano de la corrupción que nos está arruinando. Sada Goray es el personaje del momento, pero como ella hay cientos y actúan en todas las instancias del sector público (gobierno nacional, regionales y locales), y la Contraloría se muestra inoperante para prevenir siquiera el desmadre. ¿Alguien ha escuchado acaso por azar alguna propuesta de los políticos sobre la materia? Por el contrario, se les ve orondos bajando los plazos de prescripción o a los congresistas pretendiendo recuperar la imnunidad.
–La del estribo: arranca con bríos el 27 Festival de Cine de Lima que organiza la PUCP. Un dato: el miércoles 16 dan en el cine Alcázar a las 16.30 Yana Wara, película póstuma de Óscar Catacora, a las 19.15, Historias deShipibos, de Omar Forero, y a las 21.45 Diógenes, ópera prima de Leonardo Barbuy, lo mejor de la producción nacional de este festival. Una maratón o un empacho cinéfilo. Compre última fila, así nadie le patea el asiento, ruegue que no le toque un removedor de canchita al costado e invoque a los dioses para que no haya cerca un tarado que no deje de mirar su celular. Y a disfrutar de buen cine peruano.
Hay muchas reformas gruesas que acometer para construir o reconstruir el sueño republicano: la profundización de una auténtica economía de mercado, la mejora radical de la salud y educación públicas, la reforma político-electoral, la limpieza del Estado corrupto en el que nos hemos convertido, la fallida regionalización, etc. Junto a ellas, y en destacado lugar, debe estar la lucha contra la inseguridad ciudadana.
La seguridad ciudadana es fundamental para la democracia ya que permite a los ciudadanos ejercer sus derechos y libertades de manera efectiva y pacífica. La prevención del delito y la violencia garantiza la estabilidad social, el respeto al Estado de derecho y la confianza en las instituciones democráticas.
Súmele uno pésima salud pública, mediocre educación estatal y corrupción generalizada a un estado absoluto de inseguridad y entenderá por qué los gobiernos en el Perú son rápidamente desaprobados.
–La del estribo: imprescindible el enjundioso último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, La reforma política, ideas y debates para un mejor gobierno, que publica la editorial Debate. Incluye reflexiones sobre la reforma política del último quinquenio, el sistema de partidos, el sistema electoral, el de gobierno, el Parlamento, el financiamiento de la política y los mecanismos de democracia directa.
Manuela, ¿qué sucede en Lima? El nuevo alcalde de Lima Metropolitana no se apropia del tema, está priorizando otros temas y parece que no está al tanto del pedido ciudadano, tanto así que acaba de cambiar al Gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Metropolitana de Lima, contribuyendo a la inestabilidad a la que nos tiene acostumbrado el Ejecutivo. Hemos tenido en un año siete ministros del interior y cinco comandantes generales de la PNP, y a eso hay que añadir los cambios de los superintendentes de La Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos (SUCAMEC) y de la Superintendencia Nacional de Migraciones. No hay control en el uso de armas ni en las fronteras. El sector interior no está respondiendo al problema actual, ni tampoco lo está haciendo el alcalde dentro de sus funciones como Gobernador Regional, alcalde Provincial y distrital. Los vecinos y vecinas de Lima estamos solos enfrentando la inseguridad. La seguridad ciudadana no es solamente un tema policial, es multisectorial e intergubernamental que hasta la fecha nadie reconoce ni articula. Es momento de exigir a las autoridades y estar atentos a las propuestas para elegir autoridades que respondan a nuestros pedidos en las próximas elecciones del 02 de octubre.
Setiembre del 2020 es una fecha inolvidable para las arcas de FRC Consultores, la empresa del ahora fujimorista Fernando Rospigliosi. Ese mes, Fuerza Popular contrató sus servicios para elaborar propuestas en materia de seguridad ciudadana. El desembolso, provisto de acuerdo a ley por la ONPE, fue de S/.180.000. Rospigliosi ha señaladoque el trabajo está plasmado en un documento de 400 páginas que hasta ahora no ha mostrado.
Lo que sí es público es el capítulo de seguridad del plan de gobierno fujimorista, donde están reseñadas sus propuestas. Sudaca sometió este acápite del plan naranja al análisis de cuatro especialistas. Los entrevistados coinciden en que no hay ninguna novedad en las diez iniciativas. ¿Tanto dinero para eso?
NADA NUEVO BAJO EL SOL
Una de las “novedosas” propuestas de Rospigliosi es el programa ‘Distrito seguro’, el cual plantea enfrentar los delitos callejeros “fortaleciendo las comisarías”, colocando a los “mejores policías” al frente de estas. El programa incluye un entrenamiento adecuado de efectivos, reforzar la investigación criminal, elaborar mapas actualizados del delito, mejorar la coordinación con el serenazgo y “desarrollar un programa que involucre la colaboración de la población”.
Los especialistas consultados coinciden en que esta idea es reciclada y que “lo novedoso sería ponerlo en práctica”, como asegura Ricardo Valdés, exviceministro del Interior. Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, lo secunda: “No se necesita ser un genio ni un especialista en seguridad. Todos los gobiernos dicen que necesitan a los mejores policías”.
Además, ya existen dos programas con características similares al planteado por Rospigliosi: ‘Vecindario seguro’ y ‘Barrio seguro’. El primero es una estrategia de la policía y el otro, del Ministerio del Interior. “Lo que se está haciendo es ponerle un nombre nuevo a lo que ya existe. Más bien, omite la estrategia focalizada, preventiva, multisectorial, que lo que hace es identificar barrios donde hay muchos factores de riesgo y dar paquetes multisectoriales de prevención”, dice Monard.
Otros problemas que se abordan son el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico. Para combatir este último flagelo, Fuerza Popular propuso “erradicar la coca ilegal y al mismo tiempo aplicar programas de desarrollo alternativo”. “Lo que acabas de citar es el título con el que empieza cualquier libro de los que se han hecho en los últimos 20 años: erradicación más cultivo alternativo. Todos lo hacen, no entiendo cuál es la novedad. No entiendo cómo le pueden pagar a alguien tanta plata para escribir esas líneas”, cuestiona nuevamente Elohim Monard.
Respecto a la estrategia para acabar con los remanentes terroristas, se plantea repetir lo hecho en el Alto Huallaga y en el Vraem: trabajo de inteligencia y golpes certeros a miembros clave de estas organizaciones. “No es novedoso lo que se está planteando. Esta propuesta sí podría resolver el problema, pero no es innovadora”, asegura el exviceministro Valdés.
Para terminar con el crimen organizado, Rospigliosi propone luchar contra la corrupción en la PNP. ¿Cómo? Una de las ideas es la creación de una oficina de Asuntos Internos “con capacidad investigadora y sancionadora, estableciendo sanciones pecuniarias y teniendo como criterio para designar a los mandos no solo la eficacia, sino la honradez”.
Lo que resaltan los especialistas es que ya existe esta dependencia y tiene esas capacidades. “La oficina de Asuntos Internos ya funciona en el sector Interior desde hace muchísimos años, y funciona desde la primera gestión de Rospigliosi como ministro del Interior. Eso no es nuevo. Lo que se está haciendo es ajustes a lo que ya existe, pero no hay novedad”, señala Ricardo Valdés.
Los S/180.000 también se fueron en propuestas como esta: “explorar la implementación de una policía comunitaria (…) a través de programas piloto”. ¿Cuáles serían esos programas pilotos? El plan de gobierno no lo especifica. Según Valdés, es “más de lo mismo, una propuesta que en la práctica ya existe desde hace tiempo”. Se refiere a la Dirección Ejecutiva de Seguridad Ciudadana, cuyo objetivo es “promover la participación activa y organizada de la comunidad en la seguridad ciudadana”.
Para Wilson Hernández, también especialista en seguridad ciudadana, esta propuesta es un punto importante que debería desarrollarse mejor, perono es novedoso y, para variar, tampoco hay nada concreto. “No hay nada concreto, es una generalidad que se repite desde hace varios años”, dice el investigador del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE).
Fuerza Popular tomó como actor central a la policía para combatir la inseguridad ciudadana. Por ello, proponían “privilegiar la calidad de formación de la PNP”. Para César Ortiz Anderson, presidente de la Asociación Pro Seguridad Ciudadana (Aprosec), “se usaron tres neuronas” para presentar una idea que repiten todos los políticos casi de paporreta.
“Yo no entiendo cómo le pueden pagar tanta plata a alguien para decir eso que es obvio. Que la policía necesita mayor calidad en las escuelas lo sabe cualquiera, ni tienes que ser un especialista en seguridad ciudadana para decirlo, seguramente se lo preguntas a alguien en la calle y te lo va a decir”, explica a su vez Elohim Monard.
Fernando Rospigliosi fue parte del equipo técnico de Fuerza Popular en las últimas elecciones.
Otro de los planteamientos que se pueden encontrar en el plan de gobierno de FP y que ha causado preocupación es la idea de desarrollar “unmarco normativo para proteger los derechos de los policías”. Como explican los especialistas, este marco normativo ya existe y, nuevamente, no es una idea nueva que pueda resolver el problema.
Además, podría traducirse como una protección incondicional a los policías para permitirles hacer un uso desmedido de la fuerza. “Es una propuesta gaseosa”, sentencia Wilson Hernández. Y agrega: “Los temas que plantea FP en su momento son demasiados generales para problemas tan complejos”.
Rospigliosi también propone la construcción de más penales para disminuir el hacinamiento. El plan de gobierno no se responde cuántas cárceles serían. En el debate técnico, sin embargo, el exministro del Interior señaló que deberían construirse cinco cárceles solo en Lima. No detalló cuántas otras en regiones.
Según cálculos de Elohim Monard, investigador en políticas públicas de seguridad ciudadana, para “solucionar” el hacinamiento de presos se necesitaría, como mínimo, 20 penales de 3.000 personas cada uno para alojar el exceso de 60.000 internos. “¿Con qué dinero se va a hacer eso? No van a alcanzar la plata ni el tiempo para construir todo. Y cuando se termine de construir, probablemente se va a tener el doble de internos”, explica. Para el investigador, lo importante es plantear medidas de prevención del delito, las cuales brillan por su ausencia en el plan de gobierno.
En un intento por defenderse de los cuestionamientos, Rospigliosi escribió en su blog: “Como en toda investigación académica, se revisó la bibliografía pertinente, se recopiló la información (…), se efectuaron entrevistas en profundidad a personas que han desempeñado cargos relevantes en el Estado relacionados a la seguridad, se analizó el material y se formularon recomendaciones para establecer políticas públicas en un tema que constituye, sin duda, una de las prioridades nacionales”.
El exministro se quejó de que nadie le había preguntado en qué consistió el trabajo. Sudaca lo llamó para conversar sobre sus propuestas, pero luego de que la reportera de esta nota se presentara como periodista, hubo un misterioso silencio al otro lado de la línea. Hasta el cierre de edición, Rospigliosi no volvió a contestar las llamadas ni los mensajes de WhatsApp.
