A lo largo de su primer año, el gobierno de Pedro Castillo ha acumulado una larga lista de medidas cuestionables y polémicas. Pero si hay una que desencadenó el descontento generalizado en la población de Lima y Callao fue la decisión de ordenar la inmovilización social obligatoria el pasado 5 de abril. La disposición se dio entre gallos y medianoche, y generó tanta molestia que se organizaron nutridas marchas de protesta para desafiarla y expresar descontento.
Se supone que una decisión tan crucial como paralizar una ciudad de 10 millones de personas, aunque sea por un día, debe tener alguna justificación. Cuando fue interpelado, el pasado 12 de mayo, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, reiteró que el gobierno se basó en “información de inteligencia” que alertaba de posibles saqueos y actos vandálicos. El decreto supremo que oficializó la medida agregaba un informe interno de la Policía que recomendaba meter a toda la capital en casa.
Con ese discurso, parecía que la amenaza era real. Pero una lectura de los informes –que Sudaca revisó– pone en entredicho esta justificación. Las siete páginas de estos documentos están regadas de afirmaciones sin respaldo, proyecciones fuera de contexto y una alarmante carencia de datos precisos.
Los temores
El respaldo documentario del gobierno para decretar el toque de queda fue un informe de la Oficina de Planeamiento Operativo del Comando de Asesoramiento General de la Policía Nacional y una nota de inteligencia elaborada por la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), que depende directamente de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).
El informe de la Policía solamente tiene cuatro páginas y lleva como asunto: “la posibilidad de disponer la inmovilización social obligatoria desde las 02:00 hasta las 23:59 hrs del día martes 5 de abril del 2022” en Lima y Callao.
El texto arranca con un recuento de los pedidos de altos mandos de la Policía para que el gobierno prorrogue el Estado de Emergencia en la capital y la provincia constitucional desde el 8 de marzo. Pedidos que, finalmente, se volvieron realidad cuando el gobierno del lápiz extendió la medida 45 días mediante el Decreto Supremo Nº 025-2022-PCM 10 días después.
El informe también explica que desde el 28 de marzo la Unión Nacional de Transportistas y la Confederación de Transportistas del Perú iniciaron un paro indefinido, al que se sumó el sector agrario el 1 de abril. Estos hechos –sigue el texto– generaron un “escalamiento del conflicto social, desencadenando actos de vandalismo, pillaje y saqueos”. No dan mayores detalles de dónde, quiénes y cuándo ocurrieron. Por ese motivo, “se sugiere evaluar la posibilidad” de decretar un toque de queda en Lima y Callao. Este documento fue remitido a Vicente Tiburcio, entonces comandante general de la Policía.
Pero es la nota de inteligencia Nº 028-2022 de la DINI la que brinda mayores detalles de las razones detrás de la medida restrictiva. Este documento, de solo tres páginas, está dividido en cuatro partes –situación, análisis, conclusiones y proyecciones– y lleva como asunto la “confluencia de protestas violentas a nivel nacional con infiltración de delincuentes que aprovechan la convulsión social para cometer ilícitos”.
El informe de inteligencia íntegro de la DINI que se usó para justificar el encierro del 5 de abril.
Dentro del análisis se señala que la escalada de protestas en regiones como Arequipa y Puno permitiría la infiltración de delincuentes para presionar al gobierno y exigir la renuncia de Castillo. También se identifica a los dirigentes Héctor Velásquez, presidente del Gremio Nacional de Transportistas y Conductores del Perú (GNTC-Perú), y Carlos Raffo, dirigente de la Asociación de Transportistas de la Región Junín como los promotores del levantamiento social en ese departamento. Son los únicos nombres que se dan.
Además se indica que el primer día de protestas, el 28 de marzo, hubo 60 puntos de bloqueo en todo el país con 2,500 manifestantes. La situación se agravó en los días siguientes con actos vandálicos y saqueos que superaron la capacidad de la Policía Nacional del Perú. Sin embargo, no se da ningún ejemplo concreto de estos hechos atroces. Como el informe policial, también se destaca la “infiltración de delincuentes” sin identificar a ninguno.
Lo que sí hace la nota de inteligencia es señalar la existencia de actores sociales con “intereses particulares” que suelen “capitalizar” contextos de ebullición social. El listado incluye al Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Perú (Sutep), la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) e incluso la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú (Cunarc-P), entre otros grupos. Por lo anterior, la DINI concluyó que la violencia podía escalar durante los siguientes días de protesta y que la convulsión social era un “mecanismo de presión para desestabilizar políticamente al gobierno”.
El texto cierra con posibles escenarios de riesgo como enfrentamientos con “costo social”. Lo llamativo es que también se proyectan situaciones ajenas a la seguridad nacional como incrementos de precios, pedidos de cambio de constitución y censuras a ministros. En ningún momento se recomienda tomar la medida de inmovilización social obligatoria.
Sudaca compartió estos documentos con dos ex altos funcionarios del Ministerio del Interior (Mininter) que han revisado informes similares antes. Para ambos, la conclusión es similar: no hubo razones suficientes para el toque de queda del 5 de abril.
“Hubo una lectura equivocada respecto a la capacidad de movilización en Lima y Callao. El informe de la Oficina de Planeamiento se usa como pretexto. Habla de la posibilidad de disponer de la inmovilización social. En otras palabras, les han dicho que preparen un documento que dé soporte a la decisión del gobierno. Eso es todo”, asegura Ricardo Valdés, ex viceministro de Seguridad Pública.
De forma similar piensa Leonardo Caparrós, ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. “Ese informe tuvo que generar preguntas en las autoridades. Tiene muy poco sustento, por no decir ninguno. Pero quizá, como se presume, ya lo querían hacer y han pedido a la Policía armar la motivación. Esa es una práctica muy común, lamentablemente. No es la primera vez que se le pide a un órgano de inteligencia que sustente una decisión”, considera.
Para Caparrós, el problema principal con los documentos es que pudieron ser más precisos. “Mi problema con ese informe de inteligencia es lo que no dice. ¿Cómo esa información se ha verificado? Cuando explican los hechos podrían referenciar fechas y espacios. Por ejemplo, en caso de desmanes, precisar que se basan en un parte policial, alguna reunión de comuneros donde anunciaron una protesta, incluso redes sociales con convocatorias a saqueos”, explica.
Esa imprecisión también está en las proyecciones, de acuerdo al ex jefe del Gabinete de Asesores del Mininter. “No se pueden decir las fuentes, pero sí detallar el trabajo para llegar a esas conclusiones. Hay algunas en ese documento [la nota de inteligencia] que son económicas. No se sabe cómo llegan a eso. ¿Hablaron con economistas? Para tamañas conclusiones, el desarrollo es muy básico”, afirma.
Por su falta de profundidad, Ricardo Valdés cree que medidas como las adoptadas el 5 de abril fueron para curarse en salud dentro del gobierno. “Si la calle estalla, el gobierno ya tiene vigente la suspensión de derechos fundamentales y la declaratoria del estado de excepción que permite la intervención de las Fuerzas Armadas. Por eso seguimos en Estado de Emergencia desde hace seis meses”, afirma el ex viceministro de Seguridad Pública.
Y es que, aunque la población ya haga su vida normal, estar en Estado de Emergencia significa que se suspenden derechos como la inviolabilidad de domicilio, libertad de tránsito en el territorio nacional y libertad de reunión, de acuerdo a los mismos decretos supremos que ha publicado el Ejecutivo.
Por ello, Valdés sostiene que el gobierno mantiene el recorte de derechos ante un eventual levantamiento contra su régimen. “Mantienen por meses suspendidos derechos fundamentales a 10 millones de personas porque su intención no es la manifiesta, luchar contra la inseguridad, sino la latente: el control del orden público. Mañana te pueden inmovilizar cuando quieran”, dice el exfuncionario.
Cuestionables o no, lo cierto es que ambos documentos fueron discutidos en Consejo de Ministros el 4 de abril. Ese día se presentó –como “punto adicional” en la agenda– el Decreto Supremo Nº 034-2022-PCM que autorizó el toque de queda. Tres días antes, los ministros habían discutido propuestas para apaciguar las huelgas, pero no incluían toques de queda.
De acuerdo al acta de la sesión, fue en base al informe policial, “recomendaciones efectuadas por la DINI y lo expuesto por el ministro del Interior en sesión reservada” que se tomó la medida. El decreto fue aprobado “previo análisis y deliberación” con el voto favorable de todos los ministros, salvo la entonces ministra de Trabajo, Betssy Chávez, quien no estuvo presente.
Acceso nebuloso
Sacar a la luz los documentos que sustentaron el toque de queda del último 5 de abril no fue sencillo. La transparencia, una característica de la que adolece el gobierno, se ha vuelto engorrosa. El periodista de Sudaca que firma este reportaje solicitó sin éxito los informes de la Policía y la DINI mediante un pedido de transparencia al Mininter. Su pedido fue denegado porque se consideró “información reservada”.
Quien sí lo consiguió fue la abogada Dania Coz, consultora en transparencia y derechos fundamentales en el Estudio Iriarte & Asociados. Su interés en conocer las motivaciones de la inmovilización social obligatoria le hizo esperar tres meses para obtener los informes.
Coz solicitó los documentos al Mininter, la Policía y la PCM. Las tres entidades se negaron, también bajo la excusa de la reserva, pero la letrada decidió apelar al Tribunal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (TTAIP) a finales de abril. Este órgano, que depende del Ministerio de Justicia (MINJUS), cuenta con dos salas conformadas por tres vocales cada una, y desde finales del 2018 resuelve controversias relacionadas al acceso a la información pública.
Cualquier ciudadano puede acudir al TTAIP. Lo único que debe hacer es registrar su solicitud a través de la Mesa de Partes del MINJUS. “Tu presentas la apelación, el tribunal la recibe, notifica a la entidad y les piden que eleven el expediente junto a sus descargos. Con ese material ya pueden emitir una decisión”, explica la abogada Dania Coz. Un fallo puede tardar entre 2 y 3 meses.
Coz apeló al TTAIP porque dudaba del argumento de reserva de la Policía. “Tienen la manía de catalogar toda información como reservada, pero según la Ley de Transparencia, [se niega] la divulgación de la información si entorpece la lucha contra el crimen. También existe jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC) que dice que los ciudadanos tienen derecho a saber los motivos detrás de un Estado de Emergencia”, explica la especialista en Derechos Humanos.
Ya con la información en mano, a la letrada le quedó la misma impresión que el resto de entrevistados por Sudaca. “No hay fundamento fáctico que respete criterios jurídicos establecidos por el TC. Es claro que fue una medida de carácter político. El principio de necesidad exige que evalúes el abanico de medidas para limitar derechos y optes por la menos gravosa, no la más extrema de arranque. Podían reforzar puntos estratégicos, por ejemplo”, asegura Coz.
Así se cocinó el toque de queda del último 5 de abril. Una fecha de connotación nefasta para la historia del Perú, y que gracias al gobierno del lápiz, este año también atormentó a la capital entera.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
