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El Metropolitano sigue causando problemas

Los trabajos para la ampliación del Metropolitano en Comas no solo han originado caos vehicular, también que las casas de los vecinos se agrieten. Mientras estos exigían que las empresas a cargo de las obras se hagan responsables de reparar sus viviendas, la policía los intervino y, de manera violenta, se llevó a tres de ellos detenidos. La razón: una denuncia de extorsión contra los vecinos, interpuesta por un empleado del consorcio constructor. “Nos quieren intimidar”, afirman los afectados y aseguran que están siendo acusados sin pruebas.

“¡Vecinos, ayúdenme!”, gritaba desesperada Lilia Gonzalez Flores (70) al ver cómo la policía se llevaba a sus dos hijos a rastras y empujones. Su delito: pedir que las empresas responsables de la ampliación del Metropolitano cumplan con la promesa de reparar sus casas. Desde hace un año, los vecinos de la Av. Metropolitana con Santa Ligia, en Comas, vienen sufriendo el deterioro de sus viviendas como consecuencia de las obras de construcción del último tramo de este servicio de transporte masivo.

La ampliación promete mejorar el tránsito en la capital y beneficiar a más de 350.000 ciudadanos de Lima Norte, pero mientras se concreta, lo único que hace es causar problemas. Desvíos vehiculares que provocan embotellamientos y perjuicios económicos a los negocios son solo algunas de las repercusiones negativas que tienen que soportar a diario los vecinos que viven en esta zona. Pero quizá lo más grave son las paredes y pisos agrietados de las casas, producto del uso continuo de las máquinas compactadoras. 

Aunque los vecinos de Comas llevan reclamando varios meses, exigiendo que las empresas correspondientes cumplan con las promesas de reparar los daños en sus viviendas, solo los han paseado. Lo peor: ahora el Consorcio Metropolitano Norte ha denunciado a los dirigentes vecinales por, supuestamente, extorsionarlos. Las pruebas del presunto delito, sin embargo, brillan por su ausencia. 

Lo que sí existen son videos del abuso policial del que fueron víctimas los vecinos. Al cierre de este reportaje, los tres detenidos fueron liberados, justamente, por la falta de pruebas. “Han tratado a mis hijos como delincuentes”, se lamenta Lilia Gonzalez.

GRIETAS Y RAJADURAS

La Empresa Municipal Administradora de Peajes de Lima (Emape), de la Municipalidad de Lima, es la entidad encargada de la ampliación del Metropolitano. Este tramo va desde la actual estación Naranjal, en el distrito de Independencia, hasta la estación Chimpu Ocllo, en Carabayllo. Y como ya lo mencionó este medio, hasta que dicha ruta no esté concluida, el contrato de concesión entre el Estado y las empresas que operan el servicio no puede comenzar formalmente

Que se termine cuanto antes este trayecto es, entonces, una tarea de suma urgencia. Por ello, en diciembre de 2020, la Emape suscribió un convenio con el Consorcio Metropolitano Norte –conformado por la empresa española Obrascón Huarte Lain , implicada en el caso Odebrecht, y por la compañía mexicana Gami Ingeniería e Instalaciones– para que este se haga cargo de la construcción del proyecto.

Las prisas por iniciar a construir se tradujeron en irregularidades detectadas por la Contraloría desde el inicio de la obra. Por ejemplo, el órgano de control halló que el proyecto, al no contar con una empresa supervisora, avanzaba “sin el control adecuado sobre los riesgos, interferencias u omisiones que pudieran retrasar o alterar los objetivos previstos”. Entre los más afectados se encontraban los residentes de Comas, quienes denuncian que desde hace un año las vibraciones producidas por el uso simultáneo de hasta cuatro máquinas compactadoras, durante casi 10 horas diarias, ha resquebrajado sus casas.

“Se han dañado las paredes de mi casa. Incluso mi tanque de agua se ha roto. Llevo más de un año reclamando por esto”, se queja Ruth Ambrosio, vecina de la urbanización Santa Ligia. “Saqué un préstamo bancario para terminar de construir mi casita y ahora está toda agrietada. Ni siquiera puedo alquilarla por cómo está”, dice por su parte Lilia Gonzalez. “¿Quién se va a hacer cargo?”, se cuestiona. Solo en esta calle hay al menos 25 viviendas afectadas.

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Desde que empezaron las obras del Metropolitano, las casas de la Av. Metropolitana con Santa Ligia, en Comas, se han visto afectadas por grietas en las paredes y techos.

Al ver que pasaba el tiempo y los daños a sus domicilios empeoraban, en diciembre de 2021, el presidente del comité vecinal “Pobladores de la Cooperativa Santa Ligia”, Luis Álvarez de Paz, envió una carta a la Emape. Solicitaba información sobre si el consorcio encargado de la construcción contaba con un seguro para reparar los daños. En su búsqueda de soluciones, también remitió oficios al consorcio supervisor, las municipalidades de Lima y de Comas, y hasta al Banco Mundial, entidad que prestó 93 millones de dólares para realizar el proyecto.

La respuesta que obtuvieron los vecinos por parte de la Emape fue que era obligación del Consorcio Metropolitano Norte contratar “una póliza para resarcir daños o pérdidas de cualquier propiedad […] en la medida en que dicho daño o pérdida se produzca como resultado […] de la ejecución y terminación de las Obras”. Según la misma carta, el contratista informó a la empresa municipal que contaba, supuestamente, con dicho seguro vigente hasta el 2023.

Luego de varios oficios que no fueron de mucha ayuda, en febrero de este año el comité vecinal se reunió con Emape. Luego de corroborar los daños en las casas, los representantes de la entidad acordaron iniciar las gestiones inmediatas “para que la aseguradora Rímac tome contacto con los afectados a fin de resarcir los daños en las viviendas afectadas”, como se lee en un documento, firmado por los dirigentes y la empresa, al que Sudaca tuvo acceso.

Los días siguieron pasando y, entre promesas que nunca se cumplieron, el dirigente vecinal Luis Álvarez se comunicó con Rímac mediante Facebook para comprobar que, efectivamente, el Consorcio contaba con la póliza en cuestión. La respuesta los sorprendió. “Consorcio Metropolitano Norte no tiene cobertura contratada de daños a terceros por construcción, solo tiene la póliza que cubre daños a su propiedad. Cualquier consulta y/o solicitud debe ser canalizada directamente con ellos”, fue lo que les contestó la aseguradora. 

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Respuesta de Rímac donde niega que el Consorcio Metropolitano Norte cuente con un seguro que cubra el daño a terceros.

“Nos mintieron, nos dijeron que sí tenían un seguro para reparar nuestras casas, pero nos mintieron”, reclama otro vecino que prefirió mantenerse en el anonimato por miedo a las represalias. Y razón para temer no le falta.

MENTIRAS Y ABUSOS 

Luego de saber que habían sido engañados, desde el mes de julio los vecinos de Comas se organizaron para realizar plantones pacíficos y ollas comunes en la avenida Metropolitana, lugar donde se realizan las obras. La intención era que los escuchen y dejen de pasearlos. “Nosotros no queremos paralizar las obras, solo queremos que nos escuchen y que nos den una solución”, dice otro vecino.

Sin embargo, lo único que obtuvieron fueron más y más reuniones que, nuevamente, no se concretaban en resultados. Las más recientes se llevaron a cabo la semana pasada. Ante los reiterados reclamos, representantes de la Emape se reunieron con algunos de los vecinos, entre ellos Lilia Gonzalez, madre de dos de los detenidos. “[…] se acercó la sra. Lilia Gonzalez Flores a preguntar sobre el inicio de la reparación de sus viviendas. También manifestó […] que está a la espera de que le den fechas porque indica que ha esperado por 11 meses”, se lee en el documento que lleva el membrete de la empresa municipal. 

Según el testimonio de Gonzalez, le prometieron que, mientras no realicen la reparación de su vivienda, no iban a retomar los trabajos de construcción. “Desde hace dos meses venimos haciendo plantones en las obras para reclamar. Cuando dijeron que nos iban a arreglar la casa, me alegré, porque una vez que terminen todos los trabajos, sabemos que nadie se hará cargo de las reparaciones”, cuenta la madre de los hermanos detenidos.

Sin embargo, el lunes último, alrededor de las 9:40 a.m. se dio cuenta de que los trabajadores de la obra estaban realizando las labores de construcción, incumpliendo la promesa que le habían hecho. “Salí de mi casa y les dije a los que estaban ahí que necesitaba hablar con sus jefes, porque días antes me habían prometido que no iban a empezar las obras hasta que nos den solución. En mi desesperación porque nadie me daba razón, intenté sacar las mallas”, narra Gonzalez.

Al ver a su madre desesperada, Cristhian de la Cruz salió a auxiliarla e increpó a los trabajadores del proyecto por incumplir lo pactado. Las otras hijas de Lidia –Irene y Shirley– y más vecinos fueron a apoyarla. Estaban conversando cuando, sorpresivamente, aparecieron entre 8 a 10 policías con una actitud nada pacífica. 

En los videos se ve que el dirigente vecinal Luis Maco llega al lugar, se identifica y, de inmediato, entre tres efectivos lo agarraron y lo metieron a la fuerza a una camioneta blanca que no tenía ningún distintivo policial. “Sr. alcalde de Comas, me están llevando”, gritaba mientras intentaba resistirse a la detención, pero no sirvió de mucho. 

Luego, entre cinco oficiales rodearon a Cristhian de la Cruz y lo arrastraron hasta la tolva del vehículo. Su hermana Irene, desesperada, corrió a socorrerlo y en el intento le dio un manotazo a uno de los policías. “¿Qué me arañas oe’? ¿Qué me arañas?”, gritó el efectivo. Acto seguido, le sujetó la mano a Irene y, junto a otro policía, la arrastró mientras ella intentaba defenderse de los dos hombres que, a punta de empujones, la llevaban al carro. “Son unos coimeros, desgraciados”, gritaba Lilia mientras corría de un lado a otro intentando detener el abuso que se cometía. Pero ni sus gritos pidiendo ayuda ni su lucha por evitar que se lleven a sus hijos sirvieron. 

Cuando llegaron a las instalaciones del Departamento de Investigación Criminal de Comas, lugar donde hasta hoy permanecieron detenidos, los vecinos se dieron cuenta de que momentos antes de las detenciones, un trabajador de la empresa OHL, integrante del consorcio constructor, demandó a los dirigentes vecinales Luis Álvarez y Luis Maco por, supuestamente, haberlo extorsionado ese mismo día a cambio de dejarlos continuar con la obra. Sin embargo, como se ve en el video, el primero no se encontraba presente y el segundo llegó después de que la policía se presentara en el lugar de los hechos.

Según el parte policial, Marco Antonio Jimenez Meza, jefe de administración de la obra, denunció que, alrededor de las 7:40 a.m., un grupo de personas encabezado por los dos dirigentes estaba obstruyendo los trabajos. Ante tal actitud, el denunciante asegura que se acercó a los manifestantes con el fin de dialogar, pero que ellos le exigieron “una buena suma de dinero para que se retiren definitivamente”. Ante su negativa, siguieron obstaculizando los trabajos, por lo que se vio “en la obligación de denunciarlos”. 

“Ellos dicen que nosotros les hemos pedido plata para dejarlos trabajar, eso es totalmente falso. A ese señor nadie lo conoce, no sabemos quién es el que nos ha denunciado porque nunca hemos hablado con él”, dice Luis M., vecino que también participa de los plantones y estaba presente durante los hechos. “Lo que han querido hacer es intimidarnos para que dejemos de reclamar”, añade.

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Lilia Gonzalez y su hija Shirley de la Cruz en los exteriores de la Depincri Comas. Piden que liberen a sus familiares, quienes fueron detenidos, de manera violenta, por una supuesta denuncia de extorsión luego de reclamar que las empresas del Metropolitano se hagan cargo de las reparaciones de las viviendas.

Nos comunicamos con Jimenez Meza para preguntarle por las pruebas que sustenten su denuncia, pero solo respondió que cualquier información debíamos pedirla al Consorcio Metropolitano Norte. Ni ellos ni los policías de la Depincri respondieron nuestras interrogantes. Quien sí dio detalles fue el abogado de los tres detenidos, quien aseguró que el denunciante no contaba con pruebas de la supuesta extorsión: ni fotos ni videos ni testimonios de trabajadores que hayan escuchado las amenazas. 

“El señor entró en contradicciones cuando tuvo que dar su declaración en la comisaría. Ni siquiera pudo dar un monto aproximado de lo que supuestamente le pidieron. Además, él hizo la denuncia antes de que los supuestos hechos ocurrieran, como si fuera adivino. Esto lo hicieron para amedrentar a los vecinos”, explica el abogado Manuel Luna.

Emape lamentó lo ocurrido y deslindó cualquier participación en dicha intervención, “siendo esta de responsabilidad de la empresa contratista”. La empresa municipal señaló además que el Consorcio Metropolitano Norte “viene presentando demoras en la atención y solución a los daños en algunos predios producto de las vibraciones originadas por las labores de compactación en la zona”. De no cumplir con ello, advierten que acudirán a “todas las instancias legales para que el consorcio cumpla con sus obligaciones y atienda los reclamos de los vecinos a la brevedad posible”.

Entre lágrimas, Lilia Gonzalez agradece que, luego de dos días detenidos, sus hijos y vecino hayan sido liberados por falta de pruebas. “Nosotros no queríamos hacer problemas, eso lo saben Dios y ellos mismos. ¿Por qué tanta maldad?”, pregunta. Cuenta, además, que en la Depincri no la dejaron presentar una denuncia: “Quise sentar una denuncia por lo que le hicieron a mis hijos, pero uno de los policías me amenazó diciéndome que si lo denunciaba, él me iba a encerrar con ellos porque dice que yo lo he arañado, pero eso no es así”. Esperemos que la justicia, para estos vecinos, llegue pronto.

**Fotoportada por Darlen Leonardo

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Comas, Emape, Metropolitano, Norte

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