La Contraloría realizó una visita de control el pasado 19 de agosto a vacunatorios de Junín. El objetivo: verificar si se estaban cumpliendo los requerimientos necesarios para almacenar las vacunas contra el coronavirus. Los auditores se llevaron más de una sorpresa.
En el Hospital Nacional Ramiro Prialé Prialé y el centro de vacunación del fundo “El Porvenir”, ambos a cargo de la Red Asistencial-Junín deEsSalud, no se tenía una cadena de frío que permitiese asegurar los rangos de temperatura adecuados y, así, garantizar la vida útil y capacidad inmunológica de los antídotos.
El informe de control al que accedió Sudaca encontró, por ejemplo, que en ambos vacunatorios las congeladoras donde se almacenan las dosis de Sinopharm y Pfizer “no cuentan con el sistema de alarmas que permite alertar las variaciones de temperatura de las vacunas almacenadas en las congeladoras”. Tampoco se podría informar sobre eventuales cortes de energía eléctrica.
El ambiente destinado a conservar las vacunas en el hospital Ramiro Prialé Prialé, además, está construido en drywall. El piso, a su vez, es de madera y el techo de calamina. Aunque es obligatorio que se cuente con extintores, la visita de control evidenció que no se contaba con ellos. Elva Calero Romero, enfermera encargada de la estrategia de inmunización del nosocomio, detalló a los auditores que tampoco se realizó ningún requerimiento para implementar los extintores necesarios.
Esto último, de acuerdo al informe de la Contraloría, “no garantiza la seguridad de las vacunas ante la posibilidad de incendio, generando riesgo de que se rompa la cadena de frío y, por ende, la pérdida de la capacidad inmunológica de dichas vacunas”.
Además, se halló que, antes de ser inoculadas a la población, las vacunas eran conservadas en termos portavacunas a una temperatura inadecuada: por debajo de los 2° C. La norma sobre inmunización establece que se deben almacenar entre 2°C y 8°C.
En el vacunatorio del Ramiro Prialé, en cinco de los seis puestos de vacunación, los termos portavacunas se encontraban entre 1°C y 1.9°C de temperatura. Esto afectaría la efectividad de los 734 frascos de Sinopharm y 273 de Pfizer que se contabilizaron en el vacunatorio del hospital, según el informe.
En el fundo El Porvenir, por otro lado, la Contraloría verificó que se viene inmunizando en tres de los ocho puestos de vacunación. Cada puesto cuenta con un termo portavacunas. En dos de estos, la temperatura de conservación se encontraba en 1°C, debajo de los 2°C necesarios.
En el fundo tampoco se contaba con implementos de aseo, desinfección y contra incendios. Al momento de la inspección se encontraron 484 frascos de Sinopharm y 227 de Pfizer que podrían estar en riesgo por la incorrecta conservación.
Recientemente, la Contraloría ya había advertido de situaciones parecidas. Pero no en los vacunatorios de EsSalud, sino en la Dirección Regional de Salud (Diresa) de Junín. Según un informe de Epicentro Tv, se descubrieron 642 dosis de vacunas Pfizer que no fueron aplicadas, así como casos en los que no se contaba con la alarma que permita controlar la temperatura.
“Cada grupo de vacunas tiene características bajo las cuales se mantienen en su forma adecuada. Cuando hay una baja de temperatura, se tienen que descartar. Ahí se pierde el efecto inmunizador”, explica a Sudaca Edda Cayotopa, vocal del Colegio de Enfermeros del Perú.
Las situaciones adversas encontradas en esta última visita de control ya fueron comunicadas a EsSalud y al Hospital Ramiro Prialé Prialé para que tomen cartas en el asunto. Ahora depende de ellos corregir las deficiencias que ponen en riesgo la inmunización de los ciudadanos de la región.
EsSalud, en tanto, niega parte de lo dicho por Contraloría. Aquí sus descargos:
La familia del suboficial Carlos Zárate Villalobos, el hombre que daba un irregular resguardo policial a Vladimir Cerrón, tiene en Perú Libre a un buen padrino. La madre del agente, Gregoria Aydee Villalobos Cerrón, no solo ha contratado decenas de veces con los municipios provinciales de Junín, el bastión del partido. También ha cobrado más de S/680.000 por una obra que dejó inconclusa y en mal estado. Así lo revela un prolijo trabajo de la Gerencia Regional de Control de la zona.
Los contratos de Villalobos, quien no registra formación profesional ni cuenta con empresas, aumentaron sustancialmente cuando Cerrón asumió el gobierno regional. En septiembre del año pasado, por ejemplo, la Municipalidad Provincial de Chupaca -cuyo alcalde, Marco Mendoza Ortiz, es militante de Perú Libre- contrató al Consorcio Santa Rosa para el mantenimiento «periódico y rutinario» de un camino vecinal en el distrito de Ahuac.
El mencionado consorcio es integrado por Villalobos y la empresa CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. Un año después hacerse con la obra, a inicios de este mes, la Gerencia Regional de Control de Junín -la oficina de la Contraloría en la región- identificó que no se habían cumplido las condiciones del contrato y que, a pesar de eso, la municipalidad le pagó S/683.760.
De acuerdo al informe de la Contraloría, el consorcio integrado por la mamá de Zárate no realizó los trabajos de mantenimiento durante la fase ll del servicio, por lo que el camino en cuestión tiene baches, cunetas con basura, rocas y vegetación.
También se evidenció la falta de limpieza de las alcantarillas, el empozamiento de agua y “ahuellamientos” (deformaciones por el constante paso de los carros) en diferentes sectores de la vía. Pese a ello, de acuerdo a la documentación de la oficina de control, el consorcio Santa Rosa envió a inicios de este mes una carta informando que sí le habían hecho el mantenimiento al camino.
El consorcio tampoco cumplió con instalar señales de tránsito en el camino, a pesar de que aseguró que sí lo había hecho en otra comunicación enviada a la comuna. Según el contrato, se debían colocar 23 señales, pero al momento de la inspección solo se encontraron cuatro. Por cada una de estas, eso sí, la madre del exguardaespaldas de Vladimir Cerrón y su socio cobraron entre S/520 y S/650 (incluidos en el monto final). Todo esto puso en peligro la seguridad de quienes transitan por ahí, concluye el informe de Contraloría.
El consorcio Santa Rosa -integrado por la mamá del suboficial Carlos Zarate- cobró más de S/600 mil por una obra mal hecha.
Durante la inspección, el órgano de control también detectó la ausencia del cuaderno de ocurrencias, lo que generó “que no se registren los hechos u ocurrencias relevantes durante la ejecución del servicio”.
De acuerdo al contrato entre el consorcio Santa Rosa y el municipio provincial, “la ejecución de las actividades que no cumplan con los controles de calidad establecidos serán corregidos o reemplazados por el contratista a su cuenta, costo y riesgo de acuerdo a las instrucciones y aprobación de la Entidad”.
Pero la madre de Zárate tiene corona en los feudos perulibristas. No solo no se hizo cargo de los incumplimientos, sino que recibió el 100% del monto acordado por la fase II del proyecto.
En los últimos tres años, Villalobos ha ganado S/1,6 millones en contratos con el Gobierno Regional de Junín. La mayoría de sus negocios, sin embargo, se realizaron con la municipalidad de Chupaca, de donde proceden ella y su familia, incluido el suboficial Carlos Zárate, su hijo. Desde 2019, facturó más de S/990.700 con esta comuna.
Por su parte, CRAP Ingeniería y Construcción S.R.L. ha realizado trabajos en Ayacucho, Huancavelica y Junín, siendo esta última la región donde más ha facturado: S/9,5 millones desde 2015, de acuerdo al buscador de proveedores del estado del MEF.
Cuando se firmó el contrato de Ahuac, en septiembre de 2020, el gerente de la empresa era Christian Álvarez Paitampoma. Según otro informe de la Contraloría de junio de ese año, Álvarez presentó documentación falsa para obtener la buena pro de un concurso público en Virú, La Libertad.
El pasado 20 de septiembre, la municipalidad recibió el informe emitido por la Contraloría para que adopte las acciones correctivas, es decir, para pedirle al consorcio que corrija el pésimo trabajo realizado. ¿Se atreverá el alcalde a emplazar a los amigos de Cerrón? Sospechamos que no.
Nos comunicamos con la municipalidad de Chupaca, pero hasta el cierre de este reportaje no nos respondieron.
*Fotoportada: Darlen Leonardo / Fotos: Portal Central
Mientras que los últimos morados se preparan para apelar su reciente pérdida de inscripción, la interna partidaria está movida por las alianzas que se vienen formando entre los desertores y algunas de las actuales congresistas. Hay quienes no se guardan nada y califican el hecho como una traición.
En la mira está Carlo Magno Salcedo, que no solo fue pieza clave en la formación de la doctrina republicana, sino también asesor del expresidente Francisco Sagasti. Como ya contó este medio, Salcedo y un grupo de militantes -varios de ellos con cargos a nivel nacional y regional- renunciaron el 18 de mayo al Partido Morado, pues consideraban que la dirección partidaria y Julio Guzmán eran los responsables de los terribles resultados electorales. La carta de renuncia terminaba con la siguiente frase: “Cada uno de nosotros […] habrá de construir su propio camino hacia adelante”.
Y eso es, precisamente, lo que hizo el exasesor presidencial. El 7 de septiembre, un día antes de que el PM fuera dado de baja por el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Salcedo anunció en su perfil de Facebook el inicio de inscripción de Confluencia Perú, “un partido-frente que tiene el propósito de articular a diversas organizaciones y liderazgos”.
Lo que más llamó la atención fueron dos de sus aliados: Fuerza Ciudadana-Confluencia, organización de la que es parte la congresista Susel Paredes, y Dignidad Magisterial, un colectivo de profesores que apoyó la campaña política de Flor Pablo, otra parlamentaria morada. Esta última no quiso confirmar a Sudaca si es parte de este movimiento.
Lo que generó molestias en la interna morada es que Salcedo anunció la inscripción de su nuevo partido cuando el PM perdía, a su vez, la suya. “En política no hay casualidades. No es casual que, una noche antes de que salga la resolución, se anuncie esta alianza. No lo tomamos como normal”, dice Jean Pierre Lozano, exsecretario de Jóvenes de Lima Metropolitana.
“Nosotros conocemos las malas mañas de algunos políticos, pero no de gente que nos ha acompañado en el proceso político del Partido Morado y que por diferentes razones se alejaron”, critica Jarek Tello Godoy, personero legal de los morados, en clara alusión a Salcedo. “Ahora anuncian que estaban haciendo alianzas con gente que es del Congreso o que están vinculadas a movimientos cercanos al partido”, agrega, sobre integrantes de la bancada morada.
Aunque hay un grupo de morados que parece no tener mayores problemas con el asunto, a Tello lo respaldan en sus declaraciones hasta cinco militantes con los que conversó Sudaca para esta nota. Los ánimos están caldeados a pesar de que el partido parece destinado a desaparecer.
A raíz de la polarización que causó la segunda vuelta, sin embargo, el ya pequeño Fuerza Ciudadana se dividió en dos grupos. Una de sus facciones tomó el nombre de Fuerza Ciudadana-Confluencia, aunque prefieren llamarse únicamente Confluencia Ciudadana para diferenciarse de su antiguo nombre. Esta es la facción que se unió al proyecto político de Carlo Magno Salcedo. Agrupa a aquellos cuadros que alguna vez postularon por el PM: además de Paredes, también se unieron Susana Chávez Alvarado y Segundo Flores Farfán.
Sudaca se comunicó con Susel Paredes, quien nos derivó con una tercera persona que confirmó su participación en esta alianza. “Susel definitivamente vino como parte de nuestro grupo y es parte de esta alianza aunque está como militante del Partido Morado”, dice a Sudaca uno de los integrantes del movimiento. Las conversaciones para concretar la unión comenzaron, de acuerdo a la misma fuente, en julio pasado.
Dentro de Confluencia Ciudadana ven este acuerdo como una oportunidad para formar una propuesta de centro “alejada de los extremos más radicales”, como explica Richard Arce, miembro de la agrupación. Agrega que le parece un abuso la decisión del ROP sobre los morados y dice que, de perder su inscripción, podrían unirse a ellos: “El Partido Morado está pasando por una situación delicada en la que su énfasis es salvar su inscripción, una batalla que es necesaria. Si no le dan la razón, va a ser motivo para que podamos convocarlos”.
Otro personaje criticado a la interna es la congresista Flor Pablo. De acuerdo a una fuente del Comité Ejecutivo Nacional morado, el colectivo Dignidad Magisterial (DM) fue el que sostuvo la campaña política de Pablo, quien se afilió como militante solo para participar en las elecciones. Uno de los integrantes de este movimiento, Cesar Alvarado Laveriano, también postuló al Parlamento Andino con el N°2.
La congresista morada Flor Pablo dictó talleres organizados por el Colectivo Dignidad Magisterial durante la última campaña electoral.
Ambos, en febrero y marzo de este año, participaron como ponentes en capacitaciones para docentes organizadas por este colectivo, donde Pablo aprovechó para promocionar su candidatura. La parlamentaria no quiso confirmar a este medio si pertenece a Dignidad Magisterial ni quiso hablar de la alianza con el partido de Carlomagno Salcedo. Tampoco lo ha querido hacer con sus colegas.
Uno de los militantes que habló con Sudaca señala que, cuando le consultó a la congresista sobre su participación en esta alianza, Pablo solo atinó a responderle que “Dignidad Magisterial es un colectivo que está buscando dónde hacer militancia política”.
Sudaca también se comunicó con Carlo Magno Salcedo, quien dijo que no opinará sobre estás alianzas para no “alimentar ninguna polémica que no aporta”.
Para el personero legal del PM, Jarek Tello, en cambio, esta silenciosa coalición representa una traición: “Ahí es donde se genera en mí la sensación de que hubiese intereses de personas que, en teoría, son cercanas al partido o que han sido militantes. Intereses en esperar la muerte rápida del Partido Morado para, sobre sus restos, formar un nuevo partido político, un nuevo movimiento. Esto me parece un acto de felonía, de traición”.
NAUFRAGIO
Pero en el PM se resisten a morir. Desde los resultados de la primera vuelta, el partido sabía que tendría que luchar para no desaparecer. El director del ROP, Fernando Rodriguez Patrón, ya lo había adelantado cuando publicó en un artículo que “un partido político conservará su inscripción, si alcanza cinco representantes al Congreso y si adicionalmente obtiene el cinco por ciento de los votos válidos del Congreso, es decir, debe cumplir ambas condiciones”.
La agrupación fundada por Guzmán solo cumple lo último. Sin embargo, los últimos morados sostienen un argumento clave: que la ley establece, textualmente, que se cancela la inscripción en caso de no lograr los dos requisitos.
El 8 de junio se llevó a cabo la “Conexión Morada”, un encuentro virtual donde Julio Guzmán informó que se despediría del partido y expuso la estrategia que usarían para seguir con vida y poder participar de las Elecciones Regionales y Municipales 2022. El plan contemplaba apelar en caso el ROP decidiera cancelar la inscripción de la agrupación, tal como lo hizo.
Por todo ello, los morados ya estaban advertidos cuando a las 3 p.m. del 8 de septiembre aparecían en la lista de las organizaciones políticas con inscripción cancelada en el sitio web del ROP. Militantes aseguran que se estuvo cambiando el estado del PM en el sistema antes de que el personero legal Jarek Tello fuese notificado sobre la resolución que dispuso la cancelación del partido.
El 8 de septiembre el estado del Partido Morado cambió en la web del ROP antes, siquiera, de que se haya notificado al personero legal de la agrupación sobre la pérdida de inscripción.
“Le quita muchísima seriedad el hecho de que se quite, se ingrese y se vuelva a quitar al PM [de las agrupaciones con inscripción activa]. Y que sea con anterioridad a la resolución del ROP también es sospechoso. Los militantes lo toman como si se estuviera jugando con su derecho y sus expectativas de pertenecer a una organización por la que han trabajado tanto”, dice Narescka Culqui, excandidata al Congreso y miembro de la Secretaría Nacional de Plan de Gobierno.
Mientras los demás partidos ya piensan en los próximos comicios, el PM debe enfocarse en salvar su inscripción. Ante la incertidumbre de no saber qué pasará, hay militantes que han optado por retirarse. Tienen miedo de no poder participar de las elecciones del 2022. En los próximos días, los últimos morados se alistan para preparar una denuncia penal contra el director del ROP por abuso de autoridad. El barco, sin embargo, parece destinado a naufragar.
**Nota de edición: en una primera versión de este informe se dijo que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, y la hoy encarcelada María Nina figuraban en las listas de Julio Chávez y Edmundo Del Águila, respectivamente. Los datos consignados fueron erróneos. Lo correcto es lo siguiente: ambas postulan independientemente a otros cargos internos en listas cuyas cabezas dieron apoyo político a Chávez y Del Águila. Ello, sin embargo, no las convierte en parte oficial de las fórmulas de dichos candidatos a secretarios generales. Pedimos disculpas a nuestros lectores.
Julio Chávez Chiong, el alcalde de San Martín de Porres, es uno de los favoritos para ser secretario general nacional de Acción Popular, el partido que hoy preside la Mesa Directiva del Congreso y del cual es militante desde 2004. En las próximas elecciones internas, sin embargo, su candidatura es cuestionada debido a recientes acusaciones de prácticas clientelistas.
La primera fue en 2019, cuando su esposa, la excongresista Leslye Lazo, postulaba como precandidata al Congreso en las elecciones complementarias del 2020. Con 427 votos, fue la segunda más votada en las internas de la lampa.
La cifra llamó la atención de algunos militantes, puesto que era la primera vez que la desconocida Lazo postulaba. Ricardo Torres, accionpopulista desde hace más de 15 años, le encuentra la siguiente explicación: “Tú vas a la municipalidad y vas a encontrar a muchos militantes laborando. Obviamente, cuando hay elecciones internas, él [Julio Chávez] dice ‘voten por mi esposa’. Por ello [Leslye Lazo] tuvo muy buenos resultados”.
Solo entre gerentes y subgerentes de la municipalidad de SMP -puestos de confianza designados por el alcalde-, hay actualmente 11 militantes de AP.
La maquinaria de la lampa en el municipio quedó en evidencia cuando los vecinos de San Martín de Porres denunciaron en redes sociales que una trabajadora de la comuna atendía en la mesa de partes con un polo del partido. Una fuente de alto nivel en la municipalidad confirmó a este medio la veracidad de la acusación. Esa ya era la época en que Leslye Lazo, esposa del alcalde, se postulaba como congresista de la República, cargo que finalmente asumió. Y está prohibido porque vulnera la neutralidad electoral.
Incluso se creó el grupo de WhatsApp llamado “Santander grupo 5” para coordinar la campaña de la excongresista, según documentos presentados el 23 de enero de 2020 ante el Jurado Electoral Especial (JEE) por el Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción, una asociación de vecinos de SMP. “Les recuerdo amigos, debemos concientizarnos que estamos en etapa de campaña”, se puede leer -por ejemplo- en un mensaje enviado el 13 de octubre de 2019, días previos a las elecciones internas del partido.
En el grupo, según pudo corroborar Sudaca, estaban César Terrones Rojas, funcionario en una oficina de la municipalidad llamada Agencia de la Zona Comercial e Industrial, y Joseph Arriaga Castañeda, asistente de seguridad de la comuna.
Julio Chávez señala que ningún funcionario del municipio hace campañas proselitistas en horario de trabajo, pero “lo que hagan las personas en su tiempo libre es parte de su derecho de participar en política”. Asegura, además, que el JEE nunca le notificó sobre ninguna denuncia, “seguro porque las vio tan absurdas”. Lo cierto es que, a pesar de los chats y las fotos, esta fue archivada por el organismo electoral.
La que sí está abierta es una investigación fiscal contra el alcalde. El 28 de mayo del año pasado, agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la Policía y la fiscalía anticorrupción de Lima Norte allanaron la Municipalidad de San Martín de Porres por presuntas irregularidades en la adquisición y distribución de las canastas de víveres, las cuales debían destinarse a las familias de escasos recursos del distrito.
Las intervención se dio a raíz de la denuncia de Jorge Maturrano Infantas, presidente del ya mencionado Frente Nacional de Lucha Contra La Corrupción. ¿Los motivos? Una presunta sobrevaloración en los precios de los víveres y que las canastas no habrían llegado a todos sus destinatarios.
Julio Chávez dice que aquella intervención fue parte de un show mediático y trae a colación al caído en desgracia Martín Vizcarra: “Siguiendo una consigna de persecución política del vizcarrismo. Lo único que hicieron fue ir a hacer un show mediático […] para distraer la atención de la opinión”.
Chávez echó mano del procurador de la municipalidad, Oscar Siuce Contreras, para salir del apuro. Siuce pidió ese año al Poder Judicial que se declare nulo aquel allanamiento y acusó al fiscal encargado, Marco Antonio Carrasco Campos, de actuar de manera arbitraria. Pero su pedido no prosperó. El caso se sigue investigando en el Primer Despacho de la Fiscalía Anticorrupción de Lima Norte.
Siuce Contreras es, cómo no, militante de AP desde el 2005. En estos últimos comicios nacionales -donde Leslye Lazo fue elegida, esta vez como Parlamentaria Andina-, el procurador aspiró a ocupar una curul en el Congreso por Lima Metropolitana con el N°3. No tuvo la misma suerte que su correligionaria.
Jorge Quintana, quien apoya abiertamente la campaña del Julio Chávez, lleva entre su lista a Leslye Lazo (esposa de Chávez) y Oscar Siuce (procurador del municipio donde Chávez es alcalde).
Siuce sigue siendo procurador en la comuna y es parte de la Lista N°1 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima, que lidera el exalcalde de Jesús María, Jorge Quintana. En la misma lista figura Leslye Lazo, para la vicepresidencia general y la actual presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, para el cargo de secretaria de coordinación. Quintana ha brindado su apoyo a la candidatura nacional de Chávez Chiong, aunque pesa sobre él una tacha de parte del Comité Electoral de su propio partido.
EDMUNDO DEL ÁGUILA MOROTE
El otro favorito es Edmundo del Águila Morote. Militante con 60 años en el partido, anteriormente ya ocupó ese cargo. El 2019, Del Águila ya postulaba a la secretaría nacional en un proceso que luego fue evacuado por la crisis política que se desató con el cierre del Congreso. Una de las promotoras de su campaña fue la alcaldesa de San Juan de Miraflores, María Nina Garnica, quien hace menos de un mes fue detenida junto a su pareja. La fiscalía los sindica como líderes de la organización criminal ‘Los elegantes de San Jhon’.
Ese 2019, Nina realizó un viaje a Ica junto a Del Águila Morote. “Nosotros los alcaldes tenemos una gran responsabilidad y es enarbolar esa honestidad y ese trabajo que Fernando Belaúnde Terry nos enseñó. Hoy, en aras de unas siguientes elecciones, estamos acompañando al ingeniero Edmundo del Águila en esta tarea de unidad […] por eso nos hemos sumado a esta candidatura”, dijo la alcaldesa ante la prensa local.
En la investigación fiscal que enfrentan Nina y su pareja -que hoy pasan sus días en prisión preventiva-, se señala que la alcaldesa usó recursos del municipio para apoyar a postulantes al Congreso y precandidatos a la presidencia en las elecciones internas de AP, en noviembre del 2020. Uno de ellos fue Edmundo del Águila Herrera, hijo del ahora postulante a secretario nacional.
Según el expediente fiscal, Nina habría colocado el rostro de Del Águila hijo en la cuponera de los tributos municipales del 2020. En su momento, el aludido negó cualquier irregularidad, pero admitió que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, respondió.
Similar apoyo habrían recibido el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo y el propio Walter Huamán, esposo de la alcaldesa, quien tentó una curul en las pasadas elecciones. Este último no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores, de acuerdo a información fiscal.
Consultado al respecto, Del Águila Morote no quiso dar ninguna respuesta sobre su vínculo con la alcaldesa. “No voy a opinar porque estoy en pleno proceso electoral y mi campaña es en búsqueda de la unidad, entonces no voy a decir nada que atente contra mi propia política de unidad en el partido”, respondió.
El alcalde de Magdalena, Carlomagno Chacón, ha apoyado abiertamente la candidatura de Edmundo del Águila.
Nina Garnica figura en la lista N°2 al Comité Ejecutivo Metropolitano de Lima. Postula al cargo de secretaria de cooperación popular. Encabeza esta lista Carlomagno Chacón, que a la luz de las fotografías que ha compartido en redes sociales, ha manifestado su apoyo a la candidatura nacional de Del Águila Morote.
Las elecciones en el partido de la lampa se llevarán a cabo el 25 de septiembre. Además de Chávez y Del Águila, también postulan -aunque con menor expectativa- José Ventosilla Ñáñez, militante desde 2009, y Rafael Vásquez Neyra, anterior secretario nacional durante 2015-2016. Las bases clientelares, como ya parece costumbre en Acción Popular, podrían jugar un papel decisivo.
*Fotoportada: Darlen Leonardo / Foto: La República
Luego de semanas de tensión con el Legislativo, Guido Bellido obtuvo luz verde para su Gabinete. Fueron 10 horas de exposiciones y supuesto debate en el Pleno, en el que algunos congresistas tomaron decisiones sobre la hora. El resultado: 73 votos a favor, 50 en contra y 0 abstenciones.
Hasta hace diez días, la posición de Acción Popular, la bancada que preside la Mesa Directiva, era incierta. Pero según una fuente con conocimiento del tema, un asesor de la lampa se reunió con Guido Bellido al final de la semana pasada. En el encuentro, el primer ministro se habría asegurado que por lo menos 12 de los 16 congresistas accionpopulistas le otorgarían la confianza.
La fuente apunta que aquel emisario fue Yonhy Lescano, excandidato presidencial y ahora asesor del parlamentario Carlos Zeballos (Puno). Consultado por Sudaca, Lescano confirma que, días antes de la presentación del Gabinete ministerial en el Parlamento, visitó a Guido Bellido, pero asegura que no hablaron “específicamente” de la cuestión de confianza y que no hubo “coordinación” al respecto.
Lo concreto es que, terminado el primer día de debate, los parlamentarios de la lampa ya tenían claro que la intención de la mayoría de la bancada era votar en bloque a favor de la confianza y, según el legislador Elvis Vergara, “dar tranquilidad y estabilidad al país”.
Muy al contrario de lo que nos tiene acostumbrados, los 12 congresistas de AP presentes en el hemiciclo votaron en bloque a favor de la confianza. No hubo disidentes, aunque sí una clara omisión. La presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, Maricarmen Alva, quien ha sido una de las más críticas del gobierno de Castillo, fue la única que no emitió su voto.
La única congresista presente en el hemiciclo que no votó fue la presidenta del Congreso Maricarmen Alva.
Consultada por el motivo de esa actitud, Alva respondió que “la presidenta del Congreso no vota, solo cuando hay empate y debe dirimir… Merino nunca votó, ni el día de la vacancia”. Sin embargo, de acuerdo al Reglamento del Congreso, ella no contaba con ningún impedimento para hacerlo. José Cevasco, exoficial mayor del Congreso por varios años, es enfático al señalar que Alva sí podía y debía votar.
Otra bancada cuya postura fue definitiva para inclinar la balanza fue la del partido de César Acuña. A pesar de ser parte de la oposición, la manera en la que sus congresistas votarían dejaba dudas. Hasta ayer en la mañana, cuando se alcanzó la certeza absoluta: 13 parlamentarios le darían su confianza a Bellido y dos se la negarían.
Para llegar a este apoyo casi total al Gabinete, Lady Camones, vicepresidenta del Congreso, cuenta que su bancada participó de varias reuniones partidarias en las que se conversó sobre el tema. En algunas de ellas estuvo presente su líder César Acuña, quien -según Camones- manifestó estar a favor de darle la confianza a Bellido. Pero no fueron las únicas reuniones que tuvieron los de Alianza para el Progreso (APP).
Dos semanas antes de la presentación del Gabinete, los voceros de la bancada se reunieron con Guido Bellido. También visitaron los Ministerios de Economía y Transportes. ¿De qué se habló? Según Camones, su bancada pidió, por ejemplo, que se reevalúe la designación de los ministros cuestionados. Bellido -asegura- respondió que “esperen hasta escucharlo y que más adelante tal vez se tomaba la decisión”. Esto habría sido una de las razones para no tomar una postura con anticipación.
La versión de algunos congresistas es que la decisión de dar la confianza se tomó el mismo jueves, después de escuchar el discurso del premier. “Durante el receso parlamentario [del primer día], estuvimos almorzando y comentando el tono conciliador de Guido Bellido y la omisión del tema de la Asamblea Constituyente”, dice el parlamentario Eduardo Salhuana.
Camones asegura que la decisión de APP no significa, ni de lejos, un cheque en blanco, y que tendrán bajo lupa las carteras de Salud, Educación y Economía. Además, afirma: “Esperamos que se den los cambios en el Gabinete luego de haberles dado la confianza”.
OBEDIENCIA Y DESACATO
Si el jueves APP y AP ya habían decidido sumarse a los votos a favor del Gabinete de Bellido, dentro de la bancada conformada por Somos Perú y el Partido Morado no había certeza de qué decisión tomarían estos últimos en la votación de ayer.
Fuentes de Somos Perú aseguran que estaban convencidos de que sus pares morados votarían por la abstención o se sumarían a su decisión en bloque de dar la confianza. Esto último, siempre y cuando Bellido los convenciera con su última intervención del viernes.
Para su sorpresa, sin embargo, Flor Pablo, Susel Paredes y Edward Málaga-Trillo votaron en contra, al igual que las bancadas de la oposición más radical como Renovación Popular, Avanza País y Fuerza Popular.
Pero esta decisión de la bancada no fue de última hora. Al interior del partido se había expresado la voluntad de que no se le otorgue la confianza al Gabinete desde el 29 de julio, el día que juramentó Bellido. “El equipo de gobierno del Presidente Pedro Castillo no puede estar liderado por una persona que no cree en la democracia, los derechos humanos y la lucha contra la corrupción y el terrorismo”, se lee en un comunicado del Comité Político.
El Partido Morado exige que el Congreso no de confianza al gabinete liderado por Guido Bellido. pic.twitter.com/JmYPR5LNO2
Días después, desde el partido también cuestionaron las decisiones de sus tres congresistas de unirse a Somos Perú. Este tipo de decisiones, se lee en otro documento, “deben ser coordinadas con el Comité Político”.
Y finalmente la presión funcionó. Fuentes del Partido Morado apuntan, además, que esta decisión podría responder a una estrategia de alguno de los congresistas, quienes tendrían intención de participar de las próximas elecciones internas del partido -si es que este mantiene su inscripción-, por lo que lo más conveniente era alinearse con la postura ideológica de este.
Del lado de Somos Perú, el apoyo al Gabinete Bellido se saldó con una disidencia. El jueves, al terminar el debate, Héctor Valer contó a Sudaca que en su bancada había un preacuerdo mayoritario para que den el voto de confianza, pero que no estaba decidido completamente. “Yo sí pienso votar a favor, pero soy disciplinado, y si la bancada dice que no, haré caso”, aseguró.
Aunque el viernes en la mañana se mantenía el convenio para que los seis parlamentarios de SP votarían a favor, inesperadamente la congresista Kira Alcarraz, decidió hacerlo en contra. Rompió, así, el bloque.
Según una fuente del mismo partido, el motivo del voto de la congresista Alcarraz fue “un desencuentro con el primer ministro”. Y es que el martes Guido Bellido habría citado a Alcarraz para conversar sobre algunos temas de interés de la congresista. Sin embargo, no fue atendida, lo que generó su incomodidad.
Valer dice también que desde la bancada de la ultraconservadora Renovación Popular se acercaron a conversar con ellos para convencerlos de votar en contra, pero que finalmente decidieron apostar por la gobernabilidad. Esta vez, la oposición más radical no ganó. Pero la victoria del Gabinete sigue siendo muy frágil.
“De tanta preocupación me duele la cabeza. A veces me quedo hasta la 1 o 2 a.m. revisando, viendo qué puedo hacer [para recuperar mi dinero]. Pero no solo es por la plata, que evidentemente necesito, sino porque [lo que hace eDestinos] es una estafa”. Mirella Tizon Zanetti describe así las consecuencias psicológicas de comprar pasajes aéreos y caer en las redes de la agencia de viajes eDestinos.
En marzo de este año, Tizon compró dos pasajes de Buenos Aires a Lima en la aerolínea Sky Airline. Debido al aumento de contagios por coronavirus, sin embargo, no pudo usarlos, pues Argentina cerró sus fronteras. Desde entonces, empezó a recibir periódicamente correos electrónicos donde le informaban que sus vuelos habían sido cancelados y que tenía dos opciones: reprogramarlos o pedir un reembolso. A veces el remitente era Sky Airline y otras, eDestinos.
Pero cuando Mirella Tizón mandó un correo a Sky pidiéndoles la reprogramación, le respondieron que ella no les había comprado los pasajes de manera directa, sino a través de la agencia de viajes, y que tenía que comunicarse con ellos para poder solicitar el cambio de fecha. “¿Pero entonces por qué ustedes [la aerolínea] me mandan correos avisándome de la cancelación de mi vuelo?”, preguntó desconcertada. Es aquí donde empezaría su pesadilla.
Cuando intentó comunicarse con la dichosa agencia eDestinos, se topó con una desagradable sorpresa: era casi imposible establecer contacto con algún representante. No tienen oficinas en Perú, tampoco números de teléfono a los cuales llamar para reclamar. Solo tienen un correo que responden esporádicamente y una página en Facebook llena de comentarios de usuarios que reclaman la devolución de su dinero.
La página de Facebook de eDestinos está llena de usuarios reclamando que no haya forma de contactarlos.
Atados de manos
Si se coloca en el buscador “vuelos baratos”, uno de los primeros resultados en aparecer es el portal de ofertas de eDestinos. “Vuelos baratos. Mega promoción. Encuentra los vuelos más baratos”, dice el encabezado. Con ese tipo de frases se publicitan en Internet y redes sociales, a la espera de incautos que anden buscando boletos con rebaja. Aunque opera distintos dominios de América Latina, como el “.pe” y el “.ar”, la empresa tiene sede física en Polonia.
Entre las decenas de clientes estafados por eDestinos, Sudaca ha podido identificar dos modalidades con patrones similares. Ambos comienzan cuando la agencia atrae a clientes con precios de pasajes que, supuestamente, resultan más económicos que comprarlos en las mismas aerolíneas. En la primera modalidad, los vuelos son cancelados (ya sea por razones relacionadas a la pandemia u otras) y cuando los pasajeros piden la reprogramación o el reembolso, eDestinos deja de responder.
El segundo modus operandi es más burdo: la agencia envía códigos de reserva que no existen o, sencillamente, los pasajeros nunca reciben nada. Cuando reclaman y piden que se les devuelva la plata, eDestinos vuelve a aplicar el viejo arte de la desaparición. Las pocas veces que contestan, porque el insistente pasajero les ha escrito muchísimas veces, le echan la culpa a las aerolíneas y se lavan las manos.
Como Mariella Tizón no pudo comunicarse con eDestinos, se puso a buscar en Facebook y encontró el grupo “Denuncia edestinos estafadores”, que tiene 831 miembros. Todos reclaman y denuncian haber sido estafados por la agencia de viajes. Hasta el día de hoy, cinco meses después de haber comprado los pasajes, Tizón sigue enviando correos diarios exigiendo el reembolso de los US$418 que pagó.
Milagros Mejía Escalante también es parte del grupo de Facebook que denuncia las estafas de eDestinos. Ella compró dos pasajes Lima-Piura para viajar el 20 julio. Pagó US$250 y el costo incluía, supuestamente, un seguro ante posibles cambios. “Vi que la promoción era buena y por eso compré los pasajes ahí”, cuenta. Pero cuando quiso hacer el check-in en la página de Sky Airline, introdujo los códigos de reserva y descubrió que no existían.
«Debido al gran volumen de contactos, puede haber una ligera demora en responderle, le agradecemos por su comprensión. Nuestros asesores se pondrán en contacto con usted lo antes posible». Ese fue el primer y último correo que Mejía recibió de eDestinos cuando quiso reclamar.
“Mi pasaje no existía, no pude viajar”, se lamenta. Pero lo peor para ella es que, hasta el día de hoy, no sabe a dónde reclamar para que le devuelvan su dinero.
https://www.high-endrolex.com/19
Lo mismo le ocurre al profesor Hugo Ruíz Acuña, quien el 10 de agosto compró en eDestinos pasajes Chiclayo-Jauja en la aerolínea Latam. Ya pasó más de una semana y la agencia sigue sin enviarle sus boletos o códigos de reserva, a pesar de que US$326 ya fueron descontados de su tarjeta.
“No tengo ninguna respuesta de esta agencia de viajes. He mandado reclamos a través de un formulario, he llamado y también he escrito a Latam, pero me dicen que eDestinos no hizo ninguna reserva con ellos. Voy toda la semana consultando, mandando mensajes, pero eDestinos no me responde”, explica Ruiz.
Desesperado, no sabe si debe comprar otros pasajes o si debe mantener la ilusión de que le responderán días antes de la fecha en que debe tomar el avión. Aunque en los últimos días parece haberse resignado. “El viaje soñado se convirtió en una decepción por culpa de estos estafadores”, se lamenta.
En la página de Facebook de eDestinos abundan los comentarios preguntando cómo establecer contacto con ellos. La respuesta de la empresa es el silencio. Si es que los clientes quieren presentar algún reclamo, ¡deben escribir hasta Polonia! “Usted está autorizado a presentar un reclamo por escrito a la oficina eSky.pl S.A., Murckowska, Polonia o enviar un mensaje por correo electrónico”, se puede leer en las letras pequeñas de los correos automáticos que envía.
Si un usuario quiere contactarse con eDestinos, debe dirigir su reclamo hasta Polonia.
Estafa masiva
El médico Marco Lanatta Lanatta es otra de las víctimas. En noviembre del año pasado compró seis pasajes para viajar a Piura a través de eDestinos. Sin embargo, en febrero los contagios de Covid-19 incrementaron y Sky Airline canceló las salidas a Piura. Lanatta pidió la reprogramación del vuelo para el 24 de julio y, después de varios correos, la agencia le respondió que harían la solicitud para cambiar la fecha del viaje. Pero, como ya es costumbre, luego dejó de contestar.
Desesperado, Lanatta llamó a la aerolínea, pero la respuesta que obtuvo fue desalentadora. «Nosotros tenemos un convenio y no podemos programar los vuelos comprados por usted, sino que lo tiene que hacer la agencia eDestinos«, cuenta que le dijeron, sin explicarle bien en qué consistía tal convenio.
Sudaca intentó comunicarse con Sky -que tiene 428 denuncias en Indecopi- para preguntarle por qué, a pesar de que hay varias personas que les reportaron haber sido estafadas, siguen manteniendo el convenio con eDestinos. Este medio usó los mismos canales que tienen a disposición los clientes, pero contactar con la aerolínea y obtener una respuesta satisfactoria fue imposible.
Mientras Sky Airline le decía a Lanatta que el responsable era eDestinos, la agencia le mandó un correo exculpándose y asegurando que era la aerolínea quien no dejaba reprogramar la fecha de su viaje. Incluso le enviaron un correo explicando que tampoco podrían reembolsarle los US$500 que pagó por los pasajes y que lo único que le darían sería el reembolso de los impuestos aeroportuarios. ¿Cuánto era el reembolso de los dichosos impuestos aeroportuarios? Hasta ahora no lo sabe, porque tampoco le respondieron cuando lo preguntó. Lanatta se negó a recibir migajas y, al final, tuvo que comprar otros pasajes para poder viajar con su familia.
“Les voy a reventar el correo todos los días y voy a denunciarlos a Indecopi. De ninguna manera voy a aceptar que eDestinos me diga que los vuelos han sido cancelados porque Sky Airline me ha dicho que ellos tenían vuelos disponibles, pero que eDestinos no se tomó el trabajo de pedir la reprogramación de mi vuelo”, asegura.
En la página “Tu queja suma”, comunidad digital donde personas de distintos países pueden presentar reclamos contra empresas, hasta el cierre de este reportaje se registraron más de 2.125 reclamos contra eDestinos. Con cada día que pasa, el número aumenta.
Para comunicarnos con eDestinos, Sudaca envió correos electrónicos a los gerentes de la empresa central eSky.pl, en Polonia. Indicaron -en inglés- que estarían encantados de responder nuestras preguntas, pero hasta el cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta. Representantes de la aerolínea Latam tampoco absolvieron nuestras consultas. Todos los casos de clientes estafados que se presentan en esta nota han sido verificados y tienen documentación de respaldo.
La estafa es internacional
eDestinos no solo tiene presencia digital en Perú. También estafa en otros países de Latinoamérica. Es el caso de Laura Allegretta, ciudadana argentina que compró pasajes para viajar de Buenos Aires a Londres en octubre de 2019.
Todo iba bien y la comunicación era fluida con la agencia hasta la primera cancelación de los viajes, por la pandemia, en junio de 2020. Por casi un año, mandó innumerables correos electrónicos a la agencia sin obtener respuesta. Recién le hicieron caso cuando escribió al CEO de la empresa y a las autoridades de Polonia.
Después de insistir día y noche por más de un año, parecía que eDestinos al fin había escuchado sus reclamos. Pero cuando le depositaron el dinero, en vez de hacerlo en dólares -moneda en la que ella había pagado-, la agencia decidió unilateralmente hacer la conversión a pesos argentinos. Como la moneda de su país vive en constante depreciación, Allegretta terminó recibiendo menos dinero del que gastó en los boletos. Hasta el día de hoy, sigue reclamando por el saldo restante.
Desde Uruguay, Nathalie Serqueda Eiraldi también reclama que eDestinos la quiere ‘cabecear’ con más de US$1.000. Pagó US$1973,98 para viajar a Brasil, pero se cerraron las fronteras. El 4 de enero de este año, tras 12 meses de no obtener respuestas, presentó una solicitud de arbitraje contra eDestinos ante el Indecopi. Primero lo intentó en Uruguay, pero como la web de la agencia que ella usó termina en “.pe”, las autoridades uruguayas le dijeron que tenía que reclamar en Perú. El 26 de enero le rechazaron el pedido.
Respuesta de Indecopi ante la solicitud de arbitraje de consumo contra eDestinos
El abogado penalista Luis Lamas y el jefe del área de prensa de Indecopi, Jorge Ramírez, explican que estos casos competen a la Policía y no al Indecopi. “Si contactaste con una empresa que no existe y no te da absolutamente nada, estamos ante una figura de estafa. Eso está tipificado como un delito y la policía es quien tiene competencia en el tema”, sostiene Ramírez.
Luego de un año y cuatro meses de exigir todos los días por correo que le devuelvan su dinero, eDestinos le respondió aSerqueda que le reembolsarían el total de lo pagado. Pero el gusto duró poco, pues en el recibo de la supuesta devolución solo figuraban US$914. Ni siquiera ese monto le ha sido devuelto.
“Aún sigo esperando que me devuelvan el dinero, no he visto ni un centavo […] Me propuse todos los días enviarles aproximadamente dos correos reclamando”, dice ella.
Hasta el cierre de este reportaje, más testimonios de gente estafada por eDestinos continúan llegando a Sudaca.
María Cristina Nina Garnica es alcaldesa de San Juan de Miraflores desde enero del 2019. Llegó al cargo de la mano de Acción Popular y todavía está registrada como militante de ese partido. El 29 de noviembre del año pasado se encontró en el Instituto Gilda Ballivian Rosado con agentes de seguridad y otros funcionarios de la municipalidad de su distrito. La reunión fue clave para la fiscalía anticorrupción.
De acuerdo a una investigación fiscal, allí se acordó que los funcionarios municipales participaran activamente en las elecciones internas de Acción Popular, que se llevaban a cabo ese día. El objetivo era elegir la lista presidencial y a los candidatos al Congreso que representarían al partido de Nina Garnica en las elecciones generales de abril pasado.
La orden de la alcaldesa habría sido apoyar las precandidaturas de Edmundo del Águila Herrera, quien se postuló para ser el candidato presidencial, y de la docente Melissa Bottger Alor, quien acababa de dejar el cargo de subgerente de la Mujer, Salud y Poblaciones Vulnerables de este municipio y pretendía postular al Congreso.
Además, gracias a escuchas autorizadas por el Poder Judicial, la fiscalía conoció que “en el desarrollo de las elecciones congresales del 26 de enero de 2020, la presunta organización liderada por la alcaldesa apoyó a su partido político Acción Popular con personeros y secretarios, […] encargándoles labores ajenas a su función y en horario de trabajo”. Servidores públicos pagados con los impuestos de los contribuyentes al servicio de un partido político.
El último viernes la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios detuvo a ocho funcionarios de la municipalidad de San Juan de Miraflores. Los acusa de usar recursos del municipio para fines de partido, además de cobro de cupos a empresas y amenazas a quienes se les ponían al frente. Los investigadores han bautizado a esta presunta organización criminal como “Los elegantes de San Jhon”.
Según la resolución judicial que ordena las detenciones -la cual Sudaca revisó en detalle-, esta organización nació el primero de enero de 2019, apenas María Cristina Nina Garnica se sentó en el sillón municipal. Lo peor: no es el primer caso dentro de un partido en el que el clientelismo descarado ya parece una práctica sistemática. En marzo, este medio reveló las sospechosas movidas al interior de la Municipalidad de Ate del correligionario José Arriola, entonces candidato y hoy flamante congresista de la República por la lampa.
La alcaldesa de SJM María Nina y su pareja Walter Huamán liderarían la presunta organización criminal «Los elegantes de San Jhon».
Redes clientelares
María Nina es sindicada como la principal cabecilla de la organización junto a su pareja Walter Huamán Hidalgo, también militante accionpopulista. De acuerdo a la hipótesis fiscal, “Los elegantes de San Jhon” habrían usado dinero del Estado para apoyar a postulantes al Congreso y a la presidencia en las elecciones internas de noviembre del 2020.
Tanto Nina como Huamán son cercanos a Edmundo del Águila. Esto le habría valido al entonces precandidato para que el subgerente de Abastecimiento y Control Patrimonial de la comuna, Alex Guardia Bayona, ordenase colocar su foto a colores junto a la alcaldesa en la cuponera de los tributos municipales del 2020. Para ello, se efectuaron “gastos de diseño, papel e impresión” con dinero público, apunta la resolución judicial.
Consultado por Sudaca, Del Águila confirmó que conoce a la alcaldesa de SJM y que recibió apoyo de los militantes de ese distrito. “Efectivamente, ella me apoyó, al igual que muchos otros alcaldes y correligionarios. No se olvide que en las elecciones internas lo que uno trata es buscar el apoyo del mayor número de militantes. Lamentablemente yo perdí las elecciones”, responde.
Sobre las cuponeras con su foto, asegura que “no tenía idea de su existencia” pero que es una asociación “un poco rara porque las cuponeras se emiten en enero y las elecciones fueron en noviembre”.
Según la resolución de la fiscalía, se habría usado dinero de la municipalidad para apoyar candidaturas de accionpopulistas como Edmundo del Águila.
Situación similar habría ocurrido con el excongresista por la región San Martín Rolando Ruiz Pinedo. La hipótesis de la fiscalía es que, con el fin de apoyar su campaña para llegar al Parlamento del 2020, la alcaldesa María Nina le dio un puesto de trabajo a su hija, Diana Angie Ruiz Mesia, como subgerente de Imagen Institucional y Protocolo de San Juan de Miraflores en el 2019.
Para estrechar aún más los lazos, señala la documentación judicial, Ruiz Mesia se alojó en la casa de María Nina a cambio de que Walter Huamán, el esposo de la alcaldesa, fuese contratado como asesor técnico del congresista, cargo que ocupó hasta el último momento. Todo habría quedado entre correligionarios y familiares.
Estos no son los únicos casos. Walter Huamán tentaba una curul en las pasadas elecciones. De acuerdo a la resolución judicial, no tuvo mejor idea que entregar a varios trabajadores municipales paquetes de 200 volantes sobre la limpieza de las calles junto con una ficha de inscripción a Acción Popular para ganar seguidores. Su estrategia, a la luz de los resultados del 11 de abril, no funcionó.
Huamán tenía injerencia en las decisiones que se tomaban en la municipalidad, a pesar de no tener oficialmente ningún cargo. Su única autoridad era ser pareja de Nina, la única mujer que logró una alcaldía en Lima en las últimas elecciones municipales.
“Walter Huamán junto a la alcaldesa tenían el control sobre todos los funcionarios que designaron al punto que Huamán monitoreaba todo lo que ocurría en la municipalidad, lo que significaba que nadie podía hacer lo contrario a lo que disponía”, sostiene un testigo protegido, citado en la resolución judicial.
El control del esposo de la alcaldesa era tal que los mismos exfuncionarios de la municipalidad denunciaron a través de redes sociales no soportar “las intromisiones en el ejercicio de sus funciones y el manejo de los cargos por parte del cabecilla Walter Huamán”. Algunos ejemplos de estas intromisiones los veremos más adelante.
Cobro de cupos
“Los elegantes de San Jhon” no solo habrían aprovechado su poder para apoyar a los candidatos de su partido, sino que también solicitaba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito. Lo recolectado iba a parar a la “bolsa de dinero en favor de la alcaldesa”, de acuerdo a una denuncia hecha por propietarios hoteleros a los que les clausuraron sus negocios por negarse a seguir pagando.
Las escuchas legales permitieron determinar que a aquellos que pagaban los cupos no los clausuraban y los dejaban trabajar tranquilos. «Ya está pagao [sic] y no lo clausuren», se le escucha decir a Carlo Lopez San Martín, exsubgerente de Fiscalización, en un audio transcrito en la resolución judicial. López hacía referencia a un centro comercial del distrito.
La presunta organización criminal cobraba pagos de S/1.000 mensuales a cada uno de los establecimientos comerciales del distrito para la bolsa de dinero en favor de la alcaldesa María Nina.
Los centros de salud también estaban en la mira de los funcionarios, en medio de la pandemia. La fiscalía descubrió que no se clausuró el Policlínico San Juan de Miraflores a cambio de una dádiva por parte de una trabajadora, pese a que dicho centro había sido denunciado por ofrecer falsos resultados negativos de pruebas Covid-19.
En tanto Huamán, el proactivo esposo de Nina, ordenó no intervenir la empresa informal de mototaxis Danny S.A.C., cuyo dueño había estado en la cárcel y con quien él habría acordado protección a la burgomaestre.
Pero otros familiares también estaban metidos hasta el cuello en esta trama. La investigación determinó que la cuñada de la alcaldesa, la señora Gina Jesussa Martinez Gutierrez, tramitaba licencias de funcionamiento para distintos establecimientos comerciales a cambio de sumas de dinero. Sin ser funcionaria y con la venia de María Nina.
Por último, la fiscalía halló que se hicieron compras sobrevaloradas de drones e insumos para vehículos municipales. Además, hubo direccionamientos para contratar con empresas “amigas” que tenían el mismo propietario, que incluso compartían un mismo domicilio o que no se dedicaban al rubro requerido. Asimismo, se habría realizado la adquisición ficticia de botas por S/62.820 y se habrían ejecutado órdenes de servicios fantasmas por montos mayores de S/60,000. Esto podría ser apenas la punta del iceberg de las compras estatales en el distrito.
“GUERRA AVISADA NO MATA GENTE”
Con el propósito de mantener su poder, la alcaldesa y su pareja no dudaban en apartar a todo aquel que los estorbase. Es el caso del regidor Daniel Castro Segura, opositor de la gestión, a quien intentaron vacar de su puesto.
La resolución judicial sostiene que María Nina, a través de un tercero, captó a Estelita Gutarra Romero, miembro de la Directiva del comedor popular del Asentamiento Humano Nadine Heredia, para que presente un pedido de vacancia contra el regidor Castro. En dicho proceso, la propia alcaldesa votó a favor de la vacancia junto a los regidores que siempre la apoyaban. Sin embargo, el pedido no prosperó.
Esto no fue lo único a lo que tuvo que enfrentarse el regidor. Un grupo de “inteligencia” de la organización criminal le hizo seguimiento, captándolo en escenas amorosas con la regidora Vanessa Cuadros Aquije, fotografías que luego fueron publicadas en la página de Facebook “San Juan New”, donde usualmente se ataca a los opositores de la gestión municipal.
Ni la familia se salvó del amedrentamiento. De acuerdo a la fiscalía, los presuntos actos de corrupción de “Los elegantes de San Jhon” eran de conocimiento del primo de la alcaldesa, Antony Herrera Garnica. Y eso era un peligro. Con la finalidad de quitarle su celular -en donde tendría las evidencias que los comprometían-, los cabecillas de esta organización contrataron, con dinero de la municipalidad, a un grupo de policías para que lo detengan por encontrarse requisitoriado.
Otra forma de mantener a raya a los trabajadores para que no los denuncien, era a través del grupo de WhatsApp “SGFSA-EQUIPO”, cuyas siglas la fiscalía asocia a la Subgerencia de Fiscalización, Control y Sanciones Administrativas. El grupo era administrado por el entonces subgerente Carlos López Martín. En este se enviaban mensajes con órdenes y amenazas al personal de dicha área “para que no filtren información de actos presuntamente ilícitos”. En uno de esos mensajes, López les recordaba a los empleados que estaban sujetos a contratos CAS y terminaba con la siguiente frase: “Guerra avisada, no mata gente”.
El 1 de enero del 2018, seis internos armados del penal de Huacariz, en Cajamarca, intentaron fugar a bordo de una camioneta del Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Aunque lograron burlar la seguridad interna del penal, fueron intervenidos por personal policial que se encontraba en el exterior. Entonces se produjo un enfrentamiento a balazos, y un policía y un interno resultaron heridos.
¿Cómo es que los reclusos obtuvieron armas dentro del penal y se hicieron con una camioneta? “No se descartaba la complicidad de algún agente del INPE”, decía proféticamente uno de los tantos periodistas que presentó la noticia en aquella oportunidad. Los agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia del Ministerio del Interior se preguntaron lo mismo y empezaron a investigar.
Sus detectives determinaron que Luis Álvarez Rojas, Edwin Ortiz Marreros, César Carrasco Montoya y Hugo Blas Leyva, entre otros -todos agentes del INPE-, fueron los que planificaron y coordinaron el intento de fuga. Pero esa revelación era apenas la punta del iceberg.
El fiscal provincial de Cajamarca, Marco Terán Arribasplata, a cargo de las pesquisas, encontró que en este penal funcionaba una organización criminal integrada por directivos y trabajadores del INPE. La bautizó como “Los Piaras de Huacariz”. Las autoridades no solo exigían cupos a los presos a cambio de una variedad de servicios. Increíblemente, también los coaccionaban para que -a través de celulares brindados por los mismos agentes- realicen extorsiones a los ciudadanos de Cajamarca. Parte del dinero recaudado iba a los bolsillos de estos malos funcionarios públicos.
“Les cobraban por todo a los presos: por usar los teléfonos celulares que ellos mismos metían, por traficar con drogas, incluso hasta para utilizar los baños les cobraban. Todo tenía precio en este penal. Era muy corrupto. Es decir, los presos [también] estaban siendo extorsionados por funcionarios del INPE”, asegura el coordinador de las fiscalías contra el crimen organizado Jorge Chávez Cotrina. Él participó del megaoperativo que se realizó el martes pasado, para arrestar a 21 miembros de esta presunta organización criminal. Solo 13 de ellos cayeron en aquella redada, de acuerdo a Chávez.
Hablan los testigos
“La corrupción en [el penal de] Cajamarca es total, todos los alcaides [jefes de seguridad del penal] y supervisores entran a cobrar por la tenencia de celulares […] Ellos pasan y no sucede nada [no confiscan los celulares], pues todo ya está arreglado”, contó un testigo protegido a la Fiscalía sobre los cupos en el penal de Huacariz. Su relato está consignado en la resolución judicial que ordena las detenciones y a la que Sudaca tuvo acceso.
Declaración de testigo protegido sobre los cupos en el penal de Huacariz
Pero esta organización no solo estaba integrada por supervisores, alcaides o agentes de seguridad en general, como menciona el testigo, sino que todo ocurría con la venia de los mismos directores y subdirectores del penal, quienes obtenían una buena tajada de las coimas.
“Para que un interno tenga equipo celular, al Supervisor se le pagaba S/5 [diarios], el Alcaide recibía S/10 por cada servicio, el Jefe de Seguridad recibía S/1.000 semanales, al igual que el Subdirector y el Director de dicho recinto penitenciario”, detalló otro testigo protegido.
La resolución también señala que los funcionarios usaban “medios coactivos, intimidatorios o violentos” para exigir a los internos que cometan “actos de extorsión [y estafa] en agravio de la ciudadanía”, y así obtener dinero para pagar los cupos a sus custodios. “Tú ponte las pilas, ya cómprate tu huaco [se refiere al celular], aquí tienes que pagar diario y semanal”, les decían los agentes del INPE a los internos, de acuerdo a la documentación judicial.
Según la tesis del fiscal Marco Terán, esta organización operaba al menos desde 2016, cuando Ismael Montenegro Álvarez ostentaba el cargo de director del penal de Huacariz. Luego lo sucedieron en el cargo Pedro Fernando Lazo Moreno y Percy Hugo Blas Leyva, quienes continuaron con el mecanismo delictivo. En el 2019, Edwin Ortiz Marreros, alias ‘Marrano’ según la Policía, asumió la dirección del penal y siguió cobrando las coimas. Para todos ellos se ordenó la detención preliminar.
De derecha a izquierda, los directores del penal entre 2016-2020: Ismael Montenegro Álvarez, Pedro Lazo Moreno, Hugo Blas Leyva y Edwin Ortiz Marreros. El último es sindicado como el líder según la Fiscalía.
La fiscalía descubrió, además, que esto no era nuevo para ‘Marrano’, sino que lo venía haciendo desde hace años, cuando fue subdirector del centro penitenciario entre 2016 y 2018. De acuerdo a la resolución que ordenó su captura, en esos mismos años también era el encargado de vender droga, la cual ingresaba al penal a través de ambulancias para luego comercializarla al interior de la cárcel.
Según la documentación, Ortiz cobraba en una semana normal S/100 a cada preso por la posesión de celulares, pero en Fiestas Patrias o Navidad, cobraba con ‘aguinaldo’ incluido y recibía unos S/500.
Los testigos protegidos cuentan que, aprovechándose de su poder, una noche ingresó mareado al pabellón de mujeres para seguir tomando con las internas, a quienes acostumbraba tocarle las nalgas y hacerles propuestas indecentes o actos de connotación sexual.
Cobros crueles
Los agentes del INPE eran muy duros con quienes se negaban a pagar los cupos. A quienes no lo hacían, los agentes les “caían” de sorpresa mientras usaban los equipos celulares e informaban a la Fiscalía para que sean procesados por posesión indebida. Otra forma de intimidarlos era amenazarlos con llevarlos a las zonas de castigo -una de ellas conocida como “El Hueco”- o con sanciones injustificadas.
Los que sí accedían a pagar los cupos, en cambio, podían hacer “lo que les venga en gana, como estafar, extorsionar, etc.”.
En el Establecimiento Penitenciario Huacariz también se podían comprar celdas. Elegir una podía costar entre S/400 y S/1.000. El 2018, por ejemplo, la encargada de cobrar ese dinero para el director Hugo Blas Leyva, de acuerdo a la resolución judicial, era la Dra. Carmen Esther Guzmán Torres, jefa del Órgano Técnico de Tratamiento.
También se pagaba por el uso de sus derechos recreacionales, como poder participar de las festividades por el Día del Interno o Día de la Canción Criolla, o por vender comestibles en dichas festividades. Así mismo, por mantener ‘economatos’ (puestos de ventas), “Los Piaras de Huacariz” cobraban la “módica” suma de S/600 o S/700 mensuales. Y por abrir uno de estos puestos, S/7.000.
Para tener acceso a la visita de su familia y otras personas en días que no les correspondía, los agentes también pedían cupos. Y lo más cruel, sin dudas, era cobrarles a los reclusos por permitirles el acceso al tópico, por atenciones médicas o por ser evacuados al hospital.
Edgar Burgos Bobadilla, el ‘llavero’ del penal, era quien cobraba entre S/5 o S/10 soles “por llevarte al tópico, a la panadería, a la juguería». «Cobraba de acuerdo a como le caías”, señala la resolución. Según declaraciones de los testigos, lo llamaban ‘fumón’ porque se drogaba dentro del centro penitenciario.
El martes 20 de junio se detuvo a 13 de los 21 presuntos miembros de «Los Piaras de Huacariz» en el megaoperativo desarrollado en las ciudades de Cajamarca, Chiclayo, Trujillo y Yurimaguas.
“Con el pasar del tiempo, estos malos funcionarios del INPE han sido cambiados, rotados, a diferentes penales del país, pero la investigación continuaba. Entonces hemos tenido que ir a buscarlos a donde estaban trabajando. Afortunadamente, esta organización llegó a su fin con la intervención [del martes 20]”, sentenció el fiscal superior Chávez Cotrina. En los próximos días se llevará a cabo la audiencia de prisión preventiva contra esta mafia. Esperemos que el Poder Judicial esté a la altura.
Desde octubre del año pasado hasta el cierre de este informe, son 28 los pedidos de viajes al exterior hechos por congresistas de Acción Popular, Alianza Para el Progreso, Unión por el Perú, Fuerza Popular, Podemos Perú y Somos Perú. De ellos, 18 fueron solicitados en los meses de junio y julio. El mismo número de solicitudes tenía como destino Estados Unidos.
Sudaca accedió a documentación del Congreso que detalla todos estos pedidos. Nos centraremos en las solicitudes que tenían como intención que los viáticos sean pagados con la plata de todos los peruanos. En mayo de este año, por ejemplo, el congresista Carlos Almerí Veramendi (PP), cabeza de la Comisión Especial Investigadora Multipartidaria, solicitó a la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, que autorice el viaje de Felicita Tocto Guerrero (SP), Ricardo Burga Chuquipiondo (AP) y él mismo para asistir, todos ellos como parte de sus funciones, al interrogatorio del expresidente Alejandro Toledo en California, EE.UU.
¿Tantos parlamentarios se necesitaban para seguir un interrogatorio? Parece que en la Mesa Directiva se hicieron la misma pregunta, así que el viaje se autorizó, pero solo viajaron Almerí y Tocto. Una fuente de alto nivel en el Congreso cuenta que, indignado ante la negativa de dejarlo viajar, el congresista Ricardo Burga le dijo a la presidenta del Congreso que se había ganado un enemigo. Este episodio -aunque sin revelar nombres- fue contado por la misma Vásquez en una reciente entrevista para radio Santa Rosa, donde señaló que muchos parlamentarios le habían presentado solicitudes para viajar a Estados Unidos sin una justificación adecuada.
La presidenta del Congreso denunció que varios congresistas solicitaron viajar a EE.UU. sin justificación. Foto: El Comercio
Burga responde, sin embargo, que fue él quien pidió no ir porque Vásquez argumentaba que no había presupuesto para enviar a tres congresistas. Además, niega enfáticamente que la haya amenazado y lamenta que el Congreso “haya caído en manos de ella”.
“Ante la mezquindad de la presidenta del Congreso, yo no voy a mendigar un pasaje que yo mismo puedo pagar. Este era un tema de trabajo, no era un viaje de placer, como la señora viene pregonando en diferentes canales, porque lo único que hace es mentir descaradamente”, apunta Burga. Y luego responde -no sabemos si en serio o con ironía- acerca de la supuesta amenaza: “Es falso, ¿qué enemigo puedo ser cuando yo le envié flores por su cumpleaños y por el día de la madre?”.
Otro caso es el de los congresistas Guillermo Aliaga Pajares (SP) y Edward Zárate Antón (FP), quienes fueron invitados por el senador estatal Doug Ericksen con la finalidad de “intercambiar experiencias con los parlamentarios en cuanto a funciones de representación, elaboración de leyes, temas de control político, desarrollo sostenible y tecnologías de la información”, entre los días 11 y 15 junio. El destino: la ciudad de Olympia, en Washington, EE.UU.
¿Qué beneficio para el Estado tendría viajar para adquirir experiencia a un mes de dejar el cargo? Sudaca quiso saberlo pero no obtuvo respuesta de ninguno de los congresistas.
Sin embargo, lo curioso es que el segundo vicepresidente del Congreso, Luis Roel Alva, sí aprobó aquel viaje porque consideró importante “la participación del congresista Aliaga quien desempeñará actividades propias de su función parlamentaria”. Incluso el presupuesto del viaje para Aliaga y Zárate ya estaba calculado, y no era barato: S/17.553 y S/20.326, respectivamente.
El congresista fujimorista Edward Zárate solicitó viajar a EE.UU. Su pedido ya hasta había sido presupuestado con dinero del Estado, pero al final no viajó.
En abril, la congresista Yessy Fabián Díaz (AP) fue invitada a North Miami Beach por el alcalde Anthony F. DeFillipo con el fin de participar como coordinadora del evento del Bicentenario entre el 29 de abril y el 3 de mayo o del 3 al 7 de mayo. Sin embargo, según un informe de la Oficina de Protocolo del Congreso, se le negó el permiso -así como los pasajes y viáticos- porque se encontraron inconsistencias en las fechas en las cartas enviadas por la alcaldía de Miami al Congreso.
Al respecto, Fabián afirma que lamenta que la presidenta del Congreso Mirtha Vásquez “actúe de esa forma [que le negase el viaje]” y recalca que, finalmente, sí llegó a ir a Miami con sus propios recursos porque “estaba designada como coordinadora del evento para festejar nuestro Bicentenario a través de la Comisión de Turismo”.
Sobre las sospechas de que algunos congresistas quisieron viajar a vacunarse, la accionpopulista respondió: “Esa hipótesis es una bajeza de ella. Yo soy personal de salud y tuve la oportunidad de viajar a Miami y no me vacuné porque soy respetuosa de mis funciones y de mis hermanos peruanos”.
Otro congresista que tentó suerte fue Rolando Ruiz (AP), quien solicitó “licencia, pasajes, viáticos y autorización” para ir a Miami, entre el 11 y 13 de junio, a participar del III Encuentro de Emprendedores. La invitación se la hizo el presidente de la San Ignacio University, filial de la USIL, que es propiedad del accionpopulista Raúl Diez Canseco. ¿Justificación del viaje? Dar una conferencia el 12 de junio titulada “Cómo emprender y desarrollar en la Amazonía”. Sin embargo, al día siguiente de presentar el pedido, solicitó que se retire la documentación y que no se realice ningún trámite al respecto.
En su calidad de presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, el fujimorista Edward Zárate también fue invitado por el alcalde de North Miami Beach, Anthony F. DeFillipo, para participar en las actividades relacionadas al Bicentenario, programadas entre el 27 y 30 de abril o el 3 y 5 de mayo. Pero se le negó el permiso “dado que no es un evento internacional enmarcado en las funciones parlamentarias” y porque la actividades del itinerario de viaje no se ajustaban al motivo de la visita.
En la entrevista a radio Santa Rosa, Mirtha Vásquez apuntó que no encontraba justificación para los pedidos que reseñamos en este informe. “Decía: ‘a ver, estamos a menos de un mes de irnos; si el Estado invierte en ustedes para mandarlos de viaje a Estados Unidos es porque esa inversión se tiene que retribuir’. Pero, ¿cómo se justifica si ya se van en un mes, cuál es la utilidad de mandarlo a un intercambio de cómo se hace la labor de fiscalización en Estados Unidos?”, señaló. En Sudaca nos preguntamos lo mismo.
Uno de los pedidos que sí fue aprobado, sin embargo, es el realizado por el congresista Marco Verde Heidinger (APP). Él, sin embargo, tuvo como destinos Valencia y Madrid entre el 9 y 18 de julio. Fue a cumplir con la importantísima labor de “conocer los Parques Científicos de la Comunidad Valenciana e intercambiar experiencias en el desarrollo e implementación” de estos parques.
Consultado por su viaje, el congresista de Alianza para el Progreso responde que lo invitaron por ser el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. Señala, además, que su viaje retribuye al Estado “dado que nuestra comisión ha declarado como leyes la implementación de parques científicos tecnológicos en varios departamentos del país”.
Otros cinco congresistas que arribaron a Estados Unidos fueron Mónica Saavedra, quien pidió ir al país norteamericano como observadora internacional de las elecciones de ese país; y cuatro representantes de Acción Popular, dizque para estrechar lazos con el estado de Utah. Imaginamos entonces que el Perú ya debería tener excelentísimas relaciones con el país norteamericano.
