Lo cierto es que poco tiempo después, tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y las crisis migratorias del 2015, dieron sustento a la ya creciente extrema derecha y su nacionalismo para que pudiera triunfar Donald Trump, que puso a los migrantes como el principal enemigo de su nación y dio sustento para que gobiernos como el de Joao Bolsonaro y ahora el de Dina Boluarte, puedan apelar a resolver los problemas de pobreza y delincuencia ansiando romper el Pacto de San José e imponer, de una vez por todas, la pena de muerte. Masacre más, masacre menos en las tierras de la población quechua hablante y aimara del país, lo que importa es su Patria.

Los derechos humanos, pues, no son de izquierda, eso es un invento de la extrema derecha que repite sin pensar. Nuestros derechos están por encima de cualquier ideología. Es el deber de nuestro Estado protegerlos y deber de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evitar que se retroceda. La ONU ya se ha pronunciado, pero sin importarle, el Congreso sigue emitiendo leyes contra los derechos de la mujer, contra la educación pública, contra los migrantes, a favor de la corrupción. Mientras tanto, los brazos más violentos de la extrema derecha cuentan con la anuencia del gobierno para atacar. Total, como dijo el hoy silenciado cardenal del Perú, aquí los derechos humanos son una cojudez.

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Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.

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Otro tema que preocupa mucho a las Naciones Unidas es el rol que cumple la IA en el procesamiento, estructuración y suministro de la información; en las redes podemos observar cómo los algoritmos permiten la desinformación, el discurso de odio, la discriminación. Aquello considerado libertad de expresión se encuentra desbordado tanto en la agresión como en la represión. Mientras tanto surgen nuevas narrativas políticas y sociales, otras formas de privacidad y consentimiento, que requieren una alfabetización mediática e informacional que ni los medios ni las instituciones educativas están incorporando a su repertorio pedagógico. Enfrentar este proceso demanda no sólo nuevas prácticas educativas e inversiones tecnológicas, sino una formación ética acompañada de un fino desarrollo del pensamiento crítico, y todas las nuevas competencias que demanden los rápidos cambios en el mercado laboral profesional, la crisis climática y la necesaria participación ciudadana.

Mientras tanto, la Comisión de ciencia, innovación y tecnología del Congreso aprobó recientemente el dictamen de un proyecto de ley que busca promover el uso de la IA en el país sin tomar en cuenta los peligros que corren nuestros derechos. De aprobarse la ley nos estaríamos disparando a los pies. Pero qué hacer, cuando en la comisión sólo hay congresistas vinculados a empresas del sector salud, un par de abogados de universidades de bajos estándares, una periodista de farándula, dos marinos retirados. Él único científico es un biólogo molecular tan anticomunista que cuando fue jefe del Instituto Nacional de Salud, mintió sobre la calidad de las vacunas chinas.

Quizá sería bueno, pensaría HAL, que ha llegado la hora de hacerse cargo del Congreso peruano.

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Tres años después, Óscar Becerra es ahora el ministro de Educación y pone como representante del Minedu en el Consejo Directivo de la Sunedu al Director del Departamento Académico de su facultad en la USMP y presiona para que se elijan a candidatos como el superintendente que no cumple con el requisito de haber estado fuera del ámbito académico durante un año como mínimo. La asociación de universidades nacionales del Perú ha manifestado públicamente no reconocerlo y subrayar la ausencia de 19 rectores, mucho más que el quorum, que se opusieron a participar de su elección.

Es imposible, pues, esperar que un ministro como él no considere un adefesio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le parezcan culpables las mujeres con sus wawas atacadas por la policía protestando por las masacres, que esté a favor de la pena de muerte para quienes le dan la contra. De poco sirve que el gobierno se lave las manos con el Primer Ministro aclarando que el gobierno sí se respeta el pacto de San José, porque un hombre así, parece haber entrado para devolver a una red de corrupción el espacio que utilizaba para el enriquecimiento ilegal.

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Como en esos países el socialismo consiguió entronizar en el poder a líderes que por cumplir sus promesas agotaron los fondos económicos en muy pocos años, el aumento de la pobreza provocó una migración trasnacional que desató una ola de violencia que llegó hasta Ciudad Capital, circulando por las calles, asesinando migrantes, trabajadoras sexuales y víctimas de trata. El fascismo en Ciudad Capital sacó provecho de la lucha contra las bandas delincuenciales y al igual que en sus vecinos países fascistas, encontró en su erradicación, la forma de justificar el olvido de los derechos humanos, impulsando la represión y el encarcelamiento masivo. Así el fascismo aprovechó para enviar la doctrina social de la iglesia de regreso a los túneles de las catacumbas, y darle a las iglesias nacionales y extranjeras fascistas de Ciudad Capital el control de la moral.  De inmediato sus pastores declararon detestar a las instituciones que se atrevieran a hablar sobre poblaciones vulnerables y mayores atrocidades. Por eso el gobernador de Ciudad Capital, tan firme y místico creyente, ha clausurado el Museo de la memoria, el único lugar donde se resguardaba la verdad que contradecía tan duramente el discurso del fascismo y a sus aclamados escritores, quienes decidieron volver a contar la historia de tal manera que nunca se diga algo malo sobre los fascistas o algo bueno sobre esa horrenda creencia en los derechos humanos que tanto daño le hace a Ciudad Capital.

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Debemos partir de que recién hace cinco años se han empezado los estudios necesarios para diseñar los grandes sistemas de drenaje para Tumbes, Piura, Chiclayo. Y que en el caso de los balnearios del sur, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, ya existe un sistema de drenaje de la quebrada Cruz del Hueso que sí ha funcionado. Lo que ocurre es que diseñar y construir sistemas de drenaje toma muchísimo tiempo. Tras el huaico del año 2009 en Ayacucho, donde murieron 9 personas, el contar con el eficiente sistema que hoy vemos en el centro de Huamanga, recién culminó el año 2017. 8 años. Eso significa que probablemente los sistemas de las ciudades del norte estarán listos para la siguiente década. Lima debería sumarse de una vez.

En el caso de Punta Hermosa, el huaico no fue resultado del desborde de la cuenca, sino del agua acumulada durante las lluvias en la excavación que dejó una cantera ilegal de piedras y arena, esas que administran las mafias del sector construcción. Así que el huaico de Punta Hermosa no fue un “desastre natural” o la falta de un sistema para prevenirlo. Fue resultado de la extracción ilegal de minerales, que tiene distintas formas de afectar el medio ambiente, no sólo envenenando, sino también socavando nuestro territorio. Este espacio frágil y diverso, víctima del cambio climático, donde tendremos que concentrarnos mucho para reaprender a gobernarnos desde el cuidado que tanto necesitamos.

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Cuando Rusia se incorporó a la Primera Guerra Mundial, reclutó a los obreros para conformar un ejército capaz de enfrentar a Alemania. Campesinos y mujeres los reemplazaron en las fábricas. Las madres fueron las primeras en ocupar los puestos para conseguir el dinero necesario para sobrevivir mientras sus maridos estaban en el campo de batalla. Pero la guerra recrudeció la pobreza, no había guarderías, donde dejar a los hijos y de pronto racionaron el pan. El partido Bolchevique les pidió a las mujeres organizadas que no protestaran. Sin embargo, las mujeres no se rindieron y el 8 de marzo de 1917 comenzó la huelga que culminaría con la caída del Zar Nicolás. Han pasado ya más de 100 años. Y todavía nos quieren decir a las mujeres cuándo, cómo y dónde debemos protestar. Este 8 de marzo, si alguna mujer peruana hay que celebrar es a nuestras valientes mujeres del Sur, ciudadanas plenas que admirar.

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8 de marzo, Ciudadanas Aymaras, Día de la mujer

Sorprende el infantilismo con el que los poderes del Estado utilizan como estrategia la negación de los derechos humanos en nombre de un enemigo imaginario terrorista. Pero sorprende también como amplios sectores del país consideran que es lo correcto y que lo más apropiado, como señala el marino Jorge Montoya, es iniciar “los procedimientos de denuncia de la Convención Americana y el retiro de nuestro país de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.

Cómo no va a ser entonces la precariedad de los derechos humanos a la que hemos llegado en el Perú la razón por la que la población demanda una asamblea constituyente. Porque es indiscutible que tal como estamos, las condiciones y normas básicas de relación entre peruanas, peruanos y la sociedad están rotas, carecemos de protección por parte del Estado. Necesitamos un gobierno que nos devuelva los derechos que son irrenunciables y realmente iguales para todos. Y necesitamos que las docentes, los docentes de todo el país empiecen el año escolar enseñando cuáles son nuestros derechos y por qué no debemos dejar que nos los nieguen. Hoy más que nunca debemos entender que la ciudadanía jamás se debe dejar engañar.


*Fotografía perteneciente a terceros

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No tienen parangón, por lo tanto, las marchas que se están produciendo desde diciembre en el Perú y desde enero de este año en Lima, pues en esta ocasión las han convocado indígenas y mestizos, urbanos y rurales de regiones del sur andino: apurimeños, puneños, ayacuchanos, arequipeños, cusqueños que han constatado durante la pandemia cómo el estado peruano se había desentendido de su salud, educación, transporte; cómo los grupos de poder fujimoristas asentados en Lima, se dedicaron a despreciar con discursos racistas al gobernante que habían elegido. Son los pueblos del sur ahora quienes demandan una asamblea constituyente que nos reintegre como nación. No obstante, la respuesta ha sido acusarlos de subversión y abrir fuego contra ellos. 60 vidas van, pero aún las protestas no consiguen que la presidenta reconozca que su renuncia es la punta del hilo que requerimos para salir del laberinto en el que la corrupción nos tiene secuestrados. Y parece cuestión de tiempo, pues ningún manifestante parece que se va a rendir.


*Fotografía perteneciente a tercero

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Dina Boluarte, Marcha Nacional, Marchas, Perú
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