En los últimos años, Ecuador pasó de ser uno de los destinos turísticos más importantes de la región a uno de los países más violentos. De acuerdo a la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de homicidios en Ecuador se cuadruplicó entre 2016 y 2022. A inicios de enero, el mundo se paralizó mientras un grupo de periodistas televisivos eran secuestrados en vivo por criminales encapuchados. Estos últimos portaban armas de fuego, granadas y, hasta botas, con sellos de las Fuerzas Armadas del Perú. El escalamiento progresivo de la violencia delictiva en ese país ha logrado que, en la actualidad, más de la mitad de los feminicidios en Ecuador se cometan en el contexto de enfrentamientos entre bandas criminales.
Lo que parece haber sido una salvaje explosión de la violencia criminal es, en realidad, el resultado de fenómenos y dinámicas que se han ido consolidando en la sociedad ecuatoriana durante los últimos años: un reposicionamiento del país andino como actor principal del narcotráfico mundial; una crisis carcelaria que ha permitido la expansión de las filas de las principales organizaciones criminales del país; y un conjunto de respuestas del Estado que se han dado entre el populismo punitivo, la mano dura y el efectismo. Y no, todavía no estamos hablando del Perú.
La reciente encuesta publicada por la Consultoría Interdisciplinaria en Desarrollo, también conocida como CID Gallup, empresa dedicada a la realización de encuestas de opinión pública basada en Costa Rica da cuenta de un panorama alarmante: Ecuador y Perú son actualmente los dos países con mayor percepción de inseguridad en la región. En nuestro país, cuatro de cinco personas han percibido un incremento en el crimen durante los últimos meses. Por otro lado, otro estudio realizado por la misma encuestadora ubica al Perú empatado en el primer lugar —otra vez con Ecuador— por el porcentaje de hogares donde algún miembro ha sido víctima de un robo o asalto en el mismo periodo de tiempo: 47 %. Es decir, casi la mitad de la población ha sido víctima de un delito de estas características.
No es necesario ser un experto para discernir que la situación va empeorando cada vez más en el Perú. Según datos de la Policía, entre el 2022 y el 2023, las denuncias por robos a nivel nacional aumentaron en un 70 %; en tanto que las denuncias por extorsión también incrementaron notoriamente en 44 % —y más de 100 % en 12 regiones del país. Mientras tanto, el Ejecutivo ha visto por conveniente declarar en emergencia a las provincias de Trujillo y Pataz, prohibir el ingreso a las tribunas de los principales equipos de futbol de la capital, y deslizar la posibilidad de que una exestrella del futbol nacional reciba protección especial por parte de la Policía para luego recular sobre su declaración inicial.
Sin saberlo —o quizás, sin decirlo explícitamente—, el actual Gobierno y su displicencia están generando las condiciones para que el Bukele peruano arribe sobre una alfombra roja. Un Bukele peruano que, digno de las realidades paralelas de las que nos hemos vuelto expertos en recrear, sea probablemente un remedo más huachafo y, por supuesto, más peligroso.
