Si estás obligado a convencer a una verdadera mayoría de peruanos no te bastará con una pobre (ínfima) calidad de tus ofertas electorales ni con los pésimos personajes que nos ponen al frente. La oferta tendrá que mejorar cualitativamente, humanamente.
Ahora el embudo estaría en el sentido correcto. Para ganar tendrías que ofrecer algo bueno. Tendrás que incorporar pedidos y reclamos válidos de la sociedad, así como personas adecuadas para resolverlos.
La única manera de lograrlo será a través de un gran movimiento independiente que incluya millones de voluntades independientes que le pueda exigir alactual Congreso que sancione una nueva ley electoral con estas condiciones.
Charles De Gaulle, gran patriota y político francés, sostenía que es preferible una democracia sin partidos pues las autoridades deben someter su lealtad a la nación y no a sus partidos.
En el Perú de hoy podemos sostener que la democracia no es viable si las autoridadeles deben su lealtad a sus bolsillos.
La apuesta por un proyecto liberal, que consolide la democracia y construya un capitalismo competitivo, choca, más que con intereses ideológicos adversos (que, de hecho,existen), con la gangrena incontenible de la corrupción, que golpea en la línea de flotación a cualquier proyecto político que quiera hacer del Perú un país instalado en la modernidad.
Si sigue como va, este gobierno va a terminar muy mal. Sin nada que rescatar y mucho por cuestionar. No estamos frente a una izquierda capaz de hacer cambios sustantivos al modelo, ni ante un humalismo reciclado que, una vez con las riendas en mano, entiende que ir en contra del referido modelo es imposible. No es por izquierdista o neoderechista que a este régimen le va pésimo, es simplemente porque ha hecho de la mediocridad e inacción su bandera.
Quizás, inclusive -y lo digo desde mi pública orilla derechista-, lo mejor sería que Castillo hiciese un gobierno de izquierda, que, así, no ahonde la brecha de representación y crisis política estructural que, sin duda, genera en el Perú el hecho de que los políticos hagan, una vez que llegan al poder, algo radicalmente distinto de lo que prometieron en campaña (ocurrió más groseramente con Ollanta Humala).
En las últimas elecciones, claramente la mayoría del país votó por un cambio social y se espera, visto así, que Castillo no defraude esa expectativa. Por más que creamos que una ejecución gubernativa derechista es infinitamente superior a una izquierdista, cabe que aceptemos o valoremos esa conclusión política.
Pero ni siquiera eso se aprecia. Lo que reina y se impone es la minucia, la triquiñuela, la trampilla, el embuste y aprovechamiento, los indicios de corrupción, el copamiento partidario, la muralla comunicacional construida frente a la prensa y, por ende, frente a la ciudadanía, la vinculación y favorecimiento a sectores radicales que jamás debieran haber estado tan cerca del poder, en suma, la parálisis administrativa.
Por eso cae como cae en los niveles de aprobación en las encuestas. La última medición de Ipsos muestra que Castillo tiene la tasa más baja de popularidad de todos los gobiernos, desde el 2001 a la fecha, al cabo de seis meses de gestión. Ni Toledo se desplomó tan rápido, a pesar de que administrativamente la figura presidencial fue manejada calamitosamente desde el saque por el exgobernante. Hoy, Castillo tiene una aprobación de apenas 33% (cae tres puntos respecto de diciembre del año pasado) y una desaprobación del 60% (sube dos puntos respecto del periodo señalado).
Antes de discutir, pues, si conviene que Castillo gire al centro o se reafirme en la radicalidad originaria, lo que cabe es exigirle que asuma el cargo con la dignidad e investidura que corresponde, que corrija rápidamente los entuertos en los que es pródigo, y le brinde mayor profesionalismo al manejo administrativo del Estado. En suma, que se dedique a gobernar y a honrar, como corresponde, el encargo recibido por millones de ciudadanos peruanos en las urnas.
Lo folklórico de la situación -que una inspección de Fiscalía encuentre veinte mil dólares escondidos en el inodoro del baño del secretario general de Palacio, Bruno Pacheco- no debiera hacernos soslayar, sin embargo, los serios alcances posibles de semejante situación.
De hecho, no son los ahorros personales del secretario renunciante (hasta ahora no le aceptan su renuncia, por cierto), tampoco es el acumulado de sus sueldos palaciegos guardado celosamente en un lugar privado, alejado de la curiosidad del prójimo.
Ese dinero tiene mala procedencia. O es una coima por alguna prestación irregular, producto del trasiego de influencias en el que fue descubierto (se le ha visto tratando de favorecer a un contribuyente frente a la Sunat), o el señor Pacheco fungía de emisario, hecho que conllevaría mayores y graves implicancias políticas, ya que comprometería al jefe de Pacheco, que es nada menos que el propio Presidente de la República.
El Ministerio Público tiene que actuar con mayor diligencia y celo respecto de cómo ha actuado hasta el momento, cuando ni siquiera ha sido capaz de retener el teléfono móvil del implicado, objeto clave en el rastreo del mapa de influencias irregulares en las que pueda haber estado comprometido Pacheco y que expliquen el origen de ese dinero sospechoso.
Circulan decenas de versiones empresariales respecto de intentos de varios “emisarios” palaciegos que solicitan dinero a cambio de favores legales o firmas de autorización finales para proyectos de inversión. Los empresarios, curtidos ya en el error de caer en ese juego, han rechazado los envites y los han dado a conocer a la prensa, que investiga los casos, con las dificultades que la falta de pruebas conlleva.
Pero el mensaje implícito es que habría ya corrupción instalada en las altas esferas palaciegas y que este caso de Pacheco podría ser solo la punta del iceberg de una red armada por aventureros e improvisados que habrían visto en su llegada al poder una vía de enriquecimiento rápido e ilícito. Y lo mismo parece estar sucediendo en sinfín de organizaciones públicas (ministerios y demás).
Después de la experiencia de Toledo, un personaje llegado el poder en el olor de anticorrupción y que no esperó a sentarse en Palacio para ya empezar a planificar sus fechorías, es conveniente mantener en alto las suspicacias y las prevenciones del caso. La corrupción, mal endémico de la República, sería el único pasivo que le faltaría al mediocre e incompetente régimen que nos gobierna.
De los 15 hospitales que tiene Puno, solo uno está en condiciones de recibir pacientes con Covid-19, dice el doctor Edvan Mengoa, decano del Colegio Médico de la región. “Muchos de ellos han tenido que adaptarse a la pandemia. Y, por ejemplo, aulas de la facultad de medicina han tenido que ser adaptadas a UCI. Estas no cuentan con sistemas de ventilación que eviten la carga viral y, por lo tanto, el contagio del personal”, reclama.
Por eso la urgencia -explica Mengoa- de que los proyectos estancados avancen lo más pronto posible. Pero en Puno, la construcción de tres hospitales, valorizados en más de S/583 millones de soles, no avanza por ineptitud y presunta corrupción. Eso fue lo que motivó, a inicios de setiembre, la visita de una delegación de dirigentes locales a la PCM. Entre ellos estaba César Tito Rojas. Al final, la demanda por hospitales se vio opacada por los vínculos de Tito con el Movadef, pero ese es un asunto que para los puneños no es prioridad.
La gravedad de la situación hospitalaria en la región altiplánica la describen un informe del Congreso anterior y las autoridades locales con las que Sudaca conversó para este informe. Y no es algo menor.
Organizaciones de la sociedad civil protestaron a inicios de setiembre por el desfinanciamiento del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón para el 2022.
DESASTRE
El primero, el que debería ser el de mayor envergadura en la región, es el Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. Valorizado en S/329 millones, debía reemplazar al actual hospital regional, de una categoría menor y cada vez más deteriorado. Hoy las obras no llegan ni al 1% del avance, según autoridades locales.
Un informe de una comisión del Congreso, formada a mediados de este año para investigar los retrasos, señala que el estudio de suelos elaborado por el gobierno regional se hizo de manera deficiente. Por eso, el consorcio a cargo de las obras gestionó un financiamiento adicional. Al no obtenerlo, inició un proceso de arbitraje.
“Según ellos, el terreno era húmedo y encontraron agua cuando escarbaron la tierra. Por eso piden un monto adicional de S/20 millones. Y la entidad del gobierno les dice que no les va a dar un sol más. Por eso el arbitraje”, explica el actual vicegobernador de Puno Germán Alejo.
Para él, esto no exime de responsabilidad al consorcio. “Ellos tenían la oportunidad de poder observar el expediente técnico en un plazo determinado, antes de la firma del contrato, y no lo han hecho. El señor gobernador [de la gestión anterior] tiene la responsabilidad de no conformar un comité de selección con profesionales idóneos que puedan sacar una licitación, porque lo correcto hubiese sido que el comité pueda otorgar la obra a un consorcio capacitado. Y eso no ha ocurrido”, dice.
El informe parlamentario señala que la ejecución física de la obra, a julio de este año, era de apenas 0,43%. Sin embargo, ya se había gastado el 35% del dinero, es decir, un poco más de S/115 millones. “Existe un retraso de obra que no se justifica en absoluto, no se muestra el cronograma de avance acelerado por parte de la entidad”, dice la investigación de los congresistas.
La licitación de esta obra se lanzó en 2019, cuando era gobernador regional Walter Aduviri. El proceso se interrumpió debido a que el Poder Judicial dictó orden de captura contra el líder del ‘Aymarazo’. El 2020, en un renovado proceso, el consorcio conformado por China Railway N°10 Engineering y Weihai Construction se hizo de la buena pro y firmó un contrato. La obra debió empezar en setiembre de aquel año y terminar el 2022.
La comisión del Congreso, sin embargo, encontró vicios desde la concepción del proyecto y acusó al consorcio de haber presentado una declaración jurada inexacta. Uno de los consorciados -señala el documento- “declaró que su información financiera registrada en el Registro Nacional de Proveedores se encontraba actualizada, cuando ello era falso”. También apuntan que la única experiencia que acreditaba al consorcio en el extranjero fue desmentida por un traductor oficial ante la Contraloría General de la República.
Parte del informe del Congreso que señala que la única experiencia internacional que acreditó el consorcio a cargo del Hospital Manuel Núñez fue desmentida por un traductor ante la Contraloría General de la República.
En diciembre del 2020, Weihai fue suspendida temporalmente por el Tribunal de Contrataciones del Estado “por presentar documentos falsos o adulterados a las entidades”, según el sitio web del Osce.
Las sombras también alcanzan a la supervisora de las obras. Según la comisión, esta debió advertir sobre la demora “en su momento y no esperar a que la entidad tenga que ser demandada por el contratista”. Se trata de otro consorcio, conformado por Acruta & Tapia y Chung & Tong Ingenieros. Su tarea era supervisar que el proyecto se haga dentro de la normativa, el expediente técnico y el cronograma.
Acruta & Tapia está incluida como tercero civilmente responsable -a pedido de la procuradora ad hoc del caso Lava Jato, Silvana Carrión- en el caso de sobornos de Odebrecht por la Vía Costa Verde. Era la supervisora del proyecto chalaco.
La compañía también ha sido sancionada por el OSCE por haber presentado documentación falsa. Pero una resolución judicial le permitió continuar como proveedora del Estado, de acuerdo a información publicada por el portal Convoca.
La segunda empresa, Chung & Tong, tampoco está limpia. En marzo del 2014, la Contraloría detectó un perjuicio económico superior a los S/10 millones en una obra del Hospital de Tocache, en la región San Martín. El contrato fue suscrito con el Consorcio Salud Tocache, que era conformado -entre otras- por Chung & Tong Ingenieros, que además registra cuatro sanciones en el OSCE.
El gerente general del gobierno regional de Puno, Manuel Quipse Ramos, dice que ambas fallaron en el caso del hospital Manuel Nuñez Butrón. “Debió advertirnos la deficiencia del expediente al comenzar la obra y no lo hizo. Estamos tomando las medidas correspondientes”, señala, sin entrar en mayores detalles.
Quispe dice que se está realizando un nuevo estudio de suelos para destrabar la obra. Hasta que eso acabe, la construcción del hospital estará paralizada, por lo que las autoridades locales han destinado parte del presupuesto que se tenía asignado a esta obra (S/114 millones) para otros proyectos a realizarse el 2022. La decisión ha generado problemas entre provincias.
“Los hermanos de Puno le han dicho que no toque ni un sol, porque eso es para el hospital. Pero los pueblos a los que se ha destinado para construcción de centros de salud, plantas de oxígeno, otras cosas, piden el dinero. Ya se ha generado un conflicto entre pueblos”, apunta el vicegobernador Germán Alejo. Las movilizaciones por este caso son recurrentes y varios gremios han intentado convocar a paros regionales.
Arriba: el estado actual del hospital Manuel Núñez. Abajo: lo que debería entregarse el 2022, pero no ocurrirá.
ARBITRAJE EN ILAVE
Una historia similar ocurre con el Hospital de Apoyo de Ilave. El proceso de licitación estuvo a cargo de la Oficina Internacional para las Migraciones (OIM) de la ONU. El monto base era de S/112 millones, pero el consorcio ganador -conformado por la española Assignia y la ya mencionada Chung & Tong Ingenieros- terminó adjudicándose S/120 millones.
La primera piedra de la obra se colocó en 2017, pero al cierre de esta edición el hospital tenía un avance físico que no alcanzaba la tercera parte. Ello, pese a que ya ha recibido jugosos adelantos de dinero de parte del gobierno regional. La situación es grave en plena pandemia, porque esta obra iba a brindar ambientes de cuidados intensivos, cosa que el actual nosocomio de la provincia no tiene.
Assignia registra cuatro sanciones del Tribunal de Contrataciones del Estado por, entre otras cosas, presentar documentos falsos en un proceso de licitación en Jaén el 2018. Una resolución de mayo del año pasado inhabilitó temporalmente a la empresa por 37 meses.
Eso no impidió que siga trabajando en la construcción del hospital de Ilave, aunque con muchos cuestionamientos. Lo hizo hasta mayo de este año, cuando el gobierno regional decidió resolver el contrato. “La empresa no ha cumplido con poner a disposición los profesionales ofertados. Había determinados especialistas con los que debíamos contar y la empresa no los puso a disposición. Eso generó penalidades y nosotros pedimos la resolución del contrato”, apunta Manuel Quispe, y dice que fue la gestión anterior la que desembolsó los adelantos. De hecho la resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que se niega a devolverlos. Solo ha devuelto S/4,9 millones.
La resolución que le pone fin al contrato señala que la empresa había recibido en adelantos S/40,2 millones y que solo ha devuelto S/4,9 millones.
En este caso, también los problemas se habrían presentado desde la concepción. La comisión del Congreso concluyó, una vez más, que se había elaborado un expediente técnico deficiente y que había irregularidades en la selección del consorcio ganador. “De la revisión de los documentos recabados, se evidenció que el accionar de los funcionarios y servidores del gobierno regional encargados de la revisión y aprobación del expediente técnico de la obra, así como los consultores contratados para su elaboración y supervisión (…) ha ocasionado un perjuicio económico al gobierno regional», dice el informe.
La empresa supervisora en este caso fue la ya mencionada Acruta & Tapia, socia de Chung & Tong en la obra del Hospital Regional Manuel Núñez Butrón. “¿Qué le va a fiscalizar Acruta & Tapia a Chung & Tong si han sido socios? Aquí hay algo raro y nuestras autoridades no hicieron nada”, dice el arquitecto Abelardo Quispe Huanacuni, que conoce al dedillo la situación de esta obra. El gerente general Manuel Quispe reconoce que la supervisora “no fue muy diligente al momento de absolver algunas consultas”.
Ilave es la capital comercial del sur de Puno. Muchas personas han migrado ahí para quedarse a vivir. Por eso, dice el arquitecto, necesitan un hospital moderno. “Tenemos un hospital muy antiguo, de 30 a 40 años. Este iba a reemplazarlo. Las instalaciones están en mal estado, es un hospital de un solo nivel. Acá la pandemia ha sido catastrófica en Ilave. El nuevo hospital debió estar terminado en 18 meses, así que tuvo que estar antes de la pandemia”, asegura.
21 de abril. Un dirigente local agarró a correazos al gerente general del GORE Puno por la inasistencia del gobernador a una charla informativa acerca del Hospital Materno Infantil de Juliaca.
Han pasado ya cinco gobernadores regionales y nadie ha podido solucionar el problema. La obra, desde un inicio, provocó informes de Contraloría por su lentitud. En enero del 2018, por ejemplo, la entidad alertó de un irregular desabastecimiento de productos, lo que causaba la demora en la ejecución. Y en octubre del 2020, señaló que una empresa proveedora entregó productos de marcas distintas a la orden de compra.
El actual gobernador, Agustín Luque, se ha comprometido a asignar un presupuesto para culminar la obra en mayo del próximo año. Según los registros, solo se ha asignado S/25 millones. “Esta gestión ha hecho el primero, segundo y tercer piso, algunos acabados. Pero no supera el 50% porque el otro 50% es el equipamiento. Falta toda la fase de equipamiento, conexiones de gas, de sistemas, luz”, dice el consejero Jorge Zúñiga.
En el gobierno regional señalan que se incorporarán S/38 millones más para el próximo año, pero el alza del dólar empieza a hacer estragos. “El tema del equipamiento sería más caro de lo que inicialmente estaba previsto”, dice Manuel Quispe. En una visita a Juliaca a inicios de este mes, Nelson Shack señaló que ve difícil que la obra concluya el próximo año y anunció que harán una auditoria en noviembre próximo.
Mientras, los médicos de la región siguen esperando ante la eventual tercera ola. “¿Por qué nosotros, los puneños, no nos merecemos un hospital con infraestructura adecuada para poder afrontar no solo el Covid, sino las otras patologías que nos afectan?”, se pregunta indignado Edvan Mengoa.
*Sudaca se comunicó con las emrpesas mencionadas en este informe, ya sea por correo electrónico o a los teléfonos consignados en el OSCE y otras bases de datos. Ninguna respondió.
Desde los destapes de casos emblemáticos como Lava Jato o el Club de la Construcción, la aplicación de medidas anticorrupción en todas las organizaciones ha empezado a ser relevante para evitar el daño que genera este delito.
Para las empresas el daño económico también es relevante. En los últimos tres años se registraron más de 200 sanciones a empresas por omisiones o faltas graves en sus Sistemas de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo. Estas sanciones implican multas por procesos que suelen involucran responsabilidad de los directivos, gerentes y oficiales de cumplimiento directamente involucrados.
Beneficios estratégicos
Por ello, cada vez son más las empresas que vienen implementando programas de cumplimiento normativo, también llamados sistemas de “compliance”, que buscan prevenir delitos de corrupción y sanciones por fraude, soborno o cohecho, lavado de activos, entre otros.
En ese sentido, MERITUM Business School, escuela peruana de negocios no universitaria online, considera que implementar estas medidas genera al menos cinco ventajas en las organizaciones:
Buena reputación. Protegen la imagen y la reputación de una empresa. Con este instrumento se logra una opinión positiva, que hace a la organización más confiable para la realización de negocios e inversiones. Una empresa libre de corrupción, malas prácticas comerciales, fiscales, administrativas o gerenciales siempre será bien vista.
Vigilancia y control. Estos programas de cumplimiento permiten generar sistemas de control de manera interna, con lo cual, es posible identificar si algún trabajador está incurriendo en algún delito como fraude, soborno, lavado de activos, entre otros.
Reducción de riesgos. Estas medidas de control disminuyen el riesgo de que los colaboradores de las empresas incurran en malas prácticas por desconocimiento o que puedan provocar sanciones fiscales o penales de manera premeditada. Hay que tener en cuenta que la responsabilidad que tienen las organizaciones es muy amplia.
Más competitividad. Nada es más atractivo para los inversionistas que una organización en la cual puedan depositar su confianza y estar seguros de que el capital proviene y se desarrolla con ética, de forma legal y con acciones transparentes.
Crecimiento ordenado. Estas normas de cumplimiento disponen también la posibilidad de crecer bajo una estructura saludable y ordenada, aplicando códigos de buen comportamiento, integridad, antisoborno y anticorrupción.
La vicepresidenta de Empresarios por la Integridad, Mariela García, en entrevista con Sudaca señala que se requiere de líderes firmes que combatan la corrupción en todos sus ámbitos. Es enfática en apuntar que combatirla es una lucha donde deben intervenir todos los sectores: público, privado y sociedad civil.
Previo al inicio de este gobierno, Empresarios por la Integridad emitió un comunicado al presidente Pedro Castillo instando a luchar contra la corrupción…
La corrupción es uno de los principales problemas en el país. Nosotros creemos que es un reto y una tarea de todos los peruanos, de todas las organizaciones: del sector público y del sector privado. Hemos partido del sector privado, que es donde nos desenvolvemos, pero también queremos ser interlocutores en esta problemática a nivel nacional, y el sector público es parte de esta tarea. Cuando se anunció el gabinete de ministros, salieron varios medios e instituciones a alertar sobre el perfil o la trayectoria de algunos de ellos, las dudas sobre su real compromiso con la integridad y la lucha anticorrupción, siendo además un tema que el Presidente constantemente comenta que está en su agenda. Entonces era un poco disonante el hecho de que algunos miembros del gabinete no sean tan claros. Nosotros creemos que no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ser muy vocales y por eso hicimos este llamado de alerta. Consideramos que no se han dado todos los pasos que hubiéramos esperado que son algunos cambios en el gabinete.
Una de las personas más cuestionadas de este gabinete es el premier Guido Bellido, que el domingo lanzó un tuit sobre la nacionalización de Camisea. Desde Empresarios por la Integridad, ¿Cómo ven el impacto de la nacionalización de empresas como esta?
Nosotros saludamos algunas declaraciones que hizo el presidente recientemente, como en sus reuniones con empresarios en los Estados Unidos. Lo que venimos comentando es que en la agenda del país, así como está la lucha contra la pandemia, debe estar la salud financiera y económica de todos los peruanos. Sabemos que se han perdido muchos puestos de trabajo en el entorno político y lo que se necesita hoy es inversiones para generar puestos de trabajo. Lo que se requiere es estabilidad en las reglas de juego, reducir la incertidumbre. El propio ministro de Economía lo ha reconocido así. Entonces el anuncio de este tipo, donde además no se ve confluencia en el sentir, pensar y deseos de los diferentes actores del gobierno, no hace más que agrandar la incertidumbre y ahuyentar toda posible inversión con la consecuente generación de puestos de trabajo. Nosotros esperamos que en los próximos días se aclare el panorama, porque vemos anuncios en dos sentidos muy distintos al interior del Ejecutivo.
¿Ven ustedes la posibilidad de renegociar contratos con algunas empresas que de pronto vienen siendo cuestionadas en los últimos años?
Yo creo que en muchos sectores y muchos gremios han opinado ya sobre la apertura para poder conversar sobre necesidades que pueda tener el país. Creo que el empresariado en general ha mostrado bastante predisposición al diálogo. El diálogo se tiene que iniciar de otra manera y no con el tuit de la naturaleza que hemos visto.
Sobre corrupción: en el Perú tenemos empresas involucradas en estos casos. ¿Qué medidas se pueden adoptar para tener tolerancia cero a la corrupción?
Necesitamos líderes comprometidos y que pongan el tono desde la alta dirección de su compañía. Que se hable de esto. A veces los ciudadanos han vivido desde chicos aceptando algunos actos de pequeña corrupción, como normales. Entonces tenemos que ser muy vocales en las empresas sobre cuáles son nuestros valores, en qué creemos y qué es lo correcto. Pero claro, hablando solamente no podemos garantizar, sobre todo en las empresas que son más grandes, que solamente hablando todo el mundo actual actúe como queremos. Por eso es que cobran tanta importancia los programas de cumplimiento, los modelos de prevención que tienen una serie de elementos.
¿Cuáles son?
El primero es tener personas a cargo de este programa, dedicarle el tiempo y los recursos. Luego hacer un análisis de los principales riesgos en cada empresa, en cada giro del negocio y poner los controles. Lo siguiente es monitorear expedientes de los colaboradores para poder detectar cualquier señal de cambio en el patrimonio que pudiera alertarnos un comportamiento indebido. Una vez que ya contamos con el compromiso de los líderes, que son vocales que hablan de esto en su organización, que se aseguran de generar una cultura debemos ayudar a este cambio con la instalación de los modelos de prevención que deben ser certificados y evaluados por un tercero.
Al momento de detectar algún caso de corrupción dentro de las empresas, ¿cuál es el protocolo a seguir?
Lo ideal es detectarlo antes con los modelos de prevención. Por ejemplo, con controles de cómo sale el dinero en la empresa, si hay doble firma, verificar quién tiene que aprobar determinados documentos que van a generar ingresos en las empresas. El check in balance nos va a permitir evitarlo. Apenas uno toma conocimiento de estos casos, puede recurrir a los canales de denuncia abiertos donde se puede denunciar seas colaborador, cliente o un proveedor.
¿Aproximadamente cuánto dinero hace perder la corrupción a las empresas y cómo esto impacta en la economía del país?
Es gigante. Hay un estudio de la Contraloría de la República que estima que el costo de la corrupción en el país equivale a un 3% del PBI. Esta cifra representa el 15% de la ejecución del presupuesto nacional. Además, no es solamente económico, sino que inhibe las contrataciones público-privadas. Se deja de contratar a los mejores proveedores, por contratar con aquellos que quisieron salir de una conducta íntegra.
