derechos humanos

[ENTRE BRUJAS] Según los registros del Ministerio de la Mujer, se han perpetrado 122 feminicidios y 192 tentativas de este crimen en lo que va del año.

Este es un crimen específico que insta al Estado a evaluar el contexto de violencia de género que prevalece en nuestro país.

No se trata de cualquier crimen, como algunos sectores intentan sugerir tendenciosamente para deslegitimar esta lucha. El Feminicidio es el asesinato de una mujer movilizado por un contexto de violencia de género, donde subyacen la afirmación de roles sexistas y el deseo de control de las decisiones, la sexualidad, la autonomía y vida de la víctima.

Este tipo penal fue incorporado en nuestro marco jurídico en 2013 como delito autónomo y ha experimentado varias modificaciones para definir adecuadamente el delito y operacionalizar lo que significa «un contexto de violencia de género.»

Aunque la mayoría de casos en nuestro país son feminicidios íntimos, es decir, donde el agresor es pareja o expareja de la víctima, existen otros tipos de feminicidio en los que el criminal no necesariamente mantiene una relación.

Por ejemplo, los casos de acoso y hostigamiento sexual, incluso perpetrados por desconocidos hacia las víctimas.

Hoy, un Tribunal Simbólico Contra el Feminicidio, organizado por «Familias Unidas por Justicia,» ha dado voz a madres y padres de víctimas; como un mecanismo para dar voz a quienes ya no la tienen.

En este espacio, ha quedado claro que la impunidad es un lamentable denominador común. Los familiares, que según los estándares de derechos humanos también son víctimas, reviven el dolor cuando sienten el olvido y la indiferencia de las autoridade.

Este Tribunal simbólico ha determinado que el feminicidio es un crimen pluriofensivo, ya que no solo vulnera el derecho a la vida, sino que también atenta contra el principio de igualdad y no discriminación.

Además, se ha evidenciado que el Estado no actúa con la debida diligencia reforzada, un estándar fundamental en materia de violencia de género, vinculante y desarrollado en el marco del Sistema Interamericano de derechos humanos.

Esto significa que, en los casos de violencia contra las mujeres, las autoridades deben actuar con mayor prontitud y celeridad en la atención e investigación, incorporando el análisis de contexto y rechazando la influencia de estereotipos de género en los procesos.

La indiferencia judicial en los casos de violencia hacia las mujeres incrementa el sufrimiento de las víctimas que han logrado sobrevivir a las agresiones y de los familiares que buscan justicia.

Entre 2018 y julio de 2023, el Poder Judicial (PJ) evaluó 808,483 casos de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, enmarcados en la Ley N° 30364. En ese mismo periodo, apenas el 0.044% (354) obtuvo una sentencia

Hoy luego de escuchar a las madres, me quedó con su clamor de justicia y su dolor por la impunidad. Tal como ellas lo señalaron, «Ojalá que esto no fuera solo simbólico» «Queremos justicia”.

Tags:

derechos humanos, Feminicidio, Ministerio de la Mujer, Violencia de género

[EN EL PUNTO DE MIRA] Según reportes internacionales sobre violación sexual, somos el tercer país a nivel mundial; y el segundo a nivel sudamericano. ¡Qué situación para más alarmante! Me preocupa por el tipo de sociedad que tenemos. Una sociedad enferma y propensa a estos delitos. Y no solo eso, en muchos casos estos delitos quedan impunes.

¿Qué hace el Estado para erradicar esta situación? Realmente, muy poco. Hay trabajos de sensibilización desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, pero es insuficiente. Muy insuficiente. Los teléfonos para las denuncias, la mayoría de veces, no están disponibles. Y sus acciones son muy poco visibles. Aparecen solo cuando sucedieron las violaciones y los asesinatos.

Hay que decir la verdad: el Estado ha perdido autoridad y el monopolio de la violencia. Ya no inspira respeto. Esto no solo pasa en el Perú, lo pude apreciar también en varios países occidentales que tuve la oportunidad de conocer, pero con el detalle de que en aquellos países se toman medidas severas para intentar remediar la autoridad estatal.

Debemos poner sobre el tapete las fórmulas para combatir la guerra psicológica y material en la que nos pone esta situación de enfermedad social. ¿Qué medidas tomar? Aparte de las medidas de prevención, hay que poner al debate público la castración o la pena de muerte para estos sujetos. Hay que combatirlos, generar en estos seres abominables sensación de zozobra y arrinconamiento. Dirán: ¿y los derechos humanos? Pues les respondo: derechos humanos para los que creen.

Aparte de ello, el Estado debe establecer políticas de salud mental y de género como políticas transversales a los ámbitos nacionales, regionales y locales. Es prioritario. Para el desarrollo económico de un país necesitamos capital humano con dignidad y en buenas condiciones de salud mental.

¡Es lo que corresponde!

Tags:

derechos humanos, Pena de muerte, Respuesta del Estado, violencia sexual

Mientras subsista una Palestina oprimida, no habrá un Israel en paz. No hay justificación alguna a la salvajada perpetrada por el grupo terrorista Hamás, pero debe hablarse de lo sucedido poniéndolo en contexto explicativo.

Palestina viene soportando desde hace décadas la violación sistemática de los derechos humanos de su población por parte de las fuerzas de ocupación israelíes, que, más aún cuando asume el poder la extrema derecha -como es el caso ahora con Netanyahu- exacerban la represión.

La extrema derecha israelí -porque no es toda la población judía la que piensa así- quiere desaparecer a Palestina del mapa, sin importar las consecuencias ni los límites que el derecho internacional impone.

Los radicales palestinos -que tampoco es toda la población palestina- se retroalimenta de ello y así logran la hegemonía violentista que una vez más se ha desatado.

No habrá paz en el Medio Oriente mientras los países árabes no reconozcan al Estado de Israel, así como no la habrá mientras Israel no reconozca el derecho palestino a ser un Estado soberano, con sus fronteras originales ya fijadas por la ONU, al que no puede humillar y agredir cotidianamente, en base exclusivamente a su mayor poder militar, porque no lo ampara ningún derecho histórico para la disolución de su vecino palestino.

Es un conflicto al que el mundo no puede mirar de soslayo. Tal como están dadas las cosas en el nuevo orden mundial multipolar, una escalada militar que exceda los límites de lo admisible puede comprometer a otras naciones y ascender a un conflicto multilateral, si no se actúa con inteligencia y mesura.

Hoy Occidente debería ser el primero en presionar a Netanyahu para que no aproveche la infeliz circunstancia ocurrida hace algunos días para fortalecerse internamente y desplegar una estrategia militar sobredimensionada contra población civil inocente del lado palestino, porque quizás podrá lograr sus objetivos militares en el corto plazo, pero, muy lejos de haber sembrado la paz en la región, habrá abierto un periodo de violencia sin límites a la vista.

Así como la violencia histórica original empezó por la reticencia del mundo árabe a la sola existencia de Israel, lo que era un descomunal despropósito, hoy la misma transita por la torva vocación expansionista y xenófoba de la ultraderecha israelí que no quiere reconocer el legítimo derecho palestino a su existencia política como nación soberana.

Ojalá los raptos de lucidez de uno y otro bando se impongan sobre los halcones de la guerra, que, tranquilos ellos, mandan a morir a miles de ciudadanos sin importar el dolor presente y las consecuencias futuras de los desmanes mutuos.

Tags:

Conflicto Israel y Palestina, derechos humanos, ONU, Paz en Medio Oriente

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

Tags:

Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

Tags:

Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[TIEMPO DE MILLENNIALS] La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.

Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.

Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.

Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.

El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.

Tags:

derechos humanos, Dina Boluarte, Esperanza, estabilidad, ONU, política peruana

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La transición de un gobierno democrático a uno autoritario es un proceso gradual que puede tomar varios años. Sin embargo, en el caso de Perú, este proceso ha sido significativamente rápido. En solo unos meses, el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han logrado debilitar las instituciones democráticas y concentrar el poder en sus manos.

Así, han debilitado una serie de instituciones mediante la designación de funcionarios leales a su gobierno en puestos clave, como la designación de una abogada afín a Fuerza Popular como Adjunta Constitucional en la Defensoría del Pueblo. O la del nuevo Ministro de Justicia quien, ya a los tres días de su juramentación, es investigado de manera preliminar por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado.

En unos días más, la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia consumará el tránsito a un gobierno autoritario. La instauración de tal gobierno es grave y requiere de una respuesta contundente. La conformación de una coalición política amplia y plural es una manera, quizás la principal, de enfrentarlo.

Esta coalición democrática debe tener como objetivos el juicio y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 49 personas, la defensa de la Junta Nacional de Justicia y el adelanto de elecciones. Una coalición integrada por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y partidos democráticos como el Partido Morado, Partido por el Buen Gobierno y Primero la Gente por mencionar algunos.

La formación de esta coalición es un desafío, porque requiere que los diferentes actores políticos y sociales involucrados estén dispuestos a trabajar juntos para recuperar la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso si tienen diferencias en sus ideas u objetivos.

Es una oportunidad porque puede contribuir a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y a sentar las bases para un futuro más democrático para el país. Al unir a personas de diferentes orígenes, una coalición ciudadana puede demostrar que es posible trabajar juntos para lograr un cambio positivo.

En la conformación de una coalición democrática, los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor. Si ellos, superando sus diferencias políticas, programáticas e ideológicas, asumen tal tarea y logran conformarla, se tendrá una oportunidad real de contribuir a la construcción de un Perú más democrático y justo.

Por último, la historia enseña que la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales fue eficaz para derrotar a los dictadores porque permitió unir a los diferentes sectores de la sociedad para luchar por la democracia. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales permitió derrotar a los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente.

Tags:

Democracia, derechos humanos, Partidos políticos, Peru en Dictadura

Los golpes de Estado nunca tienen causas

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Hace unos días fui entrevistado por un medio local respecto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en contra del presidente socialista, y democráticamente electo, Salvador Allende. Me preguntaron, en primer lugar, por los motivos del golpe de Estado. Yo señalé que nunca indicaba causas o motivos de los quiebres del orden constitucional, porque ello implicaba justificarlos. Los problemas de los regímenes democráticos deben resolverse siempre dentro de su propio marco a través del sufragio o los diversos mecanismos constitucionales existentes.  Inclusive a través de la protesta, muchas veces necesaria para enmendar rumbos cuando un gobierno se siente tentado a traspasar las fronteras republicanas del contrato social y de la división e independencia entre los poderes del Estado.

Indiqué, al respecto, que era una lástima que, en el Perú, resulte un lugar común de la educación escolar y superior señalar a Augusto B. Leguía y a Manuel A. Odría, como los mejores presidentes del siglo XX. Ambos, por cierto, disfrutaron de bonanzas provenientes de coyunturas internacionales favorables e invirtieron los dividendos en prolíficas obras públicas, así como cayeron en cuanto dichas bonanzas se convirtieron en crisis económica.

Lo cierto es que Leguía y Odría se cuentan entre los dictadores más represivos de la historia del Perú Republicano. Es por ello que el recuerdo de las deportaciones, las persecuciones a quienes se situaron en la oposición, las prisiones políticas, la tortura como método de interrogatorio y el alevoso crimen político permanecen hasta hoy en el imaginario y la memoria de nuestra sociedad.

Creo entonces oportuno reiterar lo que he señalado en otras oportunidades: que las continuas interrupciones del orden constitucional son la principal razón que explica la precariedad actual de nuestra democracia y que carezcamos de una cultura política democrática. Esto quiere decir que la ciudadanía no tiene interiorizados los valores del republicanismo, ni siquiera los derechos fundamentales de los que goza cuando rige la Constitución.

El contexto internacional

Volviendo al caso de Chile, señalé al entrevistador que, si un contexto internacional rodeaba el golpe de Augusto Pinochet, este fue el de la Guerra Fría, enfrentamiento mundial entre las superpotencias Estados Unidos (Capitalista) y la URSS (Socialista). En tal sentido, para Estados Unidos representaba un riesgo inminente la presencia de un gobierno socialista-democrático en un país importante de la región.

Ya la revolución cubana y la instauración de la dictadura proletaria en la isla– que desde una postura republicana también debemos condenar- habían significado una dura derrota para los intereses norteamericanos en la región, de manera que el riesgo de que Chile eventualmente siguiese los pasos de Fidel Castro les resultaba inadmisible. De allí el prolongado sabotaje al gobierno de la Unidad Popular, la subvención de la huelga de los transportistas en Chile para generar el caos político y finalmente, la supuesta participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Todo lo señalado, no supone mi adhesión a las políticas estatistas aplicadas por Salvador Allende, ni al gobierno democrático de la Unidad Popular (1970 – 1973). A lo que adhiero es a la legitimidad de un gobierno electo a través del sufragio popular, constitucional y que, en el peor de los casos, pudo ser reemplazado un año después, a través de ese mismo sufragio, en elecciones generales.

Las heridas que deja la violencia: una sociedad dividida

Me preguntaron luego por qué dicho golpe de Estado aún dividía a la sociedad chilena y si las conmemoraciones organizadas por el presidente de Chile, Gabriel Boric, constituyen un uso político del pasado. Cabe resaltar que entre las medidas adoptadas por Boric destaca el importante compromiso titulado Por La Democracia, Siempre, el que ha sido firmado por el mandatario y todos los expresidentes democráticos de Chile que gobernaron el país tras la transición democrática de 1989, incluido Sebastián Piñera, opositor derechista de Boric, y con la excepción de Patricio Aylwin, fallecido en 2016.

Al respecto respondí que las heridas del pasado sanan recordándolas, trayéndolas al presente, convirtiéndolas en lugares de la Memoria y no pretendiendo su olvido, pues los traumas del pretérito no pueden olvidarse a la fuerza. Señalé que el golpe de Augusto Pinochet y la represión posterior a este se recordaban en América Latina por su carácter en extremo violento, el que incluye el dramático bombardeo de la Casa de la Moneda, acto en el falleciera el Presidente Allende por negarse a abandonarla. Le sigue a este hecho, como otra imborrable y trágica imagen, el ajusticiamiento del cantautor Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, el que contiene, en tanto que evento simbólico, a las miles de víctimas civiles de la represión militar, las que fueron torturadas y ejecutadas en circunstancias similares a las del admirado cantante.

A todo esto, se suma el reciente descubrimiento de que la dictadura de Pinochet habría autorizado la adopción ilegal de miles de niños, la mayoría recién nacidos, arrebatados a sus padres. Al respecto, hace unas semanas, se produjo el emotivo reencuentro entre María Angélica González y Jimmy Lippert Thyden, madre e hijo.  A ella le dijeron que su vástago nació prematuro, que murió y que descartaron su cuerpo, cuando, en realidad, se lo arrebataron y fue vendido a una familia norteamericana.

En tal sentido, para América Latina, el golpe y régimen de Augusto Pinochet constituyen una de las expresiones más palpables del permanente asedio del militarismo a las repúblicas democráticas que instauramos en tiempos de las Independencias. Como he señalado para el caso peruano, cuyo ejemplo se extiende a toda la región, la constante interrupción del orden constitucional por parte de caudillos militares en el siglo XIX y de dictadores en el siglo XX es la principal causa de que hasta ahora nuestras democracias se caractericen por su precariedad.

Memoria y búsqueda de la verdad

Finalmente, indiqué que el uso político del pasado es parte de la política en general, que es inevitable, pero al mismo tiempo afirmé que Gabriel Boric está haciendo lo correcto y razonable; y que lo llamativo sería que un presidente, no solo de izquierda, sino democrático, no condenase un golpe de Estado que le legó a América Latina las escenas más desgarradoras de lo que sucede cuando se atenta contra la República y el orden constitucional. En ese mismo sentido, El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, recién lanzado por el mandatario chileno nos parece una medida más que adecuada pues, como este ha señalado, el futuro solo puede construirse conociendo toda la verdad acerca del pasado y porque al Estado le corresponde hacerse cargo de sus propias víctimas.

Por eso, el 11 de septiembre de 1973 debe constituirse en un Lugar de la Memoria continental que nos recuerde la necesidad de consolidar nuestra institucionalidad democrática y, dentro de ella, la irrestricta e irrenunciable vigencia de los derechos fundamentales, y que sirva, asimismo, para condenar en toda y cualquier circunstancias, la opción autoritaria y la intervención militar, “justificadas” bajo la espuria premisa de que la represión y la fuerza -y el horror- podrán resolver lo que no puede el gobierno civil.

Nuestro camino hacia la modernidad política tiene que transitarse dentro de las pautas republicanas de nuestras Cartas Magnas. Dentro de ellas, se abre un amplio espacio para la deliberación y la confrontación de ideas entre derechas, centros e izquierdas, pero fuera de ellas reinan el terror, la represión y la oscuridad, cuya evocación, permanecerá para siempre en la memoria colectiva.  Tengámoslo presente pues la dictadura no solo está a la vuelta de la esquina, sino que viene entusiasta hacia nosotros. 

Tags:

derechos humanos, Golpe de estado, Memoria Histórica, Pinochet, Salvador Allende

[INFORMES] Estoy harta de que me digas él”. Hace unos días, la opinión pública estuvo en acuerdos y desacuerdos por lo acontecido en ATV con Etza Reátegui Wong, conocida como “Uchulu”, un personaje que nació en la televisión y que fue objeto de agresiones verbales por parte de dos personajes también conocidos: Carlos Cacho y Andrés Hurtado.

Si un DNI no identifica a una persona, es un documento que no sirve. Lamentablemente, vemos como los miembros de la comunidad LGBTQI+ vienen luchando por ser reconocidos, no solo por una sociedad que parece reacia en aceptar sus derechos, sino también, en que también forman parte de nuestra sociedad. Las redes sociales se han vuelto el principal foco para atacar a cada uno de sus miembros, que cabe resaltar, no es solamente a las personas cuya orientación es homosexual.

La transfobia son las acciones de prejuicio, discriminación, agresión y odio que se le puede tener a una persona transgenero. En el caso de Etza, hablamos de comentarios desatinados que se intentan justificar con la famosa frase: “Hay que darle al público lo que quiere ver”. Burlas. Agresiones. Son solo algunas acciones que se permiten en cadena nacional y este caso no fue la excepción.

Una lucha sin acabar: ambiciones de rating y show transfóbico que vulnera los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el Perú
Plantón en las afueras de ATV tras las agresiones contra Etza Reátegui

En el caso de Etza, exige en todo su derecho que fuera reconocida como “ella” por parte del conductor Andrés Hurtado; por otro lado, se vio intimidada por un estilista como Carlos Cacho quien exigió que mostrara su DNI para constatar que su nombre era femenino. Entonces, ¿Por qué mostrar un documento tan importante como el DNI por la televisión? ¿Por qué reclamar a una persona que no se considera hombre y quiere ser reconocido de otra manera?

“¡Su nombre es Etza, y se la respeta! Denunciamos los actos de transfobia que atentan contra su identidad. Reproducir el discurso revictimiza, no seamos parte del problema.”, sentencio la organización feminista Manuela Ramos. Y es que no es admisible que un canal de televisión transmita actos de discriminación y odio hacia una persona. Sobre todo, porque después de ello, el canal mostró a una Uchulu llorando por estas acciones. Lo más indignante es que a partir de ello intenten generar rating para que la teleaudiencia esté a la expectativa si es que el personaje se quedaría en el reality.

Mensaje público de la organización “Manuela Ramos”

Las redes sociales, un gran impulsor del odio a la comunidad LGBTQI+

Es cierto mencionar que muchas personas en un acto de cobardía y poca empatía se generan cuentas falsas en Twitter y empiezan a propagar frases lamentables contra la comunidad LGBTQI+. Desde algún caso de agresión contra ello, las marchas anuales que se convocan y casos como el de la Uchulu que no ha sido excepción para estos usuarios.

¿Quién es ese señor?, “ahora quieres ser mujer”, “uchulu es hombre”. Son solo algunos de los tweets que se evidenciaron ante las publicaciones de activistas que expresaron su malestar por este accionar del canal por transmitir estos hechos transfobicos.

No es el primer error de un canal de televisión

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú emite un informe sobre este accionar. Y es que ATV no sería el único medio de comunicación que haya “metido la pata” con acciones tan lamentables. Hace poco, América Televisión haría una de las presentaciones más controversiales, indignantes y poco éticas al mostrar a niñas en ropa interior y poco después cancelaría el programa dominical.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú sancionó al canal con una multa de 20 UITs (s/. 99,000.00 nuevos soles) por este programa y su accionar.

Ahora bien, con respecto al caso de Etza, el CONCORTV se pronunció en un informe reflexivo sobre los casos de transfobia que había en el Perú. “El 67.7% de los programas transmitidos en televisión de señal abierta refuerzan o reflejan estereotipos raciales discriminatorios, es decir 2 de cada 3 difunden contenidos en forma de bromas, humillaciones y ofensas que refuerzan discursos de odio y afectan la dignidad de las personas”, menciona el informe.

Portada que utilizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para presentar la nota del caso de Etza

Es preocupante las cifras que nos mostraron, y es que solamente en Lima (32%) considera que se difunden contenidos discriminatorios en la televisión. No obstante, según el Consumo Televisivo y Radial del año 2022, la cual considera regiones, esta cifra se dispara: En Iquitos (45%), Puno (44%), Cusco (46%) y Arequipa (65%) consideran que se difunde contenido discriminatorio en televisión.

Ahora bien, con respecto al accionar de la producción, es lamentable ver como una situación se puede intentar justificar. Magaly Medina se había dado cuenta el error que se había cometido en su reality nocturno. A pesar que el gesto pueda sonar reconciliador, el abrazo que se dieron Magaly y la Uchulu fue criticada por las redes sociales como uno de los gestos más hipócritas que se han podido ver en televisión nacional, y es que si bien Etza pudo haber aceptado esas disculpas por parte de la producción, esto puede ser una acción que menosprecia la lucha de varios activistas que han exigido tanta vulneración a sus derechos.

Emisión del programa “Magaly TV, la firme” se ve a Magaly Medina abrazando a Etza Reátegui después del escandaloso accionar en su reality “La Casa de Magaly

Al cierre del informe, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú no se ha pronunciado meramente sobre la sanción que debería recibir ATV por haber permitido este accionar.

Tags:

CONCORTV, derechos humanos, Etza Reátegui Wong, LGBTQI+, Sociedad Nacional de Radio y Televisión
Página 2 de 4 1 2 3 4
x