Por estos motivos, instamos al Poder Ejecutivo, atendiendo las graves implicancias de la vigencia de una normativa como la recientemente aprobada en la integridad y vida de las niñas, adolescentes y mujeres, en especial las que resultan embarazadas producto de violencia sexual, observe la autógrafa de ley (Proyecto de Ley Nº785).
Además exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos del Congreso de desconocer u obstaculizar el acceso a derechos, en especial los relacionados con las autonomías de las mujeres. Exigir y mantenerse vigilante de las instituciones del Estado, quienes tienen la obligación de cumplir la normativa nacional vigente.
Quienes se dicen llamar “pro vida”, utilizan el término para empatizar con la población, pero en realidad su bienestar no les importa. A estos actores que diseminan mensajes de odio en todo el país, los llamaría “pro muerte” o “pro discriminación”, son quienes tienen voz cuando se trata de sancionar a las mujeres en su autonomía, cuando se trata de defender un modelo, pero no piensan en el bienestar ni de las mujeres ni de las niñas. A estos sectores, la vida no les interesa, siempre precarizar la misma.
Estas líneas escritas con algo de cansancio, de ver en el cotidiano la insistencia por retroceder, son un llamado a los/las jóvenes, a las mujeres, hombres y a toda persona que quiera el bien, a rechazar a quienes en base al odio promuevan una sociedad violenta y excluyente que nuestros hijos/as no merecen.
Si las normas retroceden, si las autoridades corruptas y cucufatas se apoderan de un país con una débil democracia, que el cambio venga por la ciudadanía y su rechazo a todo aquello que representa discriminación.
Según información publicada por la Defensoría del Pueblo, el 5.1% de mujeres trans cuentan con educación secundaria completa y el 62.2% se dedica al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales en otros rubros. Aunque el dato más alarmante es que el 95.8% de mujeres trans manifiesten haber sido víctimas de violencia.
Para Janett Cuyutupa, especialista de Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el rechazo de las familias es un factor importante para entender el preocupante número de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. «Cuando se hacen visibles las botan de sus casas y no tienen oportunidades. Muchas veces se dedican a la prostitución. Si han salido de sus casas expulsadas, no tienen los recursos económicos ni oportunidades», explica.
Además, Cuyutupa agrega que el abandono por parte de las familias, la incursión en el mundo del trabajo sexual y las dificultades para continuar estudiando convierte a las mujeres trans en un grupo vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden ser mortales. «Muchas veces están expuestas a ETS y muchas veces no están informadas al respecto por lo que pueden morir», señala.
La especialista considera que un primer paso para ayudar a la comunidad trans sería una ley de identidad de género que les permita tener un DNI que las represente. «Para ellas es una humillación cuando las llaman por el nombre con el que no tienen ninguna relación», comenta Janett y agrega que esta iniciativa se podría complementar con la implementación del cupo laboral trans.
Entre el odio y la exclusión, el presente de las personas trans en el Perú es indudablemente crítico e historias como las de Ruby Ferrer parecen estar condenadas a repetirse de forma interminable si no se pone atención a los reclamos de peruanos y peruanas que, a diferencia de lo que alegan los grupos ultraconservadores, no buscan privilegios sino la posibilidad de vivir con una dignidad que hasta ahora se les ha negado.
Lo que pasa es que Rilo es un personaje incómodo en muchos sentidos. Se dice que la policía tiene su celular y las libretas en las que aparecen los nombres de sus clientes, algunos de los cuales serían conocidos personajes de nuestro mundillo cultural. Y si el personaje empieza a hablar sin duda saltarían los sapos y quién sabe cuántos títeres quedarían sin cabeza.
Este silencio recuerda el que gozó hace tres años un famoso editor de libros de poesía que fue acusado por lo menos por cinco mujeres del delito de violación. Antes bastaban una denuncia y el dogma del «yo te creo, hermana» para que el acusado fuera linchado mediáticamente. Pero ocurre que en el catálogo de ese editor aparecían muchas poetas conocidas de nuestro pequeño parnaso local. Ninguna quiso comprarse el lío. Más pudo el «buen nombre» literario.
Hay algo muy tortuoso en ese doble rasero que condena a la hoguera a escritores inservibles y a otros los blinda con un silencio casi religioso. Lo mismo pasa con la indiferencia con que algunos colectivos feministas asumen los ataques de sus amigos varones contra mujeres que no comulgan de su argolla. Fue lo que me ocurrió en marzo de este año cuando un sexagenario poeta embistió agilísimamente contra mí –berrinche en mano– porque no le gustaron mis reseñas.
Pero al final, todo se sabe. El caso Rilo, aparte de la inmundicia moral que ha revelado en relación con sus cautivas explotadas y el horroroso drama de la prostitución en el Perú, también ha servido para iluminar la hipocresía de ciertos grupos en nuestro llamado «campo literario». Patético fin para lo que en algún momento se anunció como un acto de justicia contra los abusos de algunos hombres y acabó convirtiéndose, penosamente, en un lobby literario más.
La lucha por los derechos humanos es también internacionalista. Malcolm X fue uno de los primeros en articular la lucha contra el capitalismo racial dentro de EEUU y el anti-colonialismo a nivel internacional. Viajó por el mundo para aprender y conectarse con otras luchas de liberación. Unos días antes que lo asesinaran, mientras Malcolm X se encontraba en Inglaterra donde se reunió con el Comité Asiático para ayudarles a combatir el racismo y otras exclusiones como negarles vivienda en barrios “blancos.” Asimismo, W.E. B. Dubois, uno de los más prominentes sociólogos (lástima que no se le estudie en Perú) estuvo presente en las negociaciones para exigir la independencia de las naciones africanas, incluyendo el fin del Apartheid en Sudáfrica en la reunión de Versalles luego de la Primera Guerra Mundial.
Hay mucho por aprender de la lucha radical de la comunidad negra en EEUU. Necesitamos una lucha de derechos humanos que sea liderada por las voces de los grupos oprimidos, con una visión que quiebre las estructuras y sistemas de opresión. La idea de Soros sobre democracia y justicia, “open society”, no es más que abrir el mercado al capitalismo e imperialismo con “revoluciones” o “primaveras” pro-capitalistas que nacen en la Casa Blanca. Esas “revoluciones manufacturadas” se esconden detrás de un discurso liberal, como en Ucrania, pero su alianza política es con grupos neonazis. Este tipo de acciones reaccionarias nunca darían lugar a cambios estructurales sustanciales.
Antes de protagonizar el derrame petrolero que ha afectado más de 7 millones de metros cuadrados de mar, dos reservas naturales y 21 playas en Lima y Callao, Repsol se ufanaba de ser la primera compañía de su sector en plantearse llegar a las cero emisiones netas de dióxido de carbono para el año 2050. Esto como muestra de su compromiso con las metas medioambientales planteadas por el Acuerdo de París del 2015.
Lo mismo hizo en julio del año pasado, cuando conmemoró los 10 años desde que firmaron los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos, una guía propuesta por las Naciones Unidas para que las matrices de las multinacionales se sujeten a las consecuencias legales de los países en donde operan sus subsidiarias.
Presentación de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado de Repsol para la iniciativa voluntaria Pacto Mundial de las Naciones Unidas. Según su portal oficial, no controlan el comportamiento de las empresas. Están diseñados para estimular el cambio.
Los Principios Rectores de Empresas y Derechos Humanos de la ONU brindan un marco legal a los gobiernos de cada país por el que es posible responsabilizar a las multinacionales cuando sus actividades comerciales en territorios ajenos vulneran los derechos humanos o las normas internacionales para la protección del medio ambiente.
Para aplicarlo, los países necesitan elaborar un Plan Nacional que adapte estos estándares internacionales a la realidad de cada uno. Este debe hacerse con participación de la sociedad civil y todas las partes interesadas.
En España, ese plan se aprobó el 2017. En el Perú, se hizo en junio de 2021, mediante el Decreto Supremo 009-2021-JUS. Uno de los cinco lineamientos estratégicos del plan peruano tiene como objetivo asegurar las reparaciones a los afectados. “Diseño y fortalecimiento de mecanismos para garantizar a los afectados por las vulneraciones a derechos humanos vías judiciales, administrativas, legislativas o de otro tipo para que puedan acceder a una reparación”, indica el decreto.
En diciembre del año pasado, la Comisión Europea también se lanzó a discutir la actualización de una directiva que plantea que las empresas culpables de delitos ambientales reciban multas de hasta 5% del volumen de sus negocios a nivel mundial. La iniciativa también abriría la posibilidad de quitarle a las compañías el acceso a la financiación y la contratación pública.
“Al final, las decisiones recaerán en los tribunales nacionales, pero este texto les ofrecerá claridad”, explicó Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente a la Agencia AFP.
ACUERDOS ROTOS
Hay otros acuerdos firmados por Repsol que no son vinculantes. El de París, por ejemplo, que mencionamos al inicio. O el Pacto Mundial de las Naciones Unidas. La compañía española tiene, además, alianzas poco útiles con nueve organizaciones vinculadas a temas de responsabilidad social. Estas solo se limitan a compartir información sobre el impacto de las compañías en el medio ambiente.
Es el caso de IPIECA, la Asociación Mundial del Sector del Petróleo y el Gas para cuestiones medioambientales y sociales, que difunde entre sus agremiados las mejores prácticas que encuentran en la industria para reducir su impacto. “Estas plataformas o asociaciones vinculadas a buenas prácticas en responsabilidad social son más una declaración de intenciones y, salvo que la empresa tenga una sentencia firme por alguna falta ética o negligencia dolosa, no suele tener mayor trascendencia”, explica Natalia Manso, profesora de Pacífico Business School.
Para Manso, la responsabilidad social tiene un “componente de maquillaje importante” en muchas empresas. Aún con todo eso, considera que hay algunos avances y que los accionistas tienen el toro por las astas.
“Los accionistas cada vez tienen más poder incluso para decidir a favor o en contra de cómo se remunera a los altos ejecutivos, o si se les debe cambiar. Desde luego, aquí [en el caso de Repsol] debería haber una respuesta de los líderes de la organización que están demostrando estar muy ausentes”, dice Manso, que también es docente de responsabilidad social empresarial.
De acuerdo a la última Memoria Anual publicada por Repsol, sus principales accionistas con derecho a voto son la española Sacyr S.A. (8.03%), la firma financiera JP Morgan (6.85%), la gestora de fondos de inversión BlackRock (4.99%) y la francesa Amundi Asset Management (4.50%). Todas son adherentes al Pacto Mundial de las Naciones Unidas y aseguran promover las finanzas que sean responsables con el medio ambiente. Como informó Sudaca, en una nota anterior, BlackRock tiene un historial de inversiones en empresas que violan los derechos humanos y tienen sanciones por infracciones contra el medio ambiente.
Más del 70% de las acciones de la empresa española son de «libre flotación» y se negocian constamente en el mercado bursátil. Después de esas acciones, la empresa Sacyr es la que tiene mayor participación con derecho a voto y dos asientos en el Consejo de Administración.
Repsol reporta a estas empresas cada una de sus acciones. El 2020, por ejemplo, publicó un informe de gestión donde da cuenta de las medidas de seguridad con las que cuentan sus operaciones. En la página 98 precisan:
“Si, a pesar de toda la actividad preventiva, se produce un derrame, es prioritaria la detección temprana y la minimización del impacto a las personas y al medioambiente. Para ello, la compañía dispone de los medios humanos y técnicos necesarios”.
Agregan que, en caso de derrames marinos, Repsol mantiene contratos con empresas que garantizan la actuación rápida de especialistas y equipamientos externos como Oil Spills Response Limited – OSRL (empresa británica que atiende a todo el sector), el Global Dispersants Stockpile (reserva mundial para acceder a productos dispersantes) y Wild Well Control (compañía estadounidense con sede en Houston, Texas).
Pero ninguna de estas firmas está actuando sobre el reciente desastre en las costas peruanas. A través de su portal web, Repsol Perú indicó que las labores de remediación vienen siendo atendidas por las empresas ERM (Environmental Resources Management), para el asesoramiento y control de la emergencia; y por Aiuká Consultoría Ambiental, para el rescate de fauna marina.
Al cierre de esta nota, la información del derrame producido en Ventanilla todavía no era publicada en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España. Mediante una carta, la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú le preguntó directamente a la empresa por qué no se había informado de estos eventos como Hecho de Importancia. La respuesta, como parece ser costumbre, no deja nada claro.
“Teniendo en cuenta la complejidad del tema, la valoración de la magnitud e impacto del acontecimiento no pudo ser inmediata. Además de ello debe considerarse que, de momento, este acontecimiento no ha afectado la continuidad de nuestras operaciones ni la capacidad de atención al mercado”, respondieron desde Repsol.
Respuesta de Repsol a las consultas de la Superintendencia del Mercado de Valores en Perú, enviadas al cierre de la sesión del jueves 20 de enero.
