derechos humanos

En segundo lugar, la suscripción al sistema interamericano de derechos humanos promueve la rendición de cuentas y la transparencia en la protección de los derechos humanos en el país. Al estar sometido a un sistema externo de supervisión, el Perú se compromete a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos y a ser evaluado periódicamente. Esto crea un incentivo para que el Estado peruano mejore sus políticas y prácticas en esta área, fortalezca su sistema de justicia y garantice el respeto de los derechos de todos los ciudadanos.

Por último, la permanencia del Perú en el sistema interamericano de derechos humanos envía una señal clara de su compromiso con los derechos fundamentales y su disposición a participar en un marco internacional de respeto y protección de los mismos. Esto fortalece la reputación del país en la comunidad internacional y contribuye a la construcción de un orden global más justo y equitativo.

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Lo cierto es que poco tiempo después, tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y las crisis migratorias del 2015, dieron sustento a la ya creciente extrema derecha y su nacionalismo para que pudiera triunfar Donald Trump, que puso a los migrantes como el principal enemigo de su nación y dio sustento para que gobiernos como el de Joao Bolsonaro y ahora el de Dina Boluarte, puedan apelar a resolver los problemas de pobreza y delincuencia ansiando romper el Pacto de San José e imponer, de una vez por todas, la pena de muerte. Masacre más, masacre menos en las tierras de la población quechua hablante y aimara del país, lo que importa es su Patria.

Los derechos humanos, pues, no son de izquierda, eso es un invento de la extrema derecha que repite sin pensar. Nuestros derechos están por encima de cualquier ideología. Es el deber de nuestro Estado protegerlos y deber de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evitar que se retroceda. La ONU ya se ha pronunciado, pero sin importarle, el Congreso sigue emitiendo leyes contra los derechos de la mujer, contra la educación pública, contra los migrantes, a favor de la corrupción. Mientras tanto, los brazos más violentos de la extrema derecha cuentan con la anuencia del gobierno para atacar. Total, como dijo el hoy silenciado cardenal del Perú, aquí los derechos humanos son una cojudez.

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La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.

Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.

Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.

Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.

Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.

 

[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).

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Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.

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Se afirma que el gobierno se encontraba en una situación muy compleja, a la vez que se condena el uso desproporcionado de la fuerza y de armas letales que terminaron con la vida de decenas de personas. De esta forma la CIDH, insta al Estado a investigar las graves violaciones a los derechos humanos con enfoque étnico – racial, debido a la participación directa de agentes estatales en los hechos, muchos de estos podrían ser calificados de ejecuciones extrajudiciales y masacres.

El informe lo que plantea es que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y sancionar a los responsables, en el marco de la debida diligencia; pero a la vez plantea otras medidas necesarias para fortalecer la institucionalidad democrática, la lucha contra la impunidad y los derechos humanos.

La oposición que este Informe ha despertado en los sectores más autoritarios de nuestro país no es una sorpresa. Sin embargo, tras todo lo vivido en las últimas décadas, si es preocupante que buena parte de la población conecte con estas narrativas y reproduzca falsas verdades que perpetúan el estigma sobre quienes defienden derechos.

Es claro que uno de los grandes desafíos que tenemos es promover una conciencia de derechos en la población. Nuestra democracia empezará a consolidarse cuando los derechos humanos, principios y libertades fundamentales sean asumidas como ejes para la construcción de un nuevo pacto social.

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Aumentar el número de fiscalías especializadas en derechos humanos para que tengan presencia en todo el país”.

Lo más importante de los informes que se han presentado no es tanto la denuncia de lo sucedido, más o menos reconocido por todos, sino la indolente reacción del gobierno, con afán de minimizar lo ocurrido y, por ende, sin ánimo alguno de realizar acciones de reparación y enmienda de los excesos cometidos. Se espera que esta vez no ocurra lo propio. La CIDH no es “una ONG”, como se refirió despectivamente la presidenta al informe de HRW.

Gran parte de la desaprobación ciudadana al gobierno de Dina Boluarte se debe a este hecho. Mientras ella no entienda que no puede pasar por agua tibia los informes dados a conocer y no actúe en consecuencia, los 56 muertos por obra de la represión abusiva, serán parte de una mochila de pasivos de la que el gobierno no podrá librarse con reacciones de soslayo pueril que no se veían desde los tiempos de Belaunde, quien arrojaba los informes de Amnistía Internacional al tacho de basura.

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Por estos motivos, instamos al Poder Ejecutivo, atendiendo las graves implicancias de la vigencia de una normativa como la recientemente aprobada en la integridad y vida de las niñas, adolescentes y mujeres, en especial las que resultan embarazadas producto de violencia sexual, observe la autógrafa de ley (Proyecto de Ley Nº785).

Además exhortamos a la ciudadanía a mantenerse vigilante frente a estos intentos del Congreso de desconocer u obstaculizar el acceso a derechos, en especial los relacionados con las autonomías de las mujeres. Exigir y mantenerse vigilante de las instituciones del Estado, quienes tienen la obligación de cumplir la normativa nacional vigente.

Ver pronunciamiento y firmas en el siguiente link: https://bit.ly/3n4prF8

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Quienes se dicen llamar “pro vida”, utilizan el término para empatizar con la población, pero en realidad su bienestar no les importa. A estos actores que diseminan mensajes de odio en todo el país, los llamaría “pro muerte” o “pro discriminación”, son quienes tienen voz cuando se trata de sancionar a las mujeres en su autonomía, cuando se trata de defender un modelo, pero no piensan en el bienestar ni de las mujeres ni de las niñas. A estos sectores, la vida no les interesa, siempre precarizar la misma.

Estas líneas escritas con algo de cansancio, de ver en el cotidiano la insistencia por retroceder, son un llamado a los/las jóvenes, a las mujeres, hombres y a toda persona que quiera el bien, a rechazar a quienes en base al odio promuevan una sociedad violenta y excluyente que nuestros hijos/as no merecen.

Si las normas retroceden, si las autoridades corruptas y cucufatas se apoderan de un país con una débil democracia, que el cambio venga por la ciudadanía y su rechazo a todo aquello que representa discriminación.

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DATOS QUE PREOCUPAN

Según información publicada por la Defensoría del Pueblo, el 5.1% de mujeres trans cuentan con educación secundaria completa y el 62.2% se dedica al trabajo sexual ante la falta de oportunidades laborales en otros rubros. Aunque el dato más alarmante es que el 95.8% de mujeres trans manifiesten haber sido víctimas de violencia.

Para Janett Cuyutupa, especialista de Promsex – Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, el rechazo de las familias es un factor importante para entender el preocupante número de mujeres trans que se dedican al trabajo sexual. «Cuando se hacen visibles las botan de sus casas y no tienen oportunidades. Muchas veces se dedican a la prostitución. Si han salido de sus casas expulsadas, no tienen los recursos económicos ni oportunidades», explica.

Además, Cuyutupa agrega que el abandono por parte de las familias, la incursión en el mundo del trabajo sexual y las dificultades para continuar estudiando convierte a las mujeres trans en un grupo vulnerable a las enfermedades de transmisión sexual (ETS) que pueden ser mortales. «Muchas veces están expuestas a ETS y muchas veces no están informadas al respecto por lo que pueden morir», señala.

La especialista considera que un primer paso para ayudar a la comunidad trans sería una ley de identidad de género que les permita tener un DNI que las represente. «Para ellas es una humillación cuando las llaman por el nombre con el que no tienen ninguna relación», comenta Janett y agrega que esta iniciativa se podría complementar con la implementación del cupo laboral trans.

Entre el odio y la exclusión, el presente de las personas trans en el Perú es indudablemente crítico e historias como las de Ruby Ferrer parecen estar condenadas a repetirse de forma interminable si no se pone atención a los reclamos de peruanos y peruanas que, a diferencia de lo que alegan los grupos ultraconservadores, no buscan privilegios sino la posibilidad de vivir con una dignidad que hasta ahora se les ha negado.

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