derechos humanos

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE]  La hipocresía es un fenómeno complejo que se ha manifestado en la política durante siglos. El término se originó en la Grecia antigua, donde los actores cambiaban sus máscaras y comportamientos para interpretar a diferentes personajes. Con el tiempo, el significado de la palabra «hipocresía» evolucionó para referirse a la discrepancia entre lo que una persona dice y lo que realmente hace, especialmente cuando alguien muestra una falsa virtud, moral o sinceridad.

En el ámbito político, la hipocresía puede adoptar muchas formas. Una de las formas más comunes es cuando los políticos hacen promesas que luego no cumplen. Esto puede incluir promesas sobre políticas, reformas o acciones específicas que no se materializan. Esta forma de hipocresía se debe a menudo a limitaciones políticas, financieras o burocráticas que pueden hacer que sea difícil cumplir con todas las promesas hechas durante la campaña electoral. Otra forma es cuando algunos políticos pueden adoptar un discurso público que difiere significativamente de sus creencias o intenciones reales. Pueden expresar apoyo a ciertas políticas o valores en público mientras actúan de manera contraria en privado. Esto a veces se hace para evitar mayores controversias.

Por ejemplo, luego de las primeras ejecuciones extrajudiciales en diciembre del año pasado, la Fiscalía intervino. La presidenta Boluarte y el premier Alberto Otárola públicamente saludaron el inicio de las diligencias y expresaron su compromiso de otorgar todas las facilidades para el esclarecimiento oportuno de lo sucedido. Sin embargo, nueve meses después, ambos solicitaron discretamente a la Fiscal de la Nación que se archive la investigación, según informó el semanario ´Hildebrandt en sus trece´ la semana pasada.

De igual modo, en algunas conferencias de prensa o presentaciones públicas, Boluarte responsabilizó de las muertes a los «ponchos rojos» bolivianos, a una avalancha de cinco mil personas y, recientemente, a los propios ciudadanos muertos. Esta retórica pública contrasta con lo declarado ante la Fiscalía, donde señaló que solo tiene «mando» y no «comando». Es decir, ella se exime de responsabilidad alguna y de manera implícita hace responsables a policías y militares.

¿Cuándo el papa Francisco le pregunte sobre la situación de los derechos humanos en el país y las 49 ejecuciones extrajudiciales, o si tomó en cuenta las palabras de su Nuncio Apostólico, Mons. Paolo Rocco Gualtieri, quien señaló que “ignorar la existencia y los derechos de los demás, tarde o temprano, provoca alguna forma de violencia inesperada, como estamos siendo testigos actualmente”? ¿Boluarte le responderá que el Perú es un país respetuoso de la democracia, del estado de derecho, de los derechos humanos y del derecho internacional, como lo dijo en la ONU?

La hipocresía en la política es un problema serio, que tiene consecuencias negativas para la sociedad. La hipocresía daña la confianza de los ciudadanos en sus gobernantes y provoca la pérdida de legitimidad de los mismos. Por eso mismo, para nuestra democracia es un costo muy alto seguir manteniendo hipócritas que gobiernan y cínicos y mentirosos que legislan.

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Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La democracia peruana se encuentra en riesgo. El actual gobierno de Boluarte ha demostrado un desprecio colosal por las instituciones democráticas y los derechos humanos. Ha intentado restringir la libertad de prensa, ha criminalizado la protesta social y ha respondido las movilizaciones ciudadanas de manera brutal. A la fecha, 49 ciudadanos han sido ejecutados por disparos de armas de fuego de la policía y el ejército.

A ello se suma el Congreso, que inició una investigación sumaria contra los integrantes de la Junta Nacional de Justicia por presuntamente haber cometido una serie de “faltas graves”. Esta medida busca destituirlos irrespetando el debido proceso y la presunción de inocencia, socavando así la estabilidad jurídica del país.

Boluarte, Otárola y los congresistas de Fuerza Popular, Perú Libre y Alianza para el Progreso, entre otros, se saben poderosos e impunes. Se reconocen como aliados y, por ello, creen que pueden cometer cualquier tropelía, vulnerar derechos o erosionar la institucionalidad democrática sin mayores consecuencias, como ocurrió con la repartija del Tribunal Constitucional y la Defensoría del Pueblo.

La derrota política de la coalición gobernante no será fácil ni inmediata. Las fuerzas opositoras carecen de fuerza, se encuentran divididas y sin mucho poder de convocatoria. Esto quedó demostrado en las movilizaciones del 16 de septiembre en Lima, que fueron poco concurridas. En este contexto adverso para la democracia, es imprescindible la conformación de una coalición democrática amplia y plural. Sin embargo, su constitución presenta una serie de desafíos.

Las fuerzas opositoras están divididas entre partidos políticos de izquierda, centro y derecha; y organizaciones de la sociedad civil. Esta división, junto con las diferentes estrategias para enfrentar a la coalición gobernante, dificulta la construcción de una agenda común, la cooperación entre ellas y la coordinación de acciones. La superación de estas divisiones es fundamental para que las fuerzas opositoras puedan conformar una coalición democrática que tenga la capacidad de derrotar a la coalición gobernante.

En ese sentido, la formación de una coalición opositora requiere de los factores siguientes: una agenda común que refleje su compromiso con la defensa de la democracia y el adelanto de elecciones; un liderazgo fuerte y comprometido que pueda unir y liderar a las fuerzas opositoras en la lucha contra la coalición gobernante; y un compromiso para cooperar entre sí, a pesar de sus diferencias. Además de estos factores, también es importante que aquellas fuerzas cuenten con el apoyo de la ciudadanía, lo cual les dará la legitimidad y la fuerza necesaria para enfrentar al gobierno autoritario.

Por último, la unificación de las fuerzas opositoras es un proceso complejo y desafiante. Sin embargo, es un proceso necesario e imprescindible para defender la democracia y los derechos humanos de una coalición cuya continuidad en el poder representa un peligro para la estabilidad del país. Los partidos políticos democráticos tienen no solo la palabra.

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Democracia, derechos humanos, Dina Boluarte, Peru en Dictadura

[TIEMPO DE MILLENNIALS] La semana pasada la presidenta Dina Boluarte estuvo en Nueva York para participar en la 78ª sesión de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Su asistencia a este evento no solo dejó en evidencia la improvisación de nuestras autoridades, sino también lo aislados que estamos a nivel internacional.

Su presencia en este evento ha dejado mucho que desear por su limitada agenda y por sus intervenciones. Sobre su agenda, esta solo incluía una reunión con el presidente de Paraguay, mientras que otros jefes de Estado de la región sostuvieron reuniones con sus pares de otros países. O la cancillería falló en su rol, o no hay interés de otros mandatarios por reunirse con nuestra presidenta. Asimismo, sus discursos destacaron por las verdades a medias como cuando aseguró que había “devuelto la estabilidad y esperanza al país”.

Primero, desde diciembre del 2022, las manifestaciones en contra del gobierno se han venido dando recurrentemente en todo el país. Esto ha llevado a que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentara varios informes en los que se señala que en el Perú se violan derechos humanos ya que hay 49 fallecidos por proyectil de arma de fuego. Segundo, el Congreso aprobó que se realice una investigación sumaria a los siete integrantes de la Junta Nacional de Justicia, decisión que ha sido respaldada por Boluarte, y que ha llevado a que otros jefes de Estado se manifiesten en contra, ya que en el Perú no se está respetando la separación de poderes. Y tercero, desde Nueva York nuestra presidenta declaró el estado de emergencia en San Juan de Lurigancho, San Martín de Porres y Sullana para que las Fuerzas Armadas puedan prestar “apoyo” a la policía.

Entonces me pregunto, ¿de qué estabilidad y esperanza habla? Hace poco el BCRP declaró que el crecimiento del PBI en el 2023 será solo de 0.8%, creciendo por debajo del promedio de América Latina por segundo año consecutivo. Además, la inversión privada cayó -7.5% en el primer semestre del año. Cómo puede Dina Boluarte presentarse con un discurso con una narrativa tan falsa, al frente de otros presidentes, como si ninguno estuviera al tanto de lo que pasa en nuestro país.

El Perú no solo merece una mejor agenda, sino que quien nos gobierna esté a la altura del cargo. Pretender engañar a otros mandatarios es muy caradura, y también lo es el faltarle el respeto a nuestra prensa y ciudadanos peruanos. Según lo aprobado por el Congreso, la presidenta puede gobernar de manera remota cuando se ausente del país, por lo tanto, está obligada a responder preguntas sobre anuncios que haga en sus viajes al exterior. Cuando un medio peruano le preguntó en Nueva York por la declaratoria del estado de emergencia, su respuesta fue: “Los temas del Perú los hablamos en el Perú”. Sin comentarios. Lo único que me queda claro es que en nuestro país no hay estabilidad y menos esperanza con Dina Boluarte al mando.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] La transición de un gobierno democrático a uno autoritario es un proceso gradual que puede tomar varios años. Sin embargo, en el caso de Perú, este proceso ha sido significativamente rápido. En solo unos meses, el gobierno de Dina Boluarte y sus aliados han logrado debilitar las instituciones democráticas y concentrar el poder en sus manos.

Así, han debilitado una serie de instituciones mediante la designación de funcionarios leales a su gobierno en puestos clave, como la designación de una abogada afín a Fuerza Popular como Adjunta Constitucional en la Defensoría del Pueblo. O la del nuevo Ministro de Justicia quien, ya a los tres días de su juramentación, es investigado de manera preliminar por la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos como presunto instigador del delito de tráfico de influencias agravado.

En unos días más, la destitución de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia consumará el tránsito a un gobierno autoritario. La instauración de tal gobierno es grave y requiere de una respuesta contundente. La conformación de una coalición política amplia y plural es una manera, quizás la principal, de enfrentarlo.

Esta coalición democrática debe tener como objetivos el juicio y sanción de los responsables de las ejecuciones extrajudiciales de 49 personas, la defensa de la Junta Nacional de Justicia y el adelanto de elecciones. Una coalición integrada por organizaciones de ciudadanos y ciudadanas; y partidos democráticos como el Partido Morado, Partido por el Buen Gobierno y Primero la Gente por mencionar algunos.

La formación de esta coalición es un desafío, porque requiere que los diferentes actores políticos y sociales involucrados estén dispuestos a trabajar juntos para recuperar la democracia y el respeto irrestricto de los derechos humanos, incluso si tienen diferencias en sus ideas u objetivos.

Es una oportunidad porque puede contribuir a reconstruir la confianza de los ciudadanos en la política y a sentar las bases para un futuro más democrático para el país. Al unir a personas de diferentes orígenes, una coalición ciudadana puede demostrar que es posible trabajar juntos para lograr un cambio positivo.

En la conformación de una coalición democrática, los partidos políticos tienen una responsabilidad mayor. Si ellos, superando sus diferencias políticas, programáticas e ideológicas, asumen tal tarea y logran conformarla, se tendrá una oportunidad real de contribuir a la construcción de un Perú más democrático y justo.

Por último, la historia enseña que la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales fue eficaz para derrotar a los dictadores porque permitió unir a los diferentes sectores de la sociedad para luchar por la democracia. Por ejemplo, en Chile y en Argentina, la confluencia entre partidos políticos y movimientos sociales permitió derrotar a los dictadores Pinochet y Videla, respectivamente.

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Los golpes de Estado nunca tienen causas

[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Hace unos días fui entrevistado por un medio local respecto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en contra del presidente socialista, y democráticamente electo, Salvador Allende. Me preguntaron, en primer lugar, por los motivos del golpe de Estado. Yo señalé que nunca indicaba causas o motivos de los quiebres del orden constitucional, porque ello implicaba justificarlos. Los problemas de los regímenes democráticos deben resolverse siempre dentro de su propio marco a través del sufragio o los diversos mecanismos constitucionales existentes.  Inclusive a través de la protesta, muchas veces necesaria para enmendar rumbos cuando un gobierno se siente tentado a traspasar las fronteras republicanas del contrato social y de la división e independencia entre los poderes del Estado.

Indiqué, al respecto, que era una lástima que, en el Perú, resulte un lugar común de la educación escolar y superior señalar a Augusto B. Leguía y a Manuel A. Odría, como los mejores presidentes del siglo XX. Ambos, por cierto, disfrutaron de bonanzas provenientes de coyunturas internacionales favorables e invirtieron los dividendos en prolíficas obras públicas, así como cayeron en cuanto dichas bonanzas se convirtieron en crisis económica.

Lo cierto es que Leguía y Odría se cuentan entre los dictadores más represivos de la historia del Perú Republicano. Es por ello que el recuerdo de las deportaciones, las persecuciones a quienes se situaron en la oposición, las prisiones políticas, la tortura como método de interrogatorio y el alevoso crimen político permanecen hasta hoy en el imaginario y la memoria de nuestra sociedad.

Creo entonces oportuno reiterar lo que he señalado en otras oportunidades: que las continuas interrupciones del orden constitucional son la principal razón que explica la precariedad actual de nuestra democracia y que carezcamos de una cultura política democrática. Esto quiere decir que la ciudadanía no tiene interiorizados los valores del republicanismo, ni siquiera los derechos fundamentales de los que goza cuando rige la Constitución.

El contexto internacional

Volviendo al caso de Chile, señalé al entrevistador que, si un contexto internacional rodeaba el golpe de Augusto Pinochet, este fue el de la Guerra Fría, enfrentamiento mundial entre las superpotencias Estados Unidos (Capitalista) y la URSS (Socialista). En tal sentido, para Estados Unidos representaba un riesgo inminente la presencia de un gobierno socialista-democrático en un país importante de la región.

Ya la revolución cubana y la instauración de la dictadura proletaria en la isla– que desde una postura republicana también debemos condenar- habían significado una dura derrota para los intereses norteamericanos en la región, de manera que el riesgo de que Chile eventualmente siguiese los pasos de Fidel Castro les resultaba inadmisible. De allí el prolongado sabotaje al gobierno de la Unidad Popular, la subvención de la huelga de los transportistas en Chile para generar el caos político y finalmente, la supuesta participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en el golpe del 11 de septiembre de 1973.

Todo lo señalado, no supone mi adhesión a las políticas estatistas aplicadas por Salvador Allende, ni al gobierno democrático de la Unidad Popular (1970 – 1973). A lo que adhiero es a la legitimidad de un gobierno electo a través del sufragio popular, constitucional y que, en el peor de los casos, pudo ser reemplazado un año después, a través de ese mismo sufragio, en elecciones generales.

Las heridas que deja la violencia: una sociedad dividida

Me preguntaron luego por qué dicho golpe de Estado aún dividía a la sociedad chilena y si las conmemoraciones organizadas por el presidente de Chile, Gabriel Boric, constituyen un uso político del pasado. Cabe resaltar que entre las medidas adoptadas por Boric destaca el importante compromiso titulado Por La Democracia, Siempre, el que ha sido firmado por el mandatario y todos los expresidentes democráticos de Chile que gobernaron el país tras la transición democrática de 1989, incluido Sebastián Piñera, opositor derechista de Boric, y con la excepción de Patricio Aylwin, fallecido en 2016.

Al respecto respondí que las heridas del pasado sanan recordándolas, trayéndolas al presente, convirtiéndolas en lugares de la Memoria y no pretendiendo su olvido, pues los traumas del pretérito no pueden olvidarse a la fuerza. Señalé que el golpe de Augusto Pinochet y la represión posterior a este se recordaban en América Latina por su carácter en extremo violento, el que incluye el dramático bombardeo de la Casa de la Moneda, acto en el falleciera el Presidente Allende por negarse a abandonarla. Le sigue a este hecho, como otra imborrable y trágica imagen, el ajusticiamiento del cantautor Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, el que contiene, en tanto que evento simbólico, a las miles de víctimas civiles de la represión militar, las que fueron torturadas y ejecutadas en circunstancias similares a las del admirado cantante.

A todo esto, se suma el reciente descubrimiento de que la dictadura de Pinochet habría autorizado la adopción ilegal de miles de niños, la mayoría recién nacidos, arrebatados a sus padres. Al respecto, hace unas semanas, se produjo el emotivo reencuentro entre María Angélica González y Jimmy Lippert Thyden, madre e hijo.  A ella le dijeron que su vástago nació prematuro, que murió y que descartaron su cuerpo, cuando, en realidad, se lo arrebataron y fue vendido a una familia norteamericana.

En tal sentido, para América Latina, el golpe y régimen de Augusto Pinochet constituyen una de las expresiones más palpables del permanente asedio del militarismo a las repúblicas democráticas que instauramos en tiempos de las Independencias. Como he señalado para el caso peruano, cuyo ejemplo se extiende a toda la región, la constante interrupción del orden constitucional por parte de caudillos militares en el siglo XIX y de dictadores en el siglo XX es la principal causa de que hasta ahora nuestras democracias se caractericen por su precariedad.

Memoria y búsqueda de la verdad

Finalmente, indiqué que el uso político del pasado es parte de la política en general, que es inevitable, pero al mismo tiempo afirmé que Gabriel Boric está haciendo lo correcto y razonable; y que lo llamativo sería que un presidente, no solo de izquierda, sino democrático, no condenase un golpe de Estado que le legó a América Latina las escenas más desgarradoras de lo que sucede cuando se atenta contra la República y el orden constitucional. En ese mismo sentido, El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, recién lanzado por el mandatario chileno nos parece una medida más que adecuada pues, como este ha señalado, el futuro solo puede construirse conociendo toda la verdad acerca del pasado y porque al Estado le corresponde hacerse cargo de sus propias víctimas.

Por eso, el 11 de septiembre de 1973 debe constituirse en un Lugar de la Memoria continental que nos recuerde la necesidad de consolidar nuestra institucionalidad democrática y, dentro de ella, la irrestricta e irrenunciable vigencia de los derechos fundamentales, y que sirva, asimismo, para condenar en toda y cualquier circunstancias, la opción autoritaria y la intervención militar, “justificadas” bajo la espuria premisa de que la represión y la fuerza -y el horror- podrán resolver lo que no puede el gobierno civil.

Nuestro camino hacia la modernidad política tiene que transitarse dentro de las pautas republicanas de nuestras Cartas Magnas. Dentro de ellas, se abre un amplio espacio para la deliberación y la confrontación de ideas entre derechas, centros e izquierdas, pero fuera de ellas reinan el terror, la represión y la oscuridad, cuya evocación, permanecerá para siempre en la memoria colectiva.  Tengámoslo presente pues la dictadura no solo está a la vuelta de la esquina, sino que viene entusiasta hacia nosotros. 

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[INFORMES] Estoy harta de que me digas él”. Hace unos días, la opinión pública estuvo en acuerdos y desacuerdos por lo acontecido en ATV con Etza Reátegui Wong, conocida como “Uchulu”, un personaje que nació en la televisión y que fue objeto de agresiones verbales por parte de dos personajes también conocidos: Carlos Cacho y Andrés Hurtado.

Si un DNI no identifica a una persona, es un documento que no sirve. Lamentablemente, vemos como los miembros de la comunidad LGBTQI+ vienen luchando por ser reconocidos, no solo por una sociedad que parece reacia en aceptar sus derechos, sino también, en que también forman parte de nuestra sociedad. Las redes sociales se han vuelto el principal foco para atacar a cada uno de sus miembros, que cabe resaltar, no es solamente a las personas cuya orientación es homosexual.

La transfobia son las acciones de prejuicio, discriminación, agresión y odio que se le puede tener a una persona transgenero. En el caso de Etza, hablamos de comentarios desatinados que se intentan justificar con la famosa frase: “Hay que darle al público lo que quiere ver”. Burlas. Agresiones. Son solo algunas acciones que se permiten en cadena nacional y este caso no fue la excepción.

Una lucha sin acabar: ambiciones de rating y show transfóbico que vulnera los derechos de la comunidad LGBTQ+ en el Perú
Plantón en las afueras de ATV tras las agresiones contra Etza Reátegui

En el caso de Etza, exige en todo su derecho que fuera reconocida como “ella” por parte del conductor Andrés Hurtado; por otro lado, se vio intimidada por un estilista como Carlos Cacho quien exigió que mostrara su DNI para constatar que su nombre era femenino. Entonces, ¿Por qué mostrar un documento tan importante como el DNI por la televisión? ¿Por qué reclamar a una persona que no se considera hombre y quiere ser reconocido de otra manera?

“¡Su nombre es Etza, y se la respeta! Denunciamos los actos de transfobia que atentan contra su identidad. Reproducir el discurso revictimiza, no seamos parte del problema.”, sentencio la organización feminista Manuela Ramos. Y es que no es admisible que un canal de televisión transmita actos de discriminación y odio hacia una persona. Sobre todo, porque después de ello, el canal mostró a una Uchulu llorando por estas acciones. Lo más indignante es que a partir de ello intenten generar rating para que la teleaudiencia esté a la expectativa si es que el personaje se quedaría en el reality.

Mensaje público de la organización “Manuela Ramos”

Las redes sociales, un gran impulsor del odio a la comunidad LGBTQI+

Es cierto mencionar que muchas personas en un acto de cobardía y poca empatía se generan cuentas falsas en Twitter y empiezan a propagar frases lamentables contra la comunidad LGBTQI+. Desde algún caso de agresión contra ello, las marchas anuales que se convocan y casos como el de la Uchulu que no ha sido excepción para estos usuarios.

¿Quién es ese señor?, “ahora quieres ser mujer”, “uchulu es hombre”. Son solo algunos de los tweets que se evidenciaron ante las publicaciones de activistas que expresaron su malestar por este accionar del canal por transmitir estos hechos transfobicos.

No es el primer error de un canal de televisión

El Consejo Consultivo de Radio y Televisión (CONCORTV) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú emite un informe sobre este accionar. Y es que ATV no sería el único medio de comunicación que haya “metido la pata” con acciones tan lamentables. Hace poco, América Televisión haría una de las presentaciones más controversiales, indignantes y poco éticas al mostrar a niñas en ropa interior y poco después cancelaría el programa dominical.

La Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú sancionó al canal con una multa de 20 UITs (s/. 99,000.00 nuevos soles) por este programa y su accionar.

Ahora bien, con respecto al caso de Etza, el CONCORTV se pronunció en un informe reflexivo sobre los casos de transfobia que había en el Perú. “El 67.7% de los programas transmitidos en televisión de señal abierta refuerzan o reflejan estereotipos raciales discriminatorios, es decir 2 de cada 3 difunden contenidos en forma de bromas, humillaciones y ofensas que refuerzan discursos de odio y afectan la dignidad de las personas”, menciona el informe.

Portada que utilizó el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para presentar la nota del caso de Etza

Es preocupante las cifras que nos mostraron, y es que solamente en Lima (32%) considera que se difunden contenidos discriminatorios en la televisión. No obstante, según el Consumo Televisivo y Radial del año 2022, la cual considera regiones, esta cifra se dispara: En Iquitos (45%), Puno (44%), Cusco (46%) y Arequipa (65%) consideran que se difunde contenido discriminatorio en televisión.

Ahora bien, con respecto al accionar de la producción, es lamentable ver como una situación se puede intentar justificar. Magaly Medina se había dado cuenta el error que se había cometido en su reality nocturno. A pesar que el gesto pueda sonar reconciliador, el abrazo que se dieron Magaly y la Uchulu fue criticada por las redes sociales como uno de los gestos más hipócritas que se han podido ver en televisión nacional, y es que si bien Etza pudo haber aceptado esas disculpas por parte de la producción, esto puede ser una acción que menosprecia la lucha de varios activistas que han exigido tanta vulneración a sus derechos.

Emisión del programa “Magaly TV, la firme” se ve a Magaly Medina abrazando a Etza Reátegui después del escandaloso accionar en su reality “La Casa de Magaly

Al cierre del informe, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión del Perú no se ha pronunciado meramente sobre la sanción que debería recibir ATV por haber permitido este accionar.

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[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] La presentación del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en Perú marcó un hito crucial al desvelar la trágica historia que nuestro país vivió entre 1980 y el año 2000. Durante el conflicto armado interno, más de 69,000 vidas se perdieron. A pesar de que han transcurrido dos décadas desde entonces, es preocupante observar que las recomendaciones formuladas por los comisionados aún no han sido implementadas.

A pesar de los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos y de las víctimas junto a sus familias, son pocos los casos que han logrado obtener justicia. En lugar de ver avances en la reconciliación y la construcción de la memoria, el informe y el proceso en sí continúan cargados de un injusto estigma promovido por aquellos que, por motivos políticos, buscan que persista la impunidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas.

Es fundamental destacar que la CVR enfatizó en la condena al terrorismo, señalando a Sendero Luminoso y el MRTA como los principales perpetradores de la violencia y quienes la iniciaron.

Al mismo tiempo, el informe evidencia las numerosas violaciones a los derechos humanos que se cometieron en el marco de la estrategia contraterrorista estatal, las cuales estuvieron motivadas por un profundo racismo. No es casual que la mayoría de las víctimas sean personas quechua hablantes o indígenas amazónicos.

Estos hechos no fueron excesos, sino graves violaciones de derechos que se llevaron a cabo de manera sistemática por miembros de las fuerzas armadas y la policía nacional, los cuales fueron motivados por un arraigado odio racial y de clase. Estos actos no fueron aislados, sino que formaron parte de una estrategia institucionalizada y tolerada durante los gobiernos de Alan García y Alberto Fujimori, principalmente.

Masacres, asesinatos colectivos, desapariciones forzadas, violaciones sexuales, torturas y otros tratos crueles y humillantes.

Señalar esto no implica negar el horror del terrorismo, ni eximir de responsabilidad o buscar la absolución para aquellos que decidieron enfrentar el descontento por las profundas desigualdades tomando las armas. Visibilizar y condenar el hecho de que la población tuvo que vivir y sufrir entre dos frentes (el terrorismo y la violencia estatal) tiene como objetivo fomentar una reflexión colectiva, para evitar que este escenario dramático se repita.

El Estado tenía la obligación de proteger a la ciudadanía del terrorismo, por supuesto. No hay duda de que el Estado debía tomar medidas para prevenir la propagación de la violencia y el horror. Sin embargo, lo censurable no es eso, sino que en el marco de dicha estrategia se permitiera y promoviera el odio, la violación, el asesinato y la desaparición de personas racializadas. El Estado no podía combatir el horror con más horror.

Una verdadera democracia no se construye negando el pasado ni fomentando el odio. El país necesita retomar los procesos de memoria y reconciliación incompletos para avanzar hacia una sociedad más respetuosa de los derechos humanos, donde el «terruqueo» no sea la herramienta para resolver diferencias y el racismo sea erradicado. Esta sigue siendo una tarea pendiente.

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[LA COLUMNA DECA(N)DENTE] Durante los primeros meses de la presidencia de Dina Boluarte, el país ha sido testigo de una serie de acontecimientos que han dejado una marca indeleble en nuestra historia reciente y en la percepción pública nacional e internacional. Ciudadanos de diversas regiones, incluyendo Ayacucho, Puno, Apurímac y Cusco, entre otras, protestaron contra su gobierno y su permanencia en el mismo. Lo que debería haber sido una oportunidad para escuchar las voces de la ciudadanía, o de los «nadies», como le gustaba decir cuando ocupaba el cargo de vicepresidenta bajo Pedro Castillo, se transformó en una tragedia de proporciones inimaginables.

La respuesta de su gobierno fue desproporcionada y mortal. Las fuerzas del orden, en un acto que desafía la noción misma de justicia y respeto por los derechos humanos, abrieron fuego contra los manifestantes, dejando un saldo trágico de 49 vidas perdidas: 49 personas ejecutadas por proyectiles de armas de fuego. Las impactantes imágenes y las historias desgarradoras de familias destrozadas por las ejecuciones extrajudiciales de sus seres queridos no dejan de conmovernos.

Lo que agrava aún más la situación es el cinismo con el que Boluarte se expresó de los manifestantes. “Hay un grupo menor ligado a actos ilegales, en este caso, la minería ilegal y el narcotráfico (…) Hay gente ligada al Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (Movadef)”. Sin embargo, estas afirmaciones carecían por completo de pruebas sustanciales y parecían más una estrategia para desviar la atención de la brutalidad cometida por las fuerzas del orden bajo su mando. La incredulidad ante sus declaraciones se acentuó cuando intentó explicar algunas de las muertes como resultado de una supuesta “avalancha de cinco mil personas” o que “la mayoría de ellos [los fallecidos] es por impacto de un arma artesanal denominado dum dum”, una explicación que insulta la inteligencia y la sensibilidad de quienes buscamos la verdad y la justicia.

La presidenta Boluarte ha demostrado ser cínica, mentirosa e indigna de su cargo. Su falta de empatía hacia las vidas perdidas y su negación de la responsabilidad en estas muertes atroces son un ejemplo claro de su cinismo. Sus mentiras para justificar lo injustificable demuestran su total desprecio por la verdad y la confianza de los ciudadanos. Su indignidad se refleja en su incapacidad para reconocer los errores y asumir la responsabilidad, en lugar de esto, busca evadir las consecuencias de sus acciones.

En tiempos de crisis, el liderazgo político se somete a prueba y las acciones hablan más que las palabras. La presidencia de Boluarte ha quedado marcada por una represión desmedida y cruel, por afirmaciones infundadas y por la falta de moralidad en su respuesta a las ejecuciones extrajudiciales y otras violaciones de derechos humanos. Nuestro país merece líderes capaces de empatía, honestidad y responsabilidad; no merece una presidenta cínica, mentirosa e indigna.

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[ENTRE BRUJAS: FEMINISMO, GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS] El reciente mensaje presidencial por 28 de julio nos dejó claro que la actual presidenta no tiene ninguna intención de dejar el poder y que la demanda ciudadana por un cambio, reflejada en las protestas y en la mínima aprobación de su gobierno, simplemente le es indiferente.

Boluarte inició con una crítica al gobierno anterior resaltando los altos índices de pobreza y la gran corrupción, olvidándose por completo que fue parte de este como Vicepresidenta y Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, cargos que son asumidos por la confianza y cercanía al gobierno de turno.

Afirmó que su gobierno es democrático, negando de esta manera la crisis social, política y cultural que atraviesa el país y, evidenciando una peligrosa indiferencia por la actual captación de instituciones estatales, lo cual vulnera el principio de separación de poderes y, por ende, socava la gobernabilidad.

La presidenta relevó en su mensaje «la paz social», aunque, paradójicamente, se reprimía y gaseaba a manifestantes en el centro de Lima. La criminalización de la protesta ha continuado en las calles, así como los gestos racistas de parte de las autoridades estatales.

La paz social se construye garantizando justicia y reparación real para las víctimas de violaciones a los DDHH, así como evitando repetir actos hostiles que sigan profundizando la exclusión. La paz no puede ser solo un discurso.

La reconciliación no se construye replicando actos discriminatorios y prácticas que vulneran libertades fundamentales.

El discurso de la presidenta, estuvo plagado de incoherencias (como las mencionadas) y grandes ausencias.

Señaló que cumplirá las recomendaciones hechas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; sin embargo, meses atrás deslindaba de todo vínculo con las fuerzas del orden y sus acciones desproporcionadas violatorias de derechos humanos. La CIDH ha calificado lo sucedido como “masacres” y “ejecuciones extrajudiciales”.

Así mismo, Boluarte le dedicó segundos a abordar la problemática de la violencia contra las mujeres, sin mencionar la obligatoriedad del ejecutivo en la implementación de políticas públicas para su prevención y atención. Una corta alusión a temas punitivos evidenció no solo su indiferencia con este tema sino su alianza con sectores anti derechos que limitan y bloquean el avance en materia de igualdad.

Es vergonzosa la omisión, prácticamente absoluta, de temas vinculados a igualdad de género, derechos de las mujeres/niñas y personas LGBTIQ+. Mucho más triste es saber que esto no es casual, sino que es el resultado de acuerdos y probablemente negociados con sectores ultra conservadores en cuya agenda política se encuentra la erradicación del enfoque de género en el Estado.

Este fue un mensaje que dejó claro el proyecto autoritario del gobierno, así como los acuerdos y alianzas perversas que mantiene y protege. En la mira está la igualdad y toda agenda progresista que pueda llevar a garantizar derechos.

Todos los líderes/lideresas de talante dictatorial hablan de paz y a la vez reprimen, hablan de reconciliación e igualdad, pero a la vez excluyen, criminalizan y evitan avanzar en esta ruta. La estrategia no es nueva, pero el escenario es preocupante, porque el hartazgo de la ciudadanía hace que se toleren prácticas peligrosas que nos están llevando a un túnel en dónde los más corruptos festejan por el botín.

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