Los golpes de Estado nunca tienen causas
[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Hace unos días fui entrevistado por un medio local respecto de la conmemoración de los 50 años del golpe militar del general Augusto Pinochet en contra del presidente socialista, y democráticamente electo, Salvador Allende. Me preguntaron, en primer lugar, por los motivos del golpe de Estado. Yo señalé que nunca indicaba causas o motivos de los quiebres del orden constitucional, porque ello implicaba justificarlos. Los problemas de los regímenes democráticos deben resolverse siempre dentro de su propio marco a través del sufragio o los diversos mecanismos constitucionales existentes. Inclusive a través de la protesta, muchas veces necesaria para enmendar rumbos cuando un gobierno se siente tentado a traspasar las fronteras republicanas del contrato social y de la división e independencia entre los poderes del Estado.
Indiqué, al respecto, que era una lástima que, en el Perú, resulte un lugar común de la educación escolar y superior señalar a Augusto B. Leguía y a Manuel A. Odría, como los mejores presidentes del siglo XX. Ambos, por cierto, disfrutaron de bonanzas provenientes de coyunturas internacionales favorables e invirtieron los dividendos en prolíficas obras públicas, así como cayeron en cuanto dichas bonanzas se convirtieron en crisis económica.
Lo cierto es que Leguía y Odría se cuentan entre los dictadores más represivos de la historia del Perú Republicano. Es por ello que el recuerdo de las deportaciones, las persecuciones a quienes se situaron en la oposición, las prisiones políticas, la tortura como método de interrogatorio y el alevoso crimen político permanecen hasta hoy en el imaginario y la memoria de nuestra sociedad.
Creo entonces oportuno reiterar lo que he señalado en otras oportunidades: que las continuas interrupciones del orden constitucional son la principal razón que explica la precariedad actual de nuestra democracia y que carezcamos de una cultura política democrática. Esto quiere decir que la ciudadanía no tiene interiorizados los valores del republicanismo, ni siquiera los derechos fundamentales de los que goza cuando rige la Constitución.
El contexto internacional
Volviendo al caso de Chile, señalé al entrevistador que, si un contexto internacional rodeaba el golpe de Augusto Pinochet, este fue el de la Guerra Fría, enfrentamiento mundial entre las superpotencias Estados Unidos (Capitalista) y la URSS (Socialista). En tal sentido, para Estados Unidos representaba un riesgo inminente la presencia de un gobierno socialista-democrático en un país importante de la región.
Ya la revolución cubana y la instauración de la dictadura proletaria en la isla– que desde una postura republicana también debemos condenar- habían significado una dura derrota para los intereses norteamericanos en la región, de manera que el riesgo de que Chile eventualmente siguiese los pasos de Fidel Castro les resultaba inadmisible. De allí el prolongado sabotaje al gobierno de la Unidad Popular, la subvención de la huelga de los transportistas en Chile para generar el caos político y finalmente, la supuesta participación de la Central de Inteligencia Americana (CIA) en el golpe del 11 de septiembre de 1973.
Todo lo señalado, no supone mi adhesión a las políticas estatistas aplicadas por Salvador Allende, ni al gobierno democrático de la Unidad Popular (1970 – 1973). A lo que adhiero es a la legitimidad de un gobierno electo a través del sufragio popular, constitucional y que, en el peor de los casos, pudo ser reemplazado un año después, a través de ese mismo sufragio, en elecciones generales.
Las heridas que deja la violencia: una sociedad dividida
Me preguntaron luego por qué dicho golpe de Estado aún dividía a la sociedad chilena y si las conmemoraciones organizadas por el presidente de Chile, Gabriel Boric, constituyen un uso político del pasado. Cabe resaltar que entre las medidas adoptadas por Boric destaca el importante compromiso titulado Por La Democracia, Siempre, el que ha sido firmado por el mandatario y todos los expresidentes democráticos de Chile que gobernaron el país tras la transición democrática de 1989, incluido Sebastián Piñera, opositor derechista de Boric, y con la excepción de Patricio Aylwin, fallecido en 2016.
Al respecto respondí que las heridas del pasado sanan recordándolas, trayéndolas al presente, convirtiéndolas en lugares de la Memoria y no pretendiendo su olvido, pues los traumas del pretérito no pueden olvidarse a la fuerza. Señalé que el golpe de Augusto Pinochet y la represión posterior a este se recordaban en América Latina por su carácter en extremo violento, el que incluye el dramático bombardeo de la Casa de la Moneda, acto en el falleciera el Presidente Allende por negarse a abandonarla. Le sigue a este hecho, como otra imborrable y trágica imagen, el ajusticiamiento del cantautor Víctor Jara en el Estadio Nacional de Chile, el que contiene, en tanto que evento simbólico, a las miles de víctimas civiles de la represión militar, las que fueron torturadas y ejecutadas en circunstancias similares a las del admirado cantante.
A todo esto, se suma el reciente descubrimiento de que la dictadura de Pinochet habría autorizado la adopción ilegal de miles de niños, la mayoría recién nacidos, arrebatados a sus padres. Al respecto, hace unas semanas, se produjo el emotivo reencuentro entre María Angélica González y Jimmy Lippert Thyden, madre e hijo. A ella le dijeron que su vástago nació prematuro, que murió y que descartaron su cuerpo, cuando, en realidad, se lo arrebataron y fue vendido a una familia norteamericana.
En tal sentido, para América Latina, el golpe y régimen de Augusto Pinochet constituyen una de las expresiones más palpables del permanente asedio del militarismo a las repúblicas democráticas que instauramos en tiempos de las Independencias. Como he señalado para el caso peruano, cuyo ejemplo se extiende a toda la región, la constante interrupción del orden constitucional por parte de caudillos militares en el siglo XIX y de dictadores en el siglo XX es la principal causa de que hasta ahora nuestras democracias se caractericen por su precariedad.
Memoria y búsqueda de la verdad
Finalmente, indiqué que el uso político del pasado es parte de la política en general, que es inevitable, pero al mismo tiempo afirmé que Gabriel Boric está haciendo lo correcto y razonable; y que lo llamativo sería que un presidente, no solo de izquierda, sino democrático, no condenase un golpe de Estado que le legó a América Latina las escenas más desgarradoras de lo que sucede cuando se atenta contra la República y el orden constitucional. En ese mismo sentido, El Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, recién lanzado por el mandatario chileno nos parece una medida más que adecuada pues, como este ha señalado, el futuro solo puede construirse conociendo toda la verdad acerca del pasado y porque al Estado le corresponde hacerse cargo de sus propias víctimas.
Por eso, el 11 de septiembre de 1973 debe constituirse en un Lugar de la Memoria continental que nos recuerde la necesidad de consolidar nuestra institucionalidad democrática y, dentro de ella, la irrestricta e irrenunciable vigencia de los derechos fundamentales, y que sirva, asimismo, para condenar en toda y cualquier circunstancias, la opción autoritaria y la intervención militar, “justificadas” bajo la espuria premisa de que la represión y la fuerza -y el horror- podrán resolver lo que no puede el gobierno civil.
Nuestro camino hacia la modernidad política tiene que transitarse dentro de las pautas republicanas de nuestras Cartas Magnas. Dentro de ellas, se abre un amplio espacio para la deliberación y la confrontación de ideas entre derechas, centros e izquierdas, pero fuera de ellas reinan el terror, la represión y la oscuridad, cuya evocación, permanecerá para siempre en la memoria colectiva. Tengámoslo presente pues la dictadura no solo está a la vuelta de la esquina, sino que viene entusiasta hacia nosotros.
