A la fecha, el caso continúa en investigación preparatoria y Kuczynski ya no está bajo arresto domiciliario (la medida se revocó en abril). El plazo para el fin de la investigación termina en agosto próximo, pero el Ministerio Público podría solicitar algunos meses más para finalizar con las pesquisas.
El caso es que Pérez y Kuczynski dialogaron, pero finalmente el expresidente desestimó la idea de convertirse en colaborador. Estos procesos implican necesariamente que los procesados reconozcan la comisión de delitos, reciban una condena por ello, y entreguen información valiosa que permita avanzar en las investigaciones. Nada de esto ocurrió en el caso de PPK. No hubo admisión de culpabilidad, ni tampoco entrega de información.
Según confirmaron las fuentes a Sudaca, el expresidente se negó a reconocer responsabilidad, con excepción de la estructura que creó para que sus bienes inmuebles pasen a estar a nombre de sus empresas. Kuczynski señaló que había sido inducido a error por sus abogados.
Al finalizar la reunión, el fiscal Pérez leyó las condiciones de un proceso de colaboración eficaz, pero todo quedó ahí. Y tras aquella visita la defensa no ha vuelto a tener un acercamiento con el Ministerio Público.
En declaraciones a Sudaca, Julio Midolo, abogado de PPK, sostuvo que “no hubo un requerimiento formal” para que el exmandatario se acoja a un proceso de colaboración eficaz, pero que es una posibilidad dentro de un proceso judicial. “No ha habido un planteamiento, la tesis de la defensa del presidente es sobre la inocencia”, insistió.
Con una trayectoria de más de veinticinco años en el Ministerio Público, le esperan duras presiones en el doble rol que le toca desempeñar en la entidad, no solamente jurídico sino también político y administrativo. Ciertamente, lo mínimo que podemos esperar de ella es que no retroceda lo avanzado en las investigaciones fiscales en curso.
Pero no solamente son los temas políticos más mediáticos los que se tiene que atender desde la Fiscalía de la Nación, en un país tan diverso y con tantas desigualdades sociales como el nuestro. Los defensores ambientales en las comunidades indígenas llevan años reclamándole al Estado, centralizado en Lima, un verdadero acceso a la justicia que impida que sigan siendo asesinados por mafias que gozan de impunidad en los últimos rincones del país.
De igual manera, es vital que Benavides Vargas defienda su fuero y se mantenga independiente de los poderes políticos y fácticos en un momento crucial en que diversas fuerzas, incluso contendientes políticos a quienes los une la impunidad, se unen para sabotear la labor fiscal. Cabe recordar que, hace unos días, el premier Aníbal Torres presentó un cuestionable proyecto de ley para castigar, incluso con cárcel, a jueces y fiscales quienes realicen filtraciones de información de procesos judiciales a la prensa.
EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN
El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.
La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.
El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.
Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.
Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.
También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.
Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?
LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER
Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.
La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.
El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.
La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.
Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.
Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.
Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.
La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso
La investigación fiscal recoge la declaración del investigado Miguel Atala Herrera. En ella se señala que este se comunicaba previamente por teléfono con García para concretar las entregas de dinero. Atala se desempeñó como vicepresidente de Petroperú durante la gestión de García y, según la fiscalía, era pieza clave en la triangulación de las presuntas coimas a favor del entonces jefe de Estado.
La sala de apelaciones que resolvió a favor del Ministerio Público sostuvo que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». Además, destaca que la medida solicitada por el fiscal «resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
La fiscalía investiga la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala. En su declaración del 26 de abril de 2019, Atala señaló que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
LA FISCALÍA SUPREMA SOLO TOMA EN CUENTA LAS NOTICIAS CUANDO QUIERE
Otro de los temas que convoca la atención es el actuar absolutamente disparejo, poco homogéneo y desigual con que actúa la Fiscalía Suprema de los Fiscales Fernández y Quispe en los casos de Samir Abudayeh y Walter Ríos, en comparación con otros casos semejantes.
Por ejemplo, en el caso de la apertura de la investigación preliminar del empresario Óscar Peña Aparicio y el exfiscal superior Abel Concha Ccalla, la Fiscalía Suprema que dirige Fernández Alarcón se basó para abrir investigación única y exclusivamente en noticias periodísticas propaladas por medios de comunicación como Canal N, la República, RPP, diario el Comercio, entre otros. En cambio, pese a que varios medios de comunicación como El Comercio y Cuarto Poder habían informado acerca de los audios de Samir Abudayeh y Walter Ríos, la Fiscalía nunca hizo nada para abrir investigación a dichos personajes. Con las personas hostiles o que algunos fiscales no quieren sí se abre investigación, pero a los amigos de la fiscalía no solo se los protege, se los arropa y encubre, sino que ni siquiera se abre proceso contra ellos.
Nunca como hoy –para justificar la protección al empresario petrolero y el presidente de la Corte del Callao– es válido el dicho “para mis amigos todo; para mis enemigos la ley”.
LA OMISIÓN DE FUNCIONES DE LOS FISCALES FERNÁNDEZ Y QUISPE
Es evidente que si la prensa independiente (Exitosa Noticias, Willax, PBO Radio, El Comercio, Expreso y América Televisión) no hubiera brindado cobertura al caso del empresario Samir Abudayeh y su relación probada con el expresidente de la Corte del Callao, la Fiscalía nunca se hubiera molestado siquiera en investigar y abrir proceso penal.
Sin embargo, en la rendición de cuentas con la justicia y la sociedad que tiene pendiente la Fiscalía Suprema de Fernández y Quispe –que de manera clara han cometido el delito de omisión de funciones y encubrimiento– se debe resaltar que falta abrir investigación a Walter Ríos y a otros personajes por dos hechos gravísimos.
En primer lugar, falta abrir investigación a Samir Abudayeh y a Walter Ríos por la declaración testimonial prestada por Gian Franco Paredes Sánchez ante la Fiscalía Suprema el 30 de junio del 2021 donde señaló de que su jefe (Walter Ríos) el 10 de agosto del 2017 había recibido en el stud del hipódromo de Monterrico regalos y atenciones especiales del empresario petrolero consistentes en el desfile de 10 prostitutas y el uso de favores sexuales de dos de ellas a cambio de ayuda en procesos judiciales. De ese hecho, da cuenta el diario La República, medio a quien nadie podría acusar de ser hostil con el Ministerio Público, en tres artículos; el primero del periodista César Romero titulado “Walter Ríos solicitaba dinero a los empresarios para ayudarlos” publicado el 31.10.2021, el segundo de la periodista María Elena Hidalgo titulado “Imputado revela que Samir Abudayeh es amigo del cabecilla de Cuellos Blancos” del 22.12.2021 y el tercero del periodista Ángel Páez, rotulado “Fotografías confirman agasajo de Samir Abudayeh a Walter Ríos” del 26.12.2021. De igual forma, la periodista Graciela Villasís del diario El Comercio publicó el 31.01.2022 el artículo “Los Cuellos Blancos: Empresario Abudayeh buscó que Walter Ríos ‘direccionara’ proceso hacia el Callao”. Paradójicamente, este hecho no aparece siquiera mencionado en la disposición fiscal del 26.04.2022.
Sorprende que la Fiscalía investigue a Samir Abudayeh, Carlos Moreno y a Walter Ríos por la ventaja de haber recibido souvenirs del Club Universitario de Deportes y por la entrega de 1,000 pelotas para la navidad de los hijos de los trabajadores de la Corte y no quiera investigar a dichas personas por haber recibido y disfrutado Walter Ríos de favores sexuales de prostitutas a cambio de ayuda en procesos judiciales en la Corte del Callao.
El testimonio de Gianfranco Paredes Sánchez del 30 de junio del 2021 no solo sigue vigente y no ha sido invalidado, sino que se corrobora con las fotografías del stud del empresario petrolero. Es increíble que la Fiscalía Suprema haya hecho una geolocalización de los celulares de Walter Ríos y el empresario Óscar Peña el 16.09.2021 en su stud “doña Licha” del hipódromo de Monterrico y no quiera hacer una geolocalización del día 10 de agosto del 2017 de los celulares de Walter Ríos y Samir Abudayeh en el stud de este último, que queda al frente del stud “doña Licha”. La Fiscalía Suprema le cree a Walter Ríos cuando señala que recibió souvenirs de Carlos Moreno, que recibió 1,000 pelotas de Samir Abudayeh y que recibió U$1,000 de Sandro Herrera, de los que se quedó con US$400, pero no le cree insólitamente a Gian Franco Paredes cuando declara como testigo y señala que Walter Ríos recibió favores sexuales de dos prostitutas contratadas ex profesamente por el empresario Samir Abudayeh el 10.08.2017.
En segundo lugar, la Fiscalía Suprema no ha abierto investigación alguna en relación a lo publicado por nosotros en el artículo “WALTER RÍOS Y EL NARCOTRÁFICO. LOS AUDIOS OLVIDADOS DEL CASO “CARACOL” del 25.04.2019 en el que se informaba de los audios del expresidente de la Corte del Callao con su pareja sentimental la abogada Pamela Acuña en los que conversaban sobre favorecer en un hábeas corpus presentado por Gerson Gálvez, alias “Caracol”. Pese a que el caso Cuellos Blancos se abrió para seguir la pista de la conexión de algunos magistrados del Callao con el narcotráfico, cuatro años después la Fiscalía Suprema se niega investigar el hilo de la madeja que destapó el caso y que constituye su ADN original.
Se debe estar atento para que la manifiesta impunidad selectiva en la que incurren los fiscales Fernández y Quispe no avance ni se mantenga; ni se termine brindando una inmunidad a la carta a los empresarios todopoderosos y a los delincuentes confesos como Walter Ríos.
Con todo ese material, en julio del 2021, el Equipo Especial Lava Jato decidió abrir el expediente. El fiscal José Domingo Pérez sostenía que la captación de dinero ilícito de Fuerza Popular no había acabado en las campañas del 2011 y 2016 -por las que ya emitió acusación- sino que habría continuado el año pasado.
Keiko Fujimori, sin embargo, no se quedó tranquila y presentó un recurso de amparo en agosto de aquel año. En el escrito, señala que se habría vulnerado su derecho al debido proceso, después de que los fiscales emitieran disposiciones «manifiestamente inconstitucionales».
Según Fujimori, el Equipo Especial carece de competencia para investigarla por la campaña del 2021. Asegura que el grupo liderado por Rafael Vela está autorizado «únicamente a realizar diligencias preliminares o avocarse a noticias criminales que se encuentren vinculadas con delitos de corrupción de funcionarios y conexos en los que habría incurrido la empresa Odebrecht».
«El despacho fiscal no tiene una resolución de la Fiscalía de la Nación que lo haya convertido en un fiscal ‘Ad Hoc’ para investigar los casos de Keiko Fujimori, por lo que su avocamiento resulta vulneratorio al derecho a no ser desviado del procedimiento establecido en la ley», agrega la demanda.
Fujimori pide que todo lo avanzado en el caso pase a manos de otra fiscalía. «En consecuencia, al no subsistir los efectos de estas, [se solicita que] se ordene la nulidad absoluta de las disposiciones y se remita todos los actuados a la fiscalía competente», añade la demanda.
Sin embargo, al abrir la investigación, José Domingo Pérez ya había establecido por qué era pertinente que este nuevo caso lo lleve su despacho. Y es que él ha investigado el financiamiento de las campañas del 2011 y 2016.
En la disposición fiscal de junio del año pasado, Pérez señala que «el Primer Despacho del Equipo Especial [el despacho de Pérez] ya tendría un conocimiento previo de información relevante vinculada con los hechos que ahora se denuncian”.
Para Pérez, este bagaje de información “optimiza los recursos humanos y logísticos que se tiene en el Equipo Especial, centrando la investigaciones en despachos fiscales que tienen similares o vinculando hechos materia de investigaciones, evitando así duplicidad de investigaciones y fijando una estrategia conjunta».
Keiko Fujimori busca evitar a como dé lugar que el fiscal que ya la acusó por el pitufeo de sus campañas pasadas vuelva a escudriñar sus cuentas.
Pese a que en ambos artículos la evidencia objetiva se apoyaba en audios y en señalar que no había investigación alguna ni contra el empresario petrolero Samir Abudayeh ni contra Walter Ríos, Pamela Acuña y John Misha, los Fiscales Supremos en el comunicado público nunca llegan responder la cuestión central, como era oportuno y necesario, señalando en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigando a Samir Abudayeh y a Walter Ríos y en qué carpeta Fiscal de la Primera Fiscalía Suprema Transitoria se está investigado a Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha por el evidente y claro tráfico de influencias y cohecho cometidos alrededor del habeas corpus del caso “Caracol”.
Esta información indispensable, esencial y clave para desmentir a Sudaca se obvia olímpicamente y de la forma más burda y escandalosa se acusa de “desinformar a la opinión pública” cuando su propio comunicado nos da la razón y demuestra que no hay investigación alguna en contra de estos personajes. Incluso, en las cartas notariales remitidas a Sudaca por el Fiscal Eliseo Fernández Alarcón y el empresario Samir Abudayeh, nunca aluden a la existencia de alguna investigación abierta o que nos hayamos equivocado en denunciar que no se ha abierto una línea de investigación y una carpeta fiscal para indagar a quienes manifiestamente tienen corona y se encuentran tan bien protegidos y cuidados.
Dicho sea de paso, no sería sorprendente que dada la gravedad de los hechos que se informan a la opinión pública los Fiscales Fernández y Quispe se vean en la obligación de abrir una investigación con un número anterior de carpeta fiscal y con una fecha pasada a fin de que en el momento que hagan sus descargos puedan decir que sí estaban investigando.
En el comunicado llama la atención de que se señala que en el caso de los audios de Caracol y del hábeas corpus que el narcotraficante presentó en la Corte del Callao al juez que conocía el proceso, William Mata Zavala, se lo denunció y se encuentra con prisión provisional; sin embargo, se obvia y se esconde la pregunta central del caso: ¿Walter Ríos, Pamela Acuña y Jhon Misha se encuentran investigados por tráfico de influencias y cohecho a raíz de los audios del caso “Caracol”? Si es así, ¿cuándo se abrió investigación? ¿Qué número se le asignó a la Carpeta Fiscal? ¿La procuraduría pública anticorrupción cuándo fue notificada de la apertura de investigación? ¿Cuántas personas se encuentran investigadas? ¿Walter Ríos aceptó su responsabilidad en los hechos?
Resulta increíble y alarmante que tras la denuncia de tres medios serios como La República, El Comercio y Sudaca, que luego de más 10 meses que declaró Gianfranco Paredes sobre los favores sexuales que recibió Walter Ríos del empresario Samir Abudayeh no se haya abierto investigación alguna y con dicha inacción se haya permitido que el empresario contrate con el Estado por más de 150 millones de dólares.
También resulta insólito y gravísimo que los fiscales Fernández y Quispe no hayan escuchado los audios del caso Caracol, antes de conceder beneficios a Walter Ríos, el principal protagonista, y que nos vengan a decir a todos los peruanos cuatro años después de estallado el caso “Cuellos Blancos” que “los referidos audios no fueron informados por la entonces fiscal provincial a cargo de las investigaciones”. ¡que fácil es en el Perú esconder la incompetencia y negar el delito de omisión de denuncia y encubrimiento personal echándole la culpa a otro fiscal, la cual no podía abrir una investigación contra Walter Ríos!
Un hecho tan grave que compromete no solo la lucha contra la corrupción, sino la lucha contra el narcotráfico no puede pasar desapercibido ni ocultarse, menos quedar impune. La Fiscalía de la Nación y la Junta Nacional de Justicia tienen la palabra.
(*) Posdata: por cierto, resulta alarmante que dicho comunicado no corresponda a la página oficial de la Fiscalía de la Nación, ni del Ministerio Público, sin firmas, y haya un absoluto silencio de parte de la nueva coordinadora del equipo especial de los Cuellos Blancos que ha reemplazado a Pablo Sánchez, que es la Dra. Revilla, incluso el actual Fiscal de la Nación mutis total.
Las pesquisas fiscales abarcan la transferencia de US$1,3 millones de origen ilegal por parte de la offshore Klienfeld −creada por la empresa Odebrecht− hacia la empresa Ammaring, representada por Miguel Atala Herrera. Este manifestó en su declaración del 26 de abril de 2019 que el dinero recibido en las cuentas de Ammaring Investment, en la banca privada de Andorra, era de propiedad de Alan García.
La sala de apelaciones que le dio la razón al Ministerio Público señala que “debe indicarse también que la versión de Atala Herrera se presenta como un elemento trascendente, pues afirma situaciones que tendrían contenido penal y que, en definitiva, posibilitan al Ministerio Público investigar». La resolución judicial recalca que la investigación contra los otros exfuncionarios continúa y «por tanto, la medida solicitada por el Ministerio Público resulta idónea para lograr la finalidad” de las pesquisas.
En declaraciones a Sudaca, Erasmo Reyna, abogado de la familia de García, señaló que solicitarán que la Sala establezca el mecanismo de control para hacer efectivo que solo se extraiga información vinculada a la investigación.
El caso destapado por IDL-Reporteros, sirvió para desmontar una red corrupta alrededor de la magistratura. Alianzas secretas de impunidad, entre los propios fiscales y jueces, está permitiendo que el caso se diluya en sentencias leves o en impunidades discretas, como la mencionada en esta columna. Uno de los casos más emblemáticos de corrupción al interior de la institución tutelar de la justicia peruana, está muriendo por connivencia de los pares de los involucrados, sin que los organismos encargados de tutelar que ello no ocurra, intervengan.
