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El club de la impunidad: el caso de Zoraida Ávalos y el fiscal Fernández Alarcón

Si quiere mantener su imagen como defensor de la legalidad, el Ministerio Público debería empezar por esclarecer las bien documentadas denuncias de irregularidades en torno al ascenso de la ex Fiscal de la Nación y la protección a uno de sus colaboradores más cercanos. Sería un mensaje claro de que no existen fiscales todopoderosos o intocables.

El primer control riguroso que debería pasar un fiscal es a nivel de su propia institución, el Ministerio Público, en donde se debe aplicar la ley con objetividad, desterrando malas prácticas, investigando la comisión de delitos y dando el ejemplo de que, para el propio Ministerio Público, ningún fiscal está por encima de la ley.

Sin embargo, este mundo ideal y que establece el derecho en el Perú está lejos de cumplirse en la Fiscalía, por lo menos, en los tres últimos años, pues en este tiempo ha campeado el club de la impunidad, de los silencios cómplices, del desvío de las investigaciones, del no hago nada, porque quiero, puedo y no me da miedo.

 

EL CASO DEL NOMBRAMIENTO FRAUDULENTO DE ZORAIDA ÁVALOS COMO FISCAL SUPREMA Y EL PACTO PARA QUE NO SE SEPA LA VERDAD

El 24 de enero del 2014 el periodista de investigación Ricardo Uceda publicó en su columna semanal del diario “La República” un artículo titulado “Cómo se nombra realmente a un Fiscal de la Nación” en el que se relata el ascenso fulgurante de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema: “en 2012, en el proceso que terminó designándola, los seis postulantes que quedaban luego del examen escrito desaprobaron en la evaluación curricular, de modo que ninguno podía pasar a la entrevista personal. Entonces, el CNM recalificó las trayectorias profesionales. A la predestinada Ávalos le pegó una patada para arriba sobrenatural: sus 50 puntos se convirtieron en 87,50. Quedó primera en el cuadro final”.

El 28 de abril del 2014 el periodista Edmundo Cruz publicó un artículo en el diario “El Comercio” titulado “Fiscales que votaron a favor de Ramos Heredia fueron favorecidas” en el que informaba que las fiscales Nora Miraval y Zoraida Ávalos habían sacado en el concurso del 2013 “un puntaje muy por debajo del mínimo requerido (66,66).  Empero, tras un recurso de reconsideración se le aumentó 17,50 y 29 puntos, a Ávalos y a Miraval, respectivamente. Un hecho sin precedentes en este tipo de procesos convocados por el CNM”. También anotaba “dos fiscales que participaron en el concurso que nombró a Zoraida Ávalos y Nora Miraval fiscales supremas denunciaron que el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) actuó con un sesgo que tuvo como fin asegurar la elección de ambas magistradas” y que “las mencionadas fiscales sacaron un puntaje muy por debajo del mínimo requerido”; sin embargo, les subieron escandalosamente las notas sin justificación alguna”.

Luego de algunos años, Ricardo Uceda retomó el tema y publicó un artículo el 20 de setiembre del 2020, titulado “Recuerdos de un ascenso” que remeció los cimientos del Ministerio Público –y que por confesión de Zoraida Ávalos a un programa de televisión, dijo no haber leído, pese a estar muy enterada de su contenido–; allí se relataba: “Existen testigos de que el ex asesor del partido Podemos Perú José Luis Cavassa se atribuyó el ascenso a la categoría de magistrada suprema de la actual Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos. Ocurrió en 2013. El autor de esta columna ha podido hablar con dos. Al menos uno de ellos –es posible que tres–, ha brindado esta versión a la fiscal Rocío Sánchez, recientemente desplazada del liderazgo de la investigación de Los Cuellos Blancos del Puerto. Dos de los testigos dijeron haber escuchado de boca de Cavassa que contribuyó al ascenso de Ávalos, mediante sus influencias ante el desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Según la versión, Cavassa y Ávalos se habrían reunido, antes de las entrevistas personales que realizaba el ex CNM, en una oficina de Cavassa ubicada en San Isidro”.

Las investigaciones periodísticas alrededor del nombramiento de Zoraida Ávalos como Fiscal Suprema arrojaban hasta el momento pistas e indicadores, pero no resultados definitivos confiables y seguros.

Sin embargo, la incertidumbre acerca del nombramiento ilegal de Zoraida Ávalos como fiscal supremo titular, requisito para ser elegido como Fiscal de la Nación, se disipó por completo cuando el programa de Milagros Leyva de Willax el 17 de febrero del 2022 publicó un reportaje con imágenes de video irrefutables de que el instituto “Librejur” de propiedad del abogado Jaime Guillén vendía al mejor postor certificados de estudios falsos a precios de realización, sin que el alumno “fantasma” se haya inscrito, sin que asista a ninguna clase y que, en el colmo de la desfachatez, se expedía una constancia (falsa) de haber rendido una evaluación a la que se le asignaba un puntaje. En dicho reportaje se ve el momento de la negociación, de la transacción y el pago por la compra de los certificados falsos como los chats que sostiene el periodista con el propio dueño de la entidad.

El instituto “Librejur” es el mismo que había expedido entre el 2008 y el 2010 los cinco certificados de cursos de derecho que Zoraida Ávalos presentó como parte de su currículo documentado en el concurso para fiscales supremos del 2013 en el que participó y que fue calificado por el CNM con dos puntos del total, sin los cuales la ex Fiscal de la Nación no habría aprobado el examen curricular que es una fase indispensable para ser elegido Fiscal Supremo titular.

La presentación de los cinco certificados de “Librejur” por Zoraida Ávalos en el concurso de fiscales supremos no es una cuestión menor, ya que no solo se trataría de certificados falsos, sino que con la presentación y posterior calificación de dichos documentos falsos la ex Fiscal de la Nación pasó raspando y con las justas la fase de examen curricular; mejor dicho, sin los dos puntos que se le otorgó por la calificación positiva de los certificados falsos Zoraida Ávalos no habría aprobado la etapa de evaluación del currículum; de tal modo que se podía haber quedado fuera del concurso de fiscales supremos y no hubiera pasado a la fase de entrevistas. Ya la existencia de documentos fraguados es un problema gravísimo en la integridad y comportamiento de un candidato a fiscal supremo, que lo descalifica por completo; pero, además, resulta que si no se hubiera puntuado los certificados falsos, Ávalos hubiera salido de carrera en el concurso que intervino. Sin los certificados truchos no se explica el nombramiento de Zoraida Ávalos ni el inicio de su carrera como Fiscal Suprema, para luego, 5 años después, ser designada como Fiscal de la Nación.

Con ello, queda en evidencia que la carrera como fiscal supremo de Ávalos es una farsa, es consecuencia de un aparente delito y refleja el mayor grado de podredumbre moral y académica de una postulante que no tenía los pergaminos académicos mínimos para ocupar un cargo tan importante en la máxima instancia del Ministerio Público.

La defensa que Zoraida Ávalos ensayó para justificar la validez de los cinco certificados falsos fue vergonzosa y atroz. No solo algunos profesores negaban haber dictado los cursos, sino que ninguno de los 50 profesores que dieron los cursos de derecho la recordaba como asistente a sus clases y, lo que es peor, ella misma no recordaba el nombre de algunos de los profesores más conspicuos de los diplomados como es el caso del fiscal supremo Pablo Sánchez y del expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura que la designó como Fiscal Supremo: Pablo Talavera. Zoraida Ávalos llevó, además, cursos en paralelo en la Academia de la Magistratura en los días y horas que supuestamente asistía a los seminarios de “Librejur”. Todo un escándalo. Algunos fiscales a los que se les consultó nos señalaron que la prueba incontrastable de que los certificados son falsos y que Ávalos le miente, en su defensa, a la ciudadanía y al país es que debe pedirse el levantamiento del secreto de las comunicaciones y realizarse la geolocalización de su teléfono celular a fin de demostrar que efectivamente nunca estuvo en el Teatro Felipe Pardo y Aliaga de la Avenida Abancay y en el Sindicato de Trabajadores de Telefónica, que fueron los lugares en donde se habrían dictado los cursos. Sería un jaque mate a la reina.

A ello se agrega dos hechos irrefutables. Por un lado, el abogado Jaime Guillén, dueño de “Librejur” en un arranque de honestidad y pudor confesó a su círculo más cercano y a dos abogados a los que consultó el tema de que, efectivamente, los cinco certificados que presentó Zoraida Ávalos al concurso del CNM para ser nombrado fiscal titular son falsos y que los expidió de favor; también reconoció que hay un lote importante de certificados falsos que han sido utilizados por jueces y fiscales de diversas jerarquías en la presentación de su currículo al anterior CNM. Por otro lado, según el diario El Comercio publicó el día 18 de febrero del 2022, Luis Alberto Pacheco Mandujano, exgerente general de la Escuela del Ministerio Público, acusó que la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, le pidió falsificar documentos para postular a un puesto como fiscal titular a finales del 2012.  Asimismo, en entrevista en el programa de Milagros Leyva de Willax TV, indicó que Ávalos no registraba ninguna participación en la Escuela del Ministerio Público, por lo que le pidió ayuda a través de la emisión de certificados de exposición u organización de algunos de los cursos que allí se dictan.

El problema de nombramiento ilegal y de los certificados falsos, del que era consciente Zoraida Ávalos, es que como Fiscal de la Nación buscó dirigir la investigación del caso Cuellos Blancos –que investiga, entre otros aspectos, el poder del Consejo Nacional de la Magistratura en la designación irregular de jueces y fiscales de todos los niveles– y que tiene a José Luis Cavassa Roncalla como uno de sus operadores principales, dado que ya el 2013 coordinaba, según una investigación fiscal, con tres miembros del CNM. Al respecto, Ricardo Uceda en su artículo titulado “Acta de sujeción” del 23 de noviembre del 2021 señalaba: “Rocío Sánchez, inicialmente a cargo de los cuadernos de colaboración eficaz de Los Cuellos Blancos, denunció hostilizaciones del despacho de la Fiscal de la Nación por negarse a compartir la información reservada que mantenía en su poder. Tiene en su contra cinco procesos administrativos y uno penal. Dos colaboradores declararon en su despacho que José Cavassa, vinculado a las organizaciones ilícitas del ex-CNM y de La Centralita, en Áncash, les confió que en 2013 patrocinó el ascenso de Zoraida Ávalos”.

Asimismo, resulta sorprendente en la Fiscalía Suprema que dirige el Fiscal Supremo Fernández Alarcón y que estaba a cargo de la colaboración de Walter Ríos, el expresidente de la Corte del Callao no haya hablado de ninguno de los nombramientos irregulares en los altos puestos de la Fiscalía y el Poder Judicial que se llevaron a cabo desde el año 2013 en el que participó y ganó el concurso para ser elegido Juez Superior en el Callao y que es el mismo año que Zoraida Ávalos fue nombrada como fiscal supremo titular.

Zoraida Ávalos, pese a las denuncias públicas y las graves irregularidades, ha mantenido en el cargo al fiscal Fernández Alarcón y lo ha blindado y protegido en extremo, tal como veremos.

EL PEDIDO DE EXCLUSIÓN DE UN FISCAL QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA RESPONDIÓ A LA PROCURADURÍA ANTICORRUPCIÓN

El lunes 11 de marzo del 2019 a las 16.25 (ver fotografía) el Procurador Adjunto Público Anticorrupción, Javier Pacheco Palacios, presentó un escrito a la Fiscalía de la Nación en el que pedía se excluya del caso Cuellos Blancos del Puerto al Fiscal Supremo Eliseo Fernández Alarcón. En dicho escrito, literalmente, se dijo: “SOLICITO se EXCLUYA al Fiscal Supremo JESÚS ELISEO FERNÁNDEZ ALARCÓN DE LAS INVESTIGACIONES PRELIMINARES Y PREPARATORIAS, en las 23 carpetas fiscales, procesos tramitados ante Fiscalía Suprema Transitoria especializada en delitos cometidos por funcionarios públicos; y todos aquellos que se encuentren vinculadas al caso denominado “Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao””. El documento presentado por la Procuraduría Anticorrupción aludía a una serie de graves irregularidades y omisiones funcionales en la que habría incurrido el Fiscal Fernández Alarcón en la tramitación del caso “Cuellos Blancos” y el amparo era el artículo 62.1 del Código Procesal Penal.

La mesa de partes de la Fiscalía de la Nación para registrar dicho escrito en su sistema no colocó un sello, común y corriente, sino que le asignó por un asunto de seguridad documental un código de barras infalsificable y le señaló el expediente 0008020-2019.

El pedido de exclusión presentado a la Fiscalía de la Nación tuvo un rebote noticioso en el diario El Comercio el día 13 de marzo del 2019 con el título: “Procuraduría pide exclusión de fiscal supremo a cargo del caso Cuellos Blancos” y el diario La República el 13 de marzo del 2019 con el título “Cuellos Blancos: piden exclusión de fiscal que archivó investigaciones”. Como si fuera poco, los Procuradores Amado Enco y Javier Pacheco se entrevistaron personalmente con la Fiscal de la Nación a fines de marzo del 2019 para sustentar su pedido.

Pese a la importancia del pedido, Zoraida Ávalos como Fiscal de la Nación nunca, durante su mandato de tres años, resolvió la exclusión presentada por la Procuraduría Pública. Por el contrario, guardó silencio y dejó sin atender, para bien o para mal, el planteamiento de la parte civil que defiende los intereses del Estado y que es un organismo anticorrupción.

Luego de la consulta a algunos abogados constitucionalistas se nos dijo que la omisión de la ex Fiscal de la Nación de responder a un pedido de exclusión de un Fiscal formulado por la Procuraduría es un hecho extremadamente grave y que es inédito en los anales de la justicia peruana, ya que se ha dejado en una incertidumbre e indefensión a la parte que defiende los intereses del Estado al no haber brindado respuesta alguna en más de 36 meses desde que se formuló el pedido, lo que afecta la tutela judicial efectiva y el debido proceso al que tiene derecho la parte civil. Zoraida Ávalos habría infringido el artículo 47 inciso 13 la Ley de la Carrera Fiscal que señala como infracción grave “el incurrir en acto u omisión que, sin ser delito, comprometa gravemente los deberes del cargo” que concuerda con el artículo 33 inciso 11 de dicha ley que manda: “Atender diligentemente el despacho fiscal”.

También se nos indicó que la Junta Nacional de Justicia en una reciente resolución del 31 de enero del 2022 (P.D N° 155-2020) decidió destituir a un juez de Amazonas: José Antonio Bravo Soto por haberse demorado 17 meses en redactar una sentencia condenatoria cuyo fallo había sido leído en una audiencia pública.

Si en el Perú opera la igualdad ante la ley, y no las preferencias personales o los amiguismos –tómese en cuenta que Zoraida Ávalos integró la Comisión que nombró a los actuales miembros de la Junta Nacional Justicia– la ex Fiscal de la Nación debería terminar destituida por proteger a toda costa al Fiscal Fernández Alarcón frente a un pedido de exclusión que presentó la Procuraduría Anticorrupción. ¿O es que acaso es más grave demorarse 17 meses en redactar una sentencia que no responder, más de 36 meses, un pedido de la parte civil?

LA INVESTIGACIÓN QUE ZORAIDA ÁVALOS NUNCA QUISO HACER Y QUE LA JUNTA NACIONAL DE JUSTICIA DECIDIÓ EMPRENDER

Uno de los escándalos más fuertes y graves que recuerda el sistema de justicia en los últimos años es el chuponeo masivo que emprendió la Fiscalía Suprema de Fernández Alarcón durante el año 2018 a 2021 de más de 30 personas, entre los que se incluye a los jueces supremos titulares Héctor Lama More y Martín Hurtado Reyes y que se produjo con la mira complaciente del juez Núñez Julca.

La información fue un destape de SUDACA en el artículo de Alonso Ramos titulado “Una dudosa decisión fiscal abre un frente de ataque en el caso cuellos blancos” del 16 de setiembre del 2021. Luego, la noticia rebotó y fue tomada por el programa “BETO A SABER”, “COMBUTTERS” de Willax, PBO radio, el diario Expreso y otros medios de comunicación.

El pico más alto de la noticia fue que a fines de octubre de 2021 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, por primera vez en su historia, emite un comunicado a la opinión pública en donde pide una exhaustiva investigación por las autoridades competentes (Fiscalía de la Nación y Junta Nacional de Justicia) contra un fiscal supremo: Fernández Alarcón y el juez supremo Núñez Julca quienes habrían intervenido en el chuponeo masivo.

La Fiscal de la Nación de ese entonces, pese a tener información fresca y veraz de estos graves hechos que fueron descritos por diversos medios de comunicación nunca siquiera abrió una investigación formal en su despacho contra Fernández Alarcón y Núñez Julca, para averiguar si, efectivamente, hubo o no chuponeo masivo a 30 personas, a dos jueces supremos titulares y si se pretendió destruir la evidencia, como resaltaba la nota de SUDACA de septiembre del 2021.

Es muy extraño que la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos haya hecho el amague de investigar al expresidente Martín Vizcarra, al actual presidente Pedro Castillo, haya denunciado constitucionalmente al expresidente Manuel Merino y haya estado muy atenta de abrir investigaciones a cuanto congresista, ministro de Estado o cualquier otro alto funcionario que se vea involucrado en cualquier delito (la lista es interminable); y paradójicamente, no mueva un dedo ni haga nada por investigar los delitos graves que ha cometido un fiscal de su entera confianza como es el fiscal Fernández Alarcón.

Parece que los fiscales cercanos y afines a Zoraida Ávalos, que cumplen una misión específica, tuvieran una corona de oro y una inmunidad especial, renunciándose a investigar delitos muy graves como es la interceptación telefónica y el delito de encubrimiento. Ante la sociedad peruana algunos fiscales aparecen como portadores de una aureola especial, de un blindaje particular, pues nadie los investiga ni nadie hace algo contra ellos por más graves que sean los hechos en los que están involucrados.

Sin embargo, a juzgar por los últimos acontecimientos, la Junta Nacional de Justicia, ha decidido acabar con esta impunidad selectiva y de abierto desafío al Estado de Derecho y en una decisión reciente de inicios de mayo del 2022, abre investigación contra el Fiscal Fernández Alarcón y los jueces: Núñez Julca, Castañeda Espinoza como presuntos responsables de haber violado el secreto de las comunicaciones de más de 30 personas, vulnerando la Ley de la Carrera Fiscal y la Ley de la Carrera Judicial.

Junta nacional de justicia

 

La Junta Nacional de Justicia le da un ejemplo a la Fiscalía de la Nación de Zoraida Ávalos de cómo en el Perú no hay “fiscales dioses”, ni reyes que tienen corona y que los fiscales no están por encima de la ley, ni pueden pisotearla a su antojo. Total, si la Fiscalía de la Nación puede investigar a un Presidente de la República en funciones, con mayor razón, puede investigar a un fiscal amigo y protegido de Zoraida Ávalos y a los jueces supremos que le siguen el juego sin ningún control y sin estudio del caso

 

Documento exclusión - Los Cuellos Blancos del Puerto del Callao

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Congreso de la República, Fiscal de la Nación, Fiscalía

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