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El país ha perdido una gran oportunidad de enderezar el rumbo de destrucción del Estado que esta gestión está llevando a cabo, con absoluta impunidad y sin que la oposición sea capaz de hacerle frente (habrá que ver si acaso es capaz de censurar ahora ministro por ministro, de la manga de impresentables de la baraja ministerial). No es, reiteramos, un triunfo del gobierno el que hemos visto esta madrugada, sino una clamorosa derrota de la oposición, lo que abre un panorama sombrío para la república.
20 años después, nuestras calles están llenas de delincuentes, se ha triplicado la producción de coca vinculada al narcotráfico, mueren asesinadas trabajadoras sexuales migrantes y nuevamente se puede ser profesor universitario sin necesidad de estudios de posgrado. Somos el único país que dejó dos años sin estudios a sus estudiantes. Profesionales de la informalidad, hemos conseguido que el mando de los presidentes dure sólo un año y que el periodismo lo justifique.
Nos esperan momentos duros si es que queremos detener esta vorágine. Y sí se necesita una nueva constitución que enfrente este problema, está en nuestras narices: si queremos continuar convirtiéndonos en un país de sálvese quien pueda, o empezar a reconstruirnos democráticamente en pro de un futuro que asegure nuestras vidas.
Lima, 9 de marzo de 2022
La pregunta que nos hacemos entonces es: ¿Por qué no se abre un marco legal para que estos hermanos peruanos no sigan siendo considerados ciudadanos de segunda clase, y puedan ejercer plenamente el derecho sobre su propiedad? Esto permitiría que nuestros comuneros campesinos y nativos puedan salir adelante gracias a ese titulo de propiedad. Y no solamente eso. En vez de solo producir para el autoconsumo, podrían acceder a créditos, a apoyo técnico, a mejores tecnologías y así asociarse para convertirse en verdaderos empresarios agropecuarios (tanto para el consumo interno o la exportación) e, inclusive, ¡en propietarios de empresas mineras, al poder vender o alquilar sus tierras y así adquirir acciones de una empresa minera! como sucede, por ejemplo en Estados Unidos, con las comunidades de indios americanos que son propietarios de grandes casinos e inclusive accionistas de empresas petroleras.
Al convertirse en accionistas de la empresa minera o petrolera, los comuneros serían los primeros interesados en que los proyectos mineros o energéticos -social y ambientalmente sostenibles- salgan adelante, trayendo bienestar y prosperidad a su comunidad y al país.
Dejamos el tema aquí, para soñar con ese país de empresarios, de propietarios, que encarnará el capitalismo popular y construirá ese país de progreso y libertad.
Muchas gracias. Nos vemos el próximo miércoles.
A esa derecha, la calle jamás la va a acompañar. No hay activismo posible allí. Tiene que despertarse, por ello, una movilización liberal -pensamiento que ya cala hondo en la tecnocracia, en la opinión mediática, en colectivos universitarios-, para que recién madure una resistencia popular a la pavorosa mediocridad e inmoralidad implícitas en el gobierno actual, y que bien merece ya un rotundo rechazo ciudadano en avenidas y plazas. Solo una causa liberal puede activar esa movilización, no las rancias pancartas del conservadurismo.
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El buen manejo de la gobernabilidad en el país necesita de tener un buen manejo democrático con las bancadas en el legislativo para frenar intentos de crisis, dado que -por nuestra naturaleza humana que tiende, por un lado, a transgredir la legalidad- se puede llegar a tener actos de corrupción que agravien la imagen gubernamental. Es allí donde podemos apreciar que, por ejemplo, en el país no ha tenido -a lo largo de los veinte años que tenemos de democracia- una maduración política en el arte de la negociación y convocatoria hacia ciertos sectores opositores, salvo el gobierno de Alan García que tuvo un buen manejo con el legislativo para llevar adelante reformas importantes en educación y economía.
Es en este punto que es necesario poner atención para poder entender que necesitamos afirmar estrategias de concertación o negociación que permitan una mínima gobernabilidad. Por otro lado, es necesario también advertir que los juicios políticos o vacancias presidenciales no son síntomas de inestabilidad que degenere el régimen. Para nada. A pesar de los embrollos que pueda generar, se puede encontrar salidas a ello, como sucedió en Paraguay y Brasil después de los juicios políticos a sus presidentes.
