La lucha por los derechos de la mujer y sus cabales prerrogativas ciudadanas está en serio peligro, si prosperan algunas opciones electorales conservadoras que no solo no proseguirán el camino de conquistas ya iniciado hace algunas décadas sino que seguramente darán marcha atrás en muchas de ellas.
Hay que insistir en la lucha contra todas las formas de violencia de género, vinculando la misma con el respeto y garantia a los derechos sexuales y reproductivos, lo que nos lleva a la vez al derecho a decidir de las mujeres y el aborto legal y seguro.
Puntualmente, educación con enfoque de género pero a la vez, en las políticas públicas en todas las entidades del Estado. Eso implica en el sector Mujer, implementación y presupuesto para la política de igualdad de género y reforma del Programa Aurora.
En Salud, seguimiento a la aplicación del protocolo de aborto terapéutico y garantizar que se distribuya el anticonceptivo oral de emergencia, que hoy está aprobado, pero que no se implementa a cabalidad por prejuicios religiosos de algunos profesionales de la salud. Deber ser política obligatoria.
Como tema específico y acuciante, debe garantizarse el enfoque de igualdad de género e intercultural en el sistema de búsqueda de personas desaparecidas e impulsar un protocolo interinstitucional para la atención e investigación de casos de mujeres y niñas desaparecidas.
En Interior, Ministerio Público y Poder Judicial, disponer esfuerzos mancomunados para atender la ola de feminicidios que asola el Perú (somos uno de los países más violentos contra la mujer en el mundo) y que no quede en letra muerta la legislación que existe al respecto. Lo que ha sucedido con mujeres y niños durante la pandemia ha sido de espanto.
Lo mismo debe decirse de la discriminación social y laboral que sufren las mujeres por su sola condición de género. A igual trabajo, menos sueldo, ocurre no solo en el sector público sino también en el sector privado.
No calificamos como sociedad republicana, moderna ni liberal, mientras la mujer siga siendo ciudadana de segunda clase en muchos aspectos de su vida social. Ese es el mensaje que cabe dar en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, advirtiendo seriamente que existe el peligro político de que retrocedamos décadas si tienen éxito visiones ultraconservadoras que anidan, por lo que se ha visto, en agrupaciones de los candidatos Rafael López Aliaga, Yonhy Lescano o, por supuesto, el Frepap.
“Yo creo que fue una mala decisión. Fue una apuesta que se hizo por la industria nacional”, sostuvo el pasado viernes 5 de marzo el presidente Francisco Sagasti en entrevista con el programa “Sálvese quién pueda”, que se transmite en redes sociales. Se refería al convenio firmado en octubre con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para la entrega de 47 plantas de oxígeno y cuyos plazos fueron incumplidos por la casa de estudios. La UNI debía hacer una primera entrega de 18 plantas hasta el 24 de enero, según la Contraloría General de la República. El día de las declaraciones de Sagasti, la cuenta estaba estancada en cinco. Ahora está claro que todos perdimos esa “apuesta”.
Horas antes de la entrevista al presidente, el ministro de salud, Oscar Ugarte, anunció que daría un ultimátum de cinco días para la entrega de las 13 plantas restantes y que, de no cumplir con este, se rescindiría el convenio. Fuentes de Sudaca en el Minsa apuntan que dicho ultimatum ya ha sido enviado por escrito a la UNI y que esperan una respuesta.
¿Cómo llegamos al caos de un convenio ad portas de rescindirse? Este artículo reconstruye una parte clave de la historia, previa al 30 de octubre, el día en que la exministra de Salud, Pilar Mazzetti, y el entonces rector de la UNI, Jorge Alva, firmaron lo que meses después se convertiría en una pesadilla y que se bautizó con el nombre de “Oxigena 47”.
Malas decisiones
Cuando el pasado 21 de octubre, el Minsa solicitó a diferentes empresas cotizaciones por 47 plantas de oxígeno —que serían destinadas a 46 hospitales—, dio menos de dos días para la presentación de solicitudes (ver correo y anexo con la lista de plantas y hospitales). El italiano Marco Cocco, representante legal de Chopin Management Limited, una compañía con sede en Reino Unido que lleva la representación comercial de más de 50 firmas a nivel global, fue uno de los que envió la documentación en tiempo récord. “Se iban a montar las 47 plantas [de la marca danesa Oxymat] en sesenta días, incluso en dos días menos. Las íbamos a entregar funcionando”, asegura Cocco. Y añade: “Todo llegaba por avión”. Era la vía más rápida de entregar las plantas de manera progresiva y semanal.
El empresario italiano sostiene que la cotización que presentó en soles equivalía (sin incluir el IGV) a los 26.586.269 dólares (cerca de cien millones de soles) por los que el Convenio con la UNI fue firmado.
Meses antes, entre junio y octubre, Cocco ya había contestado diferentes solicitudes de cotizaciones de plantas de oxígeno requeridas por el Minsa. Una experiencia por la que también pasó Itay Ingber, empresario de origen israelí. Ingber es gerente de operaciones de la empresa peruana Macrourbe Desarrolla y representante legal de la firma EL-AV Compressors, de Israel, dedicada a la venta de equipos médicos.
El pasado 27 de julio, por ejemplo, el Minsa le solicitó una cotización vía correo electrónico con el título: “Muy urgente- adquisiciones de 17 generadores de oxígeno de 365 LPM mínimo de capacidad” (sic). La compra iba a beneficiar a la misma cantidad de hospitales (ver correo y anexo con especificaciones técnicas). Cuando menos en cinco de estos, de Lima y otras regiones, la urgencia de oxígeno se diluyó a ojos del Minsa y fueron incluidos recién en octubre pasado en la lista de las 47 plantas del convenio con la UNI. Algunos de estos hospitales esperan las plantas hasta hoy.
A través de las solicitudes de cotizaciones realizadas por el Minsa, Marco Cocco e Itay Ingber vieron cómo iba creciendo la cantidad de plantas requeridas por el gobierno hasta llegar a las 47. “Han esperado hasta finales de octubre para firmar un convenio por plantas por las que he recibido solicitudes de cotizaciones desde junio”, apunta Ingber. La UNI terminó siendo la elegida.
Sudaca solicitó una entrevista al Minsa, pero no obtuvo respuesta al cierre de esta edición.
“Si tú ya sabías que existían empresas privadas que podían cubrir [la necesidad] en el grado de urgencia que lo estabas pidiendo, ¿para qué suscribes un convenio donde entregas toda la necesidad [a un solo proveedor]?”, sostiene Cecilia Ruiz, abogada especializada en contratos públicos y asuntos regulatorios.
Para la abogada, la decisión fue una forma de “sacarle la vuelta a la norma”, es decir, al principio de pluralidad de postores de la Ley de Contrataciones del Estado que prevé que, si existe oferta en el mercado actual, se debería convocar a un elenco más amplio de proveedores. «Y eso no se cumple acá, porque se ve que toda la demanda se la pasó al Convenio [con la UNI]”, apunta.
Según Ruiz, habría sido más eficiente realizar contrataciones directas con distintas empresas privadas y, en paralelo, suscribir un convenio con una universidad nacional como la UNI. No sólo para cubrir la necesidad pública sino para asegurar el uso eficiente de los recursos del Estado.
«Yo no voy a hacer un convenio con una sola institución para que me haga 47 plantas de oxígeno, cuando puedo hacer 5 o 6 convenios o contratos con entidades particulares que me puedan garantizar, por una [carta] fianza o un mecanismo de solución de controversias, que voy a recuperar el dinero si me estafan, como en este caso”, agrega en el mismo sentido el abogado Cristian Castillo, también experto en contrataciones del Estado.
En la práctica, se constituyó una especie de monopolio paralelo al de Praxair-Linde, la mayor proveedora de oxígeno medicinal en Perú. Un monopolio de la UNI.
«Ella me dijo que era ingeniera”
“Primeramente, en octubre no teníamos pandemia. (…) Este proyecto [Oxigena 47] se inicia para mejorar el sistema de salud, no pensando en la segunda ola, porque en ese momento no había segunda ola”. Las increíbles declaraciones son del decano de la Facultad de Ingeniería Mecánica, Elmar Javier Franco, y fueron realizadas durante una sesión del Consejo Universitario el pasado jueves, un día antes del anuncio del ministro Ugarte sobre la rescisión del convenio.
“Oxigena 47” estuvo, por supuesto, en agenda, y a Franco le tocó defenderse luego de ser cuestionado por no haber previsto posibles demoras en un proyecto tan urgente. Su facultad es la responsable legal del convenio con el Minsa.
Franco fue el responsable de designar como directora ejecutiva del proyecto a Elizabeth Chahuares, una supuesta ingeniera que no está colegiada ni registrada entre los egresados de la UNI. «Ella me dijo que era ingeniera”, se defendió el decano. “Lamentablemente ya no está en nuestro proyecto», se lamentó. En efecto, desde el lunes último, el ingeniero Walter Yañez asumió el cargo de manera interina, como confirmó él mismo a Sudaca.
Para la firma de “Oxigena 47”, Elizabeth Chahuares ya era un personaje con antecedentes negativos en la UNI. El primero: un proyecto para fabricar un ventilador mecánico que no logró la aprobación de Digemid y cuyo liderazgo habría arrebatado al profesor de la UNI Manuel Luque. El segundo: un inconcluso convenio con Ejercito del Perú para producir desde cero plantas de oxígeno.
Al centro: Elizabeth Chahuares y Elmar Franco luego de la firma del Convenio de la UNI con el Ejército peruano para la fabricación de plantas de oxígeno. Foto: UNI.
¿Cumplirán?
«En enero no tenían las plantas listas y se pidió una ampliación. Se la consignó hasta febrero. Cuando se ha visitado, solo algunas [plantas] estaban listas y pidieron un nuevo acuerdo, [dijeron] que no iban a poder cumplir con las 47, sino solo con 18 [plantas]. En las últimas semanas han entregado cinco y debían completar las 13 restantes hasta ayer [jueves], pero no han entregado ninguna más», explicó el pasado 5 de marzo, en conferencia de prensa, el ministro óscar Ugarte.
El presidente Francisco Sagasti se mostró, sin embargo, entusiasta en una entrevista que dio por la noche de ese mismo día. “En este momento la UNI tiene suficientes componentes para producir 18 plantas. Entonces ya tienen todo eso comprado. Se van a producir esas 18 plantas, y de ahí en adelante se rescinde el contrato”, comentó.
Al día siguiente, la cuenta de plantas entregadas subió a seis, con la instalación de una en Chota, Cajamarca. La UNI respondió al ministro de Salud con otra conferencia de prensa, donde presentaron siete plantas móviles más: tres culminadas y cuatro en “trabajos finales”. Estas plantas, según la universidad, se entregarán esta semana. Pero faltan otras cinco para llegar a la meta de las 18. ¿De dónde las sacarán? Todo indica que los cinco días de ultimátum serán insuficientes y la rescisión será inminente. Quizá por ello Ugarte se apresuró en anunciar la cancelación del convenio ante el Congreso.
La apuesta del gobierno le pasó factura a los pacientes de 34 hospitales que no tienen ni siquiera una fecha de entrega de las plantas de oxígeno, aquí el detalle de cuáles son:
Si el gobierno de Sagasti no logra disponer la logística sanitaria necesaria para enfrentar el rebrote o la segunda ola del Covid19 que se halla en ciernes, y si además tampoco logra remediar el desastre administrativo heredado de Vizcarra respecto de la compra de las vacunas (que ya llegan a buena parte del planeta menos al Perú), va a tener serios problemas de gobernabilidad.
La segunda ola lo puede encumbrar, si la maneja bien, pero si no, le dará argumentos casi irrefutables a quienes aun conspiran para sacarlo del poder y colocar a alguien más cercano a la restauración derechista que representó Manuel Merino (el que, a la postre, no era otra cosa que una reedición emergente del espíritu fujiaprista del Congreso anterior).
Resulta francamente inaudito que se vuelva a repetir el escenario de los meses de abril, mayo y junio, con hospitales colapsados, sin unidades de cuidados intensivos, sin médicos a mano o sin oxígeno. En su momento, se indicó, mentirosamente, que la logística médica mundial había colapsado y que eso hacía imposible proveer los insumos necesarios. Si antes fue una antojadiza versión explicatoria, hoy sería una chapuza punible.
Lo mismo sucede con las vacunas. Cuando leemos que países como Bolivia, para mencionar uno cercano a nuestra realidad, ya tiene contratos firmados y suministro asegurado, indigna ver a la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, quien ocupa el cargo ya el tiempo suficiente para haber previsto el tema, enredarse en explicaciones que más suenan a excusas negligentes que a razones fundadas.
El tema es doblemente grave, porque si la situación de la pandemia se complica y repetimos las escenas apocalípticas de mediados de año, el gobierno seguramente, ante la incapacidad de manejar con finura estratégica el tema, recurrirá a un confinamiento irracional.
Si ante la sola reaparición del problema, el Ejecutivo es capaz de medidas tan absurdas como prohibir, con soldados enfundados en armas de largo alcance, el acceso a las playas, o de establecer cuarentenas a todos los ciudadanos que lleguen al país, no queremos ni imaginar los grados de irracionalidad punitiva a los que podría llegar en caso la crisis se acreciente.
Y si eso ocurre, además del problemón político en el que embarcará al régimen, nos hará despedirnos del rebote económico previsto para este año. Tendremos recesión dos años seguidos, con el inmenso costo en vidas que eso genera y el brutal empobrecimiento de la sociedad peruana.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En el vigésimo tercer episodio: ¿Se ha eliminado la inmunidad parlamentaria? ¿Es sospechoso lo que ha aprobado el Congreso? ¿La vacuna será de acceso masivo en el país recién en el 2022, como dice The Economist?
El gobierno no viene dando pie con bola. Ahora anuncia que quiere derogar el aspecto laboral de la Ley de Promoción Agraria y dejar incólume el tributario, cuando es exactamente al revés lo que la realidad aconseja.
En verdad, la flexibilidad laboral que existe en el agro o en sectores como construcción civil debería extenderse al resto de la economía (iniciativas como la bautizada “ley pulpín” eran buenas, pero la algarada callejera se la tumbó). El llamado régimen general laboral es solo posible de ser cumplido por las empresas con alta productividad y así ya lo están haciendo.
En general, lo que se necesita en el agro es modernizar a la pequeña propiedad, que se integre al gran mercado y de esa manera mejore su rentabilidad y por ende las remuneraciones de sus trabajadores (ellos sí en situaciones casi feudales de subsistencia).
Si el Ejecutivo insiste en su propuesta o lo que es peor el Congreso va más allá y deroga la ley completa, el principal afectado va a ser el trabajador agrario porque o será despedido, reemplazado por máquinas o simplemente transitará hacia la informalidad.
Lo peor que puede hacer Sagasti es disponer un gobierno hiperreactivo a las crisis. Se publican diez comunicados rancios contra la purga policial, se vuela al ministro; le hacen bloqueos en las carreteras, se tumba la ley, sin meditar correctamente; y así sus ocho meses van a ser un suplicio político.
Por lo pronto, haría bien en afinar una estrategia frente a la protesta social. Normalmente, en periodos preelectorales suelen intensificarse, pero en el caso particular que vivimos, sin posibilidad de que se desplieguen campañas electorales propiamente dichas (mítines, visitas, etc.), la protesta se convierte en un mecanismo de campaña.
Frente a ello, tiene que tener reflejos y a la vez sapiencia. No se trata de querer contentar a tirios y troyanos. A la izquierda le ofrece volarse la ley y a la derecha le garantiza represión. Al final, lo peor de ello, es que ni la izquierda ni la derecha van a quedar contentas y el gobierno va a transitar antes de lo pensado por una crisis de subsistencia. A este paso va a llegar extenuado a las elecciones de abril del próximo año.
Martha Baldeón siempre prefirió callar. Podía soportar el desprestigio y el acoso por ser una mujer alcaldesa porque, total, parecen detalles. Miradas, gestos, algunas palabras. Actitudes de hombres para hacerla sentir inferior. Pero este sábado 21 de noviembre, por primera vez, la agresión ha ingresado a su casa. Han destruido el jardín que había cultivado con su hijo de dos años y han matado a una de sus mascotas mientras ella dormía. Parecen detalles, pero así lo declara su testimonio en el pedido de garantías que interpuso ante la Policía al día siguiente del incidente. Sudaca pudo revisar el documento.
Baldeón es la alcaldesa de Atavillos Alto, un pequeño distrito en la zona alta de Huaral. Desde el inicio de su gestión, prefirió callar sobre el acoso político del que era víctima. Nunca es directo, se camufla en los reclamos hacia su gestión, y podría parecer algo que le pasa a cualquiera. “Pero esto no se lo hacen a un hombre, el trato y la presión serían diferentes”, dice a Sudaca, en una conversación donde cuenta entre lágrimas su intención de dejar la alcaldía por el acoso.
Para entenderlo mejor, hay que retroceder al inicio de su gestión. El primer agravio –mucho más grave que un detalle– fue la asignación de apodos para las regidoras: ‘la insaciable’, ‘la quita-marido’ y ‘la macho’ fueron repartidos entre ellas. Todo ello publicado y repartido dentro del distrito de Atavillos Alto en una publicación llamada ‘Gallina que come huevos, aunque le cortes el pico’, relata Baldeón. “Solo pensé en ese momento y en estos años, ser fuerte”, dice.
Pero la fuerza, a veces, puede ser una forma de denominar al silencio y la tolerancia. El hijo de una de las regidorasvio el panfleto pegado a un poste en un paradero rumbo a Huaral.
Ella, cuya identidad protegeremos, sintió vergüenza de continuar. Pero Baldeón le pidió ser fuerte y seguir en la gestión pública. “En Atavillos Alto hay más mujeres y jóvenes que hombres, y elegirme a mí fue mandarle una señal al machismo”, dice la alcaldesa.
Su gestión tiene logros: empedrado de calles, avance de obras de reconstrucción, conectividad de Internet. También, por supuesto, múltiples críticas: se le perciben malas decisiones relacionadas al Covid-19 y algunas obras incompletas que debían servir a la población. Nada fuera de lo común en la mayoría de gestiones distritales del país. Sin embargo, ella no ha tenido tregua. De hecho, ya existe un movimiento para revocarla. Están recolectando las firmas.
La regidora Álvarez dice no recordar otros alcaldes hombres cuestionados y atosigados como Baldeón. Dice que solo le ocurrió a otra mujer, la única que ocupó el cargo antes que Baldeón: Rosario Huamán. En exclusiva para Sudaca, la maestra Huamán reconoce la dificultad de ejercer el cargo siendo mujer. “Es una sociedad muy machista […] debemos enseñarle a las comunidades que una mujer también puede ser una buena autoridad”, asegura, pensando cada palabra con cuidado.
De hecho, hay un contraste entre las palabras de Baldeón y Huamán. La primera está marcada por su desahogo, y se quiebra al denunciar por primera vez lo vivido en dos años. Pero Huamán, aunque reconoce el problema, duda en llamarlo con todas sus letras. “Hay que entender y conocer a las comunidades, saber darles lo que quieren […] hay que ser fuertes […] ella tiene que ser fuerte y terminar su mandato”, vacila.
Martha Baldeón cuenta que la profesora Rosario Huamán fue una de las primeras personas en advertirle de la dificultad a la que se iba a enfrentar por ser mujer. Huamán lo confirma, aunque no desee explayarse demasiado en las características del acoso. “Yo quiero mucho a mi pueblo […] conmigo fueron muy fuertes […] ni siquiera me dejaron cobrar el sueldo de alcalde porque me dijeron ‘vas a tener dos sueldos, de profesor y de alcalde’ y yo no podía dejar de enseñar, entonces doné el sueldo a las comunidades”, dice.
En las propias palabras de la alcaldesa Baldeón: la población de Atavillos Alto es liderada por hombres. Y ellos tienen su propia forma de negociar con un alcalde. “Lo llevan a tomar, a las casas de citas […] Hay un lenguaje propio entre hombres y como una mujer no entra en todo eso, soy un fastidio”, reconoce. Hace pocas semanas, llegó a oídos de la alcaldesa una amenaza de que la van a ‘enchufar’ y agredir a su familia. El verbo entre comillas hace referencia a una violación.
¿Cada vez más mujeres?
El problema central es el machismo. Lo señalan las cuatro mujeres –dos alcaldesas y dos regidoras– entrevistadas por Sudaca tras sus años de gestión. Atavillos Alto es un distrito integrado por seis comunidades rurales. Los líderes de esa sociedad son casi todos hombres. Han llegado a la categoría de comuneros y toman decisiones. “Alguna vez un comunero me dijo ‘Martha, cómo me vas a poner en la misma reunión con mi esposa’ cuando yo he defendido y buscado la mayor participación de la mujer en la política comunal”, cuenta.
Lo que sucede en el pequeño distrito de la sierra de Huaral es el reflejo de la realidad en el Perú. Es fácil verlo en las cifras. Por ejemplo, en Lima Metropolitana, una sola mujer es alcaldesa distrital (San Juan de Miraflores), de 43 sillones municipales. A nivel país, en los últimos veinte años, la cantidad de mujeres en puestos de alcaldesa provincial o distrital ha bordeado siempre el 3%. En la actualidad, son 3,6% de mujeres en alcaldías provinciales y 4,9% en las distritales.
Según el PNUD, existe una incoherencia en el Perú entre la cantidad de mujeres participando en partidos políticos y la de aquellas elegidas en cargos. Por ejemplo, en los últimos años, la militancia en la mayoría de los partidos es de 50% de mujeres, pero el Parlamento ha tenido siempre menos de 30% de congresistas elegidas. El Parlamento de este año tiene 33 mujeres de un total de 130 curules (25%).
Esta evidente subrepresentación de las mujeres, un grupo que es más del 50% de la población efectiva del país, es parte del desenfoque entre sistema de representación y la visión política del electorado. Por ejemplo, según la última encuesta del IEP, la opinión de las mujeres en el Perú demuestra un 10% más de aprobación favorable y representación perciba hacia el ex presidente Vizcarra, vacado por el Congreso. “Al descartar la presencia de las mujeres en la política, estamos dirigiendo la toma de decisiones hacia intereses que descartaran la visión de la mujer, sus intereses y necesidades”, afirma Tello.
En contraste, se registró una nutrida participación femenina en la movilización de la calle: 41% de mujeres en el Perú afirman haber participado de las protestas contra el gobierno de Manuel Merino, versus 33% de hombres, según la encuesta especial del IEP. Para Pilar Tello, la responsable del área de Género para América Latina de IDEA Internacional, el mayor número de mujeres en las marchas ha influido en el tono y ritmo de las protestas, además de su acelerado efecto. “Al margen de la violencia desatada, en el conjunto de la marcha se percibe un ambiente distinto, más festivo, más alegre”, indica.
Miradas, no estereotipos
El acoso político es la forma de discriminación más notable contra la mujer. Según las especialistas en género y política Mona Lena y Juliana Restrepo, la violencia contra la mujer en política tiene la motivación específica de restringir su participación. Identifica a la mujer como no apta para el ejercicio de la política, por lo que afecta al género además de a la víctima como individuo.
“Toda la sociedad de Atavillos Alto, hombres y mujeres, todavía creen que una mujer no puede ejercer el cargo de poder, de liderazgo, de administración”, señala Martha Baldeón, y coinciden todas sus regidoras. Esta es una realidad extendida en el Perú, donde “casi todas -por no decir todas- las mujeres que participan en política han dicho alguna vez que sufrieron cualquier tipo de acoso”, sentencia Pilar Tello.
Las formas más comunes de acoso político son la ridiculización, la burla, el bloqueo informativo y el descrédito. Según el Jurado Nacional de Elecciones, que recibe denuncias de acoso político a través de su portal web, un elemento trascendental de esta violencia es la mentira. Ya sea para ventilar asuntos de la vida privada o crear historias falsas alrededor de las mujeres.
En los últimos años, IDEA observa una mayor naturalización de la mujer en espacios de poder y políticos, pero aún no en liderazgos. El cambio, lento y desde abajo, es principalmente generacional. Se destierran cada vez más los estereotipos y se reemplazan por nuevas miradas sobre las políticas, miradas de mayor igualdad.
“¿Por qué no hay mujeres en tu gabinete?”, escribe el guionista Peter Morgan en el primer capítulo de la cuarta temporada de The Crown. Es 1979 en la historia, y Margaret Thatcher va a nombrar su primer consejo de ministros. La Reina Isabel II le cuestionó la falta de mujeres en cargos ministeriales. La respuesta es muy simple: son emocionalmente inestables, débiles, y no saben tomar decisiones. Ese grito resuena, en la actualidad, en Atavillos Alto.
**Una versión previa de esta nota decía que el 3% de los alcaldes distritales y provinciales elegidos en el 2018 y que el 27% de los congresistas elegidas en el 2020 eran mujeres. Ambas cifras eran erradas, pues refieren a los alcaldes y congresistas de las gestiones previas (2014-2018 y el Parlamento disuelto) a las mencionadas. Las cifras correctas, cuya variación no es significativa, han sido actualizadas en la nota.
Es realmente digno de un ejercicio psicoanalítico el que amerita el quehacer cotidiano de la derecha empresarial y sus acólitos de terruquear a la primera que se pueda cualquier atisbo de reclamo o protesta social. Desde jóvenes ejecutivos hablando de que la protesta de estos días solo es comparable a la violencia terrorista de los 80 hasta quienes han hecho referencia a que, curiosamente (¿?), coincidía el natalicio de Abimael Guzmán, insinuando de que detrás de las movilizaciones había motivaciones subversivas encubiertas.
Es curioso este tic terruquero. Se puede entender, claro está, el trauma colectivo que en la sociedad peruana ha dejado aún vivo los casi 20 años que sufrimos de violencia terrorista. Sus secuelas psicológicas se trasladarán, inclusive, a una o más generaciones.
Pero si queremos ser objetivos deberíamos decir que el sector social que más sufrió la insania demencial del senderismo, no fue el sector más pudiente del país si no, básicamente, los sectores populares y campesinos en particular. Y los hijos de esos pobres asesinados y violentados por el terrorismo seguramente eran muchos de los que hoy marchan en Ica terruqueados a mansalva.
Es evidente, respecto de la protesta agraria, que hay un problema suscitado por una ley de promoción extendida infinidad de veces y que aún desde un punto de vista liberal merece serias observaciones respecto de la necesidad de su vigencia (un sector como el agropexportador no tiene por qué recibir excepcionalidades distintas a las de otros sectores igual o menos rentables).
Es torpe negarse a entender la lógica de la protesta y por ende conducir el conflicto a tan solo represión policial, como dejaba entrever el candidato Fernando Cillóniz, al reclamar airadamente la presencia del Estado (no se refería, por cierto, a mesas de diálogo o interlocutores calificados, sino a tropa policial represiva que restableciera el orden público).
La derecha terruquera busca un baguazo y después pedirá que rueden cabezas (eso es también lo que busca ahora, desestabilizar al gobierno, aun a costa de muertos y heridos). Es de esperar, por cierto, que el régimen no sea tan tonto de caer en esta lógica alentada por empresarios reaccionarios y sus cavernas periodísticas habituales.
