No es admisible que la derecha insista en fórmulas tradicionales (solo un mensaje proinversión y de mano dura). Es más que obvio, que un mensaje de esa naturaleza no va a calar en la opinión pública. Tiene que ser, respecto de su historia reciente, una derecha disruptiva que ofrezca novedad y frescura programática al electorado.
Con un Congreso mediocre, pero opositor, ha sido posible ponerle freno a muchas tropelías que el Ejecutivo ha querido perpetrar. No queremos ni imaginar la destrucción masiva del Estado, de la institucionalidad, de la economía y de la vida ciudadana que podría ocasionar que las izquierdas se hagan de los dos principales poderes del Estado, por obra y gracia de caprichos inmaduros de la derecha parlamentaria.
Se debe lograr un gran pacto opositor y presentar una lista única, encabezada por Lady Camones, que es quien tiene mayor representación y acuerdos tomados desde hace un año, y los que no fueron partícipes de ello deben sumarse a ese esfuerzo de agrupamiento partidario para conformar un gran frente opositor centroderechista, que sirva, además, de arma disuasiva contra los desmanes que el gobierno perpetra y va a seguir perpetrando con fruición.
De no remediarse esta tugurización del centro y la derecha, le dejarán la mesa servida a un Guido Bellido o a alguien de ese perfil -si hay elecciones adelantadas- o a un Antauro Humala, si Castillo dura hasta el 2026 (el líder etnocacerista sale libre el 2024). El centro y la derecha jugarán a favor de la izquierda, la cual, en circunstancias normales, debería quedar en un cuarto o quinto lugar en la primera vuelta.
La tozudez del centro y la derecha peruanas es de antología. La vemos hoy mismo en el Congreso, donde es gracias a los votos de algunos de sus partidos (Acción Popular, Podemos y Somos Perú) que no prospera la hoy legítima y necesaria moción de vacancia. Por unas pesetas han vendido su dignidad.
Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular).
En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS.
En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.
“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.
Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.
Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.
“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes.
Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.
Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.
“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión.
El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.
Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza.
Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.
Por eso, la enorme preocupación respecto del futuro político que nos espera. Un sector del empresariado y de la derecha en general anda, tranquila y oronda, confiada en que el descrédito de Castillo y de las izquierdas aliadas, hará que en los próximos comicios el pueblo se vuelque masivamente a favor de candidatos de centro o de derecha. Pecan de inmensa ingenuidad o ignorancia sociológica.
La propia destrucción de los pocos nichos de excelencia administrativa que existían en el Estado, que la incompetencia y afán de copamiento partidario de Castillo han generado, y se van a ahondar en los meses venideros -mientras dure su gobierno- hará que el Estado colapse en sus servicios más básicos. Y eso pesará más en el malhumor ciudadano, que seguramente será mayor en las elecciones venideras, sean estas adelantadas o en el 2026, que en el 2021. El riesgo de un nuevo radical disruptivo sigue plenamente en pie.
Una movilización masiva en Lima presionaría de tal modo a los pusilánimes congresistas atados por lazos corruptos con Palacio, que seguramente reconvendrían su pacto tácito con el oficialismo y se sumarían a un nuevo proyecto de vacancia presidencial, dada la contundencia del eventual documento probatorio de corrupción presidencial. Si con su aparición no les bastase, será la masa movilizada la que los presionará para que actúen en consecuencia. En los jóvenes activistas puede recalar un atisbo de esperanza de no tener que soportar a un gobierno tan incompetente y corrupto hasta el 2026.
Por principio, la oposición debe insistir en este propósito, aunque la derecha, en lugar de hacer de ello una causa política central, se ha dedicado en los últimos tiempos a votar al unísono con Perú Libre, al extremo de que ahora hay coqueteos para que Fuerza Popular y la izquierda vayan de la manito a la Mesa Directiva.
La oposición de derecha y de centro del Congreso no parecen tomarse en serio la urgencia de que Castillo salga de Palacio y ponerle así fin a la destrucción estatal que su gobierno está perpetrando y que de continuar hasta el 2026 dejará un Estado en escombros, generando a su vez, un ánimo ciudadano propicio para aventureros radicales, antes que para propuestas moderadas o sensatas. Mientras más tiempo pase Castillo en Palacio, menos chances electorales tendrán en el futuro el centro o la derecha.
La democracia no puede cercenar el derecho a la participación electoral por nimiedades burocráticas o erradas y caprichosas interpretaciones legales de magistrados que parecen estar actuando por otros intereses, antes que velar por ese derecho superior a postular, que debe primar sobre cualquier detalle menor, como notoriamente vemos en los dos casos detallados, los de López Aliaga para Lima y el de Allison para Magdalena.
–La del estribo: imperdible la obra Hermanas, del dramaturgo francés, Pascal Rambert, ganador del Premio de la Academia Francesa. Con su dirección y la actuación de Denise Arregui y Lucía Caravedo, va en el ICPNA, de viernes a domingo, hasta el 21 de agosto.
En este tema, es claro que cada institución jala agua para su propio molino. El detalle es que el punto de partida para generar políticas públicas a favor del colectivo LGTBIQ+ es difuso. En el Perú no existen estadísticas actualizadas sobre este grupo vulnerable. Todos los datos oficiales son pre-pandemia.
El INEI, por ejemplo, realizó la “Primera Encuesta Virtual para Personas LGBTI” el 2017. Desde entonces, no ha hecho más. Y con el pasar de los años las cifras recogidas en este estudio se vuelven inútiles.
Como muestra, un botón. Según la encuesta, respondieron 12,026 personas LGBTIQ+ mayores de edad. Un número que se queda corto si se compara con la convocatoria de las Marchas del Orgullo de junio. “Si contamos Lima y regiones fácilmente llegamos a las 30 mil personas. Llenamos la Av. Wilson desde la altura de Colmena hasta Paseo Colón”, revela Jorge Apolaya, vocero del movimiento. En su vigésimo aniversario, las movilizaciones aumentaron su convocatoria. “En 2019 fueron 21 ciudades, este año han sido 28. Es una expresión de que la comunidad ya no aguanta más”, agrega.
Desde la Defensoría valoran el trabajo realizado por el INEI, pero exigen mayores esfuerzos. “Han impulsado acciones en favor de las personas LGTBIQ+, pero deben avanzar. Solo hicieron esa encuesta. En los siguientes censos deben incluir fórmulas para identificarlas y realizar políticas con esa data. Si no, nunca va a ocurrir”, dice Percy Castillo, adjunto para los Derechos Humanos.
Las estadísticas oficiales más recientes son del 2019. Ipsos publicó la II Encuesta Nacional de Derechos Humanos por encargo del Ministerio de Justicia ese año. Ahí se señala que más de 1.7 millones de peruanos adultos se identifican con una orientación sexual no heterosexual.
Otras conclusiones relevantes del estudio son que el 71% de peruanos cree que la comunidad LGTBIQ+ es victima de discriminación, el 19% considera la homosexualidad una enfermedad, el 31% considera al VIH/SIDA como una enfermedad de personas homosexuales o trans, y el 36% ve peligroso que un niño se quede con una persona homosexual. Sin embargo, la ausencia de mayores estudios gubernamentales deja en el aire otras circunstancias que vive esta comunidad.
“No se sabe cuántas mujeres trans se dedican a la prostitución en Lima. También hay muchas personas gays y lesbianas que viven con menos del sueldo mínimo. Por eso la marcha es importante, ahí se manifiestan. ¿Sin data, cómo van a implementar políticas en el país?”, reclama Jorge Apolaya. Sin ir muy lejos, el último 30 de junio se reportó que “Sharon”, una mujer trans que se dedicaba a la prostitución, fue baleada en el Cercado de Lima por negarse a pagar cupos a una red criminal.
La sociedad civil da más información. “Nosotros hicimos hace tiempo una encuesta virtual donde identificamos que el 87% de personas trans no cuenta con un DNI que reconozca su nombre y su expectativa de vida está reducida a los 48 años”, revela Susana Chávez, directora de Promsex.
Para la cabeza de dicha ONG la razón de que no existan estadísticas frescas no es descuido gubernamental. “No creo que sea desdén. Hay una agenda abiertamente opositora basada en machismos inaceptables. Hoy el Perú es un país retrógrado alrededor de nuestros vecinos”, afirma Chávez.
Frases, en tono de burla, como la del congresista Guido Bellido –que le propuso al periodista Jaime Chincha “ir de la manito” a la próxima Marcha del Orgullo– le dan algo de razón. El panorama es sombrío para estos peruanos que reclaman que el Estado –del que también forman parte– los proteja. Pero eso no los detendrá. Serán cada vez más visibles. Aunque las autoridades se escandalicen y el gobierno quiera hacerse el distraído.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
