La elección de Eduardo Salhuana a la presidencia del Congreso consagra el ascenso político del crimen organizado alrededor de la minería ilegal. Las vinculaciones del nuevo titular del Legislativo con esa minería están más que probadas por su agenda de visitas al Congreso y por un conjunto de iniciativas legales presentadas por su persona en los últimos tiempos.
Y ya no hablamos de pequeños empresarios informales que se agencian recursos en base a prácticas artesanales, sino a zonas del territorio nacional en las cuales bandas criminales han encontrado un filón que explotar desplazando a los antiguos mineros de ese perfil.
Resulta increíble comprobar que el lobby político de César Acuña para imponer a un partidario suyo (que bien pudo ser Lady Camones y no estaríamos en la situación degradada de hoy), pesa más que la eventual presión que pueda haber ejercido la poderosa Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía para evitar este desenlace. ¿Este gremio no tiene brazos comunicantes con Keiko Fujimori para poder haberla persuadido del despropósito? ¿Se dieron por bien servidos con una insulsa campaña publicitaria en medios televisivos y creyeron que bastaba para sensibilizar a la opinión pública y a la clase política?
Se sabe sobradamente el papel destructor de las economías ilegales respecto de la democracia. Corrompen todo el sistema de poder y van escalando paulatinamente. Ya llegaron con Castillo hasta Palacio de Gobierno; ahora repiten de alguna manera el plato, si se tiene en cuenta que es el Congreso el que manda en el país y no Dina Boluarte.
El año político que se viene va a ser de espanto. La degradación de la democracia peruana va a continuar su rumbo, gracias al pacto espúreo del Ejecutivo y el Legislativo, en base a simples cuotas de poder, sin ninguna consideración por políticas públicas de primer orden, como seguramente quedará corroborado en el poco esperado mensaje presidencial de Fiestas Patrias.
Hoy hemos descendido un peldaño más en la calificación democrática del país. Y esta degradación va a traer consecuencias graves en las elecciones del 2026. Doble responsabilidad la que les corresponde a los autores mediatos de este desaguisado, particularmente Keiko Fujimori y César Acuña, con la anuencia de Perú Libre y Avanza País.
