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Un mensaje técnicamente correcto, pero que no albergó el carácter extraordinario que se requería para atisbar una salida a la crisis política (desaprobación del gobierno) ni a la crisis económica (shock de inversiones privadas) por las que transita el país.

Lamentablemente, seguiremos instalados en el statu quo de estabilidad mediocre que nos signa desde la caída de Pedro Castillo. En ese sentido, ha sido una oportunidad desperdiciada.

Un mensaje largo, tedioso, ya anticipaba la esencia de su contenido. Plagado de anuncios de obras realizadas y por realizar, pero sin el cuerpo político necesario para movilizar conciencias ni acciones.

Si de alguno de los mensajes dados y por dar de la presidenta Boluarte se esperaba una dosis extraordinaria de disrupción era, precisamente, de éste. No lo fue. Satisfizo lo básico (pedido de perdón, énfasis en seguridad ciudadana, aunque con una pizca de xenofobia, medianos anuncios proinversión privada -no se ve a ningún inversionista metiendo la mano al bolsillo luego del discurso presidencial-, nula referencia a la posibilidad de un recorte del mandato, propuesta de bicameralidad -quizás lo mejor del discurso-, etc.), pero de novedad política llamativa, poco o nada.

Era, en verdad, una ilusión pensar que de un liderazgo político tan mediano y ligero, podía salir un mensaje potente e innovador. El Ejecutivo carece de cuadros técnicos y políticos que le permitan a la presidenta leer correctamente la realidad y actuar en consecuencia (cómo no escuchó la homilía del cardenal Castillo antes de elaborar su mensaje).

Ya es hora, por cierto, de que la derecha congresal empiece a tomar distancia de un régimen que afectará sus posibilidades electorales para el 2026. Constatada hasta la saciedad la incapacidad del gobierno de trascender de la medianía, haría mal el sector ideológico mayoritario del país con identificarse con ese proceso político sin brillos ni resplandores.

La mediocridad gubernativa, puesta una vez más de manifiesto en el gris mensaje de Fiestas Patrias, ya merece oposición frontal y recia, que, sin necesidad de generar inestabilidad política, le haga saber a la ciudadanía que no estamos ante una mímesis letal entre ambos poderes del Estado o, lo que es peor, entre la derecha política y un gobierno que se identifica como tal, pero cuya levedad lo hace indefendible.

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Crisis económica, Crisis política, Discurso presidencial, Estabilidad mediocre, Mensaje Fiestas Patrias, Presidenta Boluarte

Desde los tiempos en los que los 28 de julio atizaban la incertidumbre en las épocas del primer alanismo, donde el gobernante aprovechaba la ocasión para agitar el avispero, los siguientes mandatarios han optado por hacer de este trance uno anodino y recopilatorio de eventuales logros.

Para la democracia, es mejor que así sea y que la incertidumbre disminuya, pero en esta ocasión, nos haría bien que la presidenta Boluarte se salga del libreto y sorprenda dentro de algunas horas con lo que su Premier ha anunciado será un mensaje “potente”. Algunas humildes expectativas al respecto.

1.- Que se reconozca responsabilidad política por los muertos ocasionados por la brutal represión policial y militar de diciembre y enero pasado, y se anuncie la destitución y puesta a disposición de la justicia de todos los responsables directos o indirectos de lo sucedido. Ello, acompañado de un pedido de perdón empático con los deudos de las víctimas a quienes se les acompañará con un proceso de reparaciones. Nunca será tarde para hacerlo.

2.- Que se llame a los empresarios a invertir garantizando seguridad jurídica y sensatez macroeconómica (monetaria y fiscal). Debe romper la inercia de la inversión privada. No hay “Punche Perú” que sirva si los empresarios privados no meten la mano al bolsillo, y si no lo hacen es por la crisis política, porque las condiciones económicas y comerciales están allí, prestas para la dinámica capitalista. Así sea una estabilidad mediocre como la que sufrimos, basta esa certeza de que no habrá saltos al vacío para que la confianza empresarial haga que los capitales fluyan y se recupere el crecimiento económico, con la concomitante generación de empleo y reducción de la pobreza.

3.- Que se la juegue por alguna reforma estructural o de segunda generación. Si es por un par mejor. Allí están a la mano varias: la reforma político-electoral; la revisión del proceso fallido de regionalización; la defensa de la reforma universitaria; la agresiva puesta en marcha de una reforma de la salud pública; el inicio del largo proceso de una reforma del Estado, manejada profesionalmente; la puesta en práctica de una estrategia global, afiatada, ética y eficaz de una cruzada nacional en favor de la seguridad ciudadana, uno de los problemas que la ciudadanía siente más acuciantes.

4.- Que vuelva a presentar un proyecto de ley para que se apruebe la reforma constitucional que permita el adelanto de elecciones. No se trata tan solo de un saludo a la tribuna sino de una necesidad política. Tres años de estabilidad mediocre es una bomba de tiempo que mientras más dure mayor capacidad explosiva puede alcanzar. Se trata de darle un nuevo impulso al país y que no caigamos en la resignación de que se viene un trienio de desesperante medianía e indolencia gubernativa y congresal.

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Entre dos malas opciones, es infinitamente mejor que haya ganado la lista apoyada por la derecha en vez de la presidida por “Los Niños” y el apoyo de la mayoría de la izquierda. Garantiza que al menos la estabilidad mediocre que nos signa, se mantendrá. Darle la Mesa Directiva a la oposición no nos salvaba de la mediocridad, pero hubiera aportado una situación de inestabilidad política que al país no le conviene.

Es el de Dina Boluarte un régimen constitucional legítimo. No es una dictadura, ni abierta ni encubierta, como nos quiere vender la narrativa de la extrema izquierda y algunos incautos de centro. Las muertes de diciembre y enero deben ser condenadas, pero su ocurrencia convierte a la democracia vigente en una teñida de sangre injustamente derramada, no cambia el signo del régimen político que representa.

Acá funciona la separación de poderes. El Ejecutivo no controla al Legislativo y aún si lo hiciese ello no es requisito o síntoma dictatorial. Si así fuera tendríamos que atribuirles esa condición a los gobiernos del segundo Belaunde, a los dos gobiernos de García, a Toledo y a Ollanta Humala, que por angas o por mangas se hicieron de la mayoría suficiente para tener al Legislativo a su disposición.

Hay libertad de prensa absoluta y cuando ha habido algunas iniciativas para afectarla, el Congreso ha terminado por retroceder. No se han capturado instituciones autónomas (véase cómo el Tribunal Constitucional, supuesto apéndice del Parlamento, le acaba de poner un “estáte quieto” con el tema del presidente del JNE). La fiscal Zoraida Ávalos bien sancionada y dentro de las atribuciones congresales. Las iniciativas por afectar a la Junta Nacional de Justicia y a los organismos electorales hasta ahora no han pasado de bravatas que ojalá no se consumen. ¿De qué dictadura hablamos?

En esa medida, es saludable para la democracia que la Mesa Directiva del Congreso recientemente electa no tenga entre sus planes sabotear al Ejecutivo y es de esperar, más bien, que el buen signo entre ambos poderes del Estado conduzca a que se plasmen algunas medidas importantes, aunque luego de escuchar el pobre discurso del flamante nuevo presidente del Legislativo, las esperanzas son pocas o nulas. Por su lado, al menos, no se augura nada bueno. Esperemos a mañana a ver si Boluarte nos sorprende.

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Dina Boluarte, Los niños, mediocridad, Mesa Directiva, Separación de poderes

¿Alguien ha escuchado a alguna de las listas oficiales o extraoficiales que existen para hacerse de la mesa Directiva del Congreso, pergeñar siquiera un mínimo plan de acción legislativa para el periodo 2023-2024?

¿Alguna reforma? ¿Quizás retomar la político-electoral? ¿Tal vez retroceder en alguna de las barbaridades cometidas, como la de la Sunedu? ¿Cesar en su intento de maniatar a la Junta Nacional de Justicia o los organismos electorales? ¿Sorprender radicalmente y sugerir un paquete legislativo que, por ejemplo, corrija el desastre logístico que implica nuestra fallida regionalización? ¿Detener la vorágine de proyectos populistas regulatorios que tanto daño le hacen a la actividad económica?

De lo dicho ni un pelo. Nadie en el Congreso piensa en ello. Ni por asomo. Lo único que interesa es que la sumatoria de votos, en base a los acuerdos alcanzados (como el de Fuerza Popular y Perú Libre), les permita hacerse de la directiva congresal.

A estas alturas, con un Congreso tan fragmentado (en el 2021 eran nueve bancadas, ahora son trece), nadie debería escandalizarse porque se junten partidos de diferente ideología, pero ello admite comprensión si es que va acompañado de un consenso relativo respecto de algunas acciones a tomar una vez que tomen el poder, si finalmente lo logran.

No parece que ese sea el camino. Se trataría solamente de una sumatoria simple de votos para alcanzar un objetivo político, para, una vez instalados en el estrado del Legislativo, seguir dedicándose a lo mismo a lo que este Congreso se ha dedicado desde el 28 de julio del 2021. Y con las otras listas pasa exactamente lo mismo.

A este paso, el Legislativo va a seguir arrastrando el inmenso desprestigio que lo embarga. La última encuesta del IEP le da un índice de aprobación de 6.2% y una desaprobación de 90.4%, e Ipsos le otorga una aprobación de 9% y una desaprobación de 85%. Son cifras nunca antes vistas, por lo menos desde que se hacen encuestas y es, claramente, un factor que contribuye a la crisis social y política por la que transita el país.

No se ve salida a la estabilidad mediocre a la que han arribado tanto el Legislativo como el Ejecutivo. Y mucho menos se ve cercana la posibilidad de que juntos, racionalmente, acuerden el adelanto de elecciones que la población demanda. Se quedarán los dos poderes del Estado, orondos ellos, sin importar el clamor popular o el daño que le están produciendo a la democracia (sus efectos los apreciaremos en las elecciones presidenciales venideras).

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La movilización del 19 de julio sigue despertando discusiones respecto de su magnitud y resulta difícil ser aguafiestas respecto de su convocatoria, cuando a la par, hay que considerar saludable para la democracia peruana que la sociedad se movilice, en un país donde no hay tradición de que la calle se manifieste, a diferencia de lo que sucede en otros países de la región, donde la ciudadanía sale a expresar su descontento masivamente e incide en las políticas públicas.

Pero le haría mucho bien a los propios organizadores de esta movilización reconocer su fracaso. No hubo más de cinco mil personas en las calles de Lima y con ello no alcanza para mover la aguja del reloj político ni un milímetro. La dupla Boluarte-Otárola, o el pacto tácito Ejecutivo-Congreso respiran aliviados luego de la escuálida marcha del jueves pasado.

Hay razones sociológicas que explican esta inactividad del ciudadano peruano, siendo la principal la mayoritaria informalidad reinante, que genera un pasivo inactivismo, por su naturaleza precaria y absorbente de horas-hombre. A ello se suma que Lima es la región que más apoya a Boluarte y no parece dispuesta a convertir los segmentos de desaprobación en movilización activa.

Pero lo que más atentó contra la marcha fue el intento de expropiación política de la misma por parte de la izquierda, sector ideológico que carece de autoridad ética para convocar nada, luego de su complicidad abierta con los desmanes políticos, económicos y, sobre todo, morales del nefasto régimen castillista. Encima, con su particular gusto por la ideologización, en lugar de concentrar la agenda de la marcha en uno o dos puntos (salida de Boluarte y elecciones adelantadas), le agregó de su propia cosecha, temas que a la ciudadanía independiente le importan poco o nada o, inclusive, desaprueba.

Como van las cosas, el deseado adelanto de elecciones no se va a producir. Se requerirá una movilización inmensa, un escándalo mayúsculo de corrupción que involucre a la primera mandataria o la ruptura impensada del pacto tácito entre la plaza de Armas y la plaza Bolívar, y nada de ello parece, por el momento, inminente. Lo más probable es que este gobierno, mediocre y sin brillo reformista, dure hasta el 2026, en medio de la estabilidad de la medianía que ha alcanzado.

 

 

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En la última versión del Latinobarómetro, medición regional de indicadores democráticos, el Perú no queda mal parado, a pesar de la crisis política por la que transitamos desde hace un lustro. Citemos textualmente lo que dice el informe: “Perú es otro país que tiene una categoría propia. El apoyo a la democracia alcanza el 50% en 2023 habiendo aumentado de 46% en 2020, tiene un aumento de dos puntos porcentuales de 25% a 27% en la indiferencia al tipo de régimen en el mismo período y se mantiene en 17% en su preferencia por un régimen autoritario, habiendo aumentado un punto porcentual que no es significativo en el mismo período”.

“En otras palabras, se puede decir que Perú a pesar de la debacle de sus presidentes no está tan mal con la mitad de su población prefiriendo la democracia. Sin embargo, Perú tiene el 91% de su población insatisfecha con su democracia, como veremos más adelante, es decir casi toda la población que es indiferente o prefiere el autoritarismo está insatisfecha lo que constituye un capital político negativo en contra del régimen que sea que está de turno. La deja vulnerable”.

La insatisfacción con la democracia es el problema a resolver porque puede ser una larva de eventuales proyectos autoritarios o populistas en el futuro (hoy, un 17% apoyaría un régimen autoritario). Pero ello no pasa, propiamente dicho, tan solo por un fortalecimiento político de nuestras instituciones sino por una mejora económica de la ciudadanía. No es un descontento con las elecciones, la separación de poderes o el Estado de derecho lo que explica el resultado mencionado, sino el mal funcionamiento de los servicios básicos y, sobre todo, la sensación de no progreso económico (de otro modo, no se explicaría que aumente el apoyo a la democracia).

Se necesita que volvamos al círculo virtuoso de crecimiento que se empezó a desmoronar con el gobierno de Ollanta Humala, que se agudizó con la crisis tremenda del gobierno de Kuczynski y ya explosionó con el régimen de Castillo, y cuyos efectos aún perduran en el mandato de Boluarte, el que no logra hasta el momento consolidar un ánimo confiado de los inversores.

Con un país creciendo, clase media expandiéndose y pobreza reduciéndose, se establece la atmósfera adecuada para que la satisfacción con el establishment se incremente y se reduzcan de alguna manera, los riesgos autoritarios.

La del estribo: notable el libro de Rafael Dumett, El camarada Jorge y el Dragón, el primero de una saga que versa sobre las viscisitudes vitales de un personaje fabuloso, como fue Eudocio Ravines. Confirma la talla literaria del autor, ya exhibida en la gran novela El espía del Inca. Publica Alfaguara. A propósito, este martes 25 a las 8 pm., en el teatro Ricardo Blume, Dumett hará una performance teatral (The Reading show) de su libro. Entradas en Teleticket.

 

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En la búsqueda de alcanzar la mayoría suficiente para hacerse de la Mesa Directiva del Congreso, la centroderecha no se está parando en mientes para conseguirlo.

Hace cosa de un mes iniciaron verbales coqueteos con Perú Libre, pero luego vino el úkase de Keiko Fujimori a través de Miki Torres y las tratativas quedaron convertidas en letra muerta. Ya no había nada que hacer entre Fuerza Popular y el partido de Vladimir Cerrón, con lo cual abortaba la posibilidad de que el hermano el del exgobernador de Junín ocupara un sitio protagónico en la mesa directiva a conformar.

A renglón seguido varios representantes parlamentarios del llamado Bloque Democrático han empezado a tirarle flores a la bancada del Bloque Magisterial, señalando que son más sensatos y dialogantes que sus pares de Perú Libre y que con ellos sí se podrían sentar y acordar un pacto.

La dificultad está en el pedido del Bloque Magisterial de que le otorguen la presidencia de la Comisión de Educación, lugar que, a su vez, Renovación Popular se niega a perder y, como veremos, con singulares buenas razones.

No sería admisible, ni ética ni políticamente, que parte del toma y daca con el Bloque Magisterial, pase por entregarle a éste la potestad de volver a poner sobre el tapete temas ya zanjados, como el intento de intervenir la Derrama Magisterial o el de brindarle reconocimiento sindical al Fenate, agrupación claramente vinculada al Movadef.

Nadie se puede cortar las venas porque se incluya a una agrupación de izquierda en una Mesa Directiva presidida por la derecha, sobre todo si pragmáticamente se necesitan sus votos para alcanzar la mayoría. Al final, lo que importa, políticamente hablando, es la Presidencia del Congreso, no las vicepresidencias, que son cargos más bien protocolares.

Lo que preocupa es que al son de las negociaciones, la derecha trance en temas inaceptables, sobre los que debe mostrar intransigencia. La agenda del Movadef no puede ser avalada por ninguna agrupación democrática, y si el Bloque Magisterial la pone sobre la mesa debe ser descartada de plano. Los tiempos infaustos del castillismo no pueden volver por la puerta falsa de una negociación política, por más perentoria que ésta sea.

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La única manera de que las movilizaciones contra el gobierno de Dina Boluarte tengan éxito (no lo es convocar a 21 mil personas a nivel nacional; generosa cifra soltada por un incauto ministro del Interior), es que logren consolidar una amalgama similar a la de las fuerzas antifujimoristas. Es decir, que se reconstituya una suerte de frente anti Keiko y haga carne en las calles.

Ello es, sin embargo, difícil que ocurra, más aún después del duro pronunciamiento de la lideresa de Fuerza Popular en contra del gobierno, y que parece ser la clarinada de un paulatino distanciamiento del régimen. Dicho sea de otra manera, quien se oponga a Boluarte no se opondrá, por default, a Keiko Fujimori.

Una agenda tan dispersa como la que convocó a la marcha de anteayer (solo faltaba que pidieran la salida de Agustín Lozano de la Federación Peruana de Fútbol) y la ausencia de un liderazgo político unificado, atentaron contra la posibilidad de que se produjera una movilización de la magnitud que hemos visto en otros países de la región (Chile, Colombia, Ecuador, Bolivia, etc.), donde millones de ciudadanos protestando vehementemente sí fueron capaces de mover la aguja del reloj político.

El gobierno ha ganado una batalla, casi sin costos colaterales (a diferencia de lo sucedido en diciembre y enero, donde se mantuvo en el poder, pero a costa de perder legitimidad y herir su naturaleza democrática), pero deberá saber que la oposición no va a cejar en tratar de sacarlo del poder (ya se anuncian nuevas movilizaciones) y si no escucha a la calle, expresada no solo en las protestas sino también en las encuestas, y no enmienda rumbos, va camino a escenarios políticos cada vez más precarios y riesgosos para su estabilidad.

El hartazgo ciudadano no cuaja en marchas masivas por sinfín de circunstancias (sobrepresencia de la izquierda, informalidad, crisis económica, pasividad juvenil, etc.), pero si el Ejecutivo no empieza a gobernar con eficacia y el Congreso no le pone punto final al desmadre corrupto e indolente al que le da generosa cabida, puede llegar a elevar la temperatura de la irritación ciudadana y en el momento menos esperado, favorecer que estalle una situación social de mayor magnitud e impacto real.

 

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La izquierda es la gran derrotada de la jornada de ayer, bautizada como “La tercera toma de Lima”. No logró movilizar masas suficientes como para hacer tambalear al gobierno y mucho menos para imponer la agenda ideologizada que se le había endosado a la protesta.

En todo el Perú ocurrió lo mismo. Ni por asomo nos acercamos a las protestas de diciembre y enero en cuanto a participación ciudadana. Pocos hechos de violencia y una impecable actuación policial -salvo por algunos aislados excesos- redondearon una faena que redundará en beneficio del gobierno.

Al final, la marcha ha fortalecido al régimen. Ahora puede enarbolar la permisión de protestas con una respuesta democrática, con respeto a las libertades civiles y con resguardo de los derechos humanos. No limpia los sucesos de fines de año, pero le da un barniz diferente a la coloratura autoritaria del régimen.

La dispersión de grupos convocantes, la puesta en escena de una agenda politizada al máximo, la actuación preventiva del régimen (inclusive, se habla de negociaciones fructíferas con la minería informal para que ya no financie la protesta), contribuyeron a que se diluya la convocatoria. Y a ello se suma la ausencia de masas juveniles, desencantadas del régimen, pero que no ven opciones que los activen más allá del grito de que se vaya Dina Boluarte.

El gobierno cometería un gravísimo error, sin embargo, si este relativo triunfo político lo lleva a reafirmarse en más de lo mismo, en esta estabilidad mediocre que nos rige, y no asume la urgencia de modificar radicalmente los términos de su gobierno en materia política, social y económica.

Y, por supuesto, se esperaría que el Congreso ponga las barbas a humedecer y entienda que la impunidad política con la que vienen actuando es el principal causante de la irritación ciudadana y del desgaste del establishment político.

La protesta de por sí, más aún por el tenor democrático y pacífico exhibido esta vez, alza una voz que debe ser escuchada en las alturas del poder. Se esperaría que el 28 de julio Dina Boluarte se dirija al 80% del país que la desaprueba y no al que la aprueba. La jornada del 19 de julio habría logrado algún efecto si ello se produce, y se esperaría que así sea. Hay que respetar al pueblo movilizado, más allá de las agendas politizadas de una izquierda que se quiere reciclar de su descrédito por haber sido comparsa cómplice del nefasto gobierno de Castillo.

 

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