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Tiene razón el expresidente Pedro Pablo Kuczynski cuando advierte que muchos candidatos no recorren el país como sí lo hace Antauro y otros candidatos radicales de izquierda.

Es irreemplazable la visita física a un lugar remoto. Genera un recuerdo cognitivo y afectivo inigualable en el ciudadano que la recibe. Sobre ese recuerdo luego será más fácil que se asiente el mensaje del candidato, porque, claro está, en los pocos meses que dura la campaña propiamente dicha es materialmente imposible recorrer todo el país, y se debe uno limitar a las grandes capitales regionales y un par más de cada lugar, con suerte y buena logística.

Pero con la suficiente antelación, como la que existe hoy, con casi dos años por delante, sí es perfectamente factible emprender esa ruta de visitas permanentes, sostenidas, indetenibles.

Eso lo viene haciendo Antauro y varios más del grupete de potenciales candidatos radicales disruptivos que asoman en el horizonte preelectoral. Ya cuentan con un piso electoral importante (alrededor del 20% del electorado) y si le suman la dispersión del centro y la derecha, hoy con casi treinta candidatos, aspirarán, con éxito a pasar a la segunda vuelta, ya no solo uno quizás dos de ellos.

Mientras ellos recorren el país, palmo a palmo, qué hace la centroderecha. Sale en canal N, RRP, Willax, algún noticiero de señal abierta, escribe en diarios que ya casi nadie lee y cree que así está sembrando semillas para el futuro. A lo sumo, de vez en cuando sus portavoces ofrecen entrevistas a radios regionales, creyendo que con ello suplen el valiosísimo contacto físico real.

La centroderecha está perdiendo las elecciones del 2026. Si algo ha cambiado el país del 2021 a la fecha ha sido para peor. Y ya el 2021 se inclinó por un candidato radical. Con mayor razón, si no hay respuesta potente de la centroderecha, lo volverá a hacer el 2026.

Y si eso ocurre, a llorar al río. Habremos perdido el país, porque la izquierda que vendrá no será democrática y al desastre económico que ocasionará, le sumará la destrucción de la ya exangüe institucionalidad democrática que mantenemos. La ruta de Venezuela y Nicaragua estará a la vuelta de la esquina.

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Kuczynski, rpp, Willax

Entre la primera y la segunda vuelta del 2016, se cruzaron en una sala previa al set de un programa de televisión, José Chlímper y Mercedes Aráoz. El primero le dijo, con claridad: “Meche, si sumamos los 73 votos de Fuerza Popular, los 18 de ustedes, de Peruanos por el Kambio, PPK, y los 9 de Alianza para el Progreso, tenemos cien congresistas. Si no hacemos las reformas que el Perú necesita, las próximas elecciones las gana el comunismo”.

No se equivocó en su pronóstico el destacado empresario. El 2021, en efecto, ganó las elecciones el izquierdista radical, Pedro Castillo, y condujo al país a un caos económico, político y social, del que todavía no nos recuperamos.

La responsabilidad fue mutua. De Kuczynski,porque no supo o no quiso tender todos los puentes necesarios para entablar una alianza potente con el fujimorismo. De Keiko Fujimori, porque, infantilmente, dolida por la derrota, ordenó, desde el inicio, petardear al gobierno de PPK, hasta provocar su abrupta salida del poder, inaugurando la crisis política permanente en la que vivimos desde entonces.

El 2016 la mesa estaba servida para un gobierno de derechas que, sin zozobra, pudiese desplegar las reformas que necesitamos a gritos en varios ámbitos del quehacer público. En los pasivos históricos del fujimorismo, que pretende reeditar la performance electoral el 2026, quedará ese lastre.

Hoy, el desafío es más complicado. La tarea no consiste en administrar una mayoría parlamentaria ya alcanzada, sino en conseguirla a punta de un esfuerzo mayúsculo de conciliación multipartidaria previa a las elecciones que se efectuarán de acá a poco más de dos años.

Para decirlo con meridiana pulcritud: si la derecha no se une en torno a una figura políticamente atractiva y conforma una lista parlamentaria potente, otra vez será la izquierda la ganadora y nuevamente hará retroceder al país décadas de desarrollo.

No nos cansaremos de insistir en ello. No es buena estrategia que haya una veintena de candidaturas, bajo el pretexto de que así habrá mayor representación parlamentaria, y que luego de la primera vuelta, se endosarán apoyos. Primero, porque tal endose no existe en una segunda vuelta. Y segundo porque la dispersión puede hacer que tranquilamente pasen a la segunda vuelta dos candidatos de izquierda. Ojalá la cordura se asiente en la mente de la pléyade de personajes con ansias presidenciales, en algunos casos, absurdas y muertas de nacimiento.

Es inmensa la tarea pública que le corresponderá desplegar al gobierno que asuma las riendas desde el 2026. La magnitud del encargo supondrá la reedición de actos refundacionales, como los que emprendieron en su momento los regímenes de Velasco y Fujimori, con un desafío mayor, porque será imperativo hacerlo dentro de los cánones democráticos.

Refundar las instituciones de administración de justicia (Ministerio Público, Poder Judicial y Junta Nacional de Justicia), hacer en serio una profunda reforma político-electoral, revertir las groseras fallas del proceso de regionalización, volver a colocar el país en la senda del crecimiento económico robusto que teníamos antes de que Humala decidiera desmontar el modelo estrenado en los 90, desterrar la corrupción enquistada en todos los estamentos de la administración pública, mejorar radicalmente los índices de inseguridad ciudadana que azotan el país y que tanto impacto generan en la buena marcha económica (se calcula que por lo menos nos cuesta el 3% del PBI).

¿Es posible lograrlo? Por cierto, el carácter ciclópeo de semejantes desafíos hace imposible que una administración temporal de cinco años logre su cometido triunfal, pero mucho habremos avanzado si se acometieran desde el primer día de gobierno los pasos necesarios y pertinentes para lograr tales objetivos.

Lo que sí queda claro es que ello no va a ser posible si reeditamos el 2026 la elección de un gobierno improvisado o antisistema radical. Por el contrario, tales problemas se agravarían en gran extremo. Además, será necesario contar con suficiente representación parlamentaria para que el gobierno entrante no esté sometido a las veleidades inestables que han sufrido los gobiernos nacionales del 2016 en adelante.

No se ve otra manera de lograr ello, que no pase por la confluencia de fuerzas de centroderecha, creyentes en las bondades del capitalismo democrático, única garantía de desarrollo económico y político en el mundo y, por cierto, en nuestro país.

Consolidar un gran frente implicaría no solo la garantía de contar con fuerza parlamentaria suficiente para emprender las grandes reformas que se necesita sino, además, la convocatoria rápida a los más de dos mil tecnócratas que se requieren en el Estado para sobrellevar con éxito las políticas públicas reseñadas.

Si ello no se logra, entraremos a la espiral del azar y muy probablemente seguiremos el camino descendente de profundo deterioro en el que ha caído la sociedad peruana.

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Dina Boluarte, Elecciones, eleecciones 2026, Gobierno

Lo importante de que ingrese al MEF un buen titular no pasa solamente porque sepa administrar con corrección su propio terreno de acción, sino que vuelva a hacer del portafolio del jirón Junín, el eje alrededor del cual se alineen todas las carteras vinculadas a la producción.

El nombramiento de Arista ha sido bien acompañado de Mucho en el Ministerio de Energía y Minas. Hace falta saber si se colocarán en la misma órbita los titulares de Transportes y de la Producción.

Particularmente, de acuerdo a sendos informes que ha propalado Sudaca, no se ve de parte de la ministra Choquehuanca predisposición para actuar técnicamente en un sector clave para la economía nacional como es la pesca industrial.

¿Qué se necesita? Puntualmente, que encargue al Imarpe la realización de estudios técnicos que determinen, por un lado, la arbitraria zona límite de pesca en el sur, que ha hecho quebrar a decenas de empresas pesqueras y solo ha beneficiado a Chile que pesca a manos llenas mientras los peruanos vemos pasar el valioso recurso, y, por otro lado, que actualice su medición de la talla mínima de la anchoveta, que todos los indicios señalan que, por los cambios climáticos, ha reducido su tamaño viable de pesca, pero que por una regulación anticuada no se puede pescar si mide menos de doce centímetros. Ya se ha variado la talla para varias especies por las mismas razones mencionadas, y no se ha producido depredación alguna (el lenguado, por ejemplo, pasó de 50 a 38 centímetros).

¿De quién depende ello? De la ministra Choquehuanca. ¿Qué debe hacer? Muy sencillo. Encargar al Imarpe que haga un estudio técnico y si éste demuestra que la talla de desove ya no es doce centímetros sino menos, pueda autorizar su pesca con la menor medida arrojada y de esa manera sumar toneladas de recursos hábiles, ingresos económicos, crecimiento del PBI, recaudación fiscal y generación de empleo en un sector duramente golpeado por la crisis.

La industria pesquera es la última interesada en depredar el recurso. Mataría a la gallina de los huevos de oro. En este caso, la acompañan fundamentos científicos para reclamar diligencia en un sector clave para la economía y las expectativas de crecimiento del país, éste y los años venideros.

Dentro de lo poco que gusta moverse el gobierno -ha consagrado la tesis de la inamovilidad como herramienta de supervivencia-, ayer se produjo un relevo ministerial parcial, que, sin embargo, implica algunas buenas noticias.

Los cambios de Álex Contreras del MEF y Oscar Vera del Ministerio de Energía y Minas, son bienvenidos. Su reemplazo por José Arista y Rómulo Mucho supone un upgrade. Y aunque habrá que verlo en la cancha parece venir bien también el ingreso de Juan Carlos Castro en el Ministerio del Ambiente. El ingreso de Walter Astudillo en Defensa, particularmente, no parece revestir ninguna acción modificatoria de las políticas del sector.

Se comenta que estamos frente a una división de poderes, que Otárola, premier superviviente, ha designado a Arista y Mucho, y que Nicanor Boluarte, a Castro y Astudillo. Puede ser. Entre ambos se distribuyen las cuotas palaciegas alrededor de la presidenta. Para el caso, no interesa mucho, en la medida que revelaría cierta coordinación pacífica de los respectivos ámbitos de acción. Si hubiera fuego cruzado en la cúpula del poder, éste se habría resuelto de manera amistosa.

Lo cierto, sin embargo, es que las designaciones de Arista y Mucho revelan claramente una mayor inclinación hacia esquemas proinversión privadade la que existía con sus antecesores (particularmente con el nefasto exministro de Energía y Minas). La derecha se asoma con más fuerza como el camino que parece elegir el gobierno para recorrer el trance de acá al 2026.

¿Ello tendrá impacto en las elecciones de ese año? Sí, sin duda. Si lo hacen bien y recuperan la senda del crecimiento, habrán abonado en favor de los candidatos de semejante perfil ideológico. Pero si lo hacen mal, si se dejan arrastrar por la mediocridad rampante del régimen o cometen torpezas tecnocráticas que alienten la conflictividad social (es el caso del Minem), alimentarán, más bien, las fuerzas disruptivas agazapadas que alientan el fracaso del gobierno.

La derecha peruana, en lugar de andar buscando modelos disparatados como los de Bukele o Milei, debería verse en el espejo chileno, a propósito del lamentable accidente mortal sufrido por el expresidente sureño, Sebastián Piñera.

Hay que rescatar, por cierto, el ejemplo republicano de ver a exmandatarios de todas las orillas ideológicas sumarse a un homenaje universal, pero lo políticamente destacable es la identificación democrática de un gobernante de derechas, cosa poco frecuente en nuestra región.

Piñera formó parte de la derecha post pinochetista, que supo evolucionar de las cavernas dictatoriales y hacer de la democracia un valor esencial e irrenunciable. Pasó en Chile lo mismo que aconteció en España, donde la derecha franquista desapareció (aunque ahora busca resucitar) y le dio paso a una derecha democrática sin mácula.

Eso no ha pasado en el Perú, lamentablemente, con el fujimorismo, la fuerza derechista más importante de los últimos treinta años. A pesar de la trágica conclusión del mandato de Alberto Fujimori, sus huestes siguen enalteciendo los valores autoritarios por él exhibidos y, peor aún, han retrocedido en otros aspectos de políticas públicas.

Ya no se trata de crear un fujimorismo sin Fujimori, la cuestión política esencial en el Perú es la construcción de una derecha liberal, democrática, creyente en los derechos civiles y humanos, y defensora a ultranza no solo de las libertades económicas sino también políticas. Que el fujimorismo quede en el registro de la historia, con sus luces y sombras, pero ya en el pasado.

Piñera supo construir una relación magnífica con el Perú, a pesar del tránsito por el polémico fallo de La Haya. Fue un hombre pragmático y global, ajeno a cualquier nacionalismo primitivo y xenófobo. En el Perú no necesitamos un Bukele o un Milei, la derecha necesita un Piñera. Su aparición, entre la miríada de candidatos que asoman con ese potencial perfil, sería una gran noticia para la democracia peruana y su sostenibilidad por el buen sendero.

Si ello fuera acompañado de la generación de una izquierda moderna y no retrógrada, como la que hoy tenemos, el país avanzaría mucho no solo en la salida de la crisis política coyuntural que atravesamos, sino que podría dar inicio a un bicentenario efectivamente republicano.

Ha causado un terremoto el conocimiento de parte del testimonio de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, hoy aspirante a colaborador eficaz.

Lo dicho por Villanueva obliga a abrir varias líneas de investigación, algunas de las cuales ya tomó entre manos la Junta Nacional de Justicia, pero a la vez torna imperativo tomar con pinzas lo dicho por alguien que claramente habla en busca de librarse de una pena efectiva de prisión (sin que sorprenda, porque ya ha pasado antes, que actúe inducido por fiscales sin probidad). Todo lo que un aspirante a colaborador eficaz diga, para que adquiera valor penal, debe ser plenamente corroborado o al menos existir indicios razonables de veracidad.

La sociedad democrática debe reaccionar frente a los excesos fiscales, cometidos con fruición, dadas sus sobredimensionadas atribuciones. Allanamientos, prisiones preventivas y demás medidas, sin que haya una condena final o acreditación suficiente de pruebas (solo en base a dichos de aspirantes a colaboradores eficaces), no pueden ser tolerados en un sistema de justicia probo y, valga la redundancia, justo.

Quien escribe ha sido víctima de un claro abuso fiscal. Luego de una denuncia periodística cabalmente sustentada, se ordenó mi seguimiento y videovigilancia, con la complacencia de varios fiscales, y aún hoy está en proceso de apelación con la clara intención de perpetuar el despropósito. Y, claro está, ni los órganos de control internos ni la JNJ se han pronunciado al respecto.

Más allá de hechos puntuales como los relatados, resulta concluyente que se requiere una refundación del Ministerio Público que pase por un acotamiento de sus atribuciones. El esquema vigente ha fracasado, conduce a investigaciones interminables, decisiones abusivas, sentimientos de soberbia impunidad por parte de los fiscales, acusaciones fallidas, casos con tipos penales inventados y, lo que es más grave, politización de sus acciones. Y todo ello, en medio de una guerra civil infraterna, de dos bandos que se disputan el control de la institución. El Ministerio Público está profundamente deteriorado y su vigencia institucional no da para más.

-La del estribo: dos buenos libros sobre la mesa. Páginas del fin del mundo, del escritor limeño Johann Page, una sorpresa propicia, y La crisis del capitalismo democrático, de Martín Wolf, jefe de Economía del Financial Times, libro de tremenda vigencia global y local.

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Jaime Villanueva, Ministerio público

No es posible que estemos ad portas de ver en funciones el mejor aeropuerto de la región y que su puesta en marcha vaya mal acompañada de una empresa calamitosa como es Córpac.

No tiene siquiera capacidad de controlar un mafioso sindicato de controladores aéreos, que ya ocasionó una tragedia mortal y que, aprovechándose de su capacidad monopólica de presión (lo que no sucedería si la empresa fuera privatizada), se permite la osadía de retrasar centenares de vuelos a su antojo y capricho, porque exigía las gollerías de las horas extras que se les había retirado justamente por ser antitécnicas y propicias para la ocurrencia de desastres como el último, ocurrido el 18 de noviembre del 2022.

El gobierno debe entender que las concesiones privadas, cuando son bien reguladas y supervisadas, han probado inmensa mayor eficacia que los monopolios u oligopolios estatales. El Perú tiene sobrada experiencia en ello. Las empresas públicas siempre funcionan mal y cuando, eventualmente, aparentan arrojar utilidades, no lo hacen en la medida que podría hacerlo una empresa privada en cuanto a buena provisión de servicios de calidad.

A través del Centro de Instrucción de Aviación Civil, que administra Córpac, se restringe, con malabares y trucos sindicales, el ingreso de más controladores, y con ello se aseguran poner de rodillas a las autoridades en sus reclamos.

Corremos el riesgo de ser degradados a nivel internacional como país de destino y de partida de vuelos hacia los Estados Unidos, con lo cual de poco o nada habrá servido construir tremendo aeropuerto.

Hoy por hoy, la Dirección General de Aeronaútica Civil no controla nada. Córpac y el sindicato de controladores aéreos hacen lo que les viene en gana. Y todo ello, en abierto perjuicio de los usuarios de la aviación comercial en el país.

Es imperativo que se culmine con la privatización de empresas públicas como Petroperú, Sedapal, Córpac y algunas otras que constituyen lastres en sus respectivos mercados. Ninguna de esas empresas cumple siquiera con el criterio de ser “estratégicas”. Lo estratégico es que funcionen bien y eso pasa porque dejen de ser empresas públicas, onerosas, ineficientes y teñidas de corrupción.

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Corpac, Privatización

El régimen de Dina Boluarte, incapaz de resolver los dos más graves problemas que afrontamos: inseguridad ciudadana y crisis económica, va a dejar como herencia un estado de ánimo ciudadano proclive a fórmulas que prometan patear el tablero.

La mayor pobreza que dejará el paupérrimocrecimiento que se estima para este año -y queseguramente será igual en los próximos- más la sensación de desesperación que produce la inseguridad y la consecuente búsqueda de caudillos autoritarios -a lo Bukele, harán que el peruano de a pie se acerque a las urnas el 2026 con el mismo ánimo disidente que lo condujo a votar por Castillo el 2021, producto de la terrible pandemia que nos asoló, en gran medida, por culpa del taimado Vizcarra.

Ya hay un espíritu antiestablishment presente en el ánimo popular. Lo revelan, a su manera, diversas encuestas. A la rabia producto de la pobreza imprevista o la victimización cotidiana, se le suman factores sociopolíticos como la ruptura irreductible del sur andino o el desprestigio profundo de la clase política identificada con el statu quo, básicamente asentada en el Congreso de la República. Tendría que ocurrir algo extraordinario para que el 2026 se produzca un voto normal, centrado.

Las encuestas de Ipsos y el IEP, que son las únicas que miden la identificación ideológica de la población, ratifican que, en ese sentido, la mayoría se sigue identificando con el centro, en segundo término, con la derecha y, rezagadamente, con la izquierda. Pero esa frágil identidad ideológica (no está arraigada en la ciudadanía y ello ya se vio el 2021 cuando un grueso número de votantes de López Aliaga en la primera vuelta lo hizo, en la segunda, por Castillo) será desbordada por el referido torrente antisistema que ya se detecta en los ánimos populares.

Si a ello le sumamos la infranqueable frivolidad política de la derecha y del centro, que van a presentar una veintena de candidatos, tugurizando el espectro y favoreciendo que con porcentajes bajos pasen a la segunda, eventualmente ya no solo uno sino dos candidatos disruptivos radicales, podríamos casi afirmar que la mesa se le está sirviendo en bandeja a los antisistema. Ojalá ocurra algo extraordinario de acá al 2026 para evitar que nos hundamos en un hoyo más profundo que el que cavó el inefable y corrupto régimen de Pedro Castillo.

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Bukele, Dina Boluarte, Pedro Castillo
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