Evolución Política

La calificación de caviar ha ido perdiendo sentido unívoco, deslizándose hacia terrenos inéditos e inciertos, que le quitan a veces valor instrumental. De inicio, representaba a los izquierdistas -sin importar que sean moderados o radicales- que provenían de estratos burgueses, considerándose ello una contradicción invalidatoria.

En esa perspectiva, Javier Diez Canseco, Manuel Dammert o Ricardo Letts eran caviares por excelencia. Hoy ya no serían calificados como tales. La palabra caviar ha migrado de contenido y ahora, más bien, alude a una izquierda progresista, relativamente moderada, creyente en la democracia, pero también en el intervencionismo económico y que pone especial y sobrecargado énfasis en materias de derechos humanos o temas ambientales.

Para la extrema derecha, sin embargo, ello no es suficiente. También son caviares quienes se consideran liberales, creyentes en la economía de mercado, pero también en las instituciones democráticas, los derechos humanos, los cuidados ecoambientales, las políticas de género, la justicia global, etc. ¡Habría así hasta una suerte de “derecha caviar” (calificación en la que el suscrito se inscribiría sin problema, a ojos de la DBA)!

En cuanto a esta columna se refiere, si algún día me refiero a la llamada “izquierda caviar” es a aquella izquierda democrática, moderada, y económicamente intervencionista y, por ende, condenada al fracaso, llena de ínfulas morales y de odios inconmensurables hacia la derecha, tremendamente ineficaz en lo administrativo (mesas de diálogo, consultorías sinfín, esquemas interdisciplinarios, etc.) y poca, poquísima capacidad de ejecución.

Cuando ha gobernado lo ha hecho pésimo (el mejor ejemplo fue la mediocre gestión de Susana Villarán) y es muy hábil para colocarse en gobiernos que ideológicamente le son divergentes. Así, han estado con Paniagua, Toledo, hasta García, Humala, PPK, Vizcarra, Sagasti, Castillo y aún hoy con algunos funcionarios de segundo nivel.

Su mayor pasivo es reciente: haberse sumado de comparsa acrítica de un gobierno desmesuradamente torpe y corrupto como el de Pedro Castillo, a cambio de ganar panes ministeriales o administrativos. Esa factura la tienen que pagar, ya la están pagando, pero queda mucho saldo por cubrir.

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[EN EL PUNTO DE MIRA] Después de 23 años, ¿qué podemos decir de aquella narrativa y de dichas instituciones? Que si bien se avanzó en dar un entramado institucional al país, no se llegó a darle el reimpulso necesario para su fortalecimiento, como sí vimos en países como España y Chile. Con aciertos y errores, lograron dar reimpulsos significativos a las instituciones que encierran conflicto de intereses.

La descentralización. Si bien llevamos seis elecciones a nivel subnacional, no se ha llegado a fortalecer los mecanismos de fiscalización. Allí tenemos a César Álvarez, encarcelado por formar una mafia desde el gobierno regional en Áncash. También tenemos a Félix Moreno del Callao y Jorge Acurio de Cusco, ambos encarcelados. Debe darse una lucha frontal contra la corrupción e incentivos para una gestión transparente.

La ley de partidos. Si bien por primera vez en nuestra historia política contábamos con una ley que regule la actividad partidaria, esta necesita pensarse a raíz de los límites que ha tenido la participación de los candidatos independientes en las cuatro elecciones que han pasado. Financiamiento es una de ellos, transparencia en los mecanismos de democracia interna es otro, dejar los legalismos es un tercero, para saber si existe una real vida política de los partidos. Hay que dar paso protagónico a los órganos de control y fiscalización, como el Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE, con participación del Reniec.

El Acuerdo Nacional y el Plan Bicentenario. Estos dos órganos, que son las principales directrices de la descentralización, no han dado impulsos para repensar la formación de funcionarios y servidores públicos permanentes. Asimismo, no se ha pensado aún en una articulación macrorregional. Las mancomunidades son un buen avance porque se articulan proyectos macrorregionales, pero son apenas una pieza dentro del entramado mayor del rompecabezas de la descentralización. Vale decir, debe dejarse de ver como una secretaría para ser un órgano autónomo.

Por otro lado, desde la transición a la democracia, hay un tema aún no superado, aún no resuelto: el sentimiento del “anti”. Si en el siglo XX teníamos el antiaprismo como una especie de identidad política que unía tanto a la oligarquía como a los comunistas, militares e Iglesia para enfrentar al Apra; post-noventa tenemos (sumado al antiaprismo) al antifujimorismo, el cual aglutina a cierta parte de la derecha, a organizaciones socialdemócratas y a la izquierda.

¿Eso está bien? Claro que no lo está; en democracia debería prevalecer la tolerancia. Pero seamos realistas. Para poner dos ejemplos, ni en España postdictadura franquista, ni en Chile postdictadura pinochetista, el “anti” ha sido superado. De cuando en cuando, y generalmente en el marco de elecciones, este suele aparecer.

Dicho esto, ¿habrá reconciliación? Con los actores políticos que fueron afectados por el gobierno autoritario fujimorista, no lo creo. Muy difícil. Podrá haber acuerdos (o coincidencias) parlamentarias, pero seguirá prevaleciendo el antifujimorismo. Es más rentable políticamente, dado que la democracia también es competencia.

¿De dónde partimos, entonces, para la reconciliación? Mínimamente, del reconocimiento de la participación en elecciones. Desde el encuentro electoral (aunque hostil) con el fujimorismo, podría a largo plazo irse apaciguando el anti y el fujimorismo irse adecuando aún más a los marcos democráticos.

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Conflicto Político, corrupción, Evolución Política, Reconciliación, Transición democrática
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