[INFORME] La nueva Ley General de Contrataciones Públicas, parte del legado que dejó el gobierno de Dina Boluarte, representó un cambio considerable en lo que respecta a impedimentos para contratar con el Estado por ser menos estricta al evaluar los vínculos entre condenados y empresas.

La guerra contra la corrupción es, sin lugar a dudas, una de las que más preocupa a los peruanos. Sin embargo, en esta guerra son varias las batallas que, lamentablemente, se han perdido en el último tiempo debido a la complicidad de diversos políticos. Aunque en época de campaña sostienen un discurso de cero tolerancia con los corruptos, una vez que llegan al poder parecen adoptar una postura indulgente con quienes están involucrados en este tipo de actos.

Pero o más grave ante esta actitud injustificadamente compasiva ante personajes corruptos no se limita a quienes son cercanos a un determinado gobierno. En este intento de ser benévolos con quienes han sido partícipes de actos de corrupción terminan abriendo una puerta legal que termina beneficiando a todo tipo de sentenciados.

UNA LEY MÁS AMABLE

Un ejemplo de estos casos se puede observar con lo ocurrido con la nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069). Más precisamente en el Artículo 30 referido a impedimentos para contratar, esta nueva ley marcó un cambio considerable con respecto a la antigua Ley N° 30225.

A diferencia de su predecesora, la Ley N° 32069 sostiene que entre los motivos para estar impedido para contratar con el sector público se encuentra el tener una sentencia condenatoria, pero dicho impedimento sólo involucra a quien se desempeñe como representante legal de la empresa que pretende un contrato con el Estado.

Esto significaría que una persona, incluso siendo fundadora y haber sido condenada, podría recurrir a estrategias legales para librar a su empresa del impedimento. Por ejemplo, si opta por renunciar a sus poderes, esta empresa volvería a estar habilitada a contratar con el sector público.

La situación descrita sería impensada con la antigua Ley N° 30225 que contemplaba un alcance mucho más amplio para determinar quién tenía una vinculación relevante con una empresa y, si esta persona había sido condenada, entonces la empresa con la que estaba relacionada no podría contratar con el sector público.

LAS CONSECUENCIAS

Uno de los casos en los que esta nueva ley tiene repercusión es el que involucra al empresario Aniceto Argüelles, quien fue condenado a más de cuatro años de pena suspendida tras reconocer que intentó sobornar a magistrada encargada de un caso que adquisición de terrenos fraudulenta.

Sin embargo, su empresa ha podido seguir accediendo a millonarios contratos gracias a que recurrió a estrategias como renunciar a ser representante legal de Industrias Argüelles y entregar la presidencia del directorio a su esposa. Esta estrategia sumada a la nueva Ley General de Contrataciones Públicas llevan a que la empresa que fundó no tenga impedimento algunos pese a la grave sentencia que pesa sobre él.

Es preciso señalar que esta nueva Ley General de Contrataciones Públicas (Ley N° 32069) se promulgó en junio del año 2024 y la responsabilidad de esta insólita postura indulgente con los condenados también cae en la entonces presidenta Dina Boluarte y su primer ministro Gustavo Adrianzén.

Mientras la mayoría de peruanos reclama por medidas más estrictas para combatir la corrupción, este polémico artículo treinta representa una puerta abierta para cuanto empresario con una condena en su historial pueda ver a su empresa participando en licitaciones sin problema alguno.

[INFORME] La gestión de Renzo Reggiardo en la Municipalidad de Lima no sólo se está caracterizando por evitar los concursos públicos, también aprovecha la facultad de contrataciones no competitivas para encargar obras por casi 13 millones de soles a consorcios cuyos integrantes acumulan inhabilitaciones y hasta multas que superan los cien mil soles.

Tras la renuncia de Rafael López Aliaga a la alcaldía de Lima, Renzo Reggiardo logró convertirse en el nuevo inquilino del despacho municipal. Aunque fue en calidad de suplente, el excongresista pudo llegar al cargo que el voto popular le negó en 2018. Sin embargo, mientras Reggiardo Barreto hace realidad su sueño, la comuna limeña sigue viviendo una pesadilla con otra gestión de Renovación Popular.

Como se recuerda, el periodo incompleto de López Aliaga como burgomaestre había dejado serios cuestionamientos por obras inconclusas y un alarmante endeudamiento, y esta nueva etapa, con Reggiardo a la cabeza, no parece estar poniendo demasiado empeño por cambiar el rumbo y dejar una mejor herencia para quien asuma el cargo en enero del 2027.

Sudaca dio a conocer durante esta semana que la Municipalidad de Lima venía recurriendo a procedimientos de selección no competitivos para adquirir drones y cámaras por cerca de cinco millones de soles. En dicho informe, llamaba la atención que la empresa elegida no contaba con experiencia en el rubro. Sin embargo, este medio pudo acceder a nueva información sobre los contratos de la municipalidad que exponen una situación todavía más grave.

MÁS CONTRATOS A DEDO

Aunque Renovación Popular trata de mostrarse como un partido que defiende el libre mercado, algunas de sus acciones en la Municipalidad de Lima los posicionan directamente como enemigos de la competencia. Esto se viene reflejando en la inexplicable necesidad de evitar los concursos públicos.

La actual gestión de Renzo Reggiardo parece no ver con buenos ojos abrir la convocatoria a distintos proveedores y conocer qué oferta es mejor para los intereses de la ciudad. Por el contrario, han encontrado una modalidad que les permite elegir a dedo a un determinado proveedor que firmará generosos contratos.

En el más reciente informe de Sudaca se dio a conocer que se había recurrido en dos oportunidades a este procedimiento de selección no competitivo para entregarle a la empresa Original Systems, pese a no contar con larga experiencia en el rubro, dos contratos por cerca de cinco millones de soles por la adquisición de drones y cámaras. Sin embargo, ellos no han sido los únicos beneficiados por esta nueva política municipal.

En diciembre del 2025, la Municipalidad de Lima, alegando “situación de emergencia”, recurrió una vez más al procedimiento de selección no competitivo para encargar la obra denominada “creación del servicio de seguridad ciudadana local en la central distrital de operaciones de seguridad ciudadana en Cercado de Lima”.

El único proveedor al que la Municipalidad de Lima invitó a presentar una oferta fue el Consorcio Ingeniería, el cual está integrado por la empresa Sogu Constructora y una persona identificada como Marco Antonio Flores Razuri. Para el 18 de diciembre del año pasado, la comuna limeña le otorgaría la buena pro por un monto de casi trece millones de soles para la ejecución de la obra.

¡QUÉ TAL HISTORIAL!

Si bien llama la atención que la Municipalidad de Lima esté optando en tantas oportunidades por este procedimiento de selección no competitivo, la parte más indignante de esta historia recién estaba por conocerse. Como se señaló previamente, Consorcio Ingeniería, quien recibió la buena pro, se encuentra integrado por la empresa Sogu Constructora y Marco Antonio Flores Razuri.

En el transcurso del año 2020, el Programa Nacional de Infraestructura Educativa (PRONIED) convoca a un procedimiento de contratación pública para la elaboración de un expediente técnico y la ejecución de una obra relacionada con la reconstrucción de un local educativo ubicado en la región de La Libertad.

Quien obtuvo la buena pro fue el Consorcio Región Libertad, el cual estaba integrado por la empresa Zigurat Constructora y Marco Antonio Flores Razuri, el mismo que integra el consorcio al cual la Municipalidad de Lima le entregó más de doce millones de soles mediante el procedimiento de selección no competitivo.

Tras recibir la buena pro, el Consorcio Región Libertad se encontró en la obligación de presentar una serie de documentación para que la contratación siga su camino. Fue en este momento cuando empezaron los problemas. Pese a que Pronied le otorgó al consorcio ganador dos oportunidades para cumplir con las exigencias, el consorcio no cumplió.

Tal como se detalla en la siguiente imagen extraída de una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, el consorcio integrado por Flores Razuri incumplió con varias de las exigencias hechas por Programa Nacional de Infraestructura Educativa. Estos incumplimientos llevarían a que se produzca la pérdida automática de la buena pro.

Cuando se produce una revocatoria de la buena pro sin motivos de fuerza mayor e impulsada únicamente por el incumplimiento del postor ganador, el siguiente paso suele ser un proceso sancionador por el perjuicio ocasionado, en este caso a Pronied, debido a que deberán empezar desde cero con la convocatoria al concurso público y las obras de reconstrucción tomarán más tiempo del esperado.

Por ello, en agosto del 2021, las dos partes que integraban Consorcio Región Libertad recibieron sanciones. A Marco Flores Razuri, el Tribunal de Contrataciones del Estado le impuso una multa de más de cien mil soles por incumplir con la presentación de información exigida por Pronied tras haber recibido la buena pro.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Pero esta no sería la única sanción en el historial de Marco Antonio Flores Razuri. Sudaca pudo acceder a otro documento que data del año 2016 en el cual se detalla el caso que derivó en otra penalidad para el actual integrante del consorcio al que la Municipalidad de Lima seleccionó a dedo.

En septiembre del 2014, COPESCO, entidad estatal que se encarga de proyectos de infraestructura turística, convoca a un concurso para la elaboración del expediente técnico del proyecto denominado “Mejoramiento de los servicios turísticos en el circuito del centro histórico recorrido Fundo Fierro, Plaza de Armas y Recoleta, provincia de Arequipa”.

Tras la presentación de ofertas, se le otorgó la buena pro al consorcio Proyecta Arquitectos e ingenieros, el cual estaba compuesto por Flores Razuri y Gustavo Puma Cáceres. A finales de este mes se suscribiría el contrato por el considerable monto de ciento sesenta mil soles y ese también sería el origen de los problemas.

El consorcio que integraba Flores Razuri no tardó en convertirse en un dolor de cabeza para COPESCO. Tras la firma de contrato, Proyecta Arquitectos e Ingenieros se dedicó a acumular penalidades. Como se aprecia en el siguiente párrafo de la resolución a la que accedió Sudaca, el consorcio acumuló casi sesenta mil soles producto de numerosas observaciones que se le hicieron y no subsanaron.

Esta serie de incumplimientos por parte del consorcio obligó a COPESCO a resolver el contrato que firmaron en 2014 y la Primera Sala del Tribunal de Contrataciones del Estado sancionó a sus integrantes. En el caso de Flores Razuri, el Tribunal castigó su accionar quitándole la posibilidad de participar de procesos de selección con el Estado así como firmar contratos durante nueve meses.

A este cuestionable historial de Flores Razuri también se le suman las acciones de Sogu Constructora, quien lo acompaña en el consorcio que recibió la buena pro por parte de la comuna limeña y que, aparentemente, tampoco cuenta con antecedentes que se puedan catalogar como intachables.

La siguiente noticia fue publicada por Diario Correo en septiembre del 2024 y daba a conocer la indignación de la población iqueña luego de presenciar que la empresa Sogu Constructora, a quien se le había contratado para obras en pistas y veredas, estaba talando de forma indiscriminada árboles pese a que está prohibido.

Estos antecedentes desanimarían a más de un empleador. Pero ese no es el caso de la gestión Reggiardo y, haciendo uso de los recursos de la Municipalidad de Lima, eludió el camino del concurso público para entregarle directamente una obra y un contrato de casi trece millones de soles al consorcio de Flores Razuri y Sogu Constructora.

[INFORME] Sigue el cuestionable manejo del presupuesto en la Municipalidad de Lima. Con Reggiardo en la alcaldía, se tomó la decisión de comprar drones y cámaras sin permitir que exista una licitación pública y, además, el único postor invitado y elegido no tenía experiencia en el rubro y recién registró trabajadores un mes antes de firmar contrato.

En octubre del año pasado, la Municipalidad de Lima debió afrontar un inesperado cambio de mando. Rafael López Aliaga, quien ganó las elecciones del año 2022, abandonaba su cargo para perseguir su deseo de convertirse en presidente del Perú y, para ello, estaba obligado de renunciar a la alcaldía. Como está estipulado, quien pasó a ocupar el lugar que dejó López Aliaga fue otro integrante de las filas de Renovación Popular, el teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.

Para el nuevo burgomaestre, la Municipalidad de Lima no era un terreno ajeno. Además del cargo que ejerció como mano derecha de Rafael López Aliaga, Reggiardo Barreto también intentó, sin éxito, llegar a la alcaldía en 2018 cuando fue candidato por el partido Perú Patria Segura.

Luego de un periodo marcado por serios cuestionamientos a la gestión que encabezó el líder de Renovación Popular, una de las interrogantes que existía sobre el desempeño de Reggiardo Barreto como alcalde era si administraría la Municipalidad de Lima de la misma manera en que lo hizo su jefe político o intentaría marcar su propio camino. Sin embargo, seis meses después de su llegada al despacho municipal, pareciera que la gestión ha seguido un rumbo errático.

SIN COMPETENCIA

En diciembre del año pasado, la Municipalidad de Lima concretó una de las primeras grandes adquisiciones de la gestión Reggiardo. Esta comprendía el pago del más de dos millones de soles, más precisamente S/. 2,289,187,68, por ocho drones que estarían a disposición de la Gerencia de Seguridad Ciudadana.

Si bien corresponde señalar que el uso de estos vehículos aéreos para operativos relacionados con la seguridad pública se ha vuelto muy común en el último tiempo, en esta costosa compra existió un detalle particular. Como se puede observar en el contrato al que tuvo acceso Sudaca, la Municipalidad de Lima no realizó esta compra tras el habitual concurso público en el cual distintos proveedores pueden presentar sus ofertas y un comité elige a la mejor.

En esta oportunidad, la gestión del alcalde Reggiardo junto al gerente municipal Alejandro Jiménez optó por un sospechoso procedimiento de selección no competitivo, el cual consiste en un mecanismo excepcional para casos de emergencias, proveedores únicos o desabastecimiento.

Pese a que, por estos tiempos, existe un gran número de empresas que se dedican a la venta de drones con experiencia en ventas a municipios que optan por hacer uso de ellos, la Municipalidad de Lima tomó la decisión de no buscar una variedad de ofertas, sino que se limitó a lo que les podía ofrecer la empresa Original Systems, a quien invitaron para que presente su oferta y le pagaron los más de dos millones de soles por este contrato.

LA SUERTE LLAMA DOS VECES

Pero esta no sería la única vez que se pudo leer “procedimiento de selección no competitivo” durante la gestión Reggiardo. Sudaca pudo acceder a un nuevo contrato firmado por la Municipalidad de Lima a finales del mes de abril del presente año para la adquisición de doscientas cámaras corporales para la Gerencia de Seguridad Ciudadana en el cual se repite la historia de los drones.

Para adquirir las cámaras corporales, la Municipalidad de Lima volvió a optar por un procedimiento que impide la presentación de varios postores así como la competencia de ofertas y recurrió nuevamente a la empresa Original Systems para que sea la única oferta analizada y termine firmando un contrato por casi dos millones y medio de soles.

En este caso también corresponde señalar que las cámaras corporales no son objetos escasos ni mucho menos de un único distribuidor. En una búsqueda rápida en internet se pueden encontrar diversas empresas, como las dos que se muestran a modo de ejemplo en la siguiente imagen, que se dedican a la venta de estos dispositivos en el país.

UN ELEGIDO INEXPERIMENTADO

Si optar por este procedimiento de selección no competitivo despertaba sospechas, existen otros elementos en esta historia que encienden más alarmas. Sudaca pudo revisar el historial de Original System, el gran beneficiado de estos procedimientos, y encontró que no sólo no tenía experiencia en contratos por venta de cámaras, drones o algún otro dispositivo tecnológico, sino que su único antecedente antes de firmar un contrato con la Municipalidad de Lima fue una orden de servicio por la adquisición de alimentos y bebidas para el Ejército.

A esto se le suma la información que se puede encontrar en el sitio web de Sunat. Según lo que se muestra en la siguiente imagen, Original System, la empresa que ha facturado casi cinco millones de soles gracias a sus contratos con la Municipalidad de Lima, recién registró trabajadores en el mes de noviembre del año pasado, apenas un mes antes de firmar su primer contrato con la comuna limeña.

En las últimas horas se ha conocido que la Fiscalía iniciará investigaciones preliminares contra el exalcalde López Aliaga por el endeudamiento de más de cuatro mil millones de soles durante su paso por la Municipalidad de Lima. Sin embargo, este manejo deficiente e irresponsable de los recursos de la ciudad parece mantenerse con la llegada de Renzo Reggiardo, su teniente alcalde, al poder.

[INFORME] Una nueva polémica involucra al Congreso. En esta oportunidad, la gestión actual tomó la decisión de abrirle las puertas a un nuevo proveedor que arrastra un polémico historial tras recibir una orden de servicio por setecientos mil soles con el Ejército en circunstancias sospechosas.

En poco más de tres meses, el Palacio Legislativo tendrá nuevos inquilinos. Un periodo de cinco años que desde el primer día podría catalogarse como un divorcio irreconciliable entre la mayoría de peruanos y aquellos que en 2021 fueron elegidos para ser sus representantes en el hemiciclo está próximo a llegar a su final.

Por supuesto esta pérdida de confianza que ha terminado con un congreso al que más del 90% de peruanos desaprueba acumula varios episodios que han conducido a este presente marcado por el descontento. Parlamentarios que se ausentan por largos periodos, aquellos que usan los recursos del Congreso para venganzas políticas, blindajes y hasta los homenajes que se realizan a ellos mismos lograron exasperar a una población que, desde hace un tiempo, mira con recelo a sus políticos.

Sin embargo, que los parlamentarios estén transitando sus últimas semanas en el Congreso no los estaría persuadiendo de disfrutar de los recursos que tienen a su disposición hasta el último día e incluso parecen pasar por alto alarmantes antecedentes de los proveedores con quienes firman contratos.

UN SOSPECHOSO HISTORIAL

A finales del pasado mes de abril, el Congreso de la República dio luz verde a una orden de servicio con un proveedor llamado Raphael Humberto Barzola Mendoza. Como se puede observar en la siguiente imagen, esta orden de servicio por un valor de más de veinte mil soles se realizó por la adquisición de vestuario, accesorios y prendas diversas.

Hasta esta parte pareciera no existir nada sospechoso, incluso si se tiene en cuenta que Barzola no es uno de los típicos proveedores a los que suele recurrir el Congreso para este tipo de adquisiciones. Acorde a la información en la lista de proveedores del Estado, Barzola Mendoza sí registra cuantiosos contratos con el Ministerio de Defensa, que llegan a superar los nueve millones de soles y mucho más con el Ejército y la Marina de Guerra.

No obstante, al hurgar en estos antecedentes de Barzola como proveedor se pueden encontrar detalles que llaman la atención. Para ello es preciso remontarse al año 2020, más específicamente a los inicios de la pandemia, cuando el Ejército se encontró ante la necesidad de adquirir insumos médicos.

Fue en ese contexto cuando el Comando de Salud del Ejército (Cosale) optó por realizar procesos de contratación directa por más de cuatro millones de soles con proveedores que, extrañamente, no se dedicaban a la venta de productos sanitarios y entre estos beneficiados figuraba el nombre de Raphael Humberto Barzola Mendoza.

Una investigación periodística que data del año 2021 y fue realizaba por el portal Convoca dio a conocer que Barzola Mendoza, pocas horas después de la formalización del otorgamiento de la buena pro que le permitió recibir setecientos mil soles, realizó una modificación en su ficha RUC donde recién figuró que entre sus actividades económicas se encontraba la venta de productos de farmacéuticos.

UNA IRREGULARIDAD QUE PASARON POR ALTO

Pero eso no es todo sobre los antecedentes del nuevo proveedor del Congreso. Barzola también recibió, junto con otros de los proveedores elegidos por el Ejército, más ganancias de las que recibirían aquellos que también vendían mascarillas. Según señala el periodista Alexander Lavilla, mientras que, por ejemplo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) pagaba como máximo S/ 1.50 por cada mascarilla, Barzola y otros proveedores del Ejército recibieron S/ 3.50 por el mismo producto.

Aunque este caso se hizo público en marzo del 2021, Sudaca pudo comprobar que Barzola siguió recibiendo generosos contratos. Sólo con la Marina de Guerra acumuló más de dos decenas de contratos que suman más de doscientos dieciocho mil soles, más de un millón de soles con el Ejército y más de novecientos mil con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Pese a la denuncia periodística que exponía la venta de un producto a un precio que incluso era mayor del doble de lo que le costaba a otros contratantes y los sospechosos movimientos en el otorgamiento de la buena pro, este proveedor siguió contratando con las Fuerzas Armadas y, además, ahora también ingresó en la lista de nuevos proveedores del Congreso.

[INFORME] Óscar Zea y Paul Jaimes duraron menos de cuatro meses en el Ministerio de Agricultura, pero hasta ahora, aprovechando el derecho a defensa legal, le han costado al país más de 250 mil soles que, además, le ha sido pagados al personero legal del partido que ambos integran.

Acorde a la Ley del Servicio Civil, quienes son o han sido servidores civiles cuentan con el derecho de recibir asesoría y defensa legal en caso estén afrontando procesos judiciales, administrativos, constitucionales o investigaciones congresales que se vinculen con actos, omisiones o decisiones ejecutadas durante el ejercicio de sus funciones.

Si bien cuenta con respaldo legal, también es una realidad innegable que las cuestionables designaciones y acciones de presidentes, congresistas, ministros y otros funcionarios públicos en los últimos años han consumido una buena parte del erario público dado que estos no han desperdiciado la oportunidad de exigir que sea el Estado quien pague a sus abogados.

Pero, como si el poder tener un defensor pagado con fondos públicos no fuese suficiente, también se pueden encontrar casos de exfuncionarios que han salido de sus cargos en medio de serios cuestionamientos y, además, aprovechan este derecho para beneficiar con generosos pagos a abogados que, casualmente, también son sus socios políticos.

CAOS EN CUATRO MESES

En febrero del año 2022, el gobierno de Pedro Castillo anunció uno de sus tantos cambios de ministros. En esta oportunidad, Óscar Zea Choquechambi, quien también era miembro de la bancada de Perú Libre, había sido el elegido por el mandatario para estar al frente del Ministerio de Agricultura.

A las pocas semanas de su designación empezaron los cuestionamientos a su idoneidad para ocupar este cargo. El programa Panorama expuso que Zea Choquechambi había estado involucrado en una denuncia por homicidio y una investigación del periodista Bruno Amoretti reveló que, tras solicitar un adelanto de viáticos, el nuevo ministro se negaba a rendir cuentas sobre el uso de los más de veinte mil soles que recibió.

Pero entre estos datos alarmantes hubo uno que llamó la atención. Casi inmediatamente después de llegar al Ministerio de Agricultura, Óscar Zea designó como secretario general a Paul Jaimes Blanco. Este nombre quizá resulte conocido porque, efectivamente, se trata de quien en las últimas elecciones intentó llegar a la presidencia como candidato por el partido Progresemos.

Pero, como la propia Contraloría señalaría en un informe que se dio a conocer, Paul Jaimes Blanco no cumplía con los requisitos mínimos para desempeñar las funciones de secretario general de este ministerio. Sin embargo, y pese a que en un inicio el entonces ministro Zea dijo que no tenía problemas en retirarlo del cargo, terminaría blindándolo y la salida de Jaimes del Ministerio de Agricultura recién se concretó cuando Zea dejó de ser ministro.

La gestión de Zea Choquechambi terminaría poco antes de cumplir cuatro meses al frente del Ministerio de Agricultura. Pero esto también significaría el inicio de un nuevo capítulo debido a que tanto el exministro como su cuestionado secretario general terminarían involucrados en numerosas investigaciones por sus acciones durante un periodo que, si bien fue breve, también sería muy convulsionado y costoso para el sector agricultura.

UNOS EX MUY INSISTENTES

En los primeros días de junio del 2023, casi un año después del final de la gestión Zea, el Ministerio de Agricultura recibió numerosas cartas a nombre de Paul Jaimes Blanco. En una de ellas, el exsecretario general de Óscar Zea solicitaba que el Estado le pague un abogado debido a que estaba siendo investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública y alegaba que estos hechos habían ocurrido durante su paso por el ministerio.

Si bien, como se señaló al inicio de este informe, los servidores civiles cuentan con el derecho a solicitar defensa legal, esto aplica cuando los hechos por los que están siendo investigados están relacionados con las funciones del cargo público que venían desempeñando. Como Jaimes Blanco era investigado por haber sido designado como secretario general pese a no cumplir con los requisitos del puesto, su pedido fue declarado improcedente.

Pero, casi en simultáneo, Jaimes Blanco presentaba otra solicitud. También en junio del año 2023, Jaimes pidió que se le brinde defensa legal debido a que era investigado por la presunta comisión de delito contra la administración pública luego que un reportaje de Panorama expusiera chats en los cuales le enviaba currículos a una directora del ministerio para que contraten a las personas que él elegía.

Debido a que en esta oportunidad la investigación que lo involucraba estaba relacionada con hechos cometidos haciendo uso de su cargo de secretario general, el pedido de Paul Jaimes sí procedió y el Ministerio de Agricultura debió acceder a brindarle defensa legal para el caso en cuestión.

Sin embargo, para Jaimes Blanco esto no era suficiente y seguiría buscando que el ministerio se haga cargo de su defensa legal en todas las investigaciones en las que estaba involucrado. A finales de junio del 2023, Paul Jaimes pidió una reconsideración por el pedido que fue declarado improcedente a inicios de ese mismo mes.

Aunque el Ministerio de Agricultura le había explicado que esta solicitud no correspondía debido a que haber sido designado en un cargo no era una decisión tomada por él como secretario general, Jaimes alegaba que, como había aceptado el puesto y no renunció, entonces ello se debía interpretar como una acción suya como secretario general y, por lo tanto, correspondía habilitar el derecho a defensa legal. No obstante, el ministerio volvería a desestimar su pedido.

Las solicitudes de Jaimes continuarían durante el mes de junio. En otra de las cartas presentadas al Ministerio de Agricultura, el exsecretario general contaba que estaba siendo investigado por otro delito contra la administración pública al haber negociado directamente la compra de fertilizantes con Bolivia pese a no estar facultado para ello ni contar con opinión técnica. Nuevamente, Jaimes lograría el beneficio de defensa legal.

Luego de dos años, más precisamente en julio del 2025, Jaimes Blanco volvería a lograr que el Ministerio de Agricultura pague por su defensa legal. Esta vez, el secretario general que llevó Óscar Zea explicaba que una de sus investigaciones se encontraba en etapa intermedia y requería de este beneficio. Para ese momento, la defensa de Paul Jaimes le había costado un total de S/. 147,000 al Ministerio de Agricultura.

No obstante, el exsecretario general no era el único que se mostraba interesado en que su antiguo centro de trabajo le pague a su abogado. Óscar Zea, el responsable de llevarlo al Ministerio de Agricultura, también le estaba exigiendo a este ministerio que se haga cargo de sus gastos legales y, hasta la fecha, estos gastos relacionados con la defensa del exministro han acumulado un total de S/. 71,500.

En el caso de Óscar Zea es preciso señalar que sus solicitudes para que se usen fondos públicos para pagar su defensa por las investigaciones relacionadas con su etapa de ministro no sólo se presentaron al Ministerio de Agricultura sino que, aprovechando su cargo como parlamentario, Zea Choquechambi logró que el Congreso desembolse casi cuarenta mil soles extra para su abogado.

EL ABOGADO DEL PARTIDO

Pero Zea Choquechambi y Jaimes  Blanco no sólo lograron que el Ministerio de Agricultura y el Congreso asuman los costos de su defensa legal en los casos que terminaron involucrados por sus lamentables acciones en un ministerio, también consiguieron que estos más de doscientos mil soles vayan al bolsillo de un socio político que comparten estos dos personajes.

Según pudo corroborar Sudaca, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue el abogado que tanto Paul Jaimes como Óscar Zea presentaron al Ministerio de Agricultura y Congreso de la República para que reciban estos generosos honorarios que superan los S/. 257,500 por el concepto de defensa legal.

Por supuesto, que ambos opten por los servicios de este letrado está lejos de ser una coincidencia. En 2023, un año después del final de la aventura de Zea y Jaimes en el Ministerio de Agricultura, el exsecretario general decidió incursionar en política y fundó la organización política Progresemos.

Jaimes Blanco no dejaría fuera de este intento de llegar al poder a quien, pese a no contar con los antecedentes necesarios, le obsequió un puesto en un ministerio. Como se puede ver en la siguiente imagen, Óscar Zea intentó prolongar su etapa como congresista y fue candidato a diputado con el partido de su amigo.

Pero al hurgar un poco más en la historia de esta agrupación se puede encontrar que Carlos Alberto Príncipe Gonzáles también es el personero legal del partido que lidera Paul Jaimes e integra Óscar Zea. No sólo eso, en el documento de fundación al que pudo acceder Sudaca, Príncipe Gonzáles también figura como uno de los asambleístas de dicho partido.

Un dato extra en esta historia es que cuando Paul Jaimes fue puesto en el cargo de secretario general por Óscar Zea, Carlos Alberto Príncipe Gonzáles fue contratado por Jaimes para hacerse cargo de la Oficina de Integridad y Lucha contra la Corrupción del Ministerio de Agricultura. Paradójicamente, las acciones del propio Paul Jaimes y Óscar Zea estarían muy lejos de la palabra integridad.

Aunque existe el derecho a recibir defensa legal, casos como el de Paul Jaimesbuscando interpretaciones forzadas para que se utilice dinero del tesoro público para pagarle al abogado de su partido u Óscar Zea que logró que le pague su ministerio y también el Congreso demuestran que, lejos de tener autocrítica por sus deficientes gestiones, algunos exfuncionarios parecen más interesados en exprimir tanto como sea posible la posibilidad de aprovecharse del dinero de los peruanos.

[INFORME] José María Balcázar recibe en el despacho presidencial a un empresario que fue condenado por sobornar a exalcalde de Chiclayo y obtener una licitación. El encuentro se produjo en un contexto en el cual este empresario le exige a la justicia salir del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Han pasado casi tres meses desde que, producto de una de las tantas crisis que atravesó la política nacional en el último tiempo, José María Balcázar dejó su lugar en el parlamento y se instaló en Palacio de Gobierno para emprender un nuevo capítulo en su trayectoria que, probablemente, ni él mismo se lo imaginaba.

Pero si algo ha caracterizado a la gestión Balcázar es, sin duda, que optó por un perfil muy distinto del que mostraron sus más recientes predecesores. El congresista de Perú Libre parece no estar preocupado por agradar en redes sociales, como ocurría con José Jerí, ni busca constantemente los aplausos de las bancadas más poderosas del hemiciclo, algo que sí era una prioridad para Dina Boluarte.

Sin  embargo, aunque el gobierno busca un perfil bajo e intenta ser tan silencioso como le resulta posible, en los pasillos de Palacio de Gobierno se escuchan pasos de personajes que están lejos de contribuir con esa quietud y, por el contrario, resultan escandalosos por sus antecedentes.

VISITA DE UN CONDENADO

José María Balcázar llegó a la presidencia en un contexto muy particular. Por un lado, la mirada política de la mayoría de partidos, y bancadas, estaba puesta en el proceso electoral y, además, asumió el cargo en un momento en el cual su bancada, la de Perú Libre, se encontraba diezmada y lejos de tener claro un proyecto político.

Este inusual escenario para un mandatario lo ha llevado a buscar posibles aliados y el lugar ideal para encontrarlos parece haber sido su natal Cajamarca. Los registros de visitas del despacho de Balcázar demuestran que, desde que asumió el cargo, diversas autoridades y líderes de esta región.

Pero entre estos visitantes no han faltado algunas sorpresas muy desagradables. Por ejemplo, el pasado 13 de marzo, cuando no se había cumplido ni un mes de la llegada de Balcázar Zelada a Palacio de Gobierno, el despacho del presidente abrió sus puertas para una reunión de trabajo con Ángel Salvador Espinoza Castro.

Pero Ángel Espinoza Castro no es un desconocido. Hace menos de diez años supo ocupar las páginas policiales luego de verse involucrado en un pago de sobornos al exalcalde de la Municipalidad Provincial de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, para que este interceda en favor de la empresa de Espinoza Castro en una licitación del año 2017.

Sudaca pudo revisar los documentos de este caso en los cuales se detalla que este empresario que hoy visita Palacio de Gobierno para reunirse con el presidente Balcázar entregó cuarenta y seis mil soles al entonces alcalde de Chiclayo para que su consorcio, Llantas Sudamericanas, se adjudique la licitación correspondiente a la adquisición de neumáticos para la flota vehicular de la Municipalidad Provincial de Chiclayo.

Cuando los involucrados, entre ellos Ángel Espinoza, vieron que la posibilidad de pisar una cárcel era una posibilidad optaron por el recurso de terminación anticipada con el cual podían evadir una condena de prisión efectiva si aceptaban haber cometido los delitos que se les imputaban.

Las consecuencias para Espinoza Castro por haber recurrido a estas maniobras ilícitas con tal de obtener una licitación para su empresa fueron una sentencia por el delito de cohecho activo por lo cual se le condenó a dos años y tres meses de pena privativa de la libertad y el pago de cuarenta mil soles bajo el concepto de reparación civil.

¿AYUDA PRESIDENCIAL?

Luego de verse involucrado en un caso tan grave que incluso terminó exponiendo muchos más casos de corrupción durante la gestión de Cornejo Chinguel en Chiclayo, para más de uno resultaría lógico que los involucrados no vuelvan a estar involucrados en procesos de licitaciones públicas.

Pero esto no es lo que piensa Ángel Espinoza Castro. Tras librarse de una condena efectiva, este empresario quiere volver a ser considerado para contratos con el sector público y viene exigiéndole a la justicia que su nombre se retirado del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Es en este contexto en el cual Espinoza viene pidiéndole de forma insistente a la justicia que borre su nombre de esta infame lista, con lo cual podría volver a participar de licitaciones o trabajar para el sector público, que el condenado empresario tuvo esta “reunión del trabajo” con el actual presidente. Casualmente, el mismo día que Ángel Espinoza Castro visitó el despacho presidencial ,se reiteró el pedido para que el juzgado de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque atienda la exigencia de Espinoza.

Otra sorprendente coincidencia de dicha “reunión de trabajo” es que el encuentro entre el empresario condenado por pagar un soborno y el presidente Balcázar tuvo lugar a poco más de una hora del viaje del mandatario a Lambayeque, donde se podría resolver el pedido de Espinoza Castro sobre su salida del Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles.

Pero queda un dato más a tener en cuenta sobre esta sospechosa reunión. En ella no sólo participaron José Balcázar y Ángel Espinoza. Como se pudo observar en la imagen anterior de la agenda presidencial, en este encuentro también se encontraba José Carlos Quiroz Calderón, miembro de Somos Perú y actual alcalde provincial de San Miguel (Cajamarca).

José María Balcázar parece alejarse de los reflectores tanto como sea posible. Sin embargo, este tipo de reuniones en el despacho presidencial invitan a creer que este bajo perfil no es para buscar estabilidad sino para evitar que la atención esté puesta en este tipo de encuentros muy cuestionables que ocurren en Palacio de Gobierno.

[INFORME] La familia de Santiago Guardamino no puede ponerle un punto final al trágico asesinato que ocurrió en 2024 luego de conocer que, pese a tener pruebas para investigar, intentaron archivar el caso.

Luego de tener que lidiar con el dolor de la muerte de Santiago Guardamino en abril del 2024, su familia ha tenido que encontrarse con un golpe que sólo prolonga más el dolor tras esa terrible pérdida. Santiago perdió la vida producto de nueve disparos que recibió dos años atrás, pero quien hoy produce un enorme pesar entre sus seres queridos es la justicia peruana.

SÍ EXISTÍAN PRUEBAS

Cuando estaban por cumplirse dos años del asesinato de Santiago Guardamino, su familia recibió una noticia inesperada. El fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar el caso alegando que no contaba con las pruebas suficientes para que el caso de Santiago culmine con la identificación de sus asesinos y su condena correspondiente.

No obstante, se pudo conocer que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán en las semanas previas al terrible atentado contra su vida en el año 2024.

La hermana de Santiago, Alicia Guardamino, había indicado que se entregaron cinco dispositivos móviles a la policía para que lleve a cabo las investigaciones correspondientes y, sin embargo, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, integrante del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia, habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.

Alicia también cuestionó que “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos”.  Es por estas razones que la familia Guardamino entendió que no podían desistir en su búsqueda de justicia y han procedido con una apelación. Al respecto, el abogado Juan Sarmiento Verástegui, quien representa a la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

LA LUCHA DE SANTIAGO

Cabe recordar que Santiago Guardamino, quien había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán antes de su muerte, había conocido los detalles de una venta fraudulenta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad y habían terminado en manos de una empresa muy poderosa.

Abel Cruz Mosquera Ortiz, predecesor de Guardamino en su cargo, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán utilizando firmas falsas para vender un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles.

Santiago Guardamino incluso llegó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminó con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva mientras que Argüelles hasta fue condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.