La sentencia absolutoria que fue dictada por el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo en agosto del año pasado ha sido confirmada por Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad.
El empresario Edwin Oviedo ha sido declarado inocente en dos instancias por los cargos de homicidios de Manuel Rimarachin Cascos y Percy Waldemar Farro Witte que involucraban al expresidente de la Federación Peruana de Fútbol y a otros procesados. Durante esta audiencia, la Fiscalía no presentó ningún material que demuestre la culpabilidad de Oviedo Picchotito y los otros involucrados. Inicialmente, el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Transitorio de Trujillo había emitido la sentencia absolutoria el día 22 de agosto del año pasado.
La investigación y acusación de este caso, llevados a cabo por el exfiscal Juan Carrasco Millones, fue seriamente cuestionada por el juzgado que tuvo el juicio a su cargo y por la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad que ha confirmado la sentencia absolutoria.
“La Sala de Apelaciones ratificó que la Fiscalía no aportó pruebas de corroboración de los testimonios de colaboradores eficaces con los que se “armó” este caso; conclusión importante si se consideran a las denuncias públicas que se hizo sobre “fabricación” de colaboradores eficaces por el ex Fiscal Juan Manuel Carrasco Millones”, comentó César Nakasaki, abogado de Oviedo, con respecto a esta sentencia.
“Con la sentencia absolutoria del Juzgado Colegiado y su confirmación por la Sala de Apelaciones, luego de muchos años de batalla legal el Poder Judicial, confirmó la inocencia que defendió el empresario Edwin Oviedo Picchotito desde el inicio de la injusta persecución penal que sufrió”, señaló el letrado sobre la conclusión de este caso y agregó que “se generó una arbitraria prisión preventiva de más de quinientos días en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo en el distrito de Picsi y una persecución penal de diez años”.
Pese a los deficientes resultados del gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado varios cientos de miles de soles para sus fotografías, videos y redes sociales. Sudaca accedió a los gastos de la PCM de los últimos meses que evidencian gastos desmedidos en esta área.
Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, aquel recordado 7 de diciembre del 2022, la aprobación nacional se convirtió en una colina imposible de escalar. La falta de convicción para pedir el adelanto de elecciones, una postura sumisa ante el Congreso y esa tendencia a llenar ministerios con personajes de dudosa capacidad que agravaron los problemas del país llevaron a que para la mayoría de peruanos sea imposible sentirse representado, o por lo menos escuchado, por el Ejecutivo.
Esta situación, pese a su gravedad, nunca llevó a que el gobierno ponga en duda su propia continuidad. Por el contrario, como se ha podido ver en los últimos días con la cuestionada franja informativa que el Ejecutivo pretende imponer para presumir sus logros, el objetivo parece ser agotar todos los recursos para lavarle su imagen.
Pero, por supuesto, esta búsqueda de fabricarle al gobierno una imagen que refleje eficiencia cuando la realidad luce radicalmente opuesta no es gratis. Sudaca ha podido revisar las contrataciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado elevados gastos en áreas que, lejos de buscar eficiencia en el Ejecutivo, parecen querer satisfacer la vanidad del gobierno.
LOS GASTOS DE LA PCM
Durante las últimas semanas y meses, la vanidad de la presidenta Boluarte se ha convertido en un tema de interés nacional debido a las mentiras que existieron detrás de un procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, este interés por realizarse arreglos que mejoren su imagen no es exclusivo de la mandataria.
Con Gustavo Adrianzén Olaya como primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha realizado pagos muy elevados por órdenes de servicio relacionadas con las fotografías que se toman en las actividades públicas. Pero, además, la PCM también ha hecho un importante desembolso para que a estas imágenes les mejoren las imperfecciones y mejoren la iluminación.
Un ejemplo de este tipo de gastos es la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de abril del año pasado cuando, bajo la gestión de Gustavo Adrianzén, la Presidencia del Consejo de Ministros utilizó nueve mil soles del presupuesto disponible para pagar el servicio de retoque de imágenes fotográficas.
Aunque la aprobación del gobierno no sufrió ninguna mejora y los problemas de los distintos ministerios se continuaron agravando, la prioridad en la PCM parecía radicar en salir bien en las fotos. En agosto del 2024, la cifra a pagar por fotografías en eventos en los cuales el Ejecutivo pretendía reflejar una imagen de eficiencia muy distinta a la realidad alcanzó los veintisiete mil soles.
Si se calcula el total desde el día que Dina Boluarte se puso la banda presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén al mando, ha desembolsado un total de 228 mil soles en fotografías y la edición de estas entre enero del 2023 y enero de este año.
Esta inversión en fotografías se vuelve más impactante cuando se contrasta con el gasto que se realizaba anteriormente. Durante el gobierno de Pedro Castillo, las órdenes de servicio por fotografías de los eventos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus conferencias de prensa apenas alcanzaban los 114 mil soles, una cifra que es la mitad de lo que han pagado hasta la fecha con el aval del expremier Otárola y Gustavo Adrianzén, quien actualmente se encuentra al frente de la PCM.
GESTIÓN DEFICIENTE, PRODUCCIÓN ENVIDIABLE
Pero este no ha sido el único gasto que la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó para presumir el trabajo que realizan. Pese a que los resultados del gobierno actual han sido, indiscutiblemente, deficientes, la producción detrás de sus eventos ha contado con un presupuesto envidiable.
Sudaca ha encontrado que, durante los últimos dos años, la PCM ha pagado 208 mil soles para que sus eventos y conferencias de prensa no sólo cuenten con fotografías sino con los respectivos videos.
¿GABINETE INFLUENCER?
Además, el Ejecutivo no ha querido quedarse relegado en lo que respecta a presencia en las redes sociales y, mucho menos, desaprovechar esa tribuna para instalar la imagen de gobierno competente, aunque eso represente un costo sorpresivamente alto. En la siguiente imagen podemos observar una orden de servicio, que corresponde al mes de enero de este año, con la cual han pagado treinta mil soles por un servicio especializado en comunicación y redes sociales para la Presidencia del Consejo de Ministros.
Los pagos por este servicio especializado en redes sociales empezaron en el año 2023, al poco tiempo de la toma de mando de Dina Boluarte. Desde esa fecha hasta la actualidad, se ha invertido en dicho servicio una suma total de S/. 243,335. Aunque este no ha sido el único gasto en redes sociales.
No conforme con destinar una suma considerable para redes, entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del presente año, la PCM ha utilizado 32 mil soles en un servicio de medición y análisis de las publicaciones que se realizan en las redes sociales.
LAS COSTUMBRES DE SIEMPRE
Sin duda, una de las características del gobierno de Dina Boluarte ha sido el vincularse con funcionarios con antecedes cuestionables y en la Presidencia del Consejo de Ministros esa costumbre se estaría manteniendo. A esta larga lista de gastos en redes, fotografías y filmaciones se le ha sumado el contrato de un excamarógrafo de TV Perú involucrado en una situación muy extraña.
Sudaca pudo acceder a una resolución del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que data del año 2017 y en la cual se detalla un polémico hecho que involucra a uno de los actuales trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La persona en cuestión es Manuel Kanilín Quintasi Laura.
En el año 2016, Quintasi Laura trabajaba para TV Perú como camarógrafo. Pero en noviembre de ese mismo año, un mes antes del final de su contrato, fue acusado de sustraer una tarjeta de memoria propiedad del IRTP de uno de los módulos de recepción de video ubicado en el área de gerencia de prensa, situación que habría sido comprobada por las cámaras de seguridad.
Sin embargo, Quintasi Laura no estuvo dispuesto a devolver dicha herramienta de trabajo cuando se le solicitó. Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, el entonces camarógrafo de TV Perú se negó y fue debido a la insistencia que devolvió la tarjeta de memoria.
Pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos contratos con la Presidencia del Consejo de Ministros y, desde el 2023 hasta la fecha, Quintasi ha logrado acumular un total de 208 mil soles por su servicio de cobertura y edición del material audiovisual de los eventos que realiza la PCM.
La adecuada difusión de las actividades del gobierno puede ser fundamental para que la población esté al tanto del cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero, cuando el Ejecutivo no sólo incumple sino que pretende distorsionar la realidad, gastar más de setecientos mil soles en rubros como fotografías y redes sociales sólo parece ser otra ofensa a una ciudadanía cada vez más enemistada con sus gobernantes.
La Municipalidad de Lima ha trato de mostrar que la actual gestión representará un cambio radical en el uso del presupuesto. Sin embargo, los gastos registrados en los últimos meses no reflejan el discurso que el alcalde suele dar en sus apariciones públicas.
“No pagaré mermelada”, señaló el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, durante un evento en el cual cuestionaba que los medios de comunicación no eran tan elogiosos con él como esperaba. Sin embargo, su actual gestión en la Municipalidad de Lima no parece ser precisamente un ejemplo de austeridad ni rigurosidad en los gastos.
Sudaca ha podido revisar algunos contratos que se han realizado durante los últimos años en los cuales se evidencian contratos muy elevados, una sospechosa elección de proveedores y hasta un largo contrato para darle seguimiento a las publicaciones que se hacen en los medios sobre la Municipalidad de Lima y otros distritos.
UN DEBUT ENVIDIABLE
Sudaca ha revisado los gastos que ha venido realizando la Municipalidad de Lima en los últimos años y se ha podido encontrar un caso por demás sorprendente, como parece ser la historia de Katherine Lucía León Huamán. Luego de iniciar sus estudios en 2014 en la Universidad Nacional Federico Villarreal, León Huamán se convirtió en licenciada en Ciencias Políticas en el año 2021.
Acorde a la información del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), el salario que reciben quienes han estudiado la carrera de Ciencias Políticas se encuentra entre S/ 1.540y S/ 7.000. Pero, para León Huamán, el destino, o mejor dicho la Municipalidad de Lima, parece haberle preparado una grata sorpresa.
Pese a que estaba en sus primeros años como licenciada, su primer contrato con la Municipalidad de Lima le permitió embolsarse la generosa suma de dieciséis mil soles, una cifra que es mayor que el doble de lo que se estima que llegan a ganar sus colegas. Esta paga correspondería a la contratación de personal técnico en ciencias políticas.
Para el mes de mayo, la situación laboral de León Huamán parecía haber mejorado. En esta oportunidad, dos órdenes de servicio bajo el concepto de “servicio de asistencia técnica” le permitieron ganar, nuevamente, dieciseises mil soles en tan sólo un mes de trabajo en la municipalidad.
Este tipo de contratos continúan hasta el mes de diciembre del 2023 y, por ellos, Katherine León acumuló un total de cincuenta y seis mil soles que, si se le agrega lo recibido en mayo y marzo, alcanza un total de ochenta y ocho mil soles durante el primer año bajo la gestión de López Aliaga.
Es entonces cuando llega el 2024 y aparece una nueva orden de servicio a su nombre que no es por ocho mil ni dieciséis mil soles sino por veinticuatro mil soles. Durante este año se emitieron otras dos órdenes de servicio, una fue por veinticuatro mil soles y otra por dieciséis mil soles.
Para este 2025, Katherine León Huamán registra dos órdenes de servicio, correspondientes a los meses de enero y febrero, que suman un total de treinta y dos mil soles. Lo paradójico de este caso es que varias de estas órdenes de servicio son por un “servicio legal especializado de gestión y cumplimiento de convenios” y, precisamente, los convenios que involucran a la Municipalidad de Lima han sido el punto débil de la actual gestión.
ENFERMERA MILOFICIOS
En esta lista de contrataciones extrañas también sobresale el nombre Carmen Verónica Espejo Mere. Esta enfermera que tuvo una breve incursión en la política cuando postuló como accesitaria en las elecciones municipales y regionales del 2022 como parte del partido Avanza País. Sin embargo, para 2023, con la llegada de Renovación Popular a la alcaldía de Lima, su situación cambió.
En el mes de mayo del 2023, Espejo Mere recibió su primera orden de servicio y no fue precisamente por un trabajo relacionado a la enfermería sino por un servicio de apoyo en gasfitería por el cual cobró casi dos mil soles. En los meses siguientes recibió siete órdenes de servicio más por el mismo trabajo y por el mismo monto.
Sin embargo, para 2024 su trabajo cambió y empezó a obtener órdenes de servicio por montos que fluctuaban entre dos mil y seis mil soles por un “servicio de apoyo operativo” y “servicio de ordenamiento de archivo”. Aunque el cambio más llamativo ocurre en diciembre del 2024, fecha en la cual Espejo incursiona en un nuevo rubro.
En el último mes del año pasado, Espejo Mere obtiene nuevas órdenes de servicio. Pero estas no tenían relación alguna con la enfermería ni el trabajo de gasfitería. En esta oportunidad, la Municipalidad de Lima la eligió para la conducción de eventos y por este servicio obtuvo un monto que superaba los cuarenta mil soles.
En los meses siguientes, Espejo Mere continuó obteniendo órdenes de servicio relacionadas a la producción de eventos por un total de veintiocho mil soles. Un dato no menos importante es que los únicos contratos que tiene registrados Carmen Espejo en el buscador de proveedores del Estado han sido con la Municipalidad de Lima.
SE DICE DE MI…
Desde su época como candidato a la alcaldía, Rafael López Aliaga ha tenido una postura de extrema confrontación con los medios de comunicación, o al menos con aquellos que tienen una postura crítica, y en más de una oportunidad ha tratado de mostrar que la prensa no tendrá un rol relevante en su paso por el sillón municipal.
Sin embargo, su gestión parece estar más que interesada en lo que dicen los medios. Al menos esto es lo que refleja uno de los nuevos e importantes gastos que la Municipalidad de Lima ha planeado para el 2025. El pasado mes de enero, Imedia Comunicaciones se adjudicó un “servicio de monitoreo de prensa, radioemisora, televisión y web”.
En los documentos de esta orden de servicio destaca que a esta empresa también se le pide realizar un seguimiento a las noticias de cinco distritos específicos, tres de los cuales (La Victoria, Miraflores y Barranco) cuentan con alcaldes que forman parte de Renovación Popular.
Este servicio ha sido contratado por el plazo de un año y, por lo tanto, la Municipalidad de Lima deberá desembolsar la suma de ciento ochenta mil soles a la empresa Imedia Comunicaciones.
Si bien la Municipalidad de Lima y el alcalde López Aliaga se han enfocado en señalar los malos manejos de los funcionarios que pasaron por el palacio municipal años anteriores, la gestión que hoy está en el poder no parece estar tomando el rol de la gran protectora del presupuesto de la ciudad que intentaban mostrar en campaña.
A lo largo de la historia, los perros han asumido roles que pueden ir mucho más allá del lugar de mascotas. Estos animales han participado en tareas muy complejas como la detección de drogas y explosivos e incluso se les ha visto ser protagonistas en el trabajo de rescate de sobrevivientes cuando ocurren desastres naturales.
A cambio de su trabajo, no se espera que reciban condecoraciones ni mucho menos aumentos salariales sino un trato humanitario mientras están en servicio y que se les garantice una adecuada calidad de vida cuando este termina. Sin embargo, lo que parece un pedido razonable a cambio de su labor, no siempre se cumple.
Sudaca ha podido seguir el caso de la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos que pone nuevamente en discusión el trato que se les da en nuestro país a aquellos animales que están al servicio de la población y que, lejos de recibir los cuidado que merecen, son expuestos a condiciones insalubres y un abandono que incluso llega a producirles la muerte.
INDIFERENCIA MUNICIPAL
“Hemos venido viendo a el trato que les da la municipalidad desde que comenzó la gestión en 2023”, comentó Nataly Moscoso Ponce, presidenta de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO), en declaraciones brindadas a Sudaca con respecto al preocupante presente de los perros que integran la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos y que colaboran con la seguridad del distrito.
Según lo relatado por Moscoso, desde que Luis Felipe Castillo Oliva llegó a la alcaldía de Los Olivos, los canes que están al cuidado de la municipalidad han presentado numerosos problemas que van desde la falta de vacunas y antiparasitarios hasta la ausencia de la atención veterinaria que pueden requerir.
Pero esta situación llegó a su punto más crítico durante los primeros días de este mes cuando Black, uno de los canes que integraban esta brigada, murió a los ocho años en una jaula como consecuencia del tumor que padeció en los últimos meses y el cual la Municipalidad de Los Olivos no atendió como correspondía.
Lo más indignante con respecto a la historia de Black es que, meses atrás, había sido operado por otro tumor y quienes se tuvieron que hacer cargo del costo de este procedimiento fueron algunos trabajadores y una veterinaria privada mientras que la gestión de Castillo Oliva permanecía indiferente ante este caso.
Sudaca pudo acceder a algunas de las conversaciones entre los trabajadores de la municipalidad y los integrantes de COPAO en los cuales exponen el desinterés por parte de los funcionarios de este distrito ante la situación que venía padeciendo este integrante de la brigada canina en sus últimos días.
Pero esta no fue la única advertencia sobre el estado de salud de Black y otros de los integrantes de la brigada canina. Las siguientes conclusiones pertenecen a un informe del 29 de agosto del 2024 preparado por el veterinario Wilder Aguado Huaylla en el cual se advertía que Black era uno de los candidato a baja de manera prioritaria y que, además, habían casos de desmayos.
Además, otro informe también emitido por el mismo veterinario en el mes de agosto detallaba que Black presentaba un lipoma, un tumor de crecimiento lento, y que por ello requería cirugía a la brevedad posible, la cual fue pagada por trabajadores y contó con la ayuda de una veterinaria ante la ausencia de interés por parte del municipio. Este informe también señalaba que Black, que en ese momento tenía siete años, tenía cojera producto a la displasia.
UNA HISTORIA QUE SE REPITE
Pero el triste fallecimiento de Black corre el riesgo de no ser la única baja en la brigada canina debido a la negligencia de los funcionarios de Los Olivos. En el siguiente chat, un trabajador de esta municipalidad cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias cuenta que son varios los perros pertenecientes a esta brigada que no se encuentran en un estado de salud idóneo.
Sumado a los casos de displasia, la cual es una dolorosa enfermedad degenerativa que produce una malformación en la unión del fémur y la pelvis de los canes, la titular de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) explica que la Municipalidad de Los Olivos ignora sus pedidos para que estos animales sean dados en adopción y puedan recibir una mejor calidad de vida.
En el siguiente informe que data de junio del año pasado, el supervisor de la brigada canina había informado que cuatro de sus integrantes no se encontraban aptos para el servicio de patrullaje e incluso, tal como se aprecia en la siguiente imagen, se detallaba el caso de uno de los integrantes de esta brigada que había sido operado por un cáncer. No obstante, William Valladares Escobedo, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, no le habría dado mayor importancia a esta situación.
“Solicitamos que les realicen exámenes y hasta el día de hoy no lo hacen”, relata Nataly Moscoso sobre el alarmante estado en que se encuentran estos animales y agrega que “las atenciones de ecografía, radiografía, exámenes bioquímicos y hemogramas determinan su salud y si están aptos para realizar esta labor”.
En el siguiente oficio enviado a Valladares Escobedo por parte de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) en el mes de enero se había exigido que la municipalidad entregue los informes sobre las evaluaciones médicas que se les debían realizar a los integrantes de la brigada canina. No obstante, estos nunca fueron entregados.
La historia de Black llegó a su final de una forma tan dolorosa como evitable y, si bien nada revertirá su triste desenlace, la difusión de su caso debería llevar a que las municipalidades y todas las instituciones con animales a su cargo entiendan la responsabilidad que deben asumir para que situaciones como las relatadas en este informe no se repitan. Mientras tanto, se siguen escuchando ladridos de ayuda en Los Olivos.
Sudaca conversó con el doctor Pedro Riega, decano nacional del Colegio Médico del Perú, con respecto a la polémica ley N° 32210 que le permitirá a los odontólogos realizar nuevos procedimientos quirúrgicos. Riega calificó a esta disposición como un “atentado contra la salud pública” y denunció que “se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos”.
¿La ley N° 32210 fue aprobada de forma apresurada?
Totalmente. En estos dos meses, tras su aprobación, hemos dialogado con distintas bancadas y les explicamos el serio riesgo que representa el otorgar indebidamente competencias a un profesional que no las tiene porque tiene otra formación. Los odontólogos no son médicos y realizan el acto odontoestomatológico, no el acto médico. Esa ley se aprobó de manera forzada, tendenciosa y peligrosa. Es un atentado contra la salud pública.
¿Cuáles es la preparación con la que no cuentan los odontólogos para llevar a cabo los procedimientos que les permitiría esta ley?
Corresponde fundamentalmente a poder evaluar al ser humano en su conjunto de manera integral. El poder reconocer los problemas de salud de todo el organismo y poder clasificarlos, incluso según la prioridad que pueden tener en determinado momento. Esa es una característica esencial del acto médico que no lo tienen otros profesionales de la salud, específicamente los cirujanos dentistas quienes están preparados para intervenir sobre un segmento del cuerpo y no de forma completa. Por ejemplo, dentro del sistema estomatognático, un cáncer no es tratado por un cirujano dentista.
¿Qué representó la aprobación de esta ley y cuál será su alcance?
Que los odontólogos estén facultados para realizar procedimientos médicos especializados que son delicados, como los procedimientos de cirugía plástica, procedimientos estéticos, cirugía de cabeza y cuello, cirugía de nariz y procedimientos de otorrinolaringología. Sabemos que en nuestro país abunda la informalidad y existe un creciente número de odontólogos que realizan procedimientos médicos de manera clandestina. Lo que se estaría haciendo es legalizar este ejercicio de la medicina. Eso es poner en riesgo la vida de todos los peruanos. No están combatiendo el ejercicio ilegal de la medicina sino formalizándolo.
¿Cuáles son los riesgos para los pacientes?
Podrían ocurrirles distintas consecuencias y complicaciones. Desde hemorragias hasta infecciones, que el resultado finalmente no se dé como se requiere y ocurran alteraciones morfológicas y deformaciones. Incluso el no tomar en cuenta las enfermedades de fondo que puede tener un paciente puede hacer que este pierda la vida en una intervención para la cual el odontólogo no está preparado.
¿Esta ley se puede interpretar como bajar la valla a la medicina?
Sí y repercute en la falta de seguridad y calidad en la atención de salud de los pacientes.
¿Los especialistas y representantes del sector salud no fueron consultados antes de la aprobación de esta ley?
Lo extraño es eso. El Colegio Médico emitió su opinión en contra y el Ministerio de Salud también omitió una opinión contraria que incluso motivó la observación por parte del Ejecutivo a esta ley cuando se aprobó en 2023. Pero fue mantenida en hibernación y, luego de un año y medio, es puesta a discusión en el Congreso y sin mayor debate se aprueba. Eso es sumamente extraño.
¿Quiénes están detrás de esto?
Diversos medios se han comunicado conmigo preguntando sobre esta ley y una posible intervención extranjera de empresas que justamente capacitan a los odontólogos en procedimientos médicos especializados estéticos. Esta es una sospecha que debería ser objeto de una profunda investigación. Lo que nosotros pedimos es que el Congreso no vuelva a cometer una nueva precipitación rehusándose a derogar esta nefasta ley.
¿Cuál es la justificación que dan los defensores de esta ley?
Es evidente que se ha montado una campaña millonaria con mensajes engañosos por parte de quienes defienden esta ley. Lanzan mensajes completamente fuera de la realidad acusándonos querer monopolizar la salud cuando lo que exigimos es que se asegure que los pacientes reciban atención según las competencias reales de cada profesional. Además, dicen que queremos encarecer la salud, pero cuando alguien recibe una atención por alguien que no está preparado está más propenso a sufrir complicaciones que sí encarecen la atención. También mencionan que esta ley reconoce derechos laborales y eso es una falacia. Hay dos artículos que son de relleno y dicen lo mismo que establecen otras leyes.
¿Qué rol ha tenido en este caso el Colegio Odontológico del Perú?
La gran mayoría de odontólogos practica su profesión. Pero existen dirigentes y líderes que han venido orientando de una forma inadecuada iniciativas que en lugar de fortalecer la profesión odontológica están prestándose para promover el ejercicio ilegal de la medicina.
Mencionó que hay interés de empresas extranjeras, ¿lo que ofrecen estas empresas no es una preparación idónea?
Es un problema grave que exista una industria orientada a brindar clases y cursos con relación a procedimientos altamente especializados, para los cuales uno se forma siete años como médicos y cuatro o cinco como especialista, que los realizan en días. Esto es una estafa, pero se está dando y se está promoviendo por algunas empresas extranjeras.
Una nueva ley aprobada por el Congreso amenaza con habilitar a los odontólogos a realizar una serie de procedimientos quirúrgicos que pondrían en riesgo a sus pacientes.
Si algo ha caracterizado al grupo de parlamentarios que actualmente ocupan los escaños del Congreso de la República es su predisposición para legislar, sin vergüenza alguna, en favor de intereses particulares y sin escuchar voces autorizadas. Pero esta forma de realizar la labor congresal trae consecuencias que termina padeciendo el peruano de a pie.
Esto es lo que ha ocurrido con la Ley N°32210, la cual nació de una propuesta legislativa que buscaba habilitar a los odontólogos para que realicen una serie de procedimientos que, hasta ahora, eran una exclusividad decirujanos plásticos y profesionales de la salud dedicados a la dermatología.
LA LEY Y SU ORDEN
Pero este tipo de leyes no son una novedad. En el año 2019, el propio Colegio Odontológico del Perú le solicitó al entonces presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Segundo Tapia Bernal, que el proyecto de ley N° 2620/2017, el cual regulaba la comercialización, uso y aplicación de sustancias de relleno denominadas biopolímeros y afines en tratamientos corporales con fines estéticos y definía dichos procedimientos como acto médico, incluya a los a los cirujanos dentistas y les permita hacer uso de biopolímeros absorbibles inyectables.
Sin embargo, esta solicitud no prosperó y quienes integraban el parlamento por aquella época no respaldaron el pedido del Colegio Odontológico del Perú.No obstante, años después, han vuelto a hacerse presentes en el Legislativo con un proyecto de ley, todavía más ambicioso, que recibió la luz verde y que ha despertado preocupación entre profesionales de la salud por el contexto en que fue aprobado.
Fue durante los primero días de junio del año 2022 cuando ingresó un proyecto de ley que tenía como autor al congresista fujimorista César Revilla Villanueva y, tal como lo señala en su título, dicha iniciativa pretendía modificar una serie de artículos de la ley de trabajo del cirujano dentista.
Según lo propuesto en esta iniciativa legislativa, los odontólogos podrían estar habilitados para realizar procedimientos quirúrgicos que, hasta la fecha, sólo podían ser llevados a cabo por médicos cirujanos. Esta situación generó una contundente oposición por parte del Colegio Médico del Perú que justificó esta postura alegando que la formación de los odontólogos no abarcaba todos los aspectos que debían tenerse en cuenta para poder realizar correctamente un procedimiento quirúrgico lo que, en consecuencia, pondría en riesgo a los pacientes.
Cabe señalar que, tal como lo señala el propio proyecto de ley, no parte únicamente del interés del congresista de Fuerza Popular sino que este fue “socializado y consensuado con el Colegio de Odontólogos del Perú”.
La historia de esta ley dio un giro inesperado en diciembre del año pasado cuando, sin un amplio debate de por medio, pese a que el Ejecutivo la había observado e ignorando las advertencias del Colegio Médico del Perú, dicha ley fue aprobada por insistencia y publicada, sospechosamente, a pocos días de la navidad.
¿QUIÉN SE BENEFICIA CON ESTA LEY?
Esta insólita situación ha llevado a que se instale la pregunta sobre quién es el más interesado en que esta ley sea ratificada por el Congreso y las respuestas podrían estar en el propio Colegio Odontológico del Perú. Sudaca ha podido revisar el historial del decano de este colegio, el doctor Luis Ghezzi Hernández, quien en el pasado ha sido invitado especial de FACOP.
FACOP, Faculdade do Centro Oeste Paulista, es una institución con raíces en Brasil que se dedica a brindar cursos relacionados a la odontología y procedimientos estéticos y, casualmente, dos meses antes que esta ley sea publicada en El Peruano, FACOP anunció su llegada al Perú, lo que supondría un negocio más lucrativo si los odontólogos están habilitados para realizar ciertos procedimientos, tal como lo avalaría la Ley N° 32210.
Sudaca conversó con Luis Ghezzi, quien señaló que esta ley “favorece a la población” y respondió a los cuestionamientos alegando que se han dicho mentiras con respecto al impacto que podría tener esta ley. Además, agregó que “hay un interés económico a favor de algunas especialidades y algunosdirigentes del Colegio Médico del Perú para monopolizar la atención médica”.
En los últimos días, algunas fuentes también han señalado que existirían sospechosos depósitos bancarios entre una persona cercana a FACOP y el decano del Colegio Odontológico del Perú. Sin embargo, en conversación con Sudaca, Luis Ghezzi ha rechazado rotundamente estas versiones.
Esta semana el Congreso podría votar para derogar la polémica Ley N° 32210 y tendrá la oportunidad de enmendar uno de sus tantos errores que, en esta oportunidad, golpea directamente la salud de los peruanos que corren el riesgo de estar en manos de personas que no están capacitadas correctamente para los procedimientos que esta ley les permitiría llevar a cabo.
En medio de las crisis que atraviesa La Libertad, César Acuña aprueba una costosa campaña de publicidad para su gobierno regional que planea destinar más de dos millones de soles para estas campañas.
Pese a las emergencias relacionadas con el incontrolable aumento de la criminalidad y las fuertes lluvias que azotan la región de La Libertad, el gobernador regional y líder del partido Alianza Para el Progreso, César Acuña, ha sorprendido al tomarse un nuevo periodo de vacaciones por nueve días.
Sin embargo, antes de abandonar sus funciones en medio del estado de emergencia y pese a que se esperaría que un gobernador tenga otras prioridades, Acuña Peralta ha firmado dos resoluciones que le permitirán al Gobierno Regional de La Libertad disponer de una cuantiosa cantidad de dinero que será utilizada para financiar la difusión de contenido publicitario.
Sudaca ha podido revisar los documentos que fueron firmados por el propio César Acuña durante la última semana y en los cuales se detallan estos insólitos gastos le costarán a La Libertad varios millones de soles y que, además, no es la primera vez que se están realizando bajo la gestión del político de APP.
PUBLICIDAD COMO CANCHA
La primera de estas dos resoluciones que fueron aprobadas por César Acuña fue firmada el lunes de la presente semana. En este documento se abordaba el plan de estrategia publicitario y plan del medios para el año 2025 que fue emitido por la Gerencia Regional de Imagen Institucional.
El plan de estrategia publicitaria elaborado por la Gerencia Regional de Imagen Institucional solicitaba que se destine dos millones de soles para el plan de estrategia publicitaria y explicaban que casi novecientos mil soles de ese monto serían destinados al plan de medios preparado para el año 2025.
Uno de los puntos que llama la atención en este documento es que la estrategia propuesta para el Gobierno Regional de La Libertad no se limita a tener un alcance regional sino que busca llegar a todo el país y comprende a los llamados medios tradicionales como a los no convencionales.
Sin embargo, tan sólo tres días después de aprobar este plan de estrategia publicitaria y medios, más precisamente el jueves 6 de marzo, César Acuña aprueba una nueva resolución gerencial regional con la cual se iba a modificar el plan anual de contrataciones dispuesto para el Gobierno Regional de La Libertad para el año 2025.
Esta modificación consistía en incluir siete procedimientos de selección al plan anual de contrataciones que había sido aprobado previamente. Apoyándose en una directiva del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) en el cual se señala que “el Plan Anual de Contrataciones podrá ser modificado en cualquier momento durante el año fiscal para incluir y excluir contrataciones”, esta modificación fue avalada.
Pero estos siete procedimientos de selección incluidos tuvieron una única descripción. Bajo el procedimiento de contratación directa, se aprobaron siete servicios de difusión de contenido publicitario en radio y medios digitales para la Gerencia Regional de Imagen Institucional del Gobierno Regional de La Libertad que alcanzaban la cifra de S/ 542,737.60 en total.
Sudaca también pudo revisar el plan de medios que el Gobierno Regional de La Libertad armó para este año y se pretende utilizar más de cuatrocientos mil soles en siete campañas que se emitirían por dieciséis radios.
Por otro lado, en lo que respecta a medios digitales, la gestión que encabeza César Acuña ha estimado destinar S/ 477,580.00 en doce medios distintos. Estas campañas incluyen publicidad en las redes sociales de los medios así como en su sitio web y también un publirreportaje.
AUMENTOS GENEROSOS
El 2025 no es el primer año que el Gobierno Regional de La Libertad decide realizar un gasto de este calibre en una estrategia publicitaria. Sin embargo, lo que se puede observar es que el monto destinado para esta finalidad se ha incrementado de forma notoria. Por ejemplo, el plan de medios del año pasado no llegaba al millón de soles.
La estrategia publicitaria empleada para el año 2023 apenas superaba los quinientos mil soles, un monto muy inferior a los dos millones que se estarán destinando para el plan diseñado para el año actual.
Si bien es preciso señalar que los gastos en publicidad están regulados y no implica un delito por parte de quien los paga ni de los medios que son contratados, la situación que atraviesa La Libertad y que, aparentemente, el gobernadorCésar Acuña no ha podido solucionar invitan a pensar que la inversión y las prioridades deberían enfocarse en otras áreas.
El nuevo proyecto de ley de Patricia Chirinos y Renovación Popular que pretende instalar a representantes de las iglesias cristianas en diversas instituciones del Estado.
Aunque el Perú está atravesando una grave crisis relacionada a la inseguridad que cada vez parece estar más lejos de ser controlada y los integrantes del gobierno de Dina Boluarte no pasan ni una semana sin involucrarse en hechos cuestionables, las prioridades en el Congreso parecen ir por otro rumbo.
Como se ha podido ver en más de una oportunidad, son varios los parlamentarios que se encuentran estrechamente vinculados con diversas iglesias con las cuales colaboran públicamente asistiendo a sus eventos e impulsando marchas contra las personas LGTBI o el enfoque de género. Este vínculo incluso ha llevado a que el Congreso condecore a quienes manejan estas iglesias.
Pero este apoyo ahora tiene la intención de ir mucho más lejos. En los últimos días, se ha podido conocer que la congresista Patricia Chirinos, quien ahora integra las filas de Renovación Popular, ha presentado un proyecto de ley que estaría buscando instalar a un representante de las iglesias cristianas en la instituciones y servicios del Estado.
EVANGELIZANDO AL ESTADO
Si bien se esperaría que las interminables crisis políticas y sociales que padecen los peruanos a diario mantengan a los parlamentarios enfocados en ofrecer soluciones al respecto, en el hemiciclo tendrían intereses personales que reciben mayor atención. Un ejemplo de ello es lo que ha ocurrido con la congresista Chirinos que parece estar haciendo su mayor esfuerzo por encajar con los intereses religiosos de la bancada de Renovación Popular y se ha convertido en la autora de un inesperado proyecto de ley titulado “Ley de capellanía integral en las entidades y servicios del Estado”.
La propuesta de Chirinos, que se encuentra en la agenda de la Comisión Permanente del Congreso, dice tener como propósito regular la institución de la capellanía en el país estableciendo los requisitos para quienes desempeñen esta función y se ampara en la Ley de Libertad Religiosa.
Acorde al propio texto presentado por la integrante de Renovación Popular, el capellán deberá estar acreditado y capacitado por una asociación que esté registrada en el Registro de Entidades Religiosa (RER) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Inexplicablemente, la nacionalidad del capellán jugará un rol importante en su designación debido a que, según el proyecto de ley, la persona designada deber ser, preferentemente, de nacionalidad peruana.
Esta asistencia religiosa se tendría que brindar en diversos lugares, como los centros penitenciarios, hospitales, entidades deportivas y culturales e instituciones educativas en todos los niveles. Además, entre las actividades que podrían realizar se han incluido misas, funerales y hasta matrimonios.
Sin embargo, un detalle que ha llamado la atención es que, a pesar que el proyecto de ley dice no favorecer a ninguna entidad religiosa o espiritual en particular, respetar la libertad religiosa y estar en contra de la discriminación religiosa, a la única religión que hace referencia este proyecto en más de uno de sus artículos es a la cristiana.
SEGUNDO ROUND
Pero esta no es la primera vez que el Congreso, y más precisamente Renovación Popular, intenta llevar la religión a las instituciones del Estado. En el año 2022, el congresista Alejandro Muñante presentó un proyecto de ley que con el cual pretendía las instituciones militares y policiales cuenten con un servicio de asistencia religiosa.
No obstante, en el proyecto de ley presentado por el congresista Muñante la tendencia a favorecer a un credo en particular era menos disimulada y señalaba directamente en el título que esta asistencia religiosa sería sólo para los cristianos evangélicos. Pero, además, pretendía que los ministerios de Defensa e Interior usen su presupuesto para implementar esta propuesta.
Acorde a lo que indica la propia página web del Congreso, este proyecto regresó a la Comisión de Constitución en octubre del 2023. Desde entonces no se tuvo más noticias al respecto hasta que la congresista Chirinos presentó esta nueva propuesta legislativa que parece ser muy similar y no sólo se limita a entidades militares y policiales sino que abarca muchas más instituciones además de habilitar que se lleven a cabo numerosas ceremonias y rituales.
Aunque la propia Constitución establece que el Perú es un Estado laico, este tipo de propuestas legislativas, como las presentadas por los congresistas Muñante y Chirinos, evidencian que en los poderes del Estado existe una clara intención por favorecer a determinadas doctrinas y que los parlamentarios están dispuestos a asumir un rol de pastores priorizando la difusión de sus dogmas.
El partido de César Acuña ha logrado instalar en el Ministerio de Salud a otro de allegados. En esta oportunidad, un excandidato a la alcaldía de Maynas y acusado de estas de fiesta en el peor momento de la pandemia se ha convertido en director ejecutivo con la venia del ministro César Vásquez.
Sin el respaldo de la mayoría de la población, graves errores que se siguen acumulando y deficientes resultados en el trabajo de los ministerios, el gobierno que encabeza Dina Boluarte ha encontrado en las agrupaciones políticas con representación en el Congreso su principal y única carta para sostenerse en el poder.
Sin embargo, en una política peruana ensombrecida por intereses subalternos y negociados bajo de la mesa, no hace falta ser demasiado suspicaz para notar que este respaldo del Legislativo a Boluarte y su gabinete no le está resultando nada barato a la mandataria y menos al Perú.
Durante los últimos meses, Sudaca ha expuesto una serie de designaciones hechas en diversos ministerios que no sólo carecen de una experiencia laboral que sustente estas contrataciones sino que se ha tratado de personajes, casualmente, vinculados con los partidos políticos cercanos al gobierno actual. Entre estos, uno de los que más destaca en la lista es Alianza Para el Progreso, el partido de César Acuña.
OTRO EX
Cuando César Henry Vásquez Sánchez, militante de Alianza Para el Progreso, fue designado por Dina Boluarte para tener a su cargo el Ministerio de Salud, las sospechas de un posible intercambio de favores entre la presidenta y César Acuña se encendieron. Lamentablemente para los intereses del Perú, diversos informes periodísticos expusieron que, tras la llegada de Vásquez al Minsa, tanto personas cercanas a Vásquez como a Acuña y su partido obtuvieron cargos y contratos con este ministerio.
Pese a que el escrutinio de los medios ha estado presente, el desinterés del ministro Vásquez pro realizar designaciones apropiadas se ha mantenido y hoy el Ministerio de Salud le sigue abriendo las puertas a personajes cercanos a su partido político. Sudaca ha encontrado un nuevo caso de un antiguo integrante de Alianza Para el Progreso que hoy consigue importantes designaciones en el ministerio que está bajo el mando de otro miembro de esta agrupación.
En esta oportunidad, el protagonista del nuevo anuncio del Ministerio de Salud es Yuri Alfonso Alegre Palomino, quien el pasado 20 de febrero fue nombrado como el nuevo director ejecutivo en la Dirección de Promoción de la Salud de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Publica del Ministerio de Salud.
Cabe señalar que, tres días antes, Alegre Palomino había renunciado a su cargo como director ejecutivo en la Dirección de Control y Vigilancia de la Dirección General de Salud
Ambiental e Inocuidad Alimentaria, puesto al que había accedido el 30 de octubre del año pasado.
Estas designaciones no parecían tener nada de sospechoso. Sin embargo, al revisar el historial de Yuri Alegre Palomino se puede encontrar que, pocos años atrás, fue candidato para la alcaldía provincial de Maynas, parte del departamento de Loreto, de la mano del partido político de César Acuña y del cual también es parte el titular del Ministerio de Salud.
ALEGRE PERO INOPORTUNO
Pero esto no es lo único que se conoce con respecto a Yuri Alegre. A inicios del año 2021, cuando el país todavía era cruelmente azotado por la pandemia del Covid-19, el nuevo director ejecutivo fue visto realizando una fiesta de cumpleaños con numerosos invitados y hasta banca de música pese a que, por esas fechas, todavía se le pedía a población mantener el distanciamiento social, se prohibían reuniones y se exigía el uso de mascarillas.
En este informe que fue publicado por el Diario Ahora también se cuestionaba la irresponsabilidad por parte de Alegre Palomino dado que en esa época atendía pacientes en el Centro de Salud de Morona Cocha así como en su consultorio personal y este tipo de reuniones habían ayudado a propagar con mayor velocidad los contagios.
Según la información de este medio, la fiesta tuvo lugar en los primero días del mes de abril del año 2021 y, para entender mejor el contexto y la gravedad de esa denuncia, se debe tener en cuenta que el mes de abril de ese año fue uno de los más trágicos para el país y que incluso se llegó a superar los cuatrocientos fallecidos en un día.
Durante los meses pasados, Sudaca ha publicado varios informes que exponen las numerosas deficiencias que está reportando en Ministerio de Salud en temas clave para el sector, como son los bajos números en vacunaciones, los errores en la compra de medicamentos y hasta la improvisación con las personas que reciben tratamiento para el VIH.
No obstante, el ministro Vásquez parece más enfocado en darle trabajo a personajes con pasado en el partido político en el cual él ha militado y, como el propio ministro lo ha señalado, incluso ya está pensando en su próxima aventura política como posible candidato al Congreso o en las elecciones regionales del 2026.
