Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

Tags:

Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

Cristian Rebosio

En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

Cristian Rebosio

Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

Cristian Rebosio 

Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

Tags:

app, Congreso, Jorge Torres Saravia

Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

Cristian Rebosio

Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

Cristian Rebosio

Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

Cristian RebosioEn esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

Cristian Rebosio

En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

Cristian Rebosio

Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

Cristian Rebosio

Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

Cristian Rebosio 

LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

Cristian Rebosio

Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

Cristian Rebosio

Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

Cristian Rebosio

En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

Cristian Rebosio

Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

Cristian Rebosio

Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

Cristian Rebosio

Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

Cristian Rebosio

Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

Cristian Rebosio

Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

Tags:

Lima, Municipalidad de Lima, Rafael Lopez Aliaga

Continúan los errores en el sector salud. En esta oportunidad, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud volvió a equivocarse en el proceso de adquisición de un producto farmacéutico utilizado por pacientes con cáncer.

Aunque, en las últimas semanas, los ministros del gabinete liderado por Gustavo Adrianzén que más escándalo e indignación han generado fueron Morgan Quero y Juan José Santivañez, el sector en el cual no se han dejado de cometer preocupantes y constantes errores es aquel que tiene a César Vásquez como titular.

Desde su llegada al Ministerio de Salud, en junio del 2023, la gestión de Vásquez ha estado bajo la lupa en numerosas oportunidades por situaciones por demás alarmantes como errores en la adquisición de medicamentos, falencias en las campañas de vacunación y hasta improvisación en los tratamientos que le brindan a sus pacientes.

En esta oportunidad, Sudaca ha tomado conocimiento de un nuevo caso en la compra de medicamentos que expone una grave falta de rigurosidad por parte del sector salud al momento de encarar estos procesos que genera retrasos para un sector salud que suele estar en condiciones precarias y que, aparentemente, está lejos de mejorar.

COMPRADOR DESCUIDADO

Esta historia comenzó el 9 de agosto de este año cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realizó una convocatoria para la adquisición de productos farmacéuticos oncológicos con  los cuales se iban a abastecer por el periodo de doce meses y por el cual se había estimado un valor de cerca de dieciséis millones de soles.

En esta lista, que incluía dieciséis ítems, figuraba la adquisición de “Triptorelina 3.75 mg inyectable”, el cual es utilizado en las personas que padecen cáncer de próstata, y para ello se había destinado un monto que superaba los cinco millones de soles del presupuesto anteriormente mencionado.

Este proceso siguió su curso y el 24 de septiembre del 2024 se hizo público que WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. había sido el postor elegido para recibir la buena pro con su oferta de S/3´977,850.00por el producto farmacéutico “Triptorelina 3.75 mg inyectable” y superar a las otras ofertas presentadas.
Cristian Rebosio

Sin embargo, semanas después, Farmindustria S.A., otro de los postores que participó en este proceso, solicitó que se retire la buena pro que se le había otorgado a WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. en el mes de septiembre. Los argumentos con los que sustentaban un pedido de este calibre eran, cuanto menos, desconcertantes.

Entre estos argumentos se señalaba que FarmindustriaS.A. había ofertado un producto que provenía de un laboratorio ubicado en India, un país que no es considerado en el grupo de los que cumplen con el criterio de alta vigilancia sanitaria, y que no había cumplido con la exigencia de presentar el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el área de fabricación de líquidos estériles, uno de los dos compuestos del producto.
Cristian Rebosio
Además, en los argumentos también se exponía que otro de los postores, GRUPO KMEDIC E.I.R.L., había sido descalificado del proceso y sus productos provenían del mismo laboratorio que Farmindustria S.A., con lo cual indicaban que ambos tenían el mismo problema de certificados.

Cristian Rebosio

Ante esta situación, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) se pronunció y aclaró cuáles eran los documentos que debían ser presentados y, además, informó que el laboratorio cuestionado no contaba con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Esta situación llevó a que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado el encargado de intervenir y determinar si estos cuestionamientos eran pertinentes. Fue durante este proceso que pudieron advertir que, tal como se había cuestionado, no hubo un mismo trato para los dos postores que provenían del mismo laboratorio y, mientras uno recibió la buena pro, el otro fue descalificado.

 

No obstante, lo más insólito de este caso sería descubierto posteriormente. Al revisar los documentos que habían sido utilizados, el Tribunal de Contrataciones del Estadoencontró que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no había cumplido con solicitar los documentos que correspondían para dicho proceso al haberse basado en requisitos que ya no estaban vigentes.

En la resolución que Sudaca pudo revisar, el Tribunal de Contrataciones del Estado expone que el  Documento de Información Complementaria usado erróneamente incluye documentos que no eran válidos, tal es el caso de la posibilidad de presentar certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha de vigencia o presentar Declaración Jurada de presentación de solicitud de certificado de BPM.

Ante este inesperado escenario, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que este proceso deba regresar a la etapa de convocatoria, lo que supone una demora de varias semanas y hasta meses para que se pueda concretar la adquisición de estos productos.

En la resolución emitida el pasado mes de noviembre también se puede leer un claro llamado de atención a quienes están a cargo del sector salud debido a que este percance que ha llevado a que este proceso de compra de varios pasos atrás tiene como único responsable al propio sector salud y, tal como se lee en la siguiente imagen, esta situación representa un obstáculo para la “satisfacción oportuna de los intereses del Estado”.

Lamentablemente, no es la primera vez que la salud de los peruanos es descuidada por errores evitables por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en los procesos de adquisición. En la última semana, Sudaca dio a conocer que otro error por parte de Cenares había sido perjudicial el plan de prevención y control del dengue a tan sólo semanas del inicio de la temporada más crítica.

 

 

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud comete un insólito error en la compra de materiales para el plan de prevención y control del dengue. Sudaca accedió a los documentos que detallan este cuestionable error.

Con la llegada de diciembre, la mayoría de peruanos empieza a sentir, cada vez con mayor intensidad, las cálidas temperaturas del verano. Pero esta estación, que para muchos puede ser sinónimo de época de visitar las diversas playas de la costa peruana, también se ha convertido en una época crítica para el sector salud.

Esto es debido a que es en estos meses cuando se registran numerosos casos de una enfermedad conocida el Dengue. Esta infección, que se transmite a través de la picadura de los mosquitos, se caracteriza por provocar fiebres altas, dolor de cabeza muy intenso y dolores musculares, aunque es pertinente señalar que también se registran casos de personas que desarrollan complicaciones mucho más severas.

En los últimos años se ha podido observar que los casos de dengue en Perú, así como en otros países de la región, han registrado cifras que encendieron las alarmas de los diversos gobiernos y sus respectivos ministerios encargados de la salud. En este 2024, el país ha registrado más de doscientos cincuenta mil casos y más de doscientos fallecidos.

Ante este panorama y con el inicio de la temporada en la cual se disparan las cifras, lo lógico sería esperar que el Ministerio de Salud tome acciones para lidiar con el Dengue y otras enfermedades infecciosas, como es el caso del Zika y Chikungunya. Sin embargo, el sector salud parece haber cometido un nuevo error que podría repercutir negativamente en la estrategia para responder a este problema que amenaza la salud de los peruanos.

UN DESCUIDO COSTOSO

En junio de este año, Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, convocó una licitación pública para la compra de dos ítems en lo que fue denominado “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA».

Según la información correspondiente a este proceso y que Sudaca ha podido revisar, se había estimado destinar más de un millón trescientos mil soles para la adquisición de un “kit de PCR tiempo real para detección de dengue, chikungunya y zika”.

Cristian Rebosio 

Para el mes de septiembre, cerca de tres meses después, la empresa SIMED PERÚ S.A.C. obtuvo la buena pro con su oferta económica que representaba menos de la mitad del valor inicialmente estimado para la adquisición del kit en cuestión. 

Cristian Rebosio

Pero, al siguiente mes, se supo que existían varios cuestionamientos con respecto al producto ofertado por la empresa que obtuvo la buena pro. Entre los principales argumentos se encontraban los siguientes:  “No existe documento que sustente que los “tubos sean utilizados para la extracción ni para uso en biología molecular”, “No acredita que los tips sean de uso en biología molecular”, “No acredita que el kit de extracción se pueda utilizar con tejidos”, “No acredita que el kit de extracción sea compatible con el kit de amplificación” y “El certificado de análisis ofertado no acredita la vigencia mínima solicitada”.

Fue en base a estos puntos que se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado en contra de la buena pro obtenida por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. ante lo que parecía ser la adquisición de un producto que no cumplía con los requerimientos exigidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y, por lo tanto, se podía interpretar como la adquisición de materiales que podrían resultar inútiles en la detección de dengue, chikungunya y zika.

Sin embargo, previo al análisis de los puntos cuestionados en la apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado atendió una cuestión previa ante lo que fue calificado como “posibles vicios de nulidad advertidos en el procedimiento de selección” y que, posteriormente, expondrían que fue el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud el principal responsable de los problemas suscitados en este proceso de compras.

Según se puede leer en la Resolución Nº 4558-2024-TCE-S4, el tribunal que atendió este caso advirtió que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)  “no precisa qué características técnicas y/o requisitos funcionales son las que deben acreditarse con los mismos”, situación que conllevó a que los postores no tengan claros los requisitos a presentar.

Cristian Rebosio

En la resolución se ha utilizado como ejemplo el caso de dos certificados (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)) que no pueden ser tomados como prueba que el producto ofrecido cumple con abordar las características requeridas para uno de los productos debido a que sólo brindan información sobre los estándares de calidad mas no del cumplimientos de especificaciones técnicas.

Cristian Rebosio

El descuido y falta de rigurosidad de Cenares en esta compra ha llevado a que, según lo señala la propia resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, los proveedores se basen en “la interpretación que le pueda dar cada uno de ellos” al momento de presentar los documentos que comprueben la idoneidad de los productos ofertados. 

Cristian Rebosio

La grave consecuencia de esta falta de claridad por parte del propio Cenares ha sido que el proceso, que ha tomado varios meses, tenga que volver a la etapa de convocatoria y con ello se pongan en riesgo las acciones planificadas de cara al inicio de la temporada de verano y la mayor proliferación de casos de dengue.

Cristian Rebosio 

NI ELLOS SE PONEN DE ACUERDO

Otra de las situaciones insólitas que han quedado al descubierto en esta resolución que data del pasado mes de noviembre es que existe una contradicción con respecto a la vigencia del producto puesto que no era claro si esta se debía presentar en la etapa de presentación de la oferta o cuando se entregue el producto a los almacenes. Por ello, el tribunal fue contundente al señalar que “ni siquiera la entidad (Cenares) tiene clara la forma de acreditación de vigencia del producto”.

Cristian Rebosio 

El pasado 18 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y, teniendo en cuenta lo relatado en este informe, tomó la decisión de declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 20-2024-CENARES/MINSA y, con ello, la “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA» sufrirá un inesperado retraso que tomará más tiempo del esperado.

Cristian Rebosio

En las numerosas resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado es común encontrar casos de postores que intentan recurrir a rebuscados argumentos para obstaculizar a su competencia y arrebatarles la buena pro obtenida, pero este caso marca una situación particularmente inusual en la cual se encuentran errores burdos que ponen en riesgo la salud de los peruanos en una época que el país entra a la etapa más crítica en lo que respecta a casos de dengue, zika y chikungunya.

Además, cabe señalar que no es la primera vez que Cenares y el propio Ministerio de Salud cometen errores en la adquisición de medicamentos o materiales. En los últimos meses, por ejemplo, Sudaca informó sobre el descuido por parte del sector salud al adquirir los tratamientos que requieren las personas con VIH.

Tags:

Cenares, dengue, Ministerio de Salud

Luego de recibir un duro castigo que le impedía contratar con el Estado, la empresa Telefónica del Perú intentó lograr una reducción. Sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado no le dio la razón a la multinacional y deberá cumplir los 36 meses de sanción.

En agosto del año pasado, una noticia causó gran impacto debido a que involucraba sanción a una de las empresas más importantes y con mayor presencia en el país desde hace varias décadas que había recibido una muy dura sanción. Según se pudo conocer por aquellas fechas, Telefónica del Perú había quedado impedida de contratar con el Estado por un periodo de tres años.

Sin embargo, la poderosa multinacional no se quedó de brazos cruzados e intentó librarse de esta penalidad. Pero, a finales del mes pasado, el Tribunal de Contrataciones del Estado cerró esa puerta para Telefónica. Sudaca tuvo acceso a resolución que detalla los argumentos de la empresa de telecomunicaciones que han sido descartados y la obligan a continuar cumpliendo la sanción original.

DIPLOMA FANTASMA

Esta considerable sanción llegó como resultado de una irregularidad detectada en  los documentos que fueron parte de la “contratación de servicio telefónico de cobro revertido automático 0800”, un servicio que Telefónica le brindó al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y, por el cual, la empresa multinacional recibió el monto de aproximadamente cien mil soles en un proceso que data del año 2021.

En ese mismo año, la Oficina de Abastecimiento y Servicios Auxiliares se comunicó con la Universidad Nacional del Callao para verificar que Jorge Luis Quispe Cruz, uno de los trabajadores involucrados en el proyecto, contaba con el “Diploma de Grado de Bachiller en Ingeniería Electrónica” que, supuestamente, había recibido en octubre de 1995.

Sorprendentemente, a los pocos días, la Universidad Nacional del Callao se pronunció y avisó que dicho diploma con esa fecha no existía y que, en los documentos correspondientes al año 1995, no figuraba ningún diploma a nombre de Jorge Luis Quispe Cruz, quien había sido presentado como personal clave dentro de la propuesta de Telefónica. Pero, además, Quispe Cruz ni siquiera había tenido un paso por esta casa de estudios.

Cristian Rebosio

Ante esta insólita revelación, Telefónica había solicitado un periodo de cinco días para llevar a cabo una revisión interna y presentar los descargos. No obstante, luego de ese periodo no existió ninguna respuesta ante lo que fue considerado como una “vulneración al Principio de Presunción de Veracidad por parte del Contratista, por presentación de documentación falsa”.

Cristian Rebosio

Como consecuencia, y sumado a que existían antecedentes de sanciones administrativas, el Tribunal de Contrataciones del Estado determinó que correspondía sancionar a la empresa Telefónica del Perú, en agosto del año 2023, impidiéndole contratar con el Estado por un periodo de treinta y seis meses.

Cristian Rebosio

NO SE RINDEN

La respuesta de la empresa de telecomunicaciones fue inmediata y presentaron un recurso de reconsideración en el mismo mes de agosto del 2023. No obstante, un mes después fue declarado infundado y, por lo tanto, la sanción entro en vigencia el día 20 de septiembre del año pasado.

Pero esta no fue la única vez que la poderosa trasnacional buscó evadir los tres años de sanción determinados por el Tribunal de Contrataciones del Estado. A finales del mes julio del presente 2024, Telefónica del Perú realizó un nuevo intento para librarse de la sanción que se impuso en su contra.

 

Cristian Rebosio

Alegando que la Ley General de Contrataciones Públicas aprobada recientemente indicaba que el periodo mínimo de sanción ya no era de treinta y seis meses, como estaba estipulado en el momento que se cometió la infracción, sino que sólo corresponderían veinticuatro meses, Telefónica pretendía un cambio en la penalidad que recaía sobre ellos. No obstante, la nueva resolución, amparándose en que dicha ley se encontraba en vigencia mas no en aplicabilidad, declaró no ha lugar esta nueva solicitud presentada por la empresa.

Cristian Rebosio

Pero este no fue el punto final de la historia. En un nuevo intento de librarse de la sanción que se les impuso inicialmente, la empresa Telefónica del Perú volvió a la carga el 30 de septiembre, cuando interpuso un recurso de reconsideración contra la resolución anteriormente mencionada teniendo como principal argumento que bastaba que la nueva ley esté vigente para que se pueda aplicar y, con ello, su tiempo de castigo se vea reducido.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, el resultado ha sido, nuevamente, adverso a los intereses de Telefónica. En esta nueva resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado le ha indicado a Telefónica del Perú no han aportado nuevos elementos que conduzcan a un desenlace distinto a los que habían obtenido anteriormente, como en la resolución del pasado mes de septiembre.

Cristian Rebosio

A ello se le ha sumado que la Ley General de Contrataciones Públicas, en la cual se pretendía amparar la multinacional de comunicaciones, le da la razón a la postura del Tribunal de Contrataciones del Estado y, con ello, sería imposible que la sanción de treinta y seis meses se modifique y se reduzca a veinticuatro meses sin poder contratar con el Estado.

Cristian Rebosio

El resultado de este nuevo intento de Telefónica de evitar cumplir con los tres años de sanción se pudo conocer el 18 de noviembre cuando la Resolución Nº 4552-2024-TCE-S6 del Tribunal de Contrataciones del Estado declaró infundado el recurso de reconsideración y dio por agotada la vía administrativa.

Cristian Rebosio

De esta manera, la historia parece haber concluido con una derrota para Telefónica que, increíblemente, a lo largo del caso intentó minimizar la gravedad de haber tenido a un trabajador sin la formación académicas que decía ostentar y al que, además, incluía como parte del personal clave, según se ha podido leer en los documentos de este caso que terminó con una poderosa empresa recibiendo una importante sanción.

Telefónica del Perú se comunicó con Sudaca e indicó que consideran como “una medida desproporcionada” la sanción impuesta por el Organismo Supervisor de Contrataciones y Compras del Estado (OSCE) debido a que el trabajador involucrado fue separado apenas se les informó de su situación y, además, “el servicio brindado al Ministerio de Trabajo se realizó de manera satisfactoria”. La empresa de telecomunicaciones agregó que ha recurrido al Poder Judicial con el objetivo de revertir la sanción.

Tags:

Movistar, Telefónica, Tribunal de Contrataciones

El discriminador proyecto de ley con el cual Renovación Popular y el sector ultraconservador del Congreso pretende evitar que se apruebe la unión civil y busca que se siga negando la existencia de parejas del mismo sexo.

La última semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue protagonista de una de las noticias más inesperadas. Con doce votos a favor, los integrantes de esta comisión le dieron luz verde al proyecto de ley presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) con el cual la unión civil de parejas del mismo sexo estaría más cerca que nunca de concretarse. 

Acorde a la ruta que se sigue en el Congreso, esta iniciativa legislativa deberá pasar a debate en el pleno y, en caso obtenga el respaldo mayoritario, se convertiría en una realidad que beneficiaría a un importante sector de la población que se encuentra desprotegido de una serie de derechos, como los derechos sucesorios y patrimoniales, la pensión de sobrevivencia y la posibilidad de administrar de forma conjunta bienes adquiridos durante la convivencia.

Aunque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad en cerca de cuarenta países, incluyendo varios de Sudamérica, este proyecto de ley que no cumple con las mismas expectativas del matrimonio igualitario pero brinda una serie de derechos importantes ha generado un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y discriminadores de la sociedad peruana. Incluso Fuerza Popular, la agrupación de una de las impulsoras de la iniciativa, ha manifestado que la mayoría de sus integrantes están en contra.

Sin embargo, entre lo más sorprendente de las reacciones que se han visto en estos días se encuentra el proyecto de ley con el cual el bloque ultraconservador del parlamento pretende responder a la unión civil y que incluye una indiscutible necesidad de ocultar la existencia de parejas del mismo género.

LA ALTERNATIVA

El pasado martes, la bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 9324/2024-CR. Con el título de “Acuerdo Patrimonial Solidario”, la iniciativa que tiene como autor al congresista Alejandro Muñante y cuenta con las firmas de otros cinco parlamentarios (Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, María Jaúregui y Noelia Herrera) propone una extraña alternativa con la que busca disuadir a sus colegas de ver a la unión civil como una necesidad.

Cristian Rebosio

El autor de esta polémica iniciativa ha señalado en su presentación que tiene como objeto  “crear un régimen especial patrimonial mediante el cual dos personas puedan ejercer derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial” y lo describe como un “acuerdo de voluntades entre dos personas”.

Cristian Rebosio

En estos primeros puntos se puede observar una considerable diferencia entre este proyecto y el que presentó el congresista Cavero en el año 2022. Tal como se observa en la siguiente imagen que corresponde al proyecto del congresista de Avanza País, la iniciativa de la unión civil la reconoce como una institución constituida por dos personas que tienen el fin de compartir un proyecto de vida.

Cristian Rebosio 

Además, mientras que la unión civil contempla la posibilidad de tomar decisiones médicas con respecto a su conviviente, el derecho a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, la posibilidad de asegurar a su pareja en un régimen de seguridad social con las mismas condiciones que conyugues o convivientes y muchos derechos más, la alternativa propuesta por Renovación Popular apenas les concede la chance de otorgarse herencia y el acceso a la pensión.

Cristian Rebosio

DE LO QUE NO SE HABLA, NO EXISTE

En el proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y que Sudaca ha podido revisar, apenas en el artículo 6, el cual se muestra en la imagen anterior, se hace mención a los derechos que tendrían quienes formen parte de este acuerdo patrimonial solidario, mientras que en cuatro de las nueve páginas se puede leer sobre los “peligros” de la unión civil.

Entre las insólitas advertencias que realizan los congresistas de Renovación Popular, una de ellas se enfoca en señalar que la aprobación de la unión civil llevaría a que ocurran cambios en las normas sociales y, por esta razón, se le puede considerar una amenaza a la estabilidad social.

Cristian Rebosio

Pese a que la intención detrás de este proyecto de ley sería ofrecer una alternativa para la comunidad LGTBI, los congresistas del partido celeste parecen no haberse podido contener y han dejado claro en estas páginas que  la posibilidad de hablar de diversidad sexual y reconocer la existencia de parejas del mismo sexo es un tema que ellos ven como algo que “genera preocupación”.

Cristian Rebosio 

Aunque agrupaciones políticas como Renovación Popular suelen tratar los reclamos de la comunidad LGTBI como la exigencia de privilegios y no de igualdad, entre los párrafos de la iniciativa legislativa propuesta parecen dejar muy claro que sólo las uniones entre personas heterosexuales tienen importancia en la sociedad peruana. 

Cristian Rebosio

Cabe señalar que esta propuesta presenta como antecedentes a proyectos que, años atrás, fueron presentados por dos pastores evangélicos, como es el caso de Julio Rosas y Humberto Lay, y Martha Chávez, la excongresista fujimorista militante de las posturas más conservadoras de la iglesia católica.

Cristian Rebosio

“De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina”, dice el personaje de Valeria Vegas en una de sus líneas más recordadas en la popular serie ‘Veneno’, la cual relata la trágica historia de una mujer trans en la España de los años noventa. Lamentablemente, en pleno 2024, la respuesta de un sector del Congreso a la unión civil parece decir que parejas del mismo sexo es un tema prohibido, una realidad que se debe fingir que no existe y  algo que se debe marginar con leyes que parecen para ciudadanos de segunda.

Tags:

Congreso, Renovación popular, unión civil

Una serie de extrañas coincidencias despiertan sospechas en la Biblioteca Nacional por la contratación de un arquitecto que costará más de veinte mil soles.

Que en la Biblioteca Nacional del Perú se ha perdido el rumbo no es una novedad. En el último mes, Sudaca ha informado sobre la inexplicable decisión de nombrar como jefa institucional a Ana Peña Cardoza, una persona ajena al trabajo relacionado con el manejo de una institución de este calibre.

Pero el futuro de la histórica biblioteca parece ser más sombrío de lo que muchos podían prever. Sudaca ha accedido a nuevos documentos que no sólo relatan una sucesión de improvisaciones producto de la inexperiencia e ignorancia de quienes ocupan los principales cargos sino que estas personas incluso han empezado a utilizar el poder para beneficiar a sus conocidos.

UNA AMISTAD DE 22 MIL SOLES

Se suele decir que la amistad no tiene precio, pero, en algunas oportunidades, existen amistades que pueden llevarte a conseguir cuantiosos contratos de varias cifras. Esto es lo que parece haber ocurrido en la Biblioteca Nacional con el arquitecto Guillermo Pressiani, quien tiene una orden de servicio a su nombre por la cifra de veintidós mil soles.

Según la descripción del servicio por el cual Pressiani cobrará esta elevada cifra, la Biblioteca Nacional pagará los veintidós mil soles por un servicio de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos para la mejora de la infraestructura, un trabajo que podrá llevar a cabo a distancia y con reuniones virtuales.

Cristian Rebosio

Sin embargo, lo más llamativo de la llegada de Pressiani a la Biblioteca Nacional es su sospechosa cercanía con los altos cargos como la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, y el gerente general, Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra. En la siguiente imagen se puede observar que Pressiani tiene como amigos en la red social Facebook a Peña Cardoza y Saldaña Murrugarra.

Cristian Rebosio 

A este dato se le sumó otra extraña coincidencia que se encuentra en la experiencia laboral del arquitecto. Al igual que Peña Cardozo y Salgaña Murrugarra, Guillermo Pressiani tuvo un breve paso por el cargo de asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga en el Ministerio de Cultura. Pero, además, Pressiani comparte con la jefa institucional un pasado en la Universidad de Piura.

Cristian Rebosio

A esto se le ha sumado que, acorde a fuentes consultadas por Sudaca, en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, quince renuncias que incluyen principalmente a directores y jefes con experiencia en el sector que parecen no tener lugar con la gestión que ha tomado el mando.

¿UN CRIMEN EN LA BIBLIOTECA?

Pero en la Biblioteca Nacional también hay una novela de misterio y no nos estamos refiriendo a una de las que se pueden encontrar entre las obras literarias que albergan en el local de San Borja. Esta novela de misterio empieza con la inexplicable decisión de la jefa institucional al elegir a su nueva asesora  de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú.

En nuestro país, numerosos funcionarios públicos de distintos sectores cuentan con la posibilidad de designar a personas en cargos de confianza. “Aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público quien se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente” es la definición más precisa que podemos encontrar con respecto a lo que viene a ser considerado un empleado de confianza.

Cristian Rebosio

Pero, lamentablemente, esta posibilidad ha sido utilizada de la forma incorrecta en más de una oportunidad y ,lejos de sumar a sus equipos de trabajo a personas que permitan llevar a cabo una tarea de forma eficiente, son muchos los casos de funcionarios que prefieren utilizar este poder para regalar puestos de trabajo a sus amigos y hasta para devolver favores.

En la Biblioteca Nacional, en lugar de optar por una persona vinculada con la bibliotecología o, por lo menos, alguien que cuente con experiencia en el sector cultura, Ana Peña Cardoza le ha entregado este puesto a una criminóloga, una persona que se dedica a investigar y estudiar la delincuencia para prevenirla y reducirla.

Fue el pasado jueves 7 de noviembre cuando esta polémica designación se hizo oficial tras su publicación en el Diario El Peruano y Keila Miroslava Garrido Gonzales entró a la Biblioteca Nacional para ocupar el puesto de asesora II de la jefatura que lidera la señora Ana Peña Cardoza. 

Cristian Rebosio

Además, la trayectoria laboral de Garrido Gonzales demuestra que no se trata de una persona multifacética que ha combinado sus labores en el campo de la criminología con actividades que la hagan ver como una persona idónea para desempeñarse como asesora en la Biblioteca Nacional del Perú.

Acorde a la información sobre sus últimos trabajos, Keila Miroslava Garrido Gonzales se ha desempeñado estrictamente en un campo cercano con la criminología. Tal como se puede ver en su perfil de la red social LinkedIn, la recientemente designada asesora ha pasado sus años recientes en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

Cristian Rebosio

Recién en octubre de este año, casi un mes antes de su designación como asesora, Keila Garrido tuvo su primer acercamiento con la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, se registró una orden de servicio por doce mil soles bajo el concepto de un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para el despacho de la jefatura.

Cristian Rebosio

Los antecedentes de la actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú y los casos detallados en este informe invitan a creer que no sólo existe un desconocimiento de la dimensión de la institución que representan sino que existe cierta impunidad para entregar cargos y contratos importantes a sus conocidos.

Tags:

biblioteca nacional, BNP, Ministerio de Cultura
Página 9 de 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
x