¿Cuál es la estrategia del Ejecutivo y Legislativo para realizar denuncias sin pruebas sobre lo que ocurre con las protestas?

Es parte de la pequeñez de nuestra clase política. No muestran una sola prueba de sus afirmaciones. Un congresista boliviano habló de ponchos rojos, pero no hemos visto una sola foto de los ponchos rojos en el Perú. Es parte de la pequeñez de nuestra élite política que afirma cualquier cosa y no se siente obligada a presentar una prueba. 

¿Era el momento para incluir la bicameralidad y reelección de congresistas en el debate sobre las nuevas elecciones?

Soy partidario de la bicameralidad y reelección. Pero en estas circunstancias no es lo más indicado plantear ese tipo de reformas. Si se plantean, no tienen que ser resueltas en el congreso. Tienen que ir a referéndum, porque la población votó hace no mucho en contra de esas dos medidas. No podemos construir una democracia que se funde en la burla de la soberanía electoral. Tenemos que ir a convencer a los electores que son dos medidas correctas. 

¿Por qué si el Congreso es aliado de Dina Boluarte pide bicameralidad y hasta exige el cambio de los titulares de la ONPE y JNE si saben que de esa forma despiertan mayor desconfianza en una población enardecida? 

Lo de los organismos electorales se debe al hecho que hay un sector que solamente puede ganar elecciones adueñándose de la cancha, el árbitro, el equipo rival y del VAR. Eso tiene que ser rechazado porque iniciativas de ese tipo son anticonstitucionales. El Congreso no tiene las capacidades para interferir. En cuanto a que le aconsejen más muerte, represión y bala es porque ellos piensan que es lo correcto. La política de matar indios se inauguró en la colonia y ahora vemos caminando en la calle con traje y corbata a muchos visitadores Areche.

¿Es la renuncia de Dina Boluarte la salida de este conflicto?

Todo depende de un acuerdo político y que lo involucrados lleguen a un acuerdo mayoritario de una ruta de salida de la situación. Si ese acuerdo se logra, mantiene y respeta es probable que volvamos a un momento más tranquilo de la política nacional. Pero, si no es así y seguimos pulseando unos con otros, esta es la ruta del desastre.

¿Pedro Castillo y Perú Libre tienen un rol protagónico en estas marchas?

El gobierno está sacando varios cadáveres del closet y uno de ellos es el señor Castillo. No tiene ninguna capacidad de intervenir en ningún sector de la protesta. La demanda por su libertad y reposición se ha caído de la agenda de los manifestantes.

¿Cree que Dina Boluarte está considerando la posibilidad de una renuncia?

Yo le dije que tenía que incorporar en su repertorio de acciones posibles la renuncia como una forma de desbloquear y canalizar una situación complicada.

¿Qué le dijo cuando se lo sugirió?

Sólo me escuchó.

¿Por qué no llegó a ser primer ministro?

Porque yo le hice una propuesta sobre lo que debía hacer y empezaba por el reconocimiento político de las muertes que entonces era veintidós. Si no hay un reconocimiento político de las muertes, no nos podemos engañar. Nada más va a ser creíble. No es posible que nos acostumbremos a una democracia que cada cierto tiempo ve morir ciudadanos en manos  de las fuerzas del orden y nadie asume la responsabilidad. Ya nos ocurrió con Castillo. Las  protestas de agricultores y transportistas en Huancayo dejaron ocho personas muertas y ni el gobierno ni el Congreso tuvieron la fuerza para exigir responsabilidad política. Una democracia que acepta que casi medio centenar de ciudadanos mueran y no pase nada es una democracia muy enferma. 

¿Dina Boluarte es directamente responsable por los casi cincuenta peruanos fallecidos?

Lo es porque ella no le ha pedido responsabilidad política a quien debía, el ministro del cargo. Si la presidenta no le solicita la renuncia, ella está asumiendo la responsabilidad política y lo sabrá después cuando salga del cargo y vea que todo lo que ha hecho tiene una consecuencia penal, nacional e internacional.

¿Puede acabar presa?

No lo sé. Lo que pasa en los vericuetos del Poder Judicial yo no lo conozco.

¿Qué pudo haber llevado a que varios ministros renuncien a las pocas horas de haber recibido el voto de confianza por parte del Congreso?

Hay gente que conserva cierta dignidad y apego por la vida humana.

¿Estas renuncias pueden ser un llamado de atención para Boluarte sobre el peso real de sólo tener el apoyo del Congreso?

Hace días estamos con movilizaciones en todas las regiones. Hay más de cien puntos de carreteras bloqueadas, sabemos que manifestantes están llegando a Lima y se prepara un paro nacional. Si eso no la hace ver que la política que está teniendo no da resultados, no sé qué lo pueda hacer. 

¿Declarar Estado de emergencia y poner trabas para que las personas de otras regones lleguen a Lima es una estrategia adecuada?

Mire la reacción de los buses detenidos en algunas zonas. Lo que está generando es una reacción más enconada de la gente que es detenida y finalmente llegará a Lima. No hay más ruta que el diálogo. Eso es política, lo demás en replegarse en una actitud represiva del Estado. 

¿Lima se sumará a las protestas?

Ya hay un sector de jóvenes que se ha empezado a movilizar. Si eso se materializa, creo que la movilización juvenil de Lima, que tiene la cualidad de atravesar distintos grupos sociales, acelerará la cuenta regresiva del gobierno.

Con nuevas elecciones en un futuro cercano, ¿los partidos que hoy respaldan a Dina Boluarte podrían empezar a marcar distancia para no perder votos?

Quisiera ver cómo van a pedir el voto en Cusco, Puno, Arequipa y en los otros lugares donde hay movilización, enojo y protesta. No sé qué hará ese grupo que en este momento está empujando al gobierno en una dirección equivocada.

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Al igual que Josué Marocho, la titular de la Federación Universitaria de Cusco ve a Dina Boluarte como una persona que está realizando un cogobierno con el Legislativo. “El Congreso ha tomado por asalto el Ejecutivo. No son poderes separados”, explica. Por ello, pide que la nueva Mesa Directiva que asuma tras la renuncia de Boluarte, una de las exigencias que Labra respalda, tenga una actitud dialogante al considerar que “cada vez que el sur quiere hacer escuchar su voz no se le escucha”.

Kelyn Labra también descarta que estas movilizaciones tengan respaldo desde Bolivia o que las consignas sean impuestas por políticos de dicho país. “Evo Morales es un expresidente de un país hermano y un agente político importante, pero en esta medida de lucha descarto que haya tenido injerencia”, comenta al respecto. 

Por otro lado, Rómulo Ramos Miranda, secretario general de la Federación de Campesinos, sostiene que es importante hablar del referéndum para una nueva Constitución y responsabiliza a la actual de la situación que están viviendo en las regiones. “De qué democracia nos habla esta constitución si nos mandan a matar”, cuestiona Ramos.

“No hemos visto bolivianos acá. Son estrategias con las que quieren desprestigiar a las organizaciones”, comenta sobre las denuncias de algunos sectores y explica que durante las manifestaciones han observado personas infiltradas. “Hemos encontrado varios infiltrados y lo hemos hecho ver a la policía, pero no hacen nada”, cuenta a Sudaca y denuncia a los policías de tener “órdenes de matar a dirigentes y líderes de los gremios”.

Ramos Miranda dice no tener seguridad para dialogar con representantes del Estado y desconfía de las intenciones de Dina Boluarte. “Esa señora es capaz de mandar policías para que nos asesinen”, agrega. Además, anuncia que pronto estarán en Lima para realizar una nueva Marcha de los Cuatro suyos.

En las últimas horas, el Ejecutivo ha declarado Estado de Emergencia en numerosos departamentos entre los que se incluye a Cusco. Además, el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) ha publicado una encuesta en la que Dina Boluarte cuenta con un 71% de desaprobación a nivel nacional y un 58% considera que se cometieron excesos por parte de las fuerzas del orden frente a las protestas. El gobierno de Boluarte ha logrado contar con el respaldo de quienes solían ser la oposición, pero el camino para recuperar el diálogo con las regiones parece ser cada vez más complicado.

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EN MANOS DEL EJECUTIVO

José Saldaña Cuba, abogado y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, considera que esta propuesta debe ser revisada debido a que “la competencia de la administración del LUM recae en la participación de distintos órganos del Estado”. Resalta que” otros organismos, como los ministerios de Cultura, Defensa y Justicia, tienen competencia y participación” con respecto al Lugar de la Memoria, aunque es la Municipalidad de Lima la que otorga la autorización para el funcionamiento.

Para el abogado es claro que “la Municipalidad de Lima no puede decidir de manera unilateral y mucho menos sobre asuntos de tanta importancia como el contenido de la exposición”. Además, considera esta propuesta como una “imposición ideológica que tiene como principal problema el ocultamiento de la verdad y, por supuesto, de los crímenes perpetrados por las Fuerzas Armadas”.

Desde el punto de vista legal, Saldaña Cuba cuenta que existen opciones para evitar que el pedido de López Aliaga se convierta en una realidad. “Legalmente se pueden activar mecanismos judiciales como demandas de amparo que permitan que jueces ingresen a evaluar si estas medidas se ajustan a los derechos fundamentales como el derecho a la verdad. De esta manera se podría suspender los efectos de este tipo de decisiones administrativas”, expresó. 

Mientras tanto, la embajada de Alemania, país que contribuyó con más de cuatro millones de euros en la creación del LUM, emitió un pronunciamiento en el que la embajadora alemana, Sabine Bloch, invita al nuevo alcalde limeño a conocer el contenido que brinda el Lugar de la Memoria en sus exposiciones y le pone principal atención a una en la que se incluyen a los familiares de los miembros de la PNP y Fuerzas Armadas víctimas del periodo de violencia.

La propuesta de Rafael López Aliaga parece estar lejos de concretarse al depender más del Ejecutivo que de la Municipalidad de Lima. Sin embargo, por tratarse de uno de los líderes políticos con una considerable influencia en la capital, vuelve a poner en el centro de las discusiones políticas el tratamiento que se le da a un periodo de la historia peruana que todavía no ha sanado y sobre el que existe, en varias regiones del país, una percepción de impunidad en favor de las Fuerzas Armadas.

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Juntos Por el Perú recibirá S/ 687 321.48 para el primer semestre del 2023.

EL DIVORCIO DE LA IZQUIERDA

El inicio del fin de esta coalición política empezó en julio del 2021, según detallaron a Sudaca fuentes que han preferido mantenerse en reserva. Por aquella época, con Pedro Castillo como presidente electo y con Juntos Por el Perú presente con una bancada en el Congreso, el diálogo entre las agrupaciones de Verónika Mendoza y Roberto Sánchez Palomino se quebró y los intentos por mantener vigente el acuerdo firmado en septiembre del 2020 eran ignorados.

En septiembre del 2021, un año después que Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza firmaran el acuerdo político, Nuevo Perú le mandaba una carta a la agrupación política del entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, esta nueva invitación para retomar el trabajo conjunto no fue escuchado por Juntos Por el Perú.

Nuevo Perú intentó en repetidas oportunidades continuar con el acuerdo político.

Por el contrario, en la interna de Juntos Por el Perú el clima parecía de máxima hostilidad con quienes pocos meses atrás habían sido sus aliados en su intento de llegar a la presidencia del Perú. Ni la bancada que compartían en el hemiciclo y fue producto del trabajo de ambas agrupaciones pudo unirlos para desarrollar una agenda conjunta.

Sudaca accedió a la conversación de un grupo de Whatsapp en el que participa Raúl Del Castillo, quien era el encargado designado por el partido de Sánchez Palomino para implementar el acuerdo firmado en 2020, y en el que se leen frases como “Los de NP (Nuevo Perú) deben morder el polvo de la derrota” y se califica a los integrantes de Nuevo Perú como soberbios.

Desde Juntos Por el Perú no sólo los ignoraban sino que se los empezaron a ver como enemigos.

Fuentes que dialogaron con Sudaca señalaron que una de las razones por las que el partido de Sánchez Palomino habría marcado distancia de Nuevo Perú sería debido a que el exministro de Comercio Exterior y Turismo no se sintió respaldado por la agrupación de Verónika Mendoza cuando, tras la primera vuelta, se encontraba luchando por asegurar un lugar en el Congreso.

No obstante, fuentes confiables señalan que Nuevo Perú, quienes se convirtieron en un aliado importante para la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, incluso respaldaron a Sánchez Palomino para que pueda ser parte del gabinete pese a que Roger Najar, uno de los hombres de confianza de Castillo Terrones, prefería no tenerlo cerca al gobierno que por ese entonces estaba por iniciar funciones. Sudaca intentó comunicarse con Roberto Sánchez Palomino. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el exministro no respondió la invitación para brindar su descargo. 

Hoy el adelanto de elecciones parece inevitable. Pero también parece un hecho que, si hay una candidatura de izquierda, difícilmente será con una candidatura que vuelva a unir a las agrupaciones de Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza, quienes hasta la fecha no han retomado el diálogo para continuar con los acuerdos que firmaron en 2020.

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Durante una entrevista, Dina Boluarte reconoció que algunos integrantes de su gobierno fueron designados porque se los recomendaron, ¿quiénes cree que aconsejan a la presidenta?

No sé si le aconsejan, pero creo en las responsabilidades políticas individuales. Eso de quién le aconseja termina siendo una excusa para no hablar de manera directa de quién tiene la responsabilidad. No veo en la señora Dina Boluarte una persona incapaz de razonar y reflexionar políticamente. Ella es la presidenta de la república y tiene una directa responsabilidad política por las vulneraciones a los derechos humanos que vienen ocurriendo. Boluarte es la principal responsable de la crisis política actual.

¿El Congreso citará a integrantes del gabinete para responder por los fallecidos durante las protestas?

Se han presentado pedidos, pero no son puestos en agenda. No es prioridad para la Mesa Directiva que, debemos señalar, está en armonía con la señora Boluarte. Hemos presentado cinco mociones para conformar una comisión investigadora para los heridos y fallecidos. Recuerde cómo durante el gobierno de Pedro Castillo volaban las interpelaciones a la mínima critica que la prensa sacaba. Hoy, pese a tantas muertes, no existe ninguna voluntad política y eso demuestra un desprecio hacia un sector de la población.

¿Coincide con el sector de la izquierda que ve a Pedro Castillo como un perseguido político?

El señor Castillo es expresidente y la justicia ha actuado rápidamente. Se ha formado una comisión especial a cargo de la señora Benavides. No tengo más para decir salvo que haya un debido proceso como con cualquier persona. Creo que deberíamos preocuparnos por el gobierno de Dina Boluarte.

¿Por qué voto en contra del adelanto de elecciones?

Yo he planteado que sea en 2023 y lo que se estaba votando era un adelanto para el 2024. Además, hay un conjunto de reformas que van en la línea con lo que un grupo de fuerzas políticas quiere hacer que es imponer la bicameralidad, reelección y sus reformas. Incluso no quieren que se implemente de manera clara las elecciones primarias. 

Algunos de sus colegas están exigiendo que los titulares de ONPE, RENIEC y JNE abandonen sus cargos, ¿lo considera un ataque a la democracia?

Una bancada presentó ese pedido y lo hemos rechazado. Hay una actitud hostil al sistema electoral porque siguen partiendo de una lógica de fraude. Quieren copar las instituciones del sistema electoral y eso sería un grave atentado. Es peligroso y no lo debemos permitir.

¿Ve alguna figura con posibilidades de ser presidenciable para este adelanto de elecciones?

Ahorita no. Sí creo que hay un proceso político complejo y los movimientos de izquierda tendrán que dialogar para ver cómo afrontar el escenario..

Algunas versiones señalaron que Dina Boluarte se reunió con algunas bancadas antes de la vacancia de Pedro Castillo, ¿su bancada estuvo fue una de ellas?

Jamás participé en reuniones previas ni tuve ningún nivel de comunicación. Desconozco si se realizó o no.

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Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.

La cuota ultraconservadora

Pero, además de Jorge Chávez, hay otro ministro cuyas capacidades al frente de su sector son puestas en duda. Se trata de Oscar Becerra, el nuevo ministro de Educación. Becerra Tresierra, quien fue director de Tecnología Educativa del Minedu en el pasado, se muestra en redes sociales como un férreo opositor al enfoque de género y tiene expresiones agresivas contra la comunidad LGTBI. A ello se le suma que Becerra acusa a ONPE de “poner” a Pedro Castillo como presidente.

Sin embargo, hay más razones para tomar con preocupación su llegada al Minedu. Según un informe periodístico realizado por el periodista Marco Sifuentes en 2012, Becerra estuvo involucrado en una cuestionada compra de laptops durante el gobierno de Alan García que le costaron al país un aproximado de 150 millones de dólares. Una compra que, como señala el informe, se habría realizado sin el proceso de licitación correspondiente y terminó con un incendio en los almacenes del Minedu que destruyó cuarenta mil de estos dispositivos.

Con estas nuevas designaciones, por más que sean aceptadas y hasta defendidas por un sector del Congreso y las conocidas cuentas troll en redes sociales, ponen al gobierno de Dina Boluarte ante un panorama complejo en el que un discurso más cercano al del repudiado Congreso la podría distanciar todavía más de una población que parece implacable en su lucha contra el Ejecutivo.

“Los machetes tenían el sello de donde los habían comprado. Es difícil que un campesino venga con machetes nuevos. Es completamente inaudito pensar eso”, comenta Wilder Sánchez sobre las imágenes mostradas por la policía. Mientras, para el abogado Mayta Frisancho, esto sería un intento de mostrarlos como terroristas pese a que “se ha hecho un registro personal a cada campesino y no han encontrado nada”.

“Los campesinos hemos sufrido mucho. Hemos tenido líderes que han sido asesinados por los dos bandos, tanto por los alzados en armas como por las Fuerzas Armadas”, cuenta el presidente de la Confederación Campesina y agrega que, si bien los campesinos tuvieron simpatía por Pedro Castillo durante la época de campaña, ellos no respaldan sus acciones. “Estamos dispuesto a trabajar con cualquier gobierno y eso no quiere decir que uno sea portátil de un gobierno”, expresó.

Cerca de la medianoche del sábado, los campesinos intervenidos fueron liberados más de doce horas después del ingreso de la policía al local de la Confederación Campesina del Perú. “El daño está consumado, ya se les ha agraviado. Se han difundido imágenes y nombres. Los hicieron ver como terroristas”, comenta el abogado Mayta Frisancho y reclama el accionar de las autoridades. “El mismo premier había dicho que el derecho a la reunión no sería suspendido. No hubo un mandato judicial de allanamiento”, comentó a Sudaca.

UN ANTECEDENTE ALARMANTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) realiza una intervención que genera sospechas. En sus antecedentes cuentan con el tristemente célebre Operativo Olimpo. Ese megaoperativo policial fue presentado ante los medios como la captura de 77 personas que supuestamente tenían conexión con Sendero Luminoso y, luego de haberlos tenido encarcelados por un año y medio, debieron ser liberados por falta de pruebas.

El vandalismo en las recientes manifestaciones contra el gobierno es innegable. En el informe publicado por Sudaca titulado “La lógica detrás de las protestas sociales”, los propios dirigentes de los movimientos reconocían que había infiltrados y que ellos mismos estaban realizando los esfuerzos necesarios para ahuyentarlos. Sin embargo, el intento de vincular las manifestaciones con grupos terroristas, el popular “terruqueo”, hoy sólo podría generar más desconfianza hacia las autoridades si no está correctamente sustentado y si los procedimientos se ven ensombrecidos.

¿Les puede servir esta perspectiva a largo plazo teniendo en cuenta que Castillo y Perú Libre no parecen tener un futuro político con posiciones de poder luego de este periodo?

También es una forma de decir que no les gustan las decisiones tomadas por los parlamentos de derecha. Es una decisión que, además,  retrocede a la izquierda en lo que había sido un trabajo importante de reconocer que hay espacio para el pluralismo, que ellos también pueden ser un agente antidemocrático y que lo correspondiente es reconocer que nadie puede cerrar instituciones democráticas.

¿Terminamos viendo un apoyo a Pedro Castillo más grande del que se esperaba?

Se está viendo un apoyo  grande que ya se veía desde antes. Su apoyo en el sector rural y sur no era bajo. A eso se la ha sumado un elemento de identificación, porque lo ven como el presidente que vino de abajo. Pero, además, a las protestas se le ha sumado el sentimiento anti Congreso. Eso es algo que debería tener en cuenta el Legislativo, están jugando con fuego al demorar las elecciones, porque si algo es detestado en este país es el Congreso.

Los errores que venía cometiendo el gobierno de Pedro Castillo invitaban a pensar que para la izquierda podría ser difícil volver a convertirse en una opción política fuerte en las próximas elecciones. Sin embargo, en los últimos días vemos un congreso derechista que recibe cuestionamientos y es muy odiado. ¿Ha cambiado el panorama político de cara a las próximas elecciones?

Las próximas elecciones van a depender de la madurez de los partidos y actores políticos, algo que ha sido muy escaso en el Perú. No me sorprendería que terminemos con tres o cuatro opciones de izquierdas o extrema derecha y, al final, sean diecisiete candidatos. Para recuperar la política es central construir alternativas, dialogar y negociar algún perfil programático para que ese grupo lo represente en el Congreso y mantenga una línea a través del tiempo. Creo que lograr eso en este momento es muy complicado y más con los actores políticos actuales, que no están pensando en esas cosas sino en beneficios a corto plazo.

¿Entonces la izquierda podría tener oportunidades pese al desastroso gobierno de Pedro Castillo?

Hay un voto de izquierda y derecha duro. Probablemente el de izquierda es más grande. Esos sectores están representando a actores que piensan así en el Perú. Por eso cuando dicen crisis de representación estoy de acuerdo, pero no hay problema de representación para todos. Porque hay sectores que tienen representantes como los que buscan. También creo que la izquierda peruana tiene que darse cuenta que hay parte de su grupo dispuesta a dejar pasar lo que sea. Deberían pensar si pueden estar en un mismo espacio o marcar diferencia. En la reciente crisis por el golpe se vieron diferentes puntos de izquierda, unos más democráticos que otros.

¿Por qué el Congreso está demorando el adelanto de elecciones?

Por un lado está el enfrentamiento sobre lo que debe incluir el adelanto. Unos se quieren quedar más y otros menos, y van a encontrar justificaciones técnicas que las hay para que no pueda ser inmediato. Pero también hay muchos congresistas que saben que si salen del parlamento es muy difícil que vuelvan a tener una posición con esa importancia.

Dentro de este debate se ha incluido la bicameralidad, ¿sería un aporte para la política peruana en este momento?

Tengo la idea que algunas reformas mínimas son necesarias para poner reglas más claras, como para cuestión de confianza o vacancia. La bicameralidad me parece importante porque da una dinámica diferente en el Congreso. Pero la urgencia de ahora es el adelanto de elecciones. Mientras más técnica y exigente se ponga la discusión, va a ser más difícil e irrelevante. Creo que es jugar con fuego.

Sudaca pudo dialogar con algunos de los representantes de los movimientos sociales que se están manifestando y estos señalan que no tienen interés en dialogar con el gobierno pese a que Dina Boluarte mencionó la posibilidad de mesas de diálogo, ¿cuál puede ser la alternativa?

Bienvenido el diálogo, pero ya te vas quedando solo desde antes. Se demoran en tomar decisiones. Cómo se va a ver que vaya a zonas donde hubo violencia. Es muy difícil. Han equivocado los tiempo y  encima estuvieron esas fotos y recepciones en Palacio. Creo que tenemos un serio problema de tiempos y oportunidad.

Si Dina Boluarte renuncia en un intento  de forzar el adelanto de elecciones, el presidente del Congreso asumiría la presidencia. ¿Sería bien recibida la llegada del congresista José Williams a Palacio?

La caída de Dina Boluarte con Williams asumiendo la presidencia llevaría a muchísimo conflicto. Escucho a algunos decir que pondría orden, pero está en duda porque son muchos frentes y a qué costo pondría orden. Pero también se debe preguntar si es el tipo de legitimidad que quieren. Ese sector más duro del Congreso no lo va a sostener si es que tiene que enfrentar protestas y problemas.

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