El Ministerio de Cultura se posiciona del lado de los sectores conservadores en el caso “María Maricón” con insólitos argumentos y enciende las alarmas por la conexión de este caso con el Lugar de la Memoria.

Semanas atrás, “María Maricón” se convirtió en una de las obras más famosas del país sin siquiera haberse estrenado. Pero no fue por la expectativa generada por la historia que se iba a contar ni por los actores involucrados en el proyecto. La razón de su repentina fama se debió al insólito y contundente pedido por parte de los sectores más conservadores del Perú para que esta representación no vea la luz del escenario.

Alegando que el afiche promocional de la obra era denigrante para la Iglesia católica, los creyentes más radicales se movilizaron para impedir que la obra no sea parte del Festival Saliendo de la Caja. Este reclamo incluso contó con el respaldo de políticos estrechamente vinculados a los sectores más conservadores, como el alcalde Rafael López Aliaga y varios integrantes del parlamento.

Pese a que Gabriel Cárdenas, director de la obra, intentó explicar que la obra no pretendía burlarse de la religión sino contar su experiencia como persona homosexual viviendo en un entorno creyente, las presiones de esta alianza religiosa – política llegaron a las oficinas del Ministerio de Cultura.

#EXCLUSIVO | El director de la obra «María Maricón», Gabriel Cárdenas Luna, habla por primera vez sobre el contenido de la obra censurada solo por su afiche. Y resalta que el contenido no era ofensiva ni contenía ningún ataque a la religión. pic.twitter.com/Q7rdiq7X72

— La Mula (@lamula) January 16, 2025

Finalmente, este último domingo, el Ministerio de Cultura ha emitido una resolución en la cual se aborda la situación de la obra “María Maricón” y se brindan argumentos que han llamado la atención. Sudaca pudo revisar este documento que, además, tiene como protagonista a un personaje que también ha sido parte de otro episodio controvertido en el sector cultura.

¿CULTURA O CENSURA?

Amparándose en el Informe N° 000028-2025-DGIA-VMPCIC/MC del propio Ministerio de Cultura, esta resolución ministerial publicada el último domingo tomó una decisión con respecto a la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo” que la obra había recibido sin mayor inconveniente a finales de diciembre del año pasado.

Para sorpresa de quienes habían seguido el caso, el Ministerio de Cultura terminó por alinearse con los reclamos de los sectores conservadores y tomó la decisión de retirarle a la obra “María Maricón” la clasificación de  “espectáculo público cultural no deportivo” validando argumentos que, además, podrían sentar un peligroso precedente.

En el documento que consta de trece páginas y Sudaca pudo revisar, el propio Ministerio de Cultura sorprende al detallar que una de los puntos más importantes en el informe que terminó por impulsarlos a tomar esta decisión fue la presencia de la palabra “maricón” en el título de la obra.

Otro de los aspectos a destacar en esta resolución ministerial es que el contenido de la representación teatral fue informado en el momento que se presentó la información necesaria para la calificación de la obra como espectáculo público cultural. No obstante, la resolución no sólo no hacen un análisis profundo de este contenido ni expone la ofensa que supondría a la religión católica sino que, tal como se puede leer en el último párrafo de la siguiente imagen, se siguen enfocando en el uso de la palabra “maricón”.

No conforme con ello, el Ministerio de Cultura también ha recurrido a otras razones insólitas y de cuestionable interpretación, como el acusar a la obra en cuestión de ser una representación teatral que va en contra el derecho a la libertad religiosa amparado por la Constitución.

En esta resolución también se pueden encontrar algunas contradicciones en las que cae el propio Ministerio de Cultura en un aparente intento de restarse responsabilidad. Por ejemplo, señalan que la PUCP omitió detalles relevantes y trascendentes sobre la obra y eso permitió que obtengan la calificación de espectáculo público cultura. Sin embargo, el principal argumento que da el ministerio para retirar dicha calificación no explica el problema con el contenido artístico sino que se enfoca en la presencia de la palabra “maricón”, la cual está en el título de la obra y, por lo tanto, era un detalle del cual tenían conocimiento desde que se presentaron los documentos el año pasado y nunca fue ocultado al ministerio.

¿ES SÓLO EL INICIO?

Resulta importante señalar que la polémica decisión sobre la calificación de la obra recibió el aval de Jamer Nelson Chávez Anticona, quien desde octubre del año pasado ocupa el cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y podría marcar una alarmante tendencia en el sector.

Como se recuerda, en los primeros días del 2025 se conoció, sorpresivamente, que Manuel Burga había dejado de ser director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) en lo que fue una decisión muy celebrada por sectores radicales que se oponían a que en este lugar se cuente una parte de la historia que no era favorable a sus intereses políticos y hasta se atribuían la salida de Burga.

Con la salida de este director, el elegido para ocupar su lugar en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue Jamer Nelson Chávez Anticona, justamente quien acaba de ceder ante las presiones de los sectores más conservadores y homofóbicos de la sociedad limeña en lo que podría ser un anticipo de lo que ocurrirá en el Lugar de la Memoria ante presiones similares por parte de estos grupos.

La pobre argumentación en cual se amparó el Ministerio de Cultura en el caso “María Maricón” ha demostrado que, actualmente, parece existir una orden política de no ser incómodos a estos sectores conservadores y la participación de Chávez Anticona en esta historia invita a creer que el Lugar de la Memoria no está a salvo de vivir una situación similar. 

Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

En esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

Continúan los errores en el sector salud. En esta oportunidad, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud volvió a equivocarse en el proceso de adquisición de un producto farmacéutico utilizado por pacientes con cáncer.

Aunque, en las últimas semanas, los ministros del gabinete liderado por Gustavo Adrianzén que más escándalo e indignación han generado fueron Morgan Quero y Juan José Santivañez, el sector en el cual no se han dejado de cometer preocupantes y constantes errores es aquel que tiene a César Vásquez como titular.

Desde su llegada al Ministerio de Salud, en junio del 2023, la gestión de Vásquez ha estado bajo la lupa en numerosas oportunidades por situaciones por demás alarmantes como errores en la adquisición de medicamentos, falencias en las campañas de vacunación y hasta improvisación en los tratamientos que le brindan a sus pacientes.

En esta oportunidad, Sudaca ha tomado conocimiento de un nuevo caso en la compra de medicamentos que expone una grave falta de rigurosidad por parte del sector salud al momento de encarar estos procesos que genera retrasos para un sector salud que suele estar en condiciones precarias y que, aparentemente, está lejos de mejorar.

COMPRADOR DESCUIDADO

Esta historia comenzó el 9 de agosto de este año cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realizó una convocatoria para la adquisición de productos farmacéuticos oncológicos con  los cuales se iban a abastecer por el periodo de doce meses y por el cual se había estimado un valor de cerca de dieciséis millones de soles.

En esta lista, que incluía dieciséis ítems, figuraba la adquisición de “Triptorelina 3.75 mg inyectable”, el cual es utilizado en las personas que padecen cáncer de próstata, y para ello se había destinado un monto que superaba los cinco millones de soles del presupuesto anteriormente mencionado.

Este proceso siguió su curso y el 24 de septiembre del 2024 se hizo público que WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. había sido el postor elegido para recibir la buena pro con su oferta de S/3´977,850.00por el producto farmacéutico “Triptorelina 3.75 mg inyectable” y superar a las otras ofertas presentadas.

Sin embargo, semanas después, Farmindustria S.A., otro de los postores que participó en este proceso, solicitó que se retire la buena pro que se le había otorgado a WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. en el mes de septiembre. Los argumentos con los que sustentaban un pedido de este calibre eran, cuanto menos, desconcertantes.

Entre estos argumentos se señalaba que FarmindustriaS.A. había ofertado un producto que provenía de un laboratorio ubicado en India, un país que no es considerado en el grupo de los que cumplen con el criterio de alta vigilancia sanitaria, y que no había cumplido con la exigencia de presentar el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el área de fabricación de líquidos estériles, uno de los dos compuestos del producto.

Además, en los argumentos también se exponía que otro de los postores, GRUPO KMEDIC E.I.R.L., había sido descalificado del proceso y sus productos provenían del mismo laboratorio que Farmindustria S.A., con lo cual indicaban que ambos tenían el mismo problema de certificados.

Ante esta situación, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) se pronunció y aclaró cuáles eran los documentos que debían ser presentados y, además, informó que el laboratorio cuestionado no contaba con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Esta situación llevó a que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado el encargado de intervenir y determinar si estos cuestionamientos eran pertinentes. Fue durante este proceso que pudieron advertir que, tal como se había cuestionado, no hubo un mismo trato para los dos postores que provenían del mismo laboratorio y, mientras uno recibió la buena pro, el otro fue descalificado.

No obstante, lo más insólito de este caso sería descubierto posteriormente. Al revisar los documentos que habían sido utilizados, el Tribunal de Contrataciones del Estadoencontró que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no había cumplido con solicitar los documentos que correspondían para dicho proceso al haberse basado en requisitos que ya no estaban vigentes.

En la resolución que Sudaca pudo revisar, el Tribunal de Contrataciones del Estado expone que el  Documento de Información Complementaria usado erróneamente incluye documentos que no eran válidos, tal es el caso de la posibilidad de presentar certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha de vigencia o presentar Declaración Jurada de presentación de solicitud de certificado de BPM.

Ante este inesperado escenario, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que este proceso deba regresar a la etapa de convocatoria, lo que supone una demora de varias semanas y hasta meses para que se pueda concretar la adquisición de estos productos.

En la resolución emitida el pasado mes de noviembre también se puede leer un claro llamado de atención a quienes están a cargo del sector salud debido a que este percance que ha llevado a que este proceso de compra de varios pasos atrás tiene como único responsable al propio sector salud y, tal como se lee en la siguiente imagen, esta situación representa un obstáculo para la “satisfacción oportuna de los intereses del Estado”.

Lamentablemente, no es la primera vez que la salud de los peruanos es descuidada por errores evitables por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en los procesos de adquisición. En la última semana, Sudaca dio a conocer que otro error por parte de Cenares había sido perjudicial el plan de prevención y control del dengue a tan sólo semanas del inicio de la temporada más crítica.