El conocido gimnasio Bodytech se encuentra bajo serios cuestionamientos por sus clientes luego de un inesperado cierre de sedes y problemas con la devolución de dinero. Sudaca conversó con los afectados para conocer esta historia.

Durante los últimos años se viene observando, como una tendencia mundial, que llevar un estilo de vida saludable ha cobrado especial importancia y, para lograr este objetivo, las personas optan por diferentes alternativas entre las que se encuentra el dedicarle un tiempo considerable a la actividad física. Como consecuencia, la proliferación de gimnasios se ha vuelto evidente en todo el país.

Sin embargo, pese al éxito que han logrado varios de estos negocios, no todos están brindándole el mejor trato a sus clientes. Este parece ser el caso del reconocido gimnasio Bodytech. Esta cadena de gimnasios de origen colombiano hoy se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que sus clientes denuncian engañosas maniobras de venta e irregularidades en la devolución del dinero.

PROMOCIONES ENGAÑOSAS

En diciembre del año pasado, Amparo Saucedo acudió a la sede de Bodytech ubicado en el centro comercial La Rambla para aprovechar una promoción que le ofrecía inscribirse por un año y recibir un mes gratis. Amparo se había enterado por su hermano, quien por ser cliente de este gimnasio se había enterado de esta oferta.

Sin embargo, tan sólo un mes después, Amparo se sorprendió con la noticia que Bodytech iba a cerrar la sede en la que se había inscrito. Cabe señalar que, a diferencia de otros gimnasios, en Bodytech sólo se puede asistir a la sede en la que el cliente se inscribió. Ante este panorama, Amparo optó por la devolución del dinero. “Nos hicieron llenar un formato y dijeron que se iban a comunicar con nosotros”, relató a Sudaca.

Cristian Rebosio

Tal como se puede observar en la imagen, la solicitud de devolución que presentó Amparo Saucedo se registró el 6 de enero. Pero, para finales de febrero, la fecha de la devolución seguía siendo una incógnita y, pese a la insistencia de Amparo, los encargados del gimnasio no le brindaban ninguna fecha en la que esto podría ocurrir.

Cristian Rebosio

En los últimos días de abril, Amparo recibió una nueva comunicación del gimnasio vía correo electrónico. “Hace unos días me ha llegado otro correo que indica una nota de crédito, pero nada más”, señala Amparo, pero agrega que el dinero que debían devolverle no ha sido depositado a su cuenta bancaria y que en este correo tampoco se menciona la fecha en la que podría ocurrir.

Cristian Rebosio

También en diciembre del año pasado, José Falcón, quien llevaba un tiempo como cliente de Bodytech, recibió un mensaje por Whatsapp en el cual lo invitaban a aprovechar una promoción para suscribirse a un plan anual. “Me dijeron que tenían una promoción especial y capaz el próximo año estaba más caro”, cuenta Falcón, quien finalmente terminó por aceptar dicha promoción.

Cristian Rebosio

Pero cuando José quiso hacer uso del servicio que había pagado encontró que la sede de Bodytech en La Rambla estaba cerrada. Falcón consideró la opción de trasladarse a otra sede de esta cadena de gimnasios, pero terminó por descartarla debido a que se encontraba sobrepobalada y, por ello, solicitó que de devuelvan el monto que había pagado en diciembre.

Aunque pidió el reembolso en enero, durante varios meses no obtuvo respuesta. Esto recién cambiaría a finales del último mes, cuando Bodytech le comunicó que la devolución del dinero ocurriría recién en el mes de octubre. 

Cristian Rebosio

“Me dicen que no hay representante de Bodytech. Prácticamente la empresa está en modo fantasma y lo que han hecho es restringir los comentarios en redes sociales”, comenta Falcón, quien hasta la fecha no ha recibido una explicación razonable para que retengan su dinero durante tantos meses y tampoco encuentra a un representante del gimnasio que resuelva estas dudas.

“La membresía me la han vendido en quincena de diciembre sabiendo que la sede va a cerrar”, reclama Falcón y señala que la ausencia de un representante de Bodytech que atienda sus reclamos lo lleva a desconfiar de la fecha en que, supuestamente, le van a reembolsar el dinero que pagó porque tema que el cierre de sedes continúe y la marca abandone el país en corto plazo. “Si no se piensan quedar, menos les va a importar cumplir con sus obligaciones”, advierte.

Arturo Padilla es otro de los clientes afectados aunque, a diferencia de los anteriores, la sede de Bodytech a la que asistía se encontraba en Miraflores. Según contó a Sudaca, el gimnasio seguía ofreciendo promociones para que los clientes renueven sus suscripciones hasta días antes de anunciar el cierre del local. “Ellos anuncian el 3 de enero que el cierre de la sede era para el viernes 12. Pero ellos han estado anunciando hasta el día 29 la promoción del 2×1 por un megáfono”, comenta.

Cristian Rebosio

Padilla solicitó la devolución del dinero que correspondía por el tiempo que faltaba para que termine el servicio contratado, pero también se encontró con una serie de demoras y explicaciones insatisfactorias. “Envían la nota de crédito, pero no te depositan nada en tu cuenta. Me dijeron que la nota es para que sepa que mi trámite está aprobado, pero no hay fecha de devolución”, explicó Arturo.

Ante esta incertidumbre por el reembolso, Arturo Padilla se contactó mediante el sitio web LinkedIn con un ejecutivo corporativo de Bodytech, quien le indicó que, para la devolución del dinero, “sólo falta la firma de Colombia”. Sin embargo, esta información se contradice con lo manifestado con otras versiones de clientes que, al buscar respuestas en las redes sociales de Bodytech Colombia, han recibido como respuesta que ellos no tienen relación con la situación de los gimnasios en Perú. 

Cristian Rebosio

HISTORIAL NEGATIVO

Tal como se puede observar en la nota de crédito que enviaron a algunos clientes, Inverdesa Perú S.A.C es el nombre de la empresa responsable de los gimnasios Bodytech en Perú y, al revisar su historial, parecen existir razones más que válidas para que sus clientes estén preocupados.

En 2020, Indecopi publicó un ranking con las cinco empresas que más reclamos recibieron por las dificultades que debían afrontar sus clientes al momento de desafiliarse o cancelar una suscripción y en esta lista figuraba Inverdesa Perú S.A.C en el cuarto lugar. Además, en los años posteriores, esta empresa ha seguido sumando denuncias y, entre 2020 y el 2024, Inverdesa Perú S.A.C acumuló treinta y cinco sanciones que los han llevado a recibir cincuenta y cuatro sanciones.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), para conocer los pasos que podrían seguir los clientes afectados. Según Cáceres, “Si la intención del gimnasio es cerrar, lo mejor es que quede constancia con una denuncia para que la autoridad tenga más herramientas para hacer que se respeten los derechos de los consumidores”.

Además, Cáceres explica que las pruebas que estos clientes tienen en las que queda expuesto que Bodytech los incentivó a renovar o adquirir suscripciones para el gimnasio a pocos días del cierre de las sedes puede servir como agravante en la denuncia y que esta puede llegar a sancionar a la empresa hasta con 450 UIT (S/2,317,500).

En los gimnasios, las rutinas suelen usarse para que los usuarios sepan qué ejercicios realizar para alcanzar el objetivo con el que se inscribieron. Pero en las oficinas de Bodytech pareciera que existió una rutina del engaño que buscaba convencer a los clientes de aceptar ofertas que luego no iban a poder cumplir ni reembolsar en un tiempo considerable.

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Bodytech, denuncia, Indecopi

Aparece nueva evidencia que expone a los infiltrados que el gobierno de Pedro Castillo había colocado en puestos estratégicos para beneficiar, entre otros, al prófugo sobrino del exmandatario.

Este último viernes 26 de abril se produjo la detención de un coronel de la policía de nombre Martín Gonzáles Sánchez, quien en su momento ocupó el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin). Sobre González pesa la acusación de pertenecer a una red criminal cuyo objetivo era obstaculizar los trabajos de captura a personajes vinculados con el expresidente e incluso hasta habría facilitado la fuga del juez César Hinostroza.

Sin embargo, que estas personas colaborasen con Castillo y sus allegados no se debería a una simple casualidad. Sudaca accedió a estos documentos que comprometen a González Sánchez y que también ponen al descubierto a los que colaboraron para que se puedan colocar a estos infiltrados en puestos clave. 

LA BANDA DE ACCIÓN

Acorde a los documentos revisados por este medio, Gonzáles Sánchez es señalado como uno de los integrantes de la presunta organización criminal llamada “Red Criminal en el Poder” que habría sido liderada por Pedro Castillo durante su paso por la presidencia.

Cristian Rebosio

Aprovechando el cargo que ostentaba, Martín Gonzáles se habría encargado de la filtración de información que ha sido calificada como “sensible y confidencial”. Con ello, este coronel de la policía ponía en alerta a los integrantes de la presunta organización criminal sobre las investigaciones así como las acciones de inteligencia de búsqueda y captura de prófugos.

Cristian Rebosio 

Claro que esta labor de filtración no fue realizada únicamente por Gonzáles. Haciendo un uso indebido de su cargo como director de la Digemin, el coronel Gonzáles promovió las designaciones de José Luis Alarcón Camacho y Martín Hanns Barco Rivadeneyra en posiciones claves en la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS) para poder acceder con mayor facilidad a la información que Pedro Castillo y su entorno necesitaban para evitar ser capturados.

¿EL RECOMENDADO DE CARRASCO?

Sin embargo, la participación de Martín Gonzáles se habría originado tras la recomendación de uno de los minsitros que formó parte del gobierno castillista. Esta persona ha sido identificada como el exministro Juan Carrasco Millones. Acorde a las declaraciones que brindó un colaborador eficaz, Carrasco Millones se refirió a Gonzáles Sánchez como “una persona que tenía cercanía a la fiscalía y otros contactos”.

Además, el extitular del Ministerio del Interior habló de Martín Gonzáles como alguien que “podía ayudar con sus problemas de investigación” antes de brindar el número de contacto de este coronel de la policía.

Cristian Rebosio

Tal como se pudo comprobar en la resolución suprema de su nombramiento, Juan Manuel Carrasco Millones se encontraba al frente del Ministerio del Interior en la fecha en la que Martín Gonzáles Sánchez fue designado como director general de la Dirección General de Inteligencia.

Cristian Rebosio

A ello se le suma que se ha señalado a Carrasco Millones como la persona que intermedió para que el prófugo sobrino del expresidente Castillo se contacte con Martín Gonzáles Sánchez para conversar con respecto a la información que le iba a filtrar sobre las investigaciones y acciones de búsqueda que se venían realizando para capturar a Fray Vásquez Castillo.

Cristian Rebosio

Con respecto a la cercanía de Carrasco Millones con el entorno de Pedro Castillo, cabe señalar que el ahora exministro incluso quedó registrado como uno de los visitantes a la polémica casa de Sarratea. Sin embargo, pese a las pruebas existentes, Carrasco no ha sido incluido, por ahora, en esta detenciones, aunque la situación podría experimentar un cambio radical en caso se presente una denuncia constitucional y el Congreso decida efectuar dicha acusación.

Si hasta la fecha existían cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo por los casos de corrupción que involucraban a sus funcionarios, estos nuevos testimonios ponen en evidencia que, durante su paso por Palacio de Gobierno, Castillo Terrones no sólo era indiferente a estos casos sino que hasta existía la voluntad de favorecer a los involucrados.

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Fray Vásquez, Juan Carrasco, Martín Gonzáles, Pedro Castillo

¿Cuándo empezó la lucha de Ana Estrada?

Ella tuvo un episodio muy fuerte en 2015 y estuvo internada por seis meses en el Hospital Rebagliati. Hay que recordar que lleva más de treinta años padeciendo la polimiositis. Su cuerpo iba deteriorándose y ese punto de quiebre que para ella significó casi una muerte en vida, una experiencia de terror que marcó la ruta para que ella pudiese renacer y conquistar su derecho a elegir los términos en los que iba a vivir y morir con dignidad. Cuando le dan de alta en 2015, ella cuenta que era un pedazo de piel con huesos de 35 kilos y que había salido otra persona de allí, que ya no era más ella, pero estaba determinada a empezar una nueva lucha para buscar su derecho a una muerte digna.

¿Cómo empezó a trabajar en el caso de Ana?

En 2019, Ana abre su blog para compartir su historia y luego tuvo una serie de reportajes que dieron eco de su voz hasta que, en noviembre, sale en Cuarto Poder y eso le da más visibilidad a su caso. La conozco a partir del reportaje, yo estaba en la Defensoría del Pueblo y ahí se inicia el trabajo para representar su caso y acompañarla desde la defensa jurídica.

Por las dificultades que representa encontrarse en un país en el cual la eutanasia no sólo es ilegal sino que, además, existe mucho desconocimiento al respecto, ¿se pensó en alguna otra alternativa?

Ella incluso buscó hasta la posibilidad de viajar. Porque en Perú la eutanasia es un delito, pero esto es algo que se practica. Ella pudo buscar la práctica en la clandestinidad, pero era poner en riesgo a las personas involucradas como su familia y a un médico si se ofrecía. También exploró la posibilidad de ir a Suiza pero costaba un montón de dinero. Son costos que no tenía la posibilidad de solventar. Después de explorar las alternativas ahí decide alzar la voz.

Durante estos años, ¿encontraron grupos que se convirtieron en los adversarios de esta lucha?

No es que hayan ido a plantarse a la casa de Ana, pero muchas de las voces disidentes se esconden en el anonimato y esto los envalentona a hablar en términos muy violentos. Es como si naturalizaran el odio. Estos personajes que en algunos casos son trolls, pero en otros tienen plataformas y minimizaban el coraje de Ana o, porque discrepaban de sus ideas políticas, la odiaban más. Es increíble cómo una mujer determinada, firme, con coraje y con las ideas bien zanjadas, pese a las limitaciones, se vuelve una amenaza. Casi dicen que es una cortina de humo. Por parte de la Iglesia también hubo pronunciamientos que develan la hipocresía de ciertos sectores que dicen ser afines a una religión que debería basarse en compasión y amor y, sin embargo, las acciones son contradictorias.

¿Cómo se comportó el sector salud?

Lo que sí tuvimos fue que el Colegio Médico del Perú se pronunció en su momento con una posición no muy clara. Por un lado decían que apoyaban el pedido de Ana, recuerdo un video que le mandó el decano mostrando su apoyo, pero a la vez decían que estaban a favor de la muerte digna de los cuidados paliativos. Utilizaban términos que, a nivel mundial y desde los más avanzados estudios de la bioética, ya no se utilizan y son terminologías desfasadas. Desde el Colegio Médico hay un desfase y se han quedado atrapados en el siglo pasado. La posición era un poco ambigua. Eran muy cautelosos. Creo que tienen una idea muy obsoleta de lo que significa el juramento hipocrático y lo invocan para decir que están en contra de la eutanasia, pero tampoco hablan de las condiciones de una persona que vive con altos niveles de sufrimiento y una enfermedad para la cual la medicina no tiene ninguna cura. La medicina más avanzada te dice que hay que respetar la autonomía y la dignidad del paciente, y eso, en algunos casos, involucra realizar procedimientos como la eutanasia sabiendo que siempre debe ser conforme a la autonomía de la persona que está perdiendo la dignidad a tal punto por el sufrimiento que vive que no tiene sentido preservar la vida biológica por encima de la vida biográfica. Hay todavía un trabajo por hacer con los médicos.

¿Por qué cree que entre los médicos existe esta resistencia?

Todavía están formados por un paradigma de la medicina obsoleto que no toma en cuenta las realidades que hoy tenemos. El paciente es un sujeto de derechos y el médico tiene que entender que su deber es servir al paciente y hacer valer la voluntad del paciente respetando su autonomía. Esto tiene que ver con una formación obsoleta de lo que ha sido la medicina muy divorciada de la ética médica y es una medicina muy paternalista en la cual el  medico sigue teniendo la última palabra. También hay un factor muy importante que es la religión. Lamentablemente, hay una distorsión de lo que son los preceptos católicos que terminan interviniendo en la práctica médica y, por ejemplo, la interpretación que se tenga del juramento hipocrático es antojadiza y permeada por sesgos religiosos que terminan desnaturalizando la prácticas y sobre todo si hablamos de hospitales públicos y cuando el médico no solamente es médico sino también funcionario público se quiebra altamente el principio de laicidad que debería garantizar esa separación de Estado e Iglesia que debería permitir que los medidos por mas creencias religiosas estas no pueden obstaculizar el servicio médico.

Luego de la experiencia que ha vivido con este caso, ¿se podría decir que el Perú es un Estado laico?

En la práctica no. Creo que estos casos ponen de relieve que el máximo pendiente que tenemos a secularizar el estado. La libertad de religión tiene que protegerse, pero lo que no se puede hacer es imponer esas ideas no sólo sobre otras personas sino en el actuar del Estado, el cual debe ser divorciado de lo que diga cualquier religión. Cuando existe un posicionamiento de la Iglesia que son contradictorios en temas de derechos humanos, el Estado no puede actuar desprotegiendo estos derechos porque la Iglesia tiene una posición. El tema es que el Estado está conformado por seres humanos que tienen sesgos impactados por la religión. Está bien tenerlo en tu casa, pero eso es Estado y no se puede naturalizar que se intervenga en la función pública. Ayer el Colegio de Abogados de Lima me llama para hacer una conferencia por el caso de Ana e invitan como la contraparte a un reverendo. Qué tiene que hacer un reverendo en una discusión que es jurídica y, además, es patrocinada por el Colegio de Abogados. Estamos muy mal en eso. El caso de Ana no solamente es una conquista, también es una lucha por secularizar el estado.

¿Cómo lidiaba Ana con esta influencia de la religión que no sólo se oponía a su pedido sino que también tenía integrantes que la ofendían?

Las dos llegamos a tener la piel curtida. Intentábamos no estar expuestas a ello. Por un tiempo, Ana cerró sus redes sociales por la cantidad de cosas que recibía. Era muy violento. Ambas lo interpretábamos como de quien venía, de un pobre alma cuyo odio venía de una carencia de amor. Te generaba un enojo por pensar quién se creían para decirle eso a Ana sin haber vivido lo que ella. Daba lastima esa persona por el enojo que tenía. Pero habían momento en los que sí afectaban.  Pero sabíamos que siempre iba a haber una reacción y es parte de la resistencia y el mover el status quo.

¿El camino legal que siguió Ana puede servirle a otras personas que buscan una muerte digna o fue un caso particular?

Hay una sentencia que  va a sentar un precedente y reconoce que la muerte digna es un derecho fundamental. Ahí hay un desafío en la definición, yo trato de dar pedagogía para definirlo de acuerdo a los tribunales que mejor lo han hecho, como es el caso de la Corte Constitucional de Colombia que el derecho a la muerte digna como el derecho a poner fin a la vida cuando seguir prolongándola es contraria a la idea propia de dignidad. Ese derecho se basa en la autonomía y la dignidad. La existencia al derecho a la muerte digna, que antes ningún juez lo había reconocido, sienta un precedente para que otras personas puedan invocarlo a través de un proceso judicial. Lamentablemente, en el caso de la eutanasia como forma de ejercer a la muerte digna, la excepción que se hizo solamente se restringió al caso de Ana. Creo que el reconocimiento al derecho de la muerte digna debería llevar a la despenalización de ese delito. No se puede hablar que existe un derecho a decidir si me estas restringiendo una opción que es una forma de ejercer ese derecho a una muerte digna.

¿Existen otras alternativas?

Existe otra forma de ejercer el derecho a la muerte digna que no es un delito y es lo que en términos técnicos se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico o lo que está reconocido en la ley como el rechazo al tratamiento médico. Si una persona es dependiente de una medida sin la cual no podría segur prolongando la vida, puede decir que no consiente más esta medida y la obligación del médico es retirarla para que esta pueda dar pase a una muerte natural. La justicia ya ratificó que es legal y los médicos tienen que respetar esta voluntad. Eso no se sabe con mucha frecuencia y algunos médicos siguen pensando que es eutanasia, pero no es un delito y está contemplado en la ley general de salud.

Si bien la eutanasia todavía no fue legalizada, ¿considera que a nivel social existe más aceptación por esta alternativa?

Creo que son muchísimos más los que están a favor. Nuncia había recibido tantas muestras de admiración, amor y cariño a nivel mundial. En Sudamérica tienen a Ana como un rostro firme en la defensa de un derecho. En el caso de Ecuador, Paola Roldán utilizó la jurisprudencia del caso de Ana y ella ha sido testigo de cómo su caso estaba permitiendo que en otros países se estuviese librando la lucha para despenalizar la eutanasia. Creo que son muchísimas más las personas que están sensibilizadas sobre la importancia de garantizar el derecho a una muerte digna y esto poco a poco ira llegando a una discusión abierta .

¿Cuál era el legado que Ana Estrada deseaba dejar al partir?

Ana luchó para conquistar su derecho a la muerte digna, pero al hacerlo robusteció la defensa no sólo de su derecho sino de los derechos del resto. Luchaba pensando también en el resto y en el legado que deja para la sociedad peruana. La lucha por el derecho a la muerte digna no es solamente para morir con dignidad sino para vivir con dignidad. Es una lucha que converge una serie de principios que debe orientar el actuar del Estado y derechos que tienen que ver con la dignidad y respetarla de principio a fin. La muerte es un proceso por el que todos vamos a transitar y no tiene que ser en sufrimiento. Ana nos enseño que se puede tomar el control de la vida hasta el final y ese es el justo actuar si uno quiere hacerlo. El derecho está para el que lo necesite. El que piense que solamente Dios te puede quitar la vida está bien, pero estas opiniones no pueden imponer a quienes no desean este curso de acción. Ana también luchó por estos derechos que son obstaculizado por un Estado que se niega a ser laico. Es una lucha que comprende varias luchas que no son individuales sino colectivas, y eso lo sabía bien Ana.

La impactante historia de una prisión preventiva injustificada que le costará dos millones a la justicia peruana y deja inconcluso un caso de asesinato.

En la legislación peruana, la prisión preventiva aparece como la medida de mayor magnitud que pretende, mediante la privación de la libertad del imputado, garantizar que esté presente en el proceso y evitar que este pueda convertirse en un obstáculo en la investigación en marcha. 

Al restringir la libertad personal, para que se dicten este tipo de medidas se requieren sustentos sólidos que justifiquen su necesidad. Sin embargo, en más de una oportunidad, los criterios para solicitar y dictar la prisión preventiva han pasado por alto detalles claves que finalmente han derivado en que personas inocentes vean esfumarse varios meses y hasta años de sus vidas detrás de las rejas.

LAS CONTRADICCIONES DETRÁS DEL ENCIERRO

En diciembre del 2016, Heráclides Antonio Arenas Delgado recibió una de las peores noticias que había recibido en sus sesenta y cinco años de vida al escuchar que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Chiclayo había dispuesto que permanecería en prisión un año y medio.

cristian rebosio 

A Arenas Delgado  se le acusaba de ser presunto integrante de una organización criminal y corrupción de funcionarios en un caso que había tenido como desenlace fatal al asesinato de Luis Roberto Cieza Herrera, quien se venía desempeñando como funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en diciembre del 2015.

Heráclides Arenas había terminado involucrado en este caso porque había sido señalado como el contador de los hermanos Samuel y Carlos Roncal, quienes supuestamente tenían una investigación pendiente en SUNAT por defraudación la cual  se encontraba a cargo de Cieza Herrera.  

Acorde a la hipótesis del fiscal, Arenas había tenido la tarea de convencer a Cieza de modificar el informe que tenía a cargo ofreciéndole una considerable cantidad de dinero y, como el funcionario de SUNAT no aceptó la oferta que Roncal le hizo mediante su contador, se dio la orden de asesinar a Luis Cieza.

Para justificar la prisión preventiva de  Heráclides se había usado la declaración de Liliana Arenas Abanto, la viuda de Luis Cieza Herrera, quien había indicado que conocía a Arenas porque era padre de uno de los compañeros de aula de su hijo y, además, agregó que “trabajaba como contador para una empresa que no sé exactamente cuál es, pero mi referido esposo le había hecho una auditoría a dicha empresa”.

A ello se le sumó lo dicho por un testigo cuya identidad no fue expuesta pero que acusó a Arenas Delgado de ofrecer un soborno  al funcionario. “Un aproximado de 500 mil dólares para dejar de investigar a sus jefes de Agropucalá”, indicó quien fue identificado como el testigo con clave N° 04-2016.

Si bien estas declaraciones parecen comprometedoras, no tardaron en evidenciarse grandes contradicciones. La primera fue que la viuda de Cieza había declarado inicialmente desconocer dónde trabajaba y luego mencionó que lo hacía para Agropucalá. Aunque lo más llamativo al respecto fue que, tal como lo informó el propio Departamento de Personal de la azucarera en el Oficio N° 63-2017/DP, Arenas nunca prestó servicios para Agropucalá.

Aunque Heráclides Arenas no había sido trabajador de Agropucalá, sí trabajó para Samuel Roncal, uno de los sindicados como autores intelectuales del asesinato de Cieza. Pero el trabajo que realizó Arenas para uno de los hermanos Roncal como parte de un proceso de fiscalización había culminado para 2013 con la cancelación del impuesto y multa correspondiente.

Además, en diciembre del 2013, el propio Cieza Herrera había tramitado el Memorando N° 1102-2013-SUNAT-210200 con el cual se disponía el traslado de Samuel Roncal como contribuyente a Lima, por lo que tanto Cieza como la Sunat Lambayeque dejaron de estar facultados para la revisión de sus estados tributarios.

En el caso de Carlos, el otro hermano Roncal Miñano, se le había realizado una fiscalización por presunto delito tributario, aunque esta había concluido en junio del 2015 y, para julio del mismo año, Carlos Roncal ya había pagado el impuesto omitido que ascendía a los 250 mil soles.

Estos hechos llevaron a que la tesis del fiscal Germán Montero Ugaz, con la cual se había justificado la prisión preventiva de Heráclides Arenas, sea fuertemente cuestionada debido a que no parecía existir una razón para que los hermanos Roncal ofrezcan un soborno a Cieza Herrera y menos para que estos ordenen sus asesinato. 

Claro que esta información no llegó a evitar que Heráclides Arenas pase más de un año tras las rejas. Si bien abandonó la prisión sin ninguna sentencia en su contra, los meses que pasó privado de su libertad por un caso en el que no parecían existir argumentos sólidos representan una indiscutible injusticia.

Cabe resaltar que el fiscal Montero Ugaz se desempeñaba como fiscal adjunto del fiscal Juan Carrasco Millones, quien ha estado involucrado en varios casos de un mal uso de la prisión preventiva y que han sido relatados en informes periodísticos de Sudaca. Además, fue el propio Carrasco Millones quien estuvo presente en el relato del testigo clave 04-2016 cuyas declaraciones fueron usadas para solicitar la prisión preventiva de Arenas.

TIEMPO DE REPARACIONES

Si bien nadie podrá devolverle a Heráclides los meses de su vida que pasó detenido, la justicia contempla la posibilidad de exigir una indemnización por el daño sufrido. Es por ello que Arenas Delgado ha presentado recientemente una demanda por daños y perjuicios.

Arenas Delgado exigen la suma de dos millones de soles por concepto de lucro cesante, daño emergente o patrimonial, daño moral y daño a la persona, aspectos que se habrían visto afectados por su ingreso a prisión como consecuencia de la prisión preventiva que se dispuso años atrás.

cristian rebosio 

Además del dinero que el Estado tendría que pagar ante una demanda que Heráclides Arenas tiene grandes chances de ganar, lo que esta insólita historia expone es el uso que se le está dando al recurso de la prisión preventiva que le puede costar al país varios millones y, como consecuencia más grave, le puede costar a personas inocentes varios meses y años de una vida que no podrán recuperar.

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Chiclayo, Heráclides Arenas, Juan Carrasco

Las incongruencias y contradicciones en las investigaciones de uno de los casos de corrupción más importantes del último tiempo.

En el informe titulado EL INFILTRADO INESPERADO, Sudaca relató los extraños movimientos en el desarrollo de la investigación del caso que involucraba al exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y varios funcionarios que su confianza. En este informe se relataba que uno de los detenidos contó que el alcalde contaba con la complicidad de un policía que le avisaba sobre los operativos que se iban a realizar en la municipalidad.

Extrañamente, luego de revelar la identidad de este policía, el funcionario cambió sus declaraciones en dos oportunidades con la intención de negar que conocía la identidad del policía señalado inicialmente y que, además, había estado involucrado con otras situaciones irregulares en el pasado.

Sin embargo, estos no fueron los únicos cambios sospechosos en esta historia. Sudaca accedió a nuevos documentos que exponen incongruencias en una investigación que ha dejado más dudas que certezas. 

IDENTIDAD CONFIRMADA

Aunque Nilton Monje fue el funcionario que mencionó por primera vez el nombre de Romel Díaz como el policía encargado de beneficiar al alcalde Cornejo Chinguel con información, este no fue el único que identificó a este policía como el informante que el alcalde presumía ante otros funcionarios de confianza como el aliado que les advertía sobre los operativos en desarrollo.

Susana Culqui Pacaya, quien ocupaba el cargo de subgerente de coordinación de alcaldía, también tuvo una declaración en la que expuso a Romel Díaz como el policía que actuaba en complicidad con el alcalde Cornejo. En las declaraciones que brindó el 28 de enero del 2019, Culqui relató que el alcalde le comentó que el comandante Díaz la conocía y había estudiado con ella.

Cristian Rebosio

 

Acorde a un documento emitido por la propia Universidad Señor de Sipán se pudo comprobar que Culqui Pacaya y el policía Díaz Paz coincidieron en su etapa universitaria como estudiantes de la carrera de Derecho en dicha casa de estudios con lo que se podría corroborar las afirmaciones del propio alcalde.

Cristian Rebosio

Pese a que estas declaraciones parecen contundentes con respecto a la identidad del infiltrado que ayudaba a Cornejo Chinguel, el 27 de febrero del 2019, la fiscal Ninaquispe Gil declaró que no procedía formalizar ni continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esta decisión no sería vista como razonable para José Hernán Neciosup Chancafé, procurador público anticorrupción descentralizado de Lambayeque, quien consideró que no existía justificación para que Nilton Monje y Susana Culqui mientan en sus declaraciones sobre el policía Díaz y calificó a la investigación como incompleta.

Cristian Rebosio

Por ello, la Fiscalía Superior Penal de Liquidación con competencia en delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso, en agosto del 2019, darle la razón al reclamo del procurador y revocó la disposición fiscal de Karim Ninaquispe en la cual declaraba que no procedía continuar con la investigación preparatoria contra el policía Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

No obstante, por más contradictorio que parezca, la persona a cargo de abrir nuevamente la investigación preliminar fue la fiscal Ninaquispe, la misma persona que previamente había realizado la investigación que fue calificada como incompleta y que, en octubre del 2020, volvió a declarar que no procedía formalizar ni continuar con la investigación contra Romel Díaz Paz.

Cristian Rebosio

 

OTRA VEZ CARRASCO MILLONES

Pero esta historia también tendría un capítulo reservado para el fiscal Juan Carrasco Millones. Como se detalló en el informe anterior, cuando Carrasco tuvo a su cargo la investigación con respecto al accionar del policía Romel Díaz Paz, el ahora exministro tuvo un accionar cuanto menos sospechoso.

Una nueva prueba de ello es la siguiente imagen en la cual se puede observar que Carrasco Millones solicitó que se genere la carpeta fiscal vinculada con la investigación a Romel Díaz Paz. En este oficio dirigido a mesa de partes se puede ver que la fecha que puso Carrasco indica 28 de enero, pero también hace referencia a una disposición recién se iba a conocer el 4 de febrero.

Cristian Rebosio

Estas extrañas inexactitudes con respecto a las fechas despiertan suspicacias al tener en cuenta que Carrasco Millones y Díaz Paz han estado involucrados previamente en casos cuestionados como el de “Los Limpios de la Corrupción” por el manejo de las colaboraciones eficaces y los informes de inteligencia para las prisiones preventivas.

Aunque las capturas de autoridades con tanto poder, como es el caso de un alcalde, invitaban a creer en que se trataba de un golpe contundente contra la corrupción, estas irregularidades en las investigaciones terminan por generar un sentimiento de mayor desconfianza de la población hacia los que deberían velar por una justicia implacable.

Se filtra un nuevo audio que compromete a la Municipalidad de La Molina en lo que parecería ser un caso de cobro de “donaciones” a cambio de una licencia de funcionamiento.

Nuevamente la municipalidad bajo el mando de Diego Uceda se vuelve a ver involucrada en un escándalo. Luego de los numerosos escándalos de maltratos y usurpación de cargo por parte de la esposa del burgomaestre, una nueva grabación pone al descubierto los extraños manejos que se vienen produciendo en este distrito.

En esta oportunidad, Sudaca accedió en exclusiva a un audio que expone las extrañas negociaciones que existían detrás del trámite para obtener la licencia de funcionamiento para comercios y las donaciones que se exigían en medio de estos trámites.

“POR ESO ESTAMOS PIDIENDO TU DONACIÓN”

En este audio que obtuvo Sudaca de manera exclusiva, se puede escuchar a Milagros del Rocío Boggiano Ybarburu, quien ha estado al frente de varias gerencias y subgerencias de la Municipalidad de La Molina desde la llegada del alcalde de Renovación Popular al cargo en enero del 2023.

Durante el año y tres meses que Boggiano ha prestado servicios a la municipalidad de este distrito ha ocupado los cargos de subgerente de promoción empresarial y autorizaciones, gerente de desarrollo económico e inversión privad y subgerente de fiscalización administrativa.

En el momento que se registró este audio, Boggiano habría estado ocupando el cargo de subgerente de desarrollo económico e inversión privada. En esta grabación se le puede escuchar durante una reunión con un comerciante que buscaba una licencia de funcionamiento y al que le decía “por eso te estamos pidiendo tu donación”.

En este mismo audio, Boggiano le indica este comerciante en qué se utilizarían las donaciones que le está exigiendo y le explica “porque se necesita, por ejemplo, para cumplir con show infantil. Para cubrir el tema del almuerzo para el equipo que estamos en cuenta. Bueno, yo no, pero los que van a estar en la organización”.

En la parte final de la reunión, Milagros Boggiano y el comerciante conversan sobre un expediente que tendrían observaciones pendientes por lo que la propia Boggiano le indica que “está bien complicada” y como sugerencia para que se pueda solucionar le dice “arréglalo”.

¿CASTIGO O ENCUBRIMIENTO?

Sudaca se comunicó con una fuente confiable de la Municipalidad de La Molina que ha señalado que, tal como figura en una resolución de gerencia municipal del 15 de marzo de este año, Milagros Boggiano presentó su renuncia.

Cristian Rebosio

Sin embargo, esto se debería a que las autoridades de La Molina se enteraron de la existencia del audio que podría exponer estas negociaciones a la opinión pública. Por ello, tal como se observa en la imagen, Boggiano no fue despedida sino que presentó su renuncia voluntaria a la subgerencia de promoción empresarial y autorizaciones.

Además, esta fuente ha señalado que, pese a la gravedad del caso y que en la Municipalidad de La Molina estaban al tanto de este cobro de coimas disfrazadas de donaciones, no se realizó ningún tipo de investigación ni denuncia al respecto y que el órgano de control interno ha permanecido indiferente a esta situación. 

Si bien el alcalde Uceda ha señalado que los anteriores casos en los que se difundieron audios que comprometían a su gestión eran un intento de desestabilizarlo y hasta negó que los audios fuesen verdaderos, el Ministerio Público sí tomó en serio estas denuncias periodísticas y dispuso el inicio de una investigación preliminar por el delito de usurpación de funciones.

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Aunque son varias las municipalidades con alcaldes que integran las filas de Renovación Popular y que se han visto involucradas en situaciones irregulares, la Municipalidad de La Molina con Diego Uceda como su máxima autoridad ha logrado, en menos de un año y medio en el cargo, consolidarse como la gestión más cuestionada.

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Diego Uceda, La Molina, Renovación popular

La impactante historia sobre uno de los policías que pasó de ser uno de los protagonistas en operativos contra la corrupción a ser señalado como el que alertaba a los investigados.

La madrugada del jueves 29 de noviembre del 2018, la gente de Chiclayo volvía a presenciar que, al igual que había pasado años atrás con Roberto Torres, un alcalde en funciones era detenido por presuntamente liderar una organización criminal. Ese día, el burgomaestre David Cornejo Chinguel terminaría arrestado y, días después, ocurriría lo mismo con otros funcionarios de su confianza. 

Si bien la caída del líder suele representar el golpe definitivo para  las organizaciones criminales, en este caso parecía que apenas estaban abriendo la puerta de un escándalo todavía mayor que no sólo había involucrado a funcionarios municipales sino que también incluía a un informante disfrazado con uniforme policial. Sudaca accedió a documentos de este insólito caso que, además, ha evidenciado una serie de irregularidades en las investigaciones posteriores.

EL INFORMANTE

Cuando se realizó el operativo en el cual se capturó al alcalde Cornejo Chinguel también fueron arrestados doce funcionarios y, como corresponde, se les tomó declaraciones para conocer su participación en la organización criminal. Uno de estos funcionario era Nilton César Monje Sampen, quien se había desempeñado en varios cargos de confianza en la Municipalidad Provincial de Chiclayo tras la llegada de Cornejo Chinguel a la alcaldía.

Por su cercanía con el alcalde arrestado se esperaba que Monje Sampen pueda aportar una declaración valiosa. Sin embargo, lo que terminó relatando fue una situación que pocos podían imaginar. En su primera declaración del 22 de diciembre del 2018, el exfuncionario reveló que, en una visita a la casa del alcalde, el propio Cornejo Chinguel le había contado que tenía un amigo en la policía que le advertía de los operativos hacia la municipalidad.

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Tal como se puede apreciar en estos documentos, Monje no sólo expuso la existencia de este infiltrado sino que lo identificó como el comandante Romel Díaz y, en otra parte de la declaración, señala que este aliado del alcalde incluso le había advertido que se estaban monitoreando sus llamadas y hasta se jactaban de haber frustrado un operativo a la Gerencia de Transportes gracias a la colaboración de este policía.

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Como era de esperarse, esta impactante revelación no tardó en llegar a los medios de comunicación y fue el diario Correo el que expuso a la opinión pública que el detenido alcalde de Chiclayo contaba con un policía como infiltrado para estar al tanto de cualquier operativo que lo pudiese perjudicar. Además, en dicha publicación se mencionaba que esta protección que recibía el alcalde era a cambio de diez mil soles mensuales.

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Pero lejos de tomar el camino de la transparencia, este caso empezó a tomar uno que generó un sinnúmero de sospechas y el 28 de enero se produjo uno de movimientos más llamativos de esta historia cuando Nilton Monje Sampen realizó una extraña ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje alegó que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.

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Pero esta no sería su única ampliación de declaración. En diciembre del 2019, Monje Sampen volvió a declarar y en esta oportunidad señaló que esta persona, a quien decía conocer sólo por el apellido Díaz, era un técnico de la policía que pertenecía a la religión evangélica. El exfuncionario municipal indicó que esta información la conoció por el propio alcalde Cornejo.

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EL EXPEDIENTE DÍAZ

Pero esta no es la primera vez que el policía Romel Díaz es noticia. En el pasado, tal como informó Sudaca en el informe titulado Informes fantasmas y castigos reales, Díaz estuvo involucrado con la elaboración de un informe que presentaba muchas irregularidades y fue usado para conseguir la detención preventiva de varios funcionarios que fueron involucrados con el caso “Los Limpios de la Corrupción”  pese a que el tiempo demostraría que esta medida era innecesaria y que no existían pruebas en su contra.

Es por esta razón que también resulta sospechoso el accionar del fiscal Juan Carrasco Millones, quien trabajó con Díaz en el caso “Los Limpios de la Corrupción”. Cuando este caso del posible infiltrado que proporcionaba datos de los operativos al alcalde cae en manos de la Fiscalía Especializada en delito de Corrupción de Funcionarios, la fiscal provincial Karim Ninaquispe le solicitó a su colega Carrasco Millones la información al respecto.

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Es a partir de este punto se empiezan a evidenciar algunas decisiones extrañas en el accionar de Carrasco Millones. Por ejemplo, en el documento correspondiente a la apertura de investigación preliminar, se observa que la fecha indica 28 de enero y, al mismo tiempo, se programa una ampliación de declaratoria para el mismo 28 de enero pese a que deberían avisarse con 72 horas de anticipación.

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Además, como parte de otro movimiento extraño por parte de Carrasco Millones previamente, decide citar a declarar a los policías que sólo habían sido testigos de la declaración que brindó Nilton Monjes en la cual inculpaba a Romel Díaz.

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Si bien la captura del alcalde Cornejo Chinguel parecía representar el fin de una organización criminal, lo expuesto por Nilton Monjes revela un problema incluso mayor, como lo es la filtración de información de operativos. Sin embargo, pareciera que por tratarse de un infiltrado inesperado la investigación de este caso ha terminado plagada de cambios inexplicables.

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Chiclayo, Juan Carrasco, Romel Díaz

¿Qué características podemos encontrar en la zona sur de la costa peruana? 

La distribución del fondo del mar es totalmente distinta. Mientras que en el centro y norte hay un fondo no muy profundo en donde ocurren los afloramientos varias millas fuera de la costa, en el sur el fondo cae muy rápido y los afloramientos no son tan lejanos de la costa. 

¿Se deberían aplicar restricciones distintas para la pesca dependiendo del lugar en que se realiza?

No hay razón para que hayan determinado cinco millas en el sur, centro y norte cuando en el sur la anchoveta difícilmente se va muy lejos y se pega a la costa. Por eso en el norte de Chile se pesca desde la milla uno. Como nosotros en Perú no dejamos pescar dentro de las cinco millas, esa anchoveta nadie la extrae. 

¿Por qué se ha cometido ese error de aplicar el mismo criterio para toda la costa peruana?

No hay ningún estudio ni nada que lo sustente.  En 1992 se determinaron las cinco millas, pero no encuentras ningún sustento para eso. Hay zonas, por ejemplo, en Chimbote, en donde podría pescarse fuera de las cinco millas porque el mar cae muy poco y entonces, como es poco profundo, hay peces pequeños y es zona de crianza más que otra cosa. 

¿En base a qué criterios se establece la talla mínima de captura para la anchoveta que actualmente es de doce centímetros?

Hemos comenzado a ver información desde antes que empiece la pesca de anchoveta y siempre hubo la presencia de lo que llaman juveniles. Entonces, se sacó la talla media de desove. Si tenías especímenes de diecisiete centímetros, como había en ese entonces, se daba ese promedio de doce centímetros. Pero no son juveniles necesariamente, ya que desde los 10.5 centímetros ya son adultos. Además, la distribución de la anchoveta depende de las condiciones oceanográficas y cada que hay calentura la anchoveta se va hacia el sur. Ha habido años que han encontrado anchovetas muy grandes en el sur tras casos de fenómeno del Niño, como ha ocurrido ahora. Hemos tenido un año de anomalías cálidas y, entonces, encontramos en casi todo el litoral anchovetas de 11.5 centímetros. 

¿Qué ejemplos de otros países se podrían seguir?

El de Chile. El norte de Chile no hay talla mínima. Estuve en febrero que empezaba la temporada de pesca y toda la anchoveta que están sacando es de 11 centímetros y no pasa nada. Nadie está diciendo que están depredando. 

¿Se puede realizar la pesca bajo esas condiciones sin que exista riesgo de depredar el recurso?

Depredar es sacar todo de tal manera que no quede casi nada. Mientras haya abundancia no es depredar. Incluso hay muchos países que están tendiendo a sacar todas las tallas porque en toda población la talla más pequeña es la que más se encuentra. Si sacas las más grandes, sacas a los mejores reproductores. Si sólo se enfocan en los más grandes, no es tan bueno siempre y cuando la abundancia de la anchoveta lo permita. 

¿Cuál sería un buen indicador para saber si hay sobreexplotación?

Cuando en condiciones normales, sin calentamiento ni enfriamiento, desaparecen los más grandes y hay más chiquitos. Pero cuando hay un calentamiento de todas maneras las grandes de dispersan y profundizan y es difícil de pescar. En todas partes del mundo sucede eso y puedes sacar un porcentaje de tallas menores sin hacer daño al recurso. En Japón y Corea del Sur pueden sacar de ochenta mil a cien mil toneladas de anchoveta de dos y cuatro centímetros que usan para alimento directo. Lo permiten porque saben que no todas van a llegar a adultas y en lugar de que se mueran o depreden otras especies sacan esa cuota. Lo que se hace en Perú no es objetivo sino subjetivo.

Actualmente la pesca atraviesa un periodo complicado, ¿se podría evitar esta crisis?

Podría evitarse la crisis haciendo como en el año 1998 abriendo ventanas de penetración y dejando entrar a la milla uno a unas cuantas embarcaciones bajo sustento científico. En los últimos años hubo gente que se opone a todo, hay mucha politiquería y demasiado opinólogo. Nuestra entidad líder, que es IMARPE, debería hacer más públicos sus resultados.

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Sale a la luz un nuevo capítulo polémico del historial del exministro Juan Carrasco. Sudaca conversó con la protagonista de una escandalosa acusación de plagio contra Carrasco Millones.

Aunque su momento de mayor popularidad a nivel nacional fue por lo que parecía ser una labor heroica contra la corrupción, el historial de Juan Carrasco Millones parece estar plagado de más cuestionamientos que méritos por su labor en los diferentes cargos que ocupó antes de convertirse en ministro durante el gobierno de Pedro Castillo.

Tal como lo ha relatado Sudaca en informes anteriores, los casos en los que ha estado involucrado Carrasco Millones han recibido serias críticas que van desde el uso de colaboradores eficaces manipulados hasta el uso de informes de inteligencia que luego desaparecieron sin dejar rastro.

Sin embargo, en esta oportunidad, la historia que pudo conocer Sudaca lo involucra con una grave denuncia por un aparente plagio para el cual, además, habría contado con la protección de fiscales, Poder Judicial y hasta la policía, según relató un personaje clave en esta historia que habló con este medio.

UNA EXTRAÑA COINCIDENCIA

Esta historia empezó hace más de una década cuando a Segundo Montenegro Villegas y Andrés Samamé Chuque se les inició un proceso penal porque, supuestamente, eran responsables por el delito de insolvencia fraudulenta bajo la modalidad de simulación de deuda y había tenido como agraviado a Inversiones Agroindustriales UPS SAC, empresa que realiza aportes de capital y había comprado acreencias de la Corporación Agrícola Úcupe.

En septiembre del 2015, el Sexto Juzgado Penal Unipersonal de Chiclayo, con el juez José Merino Iberos a la cabeza, emitió una sentencia absolutoria en favor de Montenegro y Samamé. En base al informe técnico que proporcionó Indecopi, los acusados se libraron de la acusación fiscal debido a que la acreencia cuestionada no cumplía con lo exigido por el Artículo 209 del Código Penal para que se configure como un delito.

Sin embargo, esta historia todavía no estaba cerca de su final. Juan Carrasco Millones, quien se desempeñaba como fiscal, y Percy Panta Burga, el abogado de Inversiones Agroindustriales USP SAC que era la empresa supuestamente afectada, interpusieron el recurso de apelación en la audiencia de lectura de sentencia.

Por ello, el 14 de septiembre a las 2:38 pm, Percy Panta Burga, en nombre de Inversiones Agroindustriales USP SAC, presentó el recurso de apelación contra el fallo absolutorio que el juez José Merino había dado días atrás.

Cristian Rebosio

 

Si bien se trata de un recurso válido, llamó la atención que, poco más de una hora después, el fiscal Juan Carrasco Millones presentara un recurso de apelación con detalles muy particulares que han sido el objeto de una investigación.

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“Tanto el fiscal como el abogado no sólo hayan coincidido en sus posiciones de discrepar con la decisión del juez sino que, además, han redactado los fundamentos del recurso de un modo muy inusual que, a simple vista, hace sospechar que se trata  de algo más que de una coincidencia”, comentó a Rosa Chambergo Montejo, directora del semanario Expresión.

El medio que encabeza Chambergo se encargó en ese momento de investigar las extrañas coincidencias entre los documentos presentados por Carrasco y Panta. “Los cinco fundamentos que aparecían en el recurso del fiscal eran la copia textual, hasta con los mismos errores, del recurso presentado por el abogado Percy Panta Burga”, declaró Chambergo a Sudaca.

Esta investigación demostró que, en los dos primeros fundamentos del recurso de apelación, el fiscal Carrasco Millones y el abogado Panta Burga iniciaban y finalizaban los párrafos con las mismas palabras. Aunque lo que hacía que esta situación sea todavía más sospechosa era que incluso cometían los mismos errores. 

Pese a que el proceso en cuestión se había iniciado en aplicación del inciso 2 del Artículo 209 del Código Penal, tanto Carrasco como Panta habían cometido el error de invocar el inciso 1 en uno de los fundamentos presentados. “Era una copia. Las palabras empleadas son las mismas”, comentó la directora del semanario regional Expresión.

CONSECUENCIAS

Un caso con tantos indicios de plagio supondría, para el criterio dela mayoría, el inicio de investigación y posterior sanción a los involucrados. No obstante, el único que debió afrontar consecuencias en esta historia fue el medio regional que expuso las extrañas coincidencias en los documentos presentados por el fiscal y el abogado.

“Nos envió una carta notarial. Nos amenazó y nosotros le dijimos que no nos rectificábamos”, relata la directora de Expresión sobre la actitud del entonces fiscal Carrasco Millones tras la publicación que hizo su medio. “Era cierto lo que nosotros estábamos publicando. No era ninguna difamación. Si nosotros no hubiésemos tenido la razón, él podría haber denunciado”, agregó Chambergo.

“Desde nuestro punto de vista, esto significa un plagio. No puede haber un escrito igual cien por ciento a otro, menos si lo presenta un funcionario del Estado”, indicó el abogado Carlos Martínez Oblitas, quien era decano del Colegio de Abogados de Lambayeque, en declaraciones al medio RPP cuando se difundió este caso.

No obstante, pese a las pruebas, este caso no derivó en ningún tipo de sanción para los involucrados. Para Rosa Chambergo del semanario Expresión, el final de esa historia no es resultado de una investigación seria y señala que “Él (Carrasco) tuvo toda la protección del Poder Judicial, policía y compañeros fiscales”. 

Aunque el aparente plagio que se relata en esta historia despierta indignación y lleva a que se pierda la confianza en los encargados de velar por la justicia, lo más grave resulta que los involucrados, además, cuenten con protección de sus propios colegas pese a lo cuestionable de su accionar.

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