La variedad de recursos que se pueden hallar en el territorio nacional ha sido, desde siempre, motivo de orgullo para todo peruano. Sumado a los microclimas de las regiones geográficas, Perú se convierte en un país prácticamente único en lo que respecta a diversidad de animales y plantas que son motivo de admiración para casi cualquier turista que viene de visita.
Sin embargo, para aprovechar la fortuna de contar con estos recursos también es necesario estar a la vanguardia de la mano de la ciencia para poder darles un uso eficiente y, al mismo tiempo, responsable. Pero, lamentablemente, esto no estaría ocurriendo durante los últimos años en el sector pesquero.
EL AUTOGOL DE PERÚ
Entre esta variedad de recursos que se pueden hallar en el territorio nacional se encuentra la anchoveta. Este pez de la familia Engraulidae conocido por sus múltiples beneficios, como fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades cardiovasculares, suele habitar la zona sur del Océano Pacífico, más precisamente en las costas de Perú y Chile.
No obstante, y a diferencia del vecino del sur, Perú no estaría sacando tanto provecho como realmente podría a la presencia de la anchoveta en el mar peruano. La zona sur, una de las dos en las cuales se divide el mar para la actividad de pesca, está padeciendo graves errores técnicos que reducen dramáticamente el beneficio que podría sacar la pesca industrial.
Para ello es necesario tomar en cuenta que, en los últimos años, la zona sur sufrió una serie de modificaciones en lo que respecta al trabajo que pueden realizar las embarcaciones pesqueras industriales. Tras un decreto supremo de 2008, esta actividad se podía llevar a cabo dentro de las cinco millas hasta una milla y media de la costa, en zonas científicamente determinadas por IMARPE y porque las particularidades geográficas del sur así lo requerían.
Pero, para 2011, esto cambió y recién se podía realizar pesca industrial a partir de las cinco millas. En 2012 y 2013 se produjeron nuevas modificaciones, aunque el decreto supremo que se encuentra vigente mantiene a las cinco millas como el límite a partir del cual puede realizarse la pesca industrial de anchoveta. Y ahora esto ha sido llevado a nivel de ley por el Congreso sin ningún análisis y básicamente representando los intereses de las ONGs conservacionistas, quienes falsamente se escudan en un reclamo manipulado de la pesca artesanal.
Sudaca conversó con Francisco Miranda, presidente de la ONG OANNES, quien destacó que uno de los errores que se ha cometido con respecto a estos límites para la pesca industrial se encuentra en el hecho de no entender las diferencias entre las diferentes zonas del mar peruano. “Mientras que en el centro norte la plataforma continental es extensa y hay que llegar a las 80 millas para poder encontrar una profundidad superior a los 200 metros, en la zona sur avanzas más de una milla y ya estas llegando a fondos de 400 o 500 metros de profundidad”, señaló.
Miranda explica que el límite de las cinco millas se creó con el propósito de proteger la reproducción de las especies y el crecimiento de los juveniles. “Si uno define técnicamente el área de protección para la reproducción de las especies y el crecimiento de los juveniles uno lo debería definir por la profundidad y no por la distancia a la costa. Por eso digo que la decisión de las cinco millas es política y no técnica”, relató a Sudaca.
El presidente de OANNES también considera que “parece que fuesen intereses específicos de compañías chilenas” los que han logrado que las campañas de pesca no se puedan realizar dentro de las cinco millas y, tal como se observa en el siguiente gráfico, Chile viene sacando una considerable diferencia en los miles de toneladas de anchoveta que quedan en su poder mientras que lo que llega a nuestro país se ha reducido dramáticamente por las decisiones que toman las autoridades peruanas en lo que vendría a ser un autogol de Perú.

EFECTO DOMINÓ
Pero la falta de interés por corregir una decisión sin sustento técnico está generando un efecto dominó que afecta considerablemente al sur del país. “Se pierden aproximadamente dos mil millones de soles”, comenta a Sudaca el periodista Melanio Valdés, quien ha venido investigando el tema durante los últimos diecisiete años.
“Hoy se vive una agonía. Los informes de los técnicos dan cuenta que se han perdido millones y el puerto más perjudicado es el de Ilo”, relata Valdés y agrega que “las plantas pesqueras están destrozadas y las que han podido han sido trasladadas a otros lugares. Solo hay dos plantas pequeñas y están agonizando porque no tienen el insumo que es anchoveta”.
Según la información que pudo obtener Sudaca, existen por lo menos diez plantas que solían dedicarse a la harina y aceite de pescado que, en un efecto dominó como consecuencia del impedimento de pesca industrial de la anchoveta dentro de las cinco millas, han quebrado o cerraron ante la falta de insumos para seguir operando.

“Dieron una norma sin ningún fundamento científico. Para que se formule algún decreto tiene que tener sustento científico”, cuestiona Melanio y cuenta que los políticos de la región no han mostrado voluntad por revertir esta situación que amenaza con generar una crisis mayor para la economía de esta zona del país y sospecha que se debe a que “los intereses pesqueros chilenos son muy fuertes”.
@sudacaperu
🚨Imágenes del presente de muchas plantas pesqueras en el sur como consecuencia de las regulaciones actuales que incluso han llevado al cierre de varias de ellas. No te pierdas el informe de Sudaca.pe Créditos: Canal N
Según alarmantes datos recopilados por la Sociedad Nacional de Pesquería, el 15% de la capacidad nacional de producción de harina de pescado se ubica en la zona sur y apenas ha producido el 6% demostrando que están muy por debajo de lo que podrían obtener si se corrige el inconveniente originado por las cinco millas.
Si bien las regulaciones resultan imprescindibles para el desarrollo responsable de una toda industria, casos como el de la pesca industrial de anchoveta demuestran que, si éstas no están respaldadas en evidencia científica, pueden resultar seriamente perjudiciales para la economía de una región.
A la situación antes descrita se suma que, un reciente análisis del IMARPE ha determinado que la talla mínima legal de captura de la anchoveta no sería de 12 cm. sino menor. Esta regulación de la talla mínima de captura también agrega a la ausencia de medidas que respondan a la ciencia para manejar dicho stock y nos mantiene en constante desventaja con respecto a Chile, donde no hay una talla mínima de captura.
En este sentido, tanto las vedas o cierres temporales, como la determinación del inicio de temporadas están regulados para la pesca industrial se rigen por esta regla, y cuando las autoridades corroboran que el recurso supuestamente está por debajo de la talla mínima legal hasta en un porcentaje, vedan o paralizan innecesariamente las actividades o deciden no abrir la temporada de pesca como ocurrió en 2020 y durante la segunda mitad del 2023; sin embargo, ello termina estando fuera de la realidad pues la talla mínima legal está mal definida.
Tanto Valdés como Miranda, amparados en su experiencia en un tema que han seguido por un largo tiempo, consideran que esta situación se podría revertir si las autoridades que sostienen estas regulaciones antitécnicas estuviesen dispuestas a escuchar al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) así como a los estudios realizados a esta zona del mar peruano que hoy representa una oportunidad perdida.









Sudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.
A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.
La presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.
SI NO ME ACUERDO NO PASÓ
“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.
En este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.
Sudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.
“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.
UNA GANADORA CUESTIONADA
La polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.
Sin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.
Tras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.
Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.
No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.
Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.
Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.
Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.
Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.
Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.
No obstante, aunque fue aprobado en 2021, esta norma viendo siendo infringida desde hace un largo tiempo por los controladores de tránsito aéreo en varios aeropuertos del Perú poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que los visitan y también del personal de estos terminales aéreos.
El 12 de diciembre del 2022, Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, quien pertenecía a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondió al pedido del gerente general de CORPAC señalando que se les concedía la exención solicitada por el periodo de un año que recién terminaría el próximo 5 de diciembre del presente año.
CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA