La variedad de recursos que se pueden hallar en el territorio nacional ha sido, desde siempre, motivo de orgullo para todo peruano. Sumado a los microclimas de las regiones geográficas, Perú se convierte en un país prácticamente único en lo que respecta a diversidad de animales y plantas que son motivo de admiración para casi cualquier turista que viene de visita.

Sin embargo, para aprovechar la fortuna de contar con estos recursos también es necesario estar a la vanguardia de la mano de la ciencia para poder darles un uso eficiente y, al mismo tiempo, responsable. Pero, lamentablemente, esto no estaría ocurriendo durante los últimos años en el sector pesquero. 

EL AUTOGOL DE PERÚ

Entre esta variedad de recursos que se pueden hallar en el territorio nacional se encuentra la anchoveta. Este pez de la familia Engraulidae conocido por sus múltiples beneficios, como fortalecer el sistema inmunológico y prevenir enfermedades cardiovasculares, suele habitar la zona sur del Océano Pacífico, más precisamente en las costas de Perú y Chile.

No obstante, y a diferencia del vecino del sur, Perú no estaría sacando tanto provecho como realmente podría a la presencia de la anchoveta en el mar peruano. La zona sur, una de las dos en las cuales se divide el mar para la actividad de pesca, está padeciendo graves errores técnicos que reducen dramáticamente el beneficio que podría sacar la pesca industrial.

Para ello es necesario tomar en cuenta que, en los últimos años, la zona sur sufrió una serie de modificaciones en lo que respecta al trabajo que pueden realizar las embarcaciones pesqueras industriales. Tras un decreto supremo de 2008, esta actividad se podía llevar a cabo dentro de las cinco millas hasta una milla y media de la costa, en zonas científicamente determinadas por IMARPE y porque las particularidades geográficas del sur así lo requerían.

Pero, para 2011, esto cambió y recién se podía realizar pesca industrial a partir de las cinco millas. En 2012 y 2013 se produjeron nuevas modificaciones, aunque el decreto supremo que se encuentra vigente mantiene a las cinco millas como el límite a partir del cual puede realizarse la pesca industrial de anchoveta. Y ahora esto ha sido llevado a nivel de ley por el Congreso sin ningún análisis y básicamente representando los intereses de las ONGs conservacionistas, quienes falsamente se escudan en un reclamo manipulado de la pesca artesanal.

Sudaca conversó con Francisco Miranda, presidente de la ONG OANNES, quien destacó que uno de los errores que se ha cometido con respecto a estos límites para la pesca industrial se encuentra en el hecho de no entender las diferencias entre las diferentes zonas del mar peruano. “Mientras que en el centro norte la plataforma continental es extensa y hay que llegar a las 80 millas para poder encontrar una profundidad superior a los 200 metros, en la zona sur avanzas más de una milla y ya estas llegando a fondos de 400 o 500 metros de profundidad”, señaló.

Miranda explica que el límite de las cinco millas se creó con el propósito de proteger la reproducción de las especies y el crecimiento de los juveniles. “Si uno define técnicamente el área de protección para la reproducción de las especies y el crecimiento de los juveniles uno lo debería definir por la profundidad y no por la distancia a la costa. Por eso digo que la decisión de las cinco millas es política y no técnica”, relató a Sudaca.

El presidente de OANNES también considera que “parece que fuesen intereses específicos de compañías chilenas” los que han logrado que las campañas de pesca no se puedan realizar dentro de las cinco millas y, tal como se observa en el siguiente gráfico, Chile viene sacando una considerable diferencia en los miles de toneladas de anchoveta que quedan en su poder mientras que lo que llega a nuestro país se ha reducido dramáticamente por las decisiones que toman las autoridades peruanas en lo que vendría a ser un autogol de Perú.

 

EFECTO DOMINÓ

Pero la falta de interés por corregir una decisión sin sustento técnico está generando un efecto dominó que afecta considerablemente al sur del país. “Se pierden aproximadamente dos mil millones de soles”, comenta a Sudaca el periodista Melanio Valdés, quien ha venido investigando el tema durante los últimos diecisiete años.

“Hoy se vive una agonía. Los informes de los técnicos dan cuenta que se han perdido millones y el puerto más perjudicado es el de Ilo”, relata Valdés y agrega que “las plantas pesqueras están destrozadas y las que han podido han sido trasladadas a otros lugares. Solo hay dos plantas pequeñas y están agonizando porque no tienen el insumo que es anchoveta”.

Según la información que pudo obtener Sudaca, existen por lo menos diez plantas que solían dedicarse a la harina y aceite de pescado que, en un efecto dominó como consecuencia del impedimento de pesca industrial de la anchoveta dentro de las cinco millas, han quebrado o cerraron ante la falta de insumos para seguir operando.

“Dieron una norma sin ningún fundamento científico. Para que se formule algún decreto tiene que tener sustento científico”, cuestiona Melanio y cuenta que los políticos de la región no han mostrado voluntad por revertir esta situación que amenaza con generar una crisis mayor para la economía de esta zona del país y sospecha que se debe a que “los intereses pesqueros chilenos son muy fuertes”.

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🚨Imágenes del presente de muchas plantas pesqueras en el sur como consecuencia de las regulaciones actuales que incluso han llevado al cierre de varias de ellas. No te pierdas el informe de Sudaca.pe Créditos: Canal N

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Según alarmantes datos recopilados por la Sociedad Nacional de Pesquería, el 15% de la capacidad nacional de producción de harina de pescado se ubica en la zona sur y apenas ha producido el 6% demostrando que están muy por debajo de lo que podrían obtener si se corrige el inconveniente originado por las cinco millas.

Si bien las regulaciones resultan imprescindibles para el desarrollo responsable de una toda industria, casos como el de la pesca industrial de anchoveta demuestran que, si éstas no están respaldadas en evidencia científica, pueden resultar seriamente perjudiciales para la economía de una región. 

A la situación antes descrita se suma que, un reciente análisis del IMARPE ha determinado que la talla mínima legal de captura de la anchoveta no sería de 12 cm. sino menor. Esta regulación de la talla mínima de captura también agrega a la ausencia de medidas que respondan a la ciencia para manejar dicho stock y nos mantiene en constante desventaja con respecto a Chile, donde no hay una talla mínima de captura.

En este sentido, tanto las vedas o cierres temporales, como la determinación del inicio de temporadas están regulados para la pesca industrial se rigen por esta regla, y cuando las autoridades corroboran que el recurso supuestamente está por debajo de la talla mínima legal hasta en un porcentaje, vedan o paralizan innecesariamente las actividades o deciden no abrir la temporada de pesca como ocurrió en 2020 y durante la segunda mitad del 2023; sin embargo, ello termina estando fuera de la realidad pues la talla mínima legal está mal definida.

Tanto Valdés como Miranda, amparados en su experiencia en un tema que han seguido por un largo tiempo, consideran que esta situación se podría revertir si las autoridades que sostienen estas regulaciones antitécnicas estuviesen dispuestas a escuchar al Instituto del Mar del Perú (IMARPE) así como a los estudios realizados a esta zona del mar peruano que hoy representa una oportunidad perdida.

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Las constantes polémicas en las que sus integrantes se han visto inmersos casi desde su llegada al cargo en 2021 han llevado a que el Congreso cierre el año 2023 con un porcentaje de aprobación que no supera los diez puntos.  Este descontento ha llevado a que la labor parlamentaria de los 130 legisladores se encuentre constantemente bajo la lupa y, en especial, cuando sus actividades representan un costo considerable, como es el caso de los viajes.

En las últimas semanas, el viaje a México de dos congresistas del Bloque Magisterial, Paúl Gutiérrez y Germán Tacuri, para asistir a un evento sobre ovnis y momias falsas causó gran indignación y a esta polémica sobre los viajes se le sumó el informe de periodista Diego Quispe en el cual se advierte que veintidós parlamentarios, que gastaron S/342.000 en pasajes y viáticos, no presentaron los informes correspondientes sobre las actividades realizadas durante estos viajes que son pagados con fondos públicos.

Sin embargo, los informes que sí aparecen en los registros del Congreso están exentos de cuestionamientos. Sudaca pudo revisar estos documentos y comprobó que los argumentos que los congresistas brindan para justificar sus viajes no se ven reflejados en el trabajo que vienen realizando.

MUCHAS MILLAS, POCOS PROYECTOS

Entre estos viajeros destaca el nombre de José Cueto, congresista de Renovación Popular, quien ha realizado viajes a países como Rumania, Marruecos, Estados Unidos, Panamá y México para participar de una serie de reuniones que estaban enfocadas en el tema de seguridad.

En los informes presentados por el legislador del partido de Rafael López Aliaga se puede leer que, por ejemplo, uno de los viajes fue a Rumania con el propósito de participar en el Foro Parlamentario Inteligencia y Seguridad que Cueto Aservi consideraba relevante por “la necesidad de estar preparados para hacer frente a las graves amenazas globales contra la seguridad sea por filtraciones o vulneraciones en el campo sanitario como por actos terroristas”.

Informe Cristian Rebosio

 

Otros de los documentos revisados por Sudaca muestran que el congresista Cueto viajó a México y Panamá para participar de dos ediciones del Foro de Seguridad de las América que se centraban en la ciberseguridad y, acorde al texto presentado por el parlamentario, sería de utilidad para “analizar políticas de gobierno con las que se pueda combatir la delincuencia a nivel ciberespacio”.

No obstante, aunque estos temas podían resultar de interés nacional, los numerosos viajes del congresista Cueto destinados a este tema no parecen haber resultado una experiencia lo suficientemente inspiradora como para que lo aprendido se vea reflejado en proyectos de ley en beneficio del país.

Sudaca revisó los veinticinco proyectos de ley que ha presentado el congresista Cueto desde su llegada al Legislativo y ninguno refleja algún tipo de conocimiento que justifique los viajes realizados o que por lo menos haga referencias a temas como la ciberseguridad o se haga mención a algún tipo de alianzas estrategias logradas a partir de estos viajes. Por el contrario, en esta lista destacan algunos proyectos cuya urgencia sería cuestionada por muchos, como el que busca regular el uso de la espada como símbolo de mando y uno que busca precisar el nombre “inmaculada concepción” en una lista de feriados.

Informe Cristian Rebosio

 

Otro de los congresistas que ha acumulado varios viajes es Américo Gonza, integrante de Perú Libre. En 2023, Gonza Castillo informó sobre un viaje a Chile en el cual iba a conocer el sistema de seguridad ciudadana y el sistema penitenciario chileno. Además, también en 2023, el congresista de Perú Libre viajó a Brasil para participar de un evento denominado “Intercambio Académico sobre Seguridad Ciudadana entre la Guardia Civil de Santana de Paranaíba y el Sereno Municipal del Perú”.

Pero, al igual que ocurre con el caso del congresista Cueto, los proyectos de ley presentados por Américo Gonza se ven alejados del conocimiento que supuestamente justificaba estos viajes. Entre las iniciativas que sí parecen despertar el interés de Gonza Castillo se encuentra un proyecto para declarar al yonque como bebida de bandera nacional y otro que busca cambiar el nombre de Ministerio de la Mujer por Ministerio de la Familia. 

Informe Cristian Rebosio

MÁS VIAJES, MENOS RESULTADOS

Pero no sólo se puede observar que existe una notoria diferencia entre los proyectos de ley que presentan los congresistas y las justificaciones de sus viajes. En algunos casos, como el del congresista Wilson Soto, los temas abordados durante las conferencias a las que ha viajado se muestran radicalmente opuestos a las iniciativas que elabora el parlamentario de Acción Popular.

Pese a que sus viajes a Angola y Vietnam tenían como propósito que Soto Palacios y otros parlamentarios puedan encontrar soluciones para incrementar la participación de jóvenes en política, ninguno de los setenta y seis proyectos de ley presentados por Wilson Soto, en dos años y medio como congresista, tiene como objetivo fomentar la participación de jóvenes.

Sin embargo, el detalle más llamativo con respecto al congresista Soto ha sido que, aunque durante las conferencias a las que viajó se abordó la importancia de los derechos humanos y la acción parlamentaria por la paz, el integrante de Acción Popular presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y se pueda aplicar la pena de muerte.

Informe Cristian Rebosio

Entre los temas que sí parecen prioritarios para Soto Palacios figura un proyecto de ley para declarar el 25 de julio como el día nacional de la danza, el canto y la música de Santiago, una festividad de Huancayo, y otro que data de agosto del 2023 que busca restablecer la inmunidad parlamentaria.

Hasta diciembre del año pasado, se estima que el Congreso ha destinado más de dos millones de soles para los viajes de los parlamentarios que llevan dos años y medio en el cargo y, aunque la posibilidad de compartir experiencias en otros países se podría considerar como una oportunidad enriquecedora, los resultados que se han observado hasta la fecha invitan a que más de uno piense que los fondos públicos se han convertido en una oportunidad para hacer turismo.

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Sudaca revisó el historial del congresista fujimorista que lo ha convertido en uno de los personajes más controversiales del Legislativo.

Con inmerecidos bonos, defensas injustificadas de aliados o líderes políticos y una innegable indiferencia al descontento de la población, el Congreso ha logrado números históricos en lo que respecta a porcentajes de desaprobación. Más allá de la ideología política que pueda representar cada bancada, el descontento de la población con sus representantes parece indiscutible y hasta irreversible.

Sin embargo, entre los parlamentarios que han logrado este elevado nivel de desprestigio de uno de poderes del Estado, existe uno que, con pocas intervenciones, ha logrado posicionarse en el ojo de la tormenta debido a sus desafortunadas expresiones e incluso ha llegado a enfrentarse a integrantes de su propio grupo político. Este es el caso del congresista fujimorista Juan Lizarzaburu.

DEBUT POLÍTICO

Juan Carlos Martín Lizarzaburu Lizarzaburu incursionó en la política para las elecciones del año 2021. Para convertirse en candidato, Lizarzaburu no pasó por el proceso de elecciones internas sino que fue designado por el partido. Con 1773 votos, el congresista de Fuerza Popular logró quedarse con un escaño en el hemiciclo para representar a los peruanos en el extranjero. 

El parlamentario de 54 años fue alumno de la Universidad de Lima y complementó sus estudios en España, en donde obtuvo un Master en la Universidad Politécnica de Catalunya así como otro Master en Dirección Comercial y Marketing. Además, Lizarzaburu trabajó durante catorce años en la empresa española Telefónica.

Paradójicamente, pese a todos los episodios en los que se ha mostrado como un personaje conflictivo con quienes piensan diferente a él y hasta con los de su propia bancada, Lizarzaburu se describe en su hoja de vida como una persona de “comunicación excelente y habilidades interpersonales a todo nivel”.

Juan Carlos Lizarzaburu

TRABAJO BAJO LA LUPA

Desde su llegada al Congreso en 2021, Lizarzaburu ha sido autor de treinta y tres proyectos de ley y, en el año 2023, el representante de los peruanos en el extranjero apenas presentó diez proyectos. No obstante, lo que llama la atención son las prioridades que mostró el congresista fujimorista.

En noviembre del 2022, Lizarzaburu presentó un proyecto de ley titulado “LEY QUE FORTALECE EL RECONOCIMIENTO DE IGUALDAD DE LOS CIUDADANOS Y RECONOCE CONSTITUCIONALMENTE LOS DERECHOS DE LOS PERUANOS QUE RESIDEN EN EL EXTERIOR” en el cual no proponía ningún cambio claro sino que sólo pedía modificar un artículo de la Constitución para que en el artículo 44 se incluya “amparar a los peruanos que residen en el exterior” pese a que esa es la función que actualmente realizan las embajadas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

El parlamentario fujimorista también presentó en 2022 un proyecto bajo el título “LEY QUE DECLARA DE INTERÉS NACIONAL Y NECESIDAD PÚBLICA LA PROMOCIÓN DE LA IMAGEN DEL PAÍS Y LA MARCA PAÍS PERÚ”. En las 28 páginas, de las cuales la mitad fueron ocupadas con los detalles de los premio obtenido por la marca Perú, Lizarzaburu pedía la promoción de actividades que en se detalla que se han venido realizando con buenos resultados.

Pero también ha presentado proyectos de ley que han sido cuestionable. Como fue el caso del proyecto denominado  “LEY QUE CREA EL REGISTRO DE LOS EXTRANJEROS ILEGALES Y ESTABLECE OBLIGACIONES A LOS CONNACIONALES DE INFORMAR A LA AUTORIDAD POLICIAL” con el cual pretendía que los peruanos tengan el deber de informar sobre los ciudadanos indocumentados que residen en el país y no hace distinción entre aquellos que trabajan de manera honrada y los que participan de actividades delincuenciales.

Entre las justificaciones de este polémico proyecto de ley, Lizarzaburu señalaba que estos inmigrantes no pagan impuesto a la renta por el alquiler de viviendas y que son contratados para empleos informales pese a que esta situación es la misma que actualmente atraviesan los propios peruanos.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

¿REPRESENTACIÓN?

Como congresista representante de los peruanos en el extranjero, Lizarzaburu debía estar en contacto con los compatriotas que residen en otros países. Sin embargo, en una de las salidas de Lizarzaburu fuera del país se ha podido observar, en el reporte que él mismo presentó, que sus prioridades parece más enfocadas en las alianzas políticas.

En 2021, Lizarzaburu viajó a España para reunirse con representantes del partido ultraderechista Vox. Pero, además, el congresista de Fuerza Popular utilizó este viaje para acudir a eventos de agrupaciones que comparten la misma tendencia ideológica de Vox así como con una peruana conocida en redes sociales por sus ideas extremistas.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

En este reporte que presentó Lizarzaburu también llamó la atención que su única gestión en favor del Perú haya sido una visita a un almacén de Ciudad Real en el cual se encontraban ambulancias dadas de baja por las autoridades de dicha localidad y que el parlamentario fujimorista consideraba como posibles donaciones para Perú.

PELEAS, INSULTOS Y CONSPIRACIONES

Sin lugar a dudas, sus constantes expresiones desafortunadas han sido las que llevaron al congresista Lizarzaburu a ser el tema del día tanto en Perú como en los medios y redes sociales de los países a los que ofendía. Uno de los casos más recordados tuvo lugar durante un debate en el hemiciclo, en febrero del año pasado, cuando Lizarzaburu llamó a la bandera Whipala, que es usaba por pueblos andinos de la región, como “mantel de chifa adoptado por algunos resentidos sociales bolivianos”.

En las redes sociales, el discurso del parlamentario fujimorista es todavía más agresivo con quienes no comparten su pensamiento y no escatima en regalarle “me gusta” a publicaciones de integrantes del grupo ultraderechista La Resistencia. Además, en la red social X se puede observar que incluso comparte publicaciones difamatorias, como contra el periodista Gustavo Gorriti, así como otras en las que desinforma sobre las posturas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y hasta muestra una postura transfóbica.

Juan Lizarzaburu - Cristian Rebosio

Pero el conflicto menos esperado llegó a finales del 2023 cuando Lizarzaburu, durante una sesión de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, realizó un comentario sexista contra su colega de bancada, Patricia Juárez. Posterior a este hecho, y lejos de reconocer el agravio, Lizarzaburu se justificó alegando que “todos tenemos ojos”.

Como consecuencia de estas expresiones, Fuerza Popular ha suspendido a Juan Lizarzaburu por un periodo de seis meses de sus derechos partidarios. A la par, la Comisión de Ética del Congreso atiende la denuncia en su contra por sus expresiones. Sin embargo, durante la audiencia, Patricia Juárez reveló que, contrario a lo dicho por Lizarzaburu, este no le pidió disculpas por los comentarios hechos en su contra.

En los próximos días se dará a conocer la sanción que se le impondrá al congresista fujimorista y esta podría llegar a ser de ciento veinte días de suspensión. En su primera experiencia como parlamentario es evidente que Juan Lizarzaburu no ha pasado desapercibido, pero las acciones y expresiones que lo llevaron a ser protagonista hoy lo tienen enfrentado hasta con sus colegas del fujimorismo.

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[INFORMES]  OTRA ASESORÍA BAJO LA LUPA EN LA MOLINA

En octubre del 2022, Renovación Popular se convirtió en una de las grandes sorpresas de las elecciones municipales de dicho año. Además del triunfo de su líder, Rafael López Aliaga, en Lima Metropolitana, su agrupación política también se proclamó ganadora en doce distritos de la capital demostrando que, pese a los cuestionamientos que recibía el partido celeste por su labor en el Congreso, seguían recibiendo la confianza de la mayoría en distintos sectores de Lima.

Sin embargo, al cumplirse el primer año de la gestión de Renovación Popular en estos distritos, empiezan a exponerse las falencias y cuestionamientos a los alcaldes de este partido. Si bien el más criticado es el propio López Aliaga, quien lo sigue muy de cerca es Diego Uceda, el actual alcalde de La Molina.

En los últimos meses, Sudaca ha informado sobre una serie de cuestionamientos a su gestión a los que recientemente se han sumado las dudas con respecto a las costosas contrataciones que viene realizando su gestión en La Molina.  Uno de ellos fue el caso del constitucionalista Ángel Delgado Silva y los casi ochenta mil soles que recibió por parte de la Municipalidad de La Molina. No obstante, esta no es la única contratación cuestionada y, recientemente, se le ha sumado el caso de la exprocuradora Katherine Ampuero y un contrato de treinta mil soles.

FUNCIONES BAJO LA LUPA

“Nos llamó la atención que se contratara a una exprocuradora que no tenía experiencia en temas corporativos”, comentó a Sudaca una fuente dentro de la Municipalidad de La Molina con respecto a la contratación de Ampuero que se produjo en el mes de agosto del presente año.

Acorde a los documentos de la propia Municipalidad de La Molina, la función de Ampuero Meza consistía en una asesoría legal para proponer iniciativas con el objetivo de identificar y eliminar riesgos de corrupción en las actividades que realizan las unidades orgánicas dependientes de la Gerencia de desarrollo económico e inversión privada. Sin embargo, las actividades que desempeñaba Ampuero parecían enfocarse en otro aspecto.

OBJETO DEL SERVICIOSudaca pudo acceder a documentos que se manejaron dentro de la propia municipalidad en los cuales se evidencia que existían serios cuestionamientos al trabajo de Ampuero. Entre los motivos por los cuales se pone bajo la lupa la labor desempeñada por la exprocuradora se encontraba que, aparentemente, se enfocó exclusivamente en el recordado conflicto que tuvo la gestión de Uceda con Cencosud por la inexplicable y sospechosa oposición de la municipalidad a que un centro comercial abra sus puertas.

A estas críticas también se les sumaron los posibles incumplimientos a las obligaciones que tenía con la municipalidad. Según los documentos revisados por Sudaca, Ampuero Meza debía presentar tres informes sobre el trabajo que venía realizando y estos debían ser entregados a los 15, 45 y 75 días posteriores a la orden de servicio.

ENTREGABLESLa presentación de estos informes era necesaria dado que los pagos a Katherine Ampuero, que habían sido divididos en tres tramos, se debían realizar posteriormente a la presentación de los informes en cuestión. Pero únicamente se pudo encontrar uno de los tres entregables que debían ser presentados a la municipalidad con la información detallada del trabajo que venían realizando la exprocuradora.

Este caso generó más suspicacias debido al contenido de este único entregable disponible. “Lo único que hace es resumir los hechos de su visita. Es un informe de vergüenza. No hace ninguna conclusión profesional de sugerencia como corresponde a una asesora legal que es todo lo que enmarca una consultoría legal”, declaró a Sudaca una fuente confiable dentro de la Municipalidad de La Molina.

Sudaca revisó el contenido del único informe disponible entregado por la abogada el 17 de septiembre y en este se pude observar que el contenido se limita a realizar un breve resumen sobre el estado del caso que enfrentaba a la municipalidad con Cencosud sin las recomendaciones o precisiones legales que se podrían esperar como resultado del pago por una asesoría especializada.

CONCLUSIONES

Si hasta este punto se podían encontrar razones más que válidas para cuestionar la decisión de contratar a Ampuero, la información que sigue sólo genera más dudas sobre los criterios que tuvo la municipalidad para evaluar el trabajo encargado a la excandidata a teniente alcalde de Alianza Por el Progreso.

Tal como se puede observar en la siguiente imagen, la orden de servicio de treinta mil soles fue pagada el 27 de septiembre del 2023. Esto pese a que sólo habían pasado cincuenta y cuatro de los setenta y cinco días que inicialmente se mencionaban en el contrato y en los cuales se esperaba que presente tres informes de los cuales sólo presentó uno.

SI NO ME ACUERDO NO PASÓ

Pero la historia de esta nueva y costosa contratación dio un nuevo giro en el pasado mes de noviembre cuando una regidora de La Molina solicitó información sobre las asesorías contratadas por la gestión de Diego Uceda y la respuesta fue que no existía ninguna orden de servicio bajo esa denominación en el 2023.

Sin embargo, esta no es la única vez que Ampuero Meza fue contratada por la gestión de un alcalde de Renovación Popular. También agosto del 2023, cuatro días antes de empezar su orden de servicio con la Municipalidad de La Molina, Katherine Ampuero fue contratada por la Municipalidad Metropolitana de Lima, la cual encabeza Rafael López Aliaga, para realizar una asesoría legal.

“Tengo 101 millones de soles de déficit. Tengo que hacer maravillas para mejorar mi distrito”, declaró el alcalde Diego Uceda en mayo de este año. Sin embargo, contrataciones como las de Katherine Ampuero, cuyo trabajo ha terminado bajo la lupa de los propios trabajadores de la Municipalidad de La Molina, no estarían reflejando un uso idóneo de los supuestamente escasos recursos del distrito. Sudaca intentó comunicarse con Ampuero Meza para conocer su descargo, pero no hubo respuesta hasta el cierre de este informe.

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[INFORMES] Unas inesperadas elecciones en la víspera de navidad han vuelto a generar un clima de tensión entre el alcalde Rafael López Aliaga y las representantes de las ollas comunes.

Mientras el 2023 llega a su final, la población empieza a evaluar el desempeño de las autoridades municipales tras su primer año de gestión y, entre los alcaldes más cuestionados, el que más resalta es el nombre de Rafael López Aliaga, quien ha alcanzado un 65% de desaprobación según la encuesta realizada por Datum semanas atrás.

Sin embargo, el descontento con el alcalde que en campaña prometió convertir a Lima en potencia mundial no sólo se debe a la decepción por el incumplimiento de los compromisos asumidos en su época de candidato sino por los extraños manejos que se han empezado a observar en el Palacio Municipal de Lima que, además, estarían perjudicando a uno de los sectores más vulnerables.

ELECCIONES POLÉMICAS

Si bien Renovación Popular es un partido que se ha hecho conocido por su espíritu de confrontación, pocos podrían haber imaginado que esta actitud también se aplicaría contra grupos que se encargan de proveer alimentos para las personas de menos recursos. Tal como lo reportó Sudaca en la entrevista realizada a Fortunata Palomino, titular de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, el diálogo entre las representantes de las ollas comunes y el alcalde de Lima fue, a lo largo de todo el año, un objetivo inalcanzable debido a la falta de interés por parte de López Aliaga.

Aunque, sin lugar a dudas, lo más grave fue cuando la ausencia de una comunicación directa y el desinterés por parte del burgomaestre derivó en la falta de insumos para las personas cuya alimentación depende de las ollas comunes que el programa Punto Final expuso en el mes de octubre.

Pero, a pocos días del terminar el año, las rispideces entre la Municipalidad de Lima y las ollas comunes continúan e incluso se han agravado a tal punto que la gestión del alcalde habría llevado a cabo una elección de representantes de las ollas comunes que ha despertado suspicacias tanto por el proceso como por el resultado.

Esta nueva polémica empezó durante estas últimas semanas de diciembre, más precisamente el lunes 18, cuando la Municipalidad de Lima, mediante el Decreto de Alcaldía N° 22, decretó la creación de la Comisión de Ollas Comunes de Lima Metropolitana bajo el argumento de favorecer a que se puedan realizar propuestas que sean del interés de los representados por dicha comisión.

Municipalidad de LimaEn este decreto también se dispuso que se realizarían elecciones para determinar quiénes integrarían esta comisión en representación de las ollas comunes. Si bien hasta ese punto no parece encontrarse nada extraño, lo que llamó la atención de las representantes de las ollas comunes fue el breve periodo en que se pretendía realizar todo el proceso. Esto debido a que el decreto recién se publicó el día martes 19 de diciembre y se pretendía que las candidaturas se inscriban hasta el día 25 de diciembre.

DISPOSICIÓN COMPLEMENTARIA TRANSITORIASudaca pudo comunicarse con Fortunata Palomino, presidenta de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana, quien manifestó su disconformidad con este proceso debido a que, además de no haber recibido la difusión necesaria, se realizó en días que las ollas comunes estaban realizando eventos por navidad para los niños y, por lo tanto, no disponían del tiempo necesario para organizarse con las firmas requeridas y la elección de representantes de las diferentes zonas.

“Como todos saben, en estos días estamos realizando chocolatadas con motivo de las fiestas navideñas”, explica Fortunata y, al igual que lo detalla en una carta que le enviaron al alcalde de Lima, agrega que en esas fechas resultaba más difícil conseguir las firmas de las coordinadoras que exigían para la inscripción de la lista de candidatos.

inscripción de la lista de candidatos.UNA GANADORA CUESTIONADA

Como era de esperarse, el resultado de estas elecciones generó muchos cuestionamientos a la municipalidad. Especialmente porque una de las ganadoras de un proceso inesperadamente rápido fue Luz Solórzano Rivera, quien encabezó la única lista que se presentó para la zona sur y comprende los distritos de Chorrillos, Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa, Punta Negra, San Bartolo, Pucusana, San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador.

UNA GANADORA CUESTIONADALa polémica con respecto al triunfo de Solórzano Rivera comenzó el día 26 de diciembre, dos días antes de las elecciones, cuando en las redes sociales de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana se publicó un audio en el cual Luz Solórzano se jacta de su inminente triunfo. “Ni elecciones ya, porque solamente vamos a firmar para dar fe. Vamos a ir a sufragar dando fe. Las urnas dirán que aquí no hay otro candidato”, se escucha en el audio difundido.

Para Fortunata Palomino y las integrantes de la Red de Ollas Comunes de Lima Metropolitana resulta extraño que una de las ganadoras de estas elecciones sea Solórzano Rivera, quien se ha convertido en una fiel aliada del actual alcalde López Aliaga y hasta coordina manifestaciones para respaldarlo, aunque para convocar personas parece escudarse en mentiras.

Esto se pudo observar el pasado mes de noviembre, tras la emisión del programa de Latina en el cual se denunciaba la falta de alimentos para las ollas comunes, cuando una inesperada protesta se llevó a cabo en los exteriores de canal dos en respaldo a Rafael López Aliaga y en contra del medio de comunicación que publicó el informe.

En aquella oportunidad, las cámaras de dicho medio pudieron identificar a Luz Solórzano como la que lideraba dicha manifestación. No obstante, al entrevistar a los asistentes a este acto, supuestamente espontáneo, se supo que varias de las asistentes habían sido llevadas con engaños a lo que ellas creían era un reclamo al alcalde por más alimentos para las ollas comunes.

OLLAS COMUNESSin embargo, el triunfo de Solórzano no fue el único que se produjo en el contexto de lista única. Tanto en Lima Norte como Lima Este también se pudo observar que sólo existía una lista en competencia para representar a estas zonas en la comisión que la Municipalidad de Lima ha decidido crear.

CANDIDATOSTras las elecciones presidenciales de 2021, el partido político del alcalde de Lima, Renovación Popular, no tuvo reparos en denunciar un fraude electoral pese a la ausencia de pruebas contundentes. Tres años después, Rafael López Aliaga, esta vez como autoridad a cargo, vuelve a encontrarse con acusaciones de fraude, aunque esta vez son en su contra y con pruebas que generan dudas razonables.

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[INFORMES] LA GESTIÓN DE UCEDA HABRÍA PAGADO CASI 80 MIL SOLES A UN CONSTITUCIONALISTA POR UN TRABAJO QUE NUNCA REALIZÓ.

La gestión del alcalde Diego Uceda en La Molina está por cumplir su primer año al frente de este distrito. Sin embargo, en este corto periodo se ha visto involucrada en un sinnúmero de irregularidades. Tal como lo informó Sudaca en diversos informes, casos como el de Cencosud y la disputa contra un grupo de vecinos a los que se les negó la posibilidad de formalizar sus negocios han mellado la imagen del alcalde de Renovación Popular.

Pero estos extraños manejos por parte de quienes hoy se encuentran al mando de La Molina también se perciben dentro de las instalaciones de la propia municipalidad. Sudaca pudo conocer los casos de un personaje muy conocido en la política peruana que han recibido importantes sumas de dinero que salieron de las arcas de la Municipalidad de La Molina a cambio de un trabajo, aparentemente, inexistente.

NI PARA MARCAR TARJETA

Lamentablemente, en los últimos años, el término “trabajador fantasma” se ha hecho muy común en la política peruana para referirse a personas que, con complicidad de sus jefes,  cobran un salario por un trabajo que no realizan y, en algunos casos, ni hacen el esfuerzo de acercarse a sus centros de trabajo para, por lo menos, fingir que merecen cobrar el monto que se les asigna.

Este parece ser el caso del conocido constitucionalista Ángel Delgado Silva desde que el alcalde Uceda tomó el control de La Molina. Tal como se puede observar en la página web de proveedores del Estado, Delgado recibió una suma de casi cuarenta mil soles en febrero del presente año. Según la información registrada, quien supo ser jefe del Gabinete de Asesores de la Presidencia del Concejo de Ministros durante el gobierno de Ollanta Humala fue contratado como coordinador con el concejo municipal.

Algunos meses después, más precisamente en agosto, Delgado Silva volvió a ser contratado y nuevamente fue por la cifra de S/. 39,500.00 para que desempeñe el trabajo de coordinador con el concejo municipal y con ello acumular casi ochenta mil soles por su trabajo en la Municipalidad de La Molina.

No obstante, una costosa contratación podría estar justificada si los resultados son positivos para la municipalidad, aunque este no parece ser el caso. Sudaca pudo conversar con una regidora que ha preferido mantenerse en el anonimato por temor a represalias, pero aseguró que la persona contratada para ser coordinador es un desconocido para ella y sus colegas.

“La única vez que yo lo he visto al doctor ha sido para cambiarme mi voto con respecto de un regidor que quería sancionarlo”, explicó la regidora y agrega que, además, nunca lo ha visto siendo parte de las sesiones del Concejo Municipal durante el presente año pese al elevado monto que ha cobrado.

Mediante el portal Transparencia, Sudaca revisó el registro de visitas a la Municipalidad de La Molina y pudo constatar que, aunque en este sitio web no figuran los registros de un par de algunos días, Ángel Delgado Silva no visitó la municipalidad, por lo menos, durante el mes siguiente a la fecha que figura como inicio de su órdenes de servicio correspondientes a los meses de febrero y agosto.

Sudaca intentó comunicarse con Ángel Delgado para conocer su versión sobre el trabajo para el que fue contratado por la Municipalidad de La Molina. Sin embargo, hasta la fecha en que se publicó este informe, no hemos recibido ningún tipo de comunicación de su parte.

Aunque esta no es la primera vez que una contratación de Ángel Delgado es cuestionada. En febrero de este año, la periodista Anuska Buenaluque del medio Epicentro informó que, a pedido de la Comisión de Constitución, la Mesa Directiva del Congreso autorizó que se contrate a un experto en materia constitucional. Si bien Delgado Silva calificaba como especialista, resultó cuanto menos extraño que se realice este gasto cuando dicha comisión cuenta con un consejo consultivo ad honorem. En otras palabras, prefirieron pagarle a Delgado sabiendo que podían recibir la opinión de varios expertos sin invertir ni un sol.

UN VIEJO CONOCIDO

Pero la llegada de Delgado Silva a la Municipalidad de La Molina no parece ser precisamente una casualidad. Diego Uceda, el alcalde de este distrito, ha firmado, en más de una oportunidad, los pronunciamientos de la famosa Coordinadora Republicana que ha tenido a Ángel Delgado como presidente. En la siguiente imagen, se puede observar que tanto Uceda como Delgado firman una declaración en favor del exprimer ministro Ántero Flores Araoz en el contexto de la represión ocurrida en noviembre del 2020.

Los vínculos entre Delgado y Renovación Popular también se han visto en el Congreso. En el mes de febrero, el congresista Alejandro Muñante, aprovechando su cargo de tercer vicepresidente, le otorgó un reconocimiento a la Coordinadora Republicana de Ángel Delgado Silva.

Entre los cuestionables antecedentes de este constitucionalista también destaca su cercanía al grupo ultraderechista denominado La Resistencia, conocido por sus acciones violentas contra periodistas, funcionarios y políticos. Además, en sus redes sociales, Ángel Delgado se ha mostrado como un fiel seguidor de Rafael López Aliaga, el líder de Renovación Popular.

Caviar se ha convertido en un término muy usado por integrantes de Renovación Popular para descalificar y acusar a sus adversarios políticos vivir del dinero del Estado. Sin embargo, casos como el de Ángel Delgado en la Municipalidad de La Molina parecen demostrar que el partido de Uceda y López Aliaga tiene sus propios caviares que no le salen nada baratos a un distrito cuya municipalidad, además, estaría atravesando una grave crisis económica.

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[ENTREVISTAS] Ha pasado un año de la salida de Pedro Castillo de la presidencia y el final de un ciclo marcado por decisiones cuestionables, ¿por qué Dina Boluarte hasta ahora no ha podido sacar al país de ese camino de incertidumbre y constantes crisis?

Lo único que demuestra el gobierno de Dina Boluarte es que es algo que se preveía desde el gobierno de Castillo. No fue una elección en la cual el ganador reflejaba un equipo de trabajo con ambiciones de ganar. Lo que tenemos es la consecuencia de eso y, además, a través de la vicepresidencia  no hubo esfuerzos previos por armar un plan sólido. Boluarte sólo quiere ser presidenta y se respalda en un operador político que es Otárola. Sumado a eso, es difícil conseguir ministros que puedan darle solidez al gobierno. Qué persona competente en su sector va a aceptar quemarse en un gobierno que no tiene idea de lo que está haciendo. En el fondo, quien está gobernando es el Congreso y el de Boluarte es un gobierno de piloto automático y muy autoritario.

Sin embargo, en los últimos años, los gobiernos de Martín Vizcarra y Francisco Sagasti lograron un considerable respaldo por parte de la población pese a llegar al poder de forma inesperada, ¿por qué el de Dina Boluarte no pudo ser un caso similar?

Hay que diferenciar los procesos. Sagasti entró y dijo que era un gobierno bisagra que se quedaría un año en el que se enfocarían en tres puntos fundamentales. Además, Sagasti tenía experiencia como gestor público y eso le permitió dar la sensación de durar poco y hacer cosas básicas. El caso de Vizcarra es muy parecido al de Boluarte en términos de proceso. Si bien no dinamitó el gobierno de Kuczynski,  se puso de lado y cuando las papas quemaron dijo aquí estoy yo. Pero Vizcarra tenía la experiencia como gobernador regional de Moquegua, una experiencia bastante positiva por lo que pudimos conocer. En el momento en que Vizcarra asume, sí se puede sentir que por lo menos había participado de un proceso en que sí había una lógica detrás. Boluarte venía de ser funcionaria pública de un rango bastante menor, una militancia política relativa y el único cargo de gestión que tuvo fue conducir un club departamental que no se asemeja a un gobierno regional ni a una alcaldía distrital.

¿No marca una diferencia importante que Dina Boluarte tiene al Congreso a su favor?

Discrepo en que ella tenga a favor al Congreso. Ella está en favor del Congreso y eso la hace parecer, ante la opinión pública, como una persona incompetente. Si sigues los discursos de Boluarte, sólo sabe decir dos o tres cosas. La primera es quiere un gobierno de paz y unión nacional, lo que es una respuesta de concurso de belleza; la segunda es que son estrictamente respetuosos de la institucionalidad y de los derechos humanos, no hace falta hacer un  fact-checking para saber que eso es una burla, y lo tercero es esta victimización al decir atacada por ser mujer. Este gobierno puede sobrevivir, pero de ahí a representar un proyecto es bastante difícil.

Algunos sectores políticos, como el fujimorismo, tienen presente a Martín Vizcarra en sus discursos, ¿se le podría considerar como un actor político vigente que podría tener chances de volver a la presidencia?

Ha sido el último presidente que se acercó al registro histórico de aprobación en el Perú. Fue alguien que pudo capitalizar una demanda y tuvo una coyuntura, la pandemia, que le permitió hacer eso. Antes del vacunagate había llevado un manejo de gobierno que parecía eficaz y eso es una amenaza para el proyecto fujimorista. Lo que vimos con Vizcarra es nada parecido a lo que vimos en los últimos treinta años, porque lo logró desde el gobierno con una gestión de crisis con la pandemia que, pese a lo que significó el vacunagate, los muertos y las decisiones ridículas, la gente apoyaba. La conferencias que daba los miércoles tenían rating. Supo cambiar el estilo de comunicación y llegada con la gente desde un lugar de poder y eso es algo peligroso para sus enemigos políticos. Si tuviéramos que hacer una elección hoy, no tengo ninguna duda que Vizcarra pasa a segunda vuelta.

Según la última encuesta de Datum, el Congreso tiene una aprobación de 7% y Dina Boluarte apenas llega al 9%, ¿por qué pese a un marcado descontento no hay movilizaciones grandes?

Tengo tres hipótesis. En 2020 tuvimos una gran manifestación contra Manuel Merino. Se salió a las calles y se logró el objetivo que era sacar a Merino. Pero luego de Sagasti vinieron otros como Castillo y Boluarte. Entonces el tema es que se logra sacar a un presidente y luego viene más de lo mismo. La gente se pregunta, cuál es el costo beneficio si luego viene la misma masa de siempre a complicarme la existencia. La segunda hipótesis tiene que ver más allá de la ineficacia de la acción, tiene que ver con la oferta política. No hay una relación entre el sentimiento antisistema y la apuesta por quien lo puede resolver. No se quieren adherir a ninguno porque todos parecen lo mismo. Una tercera es que cada vez es más evidente que más gente siente que lo que pasa en política no los afecta y se preguntan por qué comprometerse en una pelea de blancos, por llamarlo de una manera. Somos un país que ha perdido la fe en lo colectivo.

¿Por qué no se ve unión entre las manifestaciones de Lima con las del resto del Perú?

Ocurre que no hay referentes que puedan albergar un estado de ánimo colectivo. Dentro del mismo movimiento de protesta no existe una posición mayoritaria. Están los castillistas con los institucionalistas y están los que es consideraron más importante que se vaya Boluarte y los que recién ahora reaccionan. Mientras no haya una cohesión en dos o tres ideas claras, esa oposición va a ser un chiste. En el fondo lo que terminan transmitiendo ante la opinión pública es que no vale la pena.

¿Puede deberse a que la oposición de otras regiones no se siente representada por la limeña?

Lo que he podido ver es que fuera de Lima tampoco hay un movimiento tan cohesionado con una plataforma clara. Hay movimientos regionales que tienen demandas, la parte del agro y también los de la minería . Hay una serie de elementos que no necesariamente se concatenan como para decir que hay un movimiento fuera de Lima tan homogéneo. Además aunque son más nutridos que en Lima e involucran más compromiso, no termina de ser masivo ni generar un espacio sino que termina siendo uno que pone en jaque por dos o tres días una ciudad y luego se diluye. No creo que fuera de Lima haya un solo movimiento. Lo que sí creo es que no hay posibilidad de conciliar a Lima con el interior porque el tema es muy emocional.

Acorde a las últimas encuestas, el Congreso parece incapaz de levantar su porcentaje de aprobación, ¿por qué a los parlamentarios parece no importarles la desaprobación si esto podría repercutir en los votos que obtengan sus partido en una próxima elección?

El objetivo de un congresista no es ser popular sino promover una agenda. La mayoría de partidos que lleva gente al congreso no son partidos que históricamente tengan una proceso de construcción de ideología y a partir de eso un plan que suma militantes. Normalmente son construcciones en torno a personas. La lógica de un congresista no está tanto en pensar en un proceso de largo plazo sino en cómo acomodar las cosas que le permite generar leyes a favor de ellos. Por otro lado, la inmovilidad de la calle les permite seguir en eso.

Tras el triunfo del libertario Javier Milei en las elecciones de Argentina, varios políticos peruanos, como Patricia Chirinos y Alejandro Cavero, han empezado a imitar su discurso anti casta, ¿observa a alguna figura de la política nacional capaz de capitalizar el descontento de los peruanos con la clase política?

No. Todos van a ser grandes caricaturas. A Milei le reconozco una dosis de autenticidad y eso el electorado lo percibe. Acá no siento que algo así vaya a pasar. Yo tengo la hipótesis que la candidatura de Keiko Fujimori terminó de morir cuando dio el debate frente al penal de mujeres, apareció su hermano Kenji y se abrazaron. En ese momento que Keiko iba subiendo en las encuestas cae de nuevo y pierde las elecciones. Porque la gente vio eso y pensó que era una candidata que no tiene ningún problema en vendernos una telenovela que no es cierta. Con el fenómeno Milei, todos quieren copiarse un estilo que en el Perú no tiene mucho sentido. Además, creen que copiar sus estilo es ser más grosero, pero se distingue muy rápido cuando una actitud es forzada. Jaime Bayly representaba un poco eso del loco pero autentico. El problema es que acá sí tienes el sesgo de pituco y Bayly jamás hubiera sido presidente.

En los últimos meses se ha visto que personajes como Roque Benavides, Carlos Neuhaus y Carlos Añaños han mostrado interés por involucrarse en política, ¿la imagen del presidente empresario puede ser atractiva para el electorado nacional?

El votante no es estático. Esa idea del presidente empresario tenía más correlato hace unos cinco o seis años. Eso creo que es lo que finalmente termina llevando a Pedro Pablo Kuczynski, como persona y partido político, al poder. Pero hoy día estamos ante otros retos. La exigencia para un candidato hoy no pasa por el lado del éxito empresarial sino por alguien con el norte claro con respecto a seguridad, relaciones internacionales, cierta lógica de mano firme y cómo se va a comportar con otros poderes del Estado. Los grandes temas que movilizan son la inseguridad ciudadana y como frenar la recesión.

Se ha visto que en las elecciones de países considerados progresistas, como es el caso de Argentina, ha existido un fuerte cuestionamiento a los derechos humanos, ¿también será un tema central en un país conservador como Perú?

El tema va a pasar más por mostrar a los derechos humanos como el monstruo progresista y que el día que no existan vas a poder salir a trabajar tranquilo, sacar la pistola y matar al ladrón. Si logran generar ese vínculo, estamos muertos a nivel de garantía. Si logran relativizar la defensa de los derechos humanos y ubicarlo como el enemigo a vencer versus seguridad y economía, entonces hay una oportunidad para eso movimientos. Pero si siguen viéndolos como algo de caviares va a ser un discurso con el que alguna gente podrá empatizar pero que no tiene ningún sustento.

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[ENTREVISTAS] ¿Qué tan inusual es que un país desacate una orden de la CIDH?

En los casos de Venezuela y Nicaragua es frecuente. ¿A eso nos queremos parecer? Lo que estamos haciendo es golpearle la médula a nuestros indicadores de sostenibilidad institucional. Si no respetamos sentencias de los tribunales internacionales, qué clasificador de inversiones extranjeras recomendará invertir en un país que respeta sentencias internacionales solo cuando le da la gana.

¿Liberar a Alberto Fujimori bajo las condiciones en que se realizó afectará la imagen del país?

Eso no es imagen, eso es reputación, lo que es mucho más serio y forma parte de los indicadores en base a los cuales se desarrollan las relaciones internacionales, las políticas y la inversión. Este desacato forma parte de los indicadores que influencian hasta en la tasa de interés de los préstamos. Influencian hasta en la estabilidad de los bonos que puede intentar colocar el Estado en el futuro.

¿El gobierno y el Tribunal Constitucional contaban con argumentos para ignorar la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y liberar a Alberto Fujimori?

Bajo ninguna. Porque la falsa doctrina que se ha estado difundiendo con respecto a que las resoluciones de supervisión de sentencia pesan o vinculan menos al Estado que las sentencias mismas no tiene apoyo en ningún precedente del derecho internacional. No tiene apoyo en las prácticas del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y, además, todos los tribunales internacionales tienen procedimientos de supervisión a la ejecución de sus decisiones que permiten hacer cosas como las que hizo la CIDH el 5 de diciembre. Eso en ningún sistema internacional está en discusión. El gobierno sabe que lo que ha perpetrado es un desacato que contradice prácticas establecidas en el derecho internacional y, sin embargo, ha decidido hacerlo.

Usted ha señalado que el argumento de menor fuerza vinculante no podrá ser el camino utilizado para sustentar el desacato a lo ordenado por la CIDH, ¿pero hay otro camino que sí podrían intentar seguir?

No. No hay un solo autor en el derecho internacional sobre procesos ante tribunales internacionales que pretenda válido lo que el gobierno ha hecho. No hay una sola regla que justifique que las resoluciones de los tribunales tengan menos valor que las sentencias. Lo que ha hecho el gobierno es un desacato que va a tener consecuencias. Estos días se ha venido diciendo que no importa, que no es cierto que hay consecuencias y reportar el desacato ante la OEA no significa nada. Pero eso significa el registro de un país que no cumple sentencias internacionales y eso va a ser tenido en cuenta en los clasificadores de riesgo y en cada arbitraje internacional que el estado sostiene en protección de inversiones. Vamos a perpetrar un papelón en la próxima audiencia ante la CIDH . Porque quien ponga la cara simplemente no va a tener nada para decir.

¿Por qué el gobierno de Dina Boluarte no frenó la excarcelación de Fujimori teniendo en cuenta todos los factores mencionados?

Nos lo tendrán que explicar. Lo único que puedo dejar en claro es que el señor Otárola ha sido coautor de trabajos sobre derecho constitucional con uno de los principales expertos de derechos humanos que es Enrique Bernales Ballesteros. No puede pretender desconocer lo que sabe, las reglas del derecho internacional que defendió cuando se adjudicó la primera medida de indulto. Tendrán que explicar por qué están contradiciendo cosas que saben que rigen en el derecho internacional.

El magistrado Manuel Monteagudo declaró que él y otro magistrado no tenían conocimiento del fallo que liberaba a Alberto Fujimori y que este no fue debatido por todos los miembros del Tribunal Constitucional, ¿esta situación demostraría que se buscaba liberarlo bajo cualquier condición?

Todo el procedimiento ha sido forzado y se pone en evidencia con los tres errores gruesos que han cometido los magistrados del Tribunal Constitucional (TC) que han respaldado esta decisión. El primero es que nadie se dio cuenta que el juez de Ica se iba a negar a seguir las instrucciones que públicamente le dieron los tres jueces que se presentaron en medios durante esta crisis. El segundo error es la sentencia que dijeron estar ejecutando es una sentencia del pleno del TC que tenía que ser ejecutada por el pleno del TC y este no fue convocado. El presidente sólo convocó a los magistrados que suscribieron los autos de aclaración que no tienen nada que ver con la libertad de Fujimori y uno no firmó la orden de liberación. Tercero, para ordenar la libertad de una persona que está en la cárcel, las firmas de los magistrados debieron ser registradas en el INPE. Esos tres errores muestran el apresuramiento que tiene una sola explicación: lograr que Fujimori salga de la cárcel antes que la CIDH pueda reaccionar.

¿Estos errores que menciona podrían llevar a que se invalide la decisión de liberar a Alberto Fujimori?

Para eso era la orden provisional de la CIDH que iba a suspender el procedimiento hasta que se llame a una audiencia de supervisión que, no tengo dudas, hubiera concluido que la decisión del Tribunal Constitucional de marzo del 2020, y también la de diciembre, no se podían ejecutar. El camino correcto era suspender el procedimiento.

Debido a que esto no ocurrió, ¿cuál es el procedimiento que seguirá la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)?

La CIDH llamará a una audiencia en la cual le va a ordenar al Estado suspender la ejecución de la liberación, lo va a reportar a la OEA y va a comenzar este despliegue de las consecuencias en la reputación. El Perú es un estado cuyo gobierno es incapaz de armar una agenda internacional. Qué va a pasar ahora que, además de arrastrar las muertes de diciembre y enero, arrastrará también un desacato a la CIDH.

¿Qué tan probable es que Fujimori vuelva a prisión?

No voy a especular sobre ese extremo. Me preocupa más la situación de los familiares de las víctimas de los crímenes de los años noventa que sufren en carne propia las consecuencias. La situación de Alberto Fujimori no es estable. Algo más tendrá que pasar para darle una forma definitiva a esto. Espero se reconozca el derecho de las víctimas a ser incorporadas en cualquier decisión sobre el destino final de estos casos y se deje de utilizar a Alberto Fujimori como una moneda de cambio cuando es una persona condenada por crímenes que se cometieron durante su gobierno.

Se ha cuestionado que el indulto que le otorgó el expresidente Pedro Pablo Kuczynski se dio en un momento en el cual Fujimori parecía estar agonizando y que, en los años posteriores, su salud se ha mantenido estable, ¿considera que actualmente se reúnen las condiciones para que sea indultado?

Las cuestiones sobre el destino final de un condenado por derechos humanos son muy complejas. Creo que es importante notar que es un hombre de 85 años con salud precaria, pero que tiene una ruta definida por una condena judicial de la que la única inflexión posible se produce a partir del reconocimiento de lo que pasó en sus años de gobierno en materia de derechos humanos y ese reconocimiento supone pedir perdón de manera mínimamente seria a las víctimas. Sobreponer a eso la discusión de su salud como causa de la libertad es eludir el debate sobre las consecuencias de un perdón que no ha pedido seriamente.

¿Perú se expone a algún tipo de sanción?

El derecho internacional no es como el derecho penal. No funciona con cárceles ni policías. Funciona sobre las consecuencias que sus decisiones tienen en la reputación.

La Fiscalía ha solicitado dieciocho meses de prisión domiciliaria para Alberto Fujimori por la masacre de Pativilca, ¿es un pedido viable?

Es muy poco probable. Estas son cuestiones sobre peligrosidad procesal, capacidad para eludir la justicia o alterar las evidencias de un caso, y Alberto Fujimori, a estas alturas de su vida, está lejos de representar un peligro procesal.

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Alberto Fujimori, derechos humanos, Desacato CIDH, Relaciones Internacionales, Reputación de Perú

[INFORMES] La tarde del viernes 18 de noviembre del 2022 fue un día que, sin lugar a dudas, quedará como un recuerdo imposible de borrar de la memoria de aquellos pasajeros del vuelo 2213 de Latam así como del personal de emergencia que acudió al lugar de la tragedia. Pero, principalmente, será una fecha que marcará por siempre la vida de los familiares y seres queridos de Ángel Torres, Nicolás Santa Gadea y Manuel Villanueva, los bomberos que perdieron la vida como consecuencia de este accidente. Sin embargo, a más de un año de la tragedia, sigue apareciendo información que expone diferentes situaciones de negligencia que precedieron al trágico desenlace.

Sudaca pudo acceder a documentos que comprometen seriamente a la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC) por decisiones que no sólo le costaron la vida a los tres bomberos sino que, al día de hoy, siguen poniendo en riesgo la vida de los miles de pasajeros que visitan los aeropuertos nacionales.

EL PEDIDO MORTAL

Desde septiembre del año 2021, un conjunto de reglas, preceptos, requisitos, métodos y procedimientos que se conocen como la Regulación Aeronáutica del Perú (RAP) 311 fueron aprobadas. En sus 108 páginas figuran numerosos criterios que la Dirección General de Aeronáutica Civil así como los proveedores de servicio deben seguir para que el tránsito aéreo en el Perú sea seguro.

En este texto, el apéndice 14 aparece con el título “Gestión de la fatiga” y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen, en él se señala que el Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo (ATSP) deberá establecer los horarios de trabajo siguiendo los criterios mencionados para el máximo y mínimo de horas.

No obstante, aunque fue aprobado en 2021, esta norma viendo siendo infringida desde hace un largo tiempo por los controladores de tránsito aéreo en varios aeropuertos del Perú poniendo en riesgo la vida de los pasajeros que los visitan y también del personal de estos terminales aéreos.

Aunque lo más grave de este nuevo destape es que esta infracción se viene cometiendo con la complicidad de la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (CORPAC). Tal como se aprecia en el siguiente documento al que tuvo acceso Sudaca, Miguel Ángel Moreno Ramírez, quien firma como gerente general del CORPAC, presentó una solicitud de exención del cumplimiento de limitaciones relacionadas con la gestión de la fatiga alegando, entre otros motivos, cantidad insuficiente de personal.

El 12 de diciembre del 2022, Donald Hildebrando Iván Castillo Gallegos, quien pertenecía a la Dirección General de Aeronáutica Civil del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, respondió al pedido del gerente general de CORPAC señalando que se les concedía la exención solicitada por el periodo de un año que recién terminaría el próximo 5 de diciembre del presente año.

CONSECUENCIAS DE LA NEGLIGENCIA

El pasado 17 de noviembre, Sudaca publicó en exclusiva un video en el cuál se exponía con detalle lo vivido en la torre de control el día del trágico accidente. Las imágenes del personal durmiendo así como los intentos de coordinar una historia que los exima de la responsabilidad generaron una profunda indignación. Aunque, con la nueva información que Sudaca detalla en este informe, pareciera que el riesgo de nuevos accidentes sigue latente hasta la fecha ante la indiferencia de CORPAC.

A diferencia de lo que ocurre con el transporte terrestre, donde trágicamente los accidentes se han convertido en parte de lo cotidiano, en la industria aeronáutica, a nivel mundial, los accidentes siguen siendo lo inusual. Sin embargo, si los responsables de mantener esos estándares de seguridad continúan actuando de espaldas a las normas que buscan garantizar la tranquilidad de pasajeros y el personal que trabaja en los aeropuertos, Perú corre el riesgo de convertirse en un país en el cual viajar genere miedo ante la posibilidad de un controlador aéreo dormido que provoque un accidente mortal.

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