José Enrique Escardó Steck, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio, conversó con Sudaca sobre su disolución. Además, expuso el hostigamiento sufrido por las víctimas e investigadores durante más de dos décadas en un caso que también involucra al excardenal Juan Luis Cipriani y a más de un político influyente.

Teniendo en cuenta que han pasado más de veinte años desde que se denunció el caso Sodalicio, ¿confiaba que podía ocurrir una decisión como su disolución o veía con resignación que los responsables gozarían de impunidad?

Yo era la persona más escéptica. Lo dije antes, no confiaba en que se iba a disolver el Sodalicio. Pero también dije que en este proceso me he equivocado y esta ha sido una de esas veces. La disolución ha sido una sorpresa para mí.

¿Por qué esta decisión ha tomado tanto tiempo si se trata de un caso tan grave y con tantas víctimas?

Porque los tiempos de la Iglesia son tiempos irracionales, no reacciona a menos que haya un escándalo. Recordemos lo que es la Iglesia, la organización más grande del mundo y no sólo en temas religiosos. He hablado con personas como el cardenal Robert Prevost, quien es el prefecto del Dicasterio para los Obispos, y también Simona Bambrilla, la Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y hay una sensación de impotencia en los que quieren hacer algo dentro de la Iglesia porque es muy complejo y hay mucha política y muchos intereses.

A lo largo de estos más de veinte años, ¿ha encontrado más representantes de la Iglesia a su favor o en su contra?

Más en contra. Los que apoyan son contados con los dedos de una mano. El grupo de gente que está con el Sodalicio por motivos económicos, interés o poder es mucho más grande. Es realmente David contra Goliat. Pero bueno, como pasó en la Biblia, esta vez David ganó.

La política peruana suele tener una relación muy cercana con líderes religiosos, ¿qué papel jugó la política nacional en el caso Sodalicio?

Es el caso más vergonzoso en la historia del Perú y no sólo por la política sino por el Estado. La justicia peruana no ha hecho nada. El Estado peruano se ha dado por desentendido del caso. Se demostró estos días en Ginebra cuando estuve en el Comité de los Derechos del Niño y logré que le pregunten a la ministra de la Mujer al respecto y respondió algo sumamente vergonzoso demostrando que al Estado nunca le ha interesado. Obviamente hay partidos políticos y políticos individuales vinculados al Sodalicio que tienen negocios con ellos y una relación de poder que no solamente se han puesto del lado del Sodalicio sino que han creado un sistema de desinformación para atacar a las víctimas e investigadores.

¿A quiénes ha podido identificar como estos defensores del Sodalicio?

Todos sabemos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es un admirador de muchas personas dentro del Sodalicio. Lo ha dicho en entrevistas. Dijo que el cura Jaime Baertl, quien maneja el Sodalicio, era un santo y que lo admira. Además, sabemos que treinta y seis  empresas del Sodalicio han entrado en fideicomiso a una empresa que fue fundada por López Aliaga. Eso no puede ser una coincidencia. Su partido está involucrado y el fujimorismo también. Pier Figari es primo hermano de uno de los curas del Sodalicio, Juan Mendoza Figari, y hay una relación muy estrecha. Eso se nota porque cuando pasan estas cosas nadie del fujimorismo y Renovación Popular habla.

¿Qué intereses económicos hay detrás de los defensores del Sodalicio?

Aquí en el Vaticano, todas las personas con las que he hablado, incluyendo al Papa, han manifestado que hay mucho poder del Sodalicio y eso genera una serie de problemas. Además, hay por lo menos nueve obispos involucrados en negocios turbios de los cementerios con el Sodalicio. Hay todo un tema económico y político que cuidan.

Durante muchos años, Juan Luis Cipriani fue la cabeza de la Iglesia en el Perú, ¿qué papel tuvo en el caso Sodalicio?

En el año 2000, cuando publiqué mis columnas, me encontré con Cipriani en una reunión a la que fui como director de la revista Gente. Me acerqué y le dije lo que había publicado, pero no le prestó importancia. A medida que fueron avanzando mis columnas, nos enteramos que Cipriani había llamado a los empresarios católicos y les había dicho que no anuncien en la revista. Tuve que dejar de escribir para que la revista no desapareciera. Luego de eso, supimos que Cipriani recibió denuncias en contra de Figari por abuso sexual y estas se perdieron en el camino y nunca llegaron al Vaticano. Su papel ha sido lamentable y se sabe que también ha tenido denuncias de inconductas sexuales.

¿Las denuncias contra el Sodalicio han padecido algún tipo de censura mediática?

Sí. La Iglesia tiene mucho poder. Sorprende que el año en que salió “Mitad monjes, mitad soldados”, el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, la cobertura mediática fue absoluta. En cambio, en los últimos años que se ha visto el crecimiento del poder conservador de ultraderecha y católicos radicales dentro de la política y el empresariado peruano, los medios prácticamente han silenciado el tema.

¿Observa cambios en la Iglesia que inviten a creer que se han tomado las medidas necesarias para que no se repita la historia del Sodalicio?

Es una de las cosas que hablé con el Papa Francisco. Esta es la oportunidad para que la Iglesia evite que esto  vuelva a pasar. Pero son cientos de miles de casos en todo el mundo. No se puede hacer de un día para el otro. Fui claro con él sobre el nuevo rumbo que tiene que tomar la Iglesia con respecto a las denuncias de violencia física, psicológica, sexual y espiritual. Esto tiene que ser una oportunidad y debe ser acompañada por las víctimas. Por eso propuse un consejo de sobrevivientes que acompañe este proceso. 

¿Qué respuesta obtuvo por parte del Papa Francisco?

Cuando le presenté el documento escrito y llegamos al punto de consejo de sobrevivientes,  levantó la mirada y me dijo “lo que tú le pidas a Jordi Bertomeu, yo lo voy a firmar”. Entonces creo que fue una clara referencia a que en el centro tienen que estar las víctimas.

¿Podríamos decir que se está abriendo la puerta a un cambio en la Iglesia?

Creo que hay una postura del Papa y las personas en las que él confía para este proceso. Yo no hablaría de la Iglesia en general. Porque la mayoría tiene otra visión y eso es lo peligroso. El Papa está anciano y enfermo, entonces no sabemos qué podrá pasar en los próximos años. Tenemos que vigilar que este proceso sea realizado de una manera muy cuidadosa para que no se escape nada por las rendijas, porque el Sodalicio es muy hábil para encontrar escapes.

¿Este poder e influencia que tiene el Sodalicio se ha manifestado a través de amenazas?

Desde que comencé, el Sodalicio hizo una campaña para tratar de destruir mi credibilidad. Me han llamado desde el anticristo hasta que estoy loco, soy adicto y abusador de mujeres. En los últimos años hay artículos en mi contra e insultos en las redes escritos por personas vinculadas al Sodalicio y, obviamente, es por encargo de ellos que nunca hacen las cosas de frente sino que encargan a terceros. Además, también he recibido amenazas de muerte en contra mía y de mi hija y amenazas contra la integridad sexual de mi hija desde que ella tenía cuatro años. Eso viene pasando desde hace 25 años.

¿Considera que hay un incremento del fanatismo religioso y que ello ha repercutido en este hostigamiento?

Perú está convirtiéndose en el Afganistán de Latinoamérica. Es el país donde el conservadurismo está teniendo un poder y presencia muy grande. Lo hemos visto en la forma en que reaccionaron a la obra “María Maricón”. En el caso Sodalicio, con los intereses que hay, hemos visto cómo han querido destruir a Paola Ugaz y Pedro Salinas con las denuncias. Ante cualquier persona que hable, el Sodalicio viene con su maquinaria aplanadora y esto va a seguir. El Sodalicio no va a querer morir sin matar. Van a seguir queriendo destruir a todos los que puedan.

Se ha hablado de la política y la Iglesia, pero ¿cómo se podría evaluar el trabajo de la justicia peruana en estos casos de abusos?

La justicia peruana siempre se escuda en la prescripción. Como hay mucha carga, dicen que ya prescribió y así no tienen trabajo. Además, como hay presiones muy fuertes de la política y la propia Iglesia, entonces tienen miedo y no hacen su trabajo. Ya sabemos que en la época de Patricia Benavides había un abogado del Sodalicio que bloqueaba las denuncias contra ellos y hacia que corran muy rápido las que eran contra los denunciantes e investigadores del Sodalicio. 

¿Cuál era el plan detrás de estas denuncias?

La forma en que funciona es con los propios esbirros del Sodalicio escribiendo cosas en sus propios medios, como en La Abeja, Willax o Expreso, y creando en la opinión pública una idea. Ellos mismos inventan las historias y hasta crean chats falsos, y luego, con ese material inventado, van a la fiscalía y dicen que ha salido todo eso en los medios y hay que denunciar a tal persona. Después meten presión en la fiscalía a través de políticos y generan todas estas falsas acusaciones, como que Paola Ugaz es miembro de una organización de lavado de dinero y que trafica plutonio y uranio con la familia Vargas Llosa en Piura. 

¿Perú dejó de ser un estado laico?

Un gran termómetro de esa situación ha sido lo que ocurrió con la obra “María Maricón” y cómo reaccionó el grupo más conservador del catolicismo peruano y la manera en que reaccionó el Estado con comunicados del Ministerio de Cultura pidiendo explicaciones sobre la afectación de la fe católica o la Defensoría del Pueblo pidiendo que interpele al ministro de Cultura. Eso pasa en un estado confesional teocrático y creo que estamos yendo en ese camino. Pero esta disolución del Sodalicio es un mensaje fuerte para el conservadurismo peruano que pueden tener todo el poder que quieran pero todavía tenemos personas que luchan por la verdad.

Ha mencionado los vínculos del Sodalicio con políticos y partidos, como Rafael López Aliaga y Fuerza Popular, quienes aparecen en las encuestas presidenciales. Si alguno de ellos llega al sillón presidencial, ¿estaríamos ante un posible pacto de impunidad para los responsables de estos tipos de abusos?

Creo que sí. Yo reto a cualquiera que haya una minería de declaraciones o tuits de todos los que están vinculados a estos partidos y enseñen alguno en el cual hayan hablado del caso Sodalicio. No hay. Hay silencio o ataque a las víctimas y a los investigadores. Es muy claro por donde va el asunto y cuáles son los pactos que se han cocinado en el Perú hace varios años. No me sorprendería que pronto busquen promulgar una ley contra la blasfemia y vayamos avanzando de un estado laico a uno teocrático.

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Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

 

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Acuña, Boluarte, Minedu

Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento  en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

Cristian Rebosio 

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores. 

Cristian Rebosio 

En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

Cristian Rebosio

Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

Cristian Rebosio

En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

Cristian Rebosio

EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje  para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix  a Sudaca.

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Andrea Vidal, Congreso, Jorge Torres

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

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Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

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Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

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Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

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En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

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Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

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Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

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Fue uno de los gerentes señalados por ocasionarle al distrito de Carabayllo un perjuicio económico cercano a los trescientos mil soles y ahora la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima lo ha colocado en una gerencia que manejará directamente el presupuesto en una decisión que invita a preguntarse si en las gestiones relacionadas a la Municipalidad de Lima existe descuido o indiferencia ante estos antecedentes.

Con la llegada del 2025 también está empezando el tercer año de gestión del alcalde Rafael López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Durante este periodo, el líder de Renovación Popular, que llegó al sillón municipal prometiendo que convertiría a la capital en potencia mundial, ha acumulado una serie de cuestionamientos por diversos temas, como promesas incumplidas, polémicas condecoraciones a aliados políticos y, como parece ser una costumbre en la política peruana, la falta de criterio al momento de designar funcionarios.

Es sobre este último punto cuestionado que Sudaca ha encontrado un caso que, nuevamente, pone al descubierto los errores por parte de la actual gestión de la Municipalidad de Lima y sus entidades adscritas. En esta oportunidad, un recientemente nombrado gerente en una de estas empresas que son propiedad de la municipalidad habría tenido un escandaloso antecedente que generó un perjuicio económico por cerca de trescientos mil soles para un distrito en el cual trabajó.

ESCÁNDALO EN CARABAYLLO

A finales del año 2020, el despacho de la alcaldía del distrito de Carabayllo recibe un oficio emitido por el Órgano de Control Institucional en el cual se remitió un informe correspondiente a una auditoría sobre el pago de bonificaciones por escolaridad a los trabajadores de dicha municipalidad y que comprendía el periodo de mayo del 2017 a enero del 2020.

Según el informe emitido como resultado de la auditoría realizada, la conclusión indicó que, bajo el concepto de bonificación por escolaridad, se habían otorgado “importes superiores a los establecidos anualmente en las leyes de presupuesto” y que esta situación se había repetido durante los años 2018, 2019 y 2020.

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Como resultado de esta irregularidad que se repitió por varios años, el perjuicio económico a las arcas de la Municipalidad Distrital de Carabayllo habría alcanzado una cifra cercana a los trescientos mil soles y, para que se concrete esta escandalosa situación, habrían estado involucrados numerosos gerentes y subgerentes que ocuparon estos cargos durante los años mencionados anteriormente.

Cristian Rebosio

Ante estos hechos, la Municipalidad de Carabayllo debió iniciar un procedimiento administrativo disciplinario a aquellas personas que habían pasado por las gerencias de Administración y Finanzas así como de Planeamiento, Presupuesto y Cooperación Internacional a lo largo de esos años.

Cristian RebosioEn esta larga lista de involucrados figura el nombre de Herber Luis Minaya Rondán, quien desde el 1 de enero del 2019 fue designado en el cargo de confianza de gerente de Administración y Finanzas en la Municipalidad Distrital de Carabayllo hasta que concluyó sus funciones en abril de ese mismo año.

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En el documento revisado por Sudaca se puede observar que el informe de auditoría consideraba responsable a Minaya Rondán, como gerente de Administración y Finanzas, por haber “dado trámite” a numerosos informes en los cuales se hacían mención a estas cuantiosas cifras que terminaron generando un considerable perjuicio al distrito.

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Como resultado, Herber Luis Minaya Rondán fue señalado como presunto responsable de haber vulnerado artículos de la Ley de Presupuesto del  Sector Público, un artículo de la Ley del Servicio Civil y el decreto supremo referido a las disposiciones para la bonificación por escolaridad. También se explica que Minaya habría incumplido con las funciones específicas del cargo que ostentaba.

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Por lo explicado, la falta de Herber Minaya Rondán fue catalogada como “falta grave” y podía ser suspendido sin goce de remuneraciones hasta por un año. Sin embargo, cabe señalar que esta resolución de gerencia municipal se dio a conocer en diciembre del 2021, cuando habían pasado más de dos años de la salida de Minaya Rondán del cargo de gerente de Administración y Finanzas.

El tiempo transcurrido también terminó por beneficiar a otros de los implicados que vieron cómo se declaraba de oficio la prescripción de la falta administrativa que generó el cuantioso perjuicio a la municipalidad debido a que habían pasado varios años del momento en el cual se produjeron los hechos cuestionados.

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LA NUEVA OPORTUNIDAD

No obstante, lo ocurrido durante el paso de Herber Luis Minaya Rondán por la Municipalidad de Carabayllo parece no haber sido un obstáculo para que vuelva a ocupar una importante gerencia y esta vez en la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima (EMILIMA), la cual se encarga de administrar el patrimonio inmobiliario municipal y también tiene bajo su responsabilidad el desarrollo de proyectos para el centro histórico de la capital.

Minaya Rondán pasó a ocupar, desde octubre del año pasado, el puesto de gerente de Planificación, Presupuesto y Modernización de la Empresa Municipal Inmobiliaria de Lima en lo que será una nueva oportunidad laboral en la que volverá a tener en sus manos el manejo del presupuesto, un encargo que en Carabayllo no dejó los mejores recuerdos.

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Pero esto no sería un caso aislado. Anteriormente, Sudaca ha informado sobre las cuestionables designaciones realizadas por quienes actualmente manejan la Municipalidad de Lima que no ha tenido reparos en colocar en puestos importantes a excolaboradores del actual alcalde y hasta ha contratado a personas acusadas de mentir en certificados de trabajo.

Por el pensamiento político que predomina en las filas de Renovación Popular resultaba previsible imaginar que la gestión de Rafael López Aliaga sería inflexible en su intención de erradicar cualquier vestigio de progresismo en el gobierno municipal. Sin embargo, parecen no ser igual de implacables al momento de evitar el ingreso de funcionarios con un pasado cuestionado.

En el último tiempo se ha vuelto común escuchar casos de trabajadores fantasmas, aquellos personajes que son contratados y cobran un salario pese a no cumplir con las funciones que les corresponden y muchas veces ni estar presente en su centro de labores, pero en esta oportunidad lo que se va a relatar es el caso de un trabajo fantasma.

Sudaca ha conocido la historia de un supervisor de obra cuyo certificado de trabajo con graves irregularidades le costó una dura sanción a la empresa para la cual trabajaba debido a una insólita incongruencia en las fechas en las que, supuestamente, había desempeñado una determinada función durante la ejecución de una obra.

Sin embargo, pese a este antecedente sobre una clara manipulación en su experiencia laboral, la Municipalidad Metropolitana de Lima lo eligió para ser supervisor de obra y recibir más de siete mil soles. En el siguiente informe conocerá los detalles de un caso en el que, indiscutiblemente, hubo mentiras que involucran a empresas y al propio trabajador.

LA FALSA EXPERIENCIA LABORAL

Para conocer mejor esta historia es preciso remontarse al año 2018 cuando la Municipalidad Provincial de Trujillo convocó a una licitación pública para una obra de mejoramiento de algunos tramos de una importante avenida trujillana y por la cual estaba en juego un elevado presupuesto que superaba los tres millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, los propios candidatos a que se les encargue la obra suelen indagar sobre el historial de sus competidores y exponer alguna irregularidad si es que la encuentran. Este caso no fue la excepción y, en octubre del 2018, uno de los postores, Constructora Pavimentos del Perú, presentó un recurso de apelación en el cual solicitaban que se le retire la buena pro al Consorcio Nazareno y sea descalificado.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado y terminó siendo expuesta una irregularidad en la oferta del postor que originalmente estaba pidiendo la descalificación del ganador del proceso de licitación pública. Según lo señalado, Hugo Santisteban Alejandro, uno de los profesionales que era parte de la oferta presentada por la Constructora Pavimentos del Perú para la licitación habría justificado su experiencia laboral con lo que sospechaban eran documentos falsos o adulterados.

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Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, entre estos documentos cuestionados figuraba el certificado de trabajo de Hugo Enrique Santisteban Alejandro por el trabajo que supuestamente había desempeñado como supervisor de obra en el año 2010 en la construcción de pistas y veredas en Lambayeque.

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En la siguiente imagen se puede observar el cuestionado certificado de trabajo. Este documento emitido por la empresa Trebol S.A.C. señala que Hugo Enrique Santisteban Alejandro llevó a cabo las tareas de supervisor de obra entre el 10 de febrero del 2010 hasta el 12 de julio del 2010.

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Pero al revisar las fechas correspondientes al proceso de selección de la construcción de pistas y veredas se puede ver que la buena pro recién fue otorgada en los últimos días del mes de marzo del 2010, varias semanas después de la fecha en que supuestamente Hugo Santisteban había iniciado sus labores como supervisor de obra.

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Ante esta indiscutible incongruencia entre las fechas, el Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que la experiencia como supervisor de obra que pretendía acreditar Hugo Enrique Santisteban Alejandro no era válida porque la fecha en la que dicho documento señalaba como inicio de la obra era incluso antes que se convoque al proceso de licitación.

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Cabe señalar que también se descartaría un error por parte del empleador del supervisor de obra debido a que en la carta de compromiso que firma el propio Hugo Enrique Santisteban Alejandro se observa que coloca la fecha que no coincide con el periodo de tiempo en el cual se iniciaron las obras realmente.

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Este caso llegó a su final el 21 de enero del 2022 cuando el Tribunal de Contrataciones del Estado resolvió sancionar a la empresa Constructora Pavimentos del Perú por haber presentado documentación con información inexacta, entre los cuales se encontraban los relacionados con Hugo Enrique Santisteban Alejandro.
MUNICIPALIDAD SIN FILTROS
Sin embargo, y pese a que los documentos de este extraño caso de un trabajo fantasma están disponibles para cualquier interesado que realice una búsqueda sobre los nombres involucrados, la Municipalidad de Lima parece no haberle dado mayor importancia a este cuestionable antecedente.
La gestión del alcalde Rafael López Aliaga, quien junto con los integrantes de su agrupación política suelen acusar a cualquier adversario de recibir dinero público injustificadamente, habría mirado hacia otro lado y contrató a Hugo Enrique Santisteban Alejandro para que sea supervisor de obra en la creación de una ciclovía.

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Acorde a lo que se puede observar en la imagen anterior, el involucrado en la presentación de un certificado de trabajo inexacto recibió una cifra que supera los siete mil soles por llevar a cabo la tarea encargada por la Municipalidad Metropolitana de Lima como supervisor de una obra ejecutada este año.

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Lima, Municipalidad de Lima, Rafael Lopez Aliaga

Continúan los errores en el sector salud. En esta oportunidad, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud volvió a equivocarse en el proceso de adquisición de un producto farmacéutico utilizado por pacientes con cáncer.

Aunque, en las últimas semanas, los ministros del gabinete liderado por Gustavo Adrianzén que más escándalo e indignación han generado fueron Morgan Quero y Juan José Santivañez, el sector en el cual no se han dejado de cometer preocupantes y constantes errores es aquel que tiene a César Vásquez como titular.

Desde su llegada al Ministerio de Salud, en junio del 2023, la gestión de Vásquez ha estado bajo la lupa en numerosas oportunidades por situaciones por demás alarmantes como errores en la adquisición de medicamentos, falencias en las campañas de vacunación y hasta improvisación en los tratamientos que le brindan a sus pacientes.

En esta oportunidad, Sudaca ha tomado conocimiento de un nuevo caso en la compra de medicamentos que expone una grave falta de rigurosidad por parte del sector salud al momento de encarar estos procesos que genera retrasos para un sector salud que suele estar en condiciones precarias y que, aparentemente, está lejos de mejorar.

COMPRADOR DESCUIDADO

Esta historia comenzó el 9 de agosto de este año cuando el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) realizó una convocatoria para la adquisición de productos farmacéuticos oncológicos con  los cuales se iban a abastecer por el periodo de doce meses y por el cual se había estimado un valor de cerca de dieciséis millones de soles.

En esta lista, que incluía dieciséis ítems, figuraba la adquisición de “Triptorelina 3.75 mg inyectable”, el cual es utilizado en las personas que padecen cáncer de próstata, y para ello se había destinado un monto que superaba los cinco millones de soles del presupuesto anteriormente mencionado.

Este proceso siguió su curso y el 24 de septiembre del 2024 se hizo público que WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. había sido el postor elegido para recibir la buena pro con su oferta de S/3´977,850.00por el producto farmacéutico “Triptorelina 3.75 mg inyectable” y superar a las otras ofertas presentadas.
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Sin embargo, semanas después, Farmindustria S.A., otro de los postores que participó en este proceso, solicitó que se retire la buena pro que se le había otorgado a WORLD DRUG PHARMACEUTICAL S.A.C. en el mes de septiembre. Los argumentos con los que sustentaban un pedido de este calibre eran, cuanto menos, desconcertantes.

Entre estos argumentos se señalaba que FarmindustriaS.A. había ofertado un producto que provenía de un laboratorio ubicado en India, un país que no es considerado en el grupo de los que cumplen con el criterio de alta vigilancia sanitaria, y que no había cumplido con la exigencia de presentar el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) para el área de fabricación de líquidos estériles, uno de los dos compuestos del producto.
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Además, en los argumentos también se exponía que otro de los postores, GRUPO KMEDIC E.I.R.L., había sido descalificado del proceso y sus productos provenían del mismo laboratorio que Farmindustria S.A., con lo cual indicaban que ambos tenían el mismo problema de certificados.

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Ante esta situación, la Dirección General de Medicamentos, Insumos y drogas (DIGEMID) se pronunció y aclaró cuáles eran los documentos que debían ser presentados y, además, informó que el laboratorio cuestionado no contaba con el certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM).

Esta situación llevó a que sea el Tribunal de Contrataciones del Estado el encargado de intervenir y determinar si estos cuestionamientos eran pertinentes. Fue durante este proceso que pudieron advertir que, tal como se había cuestionado, no hubo un mismo trato para los dos postores que provenían del mismo laboratorio y, mientras uno recibió la buena pro, el otro fue descalificado.

 

No obstante, lo más insólito de este caso sería descubierto posteriormente. Al revisar los documentos que habían sido utilizados, el Tribunal de Contrataciones del Estadoencontró que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) no había cumplido con solicitar los documentos que correspondían para dicho proceso al haberse basado en requisitos que ya no estaban vigentes.

En la resolución que Sudaca pudo revisar, el Tribunal de Contrataciones del Estado expone que el  Documento de Información Complementaria usado erróneamente incluye documentos que no eran válidos, tal es el caso de la posibilidad de presentar certificados emitidos en el extranjero que no consignen fecha de vigencia o presentar Declaración Jurada de presentación de solicitud de certificado de BPM.

Ante este inesperado escenario, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que este proceso deba regresar a la etapa de convocatoria, lo que supone una demora de varias semanas y hasta meses para que se pueda concretar la adquisición de estos productos.

En la resolución emitida el pasado mes de noviembre también se puede leer un claro llamado de atención a quienes están a cargo del sector salud debido a que este percance que ha llevado a que este proceso de compra de varios pasos atrás tiene como único responsable al propio sector salud y, tal como se lee en la siguiente imagen, esta situación representa un obstáculo para la “satisfacción oportuna de los intereses del Estado”.

Lamentablemente, no es la primera vez que la salud de los peruanos es descuidada por errores evitables por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares) en los procesos de adquisición. En la última semana, Sudaca dio a conocer que otro error por parte de Cenares había sido perjudicial el plan de prevención y control del dengue a tan sólo semanas del inicio de la temporada más crítica.

 

 

El Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud comete un insólito error en la compra de materiales para el plan de prevención y control del dengue. Sudaca accedió a los documentos que detallan este cuestionable error.

Con la llegada de diciembre, la mayoría de peruanos empieza a sentir, cada vez con mayor intensidad, las cálidas temperaturas del verano. Pero esta estación, que para muchos puede ser sinónimo de época de visitar las diversas playas de la costa peruana, también se ha convertido en una época crítica para el sector salud.

Esto es debido a que es en estos meses cuando se registran numerosos casos de una enfermedad conocida el Dengue. Esta infección, que se transmite a través de la picadura de los mosquitos, se caracteriza por provocar fiebres altas, dolor de cabeza muy intenso y dolores musculares, aunque es pertinente señalar que también se registran casos de personas que desarrollan complicaciones mucho más severas.

En los últimos años se ha podido observar que los casos de dengue en Perú, así como en otros países de la región, han registrado cifras que encendieron las alarmas de los diversos gobiernos y sus respectivos ministerios encargados de la salud. En este 2024, el país ha registrado más de doscientos cincuenta mil casos y más de doscientos fallecidos.

Ante este panorama y con el inicio de la temporada en la cual se disparan las cifras, lo lógico sería esperar que el Ministerio de Salud tome acciones para lidiar con el Dengue y otras enfermedades infecciosas, como es el caso del Zika y Chikungunya. Sin embargo, el sector salud parece haber cometido un nuevo error que podría repercutir negativamente en la estrategia para responder a este problema que amenaza la salud de los peruanos.

UN DESCUIDO COSTOSO

En junio de este año, Cenares, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud, convocó una licitación pública para la compra de dos ítems en lo que fue denominado “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA».

Según la información correspondiente a este proceso y que Sudaca ha podido revisar, se había estimado destinar más de un millón trescientos mil soles para la adquisición de un “kit de PCR tiempo real para detección de dengue, chikungunya y zika”.

Cristian Rebosio 

Para el mes de septiembre, cerca de tres meses después, la empresa SIMED PERÚ S.A.C. obtuvo la buena pro con su oferta económica que representaba menos de la mitad del valor inicialmente estimado para la adquisición del kit en cuestión. 

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Pero, al siguiente mes, se supo que existían varios cuestionamientos con respecto al producto ofertado por la empresa que obtuvo la buena pro. Entre los principales argumentos se encontraban los siguientes:  “No existe documento que sustente que los “tubos sean utilizados para la extracción ni para uso en biología molecular”, “No acredita que los tips sean de uso en biología molecular”, “No acredita que el kit de extracción se pueda utilizar con tejidos”, “No acredita que el kit de extracción sea compatible con el kit de amplificación” y “El certificado de análisis ofertado no acredita la vigencia mínima solicitada”.

Fue en base a estos puntos que se presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Contrataciones del Estado en contra de la buena pro obtenida por la empresa SIMED PERÚ S.A.C. ante lo que parecía ser la adquisición de un producto que no cumplía con los requerimientos exigidos por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud y, por lo tanto, se podía interpretar como la adquisición de materiales que podrían resultar inútiles en la detección de dengue, chikungunya y zika.

Sin embargo, previo al análisis de los puntos cuestionados en la apelación, el Tribunal de Contrataciones del Estado atendió una cuestión previa ante lo que fue calificado como “posibles vicios de nulidad advertidos en el procedimiento de selección” y que, posteriormente, expondrían que fue el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud el principal responsable de los problemas suscitados en este proceso de compras.

Según se puede leer en la Resolución Nº 4558-2024-TCE-S4, el tribunal que atendió este caso advirtió que el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES)  “no precisa qué características técnicas y/o requisitos funcionales son las que deben acreditarse con los mismos”, situación que conllevó a que los postores no tengan claros los requisitos a presentar.

Cristian Rebosio

En la resolución se ha utilizado como ejemplo el caso de dos certificados (Certificado de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Certificado de Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA)) que no pueden ser tomados como prueba que el producto ofrecido cumple con abordar las características requeridas para uno de los productos debido a que sólo brindan información sobre los estándares de calidad mas no del cumplimientos de especificaciones técnicas.

Cristian Rebosio

El descuido y falta de rigurosidad de Cenares en esta compra ha llevado a que, según lo señala la propia resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado, los proveedores se basen en “la interpretación que le pueda dar cada uno de ellos” al momento de presentar los documentos que comprueben la idoneidad de los productos ofertados. 

Cristian Rebosio

La grave consecuencia de esta falta de claridad por parte del propio Cenares ha sido que el proceso, que ha tomado varios meses, tenga que volver a la etapa de convocatoria y con ello se pongan en riesgo las acciones planificadas de cara al inicio de la temporada de verano y la mayor proliferación de casos de dengue.

Cristian Rebosio 

NI ELLOS SE PONEN DE ACUERDO

Otra de las situaciones insólitas que han quedado al descubierto en esta resolución que data del pasado mes de noviembre es que existe una contradicción con respecto a la vigencia del producto puesto que no era claro si esta se debía presentar en la etapa de presentación de la oferta o cuando se entregue el producto a los almacenes. Por ello, el tribunal fue contundente al señalar que “ni siquiera la entidad (Cenares) tiene clara la forma de acreditación de vigencia del producto”.

Cristian Rebosio 

El pasado 18 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y, teniendo en cuenta lo relatado en este informe, tomó la decisión de declarar la nulidad de oficio de la Licitación Pública N° 20-2024-CENARES/MINSA y, con ello, la “Adquisición de dispositivos en el marco del plan de prevención y control del dengue según Resolución Ministerial N° 082-2024-MINSA» sufrirá un inesperado retraso que tomará más tiempo del esperado.

Cristian Rebosio

En las numerosas resoluciones que emite el Tribunal de Contrataciones del Estado es común encontrar casos de postores que intentan recurrir a rebuscados argumentos para obstaculizar a su competencia y arrebatarles la buena pro obtenida, pero este caso marca una situación particularmente inusual en la cual se encuentran errores burdos que ponen en riesgo la salud de los peruanos en una época que el país entra a la etapa más crítica en lo que respecta a casos de dengue, zika y chikungunya.

Además, cabe señalar que no es la primera vez que Cenares y el propio Ministerio de Salud cometen errores en la adquisición de medicamentos o materiales. En los últimos meses, por ejemplo, Sudaca informó sobre el descuido por parte del sector salud al adquirir los tratamientos que requieren las personas con VIH.

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Cenares, dengue, Ministerio de Salud
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