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Cristian Rebosio, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad | Página 5 de 11

[INFORMES] En 2016, Censosud, empresa internacional con amplia experiencia en operar centros comerciales en Perú y  varios países de la región, empezó la construcción de un moderno centro comercial en el distrito de La Molina. El ambicioso proyecto que contó con una inversión de más de 150 millones de dólares para el terreno de catorce mil metros cuadrados había superado todos los requerimientos necesarios para su realización y todo parecía encaminado para que abran sus puertas en el primer semestre del 2023. Sin embargo, cuando los trámites estaban por llegar a su etapa final, la Municipalidad de La Molina les preparó una inexplicable sorpresa.

CARRERA DE OBSTÁCULOS

Para la realización del proyecto en La Molina, Cencosud había optado por el uso de revisores urbanos. Acorde a esta alternativa que fue aprobada en 2020, la empresa podía solicitarle al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que se asigne un equipo de profesionales que es integrado por arquitectos e ingenieros quienes se encargarán de verificar que los proyectos cumplan con las disposiciones urbanísticas en los distritos en los cuales se están construyendo.

Luego de someterse a esta revisión, el proyecto del Centro Comercial La Molina no había presentado mayores inconvenientes, así como tampoco los tuvo durante las constantes actualizaciones que de licencia de construcción que se hicieron en los años 2018, 2021 y 2022, y la obtención  de la licencia de funcionamiento parecía inminente. Pero fue en ese momento cuando el nuevo alcalde de La Molina empezaría lo que se podría considerar una carrera de obstáculos para el centro comercial.

En las elecciones municipales que se realizaron en octubre del 2022, el candidato con más votos en el distrito de La Molina fue Diego Uceda, representante del partido Renovación Popular, y asumió sus funciones el pasado mes de enero, el mismo mes en cual Cencosud solicita la licencia de funcionamiento.

Al no haber presentado dificultades a lo largo de toda la etapa de construcción, la emisión de la licencia de funcionamiento parecía un trámite sencillo. Sin embargo, la llegada de Uceda a la Municipalidad de La Molina cambiaría drásticamente la historia. La nueva gestión a cargo de este distrito, más precisamente la Subgerencia de Obras Privaadas, se rehusaba a que Cencosud obtenga esta licencia alegando que debían cumplir requisitos que no figuran en la ley que establece los requerimientos para obtener la licencia de funcionamiento y sobre los cuales no tuvo la intención de explicar con mayor detalle ni justificar técnicamente.

Ante esta inesperada negativa por parte de la municipalidad y el tiempo que podría tomar el entrar en una disputa legal, Cencosud optó por empezar el trámite desde cero. Por ello, el pasado mes de agosto volvieron a intentar obtener la licencia de funcionamiento presentando en esta oportunidad las nuevas exigencias que inesperadamente la Municipalidad de La Molina les había impuesto.

Sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el encargado de evaluar el expediente con el cual se solicitó la licencia de edificación y se comprobó que los aspectos viales demandados se cumplían para que dicho ministerio apruebe el Informe Técnico Favorable (ITF), la Municipalidad de La Molina ha puesto un nuevo obstáculo para que las puertas del Centro Comercial La Molina no se abran.

Pese a que luego de presentar el Informe Técnico Favorable (ITF) correspondía que se gestione de forma automática la licencia de funcionamiento, el municipio de La Molina se amparó en una demanda que data de 2022 para inhibirse y no darle continuidad al trámite. Acorde a este argumento, la Municipalidad de La Molina se encontraba obligada a abstenerse por ser una de las partes en disputa.

No obstante, la demanda a la que hace referencia la municipalidad bajo el mandato de Uceda data de 2022 y no fue presentada por Cencosud, quienes actualmente piden la licencia, sino por la inmobiliaria Tres Palmeras S.A. que es la gestora de los terrenos. A ello se le suma que dicho proceso es con respecto a una licencia de 2022 que no tiene relación alguna con el nuevo trámite que se realizó en este 2023.

¿QUÉ PASA EN LA MOLINA?

Fuentes confiables le han señalado a Sudaca que, desde el inicio de su gestión, el alcalde Diego Uceda nunca mostró predisposición para explicar con argumentos técnicas las razones por las que se ha emprendido una casi desesperada campaña por impedirle al Centro Comercial La Molina abrir sus puertas y tampoco ha estado dispuesto a escuchar las explicaciones  que respondían a los argumentos en lo que se ampara la municipalidad para negarles la licencia e incluso llegó a realizar una insólita exigencia que consistía en que el estacionamiento sea gratuito para personas que no realicen consumos en el centro comercial pese a que cobrar por el uso de estos espacios ocurre en los principales establecimientos de la ciudad.

Pero en el comunicado emitido el lunes 11 de septiembre por la Municipalidad de La Molina no sólo evitan mencionar que se han inhibido por el proceso judicial sino que alegan que la postura de dicha municipalidad es por el impacto que tendría en la fluidez vehicular con lo que ignoran que fue el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento el encargado de comprobar que se cumplan con los aspectos viales que el distrito requiere y, además, el trabajo de los revisores urbanos exigía que estos tengan en cuenta las disposiciones del distrito antes de dar el visto bueno.

Además, el alcalde Uceda muestra en sus redes sociales poca predisposición al diálogo atacando y realizando acusaciones a quienes cuestionan la postura de municipalidad con respecto al centro comercial y también contradiciendo el comunicado en el cual dicen promover y alentar la inversión privada pero al mismo tiempo se lee al alcalde menospreciar el rol de una empresa como Cencosud.

Pero esta no es la primera vez que Diego Uceda se ve involucrado en una polémica. En enero del 2022, cuando todavía era candidato, el actual alcalde de La Molina fue protagonista del informe de Sudaca titulado EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA en el cual se detallaba que Uceda tenía una deuda de S/48.500 por el concepto de pensión alimentaria que debía pagar entre 2010 y 2019.

Por lo pronto, el imponente Centro Comercial La Molina con sus más de treinta tiendas siguen a la espera de una inauguración que se viene posponiendo por casi un año debido a una injustificada negativa de una municipalidad que dice apoyar la inversión privada pero cuenta con un alcalde que parece haberle declarado la guerra a un centro comercial.

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Centro Comercial La Molina, disputa, Inversiones Privadas., Licencia de funcionamiento, Municipalidad de La Molina

[INFORMES] En agosto de este año, Glenda Villegas, una paciente de 78 años, ingresó al Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo para una operación en su pierna. Semanas después, Villegas padece las consecuencias de un accidente cerebrovascular y se le ha detectado un tumor mientras el centro de salud parece decidido a librarse de ella sin importar los riesgos para su salud.

En octubre de 2019, Glenda Villegas Vargas, una exprofesora de primaria que por entonces tenía setenta y cuatro años, sufrió un caída que le produjo una fractura cerca de la cadera por lo que debió ser operada en Tacna, ciudad en la que vivía. Este procedimiento médico no fue el único al que tuvo que someterse Villegas, quien debió pasar dos nuevas operaciones, la segunda en Tacna y otra en Arequipa, con el objetivo de mejorar la prótesis que se le había colocado tras su accidente.

Pese a que por su edad ese tipo de lesiones pueden presentar complicaciones, el caso de Glenda parecía marchar bien luego de las tres operaciones. Sin embargo, en abril de este año, Villegas Vargas volvió a sentir dolor y, al consultar con los médicos de Tacna, sólo recibía la indicación de realizar terapia. Su familia, preocupada por el avance de un problema que en un momento parecía solucionado, optó por realizarle radiografías por su cuenta y recibieron con sorpresa unas imágenes en las cuales se podía observar que los elementos de metal que le colocaron en las operaciones se habían movido.

La familia de Glenda buscó ayuda en Tacna, donde había sido atendida anteriormente, pero ellos decidieron que lo mejor era enviarla a Arequipa. Esta decisión se tomó durante el pasado mes de agosto y fue ahí cuando empezó un calvario para Glenda, quien hoy se encuentra en Arequipa no sólo padeciendo el dolor en su pierna sino sufriendo las consecuencias de un accidente cerebrovascular y la presencia de un tumor en su cuerpo.

PESADILLA EN AREQUIPA

En agosto, Glenda Villegas fue trasladada de Tacna a Arequipa con el propósito de someterse a una operación para corregir el problema que presentaba en su pierna. Ania Villegas, su sobrina, la acompañó en este viaje para internarla en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo y, según relató a Sudaca, desde su llegada a este establecimiento de Essalud empezó una interminable tortura para su tía.

“Estuvo tres días en emergencia hasta que le encontraron una cama”, relató Ania a Sudaca sobre le llegada de su tía a Arequipa y agrega que el trato en el área de traumatología, quienes se iban a hacer cargo de la cuarta operación, fue pésimo desde el inicio y las imágenes del área de emergencias que pudieron grabar expusieron la precariedad que hoy se vive en Arequipa. Pero la indiferencia por parte del personal médico se sentiría mucho más días después.

El viernes, como todos los días desde que llegó a Arequipa, Ania acudió al hospital Seguin Escobedo para visitar a su tía y llevarle algunos elementos de aseo personal sin imaginar la escena con la que se encontraría. “El viernes veo medio rara a mi tía y me decía que le dolía el brazo derecho. Me mira y me dice ”ah, eres tú Ania”. No me había reconocido. Entonces la veo y se le estaba arrugando la cara y hacía muecas, como cuando tienes un acv”, relata Ania Villegas.

El cuadro era preocupante, pero al personal de salud parecía no interesarle en lo más mínimo el destino de Glenda. Ania cuenta que, al ver a su tía en ese estado, preguntó a las enfermeras qué había ocurrido en las últimas horas con la salud de Glenda y lo único que obtuvo fue un indolente “la encontré así”.

Cuando finalmente un médico confirmó que Glenda había sufrido un accidente cerebrovascular, se decidió trasladarla al área de neurología, donde recibió un mejor trato según cuentan sus familiares. “La neuróloga me dijo que mi tía había tenido un acv porque tenía un tumor en el estómago del tamaño de una mano y le estaba aplastando varios órganos”, explica Ania y añade “me enseñó una radiografía y el hueso estaba totalmente para el otro lado. Me dijeron que la tenían que operar sí o sí”.

ENTRE EL DOLOR Y LA INDIFERENCIA

La sobrina de Glenda cuenta que en este hospital no estaban dispuestos a realizar la operación hasta que ella consiguiera la donación de sangre para dicho procedimiento. Pese a encontrarse en una ciudad donde no tenía conocidos, Ania y su familia lograron ingeniársela para que algunos amigos pudiesen viajar desde Tacna para donar la cantidad de sangre que le exigían si quería que su tía sea operada.

Cuando ya parecía que no quedaban excusas para que Glenda sea operada, Ania se llevó una nueva sorpresa el último martes. Luego que se le impidiese entrar al hospital para visitar a su tía, como sí había podido hacer todos los días desde su llegada a Arequipa, la mañana del pasado 5 de septiembre no se le permitió el ingreso y, horas después, cuando finalmente pudo entrar recibió un mensaje inesperado. “Cuando regreso al hospital me dicen que mi tía está de alta y que me la lleve”, cuenta Ania.

Por supuesto este anuncio no venía acompañado de una recuperación milagrosa. La paciente de setenta y ocho años seguía con rezagos del accidente cerebrovascular, con el tumor dentro de su cuerpo y con el problema inicial, una fractura que este periodo había empeorado y provocaba que Glenda grite de dolor por varios minutos sin que nadie la intente ayudar.

“Me atendió un doctor de apellido Salcedo y me dijo que no sabía por qué Tacna la había enviado para acá. Cuando le pregunté por el tumor, él se quedó callado”, relata la Ania Villegas y cuenta, muy indignada, que nunca supieron explicarle cuáles eran los criterios para dar de alta a una persona cuya salud estaba más comprometida que cuando ingresó al hospital.

“Mi tía tiene setenta y ocho años y varias complicaciones, pero al menos podrían solucionarle el problema de la pierna para que tenga una mejor calidad de vida”, reclama Ania con la esperanza de recibir algún tipo de solución por parte de un hospital que parece indiferente ante el dolor de una paciente que día a día se va deteriorando mientras que el personal de salud parece preocuparse únicamente por cómo sacársela de encima.

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Le llegada de Dina Boluarte al poder, pese a que no estuvo impulsada por ella sino por la actitud golpista de su predecesor Pedro Castillo, careció de popularidad desde el primer día en que se puso la banda presidencial. La falta de una rápida respuesta política a las manifestaciones que se realizaron en diciembre así como el respaldo de un Legislativo que ya en ese entonces contaba con el rechazo de un considerable sector de la población llevaron a que la primera mujer en asumir la presidencia del Perú cuente con una desaprobación casi inmediata.

Meses después, el blindaje a las fuerzas del orden que cometieron excesos en las marchas así como la elección de ministros que no ofrecían respuestas a los problemas que atravesaban sus respectivos sectores lograron que el descontento con Boluarte se mantenga. Sin embargo, la estrategia para intentar torcer la curva de desaprobación del Ejecutivo podría comprometer seriamente a TV Perú y Radio Nacional.

DECISIONES INEXPLICABLES

Este jueves, Crisólogo Cáceres, quien condujo durante doce años “La Voz del Consumidor”, anunció que su programa había llegado a su final. Esta decisión tomó por sorpresa a Cáceres, que no dudó en resaltar en su publicación en redes sociales que el programa contaba con “alta sintonía y participación”. Sudaca se comunicó con el ahora exconductor de Radio Nacional para conocer los pormenores de una decisión que, a primera impresión, parecía inesperada.


“El sábado 26 de agosto me llamó la secretaria del señor Gilber Llapapasca Cunya, a quien a partir del 19 de agosto se le había encargado el puesto de gerente de Radio Nacional, para informarme que el programa “La voz del consumidor” que produje y conduje por 12 años, no iba más”, contó Cáceres a Sudaca y agregó que el actual gerente nunca se reunió con él para explicarle las razones detrás del final de su programa.

“Lo que quiero creer es que tanto la Presidenta Ejecutiva del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP) como la Ministra de Cultura, de quien depende dicha entidad, no estaban al tanto de los planes del señor Llapapasca y que, ahora que los conocen y están viendo el repudio que generan en la sociedad, tomarán las medidas correctivas necesarias. Recordemos que no sólo se canceló mi programa sino que, en simultáneo, se tomaron medidas similares contra otros de la mayor importancia. Una verdadera carnicería contra la programación”, señala Cáceres ante la ola de críticas que el IRTP está recibiendo a raíz de las cancelaciones de programas que incluso han llevado a que la congresista Susel Paredes le solicite a Leslie Urteaga, ministra de Cultura, que reconsidere la decisión del gerente de Radio Nacional.

Norma Yarrow, parlamentaria de Avanza País, también se ha pronunciado y, en el oficio dirigido a la ministra Urteaga, ha calificado como abuso de autoridad la decisión de Llapapasca Cunya y exhortó al IRTP no realizar acciones que puedan afectar los derechos laborales de los trabajadores.

“En los doce años que estuve en Radio Nacional, nunca se me dio una instrucción similar. Absolutamente todos presidentes de la república, ministros, presidentes del IRTP y gerentes de radio respetaron nuestra autonomía porque las críticas que hacíamos a las dependencias del Estado eran alturadas, documentadas y propositivas”, comentó Crisólogo Cáceres a Sudaca y lamentó que haya llegado a su final un programa que él describe como “sesenta minutos diarios para hablar exclusivamente de los problemas que agobian al consumidor. En el mundo entero no existe un espacio similar que haya durado tanto tiempo, que haya sido transmitido a diario en vivo y en directo y que haya contado con la participación activa del público oyente a través del teléfono y el WhatsApp”.

Pero el caso de Cáceres no es la única salida que se ha producido en las últimas semanas. El pasado viernes 25 de agosto, Cecilia Brozovich, quien conducía el programa “Nacional Play” en Radio Nacional, se enteró que no continuaría en dicho medio. “Mi productor me comentó que había tenido una reunión con Llapapasca. Me dijo que se habían reunido los productores y que entendía que luego se reunirían los conductores”, relata Brozovich a Sudaca.

Brozovich, quien también es cantautora, explica que nunca llegó a reunirse con el recientemente nombrado nuevo gerente de Radio Nacional y que, al igual que en el caso de Crisólogo Cáceres, tampoco le ofrecieron una explicación para que su programa sea dado de baja. “Mi programa reunía los diferentes temas de cantantes de todo el Perú. Era una plataforma donde presentábamos la música de géneros contemporáneos”, cuenta Cecilia sobre el programa que condujo.

“En la reunión de productores se hablaban de cambios. Ese mismo día en la noche le dicen a mi productor que me comunique que no iba más. Mi productor le dice a Llapapasca que él mismo me lo diga, pero le respondió que no es necesario”, expone Brozovich sobre los detalles de su salida de Radio Nacional.

Aunque su programa se enfocaba en la música, la exconductora cuenta que en sus redes no tenía inconvenientes en manifestar su sentir y cuenta a Sudaca que, con motivo de las pasadas Fiestas Patrias, expresó su desazón por injusticias que padecen algunos peruanos producto de la ambición de personas por las que señala no sentirse representada. Al respecto, Cecilia considera que “esto no le puede haber gustado a alguien” y agrega que “de manera interna se escuchaba que tengamos cuidado con lo que publicamos en redes”.

ANTECEDENTES QUE ALARMAN

Pero las salidas de los medios del Estado no empezaron estas últimas semanas. Tal como lo reportó detalladamente Sudaca en el informe DECISIONES CUESTIONADAS: IRREGULARIDADES EN EL GOBIERNO DE DINA BOLUARTE publicado en febrero de este año, el criterio para prescindir de trabajadores en medios como TV Perú parecía estar más ligado a qué tanto se alineaban con el discurso que favorecía al gobierno de Dina Boluarte. En aquella oportunidad, el periodista Carlos Cornejo fue retirado de su programa en la televisión estatal tras referirse a la muerte de Víctor Santisteban durante las manifestaciones contra el gobierno y cuestionar las acciones de la policía.

A ello se le suma que, meses atrás, también se produjo la salida de otros trabajadores, como fue el caso de la periodista Leah Sacín. En declaraciones a Sudaca, Sacín tampoco se realizó de forma clara y fue inesperada. “Siempre cuando hay cambios de gestión se piden reportes y nosotros teníamos un reporte muy bueno porque se había logrado mayor interacción. Nunca se nos dijo que no estaban conformes con el trabajo realizado”, contó Leah, quien se desempeñaba como productora general y, además, estaba a cargo del contenido que se subía a redes sociales.

El inicio de una nueva gestión suele estar acompañado por cambios. Sin embargo, lo que se ha visto en medios como Radio Nacional son una serie de cambios que no parecen tener sustento ni estar relacionados al desempeño de sus trabajadores y, por el contrario, cada vez despiertas más sospechas sobre las verdaderas motivaciones que pueden haber detrás y ponen en riesgo la credibilidad de medios que le pertenecen a todos los peruanos y no deberían responder a los intereses de un gobierno de turno.

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Aunque el mundo del fútbol hoy parece un ambiente donde lo único que importa para lograr el éxito es quién maneja un mayor presupuesto y las cifras multimillonarias que manejan los gigantes de Europa y sus nuevos competidores de los países árabes contribuyen a ese pensamiento, todavía se mantienen vigentes ciertos factores que convierten al fútbol en ese deporte tan popular en el cual la mística de algunos equipos logra imponerse ante planteles imponentes.

Entre estos factores, muchos de los cuales se desarrollan fuera del terreno de juego, se encuentra la importancia de jugar en un estadio propio acompañados por un entorno que no sólo se limita a los hinchas que asisten sino que también incluyen al barrio o distrito en el que juegan y que, en varias oportunidades, se ha visto cómo el disputar un encuentro en lo que se puede considerar la casa de cada equipo representa un empuje especial para el equipo que es local y, de manera mucho más especial, cuando el equipo atraviesa un presente complicado.

RECUPERAR LA CASA

El 2023 es, sin lugar a dudas, uno de los años más complicados del histórico Sport Boys del Callao. Luego de un 2022 en que el cuadro chalaco había disputado la Copa Sudamericana, tras veintiún años sin participar en torneos internacionales, el elenco rosado no había jugado su primer partido de la temporada presente de la Liga 1 y ya se encontraba envuelto en un sinnúmero de problemas.

Apenas era diciembre y, mientras la mayoría de clubes de primera división se encontraban anunciando la llegada de nuevos jugadores y empezaban con los trabajos de pretemporada,  los hinchas del equipo del Callao no sólo veían que los pocos refuerzos que habían conseguido pedían quedar en libertad tras la incertidumbre que atravesaba el club y hasta se encontraban en riesgo de quedarse sin director técnico sino que incluso estaba en duda si Sport Boys recibiría la licencia para poder participar de la primera división.

Sin embargo, La Misilera logró sortear el sinnúmero de dificultades y arrancó la temporada 2023 de la Liga 1. Aunque, como era de esperarse, el clima de incertidumbre les pasó factura y la falta de un plantel amplio fue notoria. Por ello el club del Callao no tardó en posicionarse entre los últimos lugares de la tabla y la posibilidad de descender era una amenaza que fecha tras fecha se agrandaba.

Ante un panorama tan complejo desde lo deportivo, para el histórico club chalaco era necesario contar con el apoyo de su público y convertir al Estadio Miguel Grau en su fortaleza ante una temporada que tenía tantos factores en contra. Sin embargo, en su hora más crítica, el Sport Boys se encontró impedido de refugiarse en su gente debido a las malas condiciones que se encontraba dicho recinto deportivo. “El campo quedó amarillo completamente y las tribunas con fierro oxidado y también los camerinos”, relata a Sudaca Christian Peña, quien está al frente del portal Hinchada Rosada y sigue el día a día del club del Callao.

Pero, ante la urgencia de encontrar una fortaleza para un club que había recibido tantos golpes al inicio de la temporada, la administración del Sport Boys optó por realizar la inversión que fuese necesaria para volver a disputar sus encuentros en el Callao. “El monto invertido fue de aproximadamente cien mil soles para tener el Miguel Grau como préstamo”, cuenta Peña y agrega que el Gobierno Regional del Callao no aportó para la remodelación del recinto deportivo.

“Las obras se remontan al mes de junio cuando hubo un acuerdo entre la administración pasada y el Gobierno Regional”, cuenta Peña a Sudaca y señala que con este acuerdo el club podría usar el estadio dos veces a la semana para entrenar y una vez para disputar los encuentros correspondientes a la Liga 1.

FUERA DE LUGAR

Sin embargo, semanas atrás, cuando la cancha había alcanzado su estado óptimo y todo parecía indicar que Sport Boys volvería a su casa, un anunció tomó por sorpresa tanto a hinchas como jugadores. El Gobierno Regional del Callao anunciaba la realización del Festival Internacional de Salsa que se desarrollaría en la cancha recién remodelada del Miguel Grau.

Como era de esperarse, este concierto convocó a un importante número de asistentes y la presencia de estos encima del césped del renovado Miguel Grau dejó graves consecuencias en el estado de un césped que tanto esfuerzo e inversión le había costado al club chalaco y que ahora, por disposición de un gobierno regional que no había colaborado en el trabajo de recuperación, volvía a dejar la cancha en un estado grave.


“Nos causó sorpresa que la cancha no haya sido cubierta con una geomembrana”, comenta preocupado Christian Peña con respecto a la falta de prevención por parte de los organizadores del concierto. Además, Peña agrega que, en la previa del evento, las autoridades alegaron que no se producirían daño a la cancha y “le indicaron al club es que no iba a haber ningún problema y que lo iban a pisar como si estuvieran jugando”.

Ver la cancha seriamente perjudicada tras el concierto no sólo despertó la indignación de los hinchas sino de los propios jugadores, como es el caso del futbolista Jesús Barco quien apuntó contra el gobernador regional Ciro Castillo y señaló “a ver si nos dejamos de payasadas, de intereses políticos, de usar la institución para llenarse los bolsillos o más gente en su campaña”. Además, el volante, al igual que el club, exigió que el Gobierno Regional del Callao se encargue de reparar el daño a una cancha que había sido entregada en buenas condiciones, un reclamo al que se sumaron las autoridades del club.

Este último domingo, Sport Boys logró un triunfo fundamental ante Deportivo Municipal y logró alejarse por tres puntos de la zona de descenso. Sin embargo, su próximo encuentro será ante Sporting Cristal, el líder del torneo clausura, un partido clave que debía disputarse en el Miguel Grau y que ahora está en manos del Gobierno Regional si este partido de suma importancia podrá jugarse en Callao.

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Desde que se anunció su llegada al cargo, en junio del 2021, la gestión de Jeri Ramón en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos ha estado plagada de cuestionamientos y polémicas. Sus ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU) y la autonomía universitaria han llevado a que, en más de una oportunidad, Ramón Ruffner se vea enfrentada con los estudiantes de su propia universidad e incluso con los docentes sanmarquinos.

A más de dos años después del anuncio de su llegada al puesto de rectora, el clima de tensión está lejos de llegar a su final en la prestigiosa universidad pública. Entre estas últimas polémicas en que se ha encontrado involucrada Jeri Ramón se encuentra un cambio en los estatutos de la universidad que estaría perjudicando seriamente la llegada de docentes más actualizados y, por lo tanto, terminaría por perjudicar la calidad de la enseñanza. Sudaca ha podido revisar la grabación de esta cuestionada sesión de la Asamblea Universitaria en la que se discutió este controversial cambio que algunos creen tiene como finalidad sumarle aliados a la rectora.

SIN RENOVACIÓN

El pasado lunes 26 de junio, la Asamblea Universitaria de San Marcos llevó a cabo su sesión ordinaria programada a las diez de la mañana. La misma se venía realizando sin mayor problema hasta que se empezó a discutir el informe de la comisión encargada de modificar artículos del estatuto de la universidad.

Entre los puntos a tratar se encontraba el cambio del artículo 163 del estatuto de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en el cual se establecía que sólo se podía ejercer la docencia hasta los setenta años y que, luego de pasar dicha edad, se podrían mantener como docentes bajo la condición de docentes extraordinarios.

Amparándose en el artículo 68 de la ley 30220 de la Ley Universitaria, el cual dispone que no hay edad máxima para el ejercicio de la docencia universitaria, la comisión encargada se dispuso a realizar el cambio respectivo al estatuto de San Marcos. Sin embargo, la indiferencia de un considerable sector de los asistentes a la asamblea ante las propuestas que se pidieron tener en cuenta ha generado malestar en la comunidad universitaria.

Tras la exposición, en la que se mostró cómo quedaría el artículo 163 del estatuto, Augusto Hidalgo Sánchez, decano de la Facultad de Ciencias Administrativas, mostró su preocupación ante el desinterés para que la plana docente pueda renovarse. “Quisiera que el artículo 163 tuviera un agregado que diga que la universidad promueve el ingreso de candidatos jóvenes. Porque, como una política adicional, la universidad es una institución que presta servicios. En administración de organizaciones se sabe que el mayor potencial y dinamismo que tienen está asociado con la edad de sus miembros”, señaló Hidalgo.


Otro docente cuestionó que no exista la posibilidad de cesar a los docentes y acotó “O sea que nos quedamos hasta salir con el terno de madera”. Ángel Bustamante, decano de la facultad de Ciencias Físicas, relató que universidades de otros países sudamericanos tienen docentes hasta los setenta años y calificó como aberrante el cambio que se pretendía aprobar.

Las polémicas con estos cambios también se observaron cuando se abordó el tema de los docentes extraordinarios. Estos debido a que quienes obtengan esta condición deberán pasar por la aprobación de una comisión especial. Sin embargo, cuando uno de los asistentes preguntó si la comisión podría ignorar el resultado de una evaluación física y psicológica para brindar de igual forma la condición de docente extraordinario no obtuvo respuesta del expositor dejando serias dudas sobre el proceso. Por otro lado, fuentes consultadas con Sudaca señalan que detrás de estas decisiones está la intención de la rectora de mantener en la universidad a docentes que están a favor de ella.

OTRO CAMBIO BAJO LA LUPA

Pero esta no es la primera vez que los estatutos de San Marcos están bajo la lupa desde la llegada de Jeri Ramón al cargo de rectora. El pasado mes de julio, Sudaca publicó el informe titulado UN PROBLEMA RUIDOSO PARA SAN MARCOS en el cual se relataban los inconvenientes que afrontaban estudiantes y docentes como consecuencia de los constantes conciertos que se realizan en el estadio sanmarquino.

En dicho informe periodístico, la comunidad universitaria cuestionaba el evidente interés por parte de las autoridades de San Marcos por realizar un elevado número de conciertos teniendo en cuenta que la universidad es pública, por lo que estos ingresos no son indispensables, la ausencia de cambios en la infraestructura que muestren el impacto positivo del dinero que deja el alquiler del recinto deportivo y que, además, se perjudicaba a los estudiantes deportistas que necesitaban hacer uso de estadio.

La respuesta a ese cuestionamiento también estaría en los cambios aprobado recientemente. Según se pudo conocer, entre estos cambios se dispuso que los ingresos provenientes del alquiler del estadio pasen a ser administrados por la rectoría y, según las fuentes consultadas por Sudaca, este cambio supondrá una mayor dificultad para la transparencia en el manejo de recursos.

Nadie podría negar que en San Marcos las cosas están cambiando, pero tampoco se puede negar que, con casos como los expuestos, estos cambios no parecen tener como prioridad al estudiante universitario ni a la calidad de la enseñanza y, además, la complicidad de la rectora Jeri Ramón también parece estar fuera de discusión.

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Ser víctima de abuso sexual a manos de un familiar es, sin lugar a dudas, una experiencia traumática. Sin embargo, el caso de Mila, una niña de once años, demuestra que la indiferencia de las autoridades puede lograr que el padecimiento de estas víctimas sea todavía mayor. Sudaca ha conversado con la representante de la menor y su familia para conocer el presente de este impactante caso.

Meses atrás, como parte de la campaña ‘Quitémonos la venda’, Unicef reportó cifras aterradoras con respecto a los abusos sexuales a menores en Perú. Acorde a estos datos, en Perú se han reportado más de cincuenta y cuatro mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2021. Para 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron números que, lejos de mostrar una reducción de casos, se mantienen en aumento y, tal como se puede comprobar casi a diario en los noticieros, el 2023 no invita a creer que estos abusos estén cesando.

Sin embargo, casi tan trágico y alarmante como los abusos reportados es el tratamiento que reciben estas víctimas, menores de edad, por parte de las autoridades que, en la teoría, deberían centrar sus esfuerzos en protegerlos y que, por el contrario, han terminado por representar una traba para que los afectados encuentren justicia y contención. En este grupo de víctimas se encuentra Mila, una niña que a sus cortos once años ha vivido una traumática experiencia de abuso a manos de su padrastro y que, además, hoy padece la indiferencia de las autoridades.

UN ABUSO TRAS OTRO

Si bien el caso Mila ha tomado mayor notoriedad en las últimas semanas, su historia se remonta al año 2021. Fue en ese año cuando un familiar de la menor denunció que su padrastro le había realizado tocamientos indebidos. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta inmediata, teniendo en cuenta la edad de la víctima, lo único que recibieron fue indiferencia.

Lo que las autoridades, aquellos que debían proteger a Mila, no lograron advertir y frenar debido a su falta de interés, fueron los abusos que se venían cometiendo al interior de esa familia y que no sólo exponían a Mila. Fue por ello que, recientemente, Mila, en compañía de un familiar, volvió a denunciar la violencia sexual de la que era víctima.

En esta oportunidad, las autoridades sí tomaron un papel más activo, sin embargo, las decisiones que tomaron terminaron por perjudicar todavía más la dolorosa vida de la niña. Así lo ha relatado Isbelia Ruíz, abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, en declaraciones a Sudaca.

Ruíz, quien se encuentra en Iquitos dándole soporte legal a Mila y su familia, señala que, tras la nueva denuncia, el padrastro fue detenido el 3 de julio, pero fue liberado cuatro días después debido a que el juez a cargo consideró que no había pruebas suficientes para ordenar una prisión preventiva. “La responsabilidad de que esta persona esté libre es del Poder Judicial”, agregó la letrada.

“La madre ha puesto una denuncia por violencia física, psicológica y sexual (contra el padrastro de Mila)”, contó Isbelia Ruíz. Teniendo en cuenta ello no era muy difícil imaginar lo que ocurriría después: El padrastro de Mila no tardó en amedrentar a la madre de la niña. Sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, Lucas Pezo Amaringo pudo amenazarlos sin mayor problema. “La familia de Mila está expuesta. Este señor ha amenazado de muerte a su madre”, relató Ruíz y contó que “mandó a sus hermanas a buscar a la señora pidiendo que retire la denuncia y el señor estuvo rondando por la zona donde ella vive”.

Sin embargo, esta historia de terror para Mila no terminó ahí. La reacción de las autoridades tras la segunda denuncia, en la que se mencionaba una violación y la menor se encontraba con dieciocho semanas de gestación, fue separar a Mila y sus hermanos de su madre. “Las autoridades lo que hicieron fue separar a la familia de manera violenta. Lo que hizo la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue decir que los niños no estaban seguros con la madre”, indicó la abogada de Promsex y agregó que los hermanos de Mila fueron a diferentes albergues incluyendo a su hermana menor de cuatro meses.

“La madre no ha visto a su hija desde el 3 de julio”, denuncia la representante legal de Mila y agrega que recién este último lunes se le permitió a la madre reencontrarse con sus otros hijos. “Han sido revictimizantes contra Mila, su mamá y sus hermanos. No los han visto como un grupo que es víctima”, cuestiona Ruíz.

Pero el dramático capítulo en la vida de Mila todavía no termina de escribirse. Esto debido a que el abuso que sufrió la dejó embarazada y, pese a que la ley contempla que se puede aplicar el aborto terapéutico, este le ha sido negado. “Dijeron que, a nivel de salud mental, la niña estaba bien y no tenía un estrés postraumático grave y, a nivel de salud física, el medico dijo que la niña de once años es perfecta para que pueda continuar con el embarazo y que no hay ningún riesgo”, comentó Ruíz a Sudaca.


ANTECEDENTES DE TERROR

Lamentablemente, el caso de Mila no es la primera vez que una niña víctima de abuso sexual ve cómo sus derechos no son respetados. En 2017, Camila, una niña de trece años, descubrió con horror que se encontraba embarazada y el responsable era su padre, quien abusaba de ella desde que tenía nueve años. Esta traumática experiencia había afectado fuertemente a la menor y, ante este panorama, ella y su madre solicitaron que se aplique la interrupción del embarazo. Pero nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades competentes y, tras intensos dolores abdominales, sufrió un aborto espontáneo.

Ante la indolencia por parte de las autoridades responsables, la ONU se pronunció en junio de este año y fue categórica al señalar que Perú había violado los derechos a la salud de Camila al ignorar su deseo de la interrupción de un embarazo que estaba afectando seriamente su salud mental y física.

“La justicia tarda, pero llega” es una frase muy popular en la que muchos encuentran consuelo ante las injusticias con las que tienen que lidiar. Sin embargo, el caso de Mila, como lo fue en el caso de Camila, no hay tiempo que perder y si la justicia y sus derechos les son negados e ignorados ponen en grave riesgo su salud que no solamente se vio golpeada por el abuso de un familiar sino también por la manera en que las autoridades que debían protegerla terminan siendo los autores de nuevos abusos contra estas menores.

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Apenas ha pasado un año y medio de la recordada catástrofe ambiental que contaminó varias decenas de playas con petróleo y la historia parece repetirse. Durante los primeros días de agosto, vecinos y pescadores de Ventanilla han vuelto a encontrar petróleo en la playa y el temor crece ante la ausencia de un responsable de esta nueva amenaza al mar peruano.

En enero del 2022, la noticia sobre el derrame de petróleo en el mar peruano causó una inconmensurable indignación entre los peruanos. En aquella oportunidad, lo que fue catalogado como el peor desastre ecológico ocurrido en Lima llegó a afectar a 46 playas debido a que el petróleo derramado se extendía por más de siete millones de metros cuadrados de mar.

Este desastre ecológico que se produjo cuando un buque descargaba el crudo a la refinería La Pampilla dejó un sinnúmero de afectados. Por un lado se encontraban los animales que, en gran número, murieron a causa de la contaminación que dejaron los más de once mil barriles de petróleo vertidos en las costas peruanas, pero el daño incluso llegó a afectar a quienes se encontraban en tierra, como es el caso de los vecinos de Ventanilla que padecieron durante semanas de mareos y dolor de cabeza que eran ocasionados por la exposición a hidrocarburos.

Pero en este grupo de afectados tuvieron un papel protagónico los pescadores. Además de ver cómo su fuente de ingresos se veía afectada sin una fecha clara para el regreso a la normalidad, estos pescadores artesanales terminaron siendo usados para una precaria estrategia de limpieza del mar que ponía en grave riesgo su salud.

En esa oportunidad, gran parte de la indignación fue dirigida contra Repsol, la empresa encargada de la refinería, pero los reflectores de la ira colectiva también apuntaron al gobierno y las autoridades que, con sus acciones, demostraban no tener un plan de contingencia ni consideración por los afectados. Sin embargo, a más de un año y medio de dicha catástrofe ambiental, la historia se ha vuelto a repetir.

ALERTA EN EL MAR

En los últimos días, las escenas de enero del año pasado se volvieron a vivir en Ventanilla. Los vecinos de la zona y los pescadores nuevamente advirtieron la presencia de una considerable cantidad de petróleo en el mar que ya empezó a cobrar la vida de animales y, al igual que en 2022, la respuesta de las autoridades ha sido casi nula. Para conocer más detalles de este preocupante presente, Sudaca conversó con Alejandro Bravo, quien es pescador y también se ha desempeñado como secretario general de la Federación de Integración y Unificación de los Pescadores Artesanales del Perú.

“No es nada del otro mundo que nuestras autoridades no reaccionen a este tipo de contaminación”, comenta Bravo sobre la ausencia de un plan de contención para este tipo de emergencias y agrega que “esto nos ha traído como preocupación latente que a las autoridades poco o nada les interesa”.

El experimentado pescador también manifiesta su preocupación por los ingresos de sus colegas que cree se verán perjudicados, entre otras razones, por la desconfianza de la población a comprar pescado en esa zona debido a la contaminación producto del petróleo derramado. “Se ha malogrado la imagen del pescador. El que quiera comer un ceviche lo primero que va a pensar es en la contaminación del mar”, señaló.

Para Bravo, las lecciones del pasado no han sido aprendidas y teme que la salud de sus colegas de pesca vuelva a verse afectada. “Cuando ocurrió el derrame anterior dieron una mascarilla de cincuenta céntimos, una indumentaria que poco o nada protegía y las manos desnudas para recoger el petróleo derramado. Sabiendo que es altamente contaminante”, cuenta a Sudaca y, con respecto a las marchas convocadas por el sector pesquero, añade que “si el pescador realiza su marcha es porque no lo escuchan”.

SE BUSCA RESPONSABLE

Hasta la fecha, no se ha logrado identificar al responsable de esta nueva crisis ambiental y, al respecto, Johnny Marchán, presidente del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) declaró que “es muy difícil que este hallazgo sea un rezago del derrame de 2022” tal como lo desmintió la empresa Repsol en un comunicado emitido el 1 de agosto.

Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.

Marchán también comentó que también se hará una supervisión a la refinería de la zona así como sobrevuelo en helicóptero para monitorear y, entre las posibles teorías para explicar este nuevo derrame de petróleo considera que “podría haber sido de una embarcación que ha pasado por ahí y ha generado el derrame”.

Aunque muchas de estas acciones siguen pareciendo poco bajo la mirada de los pescadores que por ahora ven seriamente perjudicada su principal actividad y aumenta su decepción ante autoridades a las que consideran indiferentes a sus preocupaciones y hasta los han llegado a ver como aliados de quienes les causan problemas.

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Fue una obra que costó más de ocho millones de soles y, a medio año de su inauguración, las autoridades siguen sin darle uso. Sudaca ha conocido el extraño caso que se vive en el distrito de Vista Alegre con un moderno relleno sanitario al que las autoridades siguen sin darle uso mientras la quema de basura en los botaderos sigue perjudicando la salud de los vecinos.

Durante los últimos años, el manejo de residuos se ha convertido en un tema clave para el desarrollo de ciudades en todo el mundo. Los avances científicos así como la concientización con respecto al cuidado del medio ambiente han puesto a la población mucho más alerta con respecto al impacto que un mal manejo de la basura puede tener en el cuidado ambiental a largo plazo y en el corto en la salud de las personas por la contaminación inmediata. Perú no está al margen de este problema y, especialmente, al tener en cuenta lo común que se han vuelto prácticas como la quema de basura la necesidad de soluciones alternativas se han convertido en una urgencia.

Entre estas posibles soluciones, una de las que se vienen implementando en el país es el uso de rellenos sanitarios. En estos espacios se pueden depositar los residuos sólidos después de haber recibido un tratamiento para evitar la degradación del suelo así como una posible contaminación de fuentes de agua cercanas y a ello se le suma que sus costos de operación son bajos. Hasta enero del 2023, el Ministerio del Ambiente señalaba que existían cincuenta y ocho rellenos sanitarios en el territorio nacional. Sin embargo, no todos está siendo utilizados de la mejor manera.

ALGO HUELE MAL

El distrito de Vista Alegre, uno de los cinco que conforman la provincia de Nasca, recibió a inicios del 2022 una noticia que representaba una considerable mejora para la calidad de vida de los habitantes de esta zona. Más precisamente en el mes de febrero, el comité de selección de la Municipalidad Provincial de Nasca adjudicó la buena pro para la obra denominada “Mejoramiento ampliación de la gestión integral de residuos sólidos y disposición final en Vista Alegre”.

Con la ejecución de esta obra, los vecinos de Vista Alegre veían con esperanza el final de las épocas en que la quema de basura en los botaderos informales dejarían de ser un problema que afectaba la calidad del aire que respiraban a diario. Como se observan en las imágenes, esta práctica se llevaba a cabo en largas extensiones de terrenos y perjudicaba seriamente a quienes vivían en Vista Alegre.

UN ADORNO DE OCHO MILLONES

No obstante, más de un año después, la situación no ha cambiado para los habitantes de Vista Alegre. Pero, a diferencia de otros casos, en esta oportunidad el problema no ha sido las demoras en la ejecución de la tan esperada obra sino la extraña negativa por parte de las autoridades de la zona para darle uso inmediato.

Acorde a las imágenes publicadas en el sitio web de la propia Municipalidad Provincial de Nasca, este relleno sanitario fue inaugurado en diciembre del año pasado en un evento del que fue parte el entonces alcalde Óscar Lucana. Durante esta inauguración, se anunció que el funcionamiento de este relleno sanitario contaría con el respaldo del Ministerio del Ambiente y, lo más importante, que esta obra supondría el fin del uso del botadero municipal.

Sin embargo, hasta el actual mes de julio esta obra que tuvo un costo que supera los ocho millones de soles (S/8,618,304.00) sigue sin entrar en funcionamiento y la contaminación generada por el botadero municipal sigue contaminando y perjudicando la vida de los vecinos de Vista Alegre sin que exista por lo menos una fecha tentativa para el final de este padecimiento.

Alberto Calle es uno de los vecinos de Vista Alegre preocupados por esta situación y, en los primeros días de este mes, envió una carta al alcalde de Vista Alegre, Roger Sarmiento, con el propósito de obtener información sobre el tan ansiado relleno sanitario. Aunque, hasta la fecha, no ha obtenido ninguna respuesta.

A  nivel nacional, los problemas ocasionados por la contaminación siguen dejando graves secuelas en la salud de miles de peruanos. Pero casos como el que se viene observando en Vista Alegre están cƒrausando especial indignación al contar con una solución que no solo fue pagada sino que hasta se inauguró pero hasta la fecha es tan solo un adorno de más de ocho millones de soles del cual no se saca provecho.

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PROBLEMAS INTERNOS

Pero, además de las cuestionadas designaciones, también se registran problemas con respecto a la relación entre el ministro Óscar Becerra y los trabajadores del Minedu. Un clima interno muy tenso que se viene registrando desde hace varias semanas debido a los numerosos pronunciamientos del titular del sector educación en los que cuestiona a los trabajadores del Ministerio de Educación contratados bajo la modalidad CAS y señala que son más de ocho mil trabajadores CAS.

 

Sudaca pudo conversar con fuentes que están dentro del Ministerio de Educación y señalan que el número de trabajadores que actualmente cuentan con contrato CAS es muy inferior al número que el ministro Becerra señala en las entrevistas que ha brindado a la prensa. Además, su gestión ha empezado a ser comparada con la de Rosendo Serna, quien ocupó la cartera de educación durante el gobierno de Pedro Castillo, debido a que él también había adoptado una política de amedrentamiento a los trabajadores del Minedu y era cuestionado por las designaciones que se realizaron durante su paso por dicho ministerio.

La llegada de Óscar Becerra había despertado cierta desconfianza por su pasado vinculado al gobierno aprista y, con las decisiones y acciones adoptadas durante el breve tiempo que lleva en el cargo, pareciera confirmar que su gestión al frente del Ministerio de Educación no era la solución que el sector necesitaba sino la continuidad de una conducción deficiente en uno de los ministerios más golpeados en los últimos meses.

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