[INFORME] El Instituto Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud, estaría atravesando uno de sus episodios más críticos. Documentos de la Contraloría, a los cuales Sudaca tuvo acceso, reportaron una serie de deficiencias que no sólo ponen en riesgo a los insumos médicos sino al personal que trabaja en este local.

Mientras la política peruana vive horas convulsionadas y de permanente desconcierto, diversos sectores empiezan a padecer la ausencia de un plan a seguir y el descuido por parte de autoridades que parecen centrar sus esfuerzos en blindar al Ejecutivo ante cada una de las crisis en las que vive inmerso.

En esta oportunidad, uno de los sectores afectados es el que tiene a su cargo la salud. Pese a la relevancia que tiene en la sociedad, se vienen evidenciando alarmantes descuidos que exponen un nivel de precariedad que parece empeorar con el tiempo y ponen en riesgo la salud de los peruanos.

Sudaca pudo acceder a un informe de la Contraloría en el cual se detallan graves descuidos en el Instituto Nacional de Salud. Desde cámaras de refrigeración hasta extintores muestran un preocupante descuido por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene bajo su responsabilidad un papel clave en la salud pública.

DESCUIDOS PELIGROSOS

Durante las últimas semanas del pasado mes de agosto, la Contraloría General de la República visitó las instalaciones de un almacén a cargo del Instituto Nacional de Salud y encontró diversas situaciones irregulares. Sudaca pudo acceder a este reporte elaborado por la Contraloría y conoció en detalle el alarmante panorama que se encontró en este almacén ubicado en el distrito de Chorrillos.

Una de las situaciones más graves que se exponen en este documento es el estado de las cámaras de refrigeración. Estos equipos de suma importancia para preservar insumos médicos en condiciones adecuadas no cuentan con una calibración vigente. Por ello, según lo que se indica en el propio informe de la Contraloría, se está “poniendo en riesgo la conservación de los bienes almacenados y el uso seguro de los mismos”.

La excusa para esta situación sería todavía peor. El coordinador administrativo de este almacén señaló que esta irregularidad se debería a falta de recursos. “No se dispone de presupuesto asignado para llevar a cabo la ejecución del servicio de calibración”, le indicó este funcionario a la Contraloría.

En esta visita también se encontraron otras situaciones que pueden parecen menores pero exponen un estado que no se podría calificar como óptimo para un almacén que alberga implementos del sector salud. Entre estos aspectos que se detallan en el informe también se encuentran los problemas de iluminación. “Existen artefactos de iluminación que no están operativos”, se puede leer en el documento.

EXPUESTOS A UNA TRAGEDIA

En los últimos años, las noticias sobre incendios en almacenes han acaparado las noticias en más de una oportunidad. Sin embargo, pese a esos antecedentes, este almacén del Instituto Nacional de Salud ubicado en Chorrillos no parece estar haciendo ningún tipo de esfuerzo para prevenir un desenlace similar.

Los documentos revisados por Sudaca revelan que tampoco hay un cuidado correcto de los implementos para afrontar un posible incendio. Pese a que en este local se guarda una gran  cantidad de material inflamable, “no hay registro alguno en tarjetas de inspección de extintores” y la manguera del gabinete contraincendios, que se puede observar en la siguiente imagen, fue encontrada en un estado de deterioro.

Los ingredientes para un desenlace trágico en caso de incendio se siguieron acumulando. En este local también se encontró que los pasillos se encontraban ocupados con numerosas cajas que obstaculizaban el paso y podrían contribuir a que no sólo el fuego se propague con más rapidez sino que también representaría una dificultad mayor para la evacuación.

La Contraloría también detectó que algunas de estas cajas que ocupan los pasillos son de productos que se encuentran vencidos y, además, estos pasadizos también son bloqueados por equipos y mobiliario fuera de uso. La explicación que brindó el coordinador de dicho local fue todavía más grave y dejó en evidencia el nulo interés por parte del sector salud por supervisar que en INS funcione eficientemente.  “No cuentan con espacios disponibles dentro del almacén para su reubicación debido a que se encuentra en su capacidad máxima”, fue la respuesta del coordinador durante la visita de la Contraloría.

Paredes agrietadas, tomacorrientes en evidente estado de deterioro y hasta la presencia de personal sin el uniforme adecuado fueron otros de los impactantes descubrimientos hechos durante esta visita al local del Instituto Nacional de Salud entre los meses de agosto y septiembre del presente año.

Mientras el ministro de Salud, César Vásquez, se da el lujo de dedicarle tiempo a los escándalos que involucran a su colega Santiváñez y hasta lo califica como perseguido político, el sector salud continúa atravesando un momento crítico que se refleja en la situación actual de este local del Instituto Nacional de Salud.

[INFORME] Pese a que su fundador fue sentenciado por corrupción, Industrias Argüelles encontró una estrategia para colarse en procesos de selección que involucran millonarios contratos con el sector público.

Luego de ver a su fundador involucrado en un escandaloso caso de corrupción, el panorama para Industrias Argüelles y Servicios Generales S.A.C. y sus esperanzas de lograr contratos con el Estado parecía desesperanzador. Sin embargo, la empresa de Aniceto Argüelles buscó en una serie de maniobras burdas la estrategia para que este cuestionable pasado no sea un impedimento para sus futuros contratos.

Sudaca pudo acceder a documentos reveladores que exponen esta serie de cambios en la estructura de la compañía con los cuales se pretende despistar a sus posibles contratantes, ocultar los antecedentes más sombríos y abrir las puertas para firmar contratos millonarios que serán pagados con dineros de los peruanos.

EL EXPEDIENTE ARGÜELLES

En junio de este año llegó a los medios de comunicación la noticia sobre un empresario que había admitido que intentó sobornar a una jueza. El nombre de este personaje era Aniceto Elvis Argüelles Loayza y su situación judicial se había tornado tan complicada que una de las mejores alternativas que quedaban para este empresario era reconocer que intentó sobornar a una magistrada.

La estrategia elegida por Argüelles Loayza podía parecer extrema debido a la gravedad del delito que reconocía, pero el caso era tan grave que incluso se estaba barajando la posibilidad de un paso por prisión. Tras recibir este beneficio penitenciario, Aniceto Argüelles fue sentenciado a  cuatro años y dos meses de pena privativa de la libertad suspendida con una serie de normas de conducta que incluían el pago de una reparación civil.

Tras esta condena y teniendo en cuenta lo señalado en diversos incisos del artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado, se podría haber afirmado con toda seguridad que para Aniceto Argüelles sería impensable esperar que él o su empresa pueda participar de algún proceso de selección sin que su sentencia por corrupción se convierta en un impedimento.

EL PLAN DE JUEGO

Sin embargo, y contra todo pronóstico, Industrias Argüelles S.A.C. podría volver a participar en procesos de selección y firmar contratos millonarios con el sector público. Para ello, la empresa de Aniceto Argüelles ha elaborado un plan que incluye numerosos cambios en los papeles de la compañía que intentar parecer drásticos pero no serían más que una pantalla.

La estrategia para que la sentencia a Argüelles no quede expuesta se habría empezado a gestar un año atrás. Según documentos a los cuales Sudaca pudo acceder, Aniceto Argüelles intentó mostrar un alejamiento del poder de su empresa. Tal como se puede observar en el siguiente documento del mes de abril del 2024, el empresario abandonaba el poder que ostentaba hasta esa fecha.

Pero, casualmente, la persona que quedaría en la presidencia del directorio sería alguien de su entera confianza. En el siguiente documento  del mes de agosto del 2024 se puede leer que la persona que se posicionó en la cabeza del directorio de Industrias Argüelles S.A.C. fue Elsa María Milla Ortiz, quien es la esposa de Aniceto Argüelles.

En lo que también sería parte de esta estrategia de mostrar distancia con su empresa, y alegando motivos de salud, Argüelles Loayza también transfirió la totalidad de sus acciones, las cuales se encontraban valorizadas en más de veinte millones de soles, a su esposa Elsa María Milla Ortíz.

En el mes de julio del presente año se produce un nuevo y sospechoso movimiento en Industrias Argüelles. Esta vez se suma a la historia un nuevo protagonista llamado Elvis Alexander Argüelles Milla. Este nuevo personaje, quien resulta ser el hijo de Aniceto Argüelles y Elsa Milla, recibió a modo de donación las acciones que le pertenecían a su madre.

Pero estos cambios en el directorio y donaciones de acciones quedarían más expuestos como una pantalla tras conocerse el siguiente documento. Este otorgamiento de poderes, que data del año 2020 y sigue vigente, le permitía a Aniceto Argüelles Loayza tener el mismo poder que un gerente general sin que los cambios hechos en el directorio o los cambios en las acciones lo afecten.

Como si esto fuese poco, Industrias Argüelles también ha visto a su gerente general ser sentenciada. En noviembre del año pasado, Karen Marianella Pasco Flores fue condenada a cuatro años de pena privativa de libertad luego de comprobarse que, haciendo uso de documentos falsos, había transferido diez mil hectáreas de terrenos comunales en favor de la empresa de Argüelles Loayza.

Sin embargo, este cuestionable historial que arrastra Industrias Argüelles podría terminar siendo escondido bajo la alfombra y volverían a estar disponibles para firmar contratos con ministerios, municipalidades o cualquier institución del sector público que no se percate de estas maniobras de distracción.

[INFORME] Mientras las calles limeñas se tiñen de sangre por la incontrolable ola delincuencial, en la Municipalidad de Lima han gastado más de cien mil soles en un exgerente de seguridad ciudadana que en 2023 fue señalado por la Contraloría por no cumplir con los requisitos para ocupar este puesto.

Tras la llegada de Rafael López Aliaga al sillón municipal en enero del 2023, la Municipalidad de Lima ha visto desfilar por sus oficinas a un sinnúmero de personajes muy cercanos al burgomaestre. Desde militantes famosos hasta antiguos integrantes de Solidaridad Nacional se ha visto beneficiados con generosos sueldos con la llegada al despacho municipal del líder de Renovación Popular.

Aunque el alcalde de Lima se ha valido de numerosos ataques a los periodistas y medios de comunicación para minimizar la gravedad de este tipo de contrataciones que diversos informes periodísticos exponían, incluso en sus últimos meses en el cargo antes de abandonarlo para enfocarse en su campaña presidencial esta situación continúa ocurriendo.

Sudaca ha podido encontrar el caso de un funcionario, a cargo una tarea de suma importancia por la crítica coyuntura que atraviesa el país, que llegó a ocupar este puesto pese a que su contratación no cumplía con los requisitos básicos y que, tras ser descubierto, terminó siendo recompensado con un contrato con la Municipalidad de Lima y un generoso salario.

LO QUE OCULTA EL SHOW

El paso de Rafael López Aliaga por la alcaldía ha estado marcado desde su inicio por una innegable estrategia comunicacional que apuntaba a conquistar las redes sociales. Con iniciativas como convertir en “alcalde por un día” a algún streamer famoso o usando audios virales de Tiktok para burlarse de sus críticos, el líder de Renovación Popular intentó aumentar su popularidad.

En el distrito de Comas, el alcalde Ulises Villegas, quien recientemente se ha visto involucrado en un escándalo por obligar a trabajadoras de su municipalidad a vestirse de porristas, no se quiso queda atrás y también optó por un plan orientado a conquistas las redes sociales con diversos videos acompañados de una narrativa grandilocuente.

Pero detrás de este show elegido por ambos burgomaestres para acaparar las plataformas digitales e intentar conquistar al público juvenil han ocurrido graves cuestionamientos a sus respectivas gestiones e incluso existe un caso más que polémico que une a ambos funcionarios.

En enero del año 2023, cuando los alcaldes que había salido victoriosos en la contienda electoral del año pasado empezaban a instalarse en sus nuevas oficinas, en la Municipalidad Distrital de Comas se llevaban a cabo las primeras designaciones. Una de ellas ocurrió el 1 de febrero del 2023 y tuvo como protagonista a César Albergo Jordán Brignole, quien recibió el cargo de confianza de gerente de seguridad ciudadana de dicho distrito.

Pero, meses después, una visita de control por parte de la Contraloría advertiría una serie de designaciones irregulares por parte de la Municipalidad de Comas en las que estaba incluido el gerente de seguridad ciudadana. Tal como se señala en el documento al que tuvo acceso Sudaca, estos funcionarios “incumplen con los requisitos mínimos establecidos”.

En el caso de Jordán Brignole, el informe de la Contraloría señala que no cumplió con acreditar la experiencia específica en temas relacionados con la gestión municipal, gestión pública y conducción de personal. Sin embargo, la nueva gestión a cargo de la Municipalidad de Comas no tuvo inconvenientes en designarlo en ese cargo de confianza.

Además, la Contraloría también detectó que en el caso de César Alberto Jordán Brignole no se había realizado la correspondiente verificación para saber si el gerente de seguridad ciudadana se encontraba en el Registro Nacional de Grados y Títulos de la SUNEDU, Registro Nacional de Sanciones Contra Servidores Civiles, Registro de deudores de reparaciones civiles, y el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.

Para el segundo semestre del 2023, la ola de inseguridad continuaba creciendo y el distrito de Comas no estuvo al margen. Por ello, tras conocerse la irregularidad detectada por la Contraloría, varios vecinos del distrito no tardaron en hacer sentir su descontento con la gestión de Villegas por haber designado para una gerencia clave en este contexto crítico a una persona que no cumplía con el perfil requerido.

CUANDO SE CIERRA UNA PUERTA DE ABRE UNA ASESORÍA

César Alberto Jordán Brignole no llegó a cumplir ni un año en el puesto de gerente de seguridad ciudadana en la Municipalidad de Comas y terminó renunciando. Sin embargo, pese a lo detectado por la contraloría, las oportunidades laborales no tardaron en aparecer e incluso con un salario mucho más interesante.

En febrero del 2024, la Municipalidad de Lima se convirtió en el nuevo hogar del cuestionado exfuncionario de la Municipalidad de Comas. En esta oportunidad, la gestión del alcalde López Aliaga le abrió las puertas con un servicio de coordinación y soporte técnico  en seguridad ciudadana por el cual se pagó más de quince mil soles.

Pese a los cuestionamientos señalados por la Contraloría con respecto a la idoneidad de Jordán Brignole para encargarse de la seguridad de un distrito, la Municipalidad de Lima le encargó la implementación de planes de seguridad y vigilancia de toda la ciudad de Lima y, para ello, le pagó treinta y seis mil soles sólo en el mes de mayo del año pasado.

Si bien la seguridad en la ciudad no ha experimentado una mejora y los asesinatos por extorsiones continúan siendo parte de las noticias diarias, lo que sí ha mejorado considerablemente  es la economía de César Jordán Brignole. Acorde a la información del portal Transparencia Económica, sólo en los meses transcurridos del presente año ha recibido más de ochenta mil soles por parte de la Municipalidad de Lima.

César Brignole, quien se presenta como asesor del alcalde López Aliaga, también se ha convertido en un fiel defensor del líder de Renovación Popular. En redes sociales no duda en defender al burgomaestre de cualquier cuestionamiento a su trabajo, celebrar hasta sus decisiones más populistas y atacar a quienes su jefe percibe como enemigos.

Pese a su experiencia en la Policía Nacional del Perú y los procedimientos que conoce sobre estos casos, Jordán Brignole no tuvo reparos en adelantarse a las investigaciones y se sumó a las teorías conspirativas que el alcalde López Aliaga trataba de difundir sobre la muerte de José Miguel Castro.

Aunque los más fieles seguidores del alcalde de Lima intentan blindarse ante las críticas recordando los errores de sus predecesores, los más de dos años y medio de gestión de Rafael López Aliaga en la Municipalidad de Lima han estado plagados de numerosos casos de contratos cuestionados y, en la práctica, no parece estar marcando una diferencia positiva con el manejo de la municipalidad que tuvieron otros alcaldes.

[INFORME] Luego de recibir más de treinta mil soles mediante el financiamiento público a los partidos políticos, el abogado de Vladimir Cerrón ha vuelto a acceder al dinero de los peruanos. En esta oportunidad, es el Congreso quien aprobó un pago por casi quince mil soles el pasado mes de agosto.

“Nunca digas de esta agua no beberé”, fueron las palabras con las que Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, le recriminó por estos días a la expremier Betssy Chávez por haber votado en contra de la renovación del Tribunal Constitucional que esta semana fue el encargado de devolverle su libertad.

Tiempo atrás, este tipo de posturas por parte del fundador del partido del lápiz podrían haber resultado difíciles de imaginar por mostrar una inesperada coincidencia con aquellos sectores de la política peruana, y especialmente del Congreso, con los que parecía tener diferencias irreconciliables.

Pero el paso de los meses y años desde aquella elección presidencial del 2021 parece haber desaparecido aquellas discrepancias y ha hermanado a quienes alguna vez supieron estar en polos opuestos. Sin embargo, el detrás de escena de esta unión no sería la búsqueda del entendimiento por el bien del país sino el aprovechamiento de los recursos disponibles.

EL ABOGADO FAVORITO DEL LÁPIZ

Hasta antes del año 2021, el nombre de José Enrique Llumpo Agapito estaba lejos del foco de la atención de la coyuntura política del Perú. Sin embargo, el destino de este abogado cambiaría radicalmente cuando se acercó a Vladimir Cerrón Rojas y la agrupación política Perú Libre.

Para el 2023, el abogado José Llumpo se convirtió en noticia en octubre de dicho año por su llamativa estrategia de interponer dos demandas de habeas corpus, en Lima y Huancayo, con el propósito de anular la sentencia de más de tres años de prisión que el prófugo líder del partido de lápiz se negaba a cumplir. Llumpo Agapito sostenía que había ocurrido una “vulneración de los derechos al debido proceso, de defensa y a la motivación de las resoluciones judiciales”.

Aunque este intento no dio resultado, esta no sería la última vez que el nombre de este abogado tendría notoriedad en los medios. Durante el año pasado, un informe periodístico del portal Epicentro alertó que en la rendición de cuentas de Perú Libre a la ONPE por el uso del financiamiento público a los partidos políticos se encontraron graves irregularidades que constituirían el mal uso de este dinero.

Entre la información que brindaba la propia ONPE sobre el detalle del uso del dinero público figuraba José Enrique Llumpo Agapito. Casulamente, el mismo que presentó el habeas corpus en favor del líder de este partido recibió diversos pagos que acumularon un total de treinta y tres mil soles por lo que fue explicado como un “servicio de asesoría legal”.

Tras el rebote mediático que tuvo esta información, el abogado de Vladimir Cerrón despareció de la escena pública. Pero esto cambiaría durante el pasado mes de agosto cuando Sudaca pudo encontrar que el nombre del letrado volvió a aparecer en una lista de órdenes de servicio que se paga con fondos del erario público.

En esta oportunidad fue el Congreso quien aprobó un importante pago a nombre de José Enrique Llumpo Agapito por lo que fue descrito como una asesoría y/o defensa legal. En esta oportunidad, el monto que recibió este abogado cercano a Perú Libre fue de casi quince mil soles.

Cabe señalar que este tipo de servicios, aunque son propuestos por el servidor público que solicita la asesoría o defensa legal, tiene que contar con la aprobación de la Mesa Directiva del Congreso, la cual está integrada por segundo periodo consecutivo por alguien que no sólo es un miembro de Perú Libre sino que es el propio hermano de Vladimir Cerrón.

ES UNA COSTUMBRE

Lo que ha ocurrido con este abogado cercano a Perú Libre no es una situación sin precedentes en el actual periodo parlamentario. En lo que parece ser una costumbre entre los actuales padres de la patria, otra agrupación política ha aprovechado la oportunidad para usar el dinero de los peruanos para contratar un servicio legal brindado por una persona a fin a su partido.

En abril del año pasado, el medio Infobae expuso que el congresista César Revilla Villanueva pidió que el Legislativo le otorgue más de cuarenta mil soles que terminarían siendo pagados al estudio Loza Avalos Abogados, el cual tiene a Giulliana Loza, la abogada de Keiko Fujimori, como socia y gerente general.

Aunque en el Congreso coexisten agrupaciones políticas que dicen defender ideales políticos radicalmente opuestos, casos como el del abogado de Vladimir Cerrón exponen que en el Legislativo no existen diferencias cuando se trata de dar la aprobación para que se utilice dinero del sector público.

[INFORME] Le designación del nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional estaría destapando el caso de una familia muy cercana a Dina y Nicanor Boluarte que viene recibiendo buenos puestos laborales en más de un ministerio.

Los recientes cambios en el gabinete de Eduardo Arana han dejado algunos puestos disponibles en instituciones muy importantes para el país. Sin embargo, como parece ser una costumbre no negociable en el gobierno actual, la repartición de estos puestos no se realiza tomando en cuenta la idoneidad de los elegidos para los cargos que tendrán bajo su responsabilidad.

Ni la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) con sus más de doscientos años de historia se habría salvado de este alarmante presente. Tras la salida de Ana Peña Cardoza, quien acaba de dejar su lugar como jefa institucional para ocupar el puesto de ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, la  BNP podría afrontar un futuro complicado.

Sudaca pudo conocer diversas situaciones que hoy ponen bajo la lupa a Juan Yangali Quintanilla, el nuevo jefe institucional de la Biblioteca Nacional que ha sido el elegido para este cargo pero lleva un largo tiempo en la lista de favoritos de más de un ministerio e incluso su familia se ha visto beneficiada.

UN MINISTERIO FAMILIAR

Para el año 2019, las puertas de la Municipalidad de Pueblo Libre se abrían para Juan Yangali Quintanilla. En aquella época, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional del Perú se desempeñaba como gerente de cultura, turismo y educación y fue en esta municipalidad, en la cual trabajó hasta finales del año 2022, donde posteriormente coincidiría con el hermano de Dina Boluarte, Nicanor Boluarte, cuando este se convirtió en asesor del alcalde.

Tan sólo meses después, Yangali tuvo su primer gran acercamiento a un ministerio del gobierno de Boluarte cuando se convirtió en asesor del gabinete del Ministerio de Cultura mientras este se encontraba bajo la gestión de la ministra Leslie Urteaga y, un año más tarde, el actual jefe institucional de la Biblioteca Nacional sería el elegido por el titular del Ministerio de Educación, Morgan Quero, para estar al frente de la Casa de la Literatura.

Este paso por la Casa de la Literatura estuvo de lejos de ser el trabajo soñado para Yangali debido a los serios cuestionamientos que recibió. Sin lugar a dudas, el momento más álgido de su gestión fue cuando Yangali Quintanilla terminó siendo señalado como el responsable de censurar al historietista Juan Acevedo impidiendo que se le otorgue un premio en un episodio que fue interpretado como una venganza por parte del gobierno debido a la postura crítica de Acevedo con respecto a su accionar durante las protestas.

Según declaraciones del propio Acevedo al portal Infobae, Yangali “parecía sufrir” por tener que censurar al historietista, pero “quería seguir siendo personal de confianza”. No obstante, ese mismo mes de octubre, Yangali Quintanilla terminaría por presentar su renuncia al cargo de director de la Casa de la Literatura.

Pero, como ha ocurrido tantas veces en el gobierno de Dina Boluarte, sus aliados más cercanos no suelen pasar mucho tiempo sin trabajo y Yangali Quintanilla no fue la excepción. Por ello, tan sólo días después de renunciar, y pese a que esta renuncia estuvo manchada por una seria acusación, Juan Yangali fue contratado nuevamente por el Ministerio de Educación para brindar el servicio de asesorías y consultorías al despacho del ministro Morgan Quero.

No obstante, la gestión en el Minedu a cargo del ministro Morgan Quero, quien coincidentemente es  uno de los integrantes del gabinete más cercanos a Dina Boluarte, también tomo en cuenta a otro integrante de la familia Yangali. En la siguiente imagen se puede apreciar que junto a Juan Yangali aparece una mujer y su nombre es Johana Verónica Coronado Yabar.

Coronado Yabar es abogada de profesión, pero también es la esposa de Juan Yangali Quintanilla. Sudaca ha podido acceder a numerosos documentos del Ministerio de Educación en los cuales Johana Coronado figura como una personal con un rol clave en las nuevos procesos de contrataciones.

Con ello se puede evidenciar que, durante el actual administración de Morgan Quero, el matrimonio Yangali Coronado ha podido lograr buenos puestos de trabajo en el Ministerio de Educación. Mientras Yangali Quintanilla figuraba como consultor del despacho ministerial, su esposa incluso ha llegado a ser parte de la Comisión de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana.

EL ANTECEDENTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que el apellido Yangali se ve estrechamente relacionado con cargos importantes. En el año 2023, cuando Dina Boluarte apenas llevaba pocos meses en la presidencial, el nombre del hermano de Juan Yangali Quintanilla saltó a la fama en las más altas esferas políticas.

Un informe periodístico de Perú21 expuso que, por aquel entonces, Rivin Yangali Quintanilla venía trabajando en la Presidencia del Consejo de Ministros. Según la información que se dio a conocer en 2023, Rivin, al igual que su hermano Juan, había trabajado en la Municipalidad de Pueblo Libre y fue ahí donde coincidió con Nicanor Boluarte.

Posteriormente, Dina Boluarte lo tuvo trabajando para ella cuando estuvo al frente del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social. Pero con el tiempo iría tomando un papel más protagónico al punto que, tal como lo relata el informe de Perú21, Rivin llegó a tener un rol fundamental en las conversaciones con las bancadas del Congreso en diciembre del 2022 para garantizarle a Dina Boluarte que podría sostenerse en la presidencia.

En las últimas horas, la Asociación de Bibliotecólogos del Perú (ABP) ha emitido un duro pronunciamiento en contra de la llegada de Juan Yangali Quintanilla a la Biblioteca Nacional, calificaron este nombramiento como un “experimento político” y cuestionaron que el nuevo jefe institucional “no es bibliotecólogo, no tiene formación en ciencias de la información”.

Sin embargo, la manera en que se han manejado las críticas y hasta acusaciones a los funcionarios más cercanos a los Boluarte invita a creer que desde el Ejecutivo no habrá mayor interés por atender estos reclamos y que estos puestos, como el de jefe institucional de la Biblioteca Nacional con sus más de doscientos años de historia, hoy sólo importan como premios para los más leales al gobierno.

[INFORME] Pese a las alarmas de endeudamiento, la gestión del alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, ha firmado contratos con dos reconocidas voleibolistas por más de doscientos mil soles. Además, la Municipalidad de Lima ha emitido órdenes de servicio con un manager de artistas que supera los cien mil soles.

“Cuando entramos el primero de enero del año pasado no había plata, había un hueco”. Con esas palabras, el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, describía el año pasado la situación económica de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Sin embargo, un año después, el uso del presupuesto por parte de la actual gestión invita a creer que el panorama que encontrará el próximo burgomaestre podría ser todavía peor.

Aunque diversas voces vienen advirtiendo sobre el alarmante endeudamiento de la Municipalidad de Lima y, acorde a lo señalado por el Instituto Punto Fiscal, el saldo de deuda actual supera los S/ 3,360 millones, el actual inquilino del Palacio Municipal parece determinado a ignorar esos comentarios y manejar el dinero de Lima de forma descontrolada.

Sudaca pudo revisar algunos de los contratos que la gestión del líder de Renovación Popular ha aprobado por montos millonarios y que están destinados a actividades ajenas a las urgencias que actualmente afronta la capital peruana. Desde exdeportistas famosas hasta artistas musicales y un manager integran esta sorprendente y costosa lista.

MATCH POINT AL PRESUPUESTO

Aunque uno de los principales recursos de Rafael López Aliaga para atacar a sus adversarios políticos es acusarlos de darle un mal uso al erario público, su gestión parece no estar tomando un camino muy distinto. Sudaca ha encontrado contratos muy elevados que no parecen ir acorde con el panorama desolador que el líder de Renovación Popular describió cuando llegó al cargo.

Pero estos onerosos contratos vienen, además, acompañados de nombres de personajes muy famosos como es el caso de Cecilia Tait Villacorta. La medallista olímpica registró, en el mes de junio de este año, una orden de servicio por treinta y nueve mil soles con la Municipalidad Metropolitana de Lima.

La recordada “Zurda de Oro” ha trabajado para la Municipalidad de Lima desde el año 2023, cuando la gestión de López Aliaga asumió funciones. Sin embargo, durante ese primer año, el sueldo de la exintegrante de la selección peruana por el servicio de enseñanza de vóley apenas alcanzaba los trece mil soles.

Esta situación cambió radicalmente para este año 2025. Según la información disponible en el portal Transparencia Económica, Tait Villacorta ha recibido un total de S/. 111,800.00 hasta la fecha. Este considerable desembolso económico por parte de la Municipalidad de Lima es señalado en los portales oficiales como el pago por un “Servicio De Organización, Gestión Y Dirección Técnica De Deportes”.

Un dato a tener en cuenta es que esta tarea que el alcalde López Aliaga le ha encargado se superpone con los deberes que viene realizando Tait Villacorta como miembro del Comité Olímpico Internacional (COI), cargo para el cual fue designada en 2023 y la compromete por cuatro años. A ello se le suman sus obligaciones como parte del Comité Organizador de los XX Juegos Panamericanos Lima 2027.

Sin embargo, estos cien mil soles parecen ser insuficientes para las pretensiones de la Municipalidad de Lima. Por ello, el alcalde López Aliaga recurrió a una segunda figura del vóley peruano y, al igual que en el caso de Cecilia Tait, no dudó en ofrecerle un salario que resalta en la lista de órdenes de servicio pagadas por la municipalidad.

En esta oportunidad, el nombre que figura en el contrato por S/. 39,000.00 es el de Rosa Gisella García Rivas. La destaca deportista peruana viene trabajando para la municipalidad a cargo de Renovación Popular desde el año pasado y registra un 2025 muy próspero en lo económico.

Aparentemente, en la Municipalidad de Lima no era suficiente contar con los servicios de una sola personalidad destacada del deporte y apostó por Rosa García con una inversión que, tal como ocurre con Cecilia Tait, supera los cien mil soles sólo tomando en cuenta los meses transcurridos del presente año.

En simultáneo, Rosa García ha trabajado en la Municipalidad Distrital de La Victoria y la Municipalidad Provincial del Callao. Sin embargo, los contratos firmados con dichos distritos suman menos de veinte mil soles en lo que va del año 2025, una cifra muy lejana de los más de cien mil que está pagando la Municipalidad de Lima.

EL PLAN PAN Y CIRCO

Además de contratar personalidades famosas del deporte peruano, la gestión de Rafael López Aliaga también ha mostrado un especial interés en los eventos musicales. Durante el presente año, la Municipalidad de Lima ha emitido diversas órdenes de servicio a nombre de Piero Riccio Peirano, quien en sus redes se presenta como un cantante e imitador.

El show musical de Riccio Peirano le ha costado a la Municipalidad Metropolitana de Lima un total de S/.  63,176.00 y, entre estas órdenes de servicio, destaca su presencia para el cuestionado espectáculo montado el pasado mes de julio en el Parque de la Muralla que tenía como finalidad presumir la llegada de los trenes norteamericanos.

Pero, una vez más, esto no habría sido suficiente para una municipalidad que intenta brindar tanto show como sea posible en lo que, casualmente, es el año previo a las elecciones presidenciales en las que el actual alcalde intenta ser protagonista. Por ello, para este 2025, también recurrieron a los servicios de un conocido manager de artistas llamado Christian Alfredo Robles Ríos.

Sólo durante el presente año, Robles Ríos ha sumado un total de S/.  132,936.00 en órdenes de servicio con la Municipalidad Metropolitana de Lima por los conceptos de “organización y conducción de espectáculos”, “producción musical” y “servicio artístico cultural”.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que el nombre de este manager se ve involucrado con la política. En el año 2022, Robles Ríos se vio involucrado en la organización de la costosa fiesta de la hija de Bruno Pacheco, el exsecretario del todavía presidente Pedro Castillo, que costó más de cien mil soles y contó con la presencia del Grupo 5.

En aquella oportunidad, tanto el manager como el coordinador de la reconocida orquesta de cumbia señalaron que Christian Robles fue en encargado de contratarlos y, según señalaron al programa “Cuarto Poder”, era él quien coordinaba con “una misteriosa mujer”. El dominical de América Televisión también mostró que esta persona involucrada en la organización de la ostentosa fiesta sería Karelim López, una empresaria investigada por licitaciones irregulares durante el mandato de Castillo Terrones.

Mientras el alcalde López Aliaga intenta instalar en la opinión pública que los expedientes técnicos para las obras son un gasto innecesario y acusa a quienes los piden de ser “terrucos”, la municipalidad que está a su cargo demuestra que el presupuesto es ilimitado cuando se trata de rodearse de personajes famosos y organizar eventos musicales.

[INFORME] Dina Boluarte empieza su último año en el gobierno con una costosa renovación del menú presidencial. Su oficina ha gastado más de veinte mil soles durante el último mes y dejó un contrato que compromete al Ejecutivo hasta mediados del 2026.

Aunque la relación entre Dina Boluarte y Pedro Castillo se quebró varios años atrás, la mandataria parece tener muy presente una de sus consignas de campaña en su día a día en Palacio de Gobierno. El recordado “no más pobres en un país rico” podrá no estarse aplicando a la vida de los sectores más vulnerables del país, pero sin duda esta frase se ve reflejada en el estilo de vida de la presidenta.

Además del impopular aumento de sueldo que contrastaba con la contundente desaprobación de Boluarte Zegarra, Sudaca pudo conocer algunos de los costosos y extravagantes gastos asumidos por el despacho de la mandataria durante los últimos meses para convertir la residencia presidencial en una isla de comodidades en medio de un país muy incómodo.

¿Y EL MENÚ DE DIEZ SOLES?

Si bien Dina Boluarte afirmó, con total convencimiento, que diez soles eran un monto suficiente para que los peruanos se alimenten, el presupuesto asignado al despacho presidencial parece haberla seducido lo suficiente como para cambiar su estilo de alimentación a uno que puede recibir todo tipo de calificativos menos el de económico.

Sudaca accedió a los gastos que hizo el despacho de Dina Boluarte durante el mes de julio y encontró un sorprendente monto destinado a los alimentos de la mandataria. La siguiente imagen corresponde al sitio web de la empresa Fricomp S.A.C. que se dedica a, como ellos mismos lo describen, la distribución de carne de alta calidad para eventos y negocios.

Durante el último mes patrio, el despacho presidencial gastó S/. 16,201.40 adquiriendo los productos Fricomp S.A.C. ofrece y, además, se han comprometido con ellos para que sigan suministrándoles carne de ave hasta el 31 de octubre del presente año. En total, será S/. 248,508.00 el monto que se deberá pagar para la alimentación de la presidenta.

Este presupuesto podría parecer más que suficiente para la alimentación de la gran mayoría de familias peruanas. Sin embargo, en Palacio de Gobierno parecen tener otros estándares. Por ello, el mes pasado, el Despacho Presidencial firmó un nuevo contrato, que cabe señalar no anula el mencionado con Fricomp S.A.C. anteriormente, por un total de S/. 262,418.00.

En esta oportunidad, la oficina de Dina Boluarte firmó este vínculo por más de doscientos mil soles con la empresa Consorcio R. Romero E.I.R.L. para que estos se encarguen de suministrar carne de res, vísceras de res y carne de cerdo hasta el último día que la mandataria esté al frente del país en julio del 2026.

No obstante, este no fue el único contrato relacionado con el menú presidencial firmado en julio. El despacho de Boluarte Zegarra también firmó un contrato que estará vigente hasta julio del 2026 para el suministro de verduras. El monto destinado a este vínculo es de S/. 170,000.00 y se firmó con la empresa Inversiones Jeanbe E.I.R.L.

El nombre de Inversiones Jeanbe E.I.R.L. supo ser noticia en el pasado. En mayo del presente año, el programa “Ocurre Ahora” advirtió que esta empresa, que contaba con varios contratos con el Ejecutivo que acumulaban cerca de seiscientos mil soles, tenía registrado como domicilio legal una vivienda en el distrito de La Victoria que ningún vecino reconocía como sede de dicha empresa de la cual tampoco recordaban haber escuchado hablar por esas calles.

Para cerrar este capítulo enfocado en la comida, en el Despacho Presidencial consideraron oportuno que esta inversión en la alimentación de la mandataria se encuentre supervisada por una profesional. Por ello, parte del erario público se está destinando a pagarle quince mil soles a una nutricionista para Dina Boluarte.

LISTOS PARA EL VERANO

En Palacio de Gobierno también quieren estar preparados para la temporada de verano. Pero esto no es referencia a la alarmante temperaturas elevadas que sufre la población en enero y febrero ni a posibles sequías. Sudaca detectó que en el mes de julio se habrían destinado más de veinte mil soles a un contrato con la empresa Service Chicoma´s S.A.C.

Al revisar el historial entre este empresa y el Ejecutivo se pudo encontrar a dónde se están destinando varios miles de soles del presupuesto que tienen a cargo. Según la información disponible, el despacho de Boluarte está invirtiendo en el cuidado de una piscina para la residencia presidencial.

En esta lista de renovaciones que tiene en agenda el despacho de la cuestionada mandataria también se encuentran los más de diecisiete mil soles que se invirtieron durante el mes de julio en los equipos de aire acondicionado para la residencia de la presidenta.

A poco menos de un año para culminar su inesperado paso por Palacio de Gobierno, las acciones de Dina Boluarte, como su aumento de sueldo y los casos detallados en este informe, parecen mostrar que no sólo ha abandonado la lucha por revertir la mala imagen que reflejan las encuestas sino que está determinada a sacarle el máximo provecho a los privilegios que le da la banda presidencial.