[INFORME] Desde un periodista que se quería disfrazar de profesional de la salud para acceder a una vacante pública hasta un funcionario castillista que vivió medio año en la sede del Colegio Mayor Presidente del Perú integran la lista del partido de Ricardo Belmont para el Congreso.

“Esta es mi última batalla”, fueron las palabras que Ricardo Belmont Cassinelli pronunció durante una de las jornadas de debate y que terminó por impactar en varios de los espectadores. La ausencia de otros momentos memorables en los debates llevó a que este discurso del candidato del Partido Cívico Obras se convirtiera en los días posteriores en uno de los más vistos en redes sociales de gran alcance.

Pero la inesperada viralización de la palabras de Belmont no se quedaría en el mundo virtual y, sumado a la existencia de un importante porcentaje de indecisos, su impacto en las preferencias que registraron diversas encuestas cambió el escenario de las elecciones que tendrán lugar el próximo domingo.

Sin embargo, detrás del discurso de un Belmont Cassinelli que ha tratado de mostrarse como un hombre que en el ocaso de su vida anhela ver un país recuperado existe un partido que no parece tener las herramientas para cumplir con esa promesa. Sudaca pudo revisar el historial de quienes acompañan a este inesperado contendiente a la presidencia y encontró algunos perfiles que despiertan serias dudas sobre sus respectivas trayectorias.

PERIODISTA MULTIFACÉTICO

Contrario a los discursos virales de Ricardo Belmont, la lista de candidatos a diputados del Partido Cívico Obras parece darle lugar a las malas costumbres que se han instalado en la política peruana durante las últimas décadas y que han generado el crítico presente de cual el propio candidato presidencial se queja.

Un ejemplo de ello se puede encontrar en uno de sus candidatos a diputado llamado Pablo Moisés García Varas. Quien es comunicador de profesión postula para entrar a la cámara de diputados como representante de la región La Libertad e integrar la bancada de Belmont Cassinelli.

Pero su historial arrastra decisiones que rozan lo irracional y generan dudas sobre sus intenciones con el dinero público. En el año 2023, García Varas intentó que el Hospital Regional Docente de Trujillo de luz verde a su nombramiento como especialista en salud pública. Un pedido que llama la atención dado que, como él mismo consignó en su hoja de vida, sus estudios se limitan a una licenciatura en comunicación y una maestría en marketing.

Como podía suponerse, García Varas fue declarado como no apto debido a que no contaba con un título que le permita ser considerado un profesional de la salud. Inexplicablemente, el actual candidato al Congreso apeló en una desconcertante maniobra que tenía como objetivo ubicarlo en una de las vacantes que recibirían compensaciones y entregas económicas que debían ser  destinadas al personal de la salud al servicio del Estado. En un desenlace más que predecible, el recurso de apelación presentado por Pablo García Varas fue declarado como infundado por el Tribunal de Servicio Civil.

VACACIONES CON TODOS LOS GASTOS PAGADOS…POR EL ESTADO

Otro de estos personajes pintorescos que acompañan a Belmont y podrían llegar al Legislativo es Arturo César Eusebio Padilla, quien postula con el número uno por la región Lima. Si bien este es uno de los pocos candidatos con experiencia en el sector público, se podría decir que esa experiencia no fue la mejor.

Con la llegada de Rosendo Serna al Ministerio de Educación durante el gobierno de Pedro Castillo, Arturo Eusebio, quien casualmente era militante de Perú Libre, fue designado como presidente del directorio del Centro Vacacional Huampaní (sede del Colegio Mayor Presidente del Perú).

Esta designación pareció haber entusiasmado tanto al ahora candidato del Partido Cívico Obras que decidió quedarse a vivir en su lugar de trabajo. Según el siguiente documento de Contraloría que fue advertido por el portal Convoca en agosto del 2023, el presidente del directorio y varios de los miembros integrantes permanecieron en el Centro Vacacional Huampaní haciendo uso de alimentos y los bungalows.

Arturo César Eusebio Padilla, como presidente del directorio, decidió permanecer cerca de doscientos días como huésped. Esta situación, como concluyó la Contraloría, generó un perjuicio a la entidad por más de sesenta mil soles. No obstante, cuando se da a conocer este informe en julio del año 2023, el gobierno de Pedro Castillo había llegado a su final y sus funcionarios, entre ellos Arturo Eusebio, ya no se encontraban ocupando estos cargos por lo que pudo librarse de una sanción o despido por esta irregularidad.

LA OTRA CARA DEL “FRAUDE”

Durante los últimos cinco años, la palabra fraude se ha relacionado con el fujimorismo debido a las acusaciones que se hicieron contra los organismos electorales tras las elecciones presidenciales del 2021. Sin embargo, pareciera que esta vez otro partido podría tomar la posta para continuar con los relatos conspirativos sobre un supuesto fraude.

Quien aparece en el siguiente video anunciando que “en las próximas elecciones es probable que se presente un fraude electoral” por un supuesto vínculo de Keiko Fujimori con un integrante del Jurado Nacional de Elecciones es Jhon Torres Roselló, un analista político que ahora es candidato a senador del partido de Ricardo Belmont por la región Puno.

Tras pasar desapercibido la mayor parte de la contienda electoral, Ricardo Belmont llegó a los días previos a las votación como uno de los protagonistas. Sin embargo, detrás del relato patriótico que logró viralizar en redes sociales en una campaña que él mismo catalogó como su última batalla, los hechos demuestran que su partido no va por un camino muy distinto del que transitan las agrupaciones más cuestionada del Perú.

[ENTREVISTA] “Los mercaderes de la educación se han convertido en los grandes millonarios del país”

Winston Reyes, candidato del partido Primero la Gente con el número 3, conversó con Sudaca y cuestionó que la educación privada esté exonerada de impuestos. Quien también es dirigente del Sutep señaló que la educación “se ha burocratizado en extremo” y apoyó la evaluación a docentes acompañada de capacitación permanente.

En una entrevista señaló que más de un millón de estudiantes están fuera del sistema, ¿qué plan propone para incorporarlos?

Esta es una estadística del INEI que maneja el gobierno. Ellos tienen conocimiento que hay cerca de un millón ciento cincuenta mil personas en edad escolar fuera del sistema, pero no hacen absolutamente nada por atender a esta población. Exigimos que se diseñe un plan de atención para quienes van a ser los analfabetos de mañana. La manera de atenderlos es diseñando programas que atiendan, en principio, la alimentación escolar y la tutoría permanente a fin de incorporarlos al sistema educativo.

Se han escuchado diversas propuestas para el sector educativo, ¿coincide con quienes piden la construcción de nuevos colegios o se debe apostar por mejorar los que existen actualmente?

Existe una estadística que cerca del 40% de las instituciones educativas deben ser demolidas. Partiendo de esa realidad, lo que corresponde es una inversión agresiva para la construcción de nuevas instituciones educativas y otras tantas requieren mejoramiento. Pero lo que no se puede hacer es que cada año se desatienda y la brecha en infraestructura siga creciendo. Si hoy no le ponemos un alto, en unos años la brecha será imposible de cubrir.

Los problemas que afronta la educación suelen distintos dependiendo de cada región, ¿qué situaciones han podido advertir en las zonas rurales?

Si hablamos en términos de infraestructura, las escuelas rurales son las que más desventaja tiene. Carecen prácticamente de todo. Desde servicios básicos, materiales educativos hasta conectividad a internet. En la zona rural el reto es mayor en tanto que en zonas urbanas subsisten con algunas carencias pero de alguna manera pueden contribuir a brindar el servicio educativo. Pero también tenemos el aspecto pedagógico. En la educación rural está por los suelos. Al no tener acceso a tecnología ni acceder a los materiales educativos adecuados la brecha es mayor.

Durante los debates presidenciales, la candidata presidencial de su partido, Marisol Pérez Tello, señaló al Ejecutivo y Legislativo como los grandes responsables de los males del Perú, ¿qué problemas le está dejando este periodo a la educación peruana?

El tema educativo siempre ha sido un discurso electoral, pero cuando han llegado al gobierno han hecho poco y nada. Una prueba real es esta brecha en infraestructura y también la estadística que no dice que de cada diez alumnos en la educación básica siete tienen problemas de anemia y desnutrición. Los gobiernos anteriores y el actual han convertido el programa Qali Warma en un antro de corrupción donde en última instancia estaba el deseo de atender adecuadamente la alimentación escolar.

¿El bloque magisterial que llegó al Congreso hizo un mal trabajo?

Los que han llegado al congreso con Pedro Castillo integrando este famoso bloque magisterial han sido aventureros de la lucha sindical que, aprovechando el movimiento magisterial de 2017, ingresaron para su beneficio personal. Lo demuestran porque muchos de ellos han terminado convertidos en mochasueldos y lobistas. Estos representantes jamás se identificaron con los problemas de la educación en el país. Una muestra de ello es que pregonaban el sueldo de maestros para congresistas, pero una vez que llegaron al cargo se olvidaron de estas promesas.

¿Es posible reducir considerablemente la brecha entre la educación pública y privada?

Definitivamente. La educación debe ser un derecho al que todos los ciudadanos tengan la misma oportunidad. Hoy se ha convertido en un negocio y los hijos del pueblo están condenados a una educación pública privada.

Si Marisol Pérez Tello llega a la presidencia y, por lo tanto, se lleva a cabo el plan de gobierno de Primero la Gente, ¿en qué acciones se apoyarían para lograr la reducción de esta brecha?

Marisol se ha comprometido con el Sutep que en los primeros cien días de gobierno se va a materializar el 6% del PBI para educación, como manda la Constitución. Obviamente, asignar el recurso que corresponde significará una mejora sustancial en la escuela pública. Todo esto se va a lograr con el tema presupuestal.

¿Estas propuestas para la educación son viables económicamente?

Claro, porque la educación privada está exonerada de todo impuesto y esto no puede seguir así. Uno ve que la educación se ha convertido en el negocio más rentable. Los mercaderes de la educación se han convertido en los grandes millonarios del país y legislan en favor de sus intereses. Es tiempo que la educación privada esté gravada con impuestos que vayan para mejorar la educación pública. La otra forma es que, como todos los docentes pagan renta de quinta categoría, eso se invierta en educación. Nosotros cuestionamos que el presidente del Consejo Fiscal diga que se va a generar un forado fiscal al atender las demandas del sector educación. ¿Cómo no dice lo mismo cuando se exonera a las grande agroexportadoras de los impuestos? Ese tipo de exoneraciones no está cuestionado. Dinero hay, pero nunca para educación.

¿Qué propondría para mejorar el nivel de docentes?

Lamentablemente la educación se ha burocratizado en extremo. El profesor pasa más tiempo elaborando documentación que le exigen los directores que preparando sus clases. Hemos convertido al docente en un agente burocrático y descuida su trabajo que debe ser la clase.

¿Qué propondría para la capacitación de estos docentes?

Definitivamente la formación continua de docentes tiene que darse con programas de capacitación permanente a docentes que garanticen la meritocracia e idoneidad para el cargo. Nosotros siempre hemos exigido que la meritocracia debe ir de la mano con el recurso que se destine para la formación continua. El plan del gobierno de Marisol Pérez Tello recoge estas demandas del magisterio.

La evaluación docente ha sido un tema polémico que incluso causó huelgas, ¿se opone a que se realice o qué cambiaría?

Estamos de acuerdo con la evaluación. Eso debe mantenerse porque le da calidad a la educación en el país. Pero debe ir acompañado del proceso de formación continua y asistencia técnica a los docentes de tal manera que no sea solamente una evaluación punitiva sino un proceso de mejora.

La diversidad de lenguas originarias en el Perú se ha convertido, injustamente, en un obstáculo para integrar a más peruanos al sistema educativo, ¿qué propondría para atender esta demanda?

Es un problema cuando se plantea una educación genérica basado en un modelo educativo extranjero implantado a ciegas en el país. Pero cuando se focaliza la atención educativa a cada sector no es un problema sino una enorme potencialidad. Por ejemplo, atender a las comunidades indígenas con textos en su idioma nativo y profesores que lo hablen ayuda a mantener la cultura viva. Pero hoy no ocurre. El carácter de EIB (educación intercultural bilingüe) que se ha dado a instituciones educativas ha sido de manera arbitraria desde el escritorio del funcionario del Ministerio de Educación. Por eso encontramos que muchas instituciones caracterizadas como EIB no deberían serlo.

En los años recientes se ha visto un aumento de embarazos adolescentes y enfermedades de transmisión sexual, ¿propondrían la implementación de educación sexual en las instituciones educativas?

Nosotros debemos ser rigurosos en la protección a los menores de edad. Por eso rechazamos en todos sus extremos los abusos contra menores de edad. Vamos a implementar normas que los protejan de tal manera que la escuela no sea un lugar donde se ponga en riesgo la sexualidad sino un lugar donde el estudiante pueda encontrar seguridad, atención y acompañamiento.

Actualmente muchos padres con hijos con trastorno del espectro autista o síndrome de down afrontan serias dificultades para incluirlos en el sistema educativo, ¿cómo se puede lograr una educación inclusiva para estas personas?

Hoy, la inclusión en el país es solamente declarativa. No se ha avanzado nada en aplicarla en la educación. Enviar a un niño autista a un aula de treinta alumnos es irresponsable, porque el profesor no está preparado para atenderlo. No se han generado los medios para su atención en la escuela pública. En Primero la Gente planteamos que la educación pública debe tener los espacios para atender esta inclusión y que se asignen los medios para que la inclusión sea real.

[INFORME] El fiscal a cargo intentó archivar el caso de Santiago Guardamino. Sin embargo, la enorme cantidad de pruebas que fueron dejadas de lado impulsan a su familia a continuar la búsqueda de justicia a casi dos años de su asesinato.

La familia de Santiago Guardamino, expresidente de la comunidad de Quipán, sufrió un duro e inesperado revés tras conocer que la justicia, más precisamente el fiscal Renato Lavy Cora, tomó la decisión de abandonar la revisión de evidencias del asesinato del líder comunal y archivar el caso alegando falta de pruebas.

LO QUE DEJARON DE LADO

Sin embargo, los detalles que se pudieron conocer detrás del cruel asesinato de Guardamino exponen que existía una importante cantidad de material que se dejó de lado. Por ejemplo, ha trascendido que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán antes del atentado que terminó con su vida.

Increíblemente, como argumento el fiscal Lavy Cora, estos dispositivos móviles cuyo contenido podrían haber sido de gran utilidad para dar con el paradero tanto de los autores materiales como intelectuales del asesinato de Guardamino nunca fueron revisados. Según se comentó, no contaban con la tecnología ni peritos necesarios.

Alicia Guardamino, hermana del líder comunal, declaró al diario La República que fueron cinco los celulares que se entregaron a la policía para su revisión. No obstante, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, quien es parte del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.

APELACIÓN PENDIENTE

Sin embargo, la familia Guardamino ha decidido no bajar los brazos en su búsqueda de justicia y más porque sienten que no se actuó de la manera que el caso exigía. “La policía sí contaba con los recursos. El caso estuvo más de un año y cuatro meses en la Dirincri y durante esa fecha la policía no investigó nada”, sostuvo Alicia Guardamino en declaraciones a La República y agregó que incluso “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos.

Por su parte, Juan Sarmiento Verástegui, quien es el abogado defensor de la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

Según pudo conocer Sudaca, actualmente el caso está en manos de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humano y contra el Terrorismo y estará en manos de ellos evitar que el caso de Santiago Guardamino sea archivado y la lucha por justicia de su familia quede sin respuesta.

Como se recuerda, Santiago Guardamino era presidente de la comunidad de Quipán cuando fue asesinado en abril del 2024 tras tener una participación activa en el destape de la venta ilícita de un terreno de diez mil hectáreas a la empresa Industrias Argüelles haciendo uso de firmas falsas para pagar un precio muy inferior al que correspondía.

[INFORME] Contra todo pronóstico, la justicia decidió darle la espalda a la familia de Santiago Guardamino, el líder comunal que expuso los engaños usados para consumar la venta de un terreno de la comunidad de Quipán a una acaudalada empresa.

A pocos días de cumplirse dos años de su violento asesinato, la familia de Santiago Guardamino no sólo sigue padeciendo la ausencia de un esposo, un hijo y un padre en el día a día sino que ahora también debe afrontar un escenario inesperado luego de un indignante revés por parte de la justicia.

MORIR LUCHANDO

En abril del año 2024, Guardamino perdería la vida una noche cerca de su vivienda en medio de circunstancias muy sospechosas. Santiago no sólo había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán, también se había puesto al hombro la lucha por justicia luego de una fraudulenta venta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad e involucraba a una empresa muy poderosa.

Su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán en la cual haciendo uso de firmas falsas vendió un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles y que tenía a Karen Pasco Flores en la gerencia general.

La lucha de Santiago Guardamino lo llevó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminaría con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva, que posteriormente se reducirían a cuatro de prisión suspendida, mientras que Argüelles incluso llegó a verse involucrado y condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.

UN GOLPE DE LA JUSTICIA

Sin embargo, pese a que los nueve disparos que recibió Guardamino esa noche de abril ocurrieron en un contexto en el cual se había convertido en un problema para quienes estaban detrás de la venta fraudulenta, la justicia la ha dado la espalda a la familia de Santiago y su lucha por obtener justicia.

Recientemente, el fiscal Renato Lavy Cora tomó al inesperada decisión de desestimar los testimonios de la familia de Santiago Guardamino y archivar el caso bajo la excusa de falta de pruebas. Una decisión que ha desatado una comprensible indignación en la familia del expresidente de la comunidad de Quipán.

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, manifestó Maribel Guardamino, viuda de Santiago, en declaraciones al diario La República y agregó que “la más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”. Cabe señalar que, días antes de su asesinato, se registraron amenazas muy serias.

Según se ha podido conocer, pocas semanas antes del fatal desenlace, dos sujetos en moto aparecieron en Quipán buscando al entonces presidente de la comunidad y, tras no ubicarlo, abandonaron el lugar vociferando amenazas contra Guardamino que fueron seguidas de varios disparos al aire.

 

[INFORME] Un excandidato al Congreso que presume estar armado, un aportante que se benefició con órdenes de servicio y un exalcalde que intentó aumentarse el sueldo figuran entre los aportantes y contratados por las campañas de los candidatos outsiders.

Tras varios años de una crisis política que parece haberse convertido en una pesadilla sin final, para muchos de los peruanos se ha vuelto necesario encontrar nombres que se conviertan en los nuevos referentes de la política peruana y estas elecciones podrían ser mucho más favorables para los famosos outsiders que para los representantes de los partidos tradicionales.

Sin embargo, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los últimos años, detrás del discurso del político disruptivo se puede esconder una agrupación que, aunque con caras nuevas, termine por caer en las mismas prácticas de la clase política a la que intenta reemplazar.

Para las elecciones del próximo mes, algunos de los candidatos que sostienen un discurso crítico con el establishment e intentan convertirse en la voz del pueblo son Carlos Álvarez (País Para Todos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna (Podemos). Sudaca ha revisado la recientemente publicada lista de aportantes  y gastos detrás de estas candidaturas y hay más de una sorpresa.

NO ES PARA REÍR

En los últimos años, Carlos Álvarez decidió dejar de lado su faceta cómica para incursionar en la política poniendo especial atención en los temas que generan mayor indignación y de la mano de País Para Todos, uno de los partidos nuevos, el recordado integrante del programa “El Especial del Humor” intentará llegar a la presidencia.

Sin embargo, Álvarez parece no haberse tomado el tiempo de investigar a las personas que actualmente se involucran en su campaña. Según los reportes revisado por Sudaca, País Para Todos le pagó más de cien mil soles por el concepto de servicios operativos administrativos a una persona llamada Abdias Joel Chinchay Príncipe, un nombre que en la ciudad de Huaraz no dejó los mejores antecedentes.

En noviembre del año 2019, Noticiero Libre, un medio digital de Huaraz, publicaba la impactante imagen de un candidato al Congreso de la agrupación política de Juan Sotomayor que se mostraba en sus redes sociales presumiendo la posesión de un arma. El nombre de este candidato era Abdias Joel Chinchay Principe, el mismo que hoy recibe pagos del partido de Álvarez.

La reciente cercanía de Chinchay con el partido de Carlos Álvarez no sería precisamente producto de la casualidad. Hugo Gonzales Henostroza, director del medio Noticiero Libre, puso al descubierto en 2019 que Chinchay era uno de los hombres del confianza de Vladimir Meza Villarreal, el exalcalde de la municipalidad provincial de Huaraz.

¿Cómo se conecta esto con la candidatura de Álvarez? Meza Villarreal es el fundador del partido que tiene al cómico como candidato presidencial y que casualmente decidió contar con los servicios de Chinchay. Cabe señalar que este exalcalde está seriamente comprometido en temas judiciales debido a una acusación de colusión agravada por el caso Consorcio Huaraz y por el cual podría pasar diez años en prisión.

En una entrevista reciente, Carlos Álvarez intentó marcar distancia con Meza y señaló, con respecto a una sentencia por violencia familiar, que el fundador de su partido “debe enfrentar a la justicia”. Sin embargo, con la presencia de personajes como Chinchay en su campaña ponen en evidencia que Álvarez detrás de su candidatura a más infiltrados cuestionables de los que cree.

En la lista de aportantes de País Para Todos también se puede encontrar algunos nombres que sorprenden por su vinculación previa con otras agrupaciones políticas muy cuestionadas en los últimos años. Por ejemplo, Kaimer Merced Dolmos Vengoa entregó dos mil soles para la campaña de Álvarez.

Dolmo Vengoa fue candidato al Congreso de Perú Libre como representante de los peruanos en el extranjero, pero no logró obtener un lugar en el hemiciclo. Sin embargo, su influencia fue tal que, a los pocos meses de la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, Dolmos Vengoa fue acceder a un cargo de confianza como director general de la dirección general de promoción y sostenibilidad minera del Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el excandidato de Perú Libre vuelve a la política haciéndose un lugar en País Para Todos.

LOS PERSONAJES DE PODEMOS

José Luna y Podemos han tenido una presencia influyente tanto en el Congreso como en la política nacional. No obstante, su discurso pretende negar esta cercanía con el poder e intentar ser la cara de la renovación política. Sudaca investigó los nombres de sus aportantes y encontró que no sólo están lejos de ser una renovación política sino que parecen haber buscado vincularse con los personajes con los peores antecedentes.

Fermín García Fuentes es uno de estos aportantes a la campaña del partido Podemos, con el cual también intenta ser diputado por Cusco, y entregó una suma de casi cinco mil soles. Pero García Fuentes no es precisamente un nombre alejado del ambiente de la política y mucho menos a sus mañas.

A inicios del año 2011, una noticia causó indignación en Cusco. El alcalde del distrito cusqueño de Santiago y sus regidores habían intentado duplicarse el sueldo. Quien estaba a cargo de esta alcaldía era Fermín García Fuentes y su justificación para este aumento arbitrario fue alegar que «iba a trabajar más» en ese periodo.

En las elecciones que se llevarán a cabo en unas semanas, García Fuentes, el alcalde que parecía más preocupado por subirse el sueldo y sólo dio marcha atrás cuando la indignación colectiva lo forzó a hacerlo, podría convertirse en el representante de Cusco en el Congreso con Podemos, el que García llama “el partido del pueblo”.

EL CASCO NECESITA LINTERNA

Alfonso López Chau y Ahora Nación han logrado convertirse en una de las alternativas más sólidas en la contienda electoral. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es uno de los pocos políticos que a lo largo de la campaña no ha padecido reducciones considerables en las encuestas y mira de cerca a los líderes.

Pero en su campaña tampoco han faltado algunos malos elementos. Uno de los aportantes a Ahora Nación ha sido Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón. Como se puede observar en la siguiente imagen, Gonzales aportó la considerable cifra de treinta mil soles a la campaña de López Chau y el partido del casco.

Sin embargo, pareciera que a ese casco le faltó una linterna para ver bien a las personas que permiten que se involucren en su campaña. Esto debido a que, en lo que respecta a aportes a campañas políticas, Gonzáles Mogollón parece haber tenido motivaciones personales detrás de estas colaboraciones.

En el año 2024 una noticia impactó en Arequipa cuando se conoció que el Gobierno Regional de Arequipa, casualmente, había emitido dos órdenes de servicio a nombre de una persona que también fue aportante de la campaña que le permitió a Rohel Sánchez Sánchez convertirse en gobernador.

El nombre de este aportante era Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón y por sus mil soles en apoyo a Sánchez Sánchez terminó siendo beneficiado por dos órdenes de servicio que suman un total de dieciocho mil soles. Si se tiene en cuenta que su aporte a Ahora Nación alcanza los treinta mil soles, resulta razonable preguntarse si luego intentará cobrárselos de alguna manera.

Aunque el hartazgo de la población ante el accionar de una clase política es innegable, estas nuevas alternativas políticas no parecen haber puesto suficiente esmero en cerrar las puertas a los malos elementos que lo único que pueden garantizar es profundizar la crisis política que se padece en el Perú desde hace varios años.

 

 

[INFORME] Entre los más generosos aportantes a las campañas de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen desde un exministro del régimen de Alberto Fujimori hasta un empresario minero con varias decenas de procesos judiciales.

Aunque Keiko Fujimori perdió gran parte del respaldo que supo tener en sus primeras participaciones como candidata presidencial y Rafael López Aliaga ha visto disminuir su porcentaje, lo que muestran los más recientes sondeos es que los líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular se mantienen, a pocas semanas de las elecciones, como los líderes de las encuestas.

No obstante, tanto para Fujimori como para López Aliaga, el contexto de desconfianza con respecto a la clase política lleva a que la misión de convencer al electorado sea mucho más compleja que en elecciones pasadas y, por supuesto, la elaboración y despliegue de una campaña tendrá un costo importante.

Sudaca ha podido revisar la rendición de cuentas que han presentado Fuerza Popular y Renovación Popular. En estas listas se han podido conocer los nombres de aquellos que hoy sostienen a los principales aspirantes a la presidencia entre los cuales figura más de un personaje con un historial cuestionable.

LOS ALIADOS DE PORKY

Cuando se empezó a hablar de elecciones presidenciales, Rafael López Aliaga logró posicionarse como una de las figuras protagonistas. Sin embargo, los cuestionamientos a su gestión en la Municipalidad de Lima y el accionar de su bancada en el Congreso terminaron por pasarle factura y hoy, aunque no sale de los dos primeros lugares, su distancia con el resto de adversarios se redujo considerablemente.

Ante este escenario, la campaña de Renovación Popular se ha visto obligada a potenciar sus actividades y para llevar a cabo esta tarea ha encontrado un valioso e inesperado respaldo por parte de un exministro del régimen fujimorista. La persona en cuestión es Jorge Yamil Mufarech Nemy. El empresario que también fue congresista del partido del expresidente Alejandro Toledo realizó un aporte con telas y mandiles publicitarios que superó los cincuenta mil soles.

Cabe señalar que Mufarech Nemy también es recordado por episodios polémicos como cuando denunció, sin éxito, al diario El Comercio por difamación y exigió una reparación de cincuenta millones de soles. También llegó a demandar al politólogo José Alejandro Godoy por haber publicado en su blog un recuento de las acusaciones contra el exministro por escándalos financieros. Si bien en un primer momento logró una sentencia contra Godoy que le ordenaba pagarle a Mufarech más de trescientos mil soles, finalmente la justicia anuló la sentencia alegando que la demanda era infundada e incoherente.

Pero, si se habla de denuncias, en esta lista de aportantes figura un nombre mucho más llamativo y se trata de Fernando Pablo Martorell Sobero, quien tiene registrados cincuenta y cuatro procesos judiciales que reportó el medio Ojo Público en el año 2022. Con más de ocho mil soles consignados como hospedaje en Tacna, este político tacneño es uno de los generosos aportantes de López Aliaga y Renovación Popular.

Martorell no es ajeno a la política. Además de haber sido candidato al Gobierno Regional de Tacna, cuenta con un hermano, Guillermo Martorell, que ha sido congresista representando al partido fujimorista, aunque a Fernando hoy se le conoce más por su rol como empresario que, en 2024, recibió una concesión minera de novecientas hectáreas en el departamento de Moquegua.

TODAVÍA LE TIENEN FE

Este 2026 marcará el cuarto intento de Keiko Fujimori como candidata presidencial y, sin dudas, deberá enfrentar un escenario adverso con un importante sector de la población que cuestiona su rol y el de Fuerza Popular en la política nacional. Sin embargo, en el fujimorismo, quizá impulsados por la ausencia de otros candidatos que le saquen una diferencia importante en las encuestas, todavía creen que el sueño de llevar a la hija de Alberto Fujimori a Palacio es posible.

Uno de los más generosos ha sido Luis Williams Dyer Fernández con un aporte en material para campaña valorizado en casi cien mil soles. Luis proviene de una familia de acaudalados empresarios como su padre Luis Dyer Ampudia y su tío Samuel Dyer Ampudia, este último vinculado con la conocida empresa agroindustrial Camposol.

Paradójicamente, aunque hoy el apellido Dyer aparece en una lista de aportantes a Fuerza Popular, Samuel Dyer Ampudia fue ilegítimamente privado de su libertad durante los primeros años del gobierno fujimorista, aunque el hoy fallecido exdictador negó su responsabilidad en estos hechos.

Otro nombre que resalta en esta lista es el de Jorge Edisson Llerena Portugal. Si bien en comparación de los montos provenientes de sectores empresariales puede parecer poco, el aporte de seis mil soles para gorros de campaña llama la atención por tratarse de una persona que trabaja como auxiliar de un despacho del Congreso.

Aunque al escrudiñar en la historia de Llerena Portugal se podría concluir que decir que trabaja en el Congreso quizá no sea la mejor forma de describir sus actividades. En diciembre del año pasado, el dominical “Cuarto Poder” presentó un reportaje sobre trabajadores fantasma en el Congreso.

En dicho informe se mostraba que Jorge Llerena pasaba largas horas que eran parte de su horario laboral en la sede del partido fujimorista. La cereza del pastel en este caso fue que Auristela Obando, la congresista que supuestamente tenía a Llerena trabajando en su despacho, dijo no conocerlo.

José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular, también aparece en esta lista de aportantes. Aunque, en enero del año pasado, el economista de setenta años había dicho que no tenía intención de participar en política, la información que pudo revisar Sudaca muestra que contribuyó con un aporte valorizado en más de cincuenta mil soles en banderas y banners.

A pocas semanas de unas elecciones que tiene a un considerable sector de la población mirando con desconfianza a los candidatos, conocer a los que sostienen las campañas políticas pueden dar un indicio de los intereses que tendrán los candidatos si llegan a convertirse en los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno.

[INFORME] Roberto Sánchez Palomino empieza a tomar protagonismo mostrándose como el elegido para reivindicar a Pedro Castillo y su proyecto político. Sin embargo, su historial no sólo refleja la imagen de un ministro que entregaba puestos a sus conocidos, sino que también traicionó a la propia izquierda.

Cuando Pedro Castillo Terrones abandonó Palacio de Gobierno en diciembre del 2022, tras un fallido intento de golpe de Estado, podía parecer que se había escrito el capítulo final de su historia política. Sin embargo, las desaciertos y provocaciones del Congreso, su principal opositor, sumado a que un considerable sector del interior del Perú interpretó la vacancia como la intolerancia de los políticos limeños ante un maestro rural llevaron a que, más de tres años después, el nombre de Pedro Castillo siga teniendo un impacto considerable.

De cara a las elecciones que se llevarán a cabo en algunas semanas, la pregunta que restaba por responderse era quién podría representar a ese sector castillista que todavía estaba a la espera de una reivindicación. Desde el espectro de la izquierda habían surgido diversos nombres como Alfonso López Chau, quien siendo rector de la UNI había acogido a quienes llegaron a Lima para manifestarse contra el gobierno de Dina Boluarte, el líder aymara Vicente Alanoca y hasta Ronald Atencio, exabogado de Castillo.

Pero quien finalmente parece haber sido el elegido de la mayoría de los seguidores de Pedro Castillo es Roberto Sánchez Palomino. El congresista y líder del partido Juntos por el Perú hoy hasta brinda mítines usando el sombrero que supo caracterizar al expresidente y su nombre ha tomado fuerza en las encuestas. No obstante, debajo del sombrero existe un historial reciente que muestra la cuestionable manera en que se ha desempeñado Sánchez Palomino cuando tuvo poder.

EL CASO CENFOTUR

Luego que Pedro Castillo pasó a segunda vuelta en abril del 2021 se encontró ante la necesidad de acercarse a otros sectores de izquierda y, cuando posteriormente se convirtió en presidente, buscó en estos grupos  a quienes serían sus ministros. Roberto Sánchez Palomino fue uno de ellos y entre los años 2021 y 2022 se desempeñó como titular del sector de Comercio Exterior y Turismo.

Su llegada a este ministerio no tardó en tener repercusión en las entidades adscritas al Mincetur. El Centro de Formación en Turismo (Cenfotur) fue uno de los lugares donde se empezaron a evidenciar, y padecer, los cambios que trajo consigo la gestión del ministro Sánchez Palomino.

El 31 de diciembre del 2021, el entonces ministro Roberto Sánchez designaría a Víctor Fernando Sotelo Canales como el nuevo director nacional del Centro de Formación en Turismo. Una decisión que tomó por sorpresa a más de uno debido a que Sotelo no sólo carecía de experiencia en el rubro, sino porque además acumulaba denuncias por violencia familiar.

Este personaje que gozaba de la confianza del líder del ahora candidato presidencial fue el líder de una gestión que parecía no tener reparos en perseguir a todo aquel trabajador que no estaba dispuesto a acatar órdenes por más irracionales e injustificadas que sean. En ese contexto, en agosto del año 2022, Sudaca pudo conocer el caso de Tania Mabel Zurita Sánchez, quien era jefa encargada de la Oficina de Planificación, Presupuesto y Desarrollo de Cenfotur.

Zurita venía trabajando en el Centro de Formación en Turismo desde el año 2018. Pero fue con esta nueva gestión que se encontró ante un inesperado proceso disciplinario que hasta llegó al punto en que se le prohibió el ingreso a su centro de labores. ¿Qué acto tan grave la llevó a encontrarse ante este escenario? El haber solicitado una justificación técnica para avalar el pedido de un aumento de presupuesto que hicieron las nuevas cabezas de esta entidad.

Sudaca pudo acceder a la defensa presentada por Zurita Sánchez donde directamente menciona actos de hostigamiento que hasta llegaron a descuentos de su salario sin justificación alguna. Aunque desde Cenfotur negaron estas acusaciones, tras la difusión del informe de Sudaca, sólo pasaron unos días para que  Víctor Fernando Sotelo Canales presente la renuncia al cargo de director.

Pero la salida de Sotelo estuvo lejos de representar un cambio de rumbo para Cenfotur y sin dudas tampoco fue un escarmiento para Sánchez Palomino, quien no buscó a su reemplazo en una lista de especialistas del sector turismo sino en la lista de su partido. Fue así como Giannina Iris Avendaño Vilca, excandidata al Congreso por Juntos por el Perú, terminó ocupando el puesto vacante.

No pasó mucho tiempo para que la nueva gestión ponga sobre la mesa sus prioridades. A tan sólo días de la designación de Avendaño en Cenfotur se publicó una resolución de gerencia en la cual se establecía una nueva escala salarial que oficializaba aumentos que iban de dos mil hasta cuatro mil soles. Según el Reglamento de Organización y Funciones (ROF), le correspondía al Consejo Directivo ser quien proponga una la escala remunerativa, pero la gerencia general optó por saltarse este paso.

TRAICIÓN

Pero así como parece tener especial consideración con algunos de sus aliados de izquierda a los que colocó en puestos importantes, Roberto Sánchez también ha defraudado a quienes en algún momento compartieron con él una campaña electoral. El siguiente antecedente sobre la trayectoria de Sánchez Palomino expone lo que se podría calificar como una traición.

Para las elecciones del año 2021, la agrupación política de Roberto Sánchez Palomino, Juntos por el Perú, formó una alianza con Nuevo Perú, el partido de Verónika Mendoza, en un intento de lograr la unidad de la izquierda. No obstante, la culminación del proceso electoral se convertiría en el inicio de un cambio radical del vínculo entre quienes supieron ser aliados.

Acorde al documento del acuerdo político, al que pudo acceder Sudaca y que fue firmado por Roberto Sánchez y Verónika Mendoza, uno de los puntos incluídos hacía mención al uso del financiamiento público que alcanza la cifra de S/ 6,873,214.75 y se entregarían durante cinco años. Según el acta que se puede ver en la siguiente imagen, el monto que les sería entregado “se distribuirá equitativamente de común acuerdo entre Juntos por el Perú y Movimiento Nuevo Perú”.

Fuentes confiables revelaron a Sudaca que apenas en el mes de julio del 2021 se produjo el quiebre total entre estas dos facciones de izquierda y que, pese a los intentos por parte del grupo liderado por Verónika Mendoza para continuar trabajando de forma conjunta, Sánchez Palomino había decidido ignorarlos y, por supuesto, incumplir con la distribución equitativa del monto que recibirían por el financiamiento público.

La siguiente imagen corresponde a un grupo de Whatsapp con los representantes del partido y en el cual incluso participa Raúl Del Castillo, quien era el encargado designado por el partido de Sánchez Palomino para implementar el acuerdo con Nuevo Perú. En esta conversación se expone que Juntos por el Perú no sólo había decidido ignorar a Nuevo Perú y el compromiso asumido, sino que hasta eran vistos como una especie de enemigos sobre los cuales decían “deben morder el polvo de la derrota”.

Con la inclusión de exministros y hasta familiares de Pedro Castillo como candidatos al Congreso, resulta innegable que Roberto Sánchez y Juntos por el Perú intentan convertirse en una alternativa potenciada que cumplirá las promesas que el gobierno de Castillo Terrones no pudo. Pero debajo del sombrero y los discursos combativos sigue estando el mismo personaje que como ministro designaba funcionarios sin preparación y como líder político traicionaba a la izquierda.

 

[INFORME] Roberto Chiabra y su alianza política, que incluye al histórico PPC, armaron una peculiar lista de candidatos para senadores y diputados. Desde un exasesor del ministro Santivañez hasta el propio hermano del actual congresista destacan en este grupo.

Ganarse la confianza de un electorado que hoy mira con recelo a todo aquel que se identifica con el rótulo de político se ha convertido en una tarea difícil y, si a ello se le suma que se formó parte de uno de los congresos más cuestionados, esta misión se vuelve todavía más complicada.

Pese a estas adversidades, el parlamentario Roberto Chiabra León decidió asumir este reto y hoy es uno de los aspirantes a la presidencia. En este reto es acompañado por uno de los partidos históricos de la política peruana, el Partido Popular Cristiano (PPC) que en esta oportunidad va como parte de la alianza Unidad Nacional junto con los partidos Peruanos Unidos y Unidad y Paz.

Sin embargo, aunque la candidatura de Chiabra intenta mostrarse como una alternativa distinta, quienes lo acompañan como candidatos al senado arrastran un historial que no lo muestran como una opción muy distinta a sus rivales. Sudaca pudo revisar los antecedentes políticos de algunos de estos personajes entre los que se destaca varios antiguos integrantes de Renovación Popular, un familiar, un asesor del exministro Santivañez y hasta el consejero espiritual de Pedro Castillo.

RECICLAJE CELESTE

Aunque el discurso del congresista Chiabra intenta convencer al electorado que tanto él como su partido pueden ofrecerle al Perú y rumbo distinto del que le han dado los políticos con mayor influencia, los integrantes de su lista para el senado no parecen ser muy diferentes a estos políticos de los que intenta distanciarse.

Uno de los nombres que más llama la atención entre los candidatos que presentó la alianza Unidad Nacional para formar parte del nuevo senado destaca uno que, pocos años atrás, acompañaba la fórmula presidencial de otro de los actuales aspirantes a la presidencia del Perú y en un cargo de gran importancia.

Cinco año atrás, en el año 2021, Neldy Roxana Mendoza Flores figuraba junto a Rafael López Aliaga en la campaña de Renovación Popular como candidata a primera vicepresidenta. Hoy, Mendoza aparece como candidata al senado y también como segunda vicepresidenta en la fórmula presidencial liderada por Chiabra.

No obstante, Mendoza no es la única antigua integrante de Renovación Popular que ha sido captada por la alianza política de Chiabra. Quien aparece en la siguiente imagen y se hacía llamar “el Porky de Chancay” es Rubén  Angelino Azurín Álvarez y hasta 2022 era un entusiasta seguidor y candidato del partido de López Aliaga.

Tras un estrepitoso fracaso en las elecciones municipales de 2022 en la cuales “Nikita”, apodo con el que Azurín hacía campaña, obtuvo menos de mil votos, el autodenominado Porky de Chancay pasó a abrazar una nueva e inesperada oportunidad política que le está obsequiando la agrupación liderada por Chiabra con la cual podría llegar al senado.

UNA EXPERIENCIA CUESTIONABLE

“Toda mi vida luché contra la inseguridad y la corrupción. Ahora lo haré desde donde se toman las decisiones”, fueron las palabras elegidas por el general  Augusto Rubén Sánchez Bermúdez para anunciar su candidatura al senado de la mano de Roberto Chiabra y la alianza política Unidad Nacional.

En un contexto tan complicado en lo que respecta a la inseguridad, este tipo de promesas podrían resultar comprensiblemente seductoras. Sin embargo, Sánchez proviene de una gestión que sólo supo darle disgustos a los peruanos por su falta de resultados y la soberbia de quien la lideraba.

Aunque este candidato pide votos para estar “donde se toman las decisiones”, la historial refleja que ya estuvo en el lugar donde se toman las decisiones. El 23 de diciembre del 2024, en una especie de regalo navideño, el polémico exministro Juan José Santivañez lo convirtió en asesor del despacho viceministerial de seguridad pública.

¿INSPIRACIÓN RELIGIOSA?

La cuota religiosa también ha sido tenida en cuenta para la conformación de la lista de Unidad Nacional para el Congreso. El elegido para ocupar este lugar fue Anthony Lastra, un joven pastor evangélico. Sin embargo, su juventud podría engañar sobre su capacidad para encontrar espacios políticos.

La habilidad de Lastra para predicar parece haber seducido a más de un inquilino de Palacio de Gobierno. Las puertas de recinto presidencial se abrieron para Lastra con la llegada de Pedro Castillo al poder en 2021. Informes periodísticos de aquella época revelaron que su presencia en Palacio iban más allá de las creencias religiosas de la familia presidencial.

El propio Lastra Velarde reconocía ante la prensa que incluso conversaba con Castillo Terrones, a quien supo catalogar como un enviado de Dios, sobre temas de salud pública. “Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, comentó por aquellos años.

Con la llegada al poder de Dina Boluarte su presencia pareció ser todavía más fuerte y hasta fue protagonista del cuestionado pedido para la creación de una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Pero ahí no termina su incursión en política, en las semanas recientes, Sudaca informó que Lastra también mantiene una cercanía con el gobierno de José María Balcázar al que visitó en su despacho en su primeros días como presidente.

UN PARTIDO FAMILIAR

En la política peruana se ha vuelto común que el vínculo familiar sea una justificación válida para convertirse en candidato y Unidad Nacional no sería la excepción. Por ello, Roberto no es el único Chiabra León que está incursionando en esta campaña. En la lista de candidatos a congresistas también figura otro integrante de la familia, su hermano Alfredo Enrique Chiabra León.

En un contexto en el cual la población parece exigir a gritos una renovación o algún indicio que no se repetirán las historias de los últimos años, Roberto Chiabra y Unidad Nacional no parecen haber tomado en serio esta tarea y, por el contrario, recurrieron en la vieja práctica de reciclar a exintegrantes de otras tiendas políticas.

 

[INFORME] Una informe de la Contraloría expuso las deplorables condiciones en que se encuentra un almacén de ayuda humanitaria que estuvo a cargo de la gestión de César Acuña y Alianza Para el Progreso en el Gobierno Regional de La Libertad.

A pocas semanas de las elecciones y con los candidatos teniendo serios problemas para superar el 10% en las encuestas, César Acuña y Alianza Para el Progreso saben que terminar la jornada del 12 de abril con un buen porcentaje de votos tanto en las elecciones presidenciales como legislativas no es un escenario utópico. Sin embargo, Acuña Peralta sabe que los cuestionamientos tanto a su persona como a su agrupación política se han acumulado en gran número durante los reciente años de crisis política.

Por ello, el líder de APP parece haber buscado en los jóvenes creadores de contenido, los llamados streamers, a los aliados idóneos para que, en las principales redes sociales, las publicaciones desfavorables pasen a un segundo plano mientras que los clips del político cajamarquino compartiendo un plato de anticuchos, sumándose a algún reto viral o viajando en lujosos automóviles junto a estos populares jóvenes acaparen plataformas como Tiktok.

Sin embargo, detrás de las risas y esas largas horas de transmisiones, Acuña arrastra un historial político que no puede desaparecer. En esta oportunidad, Sudaca tuvo acceso a un reciente informe de la Contraloría que expone la precariedad en que se encuentra lugar destinado al almacenamiento de bienes para ayuda humanitaria en caso de desastres naturales en La Libertad y que era responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad.

ASÍ LOS DEJÓ

En enero del año 2023, César Acuña empezó un periodo que debía terminar a finales del presente año como gobernador regional de La Libertad, aunque sus aspiraciones presidenciales lo llevaron a renunciar en octubre del año pasado. No obstante, este paso por el gobierno regional ha dejado una herencia que causa preocupación.

Entre los últimos días de febrero y los primeros del presente mes se llevó a cabo una visita de control que tenía como objetivo de revisar cuál era la situación de los bienes destinados para ayuda humanitaria en casos de desastres. El responsable de mantener las buenas condiciones así como el stock adecuado era el Gobierno Regional de La Libertad.

Si se tiene en cuenta que La Libertad se ha encontrado ante escenarios trágicos en los últimos años debido a las intensas lluvias que han dejado decenas de fallecidos y miles de damnificados, el cuidado de estos bienes para ayuda humanitaria debería ser una prioridad para cualquier autoridad con sentido común.

Pero esto no es lo que venía ocurriendo en el lugar donde se realizó la mencionada visita de control. Entre los hallazgos que se evidencian en el documento revisado por Sudaca destacan descuidos alarmantes. Uno de ellos, tal como se puede observar en la siguiente imagen, es el pésimo estado del almacén donde el moho y la humedad conviven con las frazadas de algodón que deberían ser entregadas a los damnificados en caso de desastre natural.

Este tremendo descuido que la comisión encargada de la visita de control encontró ya ha dañado a algunos de los bienes que se almacenan en este lugar. Según el informe, cuarenta y siete frazadas de algodón destinadas para ayuda humanitaria han sido perjudicadas por la humedad.

La presencia de humedad tanto en el almacén como en los bienes que ahí se acumulan no sorprende tanto el deterioro y la improvisación del lugar. Como lo muestran las imágenes, pese a que se sabe que la región suele ser afectada por fuertes lluvias, el local cuenta con canaletas de latón para la evacuación de la lluvia que se encuentran en un innegable estado de deterioro y, como solución improvisada, han colocado otra fila de canaletas.

NO FUNCIONA NI LA LUZ

La comisión encargada pudo ser testigo de alarmantes situaciones que exponen un considerable nivel de precariedad y prácticamente nula preparación no sólo para atender un escenario de desastres naturales sino también posibles accidentes en este lugar. El informe que elaboraron también advierte que se encontraron extintores cuyo mes de vencimiento fue diciembre.

Como si lo reportado hasta ahora no fuese suficiente, el almacén todavía presenta otro problema muy grave que les impediría funcionar de manera eficiente en caso de un desastre natural que requiera atención en horas de la noche. Esto debido a que apenas dos de las seis luminarias con las cuales contaba este almacén se encontraban operativas.

Hoy la prioridad de la campaña de César Acuña parece ser mostrarlo como un personaje simpático y capaz de prestarse a las bromas y dinámicas que le proponen sus amigos creadores de contenido. Sin embargo, casos como el que reporta el informe de Contraloría exponen la verdadera cara de la gestión de Acuña.

Página 5 de 33 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
x