Un pedido sin sustento

Pese a que, hasta la fecha, los congresistas de agrupaciones políticas como Fuerza Popular y Renovación Popular insisten en la necesidad de remover del cargo a las autoridades de ONPE y JNE, el Congreso no encontraría un camino sencillo para lograrlo.

Sudaca dialogó con Javier Albán, abogado especialista en temas electorales, para conocer la viabilidad de esta propuesta que vienen impulsando algunos congresistas. “Una de las garantías del sistema electoral es que está separado del poder político. No hay cómo desde el Congreso puedan sancionar al JNE. No puedes hacerle una acusación constitucional”, señala el abogado.

Según comenta el especialista, tanto la ONPE como el JNE se pueden respaldar en el artículo 99 de la Constitución en el cual se establece quiénes pueden ser acusados por el Congreso y en esta lista no figuran los responsables de los órganos electorales.

«Tendrían que hacer una reforma constitucional que los incluya», explica Albán sobre el único camino que tendría el Legislativo para poder sacar del cargo a los titulares de ONPE y JNE. Sin embargo, resalta que, incluso si lo intentan, el Tribunal Constitucional podría intervenir y esta medida quedaría sin efecto.

“Cualquier persona que tuviese la intención de torcer el proceso electoral no podría porque el poder está dividido”, señala Albán y agrega que el pleno del JNE, conformado por cinco integrantes, es designado por el Poder Judicial, Fiscalía, Colegio de Abogados de Lima y decanos de las facultades de derecho de las universidades públicas y privadas.

Sobre la situación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, el abogado explica lo siguiente: “En la ONPE es distinto porque es un organismo más técnico que no necesita la labor de jueces que analicen derecho. Está compuesto por gente con conocimientos técnicos y son seleccionados por la Junta Nacional de Justicia a través de un concurso público”.

Sin embargo, no siempre se conformó de esta manera y hubo un tiempo en que podría haber despertado sospechas con verdadero sustento. Javier Albán relata que, hacia finales del siglo XIX, existía la Junta Nacional Electoral y en esa época sí incluía representantes del Ejecutivo y Legislativo. “Imagínate las dudas que habría si tuviera representantes del poder político como el Congreso”, agrega.

El Jurado Nacional de Elecciones no ha tardado en expresarse ante las declaraciones y exigencias realizadas por algunos parlamentarios durante los últimos días y ha señalado como inconstitucional la posibilidad de una ley que les permita intervenir en el sistema electoral tal como pretenden plantear desde el Congreso.

Los caminos del Congreso para ejecutar lo que parece ser una venganza sin sustento parecen totalmente bloqueados y la insistencia en estas propuestas y relatos de fraude terminan siendo más un estímulo para la convulsión social que una chance del Legislativo para recuperar credibilidad en la población.

La cuota ultraconservadora

Pero, además de Jorge Chávez, hay otro ministro cuyas capacidades al frente de su sector son puestas en duda. Se trata de Oscar Becerra, el nuevo ministro de Educación. Becerra Tresierra, quien fue director de Tecnología Educativa del Minedu en el pasado, se muestra en redes sociales como un férreo opositor al enfoque de género y tiene expresiones agresivas contra la comunidad LGTBI. A ello se le suma que Becerra acusa a ONPE de “poner” a Pedro Castillo como presidente.

Sin embargo, hay más razones para tomar con preocupación su llegada al Minedu. Según un informe periodístico realizado por el periodista Marco Sifuentes en 2012, Becerra estuvo involucrado en una cuestionada compra de laptops durante el gobierno de Alan García que le costaron al país un aproximado de 150 millones de dólares. Una compra que, como señala el informe, se habría realizado sin el proceso de licitación correspondiente y terminó con un incendio en los almacenes del Minedu que destruyó cuarenta mil de estos dispositivos.

Con estas nuevas designaciones, por más que sean aceptadas y hasta defendidas por un sector del Congreso y las conocidas cuentas troll en redes sociales, ponen al gobierno de Dina Boluarte ante un panorama complejo en el que un discurso más cercano al del repudiado Congreso la podría distanciar todavía más de una población que parece implacable en su lucha contra el Ejecutivo.

“Los machetes tenían el sello de donde los habían comprado. Es difícil que un campesino venga con machetes nuevos. Es completamente inaudito pensar eso”, comenta Wilder Sánchez sobre las imágenes mostradas por la policía. Mientras, para el abogado Mayta Frisancho, esto sería un intento de mostrarlos como terroristas pese a que “se ha hecho un registro personal a cada campesino y no han encontrado nada”.

“Los campesinos hemos sufrido mucho. Hemos tenido líderes que han sido asesinados por los dos bandos, tanto por los alzados en armas como por las Fuerzas Armadas”, cuenta el presidente de la Confederación Campesina y agrega que, si bien los campesinos tuvieron simpatía por Pedro Castillo durante la época de campaña, ellos no respaldan sus acciones. “Estamos dispuesto a trabajar con cualquier gobierno y eso no quiere decir que uno sea portátil de un gobierno”, expresó.

Cerca de la medianoche del sábado, los campesinos intervenidos fueron liberados más de doce horas después del ingreso de la policía al local de la Confederación Campesina del Perú. “El daño está consumado, ya se les ha agraviado. Se han difundido imágenes y nombres. Los hicieron ver como terroristas”, comenta el abogado Mayta Frisancho y reclama el accionar de las autoridades. “El mismo premier había dicho que el derecho a la reunión no sería suspendido. No hubo un mandato judicial de allanamiento”, comentó a Sudaca.

UN ANTECEDENTE ALARMANTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) realiza una intervención que genera sospechas. En sus antecedentes cuentan con el tristemente célebre Operativo Olimpo. Ese megaoperativo policial fue presentado ante los medios como la captura de 77 personas que supuestamente tenían conexión con Sendero Luminoso y, luego de haberlos tenido encarcelados por un año y medio, debieron ser liberados por falta de pruebas.

El vandalismo en las recientes manifestaciones contra el gobierno es innegable. En el informe publicado por Sudaca titulado “La lógica detrás de las protestas sociales”, los propios dirigentes de los movimientos reconocían que había infiltrados y que ellos mismos estaban realizando los esfuerzos necesarios para ahuyentarlos. Sin embargo, el intento de vincular las manifestaciones con grupos terroristas, el popular “terruqueo”, hoy sólo podría generar más desconfianza hacia las autoridades si no está correctamente sustentado y si los procedimientos se ven ensombrecidos.

«Se sienten vulnerables en su derecho a elegir»

La región Puno no ha permanecido ajena a los conflictos que afronta el país y también está participando activamente de las manifestaciones. Así lo cuenta Rolando Catacora, dirigente de la Coordinadora de Partidos de Izquierda y Grupos Progresistas de esta región. «La población ha percibido como una ofensa que no se respete que ellos han votado a Pedro Castillo como presidente», señala sobre la vacancia presidencial.

Sin embargo, agrega que, actualmente, la restitución de Castillo Terrones en  Palacio de Gobierno no es un pedido unánime. «Hay un sector de afiliados al Conare Sutep que han tratado de alguna manera de incluir la restitución de Pedro Castillo, pero no es un criterio mayoritario de la población que se encuentra en protesta indefinida», explica.

Ante las incesantes protestas, la presidenta Dina Boluarte anunció, en las últimas horas del domingo, la propuesta del adelanto de elecciones para 2024. Pero esta noticia estuvo lejos de calmar los ánimos de la población. «El anuncio de la señora Boluarte ha sido mal recibido. La fecha señalada no llena las expectativas de la población», relata Catacora.

«La población desconfía al cien por ciento de los congresistas incluso de los de Perú Libre», comenta este dirigente y agrega que diversas organizaciones sociales han declarado personas no gratas a los congresistas que apoyaron la vacancia debido a que los ven como traidores.

Pero este calificativo de traidores no ha sido exclusividad de políticos que ocupan algún cargo. El líder etnocacerista, Antauro Humala, también viene siendo criticado en la región. «Inclusive se ha hablado de la traición de Antauro Humala, quien venía teniendo bastante acogida, pero después de sus declaraciones (reconociendo a Dina Boluarte) la población lo coloca del lado de los traidores».

Sobre el anuncio del estado de emergencia, Catacora no lo ve como una medida que podrá persuadir a los manifestantes y alega que «la población del sur del país es de características bastante contestataria» por lo que dicho anuncio fue mal recibido y tomado como un reto.

«La población del sector rural están manifestándose justamente anticipándose a estos hechos. Decían que si se daba un estado de emergencia prohibiendo sus asambleas y mítines ellos iban a responder movilizando un contingente de personas a la capital. Ya se viene hablando de un «aymarazo» en la capital y eso va tomando fuerza con el pasar de las horas», cuenta Rolando.

Si bien están determinados a continuar con sus luchas, tampoco desconocen las consecuencias. «Esta población se siente olvidada por décadas y acá sabemos cómo se tratan los estados de emergencia, porque hemos tenido bastantes personas asesinadas por las balas del ejército».

Para Rolando Catacora era previsible que se les acuse de terroristas, pero agrega que dentro de las marchas se vienen tomando decisiones para evitar quedar mezclados con personas indeseables. «Siempre hay infiltrados, pero las organizaciones sociales han visto conveniente organizar su propia vigilancia para tratar de mitigar la violencia en caso se descontrole», indicó.

«Es innegable que dentro del Conare hay personajes con sentencia por terrorismo. Pero la población se está organizando y tratando de evitar saqueos», agrega Catacora sobre los infiltrados en las manifestaciones.

En Puno, la posibilidad de una negociación y tregua con el gobierno tampoco parece ser una opción realista. «Solamente mandan al ministro o viceministro para tratar de hacer una mesa de negociación y queda en nada. La población está cansada de comisiones tras comisiones», comenta Rolando sobre una hipotética instalación de mesas de diálogo.

«La población está pidiendo un adelanto de elecciones si es posible para mañana pero sería más de lo mismo. Vamos a tener a los mismos representantes de los partidos políticos si vamos a elecciones bajo las mismas reglas de juego», reflexiona Rolando Catacora y considera que un tiempo prudente para las nuevas elecciones sería a finales del primer semestre del 2023.

Rolando Catacora y Aladino Fernández han señalado que para este jueves se esperan grandes movilizaciones en sus regiones. Sus exigencias no han cedido desde que estas manifestaciones empezaron y están determinados a lograr que la capital los escuche.