[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.
Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.
LA HISTORIA DE LA LICENCIA
Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.
Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.
Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.
Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.
Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.
Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.
Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.
Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.
Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.
Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.
Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.
“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.
“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.
¿Cuántas ollas comunes existen actualmente?
Esta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.
En la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.
Además, contrario a lo señalado por la Municipalidad de La Molina, el Ministerio de Vivienda ha tenido una opinión favorable con respecto al desarrollo del centro comercial en disputa. Tras los obstáculos planteados por la gestión de Uceda, Cencosud pidió al Ministerio de Vivienda realizar la evaluación del proyecto a finales del mes de agosto.
El resultado de esta evaluación dio un resultado satisfactorio para Cencosud debido a que se comprobó que cumplía con las exigencias que implica un proyecto de esa magnitud y, además, el propio Ministerio de Vivienda señaló que el Estudio de Impacto Vial (EIV) no era necesario debido a que el proyecto contemplaba los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la presentación del primero se puede prescindir.
Estos documentos, al igual que la constancia de recepción en la cual se reconoce la existencia de la licencia de construcción, datan del mes de agosto. Sin embargo, en la Municipalidad de La Molina seguían señalando en el mes actual que el proyecto no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda.
Aunque el alcalde Uceda repite en sus entrevistas a distintos medios que no es enemigo de la inversión, las pruebas que siguen apareciendo llevan a que sea muy difícil para los vecinos de La Molina creer en sus afirmaciones que son fácilmente refutadas por las pruebas que siguen apareciendo.
No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.
Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.
Pero al día siguiente surgió el primer inconveniente. En el hospital le notificaron a Ania que, para operar a su tía, debía conseguir cinco unidades de sangre adicionales. Aunque esta situación representaba un problema debido a que tanto Glenda como Ania no tienen familiares ni conocidos en Arequipa, la posibilidad de ponerle punto final a la dolencia de su tía llevó a que Ania consiga que varias personas viajen de Tacna a Arequipa para cumplir con la exigencia del hospital.
Tras varias horas sin información sobre su tía, Ania vio que la camilla volvía al cuarto. Pero, increíblemente, al levantar la sábana que cubría la pierna de su tía no encontró ninguna marca propia de una operación y, para exasperar los ánimos todavía más, nadie le brindaba información sobre lo que había ocurrido durante esas largas horas en las que supuestamente estaban operando a Glenda.
“Mi tía entró con sus cinco sentidos”, reclama con impotencia Ania al recordar que, días antes de internarse para lo que sería una operación en la pierna, Glenda se encontraba lúcida y, en la actualidad, ha perdido una considerable cantidad de peso y ha perdido la movilidad de la mitad del cuerpo.
“Están dejando morir a mi tía”, es el reclamo de Ania y sus familiares que hace más de un mes se encuentran en una ciudad en donde se encuentran solos y atrapados en un laberinto sin salida debido a la indolencia que padecen a manos de un hospital que parece buscar todas las excusas posibles para no operar a Glenda y tampoco es capaz de ofrecer otras alternativas para mejorar su calidad de vida que a lo largo del último mes se ha deteriorado ante la indiferente mirada de quienes debían velar por su salud.
Luego de someterse a esta revisión, el proyecto del Centro Comercial La Molina no había presentado mayores inconvenientes, así como tampoco los tuvo durante las constantes actualizaciones que de licencia de construcción que se hicieron en los años 2018, 2021 y 2022, y la obtención de la licencia de funcionamiento parecía inminente. Pero fue en ese momento cuando el nuevo alcalde de La Molina empezaría lo que se podría considerar una carrera de obstáculos para el centro comercial.
Sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el encargado de evaluar el expediente con el cual se solicitó la licencia de edificación y se comprobó que los aspectos viales demandados se cumplían para que dicho ministerio apruebe el Informe Técnico Favorable (ITF), la Municipalidad de La Molina ha puesto un nuevo obstáculo para que las puertas del Centro Comercial La Molina no se abran.
Además, el alcalde Uceda muestra en sus redes sociales poca predisposición al diálogo atacando y realizando acusaciones a quienes cuestionan la postura de municipalidad con respecto al centro comercial y también contradiciendo el comunicado en el cual dicen promover y alentar la inversión privada pero al mismo tiempo se lee al alcalde menospreciar el rol de una empresa como Cencosud.
Pero esta no es la primera vez que Diego Uceda se ve involucrado en una polémica. En enero del 2022, cuando todavía era candidato, el actual alcalde de La Molina fue protagonista del informe de Sudaca titulado EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA en el cual se detallaba que Uceda tenía una deuda de S/48.500 por el concepto de pensión alimentaria que debía pagar entre 2010 y 2019.
La familia de Glenda buscó ayuda en Tacna, donde había sido atendida anteriormente, pero ellos decidieron que lo mejor era enviarla a Arequipa. Esta decisión se tomó durante el pasado mes de agosto y fue ahí cuando empezó un calvario para Glenda, quien hoy se encuentra en Arequipa no sólo padeciendo el dolor en su pierna sino sufriendo las consecuencias de un accidente cerebrovascular y la presencia de un tumor en su cuerpo.
ENTRE EL DOLOR Y LA INDIFERENCIA
“Me atendió un doctor de apellido Salcedo y me dijo que no sabía por qué Tacna la había enviado para acá. Cuando le pregunté por el tumor, él se quedó callado”, relata la Ania Villegas y cuenta, muy indignada, que nunca supieron explicarle cuáles eran los criterios para dar de alta a una persona cuya salud estaba más comprometida que cuando ingresó al hospital.
