[INFORMES] La interminable crisis política, que el país parece no poder superar y que ha destruido la reputación de los partidos tradicionales, también representa una oportunidad para aquellas agrupaciones que llevan menos años de vida política y gozan de una cierta imagen positiva que les podría permitir ser los que lideren la renovación que un importante sector de la población está reclamando.

El Partido Morado apareció, algunos años atrás, dentro de este grupo de agrupaciones políticas que podían captar el voto de las mayorías decepcionadas de los presidentes y congresistas que han estado en el poder y tuvieron mayoría durante los últimos años. Sin embargo, durante los recientes procesos electorales, el voto de la mayoría no estuvo del lado de los morados y la reestructuración del partido se hizo inevitable.

En este contexto, Luis Durán Rojo asumió la presidencia de dicho partido. No obstante, lo que inicialmente parecía una renovación que ayudaría a subsanar los errores del pasado, en la actualidad ha desatado una lucha interna que hasta ha terminado por ahuyentar y decepcionar a los militantes que se habían sumado durante los últimos años.

LA TACHA DE LA DISCORDIA

Kevin Vásquez Soto se convirtió en simpatizante del Partido Morado en 2019. Desde su lugar, Kevin empezó a colaborar con las actividades del partido así como en las campañas para los procesos electorales recientes en los que participaron. “Es un partido con una buena ideología”, comenta Vásquez sobre la agrupación que supo despertar su interés por incursionar en la militancia política.

Conforme se iba involucrando más en el Partido Morado, Kevin llegó a ocupar algunos cargos dentro del partido. El más reciente y último fue el de presidente del Órgano Electoral Regional de Lima Metropolitana. “Con un equipo de cinco personas nos encargábamos de las tachas que se podían presentar”, relata Vásquez Soto sobre la función que desempeñaba.

Pero fue la llegada de Kevin a esta presidencia la que terminó por enfrentarlo con el partido del que supo ser militante activo. La historia del conflicto empezó con las elecciones internas para las recientes elecciones municipales. En este proceso, Raphael Christian Valencia Diestra se enfrentaba a Mauricio Enrique Palomino Vidal para convertirse en el candidato a alcalde del distrito de Jesús María.

En este contexto, el 5 de abril del 2022, la militante María Clementina Rufasfo Falen presentó una tacha contra el precandidato Valencia Diestra. En ella se alegaba que Raphael Valencia tenía antecedentes por tráfico de drogas. Sin embargo, la verdadera historia parecía ser muy distinta. “El señor valencia informó que existía el caso, pero que él estaba como testigo, no como agraviado ni como investigado”, explica Kevin Vásquez sobre este caso.

Pero un detalle que llamó la atención en las pruebas que presentó Rufasto Falen fue una extraña omisión en el documento con el que pretendía involucrar al precandidato Valencia con el caso en cuestión para que el pedido de tacha sea declarado procedente. En el documento, que se trataba de una solicitud para que se entregue un vehículo incautado, se había ocultado el nombre del abogado de Raphael Valencia.

La situación se torna aún más extraña al descubrirse que el abogado, cuyo nombre había sido ocultado, era el de Mauricio Palomino Vidal, quien casualmente era el único precandidato que se encontraba en competencia con Raphael Valencia por la candidatura del Partido Morado.

Esta situación despertó más dudas en Kevin Vásquez y su equipo de trabajo debido a que, tal como lo señala Vásquez en su solicitud de apelación, el acceso a este tipo de información está reservado de forma exclusiva a las partes involucradas y sus respectivos abogados. El entonces titular del Órgano Electoral Regional solicitó a la militante que presentó este caso que aporte más pruebas, así como el documento completo, pero esto no ocurrió.

“El órgano colegiado dispone que esa tacha no proceda porque el señor Valencia no está investigado”, comenta Vásquez, quien en su calidad de presidente del Órgano Electoral Regional observó que no existían motivos para sacar a Raphael Valencia de la contienda interna por la candidatura a la alcaldía de Jesús María de la que posteriormente saldría victorioso.

LA VENGANZA

Sin embargo, aunque Kevin Vásquez Soto relata que actuó de forma íntegra y las irregularidades provenían de la parte que presentó el escrito de tacha, Kevin fue notificado por el Partido Morado el 9 de diciembre del 2022 que se iniciaría una investigación y proceso disciplinario en su contra por el tratamiento que le dió a la tacha contra el precandidato Valencia. Además, para sorpresa de Vásquez Soto, en dicho documento se hace mención a la existencia de un vínculo con Raphael Valencia que pondría en duda su accionar ético.

Según el documento del propio Partido Morado, los comentarios en Facebook realizados por Vásquez Soto probarían que existía un vínculo entre ambos y que, por lo tanto, existía un conflicto de intereses que habría influenciado en la decisión que posteriormente se tomaría con respecto a la tacha contra Valencia.

En su defensa, Vásquez Soto señala que los cinco miembros del Órgano Electoral Regional estuvieron de acuerdo con declarar infundado el recurso de tacha, pero sólo él está siendo objeto de esta investigación. Además, en otro extraño giro que ha dado este caso, cuando los otros cuatro integrantes del Órgano Electoral Regional pidieron ser citados para aportar pruebas no fueron escuchados.

Si bien el caso mostraba situaciones por demás extrañas, la renuncia irrevocable de Lizzeti Samantha Cotrina Oquendo, quien fue miembro del Tribunal Regional de Ética y Disciplina de Lima Metropolitana, genera más suspicacias sobre el tratamiento que se le dio al caso de Kevin Vásquez. En la carta de renuncia, Cotrina Oquendo presenta argumentos muy graves como el uso ilegal de su firma en la investigación contra Vásquez así como las sanciones desproporcionadas.

Kevin, quien fue suspendido por 18 meses de su militancia, relata que la cercanía de Mauricio Palomino, el precandidato que se enfrentó a Raphael Valencia, con la cúpula que maneja el Partido Morado actualmente podría explicar la manera en que se desarrolló su caso. “Son personas que no deben continuar en el partido”, señala Vásquez sobre el presidente Luis Durán y quienes hoy están al mando del Partido Morado y agrega que “la cúpula actual liderada por el presidente Durán es ineficiente”.

El partido que intentó ser la cara de la renovación en la política peruana y que, con Francisco Sagasti, aportó a uno de los pocos presidentes que dejaron el cargo con un porcentaje de aprobación respetable, hoy parece destruir el crédito que habían logrado conseguir en su corta historia en la vida política del Perú con estrategias que lo exponen como un partido capaz de perseguir a sus propios militantes en venganza por no someterse ante el poder de turno.

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[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.

En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO

Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.

Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.

Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.

“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.


“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.

EL ERROR DEL MINISTRO

“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.

Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.

La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.

“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a  que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.

 

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[INFORMES] En junio de este año, los vecinos de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz se encontraron con un panorama inesperado al ver que los negocios, ubicados en el cruce de las avenidas La Molina con Ricardo Elías Aparicio, no podrían seguir funcionando por orden de la Municipalidad de La Molina. Restaurantes, una ferretería, un minimarket y otros negocios vieron que la estabilidad económica de sus propietarios y los aproximadamente seis trabajadores que dependían de cada negocio se encontraba en peligro.

Si bien la Municipalidad de La Molina alega que no se cumplen con los requisitos para que estos establecimientos comerciales puedan funcionar, las razones detrás de este conflicto parecen ser mucho más complejas. Sudaca pudo conversar con el representante de la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz y pudo conocer la historia detrás de una clausura que ha dejado en completa incertidumbre a los dueños del terreno y trabajadores.

LA HISTORIA DE LA LICENCIA

Aunque el alcalde Diego Uceda se ha expresado en redes sociales para justificar el cierre de estos negocios alegando que estos nunca tuvieron licencia, los documentos de los dueños de los negocios demuestran que desde el año 2011 contaban con a licencia para funcionar en estos establecimientos.

Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.

Según explica Bonilla, días antes de la clausura de los comercios, pudieron sostener una reunión con el alcalde Uceda en la que no les manifestó que sus negocios estaban en riesgo sino que, por el contrario, podrían seguir trabajando. “Él nos manifestó que sí nos iba a permitir trabajar mientras se haga mejoras en la zona, pero al día siguiente nos cerraron”, relata Luis.

Aunque esto podría parecer una decisión razonable ante la falta de licencia de funcionamiento, la versión de los propietarios de los negocios es que en más de una oportunidad intentaron obtenerla, pero la municipalidad se las negó con excusas que escapan de lo que se indica en las normas. “La excusa es la falta de habilitación urbana. Pero, investigando con abogados, descubrimos que no era un requisito para la licencia”, señala Bonilla.

Como se puede observar en el sustento que se dio para declarar improcedente la solicitud de licencia de funcionamiento, la Municipalidad de La Molina hace mención a la habilitación urbana como un requisito indispensable para que puedan continuar con los trámites que les darían la licencia de funcionamiento.

Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.

Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.

Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.

Amparados en argumentos legales, los propietarios han explicado las razones por las que consideraban que la apelación a la negativa por parte de la Municipalidad de La Molina para otorgarles la licencia debía ser admitida. Sin embargo, pese al sustento legal que se puede observar en los siguientes documentos, la respuesta no cambió.

Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.

Acorde a la versión que explica Bonilla, existe un interés de construir una vereda en la misma avenida para el Newton College que se ubica cerca a los comercios en cuestión. “Nos dijo que quería hacer una vereda en esa zona para el colegio y el mensaje fue ‘como necesito la vereda no te hago el negocio’. Es un tipo de extorsión”, relata el representante de los propietarios con respecto al mensaje que recibieron del alcalde Uceda.

“Los propietarios están dispuestos a ceder”, explica Bonilla con respecto a la posibilidad de coordinar con la Municipalidad de La Molina para la construcción de la vereda propuesta por el alcalde. Sin embargo, esta alternativa se ha visto truncada ante el nulo interés de las autoridades por reunirse con ellos.

“Él no quiere al pequeño empresario en su distrito”, comenta Luis y agrega que incluso, en la oportunidad que dialogaron con el alcalde, este les sugirió que mejor vendan el terreno para que se convierta en un parque o un centro comercial. Hasta la fecha, estos comercios llevan cinco meses sin abrir sus puertas y no parece existir una salida en el corto plazo.

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[ENTREVISTAS] ¿Cuándo empezaron a funcionar las ollas comunes?

Estamos desde 2020. La primera olla se creó el 23 de marzo en Villa Torre Blanca y existimos como red desde el 20 de junio del 2020. El sentido de la olla común es luchar por las personas que no tenían recursos para comprar. Nosotras hemos estado en primera línea como las enfermeras.

¿Cuántas ollas comunes existen actualmente?

A nivel nacional existen 3500 ollas y en Lima Metropolitana hay 2555. Pero de ahí han ido bajando y ahora hay 2140 ollas comunes sin contar las de Callao.

¿Por qué el alcalde Rafael López Aliaga no reconoce su rol como representante de las ollas comunes de Lima?

Hay un fin político. Trata de tapar su incapacidad y no reconoce los errores que está cometiendo. A nosotros, en el mes de julio del 2023, la señorita Isabel Ayala fue a los distritos con una lista de los productos que supuestamente era para transferir el gasto a Lima. Pensamos que iban a venir todos los productos, pero a fines de agosto no trajeron caballa, sangrecita, avena y leche. Para septiembre nos llegó la avena, pero en esta tercera entrega no trajeron arroz ni leche. Además, nosotros no tenemos contacto con ella (Isabel Ayala), nos enteramos de lo que falta el día que vamos a recoger.

¿Considera desproporcionada la reacción de la Municipalidad de Lima tras la emisión del reportaje de Latina?

Mis compañeras que han declarado han dicho la verdad. No tenemos que retractarnos. Nosotros sabemos la realidad. Ayala nunca quiso que nos reunamos con el alcalde.

Cuando era candidato, Rafael López Aliaga se refirió en un sinnúmero de oportunidades al programa Hambre Cero, ¿se reunió con ustedes para conocer su realidad y cómo se podría gestionar esta iniciativa?

Nunca. No me he reunido con ningún candidato. Además, nosotras tenemos como consigna que no íbamos a ser el portal de ningún partido político. Encima en los productos que llegan ahora están las etiquetas de Rafael López Aliaga y el logo de su partido. Pero ahora están tergiversando las reuniones que hemos tenido. Hay fotos con Pedro Castillo, pero fue porque asistió a un lanzamiento en Huaycán del trabajo mancomunado que hacíamos con Produce para el programa “A comer pescado”.

Recientemente el alcalde López Aliaga señaló en una entrevista que no habían entregado las conservas debido a que había escasez, ¿cree en esta excusa?

Si había escasez no nos hubiera entregado el MIDIS (Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social). Qué casualidad que justo cuando asume el señor López Aliaga hay escasez mientras que sí sigue llegando a provincias mediante el MIDIS.

¿Cuál era la razón por la que el alcalde no se podía reunir con ustedes?

Decían que nosotros no representamos a las ollas, que tenemos casas en La Molina, etc. No sé cuál es su afán por hacernos quedar mal y minimizarnos. Pero sabemos cuántas ollas representamos y a cuántas familias se benefician. Esta señora Jennifer Jimenez que ha ido hoy a Latina a protestar sólo es presidenta de una parte de las ollas comunes de San Juan de Miraflores y su esposo trabaja en la Municipalidad de Lima, y Luz Solórzano creo que no llega ni a cien ollas en su distrito (Villa María del Triunfo), que tiene más de cuatrocientas ollas comunes.

Entonces, ¿el reconocimiento que hizo la Municipalidad de Lima no fue a las personas que están a cargo de las ollas comunes de Lima?

No, sólo son de dos distritos. Pero algunas compañeras nos pasaron comunicados que enviaron desde Lima para pedirles que convoquen por cada olla común diez representantes y envíen su lista para que les manden carro. Cosas que hacen para jalar gente.

¿La protesta de la mañana del miércoles en los exteriores de Latina fue fabricada por la Municipalidad de Lima?

Les ponen carros y pasajes. Nosotros no tenemos interés de ser candidatos o llegar a algún puesto. Nuestro interés es que nuestra comunidad no muera de hambre y nuestros niños no tengan anemia ni desnutrición.

Personas de la gestión de López Aliaga le mandaron una carta notarial en el mes de abril, ¿a qué se debía?

Porque exigíamos la reunión con López Aliaga cuando pasaron sus cien primeros días y no nos podíamos reunir. Entonces, como nos reuníamos con Isabel Ayala, ella nos dijo “¿por qué desconoces si nos estamos  reuniendo? Tienes que retractarte”. Yo le dije que nos reunimos con ella que es funcionaria, pero queríamos con reunirnos con el alcalde que es la cabeza y entonces nos dijo que si no me retractaba me iba a mandar carta notarial.

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[INFORMES] Eran aproximadamente las cinco de la tarde del último domingo cuando el árbitro Daniel Ureta hizo sonar su silbato en el estadio Carlos Vidaurre de la ciudad de Tarapoto. La victoria, junto con los tres puntos, habían quedado en manos de Deportivo Garcilaso, pero pocos podrían dudar que quienes celebraron con más euforia dicho resultado no fueron los jugadores del equipo cuzqueño sino los miles de chalacos que vieron un final feliz para lo que había sido un año tortuoso.

La Misilera, el club que en la década del cincuenta supo consagrarse como el primer campeón de la era profesional del fútbol peruano, afrontó un 2023 con problemas que empezaron desde la pretemporada, cuando los problemas económicos les impidieron reforzarse,  y se extendió a otras dificultades, como el tener que disputar sus encuentros en condición de local lejos de su público en el Callao. Por ello, la derrota de Unión Comercio les permitía asegurarse, al menos, un año más en primera división. Sin embargo, apenas un día después, una noticia golpearía la tranquilidad que se respiraba en el Callao y ha despertado suspicacias.

¿SANCIÓN FUERA DE LUGAR?

Mientras en el primer puerto empezaban la semana con la alegría de haber logrado sortear con éxito una temporada de pesadilla para el Sport Boys, la Comisión de Licencias de la Federación Peruana de Fútbol cocinaba una inesperada sanción para los rosados. En horas de la tarde, dicha comisión dio a conocer que al equipo chalaco sería sancionado con diez UIT y, el castigo más temido, la reducción de cuatro puntos que dejan a Sport Boys apenas un punto por encima del último equipo que desciende y con sólo una fecha más por disputarse.

FPFEsta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.

 

pago de obligaciones

Mientras que el artículo 73.2 especifica el plazo que tienen los clubes para realizar el pago de cuotas en los casos de deudas refinanciadas.

Sin embargo, lo que parecía ser una sanción bien sustentada, en realidad podría esconder contradicciones con artículos del propio Reglamento de Licencias. Al respecto, el abogado Cristian Vargas Ramos conversó con Sudaca y explicó algunos de estos puntos que expondrían el error por parte de la comisión que decidió sancionar al equipo rosado.

“El 20 de octubre del 2022, a Sport Boys le dan la inscripción al régimen excepcional y ese mismo día comienzan una investigación la cuál debió quedar suspendida por los artículos 91.3”, explica Vargas. Según lo señalado por dicho artículo del Reglamento de Licencias, se suspende cualquier tipo de sanción, amonestación, multa u otros cuando el club entra al régimen excepcional y la razón por la que el club fue sancionado data de antes de la inscripción del club a este régimen.

“Una vez que el club entra al plan de recuperación se tienen que suspender todas las sanciones porque la finalidad del régimen es ayudar a los clubes para que exista un saneamiento financiero”, explica el abogado Vargas y agrega que esta resolución es “poco objetiva y se está basando en interpretaciones sesgadas”.

Además, Vargas considera que esta resolución puede sentar un mal precedente que abriría la posibilidad a que se en los próximos torneos se apliquen sanciones por apelaciones de años anteriores. “Mañana o más tarde puede venir alguien a apelar una resolución de hace tres o cuatro años e incluso podría inferir en el campeonato”, explicó a Sudaca.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

Por otro lado, Christian Peña ,periodista del portal informativo Hinchada Rosada, relata que en Sport Boys no contemplaban que se aplique una sanción de este tipo. “No había un escenario posible que los hiciera estar pensando en una defensa para esto”, cuenta Peña y agrega que “esta resta de puntos no debería haber ocurrido porque pasaron trece meses en los que a Sport Boys no le indicaron que podía haber una sanción”.

“Hay clubes a los que han denunciado que no pagan hace tres meses, como ADT que está peleando por entrar a la Sudamericana o Binacional, y no les restan puntos. Hay clubes que no han sido programados, como Municipal, y no les restan puntos”, comenta Peña y explica los hinchas del Boys encuentran sospechoso el accionar de la Federación Peruana de Fútbol presidida por el cuestionado Agustín Lozano y se han empezado a exponer casos similares con finales distintos.


Peña cuenta que, el próximo lunes, las autoridades del club chalaco, que ya anunciaron que se presentó una apelación, se reunirán con el comité de licencias y que también se está evaluando la posibilidad de llevar este caso al TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) ante lo que consideran una injusticia dado que el equipo cumplió con todos los requerimientos que se les pide en el plan de recuperación a los clubes que son incluidos en el régimen excepcional.

ComunicadoEn la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.

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fútbol peruano, Polémica deportiva, Reglamento de Licencias, Sanciones contradictorias, Sport Boys

[INFORMES] En octubre del 2022, una contundente victoria en las elecciones municipales le permitió a Diego Uceda convertirse en la máxima autoridad del distrito de La Molina. Sin embargo, algunas de sus polémicas posturas desde su llegada a la alcaldía, como su férrea oposición a que se inaugure un centro comercial en su distrito, lo han llevado a terminar en más de una ocasión en el ojo de la tormenta.

Tal como lo dio a conocer Sudaca en los informes titulados ¿SE CAEN LAS EXCUSAS DE DIEGO UCEDA? y UCEDA VERSUS CENCOSUD: LOS DOCUMENTOS DE LA DISCORDIA, el nuevo alcalde de La Molina venía adoptando posturas más que cuestionables y carentes de sustento desde su llegada al cargo. Esta forma de conducir su gestión incluso lo llevó a perder el respaldo de regidores que habían llegado al cargo de la mano de la misma agrupación política que impulsó la candidatura de Uceda.

Pero las polémicas en las que se ha vuelto involucrado Diego Uceda no se limitan únicamente a lo ocurrido este 2023. En enero del 2022, Sudaca publicó el informe de la periodista Alba Ñaupas titulado  EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA. Esta investigación periodística revelaba que Diego Uceda, quien entonces todavía era precandidato, adeudaba casi cincuenta mil soles por el concepto de pensión alimenticia y, tal como se relata en dicho informe, Uceda no sólo incumplía con sus obligaciones económicas sino que tampoco era un padre presente en la vida de su hijo que tuvo veinticinco años atrás.

Sudaca accedió a documentos que revelan lo que ocurrió en los meses siguientes con este  grave caso que involucra al político que representó a un partido que, paradójicamente, se autodenomina como el defensor de la familia.

¿QUIÉN DEFIENDE A SU FAMILIA?

Desde que se cambió el nombre de Solidaridad Nacional por el de Renovación Popular, la plataforma política de Rafael López Aliaga se postuló como el partido defensor de la familia y no tardó en convertirse en la alternativa favorita del sector del electorado que se identifica como conservador. Sin embargo, el expediente Uceda parece estar muy lejos de los lineamientos que se esperarían del integrante de una agrupación política que dice defender esos ideales.

Según el informe periodístico de enero del 2022, el alcalde Diego Uceda había estado ausente en la vida de su hijo desde que nació y casualmente recién se hizo cargo de la deuda que tenía por alimentos tras la publicación del medio Diario16 en la cual se relataba que el entonces vocero de Solidaridad Nacional debía más de cincuenta mil soles y había sido declarado deudor alimentario moroso.

Sin embargo, Uceda volvió a desaparecer de la vida de su hijo tanto en el plano emocional como en el económico. Aunque en declaraciones para Sudaca en el informe de enero del 2022 había señalado que se consideraba un hombre de bien y por ello pagaría la deuda, los documentos que se mostrarán a continuación demuestran que se debieron tomar medidas drásticas para que el actual alcalde de La Molina cumpla con sus obligaciones como padre.

Acorde a la resolución N° 67 que data del 3 de mayo de 2022, Diego Uceda y su defensa, lejos de mostrarse predispuestos a cumplir con sus obligaciones paternas tal como había indicado a este medio, solicitaron que se declare la nulidad procesar. Con ello, este proceso legal sufriría un grave retroceso y, por lo tanto, Uceda seguiría sin pagar el dinero correspondiente por alimentos.

Sin embargo, para que este pedido procediera era necesario que se realice antes de la sentencia y Uceda se encontraba muy lejos de ese plazo debido a que esta fue expedida el 30 de junio de 1997. Además, el pedido se amparaba en que Uceda había cambiado de dirección, hecho que no lo eximía de estar al tanto del proceso.

Por ello, la justicia no dudó en declarar improcedente este insólito pedido que Diego Uceda y su defensa realizaron en lo que se veía como un desesperado intento por dilatar el caso que lleva más de dos décadas en las cuales el hoy alcalde ha mostrado una innegable indiferencia por el bienestar de su hijo.

Pero el interés de Uceda por el caso tenía una razón de fondo. El Tercer Juzgado de Paz Letrado de Barranco y Miraflores había resuelto el 9 de marzo del 2022 conceder la medida de embargo en forma de retención a las cuentas bancarias de Diego Uceda en diversas entidades bancarias a las que se notificó dicha decisión.

Luego de esta batalla legal, el burgomaestre aceptó cumplir con sus obligaciones económicas, aunque esto no parece remediar la ausencia en la vida del hijo que tuvo hace más de veinte años y de quien intentó desentenderse de todas las formas posibles hasta que la justicia tomó medidas que afectaban sus cuentas bancarias.

EMPLEADORES GENEROSOS

Otro aspecto que llamó la atención con respecto a la historia de Diego Uceda es su trayectoria laboral. Según la información que el propio Uceda declaró, el actual alcalde de La Molina no cuenta con ningún título universitario ni técnico debido a que no concluyó la carrera de derecho que empezó en la Universidad San Martín de Porres.

Sin embargo, para sorpresa de muchos, el alcalde Uceda muestra en su declaración jurada que ha desempeñado el cargo de asesor en empresas de diversos rubros durante los últimos años pese a no tener especializaciones en ninguno de ellos y entre sus recientes empleadores figura Compupalace, empresa vinculada con Rafael López Aliaga.

Otro dato que ha llamado la atención en la información declarada por Uceda es el drástico aumento en sus ingresos en un periodo de tiempo reducido. Acorde a la declaración que brindó para las elecciones del año pasado, Uceda tenía ingresos que superaban los cuarenta millones de soles.

Sin embargo, en su declaración del año anterior, cuando era candidato a congresista por el partido Avanza País, Diego Uceda reportaba ingresos que no superaban los doscientos mil soles.

La gestión de Diego Uceda en La Molina recién cumplirá su primer año en enero del 2024. Sin embargo, las dudas sobre la capacidad de este representante para conducir un distrito sumado a sus cuestionables actitudes contra su hijo y un extraño historial laboral siguen alimentando la desconfianza de sus propios vecinos.

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Decisiones controvertidas, Deuda de pensión alimenticia, Diego Uceda, La Molina

[INFORMES] La insólita guerra que le ha declarado el alcalde Diego Uceda a Cencosud por la construcción de un centro comercial en La Molina sigue sumando capítulos y los argumentos del burgomaestre parecen sucumbir ante las evidencias que siguen apareciendo y mermando la credibilidad de Uceda, quien sigue alegando que su postura es en defensa de los vecinos de su distrito. A esto se le ha sumado una declaración del alcalde en una entrevista que le brindó a la periodista Milagros Leiva y que dejó más dudas que certezas.

En su aparición en Willax, Uceda ponía énfasis en que estaba dispuesto a dialogar y anunció, como un gran acontecimiento, que se realizarían discusiones con un allegado de la empresa que maneja el centro comercial, que el burgomaestre describió como un “amigable componedor”, para llegar a un punto en común y terminó pidiendo que “se termine esa leyenda urbana que el alcalde Uceda está en contra del diálogo, la inversión y la empresa privada”.

Sin embargo, los argumentos en los que su gestión se ha amparado no parecen ser precisamente materia de negociación. Tal como informó Sudaca en el informe titulado ¿SE CAEN LAS EXCUSAS DE DIEGO UCEDA?, la Municipalidad de La Molina alegaba que Cencosud no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda y el cumplimiento de estas exigencias no tendrían lugar en una hipotética negociación.

Sudaca ha accedido a nuevos documentos que ponen al descubierto la verdad sobre la tan mencionada licencia y otros requerimientos que eran indispensables para que el centro comercial de Cencosud pueda abrir sus puertas y cuya existencia ha sido puesta en duda desde la gestión del alcalde de Renovación Popular.

PAPELITO MANDA

Tal como incluso ha sido publicado en las redes sociales de la Municipalidad de La Molina, una de las razones para oponerse al funcionamiento del centro comercial era la ausencia de los permisos correspondientes. Sin embargo, como se puede apreciar en la siguiente imagen, la licencia de edificación sí se obtuvo. El documento que corresponde a una constancia de recepción de la propia Municipalidad de La Molina incluye en el rubro datos de la licencia la resolución subgerencial que los habilita a edificar.

Además, contrario a lo señalado por la Municipalidad de La Molina, el Ministerio de Vivienda ha tenido una opinión favorable con respecto al desarrollo del centro comercial en disputa. Tras los obstáculos planteados por la gestión de Uceda, Cencosud pidió al Ministerio de Vivienda realizar la evaluación del proyecto a finales del mes de agosto.

El resultado de esta evaluación dio un resultado satisfactorio para Cencosud debido a que se comprobó que cumplía con las exigencias que implica un proyecto de esa magnitud y, además, el propio Ministerio de Vivienda señaló que el Estudio de Impacto Vial (EIV) no era necesario debido a que el proyecto contemplaba los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la presentación del primero se puede prescindir.

Estos documentos, al igual que la constancia de recepción en la cual se reconoce la existencia de la licencia de construcción, datan del mes de agosto. Sin embargo, en la Municipalidad de La Molina seguían señalando en el mes actual que el proyecto no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda.

CÓMPLICES DEL ALCALDE

Pero la estrategia de la Municipalidad de La Molina no se limitó a las publicaciones en redes sociales. Cuando los representantes de Cencosud intentaron realizar el trámite correspondiente para continuar con su proyecto, la Subgerencia de Obras Privadas, a cargo de la arquitecta Raquel Flora Oré, declaró una inhibitoria general alegando que existe una demanda ante el Poder Judicial.

No obstante, dicho proceso no sólo involucra a otra empresa (Tres Palmeras S.A.) sino que es referido a otra licencia que no guarda relación con la que estaba solicitando Cencosud el pasado mes de agosto. Además, tal como se puede apreciar en la carta notarial que la empresa operadora del centro comercial le envió al alcalde Uceda, no se cumplen las condiciones para que la Subgerencia de Obras Privadas se inhiba.

Aunque el alcalde Uceda repite en sus entrevistas a distintos medios que no es enemigo de la inversión, las pruebas que siguen apareciendo llevan a que sea muy difícil para los vecinos de La Molina creer en sus afirmaciones que son fácilmente refutadas por las pruebas que siguen apareciendo.

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Se empiezan a desvanecer los intentos de Diego Uceda, alcalde de La Molina, contra la apertura del nuevo centro comercial que Cencosud ha construido en su distrito. Tal como lo reportó Sudaca en el informe publicado el último martes bajo el título LA GUERRA DE UCEDA CONTRA EL CENTRO COMERCIAL, la nueva gestión encabezada por Uceda emprendió desde inicio de año una campaña contra el proyecto que empezó sus obras hace más de cinco años y, a lo largo de ese periodo, no presentó inconvenientes graves para renovar las licencias que se requerían.

Sin embargo, tras la llegada al mando distrital del candidato de Renovación Popular, el panorama cambió radicalmente y empezaron a salir a la luz una serie de excusas que parecían tener como único propósito impedir que el centro comercial en cuestión abra sus puertas y para ello se podían valer de la excusa que fuese necesaria.

Tal como se relató en el informe de Sudaca, la negativa del alcalde a emitir la licencia de funcionamiento se basó en argumentos poco serios, como lo fue el ampararse en la existencia de una demanda contra la municipalidad pese a que esta no involucraba a la empresa que solicitó la licencia o a la insólita exigencia de permitir el estacionamiento gratuito pese a que los otros centros comerciales que operan en la ciudad cobran por este servicio.

Entre sus más recientes y desesperados esfuerzos para convencer a sus propios vecinos de La Molina que la postura de Uceda es la correcta, la Municipalidad de La Molina ha publicado recientemente en sus redes sociales un oficio del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en el cual se declaraba la nulidad de un informe técnico favorable por incumplir la normativa vigente.

Pero lo que la municipalidad omitió en dicha publicación fue la fecha de dicho documento que data de 2021. Aunque el posteo viene acompañado de un texto que dice “Cencosud está vertiendo información falsa. No cuentan con los permisos del Ministerio de Vivienda para su apertura”, lo cierto es que Cencosud empezó un nuevo trámite este 2023 en el cual se adecuaron a los requisitos vigentes para el proyecto del centro comercial y recibieron al aval del Ministerio de Vivienda que fue presentado a la municipalidad el pasado mes de agosto.

No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.

En este documento, que fue firmado por los revisores urbanos Gabriel López, Alberto Champion y Jorge Rodríguez, le solicitan a Uceda abstenerse de dar declaraciones imprecisas o parciales para no perjudicar su imagen pública. Un pedido que llega tras una de las recientes entrevistas que brindó el alcalde de La Molina en la cual señalaba que el revisor urbano era un particular contratado por Cencosud.

Los revisores urbanos añaden que ellos, tal como lo estipula la Ley de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones, asimilan las funciones de una comisión técnica que verifica que los proyectos cumplan con las disposiciones y que, además, son personas del régimen privado pero actúan con potestades públicas aprobando y evaluando expedientes técnicos.

Además, como se mencionó en el informe del pasado martes, el revisor urbano debe estar habilitado por el colegio profesional que le corresponde e inscrito en el Registro Nacional de Revisores Urbanos del Ministerio de Vivienda y no podría estar al servicio de la parte involucrada, como sería Cencosud.

La postura del alcalde Uceda incluso lo está llevando a perder aliados de su propia agrupación política. Este es el caso de la regidora Milagritos Quintana, quien pese a haber ingresado junto a él como parte de Renovación Popular no duda en mostrar sus críticas a la negativa por parte del alcalde para permitir que el centro comercial abra sus puertas.

Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.

Con menos argumentos en los cuales apoyarse, el alcalde Uceda parece estar cada vez más solo en una inexplicable guerra contra un centro comercial que, además, lo está llevando a ser visto por sus vecinos de La Molina como un político enemigo de la inversión.

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[INFORMES] El pasado 9 de septiembre Sudaca dio a conocer la historia de Glenda Villegas Vargas, una mujer de setenta y ocho años que se encontraba internada en el Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo de Arequipa padeciendo una grave fractura en la pierna y la indiferencia del personal médico de dicho centro de salud.

En el informe titulado SOBREVIVIENDO A LA INDIFERENCIA: OTRA HISTORIA DE NEGLIGENCIA MÉDICA también se relataba que, durante su internación, Glenda sufrió un ACV durante su internamiento y, además, le notificaron que se le encontró un tumor, aunque no le ofrecían tratamientos ni alternativas para estos problemas de salud.

Tras la publicación de informe periodístico, el área responsable de relaciones públicas del hospital se comunicó con la familia de Glenda en lo que parecía ser la luz al final de camino lleno de problemas. “Después que salió el informe de Sudaca me llamaron de relaciones públicas para decirme que yo había entendido mal y que sólo le habían dado el alta de neurología”, relata Ania Villegas, sobrina de Glenda, aunque agrega que no confiaba en esta excusa debido a que cuando le comunicaron el alta le dijeron a su familia que se la debían llevar del hospital y no sólo del área de neurología. Sin embargo, el calvario para Glenda estaba lejos de terminar tal como se expondrá en este informe.

LA ESPERA INTERMINABLE

Luego de la aclaración que le hizo el área de relaciones públicas, Ania esperó dos días para que encuentren una cama para su tía Glenda en traumatología y pueda ser trasladada. Tras haber esperado por semanas, unos días más podían parecer poco con tal de ver a su tía librarse del dolor que día a día experimentaba en su pierna. “Me dijeron que no me preocupe porque mi tía estaba estable y el jueves la iban a operar”, relata Ania, quien paralizó su vida hace más de un mes para viajar a Arequipa y acompañar a su tía en una operación que, inicialmente, sólo iba a ser cuestión de días.

Pero al día siguiente surgió el primer inconveniente. En el hospital le notificaron a Ania que, para operar a su tía, debía conseguir cinco unidades de sangre adicionales. Aunque esta situación representaba un problema debido a que tanto Glenda como Ania no tienen familiares ni conocidos en Arequipa, la posibilidad de ponerle punto final a la dolencia de su tía llevó a que Ania consiga que varias personas viajen de Tacna a Arequipa para cumplir con la exigencia del hospital.

Cuando se habían hecho las gestiones y las personas dispuestas a colaborar se encontraban listas, un nuevo percance se topó en el camino. “Hice setenta y seis llamadas al banco de sangre y me dijeron que no iban a atender. Llamo al día siguiente y me dicen que estaban en campaña y no iban a atender”, cuenta Ania todavía indignada, un sentimiento que aumentaría al día siguiente cuando, tras llevar cuatro personas, le dijeron que sólo podían recibir dos donantes por paciente.

La tarde del día anterior de la operación, la familia de Glenda recibiría una nueva y desagradable sorpresa. “Un técnico me comentó que nadie le había dicho nada (con respecto a la operación de Glenda) pese a que normalmente los doctores le avisaban para alistar a los pacientes”, relata Ania y señala que tampoco le explicaban las razones detrás de esta decisión.

Finalmente, tras la constante presión por parte de la familia, le dijeron que el lunes 18 se realizaría la operación. Cuando llegó el día, Ania vio que a la una de la tarde su tía fue llevada para ser operada. Sin embargo, como se ha repetido a lo largo de esta historia, un cambio de último momento terminaría por sorprender a la paciente de 78 años.

caso de Glenda VillegasTras varias horas sin información sobre su tía, Ania vio que la camilla volvía al cuarto. Pero, increíblemente, al levantar la sábana que cubría la pierna de su tía no encontró ninguna marca propia de una operación y, para exasperar los ánimos todavía más, nadie le brindaba información sobre lo que había ocurrido durante esas largas horas en las que supuestamente estaban operando a Glenda.

LABERINTO SIN SALIDA

“No tienen la valentía de decirme que no la quieren operar”, cuenta la sobrina de Glenda a Sudaca y, en medio de lágrimas, señala que lo único que buscan es que su tía tenga una mejor calidad de vida y que esto sería posible si le realizan la operación en la pierna que a diario le produce un dolor intenso. “Mi tía todo el rato grita y llora por el dolor de la pierna”, relata Ania Villegas.

El panorama de Glenda no es alentador y empeora con cada día de indiferencia por parte del personal médico del Hospital Nacional Carlos Alberto Seguin Escobedo. Durante el tiempo que ha estado internada ha sufrido un ACV para el cuál no está recibiendo terapia de rehabilitación y el tumor que le detectaron recientemente no está siendo tratado y tampoco se han hecho los estudios para conocer su gravedad.

caso de Glenda Villegas“Mi tía entró con sus cinco sentidos”, reclama con impotencia Ania al recordar que, días antes de internarse para lo que sería una operación en la pierna, Glenda se encontraba lúcida y, en la actualidad, ha perdido una considerable cantidad de peso y ha perdido la movilidad de la mitad del cuerpo.

caso de Glenda Villegas“Están dejando morir a mi tía”, es el reclamo de Ania y sus familiares que hace más de un mes se encuentran en una ciudad en donde se encuentran solos y atrapados en un laberinto sin salida debido a la indolencia que padecen a manos de un hospital que parece buscar todas las excusas posibles para no operar a Glenda y tampoco es capaz de ofrecer otras alternativas para mejorar su calidad de vida que a lo largo del último mes se ha deteriorado ante la indiferente mirada de quienes debían velar por su salud.

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Caso Glenda Villegas, ESSALUD, Hospital Seguin Escobedo, Indiferencia Médica, Negligencia Médica
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