Ser víctima de abuso sexual a manos de un familiar es, sin lugar a dudas, una experiencia traumática. Sin embargo, el caso de Mila, una niña de once años, demuestra que la indiferencia de las autoridades puede lograr que el padecimiento de estas víctimas sea todavía mayor. Sudaca ha conversado con la representante de la menor y su familia para conocer el presente de este impactante caso.
Meses atrás, como parte de la campaña ‘Quitémonos la venda’, Unicef reportó cifras aterradoras con respecto a los abusos sexuales a menores en Perú. Acorde a estos datos, en Perú se han reportado más de cincuenta y cuatro mil casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes entre 2017 y 2021. Para 2022, los Centros de Emergencia Mujer (CEM) reportaron números que, lejos de mostrar una reducción de casos, se mantienen en aumento y, tal como se puede comprobar casi a diario en los noticieros, el 2023 no invita a creer que estos abusos estén cesando.
Sin embargo, casi tan trágico y alarmante como los abusos reportados es el tratamiento que reciben estas víctimas, menores de edad, por parte de las autoridades que, en la teoría, deberían centrar sus esfuerzos en protegerlos y que, por el contrario, han terminado por representar una traba para que los afectados encuentren justicia y contención. En este grupo de víctimas se encuentra Mila, una niña que a sus cortos once años ha vivido una traumática experiencia de abuso a manos de su padrastro y que, además, hoy padece la indiferencia de las autoridades.
UN ABUSO TRAS OTRO
Si bien el caso Mila ha tomado mayor notoriedad en las últimas semanas, su historia se remonta al año 2021. Fue en ese año cuando un familiar de la menor denunció que su padrastro le había realizado tocamientos indebidos. Sin embargo, lejos de encontrar una respuesta inmediata, teniendo en cuenta la edad de la víctima, lo único que recibieron fue indiferencia.
Lo que las autoridades, aquellos que debían proteger a Mila, no lograron advertir y frenar debido a su falta de interés, fueron los abusos que se venían cometiendo al interior de esa familia y que no sólo exponían a Mila. Fue por ello que, recientemente, Mila, en compañía de un familiar, volvió a denunciar la violencia sexual de la que era víctima.
En esta oportunidad, las autoridades sí tomaron un papel más activo, sin embargo, las decisiones que tomaron terminaron por perjudicar todavía más la dolorosa vida de la niña. Así lo ha relatado Isbelia Ruíz, abogada y coordinadora de litigio estratégico de Promsex, en declaraciones a Sudaca.
Ruíz, quien se encuentra en Iquitos dándole soporte legal a Mila y su familia, señala que, tras la nueva denuncia, el padrastro fue detenido el 3 de julio, pero fue liberado cuatro días después debido a que el juez a cargo consideró que no había pruebas suficientes para ordenar una prisión preventiva. “La responsabilidad de que esta persona esté libre es del Poder Judicial”, agregó la letrada.
📢 PRONUNCIAMIENTO | Asumimos la defensa legal de Mila, niña de 11 años que enfrenta un embarazo por violación de su padrastro. Ante el riesgo que representa para su vida y su salud, exigimos el acceso al aborto terapéutico, protección y acceso a la justicia. ⚖️ #NiñasNoMadres 💚 pic.twitter.com/QKuxZzPO40
— Promsex – El aborto es un derecho humano 💚 (@promsex) August 8, 2023
“La madre ha puesto una denuncia por violencia física, psicológica y sexual (contra el padrastro de Mila)”, contó Isbelia Ruíz. Teniendo en cuenta ello no era muy difícil imaginar lo que ocurriría después: El padrastro de Mila no tardó en amedrentar a la madre de la niña. Sin que las autoridades tomen cartas en el asunto, Lucas Pezo Amaringo pudo amenazarlos sin mayor problema. “La familia de Mila está expuesta. Este señor ha amenazado de muerte a su madre”, relató Ruíz y contó que “mandó a sus hermanas a buscar a la señora pidiendo que retire la denuncia y el señor estuvo rondando por la zona donde ella vive”.
Sin embargo, esta historia de terror para Mila no terminó ahí. La reacción de las autoridades tras la segunda denuncia, en la que se mencionaba una violación y la menor se encontraba con dieciocho semanas de gestación, fue separar a Mila y sus hermanos de su madre. “Las autoridades lo que hicieron fue separar a la familia de manera violenta. Lo que hizo la Unidad de Protección Especial del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables fue decir que los niños no estaban seguros con la madre”, indicó la abogada de Promsex y agregó que los hermanos de Mila fueron a diferentes albergues incluyendo a su hermana menor de cuatro meses.
“La madre no ha visto a su hija desde el 3 de julio”, denuncia la representante legal de Mila y agrega que recién este último lunes se le permitió a la madre reencontrarse con sus otros hijos. “Han sido revictimizantes contra Mila, su mamá y sus hermanos. No los han visto como un grupo que es víctima”, cuestiona Ruíz.
Pero el dramático capítulo en la vida de Mila todavía no termina de escribirse. Esto debido a que el abuso que sufrió la dejó embarazada y, pese a que la ley contempla que se puede aplicar el aborto terapéutico, este le ha sido negado. “Dijeron que, a nivel de salud mental, la niña estaba bien y no tenía un estrés postraumático grave y, a nivel de salud física, el medico dijo que la niña de once años es perfecta para que pueda continuar con el embarazo y que no hay ningún riesgo”, comentó Ruíz a Sudaca.
ANTECEDENTES DE TERROR
Lamentablemente, el caso de Mila no es la primera vez que una niña víctima de abuso sexual ve cómo sus derechos no son respetados. En 2017, Camila, una niña de trece años, descubrió con horror que se encontraba embarazada y el responsable era su padre, quien abusaba de ella desde que tenía nueve años. Esta traumática experiencia había afectado fuertemente a la menor y, ante este panorama, ella y su madre solicitaron que se aplique la interrupción del embarazo. Pero nunca obtuvieron respuesta por parte de las autoridades competentes y, tras intensos dolores abdominales, sufrió un aborto espontáneo.
Ante la indolencia por parte de las autoridades responsables, la ONU se pronunció en junio de este año y fue categórica al señalar que Perú había violado los derechos a la salud de Camila al ignorar su deseo de la interrupción de un embarazo que estaba afectando seriamente su salud mental y física.
“La justicia tarda, pero llega” es una frase muy popular en la que muchos encuentran consuelo ante las injusticias con las que tienen que lidiar. Sin embargo, el caso de Mila, como lo fue en el caso de Camila, no hay tiempo que perder y si la justicia y sus derechos les son negados e ignorados ponen en grave riesgo su salud que no solamente se vio golpeada por el abuso de un familiar sino también por la manera en que las autoridades que debían protegerla terminan siendo los autores de nuevos abusos contra estas menores.
Por ello, Marchán señaló que recién en diez días se podrían conocer más detalles de la investigación que lleva a cabo OEFA con la intención de conocer más detalles sobre esta sorpresiva presencia de petróleo en la costa peruana. “Hemos monitoreado una extensión de cuatro kilómetros de playa y tomado muestras de agua y arena en tres playas (Azul, Cavero y Delfines)”, explicó sobre las acciones tomadas hasta el momento.
Sin embargo, hasta el actual mes de julio esta obra que tuvo un costo que supera los ocho millones de soles (S/8,618,304.00) sigue sin entrar en funcionamiento y la contaminación generada por el botadero municipal sigue contaminando y perjudicando la vida de los vecinos de Vista Alegre sin que exista por lo menos una fecha tentativa para el final de este padecimiento.
A nivel nacional, los problemas ocasionados por la contaminación siguen dejando graves secuelas en la salud de miles de peruanos. Pero casos como el que se viene observando en Vista Alegre están cƒrausando especial indignación al contar con una solución que no solo fue pagada sino que hasta se inauguró pero hasta la fecha es tan solo un adorno de más de ocho millones de soles del cual no se saca provecho.
