[INFORME] El fiscal a cargo intentó archivar el caso de Santiago Guardamino. Sin embargo, la enorme cantidad de pruebas que fueron dejadas de lado impulsan a su familia a continuar la búsqueda de justicia a casi dos años de su asesinato.

La familia de Santiago Guardamino, expresidente de la comunidad de Quipán, sufrió un duro e inesperado revés tras conocer que la justicia, más precisamente el fiscal Renato Lavy Cora, tomó la decisión de abandonar la revisión de evidencias del asesinato del líder comunal y archivar el caso alegando falta de pruebas.

LO QUE DEJARON DE LADO

Sin embargo, los detalles que se pudieron conocer detrás del cruel asesinato de Guardamino exponen que existía una importante cantidad de material que se dejó de lado. Por ejemplo, ha trascendido que la Fiscalía tenía en su poder teléfonos celulares y audios que daban cuenta de las amenazas que estaba recibiendo el entonces presidente de la Comunidad de Quipán antes del atentado que terminó con su vida.

Increíblemente, como argumento el fiscal Lavy Cora, estos dispositivos móviles cuyo contenido podrían haber sido de gran utilidad para dar con el paradero tanto de los autores materiales como intelectuales del asesinato de Guardamino nunca fueron revisados. Según se comentó, no contaban con la tecnología ni peritos necesarios.

Alicia Guardamino, hermana del líder comunal, declaró al diario La República que fueron cinco los celulares que se entregaron a la policía para su revisión. No obstante, el mayor PNP Julio Farfán Chiun, quien es parte del Departamento de Análisis y Coordinación de la Dirección de Ciberdelincuencia habría informado que el análisis de estos equipos no ocurrió por falta de recursos.

APELACIÓN PENDIENTE

Sin embargo, la familia Guardamino ha decidido no bajar los brazos en su búsqueda de justicia y más porque sienten que no se actuó de la manera que el caso exigía. “La policía sí contaba con los recursos. El caso estuvo más de un año y cuatro meses en la Dirincri y durante esa fecha la policía no investigó nada”, sostuvo Alicia Guardamino en declaraciones a La República y agregó que incluso “el suboficial Christian Ramos Espino ni siquiera terminó con las declaraciones de los testigos.

Por su parte, Juan Sarmiento Verástegui, quien es el abogado defensor de la familia Guardamino, indicó que “el fiscal superior todavía no nos ha notificado con respecto a la apelación. Es él quien debe resolver el tema. Sin embargo, no hay un plazo específico para la respuesta”.

Según pudo conocer Sudaca, actualmente el caso está en manos de la Cuarta Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humano y contra el Terrorismo y estará en manos de ellos evitar que el caso de Santiago Guardamino sea archivado y la lucha por justicia de su familia quede sin respuesta.

Como se recuerda, Santiago Guardamino era presidente de la comunidad de Quipán cuando fue asesinado en abril del 2024 tras tener una participación activa en el destape de la venta ilícita de un terreno de diez mil hectáreas a la empresa Industrias Argüelles haciendo uso de firmas falsas para pagar un precio muy inferior al que correspondía.

[INFORME] Contra todo pronóstico, la justicia decidió darle la espalda a la familia de Santiago Guardamino, el líder comunal que expuso los engaños usados para consumar la venta de un terreno de la comunidad de Quipán a una acaudalada empresa.

A pocos días de cumplirse dos años de su violento asesinato, la familia de Santiago Guardamino no sólo sigue padeciendo la ausencia de un esposo, un hijo y un padre en el día a día sino que ahora también debe afrontar un escenario inesperado luego de un indignante revés por parte de la justicia.

MORIR LUCHANDO

En abril del año 2024, Guardamino perdería la vida una noche cerca de su vivienda en medio de circunstancias muy sospechosas. Santiago no sólo había asumido la presidencia de la comunidad de Quipán, también se había puesto al hombro la lucha por justicia luego de una fraudulenta venta de diez mil hectáreas que le pertenecían a su comunidad e involucraba a una empresa muy poderosa.

Su predecesor, Abel Cruz Mosquera Ortiz, había sido parte de una jugada sucia en perjuicio de la comunidad de Quipán en la cual haciendo uso de firmas falsas vendió un terreno de diez mil hectáreas por seiscientos mil soles, pese a que el precio correcto alcanzaba los cinco millones, a la empresa fundada por Aniceto Argüelles y que tenía a Karen Pasco Flores en la gerencia general.

La lucha de Santiago Guardamino lo llevó a interponer una denuncia penal contra los involucrados que terminaría con el 4to Juzgado de Lima Norte condenando a Mosquera a cinco años de prisión efectiva, que posteriormente se reducirían a cuatro de prisión suspendida, mientras que Argüelles incluso llegó a verse involucrado y condenado por un caso de soborno a una magistrada en su desesperado intento por eludir las consecuencias de este caso.

UN GOLPE DE LA JUSTICIA

Sin embargo, pese a que los nueve disparos que recibió Guardamino esa noche de abril ocurrieron en un contexto en el cual se había convertido en un problema para quienes estaban detrás de la venta fraudulenta, la justicia la ha dado la espalda a la familia de Santiago y su lucha por obtener justicia.

Recientemente, el fiscal Renato Lavy Cora tomó al inesperada decisión de desestimar los testimonios de la familia de Santiago Guardamino y archivar el caso bajo la excusa de falta de pruebas. Una decisión que ha desatado una comprensible indignación en la familia del expresidente de la comunidad de Quipán.

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, manifestó Maribel Guardamino, viuda de Santiago, en declaraciones al diario La República y agregó que “la más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”. Cabe señalar que, días antes de su asesinato, se registraron amenazas muy serias.

Según se ha podido conocer, pocas semanas antes del fatal desenlace, dos sujetos en moto aparecieron en Quipán buscando al entonces presidente de la comunidad y, tras no ubicarlo, abandonaron el lugar vociferando amenazas contra Guardamino que fueron seguidas de varios disparos al aire.

[INFORME] Un excandidato al Congreso que presume estar armado, un aportante que se benefició con órdenes de servicio y un exalcalde que intentó aumentarse el sueldo figuran entre los aportantes y contratados por las campañas de los candidatos outsiders.

Tras varios años de una crisis política que parece haberse convertido en una pesadilla sin final, para muchos de los peruanos se ha vuelto necesario encontrar nombres que se conviertan en los nuevos referentes de la política peruana y estas elecciones podrían ser mucho más favorables para los famosos outsiders que para los representantes de los partidos tradicionales.

Sin embargo, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los últimos años, detrás del discurso del político disruptivo se puede esconder una agrupación que, aunque con caras nuevas, termine por caer en las mismas prácticas de la clase política a la que intenta reemplazar.

Para las elecciones del próximo mes, algunos de los candidatos que sostienen un discurso crítico con el establishment e intentan convertirse en la voz del pueblo son Carlos Álvarez (País Para Todos), Alfonso López Chau (Ahora Nación) y José Luna (Podemos). Sudaca ha revisado la recientemente publicada lista de aportantes  y gastos detrás de estas candidaturas y hay más de una sorpresa.

NO ES PARA REÍR

En los últimos años, Carlos Álvarez decidió dejar de lado su faceta cómica para incursionar en la política poniendo especial atención en los temas que generan mayor indignación y de la mano de País Para Todos, uno de los partidos nuevos, el recordado integrante del programa “El Especial del Humor” intentará llegar a la presidencia.

Sin embargo, Álvarez parece no haberse tomado el tiempo de investigar a las personas que actualmente se involucran en su campaña. Según los reportes revisado por Sudaca, País Para Todos le pagó más de cien mil soles por el concepto de servicios operativos administrativos a una persona llamada Abdias Joel Chinchay Príncipe, un nombre que en la ciudad de Huaraz no dejó los mejores antecedentes.

En noviembre del año 2019, Noticiero Libre, un medio digital de Huaraz, publicaba la impactante imagen de un candidato al Congreso de la agrupación política de Juan Sotomayor que se mostraba en sus redes sociales presumiendo la posesión de un arma. El nombre de este candidato era Abdias Joel Chinchay Principe, el mismo que hoy recibe pagos del partido de Álvarez.

La reciente cercanía de Chinchay con el partido de Carlos Álvarez no sería precisamente producto de la casualidad. Hugo Gonzales Henostroza, director del medio Noticiero Libre, puso al descubierto en 2019 que Chinchay era uno de los hombres del confianza de Vladimir Meza Villarreal, el exalcalde de la municipalidad provincial de Huaraz.

¿Cómo se conecta esto con la candidatura de Álvarez? Meza Villarreal es el fundador del partido que tiene al cómico como candidato presidencial y que casualmente decidió contar con los servicios de Chinchay. Cabe señalar que este exalcalde está seriamente comprometido en temas judiciales debido a una acusación de colusión agravada por el caso Consorcio Huaraz y por el cual podría pasar diez años en prisión.

En una entrevista reciente, Carlos Álvarez intentó marcar distancia con Meza y señaló, con respecto a una sentencia por violencia familiar, que el fundador de su partido “debe enfrentar a la justicia”. Sin embargo, con la presencia de personajes como Chinchay en su campaña ponen en evidencia que Álvarez detrás de su candidatura a más infiltrados cuestionables de los que cree.

En la lista de aportantes de País Para Todos también se puede encontrar algunos nombres que sorprenden por su vinculación previa con otras agrupaciones políticas muy cuestionadas en los últimos años. Por ejemplo, Kaimer Merced Dolmos Vengoa entregó dos mil soles para la campaña de Álvarez.

Dolmo Vengoa fue candidato al Congreso de Perú Libre como representante de los peruanos en el extranjero, pero no logró obtener un lugar en el hemiciclo. Sin embargo, su influencia fue tal que, a los pocos meses de la llegada de Pedro Castillo a Palacio de Gobierno, Dolmos Vengoa fue acceder a un cargo de confianza como director general de la dirección general de promoción y sostenibilidad minera del Ministerio de Energía y Minas. Hoy, el excandidato de Perú Libre vuelve a la política haciéndose un lugar en País Para Todos.

LOS PERSONAJES DE PODEMOS

José Luna y Podemos han tenido una presencia influyente tanto en el Congreso como en la política nacional. No obstante, su discurso pretende negar esta cercanía con el poder e intentar ser la cara de la renovación política. Sudaca investigó los nombres de sus aportantes y encontró que no sólo están lejos de ser una renovación política sino que parecen haber buscado vincularse con los personajes con los peores antecedentes.

Fermín García Fuentes es uno de estos aportantes a la campaña del partido Podemos, con el cual también intenta ser diputado por Cusco, y entregó una suma de casi cinco mil soles. Pero García Fuentes no es precisamente un nombre alejado del ambiente de la política y mucho menos a sus mañas.

A inicios del año 2011, una noticia causó indignación en Cusco. El alcalde del distrito cusqueño de Santiago y sus regidores habían intentado duplicarse el sueldo. Quien estaba a cargo de esta alcaldía era Fermín García Fuentes y su justificación para este aumento arbitrario fue alegar que «iba a trabajar más» en ese periodo.

En las elecciones que se llevarán a cabo en unas semanas, García Fuentes, el alcalde que parecía más preocupado por subirse el sueldo y sólo dio marcha atrás cuando la indignación colectiva lo forzó a hacerlo, podría convertirse en el representante de Cusco en el Congreso con Podemos, el que García llama “el partido del pueblo”.

EL CASCO NECESITA LINTERNA

Alfonso López Chau y Ahora Nación han logrado convertirse en una de las alternativas más sólidas en la contienda electoral. El exrector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) es uno de los pocos políticos que a lo largo de la campaña no ha padecido reducciones considerables en las encuestas y mira de cerca a los líderes.

Pero en su campaña tampoco han faltado algunos malos elementos. Uno de los aportantes a Ahora Nación ha sido Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón. Como se puede observar en la siguiente imagen, Gonzales aportó la considerable cifra de treinta mil soles a la campaña de López Chau y el partido del casco.

Sin embargo, pareciera que a ese casco le faltó una linterna para ver bien a las personas que permiten que se involucren en su campaña. Esto debido a que, en lo que respecta a aportes a campañas políticas, Gonzáles Mogollón parece haber tenido motivaciones personales detrás de estas colaboraciones.

En el año 2024 una noticia impactó en Arequipa cuando se conoció que el Gobierno Regional de Arequipa, casualmente, había emitido dos órdenes de servicio a nombre de una persona que también fue aportante de la campaña que le permitió a Rohel Sánchez Sánchez convertirse en gobernador.

El nombre de este aportante era Edgar Hermógenes Gonzales Mogollón y por sus mil soles en apoyo a Sánchez Sánchez terminó siendo beneficiado por dos órdenes de servicio que suman un total de dieciocho mil soles. Si se tiene en cuenta que su aporte a Ahora Nación alcanza los treinta mil soles, resulta razonable preguntarse si luego intentará cobrárselos de alguna manera.

Aunque el hartazgo de la población ante el accionar de una clase política es innegable, estas nuevas alternativas políticas no parecen haber puesto suficiente esmero en cerrar las puertas a los malos elementos que lo único que pueden garantizar es profundizar la crisis política que se padece en el Perú desde hace varios años.

[INFORME] Entre los más generosos aportantes a las campañas de Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori aparecen desde un exministro del régimen de Alberto Fujimori hasta un empresario minero con varias decenas de procesos judiciales.

Aunque Keiko Fujimori perdió gran parte del respaldo que supo tener en sus primeras participaciones como candidata presidencial y Rafael López Aliaga ha visto disminuir su porcentaje, lo que muestran los más recientes sondeos es que los líderes de Fuerza Popular y Renovación Popular se mantienen, a pocas semanas de las elecciones, como los líderes de las encuestas.

No obstante, tanto para Fujimori como para López Aliaga, el contexto de desconfianza con respecto a la clase política lleva a que la misión de convencer al electorado sea mucho más compleja que en elecciones pasadas y, por supuesto, la elaboración y despliegue de una campaña tendrá un costo importante.

Sudaca ha podido revisar la rendición de cuentas que han presentado Fuerza Popular y Renovación Popular. En estas listas se han podido conocer los nombres de aquellos que hoy sostienen a los principales aspirantes a la presidencia entre los cuales figura más de un personaje con un historial cuestionable.

LOS ALIADOS DE PORKY

Cuando se empezó a hablar de elecciones presidenciales, Rafael López Aliaga logró posicionarse como una de las figuras protagonistas. Sin embargo, los cuestionamientos a su gestión en la Municipalidad de Lima y el accionar de su bancada en el Congreso terminaron por pasarle factura y hoy, aunque no sale de los dos primeros lugares, su distancia con el resto de adversarios se redujo considerablemente.

Ante este escenario, la campaña de Renovación Popular se ha visto obligada a potenciar sus actividades y para llevar a cabo esta tarea ha encontrado un valioso e inesperado respaldo por parte de un exministro del régimen fujimorista. La persona en cuestión es Jorge Yamil Mufarech Nemy. El empresario que también fue congresista del partido del expresidente Alejandro Toledo realizó un aporte con telas y mandiles publicitarios que superó los cincuenta mil soles.

Cabe señalar que Mufarech Nemy también es recordado por episodios polémicos como cuando denunció, sin éxito, al diario El Comercio por difamación y exigió una reparación de cincuenta millones de soles. También llegó a demandar al politólogo José Alejandro Godoy por haber publicado en su blog un recuento de las acusaciones contra el exministro por escándalos financieros. Si bien en un primer momento logró una sentencia contra Godoy que le ordenaba pagarle a Mufarech más de trescientos mil soles, finalmente la justicia anuló la sentencia alegando que la demanda era infundada e incoherente.

Pero, si se habla de denuncias, en esta lista de aportantes figura un nombre mucho más llamativo y se trata de Fernando Pablo Martorell Sobero, quien tiene registrados cincuenta y cuatro procesos judiciales que reportó el medio Ojo Público en el año 2022. Con más de ocho mil soles consignados como hospedaje en Tacna, este político tacneño es uno de los generosos aportantes de López Aliaga y Renovación Popular.

Martorell no es ajeno a la política. Además de haber sido candidato al Gobierno Regional de Tacna, cuenta con un hermano, Guillermo Martorell, que ha sido congresista representando al partido fujimorista, aunque a Fernando hoy se le conoce más por su rol como empresario que, en 2024, recibió una concesión minera de novecientas hectáreas en el departamento de Moquegua.

TODAVÍA LE TIENEN FE

Este 2026 marcará el cuarto intento de Keiko Fujimori como candidata presidencial y, sin dudas, deberá enfrentar un escenario adverso con un importante sector de la población que cuestiona su rol y el de Fuerza Popular en la política nacional. Sin embargo, en el fujimorismo, quizá impulsados por la ausencia de otros candidatos que le saquen una diferencia importante en las encuestas, todavía creen que el sueño de llevar a la hija de Alberto Fujimori a Palacio es posible.

Uno de los más generosos ha sido Luis Williams Dyer Fernández con un aporte en material para campaña valorizado en casi cien mil soles. Luis proviene de una familia de acaudalados empresarios como su padre Luis Dyer Ampudia y su tío Samuel Dyer Ampudia, este último vinculado con la conocida empresa agroindustrial Camposol.

Paradójicamente, aunque hoy el apellido Dyer aparece en una lista de aportantes a Fuerza Popular, Samuel Dyer Ampudia fue ilegítimamente privado de su libertad durante los primeros años del gobierno fujimorista, aunque el hoy fallecido exdictador negó su responsabilidad en estos hechos.

Otro nombre que resalta en esta lista es el de Jorge Edisson Llerena Portugal. Si bien en comparación de los montos provenientes de sectores empresariales puede parecer poco, el aporte de seis mil soles para gorros de campaña llama la atención por tratarse de una persona que trabaja como auxiliar de un despacho del Congreso.

Aunque al escrudiñar en la historia de Llerena Portugal se podría concluir que decir que trabaja en el Congreso quizá no sea la mejor forma de describir sus actividades. En diciembre del año pasado, el dominical “Cuarto Poder” presentó un reportaje sobre trabajadores fantasma en el Congreso.

En dicho informe se mostraba que Jorge Llerena pasaba largas horas que eran parte de su horario laboral en la sede del partido fujimorista. La cereza del pastel en este caso fue que Auristela Obando, la congresista que supuestamente tenía a Llerena trabajando en su despacho, dijo no conocerlo.

José Chlimper Ackerman, exsecretario general de Fuerza Popular, también aparece en esta lista de aportantes. Aunque, en enero del año pasado, el economista de setenta años había dicho que no tenía intención de participar en política, la información que pudo revisar Sudaca muestra que contribuyó con un aporte valorizado en más de cincuenta mil soles en banderas y banners.

A pocas semanas de unas elecciones que tiene a un considerable sector de la población mirando con desconfianza a los candidatos, conocer a los que sostienen las campañas políticas pueden dar un indicio de los intereses que tendrán los candidatos si llegan a convertirse en los nuevos inquilinos de Palacio de Gobierno.

[INFORME] Roberto Chiabra y su alianza política, que incluye al histórico PPC, armaron una peculiar lista de candidatos para senadores y diputados. Desde un exasesor del ministro Santivañez hasta el propio hermano del actual congresista destacan en este grupo.

Ganarse la confianza de un electorado que hoy mira con recelo a todo aquel que se identifica con el rótulo de político se ha convertido en una tarea difícil y, si a ello se le suma que se formó parte de uno de los congresos más cuestionados, esta misión se vuelve todavía más complicada.

Pese a estas adversidades, el parlamentario Roberto Chiabra León decidió asumir este reto y hoy es uno de los aspirantes a la presidencia. En este reto es acompañado por uno de los partidos históricos de la política peruana, el Partido Popular Cristiano (PPC) que en esta oportunidad va como parte de la alianza Unidad Nacional junto con los partidos Peruanos Unidos y Unidad y Paz.

Sin embargo, aunque la candidatura de Chiabra intenta mostrarse como una alternativa distinta, quienes lo acompañan como candidatos al senado arrastran un historial que no lo muestran como una opción muy distinta a sus rivales. Sudaca pudo revisar los antecedentes políticos de algunos de estos personajes entre los que se destaca varios antiguos integrantes de Renovación Popular, un familiar, un asesor del exministro Santivañez y hasta el consejero espiritual de Pedro Castillo.

RECICLAJE CELESTE

Aunque el discurso del congresista Chiabra intenta convencer al electorado que tanto él como su partido pueden ofrecerle al Perú y rumbo distinto del que le han dado los políticos con mayor influencia, los integrantes de su lista para el senado no parecen ser muy diferentes a estos políticos de los que intenta distanciarse.

Uno de los nombres que más llama la atención entre los candidatos que presentó la alianza Unidad Nacional para formar parte del nuevo senado destaca uno que, pocos años atrás, acompañaba la fórmula presidencial de otro de los actuales aspirantes a la presidencia del Perú y en un cargo de gran importancia.

Cinco año atrás, en el año 2021, Neldy Roxana Mendoza Flores figuraba junto a Rafael López Aliaga en la campaña de Renovación Popular como candidata a primera vicepresidenta. Hoy, Mendoza aparece como candidata al senado y también como segunda vicepresidenta en la fórmula presidencial liderada por Chiabra.

No obstante, Mendoza no es la única antigua integrante de Renovación Popular que ha sido captada por la alianza política de Chiabra. Quien aparece en la siguiente imagen y se hacía llamar “el Porky de Chancay” es Rubén  Angelino Azurín Álvarez y hasta 2022 era un entusiasta seguidor y candidato del partido de López Aliaga.

Tras un estrepitoso fracaso en las elecciones municipales de 2022 en la cuales “Nikita”, apodo con el que Azurín hacía campaña, obtuvo menos de mil votos, el autodenominado Porky de Chancay pasó a abrazar una nueva e inesperada oportunidad política que le está obsequiando la agrupación liderada por Chiabra con la cual podría llegar al senado.

UNA EXPERIENCIA CUESTIONABLE

“Toda mi vida luché contra la inseguridad y la corrupción. Ahora lo haré desde donde se toman las decisiones”, fueron las palabras elegidas por el general  Augusto Rubén Sánchez Bermúdez para anunciar su candidatura al senado de la mano de Roberto Chiabra y la alianza política Unidad Nacional.

En un contexto tan complicado en lo que respecta a la inseguridad, este tipo de promesas podrían resultar comprensiblemente seductoras. Sin embargo, Sánchez proviene de una gestión que sólo supo darle disgustos a los peruanos por su falta de resultados y la soberbia de quien la lideraba.

Aunque este candidato pide votos para estar “donde se toman las decisiones”, la historial refleja que ya estuvo en el lugar donde se toman las decisiones. El 23 de diciembre del 2024, en una especie de regalo navideño, el polémico exministro Juan José Santivañez lo convirtió en asesor del despacho viceministerial de seguridad pública.

¿INSPIRACIÓN RELIGIOSA?

La cuota religiosa también ha sido tenida en cuenta para la conformación de la lista de Unidad Nacional para el Congreso. El elegido para ocupar este lugar fue Anthony Lastra, un joven pastor evangélico. Sin embargo, su juventud podría engañar sobre su capacidad para encontrar espacios políticos.

La habilidad de Lastra para predicar parece haber seducido a más de un inquilino de Palacio de Gobierno. Las puertas de recinto presidencial se abrieron para Lastra con la llegada de Pedro Castillo al poder en 2021. Informes periodísticos de aquella época revelaron que su presencia en Palacio iban más allá de las creencias religiosas de la familia presidencial.

El propio Lastra Velarde reconocía ante la prensa que incluso conversaba con Castillo Terrones, a quien supo catalogar como un enviado de Dios, sobre temas de salud pública. “Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, comentó por aquellos años.

Con la llegada al poder de Dina Boluarte su presencia pareció ser todavía más fuerte y hasta fue protagonista del cuestionado pedido para la creación de una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Pero ahí no termina su incursión en política, en las semanas recientes, Sudaca informó que Lastra también mantiene una cercanía con el gobierno de José María Balcázar al que visitó en su despacho en su primeros días como presidente.

UN PARTIDO FAMILIAR

En la política peruana se ha vuelto común que el vínculo familiar sea una justificación válida para convertirse en candidato y Unidad Nacional no sería la excepción. Por ello, Roberto no es el único Chiabra León que está incursionando en esta campaña. En la lista de candidatos a congresistas también figura otro integrante de la familia, su hermano Alfredo Enrique Chiabra León.

En un contexto en el cual la población parece exigir a gritos una renovación o algún indicio que no se repetirán las historias de los últimos años, Roberto Chiabra y Unidad Nacional no parecen haber tomado en serio esta tarea y, por el contrario, recurrieron en la vieja práctica de reciclar a exintegrantes de otras tiendas políticas.

[INFORME] Una informe de la Contraloría expuso las deplorables condiciones en que se encuentra un almacén de ayuda humanitaria que estuvo a cargo de la gestión de César Acuña y Alianza Para el Progreso en el Gobierno Regional de La Libertad.

A pocas semanas de las elecciones y con los candidatos teniendo serios problemas para superar el 10% en las encuestas, César Acuña y Alianza Para el Progreso saben que terminar la jornada del 12 de abril con un buen porcentaje de votos tanto en las elecciones presidenciales como legislativas no es un escenario utópico. Sin embargo, Acuña Peralta sabe que los cuestionamientos tanto a su persona como a su agrupación política se han acumulado en gran número durante los reciente años de crisis política.

Por ello, el líder de APP parece haber buscado en los jóvenes creadores de contenido, los llamados streamers, a los aliados idóneos para que, en las principales redes sociales, las publicaciones desfavorables pasen a un segundo plano mientras que los clips del político cajamarquino compartiendo un plato de anticuchos, sumándose a algún reto viral o viajando en lujosos automóviles junto a estos populares jóvenes acaparen plataformas como Tiktok.

Sin embargo, detrás de las risas y esas largas horas de transmisiones, Acuña arrastra un historial político que no puede desaparecer. En esta oportunidad, Sudaca tuvo acceso a un reciente informe de la Contraloría que expone la precariedad en que se encuentra lugar destinado al almacenamiento de bienes para ayuda humanitaria en caso de desastres naturales en La Libertad y que era responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad.

ASÍ LOS DEJÓ

En enero del año 2023, César Acuña empezó un periodo que debía terminar a finales del presente año como gobernador regional de La Libertad, aunque sus aspiraciones presidenciales lo llevaron a renunciar en octubre del año pasado. No obstante, este paso por el gobierno regional ha dejado una herencia que causa preocupación.

Entre los últimos días de febrero y los primeros del presente mes se llevó a cabo una visita de control que tenía como objetivo de revisar cuál era la situación de los bienes destinados para ayuda humanitaria en casos de desastres. El responsable de mantener las buenas condiciones así como el stock adecuado era el Gobierno Regional de La Libertad.

Si se tiene en cuenta que La Libertad se ha encontrado ante escenarios trágicos en los últimos años debido a las intensas lluvias que han dejado decenas de fallecidos y miles de damnificados, el cuidado de estos bienes para ayuda humanitaria debería ser una prioridad para cualquier autoridad con sentido común.

Pero esto no es lo que venía ocurriendo en el lugar donde se realizó la mencionada visita de control. Entre los hallazgos que se evidencian en el documento revisado por Sudaca destacan descuidos alarmantes. Uno de ellos, tal como se puede observar en la siguiente imagen, es el pésimo estado del almacén donde el moho y la humedad conviven con las frazadas de algodón que deberían ser entregadas a los damnificados en caso de desastre natural.

Este tremendo descuido que la comisión encargada de la visita de control encontró ya ha dañado a algunos de los bienes que se almacenan en este lugar. Según el informe, cuarenta y siete frazadas de algodón destinadas para ayuda humanitaria han sido perjudicadas por la humedad.

La presencia de humedad tanto en el almacén como en los bienes que ahí se acumulan no sorprende tanto el deterioro y la improvisación del lugar. Como lo muestran las imágenes, pese a que se sabe que la región suele ser afectada por fuertes lluvias, el local cuenta con canaletas de latón para la evacuación de la lluvia que se encuentran en un innegable estado de deterioro y, como solución improvisada, han colocado otra fila de canaletas.

NO FUNCIONA NI LA LUZ

La comisión encargada pudo ser testigo de alarmantes situaciones que exponen un considerable nivel de precariedad y prácticamente nula preparación no sólo para atender un escenario de desastres naturales sino también posibles accidentes en este lugar. El informe que elaboraron también advierte que se encontraron extintores cuyo mes de vencimiento fue diciembre.

Como si lo reportado hasta ahora no fuese suficiente, el almacén todavía presenta otro problema muy grave que les impediría funcionar de manera eficiente en caso de un desastre natural que requiera atención en horas de la noche. Esto debido a que apenas dos de las seis luminarias con las cuales contaba este almacén se encontraban operativas.

Hoy la prioridad de la campaña de César Acuña parece ser mostrarlo como un personaje simpático y capaz de prestarse a las bromas y dinámicas que le proponen sus amigos creadores de contenido. Sin embargo, casos como el que reporta el informe de Contraloría exponen la verdadera cara de la gestión de Acuña.

[INFORME] Uno de los candidato al senado de Wolfgang Grozo fue  parte de la campaña del supuesto fraude en las elecciones del 2021. Este miembro de Integridad Democrática pidió a la justicia la nulidad de las elecciones señalando, entre otras acusaciones conspirativas, que más de trescientos mil fallecidos participaron.

En una campaña electoral donde los primeros puestos parecen estancados en los mismos porcentajes que registraron varios meses atrás, la mesa parece servida para que un candidato inesperado, el famoso «outsider», pueda pasar en poco tiempo a convertiré en uno de los serios animadores de la contienda.

Uno de los que ha querido colgarse este cartel ha sido Wolfgang Mario Grozo Costa, un general en retiro que supo integrar las filas de la Fuerza Aérea del Perú. Con un discurso que lo mostraba como un crítico tanto de la derecha como la izquierda, Grozo empezó a figurar entre los principales aspirantes a la presidencia respaldado, especialmente, por el votante juvenil.

Sin embargo, esta creciente popularidad se ha convertido en un arma de doble filo para este candidato. Si bien le ha permitido que más peruanos lo conozcan, también se ha colocado a él mismo y a su partido, Integridad Democrática, bajo los reflectores y un escrutinio público que puede ser angustiante cuando hay un historial cuestionable y sobre el cual no hay explicaciones claras.

Hasta la fecha se ha podido conocer diversos episodios controversiales sobre Wolfgang Grozo, como su cercanía con el fiscal Tomás Gálvez y el empresario Zamir Villaverde. Pero, en esta oportunidad, Sudaca ha podido conocer el polémico historial de una de las personas que acompaña a Grozo Costa en su aventura política y no lo muestran como alguien precisamente lejano a la clase política de la que dice ser distante.

OTRO MILITANTE DEL FRAUDE

Cuando Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones en junio del 2021, un sector de la clase política y la sociedad, principalmente limeña, se negó a aceptar que el candidato de Perú Libre iba a usar la banda presidencial. Esta incapacidad para asumir la derrota llevó a que se difunda una teoría conspirativa que acusaba a los organismos del sistema electoral de estar detrás de un fraude.

Lo que se podría denominar como la campaña del fraude llevó a que se vean situaciones insólitas que iban desde pedidos para que las Fuerzas Armadas intervengan hasta viajes de congresistas electos a las oficinas de la OEA (Organización de los Estados Americanos) pidiendo una intervención. En esta lista de personajes que intentaron revertir el resultado de un proceso democrático figura el nombre de una persona que hoy intenta llegar al senado de la mano de Wolfgang Grozo y su partido.

Juan José Rodríguez Andonaire es el nombre de este candidato que pretende convertirse en uno de los integrantes de nuevo senado como parte de Integridad Democrática. Acorde a la información disponible, este aspirante a senador no cuenta con historial político y apenas registra un pasado de pocos años como comerciante en el rubro textil.

Pero no es lo único que aparece en su historial. Sudaca pudo acceder a una sentencia del Tribunal Constitucional  que expone la insólita postura del ahora candidato al senado de Wolfgang Grozo e Integridad Democrática tras conocerse los resultados de las elecciones del año 2021.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional, que data del año pasado, atiende un recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de Rodríguez Andonaire contra una resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que años atrás había declarado improcedente la demanda presentada por Rodríguez.

La demanda en cuestión se presenta un 15 de julio del 2021, a menos de dos semanas de la investidura presidencial de Castillo Terrones, y es en contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio Público.

El objetivo no era otro que solicitar la nulidad de proceso electoral que había dado por ganador a Pedro Castillo. La demanda de Rodríguez Andonaire hablaba de una vulneración manifiesta de derechos fundamentales que, mediante un fraude, tuvieron incidencia en el derecho electoral.

ACUSACIONES SIN PRUEBAS

La demanda interpuesta por el actual candidato al senado no aportaba pruebas alegando que “los hechos vulneratorios de sus derechos son públicos” y hasta acusaba al entonces presidente, Francisco Sagasti, de incumplir con el principio de neutralidad. Para Rodríguez Andonaire, los órganos del sistema electoral habían avalado una serie de actos fraudulentos.

Con un discurso casi idéntico al que se propagaba desde el bunker de Fuerza Popular, la demanda de Rodríguez repetía que las firmas de las actas electorales eran falsas, hacía mención de una inclusión de menores de edad en el padrón electoral y hasta señalaba que trecientos mil fallecidos participaron de las elecciones.

La inexplicable inclusión del Ministerio Público entre las partes demandadas llevó a que su procurador público señale que no se había precisado qué acto cometido por un fiscal justificaba dicha demanda pero que, si consideraba que se había cometido algún acto ilícito, contaba con las vías correspondientes para denunciar. Ante esta respuesta, y tan sólo unos días después, Rodríguez Andonaire desistiría de la demanda al Ministerio Público.

Finalmente, el noviembre del 2021, la demanda a la ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC sería declarada improcedente. La resolución al respecto señala que no se habían aportado suficientes medios probatorios, como dice la propia demanda no se presentó ninguno, para corroborar las afirmaciones realizadas por Juan José Rodríguez Andonaire.

Wolfgang Grozo y su partido, Integridad Democrática, se han enfocado en marcar tanta distancia como sea posible de los políticos que han estado cerca al poder durante los últimos años. Sin embargo, el accionar de Rodríguez Andonaire en 2021 demuestra que no son tan diferentes ni están tan distantes de las agrupaciones políticas a las que han criticado en campaña y despertando una duda razonable sobre cómo reaccionarían ante un resultado adverso en las urnas el próximo mes de abril.