La insólita historia detrás del divorcio entre el alcalde López Aliaga y el estratega detrás de su llegada al sillón municipal. Sudaca accedió a un documento exclusivo que, además, expone los irregulares manejos del  dinero de la Municipalidad de Lima y los vínculos con Andrés Hurtado.

Pasar de obtener menos del 2% en las elecciones parlamentarias del 2020 a ganar la alcaldía de Lima y hasta soñar con la presidencia es, sin lugar a dudas, producto de una exitosa campaña de comunicación política. Este ha sido el caso del alcalde Rafael López Aliaga y su partido Renovación Popular, el cual pudo dejar atrás las sombras que acompañaban a su nombre original (Solidaridad Nacional) y se convirtió en el burgomaestre de la capital.

Pero este tipo de giros radicales rara vez dependen del político que es la cara de la candidatura sino que suelen tener como autores intelectuales a expertos en marketing y comunicación política. Por supuesto, el caso de López Aliaga no fue la excepción y encontró en un especialista argentino la posibilidad de revertir la mala imagen que arrastraba de sus épocas con el exalcalde Luis Castañeda Lossio y sus dificultades para afrontar debates y entrevistas.

Ariel Ricardo Correa es el nombre del autor intelectual de la campaña que le devolvió las esperanzas de un triunfo a la agrupación política del empresario. Sin embargo, la relación entre Correa y el ahora alcalde entró en su momento más crítico. Sudaca ha accedido a documentos exclusivos que exponen una historia de traición, mentiras y deudas entre Rafael López Aliaga y el estratega argentino, y que además comprometen a la Municipalidad de Lima.

PROMESAS INCUMPLIDAS

El documento que se expondrá a continuación corresponde al mes de diciembre del año pasado. En estas hojas se detalla el inicio del vínculo entre Ariel Correa y el líder de Renovación Popular en la época que todavía era un aspirante al sillón municipal. Según detalla el propio Correa, el acercamiento con López Aliaga ocurrió en el año 2021 y, a pedido del entonces candidato, constituyó la empresa Focus Marketing & Management para poder recibir los cinco mil dólares mensuales acordados como pago por su asesoría.

Cristian Rebosio

En esta parte de la historia también se puede identificar lo que podría catalogarse como la primera situación extraña. Correa detalla que los primeros pagos que recibió por su asesoría política se realizaban usando a terceros, como es el caso del chofer de López Aliaga.

Cristian Rebosio

Tras consumarse el triunfo en las elecciones municipales, el nuevo alcalde de Lima le habría propuesto al argentino quedarse en la capital peruana hasta el año 2026. Para ello, el líder del partido celeste le habría prometido un considerable aumento de sus ganancias mensuales que ya no serían de cinco mil dólares  sino que se convertirían en cuarenta mil soles.

Cristian Rebosio

En el documento al que accedió Sudaca, Correa señala que esta relación laboral iba a ser estable y con los derechos laborales correspondientes. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que esta promesa sea incumplida. Según detalla Correa en el texto enviado a la Municipalidad de Lima, desde enero del 2023 hasta mayo del 2024, sólo recibió treinta mil soles mensuales en pagos que se hicieron por medio de Renovación Popular.

Cristian Rebosio

LA RUTA DEL DINERO MUNICIPAL

Es en este punto cuando la historia deja de ser un caso de promesas incumplidas para convertirse en un irregular manejo de los fondos de la Municipalidad de Lima. Ariel Correa explica que, en el mes de mayo del año pasado, tuvo una reunión en la que participó el gerente municipal, Oscar Lozan, y dos personas vinculadas a Renovación Popular, Luis Rubio y Fernando Sandoval, en la que, bajo la insólita excusa de tener que destinar fondos para el programa de Andrés Hurtado “Chibolín”, le habrían impuesto un esquema de cobro fraccionado.

Cristian Rebosio

Tal como se puede leer en la imagen anterior, con el esquema impuesto se estaría obteniendo un total de sesenta y siete mil soles mensuales usando para ello a la ONG ACAP (Asociación Cristiana de Asesores Políticos), Focus Marketing & Management y organismos públicos de la Municipalidad de Lima. 

La situación se tornó más compleja y extraña al mes siguiente cuando, según explica Correa, el alcalde de Lima instruyó a una de las regidoras municipales para que le pague usando la cuenta bancaria de los colegios PRODEC, instituciones educativas que pertenecen a una asociación sin fines de lucro vinculada al Opus Dei.

Cristian Rebosio

Para los pagos de los meses siguientes, la estrategia habría sido usar a los organismos públicos de la Municipalidad de Lima alegando trabajos que no tenían relación con las funciones que originalmente le habían propuesto al asesor argentino y, sumado a ello, encubrirían el origen de los fondos.

Cristian Rebosio

La situación no mejoró y, en el mes de noviembre, la congresista Norma Yarrow le informó a Correa que estaba despedido. Al solicitar explicaciones al respecto, el alcalde López Aliaga le habría dicho que no encontraba capacidad de pagarle de manera legal y justa.

Cristian Rebosio

Correa explica en esta carta dirigida al alcalde de Lima que, además de no cumplir con el monto prometido, no se cumplió con obligaciones legales como el registro de su contrato ante el Ministerio de Trabajo y se le involucró, según él mismo señala, “en un esquema que aparenta eludir las normas nacionales”.

Cristian Rebosio

A poco más de dos años de su llegada a la Municipalidad de Lima, la gestión de Rafael López Aliaga ha acumulado varias críticas, pero lo detallado en este documento que pudo revisar Sudaca revela, con la versión de quien fue una pieza clave en su triunfo electoral, que en el Palacio Municipal existirían numerosas irregularidades en el manejo del dinero.

Antes de la publicación de este informe, Sudaca intentó comunicarse con el abogado de Ariel Correa. Pero, tras señalar que en ese momento no contaba con la autorización de su cliente para pronunciarse, no volvió a responder. Por su lado, el alcalde López Aliaga anunció que sus abogados habían procedido a denunciar a su exasesor por extorsión y difamación.

Cristian Rebosio

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Municipalidad de Lima, Rafael Lopez Aliaga, Renovación popular

Nueva crisis en el Ministerio de la Producción. En los últimos meses se ha producido la llegada de funcionarios con un historial que despierta dudas sobre los criterios empleados en el proceso de selección.

El Ministerio de la Producción sería la nueva víctima del gobierno de Dina Boluarte y sus deficientes criterios para designar funcionarios. Bajo la gestión del ministro Sergio González Guerrero, el sector a su cargo le abrió las puertas a más de un personaje que no cuenta con el mejor historial.

Sudaca pudo revisar las designaciones realizadas en el ministerio y se encontraron nombramientos que llaman la atención. Desde un exgerente  municipal cuestionado por su deficiente trabajo hasta un antiguo integrante del despacho presidencial de Dina Boluarte han obtenido puestos importantes en un hecho que, una vez más, genera desconfianza hacia un gobierno que no parece tener interés en rodearse de los funcionarios más capacitados.

¿PREMIO A LA INEFICIENCIA?

El viernes 27 de diciembre del año pasado, mientras la mayoría de peruanos se distraía disfrutando las fiestas de fin de año, el Ministerio de la Producción emitió la resolución ministerial n° 000503. Con este documento daban a conocer que, desde el 2 de enero del presente año, el cargo de asesor de la secretaría general del Ministerio de la Producción sería el señor Luis Alberto Andrade Olazo.

Cristian Rebosio

En su trayectoria laboral, Andrade Olazo contaba con un paso por la Municipalidad Provincial San Román, en donde se había desempeñado en el cargo de gerente municipal desde julio del 2023 hasta agosto del 2024. No obstante, su paso por esta municipalidad no habría estado plagado de elogios ni buenos recuerdos.

Cristian Rebosio

Sudaca pudo conocer la información, o más precisamente cuestionamientos, que presentaron medios regionales durante el paso de Luis Alberto Andrade Olazo por la gerencia municipal de San Román. La principal crítica con respecto el trabajo del recientemente designado asesor del Ministerio de la Producción  se centra en el mal uso del presupuesto que tenía disponible.

Para enero del año pasado, cuando Andrade Olazo llevaba varios meses en la gerencia municipal, la ejecución presupuestal en San Román apenas alcanzaba el 50.8% y, acorde a lo informado por el portal El Objetivo, el municipio había quedado en los últimos lugares en lo que respecta a ejecución del presupuesto disponible en comparación de las trece provincias de la región.

Estos resultados mediocres llevaron a que se ponga mayor atención en el trabajo de Andrade Olazo y su idoneidad para el puesto que ostentaba. Entre estas críticas se señalaba que el gerente municipal desconocía los problemas de la zona debido a que era un funcionario que había sido traído desde Cusco. “El alcalde trajo a gerentes de otros lugares que no conocen la realidad de la provincia”, fue una de las críticas de Orlando Fernández, expresidente de la Central de Barrios de la ciudad de Juliaca, al gerente municipal en declaraciones que brindó a Pachamama Radio.

Pero, además, este descontento incrementó cuando se conoció el cuantioso salario que recibía Andrade Olazo y que superaba los diecinueve mil soles mensuales y que, para cuando se produjeron las críticas, ya había acumulado un total de S/ 115,872.00. Claro que esto no impidió que sea premiado con un cargo en el Ministerio de la Producción.

LA CUOTA BOLUARTE

Tal como lo ha puesto en evidencia Sudaca y diversos medios de comunicación, el gobierno de Dina Boluarte se ha caracterizado por entregar ministerios y otros cargos importantes a personajes ligados a diversas agrupaciones políticas que, casualmente, tienen una importante presencia en el Congreso y son el soporte para que la presidenta pueda continuar en el poder.

Sin embargo, no sólo estos movimientos políticos y sus allegados han sido los beneficiados por lo que parece ser una política de gobierno. Sudaca ha encontrado que uno de los extrabajadores del despacho presidencial logró un puesto en el Ministerio de la Producción luego de aprobar una cuantiosa cantidad para la defensa de Dina Boluarte.

Esta persona es Rafael Enrique Velásquez Soriano, quien tuvo la oportunidad de desempeñarse en el cargo de director general de administración del despacho presidencial entre enero del 2023 y agosto del 2024.

Cristian Rebosio

En abril del año pasado, Velásquez Soriano avaló la contratación de un abogado defensor para Dina Boluarte por la cifra de 180 mil soles. El letrado iba a tener como responsabilidad la representación de la presidenta en las investigaciones con respecto a su participación en las protestas que tuvieron lugar entre diciembre del 2022 y enero del 2023 en las que varios peruanos perdieron la vida producto de la represión.

Sorprendentemente, pese a que el último día de funciones de Rafael Velásquez Soriano en el despacho presidencial era el 4 de agosto del 2024, tal como pueden observar en la imagen anterior, para el 2 de agosto ya estaba firmada la resolución ministerial que lo designaba como secretario general en el Ministerio de la Producción.

Cristian Rebosio

 

¿FUNCIONARIOS TODO TERRENO?

Pero el Ministerio de la Producción también parece abrirle la puerta  a aquellos funcionarios que provienen de puestos que tienen poco o nada que ver con las nuevas funciones que se les encargará. Este sería el caso de Haydeé Victoria Rosas Chávez, quien en el mes de julio llegó a este ministerio para ser la nueva directora general de la dirección general de políticas y análisis regulatorio en pesca y acuicultura.

Cristian Rebosio

Lo extraño con respecto a esta designación es la procedencia de Rosas Chávez es que, hasta unos meses antes de llegar al Ministerio de la Producción, su trabajo no tenía mayor relación con la pesca y la acuicultura. Entre 2023 y 2024, Haydee Rosas Chávez estuvo trabajando en el Ministerio de Cultura durante la gestión de la cuestionada ministra Leslie Urteaga.

Cristian Rebosio

Durante su paso por el Ministerio de Cultura, Haydee Rosas ocupó el cargo de viceministra de patrimonio cultural e industrias culturales así como el de viceministra de interculturalidad. Su salida de este ministerio se produjo en junio, un mes antes de su llegada al Ministerio de la Producción.

Este paso por el Ministerio de Cultura no estuvo libre de críticas. En su momento, el Colegio de Arqueólogos exigió la renuncia de Rosas debido a una modificación en la Ley General de Patrimonio Cultural de la Nación que permitiría alterar bienes culturales y para lo cual el ministerio en cuestión no solicitó la opinión de especialistas para conocer el impacto que tendrá el cambio que se pretendía realizar.

Cristian Rebosio

En las últimas semanas del pasado mes de enero, el Ministerio de la Producción fue noticia debido a que se conocieron pruebas sobre las influencias del congresista Darwin Espinoza en este ministerio y el presunto cobro de sobornos. Sin embargo, como se ha podido ver en las pruebas presentadas en este informe, el Ministerio de la Producción parece ser otro ministerio a la deriva desde mucho antes.

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Dina Boluarte, Ministerio de la Producción

El excongresista apunta a ser uno de los principales contendientes en las próximas elecciones y conversó con Sudaca sobre la actual crisis política, los problemas de Acción Popular y las propuestas con las que intentará alcanzar la presidencia.

Ha sido parte del Legislativo en diversos periodos que no estuvieron exentos de críticas, ¿por qué la situación actual del Congreso se podría considerar más crítica que en aquellas épocas?

Habían cuestionamientos, pero al menos existían ciertos escrúpulos para sancionar. Nunca se habían sacado leyes como las que están saliendo. La situación de este congreso es largamente la más cuestionada.

¿Qué ha llevado a que los actuales parlamentarios parezcan indiferentes a la contundente desaprobación que se ve en las calles y en las encuestas?

Ya no se hace política sino otras actividades y hay intereses subalternos. Eso está sucediendo porque, en los últimos periodos de este gobierno, hay una dictadura notoria. Se comenzó con un gobierno elegido democráticamente, pero se ha ido convirtiendo en una dictadura con anarquía y violación de principios jurídicos y derechos humanos. Además, las personas que han entrado en la política piensan que con la política va a mejorar su vida y el pueblo no les interesa. Por eso no les importa nada ni tienen vergüenza.

Para las próximas elecciones podríamos tener una larga lista de candidatos, ¿esta considerable incursión de nuevos partidos podría agravar la crisis política o ve en ello una salida?

La norma ha propiciado la constitución de estos y creo que, en la actual coyuntura, es favorable porque el Perú no va a estar obligado a votar por los que están en el poder yestán putrefactos. Obligar a votar por esa gente es incurrir en el mismo error y ahondar la crisis. Muchos de esos van a quedar en el camino, pero en algunos tienen que estar la solución para recuperar la actividad política, el estado de derecho y la vergüenza. Es bueno darle a los peruanos otras alternativas porque lo que existe en los poderes del estado está podrido y no tiene manera de recuperarse.

La presidenta Dina Boluarte ha terminado convertida en la cara de la crisis política, ¿su vacancia podría haber evitado este presente o existen mucho más actores involucrados que hacían inevitable esta situación?

Dina está sostenida por sus socios que la respaldan en el Congreso. Sacarla hubiese hecho que entre alguien en esa misma línea. Yo diría que en las sombras, en las áreas del poder que están tomando decisiones, Montesinos sigue operando. Si uno ve el modus operandi dentro de los poderes del Estado, es la mano de Montesinos. No olvidemos que han matado periodistas, a una mujer que iba a denunciar hechos graves en el Congreso y a un corrupto con vínculos en el gobierno.

Durante sus años como congresista realizó duras críticas al fujimorismo, ¿por qué cree que el partido de Keiko Fujimori sigue teniendo una presencia importante en el Congreso y en las encuestas presidenciales?

Porque tienen financiamiento oscuro y, lamentablemente,la justicia no está yendo al ritmo que debería para sancionar. El Estado peruano está gobernado por organizaciones criminales. Además, las personas que pudieron desaparecer al fujimorismo no lo hicieron. Por eso todos los demás presidentes después del fujimorismo están procesados por corruptos. Ellos incurrieron en corrupción y eso ha permitido que los corruptos mayores se mantengan.

Ha sido muy crítico con el desempeño del parlamento, pero muchos de los congresistas sobre los cuales pesan las acusaciones más serias entraron como parte de Acción Popular y con usted como candidato presidencial. ¿Se siente en parte responsable del nivel del Congreso?

No. Fui candidato presidencial, pese a la guerra sucia, y a mí me eligieron las bases. A estos individuos que ingresaron al Congreso también los eligieron las bases. El candidato presidencial no puede decir ni pio porque así es la democracia interna. Muchos de ellos, casi todos diría,no estaban en nuestra línea sino con la llamada derecha bruta y achorada de Acción Popular. Yo no tenía ninguna posibilidad de cuestionar a estos individuos que, a días de ser elegidos, salieron a decir que no tenían nada que ver conmigo. Ellos están ahí por el trabajo que hizo la plancha presidencial porque no eran conocidos ni en su barrio.

¿No le preocupaba llegar a la presidencia y no tener una bancada en el Congreso?

Claro que sí. Estos se hubieran vuelto mis enemigos apenas entrara a la presidencia. Pero es lo que impuso el mismo partido. No olvidemos que estos señores que han tomado el partido, como Raúl Diez Canseco, Alfredo Barnechea y Víctor Andrés García Belaúnde, hicieron campaña sucia en mi contra. Pero de ocurrir no hubieran encontrado un Pedro Castillo sino un Yonhy Lescano que fue cuatro veces parlamentario y es abogado. Hubieran enfrentado a un Lescano que los ha derrotado varias veces en el Congreso.

La congresista María del Carmen Alva lo ha señalado como el responsable de la ruptura de Acción Popular y del acercamiento de los integrantes de su bancada con Pedro Castillo, ¿tuvo participación en este acercamiento?

La señora está en una orfandad política y jurídica terrible. Estas palabras demuestran lo que han sido los elegidos. Traicionando al partido y al candidato presidencial sin el cual no estarían sentados ahí. Eso de acercamiento a Castillo no sé de donde lo saca porque nunca tuve acercamiento con él y, además, después del primer día que los reuní ellos me decían que no tenían nada que ver conmigo.

¿Cuál fue el momento que originó estas irremediables divisiones dentro de Acción Popular?

Un partido no es agua mansa y siempre trae sus discusiones. Antes ocurría entre los partidarios de Javier Alva y Manuel Ulloa. Pero se hacía política decente y con intercambio de ideas. Donde he comenzado este quiebre es cuando un sector del partido comenzó a ser fujilover. Ahora son furgón de cola del fujimorismo y no sólo la bancada sino el partido. En el último periodo que estuve en el Congreso comencé a ver a mis colegas votando con el Apra y el fujimorismo. Ahí comenzó ese quiebre por culpa de quienes se echaron a ese lado. Me da pena porque es un partido con una ideología muy linda y gente de familia acciopopulista se ha ido.

¿Cuáles van a ser los puntos en los que se apoyará su nuevo partido político?

Pienso que sin valores no se puede hacer nada. Hay que recuperar y reivindicar la política. Luego está la seguridad ciudadana. Eso no es fácil de solucionarlo, pero hay fórmulas de resolverlo de manera original con estrategiasnacionales que no sean copias de otros países, como otros dicen con una posición bien huachafa de ser el Bukeleperuano. El Perú tiene personas pensantes que pueden ser mucho más que el señor Bukele. Segundo, la educación y salud que están abandonados como los servicios básicos, y no se puede vivir con dignidad sin servicios básicos.

¿Su nueva agrupación política estaría dispuesta a abrirle la puerta a la experiencia de excongresistas o exministros?

Hasta ahora hay cien por ciento gente nueva que saben de nuestro trabajo en el Congreso. Es gente que nos conoce y también gente joven. No hay gente del congreso anterior. Las personas que se han acercado y no van en nuestra línea les hemos dicho que no. No estamos interesados en políticos conocidos.

Para afrontar estas necesidades, ¿su plan de gobierno apuntará a darle mayor participación al sector privado o público?

El Estado está en condiciones de dar buena educación y salud a la gente. El privado en educación ya se metió, y no le vamos a expropiar, pero creo que el Estado se tiene que fortalecer tanto en educación básica como superior. Se tienen que reconstruir veintiún mil colegios que están en ruinas. Tenemos que tener un sistema de tecnología adecuados a los tiempos. Si el “Reactiva Perú” del señorMartín Vizcarra dio 31mil millones de soles a los empresarios, con una mínima parte de eso se compra un satélite de comunicaciones para darles a los niños peruanos la posibilidad de tener más oportunidades de educarse. Con la salud igual. Tiene que estar el estado para que nadie tenga que morirse por falta de plata.

Uno de los reclamos que persisten en el sur es el pedido de justicia por las personas que murieron a causa de la represión, ¿qué postura tomaría para que estos sectores puedan volver a confiar en el gobierno?

A esos familiares hay que atenderlos inmediatamente, porque son víctimas que han salido de la protesta social. Hasta ahora están protestando y nadie les hace caso pensando que se van a olvidar. Hay que resarcir inmediatamente y entrar con los familiares a un proceso de diálogo, algo que no pueden hacer con la señora Boluartepor la soberbia que tiene y porque ella tiene que ver en las muertes de estas personas.

Otra tarea pendiente es la descentralización, ¿qué alternativas podría plantear al respecto?

Esto se puede mejorar dando más facultades a los gobiernos regionales, pero con una fuerte fiscalización que no hay en estos momentos. No olvidemos que hay gobernadores y alcaldes encarcelados en estos momentos. Tiene que haber un sistema de control bien fuerte. Se ha institucionalizado esto de la coima. También creo que hay que hacer inversión con la industrialización del campo, porque eso también descentraliza generando más movimientos económicos y que la gente se quede en provincia. No solamente descentralizar el estado sino la economía.

En lo que respecta a las relaciones internacionales, existe incertidumbre sobre el futuro de las relaciones de Latinoamérica con Estados Unidos ahora que Donald Trump llegó a la presidencia y tiene unapostura severa y sin mucho interés hacia la región, ¿cómo manejaría esta situación?

Hay varios conglomerados de países de América Latina, como la Alianza del Pacífico, que pueden ayudar a unir esfuerzos o la Comunidad Andina que también debe tomar medidas para defender los intereses de América Latina frente a esta agresión que está teniendo Estados Unidos. También hay que hacerse respetar como país. Somos un país muy rico que tiene todo. No es un país que no tiene condiciones para subsistir sin la asistencia de otras naciones. No tenemos que agachar la cabeza ante nadie y estamos en la posición de poner condiciones. Si quieren agredirnos vamos a responder como estadistas y haciendo respetar la soberanía nacional. Quizá económicamente no somos una gran potencia pero en recursos naturales sí.

En los últimos años, la inversión de China en el país ha sido considerable, ¿cómo ve el lugar que está tomando el país asiático?

En las actividades estratégicas, el estado tiene que estar presente. Por ejemplo, en Chancay debería estar el estado en la organización y la dinámica del puerto. El estado debe estar como un observador, ente regulador e incluso como socio, tal como sucede en otros países con inversiones publico privadas. Tenemos que poner condiciones y cuidar nuestro territorio. Eso se hace con la presencia de un estado que tenga pericia, conocimiento y valores, no un estado entreguista. Es bienvenida cualquier cantidad de inversión que tenga China, pero cuidando los intereses nacionales.

 

El Ministerio de Cultura se posiciona del lado de los sectores conservadores en el caso “María Maricón” con insólitos argumentos y enciende las alarmas por la conexión de este caso con el Lugar de la Memoria.

Semanas atrás, “María Maricón” se convirtió en una de las obras más famosas del país sin siquiera haberse estrenado. Pero no fue por la expectativa generada por la historia que se iba a contar ni por los actores involucrados en el proyecto. La razón de su repentina fama se debió al insólito y contundente pedido por parte de los sectores más conservadores del Perú para que esta representación no vea la luz del escenario.

Alegando que el afiche promocional de la obra era denigrante para la Iglesia católica, los creyentes más radicales se movilizaron para impedir que la obra no sea parte del Festival Saliendo de la Caja. Este reclamo incluso contó con el respaldo de políticos estrechamente vinculados a los sectores más conservadores, como el alcalde Rafael López Aliaga y varios integrantes del parlamento.

Cristian Rebosio

Pese a que Gabriel Cárdenas, director de la obra, intentó explicar que la obra no pretendía burlarse de la religión sino contar su experiencia como persona homosexual viviendo en un entorno creyente, las presiones de esta alianza religiosa – política llegaron a las oficinas del Ministerio de Cultura.

Finalmente, este último domingo, el Ministerio de Cultura ha emitido una resolución en la cual se aborda la situación de la obra “María Maricón” y se brindan argumentos que han llamado la atención. Sudaca pudo revisar este documento que, además, tiene como protagonista a un personaje que también ha sido parte de otro episodio controvertido en el sector cultura.

¿CULTURA O CENSURA?

Amparándose en el Informe N° 000028-2025-DGIA-VMPCIC/MC del propio Ministerio de Cultura, esta resolución ministerial publicada el último domingo tomó una decisión con respecto a la calificación de “espectáculo público cultural no deportivo” que la obra había recibido sin mayor inconveniente a finales de diciembre del año pasado.

Para sorpresa de quienes habían seguido el caso, el Ministerio de Cultura terminó por alinearse con los reclamos de los sectores conservadores y tomó la decisión de retirarle a la obra “María Maricón” la clasificación de  “espectáculo público cultural no deportivo” validando argumentos que, además, podrían sentar un peligroso precedente.

Cristian Rebosio

En el documento que consta de trece páginas y Sudaca pudo revisar, el propio Ministerio de Cultura sorprende al detallar que una de los puntos más importantes en el informe que terminó por impulsarlos a tomar esta decisión fue la presencia de la palabra “maricón” en el título de la obra.

Cristian Rebosio 

Otro de los aspectos a destacar en esta resolución ministerial es que el contenido de la representación teatral fue informado en el momento que se presentó la información necesaria para la calificación de la obra como espectáculo público cultural. No obstante, la resolución no sólo no hacen un análisis profundo de este contenido ni expone la ofensa que supondría a la religión católica sino que, tal como se puede leer en el último párrafo de la siguiente imagen, se siguen enfocando en el uso de la palabra “maricón”.

Cristian Rebosio 

No conforme con ello, el Ministerio de Cultura también ha recurrido a otras razones insólitas y de cuestionable interpretación, como el acusar a la obra en cuestión de ser una representación teatral que va en contra el derecho a la libertad religiosa amparado por la Constitución.

Cristian Rebosio

En esta resolución también se pueden encontrar algunas contradicciones en las que cae el propio Ministerio de Cultura en un aparente intento de restarse responsabilidad. Por ejemplo, señalan que la PUCP omitió detalles relevantes y trascendentes sobre la obra y eso permitió que obtengan la calificación de espectáculo público cultura. Sin embargo, el principal argumento que da el ministerio para retirar dicha calificación no explica el problema con el contenido artístico sino que se enfoca en la presencia de la palabra “maricón”, la cual está en el título de la obra y, por lo tanto, era un detalle del cual tenían conocimiento desde que se presentaron los documentos el año pasado y nunca fue ocultado al ministerio.

Cristian Rebosio

¿ES SÓLO EL INICIO?

Resulta importante señalar que la polémica decisión sobre la calificación de la obra recibió el aval de Jamer Nelson Chávez Anticona, quien desde octubre del año pasado ocupa el cargo de Viceministro de Patrimonio Cultural e Industrias Culturales, y podría marcar una alarmante tendencia en el sector.

Cristian Rebosio

Como se recuerda, en los primeros días del 2025 se conoció, sorpresivamente, que Manuel Burga había dejado de ser director del Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) en lo que fue una decisión muy celebrada por sectores radicales que se oponían a que en este lugar se cuente una parte de la historia que no era favorable a sus intereses políticos y hasta se atribuían la salida de Burga.

Cristian Rebosio

Con la salida de este director, el elegido para ocupar su lugar en el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) fue Jamer Nelson Chávez Anticona, justamente quien acaba de ceder ante las presiones de los sectores más conservadores y homofóbicos de la sociedad limeña en lo que podría ser un anticipo de lo que ocurrirá en el Lugar de la Memoria ante presiones similares por parte de estos grupos.

Cristian Rebosio 

La pobre argumentación en cual se amparó el Ministerio de Cultura en el caso “María Maricón” ha demostrado que, actualmente, parece existir una orden política de no ser incómodos a estos sectores conservadores y la participación de Chávez Anticona en esta historia invita a creer que el Lugar de la Memoria no está a salvo de vivir una situación similar. 

José Enrique Escardó Steck, el primer denunciante de los abusos del Sodalicio, conversó con Sudaca sobre su disolución. Además, expuso el hostigamiento sufrido por las víctimas e investigadores durante más de dos décadas en un caso que también involucra al excardenal Juan Luis Cipriani y a más de un político influyente.

Teniendo en cuenta que han pasado más de veinte años desde que se denunció el caso Sodalicio, ¿confiaba que podía ocurrir una decisión como su disolución o veía con resignación que los responsables gozarían de impunidad?

Yo era la persona más escéptica. Lo dije antes, no confiaba en que se iba a disolver el Sodalicio. Pero también dije que en este proceso me he equivocado y esta ha sido una de esas veces. La disolución ha sido una sorpresa para mí.

¿Por qué esta decisión ha tomado tanto tiempo si se trata de un caso tan grave y con tantas víctimas?

Porque los tiempos de la Iglesia son tiempos irracionales, no reacciona a menos que haya un escándalo. Recordemos lo que es la Iglesia, la organización más grande del mundo y no sólo en temas religiosos. He hablado con personas como el cardenal Robert Prevost, quien es el prefecto del Dicasterio para los Obispos, y también Simona Bambrilla, la Prefecta del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, y hay una sensación de impotencia en los que quieren hacer algo dentro de la Iglesia porque es muy complejo y hay mucha política y muchos intereses.

A lo largo de estos más de veinte años, ¿ha encontrado más representantes de la Iglesia a su favor o en su contra?

Más en contra. Los que apoyan son contados con los dedos de una mano. El grupo de gente que está con el Sodalicio por motivos económicos, interés o poder es mucho más grande. Es realmente David contra Goliat. Pero bueno, como pasó en la Biblia, esta vez David ganó.

La política peruana suele tener una relación muy cercana con líderes religiosos, ¿qué papel jugó la política nacional en el caso Sodalicio?

Es el caso más vergonzoso en la historia del Perú y no sólo por la política sino por el Estado. La justicia peruana no ha hecho nada. El Estado peruano se ha dado por desentendido del caso. Se demostró estos días en Ginebra cuando estuve en el Comité de los Derechos del Niño y logré que le pregunten a la ministra de la Mujer al respecto y respondió algo sumamente vergonzoso demostrando que al Estado nunca le ha interesado. Obviamente hay partidos políticos y políticos individuales vinculados al Sodalicio que tienen negocios con ellos y una relación de poder que no solamente se han puesto del lado del Sodalicio sino que han creado un sistema de desinformación para atacar a las víctimas e investigadores.

¿A quiénes ha podido identificar como estos defensores del Sodalicio?

Todos sabemos que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, es un admirador de muchas personas dentro del Sodalicio. Lo ha dicho en entrevistas. Dijo que el cura Jaime Baertl, quien maneja el Sodalicio, era un santo y que lo admira. Además, sabemos que treinta y seis  empresas del Sodalicio han entrado en fideicomiso a una empresa que fue fundada por López Aliaga. Eso no puede ser una coincidencia. Su partido está involucrado y el fujimorismo también. Pier Figari es primo hermano de uno de los curas del Sodalicio, Juan Mendoza Figari, y hay una relación muy estrecha. Eso se nota porque cuando pasan estas cosas nadie del fujimorismo y Renovación Popular habla.

¿Qué intereses económicos hay detrás de los defensores del Sodalicio?

Aquí en el Vaticano, todas las personas con las que he hablado, incluyendo al Papa, han manifestado que hay mucho poder del Sodalicio y eso genera una serie de problemas. Además, hay por lo menos nueve obispos involucrados en negocios turbios de los cementerios con el Sodalicio. Hay todo un tema económico y político que cuidan.

Durante muchos años, Juan Luis Cipriani fue la cabeza de la Iglesia en el Perú, ¿qué papel tuvo en el caso Sodalicio?

En el año 2000, cuando publiqué mis columnas, me encontré con Cipriani en una reunión a la que fui como director de la revista Gente. Me acerqué y le dije lo que había publicado, pero no le prestó importancia. A medida que fueron avanzando mis columnas, nos enteramos que Cipriani había llamado a los empresarios católicos y les había dicho que no anuncien en la revista. Tuve que dejar de escribir para que la revista no desapareciera. Luego de eso, supimos que Cipriani recibió denuncias en contra de Figari por abuso sexual y estas se perdieron en el camino y nunca llegaron al Vaticano. Su papel ha sido lamentable y se sabe que también ha tenido denuncias de inconductas sexuales.

¿Las denuncias contra el Sodalicio han padecido algún tipo de censura mediática?

Sí. La Iglesia tiene mucho poder. Sorprende que el año en que salió “Mitad monjes, mitad soldados”, el libro de Pedro Salinas y Paola Ugaz, la cobertura mediática fue absoluta. En cambio, en los últimos años que se ha visto el crecimiento del poder conservador de ultraderecha y católicos radicales dentro de la política y el empresariado peruano, los medios prácticamente han silenciado el tema.

¿Observa cambios en la Iglesia que inviten a creer que se han tomado las medidas necesarias para que no se repita la historia del Sodalicio?

Es una de las cosas que hablé con el Papa Francisco. Esta es la oportunidad para que la Iglesia evite que esto  vuelva a pasar. Pero son cientos de miles de casos en todo el mundo. No se puede hacer de un día para el otro. Fui claro con él sobre el nuevo rumbo que tiene que tomar la Iglesia con respecto a las denuncias de violencia física, psicológica, sexual y espiritual. Esto tiene que ser una oportunidad y debe ser acompañada por las víctimas. Por eso propuse un consejo de sobrevivientes que acompañe este proceso. 

¿Qué respuesta obtuvo por parte del Papa Francisco?

Cuando le presenté el documento escrito y llegamos al punto de consejo de sobrevivientes,  levantó la mirada y me dijo “lo que tú le pidas a Jordi Bertomeu, yo lo voy a firmar”. Entonces creo que fue una clara referencia a que en el centro tienen que estar las víctimas.

¿Podríamos decir que se está abriendo la puerta a un cambio en la Iglesia?

Creo que hay una postura del Papa y las personas en las que él confía para este proceso. Yo no hablaría de la Iglesia en general. Porque la mayoría tiene otra visión y eso es lo peligroso. El Papa está anciano y enfermo, entonces no sabemos qué podrá pasar en los próximos años. Tenemos que vigilar que este proceso sea realizado de una manera muy cuidadosa para que no se escape nada por las rendijas, porque el Sodalicio es muy hábil para encontrar escapes.

¿Este poder e influencia que tiene el Sodalicio se ha manifestado a través de amenazas?

Desde que comencé, el Sodalicio hizo una campaña para tratar de destruir mi credibilidad. Me han llamado desde el anticristo hasta que estoy loco, soy adicto y abusador de mujeres. En los últimos años hay artículos en mi contra e insultos en las redes escritos por personas vinculadas al Sodalicio y, obviamente, es por encargo de ellos que nunca hacen las cosas de frente sino que encargan a terceros. Además, también he recibido amenazas de muerte en contra mía y de mi hija y amenazas contra la integridad sexual de mi hija desde que ella tenía cuatro años. Eso viene pasando desde hace 25 años.

¿Considera que hay un incremento del fanatismo religioso y que ello ha repercutido en este hostigamiento?

Perú está convirtiéndose en el Afganistán de Latinoamérica. Es el país donde el conservadurismo está teniendo un poder y presencia muy grande. Lo hemos visto en la forma en que reaccionaron a la obra “María Maricón”. En el caso Sodalicio, con los intereses que hay, hemos visto cómo han querido destruir a Paola Ugaz y Pedro Salinas con las denuncias. Ante cualquier persona que hable, el Sodalicio viene con su maquinaria aplanadora y esto va a seguir. El Sodalicio no va a querer morir sin matar. Van a seguir queriendo destruir a todos los que puedan.

Se ha hablado de la política y la Iglesia, pero ¿cómo se podría evaluar el trabajo de la justicia peruana en estos casos de abusos?

La justicia peruana siempre se escuda en la prescripción. Como hay mucha carga, dicen que ya prescribió y así no tienen trabajo. Además, como hay presiones muy fuertes de la política y la propia Iglesia, entonces tienen miedo y no hacen su trabajo. Ya sabemos que en la época de Patricia Benavides había un abogado del Sodalicio que bloqueaba las denuncias contra ellos y hacia que corran muy rápido las que eran contra los denunciantes e investigadores del Sodalicio. 

¿Cuál era el plan detrás de estas denuncias?

La forma en que funciona es con los propios esbirros del Sodalicio escribiendo cosas en sus propios medios, como en La Abeja, Willax o Expreso, y creando en la opinión pública una idea. Ellos mismos inventan las historias y hasta crean chats falsos, y luego, con ese material inventado, van a la fiscalía y dicen que ha salido todo eso en los medios y hay que denunciar a tal persona. Después meten presión en la fiscalía a través de políticos y generan todas estas falsas acusaciones, como que Paola Ugaz es miembro de una organización de lavado de dinero y que trafica plutonio y uranio con la familia Vargas Llosa en Piura. 

¿Perú dejó de ser un estado laico?

Un gran termómetro de esa situación ha sido lo que ocurrió con la obra “María Maricón” y cómo reaccionó el grupo más conservador del catolicismo peruano y la manera en que reaccionó el Estado con comunicados del Ministerio de Cultura pidiendo explicaciones sobre la afectación de la fe católica o la Defensoría del Pueblo pidiendo que interpele al ministro de Cultura. Eso pasa en un estado confesional teocrático y creo que estamos yendo en ese camino. Pero esta disolución del Sodalicio es un mensaje fuerte para el conservadurismo peruano que pueden tener todo el poder que quieran pero todavía tenemos personas que luchan por la verdad.

Ha mencionado los vínculos del Sodalicio con políticos y partidos, como Rafael López Aliaga y Fuerza Popular, quienes aparecen en las encuestas presidenciales. Si alguno de ellos llega al sillón presidencial, ¿estaríamos ante un posible pacto de impunidad para los responsables de estos tipos de abusos?

Creo que sí. Yo reto a cualquiera que haya una minería de declaraciones o tuits de todos los que están vinculados a estos partidos y enseñen alguno en el cual hayan hablado del caso Sodalicio. No hay. Hay silencio o ataque a las víctimas y a los investigadores. Es muy claro por donde va el asunto y cuáles son los pactos que se han cocinado en el Perú hace varios años. No me sorprendería que pronto busquen promulgar una ley contra la blasfemia y vayamos avanzando de un estado laico a uno teocrático.

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Cipriani, Iglesia, José Escardó, Sodalicio

Desde conocidos de César Acuña y acusados de contratar a las amigas de su esposa hasta amigos de Nicanor Boluarte. Los nuevos funcionarios del Ministerio de Educación obtendrían las peores notas por su historial y, sin embargo, fueron designados sin mayor inconveniente con la anuencia del ministro Morgan Quero.

Para cualquier gobierno que no puede alcanzar los dos dígitos de porcentaje de aprobación en las encuestas resultaría muy complicado sostenerse al mando de un país y más si se tiene en cuenta que las grandes falencias de dicho gobierno no se relacionan con ideologías políticas sino que fallan en aspectos que impactan en la mayoría de ciudadanos, como es el caso de la inseguridad.

Sin embargo, para suerte de Dina Boluarte, el Ejecutivo ha encontrado en el Congreso, quienes tienen las facultades para ponerle fin a su mandado, un grupo de bancadas que representan a partidos políticos dispuestos a escuchar qué tiene la presidenta para ofrecerles a cambio de garantizar la continuidad del gobierno sin importar sus deficientes resultados en diversos sectores.

Como se lo han expuesto Sudaca y otros medios de comunicación, además de no interferir con los proyectos de ley que impulsa el Congreso, el gobierno de Dina Boluarte también ha utilizado a los ministerios como el botín a repartir y, en esta oportunidad, Sudaca ha podido encontrar los puestos de este ministerio que han quedado en manos de personajes vinculados a las agrupaciones políticas que tienen peso en el parlamento y hasta aprovechó para que entre algún conocido de su hermano.

PASADO PISADO

Fue hace poco menos de un año cuando el programa “Contracorriente” reveló que un grupo de personajes amigos de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta, habían conseguido buenos puestos de trabajo para el Estado. Entre este selecto grupo de privilegiados, el informe del dominical incluyó a Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez, quien por aquella época ocupaba el cargo de director de la DRELM (Dirección Regional de Educación Metropolitana de Lima).

Aproximadamente diez meses después de la emisión de dicho informe, el nombre Luis Alberto Quintanilla Gutiérrez vuelve a sonar en un puesto de trabajo dejando en el olvido la polémica en la que estuvo involucrado y pretendiendo que nunca ocurrió. En una resolución ministerial del Minedu que data del pasado 10 de enero, Quintanilla Gutiérrez fue anunciado como el nuevo director general de la Dirección General de Calidad de la Gestión Escolar.

En otra de las designaciones realizadas en los primeros días de este nuevo año figura el nombre de Carlos Christian Acuña Flores, quien desde el primer día de enero pasó a ocupar el cargo de asesor en el despacho viceministerial de gestión pedagógica. Sin embargo, no es la primera vez que su nombre suena en la sede del Ministerio de Educación.

En marzo del 2023, el diario Perú21 había incluido a Acuña Flores en una lista de funcionarios con pasado como extrabajadores y militantes del partido de César Acuña que habían ingresado a trabajar en el Mineducuando el cargo de ministro todavía le pertenecía a Oscar Becerra.

Según la información que dio a conocer el medio escrito, Christian Acuña, que por aquel entonces era director de Innovación Tecnológica en Educación, venía de realizar consultorías para una de las universidades que integra el consorcio del cual es dueño el líder de Alianza para el Progreso.

Pero este no es el único vínculo entre el Ministerio de Educación y César Acuña. A finales del año pasado, más precisamente el 18 de diciembre, la Universidad César Vallejo firmó un convenio con el Ministerio de Educación que, acorde al documento revisado por Sudaca, tendrá una duración de cuatro años.

Cabe señalar que esta casa de estudios estuvo en el centro de los cuestionamientos recientemente cuando la presidenta del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Ninoska Chandía utilizó las instalaciones del IRTP para grabar un spot en el cual se promocionaba a la universidad del gobernador de La Libertad.

Pero en el Ministerio de Educación no sólo hay lugar para los contactos de Nicanor Boluarte y personas vinculadas con César Acuña. En el mes de septiembre, una resolución anunció que Oscar Fausto Fernández Cáceres sería el nuevo director de la Dirección de Educación Física y Deporte de la Dirección General de Educación Básica Regular.

Este nuevo director tampoco es ajeno a la escena política. En el año 2022, Fernández Cáceres postuló y obtuvo el cargo de regidor para el distrito de La Molina luego de acompañar la candidatura del actual alcalde Diego Uceda y Renovación Popular.

Anteriormente, Óscar Fernández Cáceres fue presidente del Instituto Peruano del Deporte y, aunque esta experiencia laboral podría considerarse valiosa, su gestión estuvo marcada por un informe del programa “Punto Final” emitido en 2019 y en el cual se relataba que el actual funcionario del Minedu contrató a amigas de su esposa para que trabajen en su despacho y reciban salarios de cinco mil y siete mil soles.

Fernández justificó estas contrataciones y, casualmente,renunció a su cargo poco tiempo después. “Eran de confianza mía. Son conocidas, son profesionales de mi confianza y el IPD necesitaba gente de mi confianza. Son conocidas nuestras, de mi esposa y mías”, declaró al programa dominical de Latina.

La presidenta Dina Boluarte no habría querido quedar fuera de este festín de designaciones sin filtros en el Ministerio de Educación y en el cargo de jefa de la Oficina General de Cooperación y Asuntos Internacionales se ha colocado a Roxana Magly Mayorga García, quien en 2023 fue incluida por la Contraloría en una lista de personas que el despacho presidencial estaba contratando con serias irregularidades de por medio.

“Es necesario que mínimamente se establezcan lineamientos, se redacte una premisa que nos remita a la norma, o se establezcan procedimientos para hacer factible su ejecución a fin de salvaguardar los principios de transparencia, meritocracia e igualdad de oportunidades”, se puede leer en el documento que Infobae difundió en noviembre del 2023, aunque nueve meses después Mayorga García llegaría sin mayor problema al Minedu.

¿QUÉ HACE EL MINISTRO?

Ante esta situación que atraviesa el Ministerio de Educación, resulta lógico cuestionar cuál es el rol del titular del sector, Morgan Quero Gauime, en lo que parece ser una invasión de personajes cuestionables en puestos clave del Minedu. Sin embargo, sus apariciones más resaltantes en los medios, como en la oportunidad que dijo “los derechos humanos son para las personas, no para las ratas”, invitan a creer que su única misión no es velar por la educación de los peruanos sino intentar defender a Dina Boluarte.

A ello se le suma una nueva polémica debido a que en las últimas horas se han difundido videos en los cuales se ve al ministro Morgan Quero presente en la celebración de cumpleaños del pastor José Luis Linares Cerón, quien fue denunciado por abusar sexualmente de su hija y dejarla embarazada.

 

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Acuña, Boluarte, Minedu

Los resultados de las necropsias a la extrabajadora del Congreso, Andrea Vidal, y el taxista que conducía el vehículo atacado abren la puerta a nuevas hipótesis sobre el verdadero objetivo del ataque.

A pocos días de cumplirse un mes de su fallecimiento, el caso de Andrea Vidal Gómez todavía siguen dando que hablar. El prematuro final de su vida con apenas veintisiete años y su reciente paso por la Oficina Legal y Constitucional del Parlamento  en donde trabajó bajo las órdenes del implicado en una presunta red de prostitución en el Congreso, Jorge Torres Saravia, llevó a que se sospeche que su muerte fue un intento de evitar que exponga lo que estaba ocurriendo en el Legislativo.

Sin embargo, con el pasar de los días, empiezan a darse a conocer los primeros resultados sobre estos trágicos asesinatos que la noche del 10 de diciembre acabaron con la vida de dos personas en el distrito de La Victoria. Sudaca ha podido revisar los primeros informes de necropsia que revelan datos que podrían darle un giro inesperado a este caso.

LOS RESULTADOS

El lunes 9 de diciembre, Andrea Vidal Gómez recibió numerosos disparos en la cabeza, espalda y brazo mientras se trasladaba en un taxi que había pedido por un aplicativo y circulaba por el distrito de La Victoria. Tras este lamentable suceso, la joven quedó en estado crítico y falleció una semana después. En el siguiente informe pericial, se han podido conocer más detalles de lo ocurrido aquel día en la intercepción de las avenidas San Eugenio con Santa Catalina.

Cristian Rebosio 

El informe pericial de necropsia médico legal, realizado tras su deceso días después de los disparos recibidos en La Victoria, se detalla que, tras el ataque al vehículo en el cual se encontraba, Vidal Gómez sufrió varias heridas en la cabeza así como en el tórax y una de sus extremidades inferiores. 

Cristian Rebosio 

En el diagnóstico de muerte que firmaron los médicos legistas encargados de la necropsia al cuerpo de la extrabajadora del Congreso se puede leer que encontraron “orificios de entrada y salida de proyectil de arma de fuego en cabeza, tórax y extremidades inferiores. Además, se señala que la causa del deceso fue la herida en la cabeza que produjo daño en el tejido cerebral.

Cristian Rebosio

Por otro lado, en el caso de José Daniel Vargas Briceño, la necropsia del ciudadano venezolano que conducía el taxi presenta un considerable número de heridas. Más precisamente, en este informe se detallan dieciséis heridas producto de los disparos que recibió y la mayoría de estas se encontraron en la cabeza y el tórax.

Cristian Rebosio

En el diagnóstico de muerte de Vargas Briceño, quien falleció el mismo 9 de diciembre, se explica que una hemorragia subaracnoidea (sangrado entre las capas que cubren el cerebro) así como los impactos de bala recibidos en el tórax y abdomen fueron las razones por las cuales perdió la vida.

Cristian Rebosio

EL OBJETIVO

Estos resultados han llevado a que se plantee la pregunta sobre quién era el objetivo de este ataque. Según la información que se ha podido conocer, el mayor número de disparos se concentró en el lugar que se ubicaba José Daniel Vargas Briceño, quien aquel día conducía el taxi, y se ha empezado a considerar que el objetivo principal sería él y no Andrea Vidal.

Cristian Rebosio

Sudaca conversó con Andy Felix Cabrera, director del Centro de Investigación Forense – CIFEC, sobre los detalles de este ataque que acabó con la vida de dos personas y abrió la puerta a diversas especulaciones. “El pasajero pudo haber sido un daño colateral. Los sicarios están con el nerviosismo encima y lo que hacen es cometer su objetivo y los daños colaterales pagan este tipo de situaciones”, señala con respecto a la posibilidad que la muerte de Andrea Vidal no haya sido el objetivo de los asesinos.

El director de CIFEC también considera que se debe tener en cuenta que el número de disparos realizados puede ser un mensaje. “No descartemos la posibilidad que, en una vía tan transitada, este sea un mensaje  para este tipo de delincuencia que se encarga de este tipo de cobros y demostrar de lo que son capaces”, agregó.

No obstante, resalta que se debe esperar a las investigaciones porque los dos fallecidos presentan heridas en la cabeza. “No podríamos tener una certeza sobre cuál de los dos sería el objetivo principal. Porque de acuerdo ambos presentan heridas en la zona craneana y esto reviste para el ámbito forense un enseñamiento”, explicó Andy Felix  a Sudaca.

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Andrea Vidal, Congreso, Jorge Torres

Aunque desde el Congreso prometieron ponerle fin a las contrataciones influenciadas por los vínculos políticos, se siguen conociendo casos de jefaturas que tienen a la cabeza a personajes estrechamente vinculados con diversos partido.

“Las características que hemos buscado es que sean calificados, profesionales competentes y que no tengan ninguna afiliación política para garantizar la objetividad en el trabajo”, señaló el presidente del parlamento, Eduardo Salhuana, en declaraciones que brindó a los medios, durante la semana pasada, con respecto a los cambios que realizarían en diferentes jefaturas del Congreso.

Sin embargo, parece poco probable que estas palabras sean suficientes para convencer a la opinión pública que el Legislativo tomará un rumbo distinto al que ha tenido hasta la fecha y que incluso ha llevado a que se hable de una presunta red de prostitución que ha terminado con una persona asesinada en extrañas circunstancias.

Pero esta desconfianza hacia uno de los poderes del Estado estaría más que justificada. Sudaca ha revisado algunas de las designaciones hechas en los últimos meses y ha encontrado más de un caso que desmiente este compromiso del titular de la Mesa Directiva sobre los nuevos encargados de jefaturas, en especial en lo que respecta a no tener afiliación política.

TRABAJO PARA TODOS

Que nadie se quede sin una oportunidad de trabajo parece ser una consigna innegociable para la mayoría de agrupaciones políticas que integran en parlamento. Lamentablemente, esta consigna no está pensada en el ciudadano de a pie sino en los integrantes de estos partidos políticos a los que ningún porcentaje de desaprobación en las encuestas doblegará su voluntad de aprovechar cada puesto de trabajo que tengan en sus manos para entregárselo a sus conocidos.

Uno de estos personajes involucrados con un partido político que ha llegado a ocupar una jefatura en el Congreso es Jorge Luis Segura Tito. En octubre del año pasado, Segura Tito fue designado para ocupar un cargo de confianza, como es el caso de la jefatura del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca.

Cristian Rebosio

Pero Segura Tito no sería precisamente uno de los personajes sin afiliación política. Según el sitio web del partido Acción Popular, Jorge Luis Segura Tito ocupa el cargo de secretario nacional de relaciones internacionales en el comité ejecutivo nacional del partido de la lampa que, por supuesto, ocupa varios escaños en el hemiciclo.

Cristian Rebosio

Además, el nuevo jefe del área de procesos técnicos bibliotecarios del departamento de biblioteca también tuvo un paso por el Gobierno Regional de Cusco como consejero regional cuando Jean Paul Benavente García, quien representaba a Acción Popular, fue gobernador entre 2029 y 2022.

Otro de los que llegaron a ocupar una jefatura en el parlamento fue Luis Alberto Max Ponce Arnillas. En octubre del 2024, Ponce Arnillas fue la persona elegida para ser el jefe del área de asuntos interparlamentarios, el cual también entra en la categoría denominada cargos de confianza.

Cristian Rebosio

Luis Alberto Ponce Arnillas tampoco encajaría en el rubro de los jefes sin vínculo con agrupaciones políticas. En 2022, Ponce postuló al cargo de regidor en las elecciones municipales de la mano de Avanza País, un partido político que, casualmente, también tiene presencia en el Congreso e incluso un representante en la Mesa Directiva.

Cristian Rebosio

En su historial laboral se puede observar que, además de ser director en una empresa dedicada a la consultoría (Co Partners), Luis Ponce Arnillas es otro de los nuevos jefes que han tenido un pasado reciente como asesores de los congresistas que actualmente manejan a su gusto el Legislativo y también fue asesor de la congresista fujimorista Milagros Salazar en periodo 2016 -2019.

Cristian Rebosio 

CONTINUARÁ

Durante los últimos días se ha podido conocer que más de una decena de jefaturas han quedado en manos de personas que están vinculadas a agrupaciones políticas como Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos y muchos otros movimientos políticos con presencia en el parlamento.

Entre las designaciones que más han llamado la atención se encuentra la de Shadia Elizabeth Valdez Tejada. Además de ser excandidata al Congreso por el partido Podemos, Valdez Tejada ha sido asesora del congresista José Luna. Pero en las últimas semanas fue designada como jefa del Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias pese a no tener una trayectoria conocida en estas áreas.

Otro de los nombre que destacan es el del constitucionalista Ángel Delgado Silva, quien ha sido nombrado jefe de la Oficinal Legal del Congreso. Delgado Silva, en más de una oportunidad, se ha mostrado cercano a grupos radicales de ultraderecha así como a agrupaciones políticas como Renovación Popular, quienes incluso han condecorado a un grupo que lidera.

Cristian Rebosio

En las declaraciones que el congresista Salhuana brindó a Canal N, el presidente de la Mesa Directiva dijo “lo que sucede es que los funcionarios que estamos reemplazando ahora son funcionarios que yo encontré al asumir el cargo en el mes de julio. Venían de la gestión anterior” en lo que se puede interpretar como un cuestionamiento directo a la gestión del parlamentario Alejandro Soto.

No obstante, casos como los que se exponen en este informe y se han conocido en las últimas semanas invitan a creer que en el Congreso no existe ninguna intención real de cambiar los criterios al momento llevar a cabo las designaciones y se continuará favoreciendo a personajes cercanos a los congresistas y sus partidos políticos.

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Acción Popular, Avanza Pais, Congreso

El proceso disciplinario a Jorge Torres Saravia sufrió un insólito revés por responsabilidad de la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Sudaca ha revisado su historial y encontró más de una irregularidad en sus antecedentes laborales.

El escándalo por la presunta red de prostitución instalada en el Congreso continúa dando que hablar y no precisamente porque los responsables de esta nueva y grave mancha en la historia del parlamento estén por quedar expuestos y recibir las sanciones que ameritan tras la difusión de un caso que incluso ha trascendido fronteras.

Este jueves se ha conocido que Jorge Torres Saravia, el exjefe de la Oficina Legal y Constitucional y principal implicado, estaría siendo blindado en el informe de la comisión del Congreso encargada del caso por razones que han dejado a más de uno sorprendido e invitan a que aumente la desconfianza con respecto a lo que ocurre detrás de los muros de la sede del Legislativo. 

Según publicó el medio La República, el proceso disciplinario a Torres Saravia no podría continuar debido a que  «carece de una clara y concreta descripción de las conductas imputadas que supuestamente están calificadas como faltas» y, además, “no existe indagación preliminar alguna, pues únicamente se recurre a un reportaje periodístico para sustentar materialmente el acto de inicio». 

Cristian Rebosio 

Estos argumentos que se detallaron en el informe final de la comisión tendrían como responsable a un nombre en particular: Haidy Janette Figueroa Valdez, quien es la jefa del Departamento de Recursos Humanos del Congreso. Acorde a lo señalado por una de las integrantes de la comisión, el área que encabeza Figueroa Valdez debía brindar la información necesaria. Sin embargo, lo único que aportaron fue el informe periodístico del programa de Beto Ortiz.

Sudaca ha revisado el historial de Haidy Janette Figueroa Valdez y ha encontrado que no es la primera vez que la responsable del área de Recursos Humanos del Congreso comete errores y, además,  tampoco es la primera vez que su puesto está bajo la lupa.

LA HISTORIA NO AYUDA

El escándalo que involucra al Congreso no es el primero que llevó a que el trabajo de Haidy Janette Figueroa Valdez sea cuestionado. En 2021, un proceso disciplinario que la encontró como protagonista y también ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos derivó en una sanción.

Por aquella época, más precisamente en el mes de marzo, Figueroa Valdez se encontraba a cargo de la subgerencia de recursos humanos en el Gobierno Regional de La Libertad y la gerencia de administración había resuelto iniciar un proceso administrativo disciplinario contra la actual jefa del departamento de Recursos Humanos del Congreso.

Alegando que se habrían registrado irregularidades en un procedimiento de selección de licitación pública por la “Contratación de suministro de bienes adquisición de bolsa de alimentos para servidores del Decreto Legislativo 276”, la gerencia mencionada señalaba a Figueroa Valdez como la presunta responsable.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, un detalle a tener en cuenta era que Haidy Janette Figueroa Valdez estaba ocupando el cargo de subgerente de recursos humanos, el cual se considera como el órgano sancionador, por lo que correspondía que comunique que debía abstenerse y que se encargue a la gerencia general u otro la responsabilidad de atender el proceso administrativo disciplinario.

Cristian Rebosio

Pese a que Figueroa contaba con dos días hábiles para comunicar la causal de abstención, la subgerente de recursos humanos recién lo hizo casi cuatro meses después de haber recibido el informe de este caso. Esto no es un dato menor debido a que esta demora llevó a que transcurra más de un año de la apertura del proceso administrativo disciplinario y, por lo tanto, procedió su prescripción.

Cristian Rebosio 

La ex subgerente de recursos humanos minimizó los hechos alegando que se declararía “no ha lugar” el pedido de sanción. No obstante, en la resolución revisada por Sudaca se señala que esa decisión le correspondía al órgano sancionador, algo que no ocurrió debido a que Figueroa no procedió de la manera que correspondía pese a que, por el cargo que ocupaba, debía saber cuáles eran los paseos a seguir.

Cristian Rebosio 

OTRA MANCHA EN EL HISTORIAL

El historial de Haidy Janette Figueroa Valdez también cuenta con un grave cuestionamiento que data del año 2015. En una publicación del diario Correo se informa sobre el impactante descubrimiento hecho por la Contraloría General de la República en el Gobierno Regional de La Libertad y la Municipalidad Provincial de Trujillo.

Según informó el medio, la Contraloría detectó por lo menos noventa funcionarios que no cumplían con los requisitos establecidos para calificar como aptos para desempeñarse en los cargos que por esa época ostentaban tanto en el gobierno regional como en la municipalidad.

Cristian Rebosio

En esta extensa lista de funcionarios figuraba el nombre de Haidy Janette Figueroa Valdez y se explicaba que, por aquel entonces, no contaba con el título necesario para ocupar el cargo de subgerente de recursos humanos. Acorde a lo que la propia Figueroa Valdez expone en su hoja de vida, en 2015 sólo era licenciada en psicología y recién para el año 2023 obtuvo diplomados en Administración de Recursos Humanos y Administración y Gestión Pública.

Cristian Rebosio

Pero hubo otro dato en aquella noticia que llama la atención teniendo en cuenta los recientes sucesos. Quien se desempeñaba como gobernador de La Libertad, y por lo tanto como superior de Haidy Figueroa, cuando encontraron que ella y los otros funcionarios ocupaban puestos sin cumplir con las exigencias correspondientes, era Manuel Llempén Coronel, un político que integraba las filas de Alianza para el Progreso. 

Cristian Rebosio 

Cabe señalar que tanto Haidy Janette Figueroa Valdez como Jorge Torres Saravia tienen vínculos estrechos con esta agrupación política. Mientras que Figueroa Valdez ha sido tesorera del partido político de César Acuña, Torres Saravia fue asesor de un congresista de APP y, anteriormente, ocupó una jefatura en el Gobierno Regional de La Libertad cuando estaba bajo la administración de Alianza para el Progreso. 

Estos antecedentes y vínculos políticos hoy llevan a que exista una sospecha más que válida con respecto a si detrás del proceder de la jefa del Departamento de Recursos Humanos existe algo más que una obstrucción involuntaria al proceso disciplinario contra Torres Saravia que, por ahora, ha sido blindado.

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