El propio alcalde de Lima lo acusó de realizar publicaciones difamatorias, pero ha logrado dos designaciones durante la gestión del político de Renovación Popular.

Pocos podrán olvidar lo que se vivió durante la contienda por la alcaldía limeña a finales del 2022. La rivalidad entre Rafael López Aliaga, candidato de Renovación Popular, y Daniel Urresti, representante de Podemos, llevó a que ambos dejen de lado, en más de una oportunidad, la necesidad de propuestas para la capital y se centren en lanzarse adjetivos y hasta acusaciones muy serias.

Para López Aliaga, lo controversial no es un territorio desconocido. El líder del partido que anteriormente usaba el nombre de Solidaridad Nacional es conocido por su cercanía a grupos ultraconservadores y de extrema derecha y, por lo tanto, durante su carrera política, en varios momentos, ha sido acusado de realizar comentarios indolentes, machistas y discriminadores.

Sin embargo, durante su batalla con Urresti por el sillón municipal, el actual burgomaestre limeño se vio involucrado en un serio caso de difamación del cual se intentó defender culpando a un integrante de su equipo al que, posteriormente, ha premiado con dos designaciones tras su llegada a la Municipalidad de Lima.

LAVADA DE MANOS

Con las encuestas anticipando un mano a mano muy reñido entre López Aliaga y Urresti, cada declaración de los candidatos podía jugar un papel clave. No obstante, este panorama parecía haber llevado a que el candidato del partido celeste se valga de cualquier recurso para golpear la candidatura rival incluso si no tenía las pruebas para sustentarlos o si no estaba realmente convencido de las afirmaciones usadas.

En este intento de afectar al contrincante, en las redes de López Aliaga se acusó al exministro humalista de violación y del asesinato del periodista Hugo Bustíos y, si bien Urresti fue condenado a doce año de prisión por el asesinato de Bustíos, esto recién ocurrió en abril del 2023 y la acusación fue en el contexto de las elecciones que se realizaron en octubre del 2022.

Aunque se trataba de una acusación seria, el entonces candidato a la alcaldía parecía no tomarlo de esa manera y, por sus declaraciones posteriores, no mostraba tener un gran conocimiento del caso ni estar convencido de la acusación hecha contra Urresti. “El que se pica pierde. Parece una niña engreída, realmente. Eso no es de hombres”, respondía López Aliaga a los medios cuando le consultaban por las posibles acciones legales que tomaría Daniel Urresti en su contra.

El panorama cambiaría cuando Urresti Elera lo denunció por difamación agravada y el ya entonces alcalde electo se desligó de las acusaciones hechas. “No es un hecho realizado por mi persona”, indicó durante la audiencia. Cuando se le pregunta por el responsable de la publicación, Rafael López Aliaga señala que “el jefe de redes de la campaña es Cristian Salazar Mateo. La publicación la hace él”. Estas declaraciones quedaron registradas en el siguiente video que publicó el medio Infobae.

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PREMIO PARA EL ACUSADO

Tras haber realizado una publicación que, supuestamente, no contaba con la anuencia del líder del partido, más de uno se imaginaría que este jefe de redes perdería su puesto tras haberse visto involucrado en un caso de difamación. Sin embargo, la historia tomó un rumbo inesperado para Cristian Salazar Mateo.

El 5 de enero del 2023, a menos de una semana de la llegada de Rafael López Aliaga al palacio municipal, Cristian Jon Salazar Mateo fue designado como asesor de la Gerencia de Comunicación Social y Relaciones Públicas de la Municipalidad de Lima.

Cristian Rebosio

Pero aquí no terminarían las sorpresas para quien fuese el jefe de redes en la campaña del alcalde. El martes 21 de mayo del presente año, Salazar Mateo fue designado como miembro del Consejo Directivo del Patronato del Parque de las Leyendas en un comunicado firmado por Rafael López Aliaga.

Cristian Rebosio

Paradójicamente, mientras la gestión de López Aliaga pretende mostrar una postura implacable contra la difamación, la Municipalidad de Lima parece no haber tenido problema en darle un espacio a un personaje que, supuestamente sin el aval del entonces candidato, realizó una acusación sin pruebas.

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Aunque el historial del ahora condenado Daniel Urresti está lejos de ser inmaculado, la manera en que Renovación Popular abordó este caso, sin estar convencidos de las acusaciones hechas, expone la poca rigurosidad de un grupo político que, desde el poder que le otorga el sillón municipal, hace referencia a la difamación ante cualquier informe crítico.

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El alcalde de La Molina, Diego Uceda, se vuelve a enfrentar a serias acusaciones. La teniente alcalde de este distrito ha conversado con Sudaca para exponer la hostilidad que viene padeciendo y estaría siendo orquestada desde la propia municipalidad.

El pasado mes de febrero empezó a circular en redes sociales un escandaloso audio en el cual se escuchaba a Diego Uceda, alcalde de La Molina, realizar comentarios ofensivos contra su teniente alcalde Milagritos Quintana Mogollón. En la grabación se escucha al político de Renovación Popular durante una reunión con funcionarios municipales en diciembre del 2023.

Tal como expuso Sudaca en exclusiva en el mes de marzo, este caso fue tan grave que el Décimo Juzgado de Familia, tras escuchar el testimonio de Quintana, resolvió que el burgomaestre se debería someter a una terapia psicológica por la violencia psicológica ejercida contra Milagritos Quintana, a quien también se le brindaron otras medidas de protección.

 

DE MAL EN PEOR

Sin embargo, meses después, esta dinámica violenta contra funcionarios que cuestionan al alcalde Uceda parece no haber cambiado en la Municipalidad de La Molina. Sudaca conversó con Milagritos Quintana y su testimonio no sólo expone que la cabeza del municipio no ha mejorado su trato sino  que, además, los actos de hostilidad en su contra parecen haber ido escalando en su agresividad.

A ello se le ha sumado que, en una sesión extraordinaria del Concejo Distrital de La Molina que se llevó a cabo en los primeros días de mayo, el pedido que realizó la teniente alcalde de una suspensión por treinta días para el alcalde Uceda como consecuencia de sus desafortunadas expresiones fue rechazada y lo que se tomó en cuenta para ello fue que estos agravios no ocurrieron en el contexto de una sesión del concejo.

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“He estado siendo hostilizada”, señala Quintana y agrega que, tras su denuncia al alcalde,  incluso se han difundido noticias falsas sobre ella y su familia. “Ha salido un denuncia de mi esposo y esa información es falsa. Sacaron un reel en redes sociales diciendo que yo había denunciado a mi esposo”, explicó.

Milagritos Quintana relata que, entre estas noticias falsas en su contra, una de las que más circuló fue una en la que era acusada de tener una deuda de tres millones de soles con la Sunat. Esta información llegó a ser publicada en medios como es el caso del diario Expreso, el cual tuvo que rectificarse debido a que Quintaba había dejado de ser accionista de la empresa que acumuló esta deuda después de su salida. 

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LOS ALIADOS DEL ALCALDE

Fue en redes sociales en donde más se difundieron estas noticias falsas sobre la teniente alcalde. Entre el material que circuló se encontraba el siguiente video en el que, según aclaró Quintana, mintieron y, además, se refirieron a ella de forma despectiva, la acusaron de querer quedarse con el cargo del alcalde Uceda y hasta hacen referencia a la violencia contra la mujer en forma de burla.

Sin embargo, esta aparente campaña contra Quintana también se desplegó con fuerza en los grupos de vecinos de La Molina. Como se puede observar en la siguiente captura, la información falsa sobre una deuda con Sunat fue difundida en Facebook.

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Pero, en estas publicaciones, Milagritos Quintana pudo descubrir a la persona detrás de estas acusaciones. Tal como se puede ver en la siguiente imagen, quien se encargó de darle voz a esta denuncia pública fue Sara Figari Zúñiga, quien se presenta como dirigente vecinal y es la persona que maneja este tipo de grupos. 

Cristian Rebosio 

Además, Milagritos Quintana relata que esta persona se ha encargado de atacarla constantemente en redes sociales y, como queda expuesto en la siguiente captura, incluso a llegado a involucrar a miembros de su familia en sus publicaciones.

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Para Quintana, estos ataques no serían una casualidad y señaló que existe una cercanía entre Figari y la gestión actual, a la cual defiende y celebra en el grupo de Facebook que maneja. Tal como lo ha podido comprobar Sudaca, Sara Figari ha realizado, tan sólo en lo que va del 2024, más de diez visitas a la Municipalidad de La Molina. 

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Cuando Milagritos Quintana denunció al alcalde Diego Uceda tras escuchar los comentarios denigrantes que el burgomaestre realizaba sobre ella ante otros funcionarios, la jueza María Delia Ubillus Vargas del Décimo Juzgado de Familia dictó una serie de medidas de protección entre las cuales ordenaba prohibir cualquier tipo de represalia por la denuncia hecha así como cualquier acto violento como amenazarla, humillarla y denigrarla. 

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No obstante, por lo que ha relatado Milagritos Quintana, pareciera que el alcalde Uceda ha encontrado la manera de no exponerse directamente a una nueva denuncia y, por medio de sus aliados, continuar con la hostilidad y aparente venganza en contra de aquellos funcionarios incómodos para su gestión. “Si hay actos de corrupción, no tengo la culpa de eso”, comenta Quintana, quien siente estar pagando un precio demasiado alto por exponer las irregularidades de un municipio en el que la agresión se ha convertido en un capítulo que se repite.

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El polémico detrás de escena del salto a la fama del exministro Juan Carrasco Millones en su época como fiscal adjunto.

En un país en el que abundan la historias de jueces, fiscales y abogados que, por el precio correcto, parecen estar dispuestos a manipular la justicia para beneficiar hasta a los delincuentes más siniestros, la aparición de personajes que cumplen con su trabajo en la lucha contra el crimen termina por generar en la población un entusiasmo propio de quien encontró a un ser que creía extinto.

Sin embargo, no todas las historias de estos personajes que, por momentos, parecieran ser los únicos dispuestos a defender las banderas de la justicia tienen un final en el cual estos héroes inesperados logran consagrarse en ese rol sino que, por el contrario, son varios los casos en los que se descubre que las motivaciones que los impulsan pueden estar tan corrompidas como las de aquellos contra los que dicen luchar.

TODO POR EL PODER

Este parece ser el caso del exministro Juan Carrasco Millones según lo expuesto por Carlos Cabrejos Vega en su libro publicado recientemente  titulado “El falso Sheriff”. En este texto, Cabrejos relata el violento momento que atravesaba Lambayeque hace más de una década en medio de las extorsiones y peleas por el control de las obras de construcción civil.

En medio de ese panorama de aparente desinterés de las autoridades por combatir a quienes habían acabado con la tranquilidad de la región es que toma notoriedad el nombre del fiscal adjunto provincial penal de Chiclayo, Juan Carrasco Millones, quien formaría parte de una mesa de diálogo que pretendía dar una solución a las extorsiones e informalidad del sector transporte.

Carrasco se enfocó, durante aquellos años, en promover investigaciones y juicios orales a extorsionadores. Carlos Cabrejos detalla en su libro que Carrasco Millones pretendía darle uso a la formación política que tuvo como parte del Frente de Integración Estudiantil para que su imagen pública tome mayor importancia.

Si bien una dosis de vanidad puede parecer un dato irrelevante si la historia se trata de una autoridad que, finalmente, podía ponerle fin a los problemas con la delincuencia que aquejaban a la región, la respuesta delo propio Carrasco a un periodista terminaría por exponer que el exfiscal había construido una imagen que estaba muy lejos de la realidad.

“¿Y luego de qué vivimos, don Carlos?”, fueron las palabras que Carrasco Millones le dijo a un periodista que, tras una conferencia de prensa, le preguntó “¿por qué si ya se tiene la estrategia para combatir a la delincuencia, no se acababa con ella?” y que empezaron a exponer sus verdaderas intenciones y compromiso con la justicia.

El coronel Jorge Linares Ripalda es uno  de los que conoció a Carrasco Millones en sus inicios y pudo presenciar desde la primera fila la manera en que el exministro operó en contra suya y de sus hombres cuando estuvo en Lambayeque intentando darle pelea a las bancas criminales de esta zona. Según se enteró el propio Linares, Carrasco incluyó a sus hombres en un organigrama que pretendía involucrarlos con actos delictivos pese a que no contaba con las pruebas para sustentarlo.

El general PNP Eleuterio Díaz Pérez sería otra de las personas afectadas por el entonces fiscal que lo culpaba por la rotación de su personal de confianza. Para ese momento, Carrasco Millones no sólo se mostraba como un personaje que disfrutaba de la fama sino como alguien que podía realizar serias acusaciones en su intento de escalar y empezó a ser visto con cierto temor en su entorno laboral.

PROHIBIDO CRITICAR

Pero para Carrasco no bastaba el poder que venía acumulando en su institución ni el temor de algunos colegas. El fiscal provincial también intentaría intimidar a aquellos medios que, por aquella época, empezaban a realizar publicaciones incómodas sobre el trabajo que venía realizando.

Uno de estos medios fue el semanario “El Gato”, el cual era un crítico severo de su labor contra las mafias extorsionadoras así como de algunos allanamientos extraños. Si bien Carrasco Millones ya tenía en la mira a este medio desde el inicio de sus publicaciones, no tardaría mucho en tomar acciones en contra de ellos.

Para 2014 se publicó un informe policial, hecho por pedido del Ministerio Público, en el cual se acusaba al medio de amedrentar a las autoridades y se intentaba vincularlo con la gestión del alcalde Roberto Torres. Como era de suponerse, el fiscal a cargo de esta investigación fue Juan Carrasco Millones.

En su libro, Carlos Cabrejos sospecha que el accionar de Carrasco Millones contra el alcalde Roberto Torres y los funcionarios de su gestión no fue producto de una lucha contra la corrupción sino de una venganza contra quienes sentía que podían ser una amenaza para el poder que estaba construyendo y, tal como lo informó Sudaca en informes previos, hubo muchas irregularidades en el accionar de Carrasco en el caso del exalcalde Torres que respaldan las sospechas de Cabrejos.

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Carlos Cabrejos, Juan Carrasco, Lambayeque

Mientras siguen dándose a conocer detalles que complican la situación de Martín Gonzáles Sánchez, el exdirector de la DIGIMIN, aparecen nuevos nombres y hechos que exponen el copamiento de puestos claves para lograr la impunidad de algunos personajes.

La detención del director de la Dirección General de Inteligencia (DIGIMIN), el coronel PNP Martín Gonzáles Sánchez, parece haber destapado una serie de irregularidades que comprometen a varios personajes vinculados al gobierno de turno así como al que encabezaba Pedro Castillo.

Acorde a la información que maneja la Fiscalía, Gonzáles Sánchez tuvo una participación clave en la fuga de personajes como Juan Silva, César Hinostroza y Fray Vásquez, el  sobrino de Pedro Castillo. El coronel PNP habría sido el responsable de alertar a estos prófugos sobre las acciones de la policía para que estos puedan adelantarse a sus movimientos y seguir escapando de la justicia.

Además, con respecto a su relación con el gobierno de Dina Boluarte, Gonzáles Sánchez habría sido el encargado de desbaratar el Equipo Especial de la Policía Nacional, el cual era liderado por Harvey Colchado, un hecho que fue seriamente cuestionado e interpretado como una venganza.

Pero, por supuesto, le presencia de Gonzáles Sánchez en un puesto clave no es una coincidencia. Acorde a la información que se dio a conocer durante el pedido de prisión preventiva para el exdirector de la DIGIMIN, el exministro Juan Carrasco Millones fue el responsable de la llegada de Martín Gonzáles a este puesto cuando estuvo al frente del Ministerio del Interior.

Aunque la información que se maneja actualmente también vincula la designación de Carrasco Millones como ministro del Interior a un pedido de Gonzáles Sánchez al prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Según información del programa Cuarto Poder, tras una reunión que se llevó a cabo en julio del 2021, en la cual Gonzáles expuso el seguimiento que se le venía realizando a Cerrón, se llegó al acuerdo de designar a Carrasco Millones como ministro.

Cristian RebosioA esto se le suma que, tal como se pudo apreciar en la imagen anterior, el propio Carrasco Millones mantenía diálogo con el sobrino de Pedro Castillo y se refería a Gonzáles Sánchez como alguien que podía “ayudar con sus problemas de investigación” para, posteriormente, brindarle el número del entonces director de DIGIMIN.

Además, también se presentó la declaración de un testigo en reserva que expuso la cercanía del exministro con el sobrino de Pedro Castillo Terrones. Según su declaración, incluso en la época en que Fray Vásquez se encontraba más complicado con la justicia, quien seguía en comunicación con él y se mantenía dispuesto a ayudarlo era el ministro Carrasco Millones.

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Cabe señalar que, además, en los días previos a la detención de Martín Gonzáles Sánchez, más precisamente el 23 de abril, el exdirector de DIGIMIN fue fotografiado reunido con Romel Agustín Díaz Paz, secretario de la Inspectoría General de la Policía. Esta reunión ocurrió días después de la suspensión a Harvey Colchado.

Esta información toma especial relevancia por el vínculo que existe entre Juan Carrasco Millones, el responsable de llevar a Gonzáles Sánchez a DIGIMIN, y Romel Díaz Paz, quien tuvo una participación especial en la elaboración de los informes de inteligencia para las prisiones preventivas que Carrasco Millones solicitaba en sus días como fiscal y que, tal como lo ha informado Sudaca en otros informes periodísticos, mostraban serias irregularidades y, en numerosos casos, las personas detenidas eran liberadas posteriormente debido a la falta de pruebas.

Sin embargo, este no es el único dato que compromete a Díaz. Años atrás, luego de la detención del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, algunos de los funcionarios de su gestión que también fueron detenidos declararon que el burgomaestre afirmaba tener un policía que lo alertaba de cualquier operativo que se estuviese por realizar en la municipalidad y el nombre mencionado fue el de Romel Díaz Paz.

Paradójicamente, pese a estar involucrado en numerosos casos de prisiones preventivas que no concluían en condenas y presentaban serias irregularidades en la sustentación, el exministro Carrasco Millones a declarado con respecto a la detención y prisión preventiva para Martín Gonzáles Sánchez que “La estrategia era detener para investigar, pero se ha olvidado que hay un nuevo Código Procesal Penal, donde la exigencia es: investiga para detener”.

 

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El cuestionable historial de Romel Díaz Paz, el coronel de la PNP que habría estado involucrado en la polémica suspensión a Harvey Colchado. 

Durante el viernes 26 de abril, un megaoperativo  a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público se convirtió en la principal noticia de la semana. Tal relevancia era entendible debido a que a dicho día terminaría con la detención de Martín Gonzales Sánchez, quien supo ocupar el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia. 

Sobre Gonzales Sánchez pesaban acusaciones muy serias debido  a que era señalado como el responsable de filtrar información que ayudaron a que Fray Vásquez Castillo, sobrino de Pedro Castillo, y Juan Silva, exministro del gobierno de Castillo Terrones, pudiesen evadir con éxito los operativos que se planeaban para capturarlos. Además, también era sindicado como responsable de la fuga del exjuez César Hinostroza.

UNA FOTO PARA EL RECUERDO

 Sin embargo, la situación de Martín Gonzales, como suele ocurrir en estos casos, compromete a muchas más personas en cargos importantes. Esto habría quedado en evidencia en la foto que publicó Latina y que corresponde al 25 de abril. En esta imagen se puede observar a Gonzales Sánchez reunido con el coronel PNP Romel Díaz Paz. Cabe señalar que Díaz trabaja como secretario en la Inspectoría de la PNP, oficina que fue responsable de la suspensión a Harvey Colchado, y, además, es el oficial de mayor confianza del inspector general Jhonny Veliz, tal como lo explicó el periodista de Latina, Rodrigo Cruz.

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UN POLICÍA NADA EJEMPLAR

Pero esta no es la primera vez que Romel Díaz Paz se ve involucrado en situaciones sospechosas. En 2014, el exministro Juan Carrasco Millones, quien en ese entonces se desempeñaba como fiscal adjunto, saltó a la fama por liderar el caso “Los Limpios de la Corrupción” que terminó con la detención del alcalde y más de veinte funcionarios de la Municipalidad de Chiclayo.

Sin embargo, años después se conoció que muchas de las prisiones preventivas que se dieron para este caso no estaban correctamente justificadas. Es en esta parte de la historia que aparece el nombre de Romel Agustín Díaz Paz, quien figura como uno de los responsables del informe de inteligencia que usó Carrasco Millones para conseguir las detenciones.

En 2019 se tomó la declaración de Luis Enrique Farfán Silva, quien para 2014 se desempeñaba como jefe de la OFINTERPOL, y dijo desconocer el trámite del cuestionado informe que involucraba a Díaz Paz y agregó que, tanto él como otro el policía involucrado, no estaban bajo su mando. 

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Otro de los episodios cuestionables en la carrera de Díaz Paz se remonta al año 2018, cuando se produjo la captura del alcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel, y varios funcionarios de su confianza. En aquella oportunidad, Nilton César Monje Sampen, uno de los funcionarios de la gestión de Cornejo Chinguel, realizó unas declaraciones que comprometían seriamente a Romel Díaz.

Según lo que contó Monje, el alcalde Cornejo tenía un amigo en la policía que, tal como quedó registrado en las declaraciones que dio en esa oportunidad, “le advertía d todo tipo de operativos hacia la Municipalidad Provincial de Chiclayo” y hasta se jactaba de haber podido frustrar operativos que iban a exponer las irregularidades de su gestión gracias a la información de Romel Díaz, a quien Monje identificó con nombre y apellido.

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Pero, extrañamente, Nilton Monje Sampen pidió realizar una ampliación de declaración en la cual negó que Romel Díaz haya sido el policía que filtraba información. Monje intentó justificar este cambio alegando que, debido a un cuadro de diabetes emotiva, se refirió a Romel Díaz sólo porque fue un nombre que surgió en comentarios y, además, afirmó no conocer a Díaz en persona y que ignoraba el rango que ostentaba.

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Aunque Monje no sería el único que identificaría a Romel Díaz como el infiltrado del alcalde Cornejo Chinguel. Susana Culqui Pacaya, subgerente de coordinación de alcaldía, también en la que expuso a Romel Díaz como el policía que actuaba en complicidad con el alcalde Cornejo y, en las declaraciones que brindó el 28 de enero del 2019, Culqui relató que el alcalde le comentó que el comandante Díaz la conocía y había estudiado con ella.

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En este último caso también se pudo observar un proceder cuestionable por parte del exministro Juan Carrasco Millones. Esto quedó en evidencia cuando Carrasco tuvo a su cargo la investigación con respecto a las acusaciones al policía Romel Díaz Paz y se observaron algunas irregularidades.

Una de ellas se puede encontrar en la siguiente imagen en la cual Carrasco Millones solicitó que se genere la carpeta fiscal vinculada con la investigación a Romel Díaz Paz. En este oficio dirigido a mesa de partes Carrasco Millones puso como fecha 28 de enero, pero también hace referencia a una disposición que se conoció el 4 de febrero, un dato que no podría haber conocido en la fecha que supuestamente generó la carpeta fiscal.

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Si bien a las nuevas investigaciones les queda un largo camino por recorrer, el historial de Romel Díaz Paz sumado a su cercanía a Martín Gonzales y la tan criticada suspensión a Harvey Colchado invitan a creer que, una vez más, la justicia no ha sido la prioridad para muchos de los encargados de protegerla.

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El conocido gimnasio Bodytech se encuentra bajo serios cuestionamientos por sus clientes luego de un inesperado cierre de sedes y problemas con la devolución de dinero. Sudaca conversó con los afectados para conocer esta historia.

Durante los últimos años se viene observando, como una tendencia mundial, que llevar un estilo de vida saludable ha cobrado especial importancia y, para lograr este objetivo, las personas optan por diferentes alternativas entre las que se encuentra el dedicarle un tiempo considerable a la actividad física. Como consecuencia, la proliferación de gimnasios se ha vuelto evidente en todo el país.

Sin embargo, pese al éxito que han logrado varios de estos negocios, no todos están brindándole el mejor trato a sus clientes. Este parece ser el caso del reconocido gimnasio Bodytech. Esta cadena de gimnasios de origen colombiano hoy se encuentra en el ojo de la tormenta debido a que sus clientes denuncian engañosas maniobras de venta e irregularidades en la devolución del dinero.

PROMOCIONES ENGAÑOSAS

En diciembre del año pasado, Amparo Saucedo acudió a la sede de Bodytech ubicado en el centro comercial La Rambla para aprovechar una promoción que le ofrecía inscribirse por un año y recibir un mes gratis. Amparo se había enterado por su hermano, quien por ser cliente de este gimnasio se había enterado de esta oferta.

Sin embargo, tan sólo un mes después, Amparo se sorprendió con la noticia que Bodytech iba a cerrar la sede en la que se había inscrito. Cabe señalar que, a diferencia de otros gimnasios, en Bodytech sólo se puede asistir a la sede en la que el cliente se inscribió. Ante este panorama, Amparo optó por la devolución del dinero. “Nos hicieron llenar un formato y dijeron que se iban a comunicar con nosotros”, relató a Sudaca.

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Tal como se puede observar en la imagen, la solicitud de devolución que presentó Amparo Saucedo se registró el 6 de enero. Pero, para finales de febrero, la fecha de la devolución seguía siendo una incógnita y, pese a la insistencia de Amparo, los encargados del gimnasio no le brindaban ninguna fecha en la que esto podría ocurrir.

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En los últimos días de abril, Amparo recibió una nueva comunicación del gimnasio vía correo electrónico. “Hace unos días me ha llegado otro correo que indica una nota de crédito, pero nada más”, señala Amparo, pero agrega que el dinero que debían devolverle no ha sido depositado a su cuenta bancaria y que en este correo tampoco se menciona la fecha en la que podría ocurrir.

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También en diciembre del año pasado, José Falcón, quien llevaba un tiempo como cliente de Bodytech, recibió un mensaje por Whatsapp en el cual lo invitaban a aprovechar una promoción para suscribirse a un plan anual. “Me dijeron que tenían una promoción especial y capaz el próximo año estaba más caro”, cuenta Falcón, quien finalmente terminó por aceptar dicha promoción.

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Pero cuando José quiso hacer uso del servicio que había pagado encontró que la sede de Bodytech en La Rambla estaba cerrada. Falcón consideró la opción de trasladarse a otra sede de esta cadena de gimnasios, pero terminó por descartarla debido a que se encontraba sobrepobalada y, por ello, solicitó que de devuelvan el monto que había pagado en diciembre.

Aunque pidió el reembolso en enero, durante varios meses no obtuvo respuesta. Esto recién cambiaría a finales del último mes, cuando Bodytech le comunicó que la devolución del dinero ocurriría recién en el mes de octubre. 

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“Me dicen que no hay representante de Bodytech. Prácticamente la empresa está en modo fantasma y lo que han hecho es restringir los comentarios en redes sociales”, comenta Falcón, quien hasta la fecha no ha recibido una explicación razonable para que retengan su dinero durante tantos meses y tampoco encuentra a un representante del gimnasio que resuelva estas dudas.

“La membresía me la han vendido en quincena de diciembre sabiendo que la sede va a cerrar”, reclama Falcón y señala que la ausencia de un representante de Bodytech que atienda sus reclamos lo lleva a desconfiar de la fecha en que, supuestamente, le van a reembolsar el dinero que pagó porque tema que el cierre de sedes continúe y la marca abandone el país en corto plazo. “Si no se piensan quedar, menos les va a importar cumplir con sus obligaciones”, advierte.

Arturo Padilla es otro de los clientes afectados aunque, a diferencia de los anteriores, la sede de Bodytech a la que asistía se encontraba en Miraflores. Según contó a Sudaca, el gimnasio seguía ofreciendo promociones para que los clientes renueven sus suscripciones hasta días antes de anunciar el cierre del local. “Ellos anuncian el 3 de enero que el cierre de la sede era para el viernes 12. Pero ellos han estado anunciando hasta el día 29 la promoción del 2×1 por un megáfono”, comenta.

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Padilla solicitó la devolución del dinero que correspondía por el tiempo que faltaba para que termine el servicio contratado, pero también se encontró con una serie de demoras y explicaciones insatisfactorias. “Envían la nota de crédito, pero no te depositan nada en tu cuenta. Me dijeron que la nota es para que sepa que mi trámite está aprobado, pero no hay fecha de devolución”, explicó Arturo.

Ante esta incertidumbre por el reembolso, Arturo Padilla se contactó mediante el sitio web LinkedIn con un ejecutivo corporativo de Bodytech, quien le indicó que, para la devolución del dinero, “sólo falta la firma de Colombia”. Sin embargo, esta información se contradice con lo manifestado con otras versiones de clientes que, al buscar respuestas en las redes sociales de Bodytech Colombia, han recibido como respuesta que ellos no tienen relación con la situación de los gimnasios en Perú. 

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HISTORIAL NEGATIVO

Tal como se puede observar en la nota de crédito que enviaron a algunos clientes, Inverdesa Perú S.A.C es el nombre de la empresa responsable de los gimnasios Bodytech en Perú y, al revisar su historial, parecen existir razones más que válidas para que sus clientes estén preocupados.

En 2020, Indecopi publicó un ranking con las cinco empresas que más reclamos recibieron por las dificultades que debían afrontar sus clientes al momento de desafiliarse o cancelar una suscripción y en esta lista figuraba Inverdesa Perú S.A.C en el cuarto lugar. Además, en los años posteriores, esta empresa ha seguido sumando denuncias y, entre 2020 y el 2024, Inverdesa Perú S.A.C acumuló treinta y cinco sanciones que los han llevado a recibir cincuenta y cuatro sanciones.

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Sudaca conversó con Crisólogo Cáceres, presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), para conocer los pasos que podrían seguir los clientes afectados. Según Cáceres, “Si la intención del gimnasio es cerrar, lo mejor es que quede constancia con una denuncia para que la autoridad tenga más herramientas para hacer que se respeten los derechos de los consumidores”.

Además, Cáceres explica que las pruebas que estos clientes tienen en las que queda expuesto que Bodytech los incentivó a renovar o adquirir suscripciones para el gimnasio a pocos días del cierre de las sedes puede servir como agravante en la denuncia y que esta puede llegar a sancionar a la empresa hasta con 450 UIT (S/2,317,500).

En los gimnasios, las rutinas suelen usarse para que los usuarios sepan qué ejercicios realizar para alcanzar el objetivo con el que se inscribieron. Pero en las oficinas de Bodytech pareciera que existió una rutina del engaño que buscaba convencer a los clientes de aceptar ofertas que luego no iban a poder cumplir ni reembolsar en un tiempo considerable.

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Bodytech, denuncia, Indecopi

Aparece nueva evidencia que expone a los infiltrados que el gobierno de Pedro Castillo había colocado en puestos estratégicos para beneficiar, entre otros, al prófugo sobrino del exmandatario.

Este último viernes 26 de abril se produjo la detención de un coronel de la policía de nombre Martín Gonzáles Sánchez, quien en su momento ocupó el cargo de jefe de la Dirección General de Inteligencia (Digemin). Sobre González pesa la acusación de pertenecer a una red criminal cuyo objetivo era obstaculizar los trabajos de captura a personajes vinculados con el expresidente e incluso hasta habría facilitado la fuga del juez César Hinostroza.

Sin embargo, que estas personas colaborasen con Castillo y sus allegados no se debería a una simple casualidad. Sudaca accedió a estos documentos que comprometen a González Sánchez y que también ponen al descubierto a los que colaboraron para que se puedan colocar a estos infiltrados en puestos clave. 

LA BANDA DE ACCIÓN

Acorde a los documentos revisados por este medio, Gonzáles Sánchez es señalado como uno de los integrantes de la presunta organización criminal llamada “Red Criminal en el Poder” que habría sido liderada por Pedro Castillo durante su paso por la presidencia.

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Aprovechando el cargo que ostentaba, Martín Gonzáles se habría encargado de la filtración de información que ha sido calificada como “sensible y confidencial”. Con ello, este coronel de la policía ponía en alerta a los integrantes de la presunta organización criminal sobre las investigaciones así como las acciones de inteligencia de búsqueda y captura de prófugos.

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Claro que esta labor de filtración no fue realizada únicamente por Gonzáles. Haciendo un uso indebido de su cargo como director de la Digemin, el coronel Gonzáles promovió las designaciones de José Luis Alarcón Camacho y Martín Hanns Barco Rivadeneyra en posiciones claves en la División de Búsqueda de Personas (DIVBUS) para poder acceder con mayor facilidad a la información que Pedro Castillo y su entorno necesitaban para evitar ser capturados.

¿EL RECOMENDADO DE CARRASCO?

Sin embargo, la participación de Martín Gonzáles se habría originado tras la recomendación de uno de los minsitros que formó parte del gobierno castillista. Esta persona ha sido identificada como el exministro Juan Carrasco Millones. Acorde a las declaraciones que brindó un colaborador eficaz, Carrasco Millones se refirió a Gonzáles Sánchez como “una persona que tenía cercanía a la fiscalía y otros contactos”.

Además, el extitular del Ministerio del Interior habló de Martín Gonzáles como alguien que “podía ayudar con sus problemas de investigación” antes de brindar el número de contacto de este coronel de la policía.

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Tal como se pudo comprobar en la resolución suprema de su nombramiento, Juan Manuel Carrasco Millones se encontraba al frente del Ministerio del Interior en la fecha en la que Martín Gonzáles Sánchez fue designado como director general de la Dirección General de Inteligencia.

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A ello se le suma que se ha señalado a Carrasco Millones como la persona que intermedió para que el prófugo sobrino del expresidente Castillo se contacte con Martín Gonzáles Sánchez para conversar con respecto a la información que le iba a filtrar sobre las investigaciones y acciones de búsqueda que se venían realizando para capturar a Fray Vásquez Castillo.

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Con respecto a la cercanía de Carrasco Millones con el entorno de Pedro Castillo, cabe señalar que el ahora exministro incluso quedó registrado como uno de los visitantes a la polémica casa de Sarratea. Sin embargo, pese a las pruebas existentes, Carrasco no ha sido incluido, por ahora, en esta detenciones, aunque la situación podría experimentar un cambio radical en caso se presente una denuncia constitucional y el Congreso decida efectuar dicha acusación.

Si hasta la fecha existían cuestionamientos al gobierno de Pedro Castillo por los casos de corrupción que involucraban a sus funcionarios, estos nuevos testimonios ponen en evidencia que, durante su paso por Palacio de Gobierno, Castillo Terrones no sólo era indiferente a estos casos sino que hasta existía la voluntad de favorecer a los involucrados.

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Fray Vásquez, Juan Carrasco, Martín Gonzáles, Pedro Castillo

¿Cuándo empezó la lucha de Ana Estrada?

Ella tuvo un episodio muy fuerte en 2015 y estuvo internada por seis meses en el Hospital Rebagliati. Hay que recordar que lleva más de treinta años padeciendo la polimiositis. Su cuerpo iba deteriorándose y ese punto de quiebre que para ella significó casi una muerte en vida, una experiencia de terror que marcó la ruta para que ella pudiese renacer y conquistar su derecho a elegir los términos en los que iba a vivir y morir con dignidad. Cuando le dan de alta en 2015, ella cuenta que era un pedazo de piel con huesos de 35 kilos y que había salido otra persona de allí, que ya no era más ella, pero estaba determinada a empezar una nueva lucha para buscar su derecho a una muerte digna.

¿Cómo empezó a trabajar en el caso de Ana?

En 2019, Ana abre su blog para compartir su historia y luego tuvo una serie de reportajes que dieron eco de su voz hasta que, en noviembre, sale en Cuarto Poder y eso le da más visibilidad a su caso. La conozco a partir del reportaje, yo estaba en la Defensoría del Pueblo y ahí se inicia el trabajo para representar su caso y acompañarla desde la defensa jurídica.

Por las dificultades que representa encontrarse en un país en el cual la eutanasia no sólo es ilegal sino que, además, existe mucho desconocimiento al respecto, ¿se pensó en alguna otra alternativa?

Ella incluso buscó hasta la posibilidad de viajar. Porque en Perú la eutanasia es un delito, pero esto es algo que se practica. Ella pudo buscar la práctica en la clandestinidad, pero era poner en riesgo a las personas involucradas como su familia y a un médico si se ofrecía. También exploró la posibilidad de ir a Suiza pero costaba un montón de dinero. Son costos que no tenía la posibilidad de solventar. Después de explorar las alternativas ahí decide alzar la voz.

Durante estos años, ¿encontraron grupos que se convirtieron en los adversarios de esta lucha?

No es que hayan ido a plantarse a la casa de Ana, pero muchas de las voces disidentes se esconden en el anonimato y esto los envalentona a hablar en términos muy violentos. Es como si naturalizaran el odio. Estos personajes que en algunos casos son trolls, pero en otros tienen plataformas y minimizaban el coraje de Ana o, porque discrepaban de sus ideas políticas, la odiaban más. Es increíble cómo una mujer determinada, firme, con coraje y con las ideas bien zanjadas, pese a las limitaciones, se vuelve una amenaza. Casi dicen que es una cortina de humo. Por parte de la Iglesia también hubo pronunciamientos que develan la hipocresía de ciertos sectores que dicen ser afines a una religión que debería basarse en compasión y amor y, sin embargo, las acciones son contradictorias.

¿Cómo se comportó el sector salud?

Lo que sí tuvimos fue que el Colegio Médico del Perú se pronunció en su momento con una posición no muy clara. Por un lado decían que apoyaban el pedido de Ana, recuerdo un video que le mandó el decano mostrando su apoyo, pero a la vez decían que estaban a favor de la muerte digna de los cuidados paliativos. Utilizaban términos que, a nivel mundial y desde los más avanzados estudios de la bioética, ya no se utilizan y son terminologías desfasadas. Desde el Colegio Médico hay un desfase y se han quedado atrapados en el siglo pasado. La posición era un poco ambigua. Eran muy cautelosos. Creo que tienen una idea muy obsoleta de lo que significa el juramento hipocrático y lo invocan para decir que están en contra de la eutanasia, pero tampoco hablan de las condiciones de una persona que vive con altos niveles de sufrimiento y una enfermedad para la cual la medicina no tiene ninguna cura. La medicina más avanzada te dice que hay que respetar la autonomía y la dignidad del paciente, y eso, en algunos casos, involucra realizar procedimientos como la eutanasia sabiendo que siempre debe ser conforme a la autonomía de la persona que está perdiendo la dignidad a tal punto por el sufrimiento que vive que no tiene sentido preservar la vida biológica por encima de la vida biográfica. Hay todavía un trabajo por hacer con los médicos.

¿Por qué cree que entre los médicos existe esta resistencia?

Todavía están formados por un paradigma de la medicina obsoleto que no toma en cuenta las realidades que hoy tenemos. El paciente es un sujeto de derechos y el médico tiene que entender que su deber es servir al paciente y hacer valer la voluntad del paciente respetando su autonomía. Esto tiene que ver con una formación obsoleta de lo que ha sido la medicina muy divorciada de la ética médica y es una medicina muy paternalista en la cual el  medico sigue teniendo la última palabra. También hay un factor muy importante que es la religión. Lamentablemente, hay una distorsión de lo que son los preceptos católicos que terminan interviniendo en la práctica médica y, por ejemplo, la interpretación que se tenga del juramento hipocrático es antojadiza y permeada por sesgos religiosos que terminan desnaturalizando la prácticas y sobre todo si hablamos de hospitales públicos y cuando el médico no solamente es médico sino también funcionario público se quiebra altamente el principio de laicidad que debería garantizar esa separación de Estado e Iglesia que debería permitir que los medidos por mas creencias religiosas estas no pueden obstaculizar el servicio médico.

Luego de la experiencia que ha vivido con este caso, ¿se podría decir que el Perú es un Estado laico?

En la práctica no. Creo que estos casos ponen de relieve que el máximo pendiente que tenemos a secularizar el estado. La libertad de religión tiene que protegerse, pero lo que no se puede hacer es imponer esas ideas no sólo sobre otras personas sino en el actuar del Estado, el cual debe ser divorciado de lo que diga cualquier religión. Cuando existe un posicionamiento de la Iglesia que son contradictorios en temas de derechos humanos, el Estado no puede actuar desprotegiendo estos derechos porque la Iglesia tiene una posición. El tema es que el Estado está conformado por seres humanos que tienen sesgos impactados por la religión. Está bien tenerlo en tu casa, pero eso es Estado y no se puede naturalizar que se intervenga en la función pública. Ayer el Colegio de Abogados de Lima me llama para hacer una conferencia por el caso de Ana e invitan como la contraparte a un reverendo. Qué tiene que hacer un reverendo en una discusión que es jurídica y, además, es patrocinada por el Colegio de Abogados. Estamos muy mal en eso. El caso de Ana no solamente es una conquista, también es una lucha por secularizar el estado.

¿Cómo lidiaba Ana con esta influencia de la religión que no sólo se oponía a su pedido sino que también tenía integrantes que la ofendían?

Las dos llegamos a tener la piel curtida. Intentábamos no estar expuestas a ello. Por un tiempo, Ana cerró sus redes sociales por la cantidad de cosas que recibía. Era muy violento. Ambas lo interpretábamos como de quien venía, de un pobre alma cuyo odio venía de una carencia de amor. Te generaba un enojo por pensar quién se creían para decirle eso a Ana sin haber vivido lo que ella. Daba lastima esa persona por el enojo que tenía. Pero habían momento en los que sí afectaban.  Pero sabíamos que siempre iba a haber una reacción y es parte de la resistencia y el mover el status quo.

¿El camino legal que siguió Ana puede servirle a otras personas que buscan una muerte digna o fue un caso particular?

Hay una sentencia que  va a sentar un precedente y reconoce que la muerte digna es un derecho fundamental. Ahí hay un desafío en la definición, yo trato de dar pedagogía para definirlo de acuerdo a los tribunales que mejor lo han hecho, como es el caso de la Corte Constitucional de Colombia que el derecho a la muerte digna como el derecho a poner fin a la vida cuando seguir prolongándola es contraria a la idea propia de dignidad. Ese derecho se basa en la autonomía y la dignidad. La existencia al derecho a la muerte digna, que antes ningún juez lo había reconocido, sienta un precedente para que otras personas puedan invocarlo a través de un proceso judicial. Lamentablemente, en el caso de la eutanasia como forma de ejercer a la muerte digna, la excepción que se hizo solamente se restringió al caso de Ana. Creo que el reconocimiento al derecho de la muerte digna debería llevar a la despenalización de ese delito. No se puede hablar que existe un derecho a decidir si me estas restringiendo una opción que es una forma de ejercer ese derecho a una muerte digna.

¿Existen otras alternativas?

Existe otra forma de ejercer el derecho a la muerte digna que no es un delito y es lo que en términos técnicos se llama la adecuación del esfuerzo terapéutico o lo que está reconocido en la ley como el rechazo al tratamiento médico. Si una persona es dependiente de una medida sin la cual no podría segur prolongando la vida, puede decir que no consiente más esta medida y la obligación del médico es retirarla para que esta pueda dar pase a una muerte natural. La justicia ya ratificó que es legal y los médicos tienen que respetar esta voluntad. Eso no se sabe con mucha frecuencia y algunos médicos siguen pensando que es eutanasia, pero no es un delito y está contemplado en la ley general de salud.

Si bien la eutanasia todavía no fue legalizada, ¿considera que a nivel social existe más aceptación por esta alternativa?

Creo que son muchísimos más los que están a favor. Nuncia había recibido tantas muestras de admiración, amor y cariño a nivel mundial. En Sudamérica tienen a Ana como un rostro firme en la defensa de un derecho. En el caso de Ecuador, Paola Roldán utilizó la jurisprudencia del caso de Ana y ella ha sido testigo de cómo su caso estaba permitiendo que en otros países se estuviese librando la lucha para despenalizar la eutanasia. Creo que son muchísimas más las personas que están sensibilizadas sobre la importancia de garantizar el derecho a una muerte digna y esto poco a poco ira llegando a una discusión abierta .

¿Cuál era el legado que Ana Estrada deseaba dejar al partir?

Ana luchó para conquistar su derecho a la muerte digna, pero al hacerlo robusteció la defensa no sólo de su derecho sino de los derechos del resto. Luchaba pensando también en el resto y en el legado que deja para la sociedad peruana. La lucha por el derecho a la muerte digna no es solamente para morir con dignidad sino para vivir con dignidad. Es una lucha que converge una serie de principios que debe orientar el actuar del Estado y derechos que tienen que ver con la dignidad y respetarla de principio a fin. La muerte es un proceso por el que todos vamos a transitar y no tiene que ser en sufrimiento. Ana nos enseño que se puede tomar el control de la vida hasta el final y ese es el justo actuar si uno quiere hacerlo. El derecho está para el que lo necesite. El que piense que solamente Dios te puede quitar la vida está bien, pero estas opiniones no pueden imponer a quienes no desean este curso de acción. Ana también luchó por estos derechos que son obstaculizado por un Estado que se niega a ser laico. Es una lucha que comprende varias luchas que no son individuales sino colectivas, y eso lo sabía bien Ana.

La impactante historia de una prisión preventiva injustificada que le costará dos millones a la justicia peruana y deja inconcluso un caso de asesinato.

En la legislación peruana, la prisión preventiva aparece como la medida de mayor magnitud que pretende, mediante la privación de la libertad del imputado, garantizar que esté presente en el proceso y evitar que este pueda convertirse en un obstáculo en la investigación en marcha. 

Al restringir la libertad personal, para que se dicten este tipo de medidas se requieren sustentos sólidos que justifiquen su necesidad. Sin embargo, en más de una oportunidad, los criterios para solicitar y dictar la prisión preventiva han pasado por alto detalles claves que finalmente han derivado en que personas inocentes vean esfumarse varios meses y hasta años de sus vidas detrás de las rejas.

LAS CONTRADICCIONES DETRÁS DEL ENCIERRO

En diciembre del 2016, Heráclides Antonio Arenas Delgado recibió una de las peores noticias que había recibido en sus sesenta y cinco años de vida al escuchar que el Sétimo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Chiclayo había dispuesto que permanecería en prisión un año y medio.

cristian rebosio 

A Arenas Delgado  se le acusaba de ser presunto integrante de una organización criminal y corrupción de funcionarios en un caso que había tenido como desenlace fatal al asesinato de Luis Roberto Cieza Herrera, quien se venía desempeñando como funcionario de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT), en diciembre del 2015.

Heráclides Arenas había terminado involucrado en este caso porque había sido señalado como el contador de los hermanos Samuel y Carlos Roncal, quienes supuestamente tenían una investigación pendiente en SUNAT por defraudación la cual  se encontraba a cargo de Cieza Herrera.  

Acorde a la hipótesis del fiscal, Arenas había tenido la tarea de convencer a Cieza de modificar el informe que tenía a cargo ofreciéndole una considerable cantidad de dinero y, como el funcionario de SUNAT no aceptó la oferta que Roncal le hizo mediante su contador, se dio la orden de asesinar a Luis Cieza.

Para justificar la prisión preventiva de  Heráclides se había usado la declaración de Liliana Arenas Abanto, la viuda de Luis Cieza Herrera, quien había indicado que conocía a Arenas porque era padre de uno de los compañeros de aula de su hijo y, además, agregó que “trabajaba como contador para una empresa que no sé exactamente cuál es, pero mi referido esposo le había hecho una auditoría a dicha empresa”.

A ello se le sumó lo dicho por un testigo cuya identidad no fue expuesta pero que acusó a Arenas Delgado de ofrecer un soborno  al funcionario. “Un aproximado de 500 mil dólares para dejar de investigar a sus jefes de Agropucalá”, indicó quien fue identificado como el testigo con clave N° 04-2016.

Si bien estas declaraciones parecen comprometedoras, no tardaron en evidenciarse grandes contradicciones. La primera fue que la viuda de Cieza había declarado inicialmente desconocer dónde trabajaba y luego mencionó que lo hacía para Agropucalá. Aunque lo más llamativo al respecto fue que, tal como lo informó el propio Departamento de Personal de la azucarera en el Oficio N° 63-2017/DP, Arenas nunca prestó servicios para Agropucalá.

Aunque Heráclides Arenas no había sido trabajador de Agropucalá, sí trabajó para Samuel Roncal, uno de los sindicados como autores intelectuales del asesinato de Cieza. Pero el trabajo que realizó Arenas para uno de los hermanos Roncal como parte de un proceso de fiscalización había culminado para 2013 con la cancelación del impuesto y multa correspondiente.

Además, en diciembre del 2013, el propio Cieza Herrera había tramitado el Memorando N° 1102-2013-SUNAT-210200 con el cual se disponía el traslado de Samuel Roncal como contribuyente a Lima, por lo que tanto Cieza como la Sunat Lambayeque dejaron de estar facultados para la revisión de sus estados tributarios.

En el caso de Carlos, el otro hermano Roncal Miñano, se le había realizado una fiscalización por presunto delito tributario, aunque esta había concluido en junio del 2015 y, para julio del mismo año, Carlos Roncal ya había pagado el impuesto omitido que ascendía a los 250 mil soles.

Estos hechos llevaron a que la tesis del fiscal Germán Montero Ugaz, con la cual se había justificado la prisión preventiva de Heráclides Arenas, sea fuertemente cuestionada debido a que no parecía existir una razón para que los hermanos Roncal ofrezcan un soborno a Cieza Herrera y menos para que estos ordenen sus asesinato. 

Claro que esta información no llegó a evitar que Heráclides Arenas pase más de un año tras las rejas. Si bien abandonó la prisión sin ninguna sentencia en su contra, los meses que pasó privado de su libertad por un caso en el que no parecían existir argumentos sólidos representan una indiscutible injusticia.

Cabe resaltar que el fiscal Montero Ugaz se desempeñaba como fiscal adjunto del fiscal Juan Carrasco Millones, quien ha estado involucrado en varios casos de un mal uso de la prisión preventiva y que han sido relatados en informes periodísticos de Sudaca. Además, fue el propio Carrasco Millones quien estuvo presente en el relato del testigo clave 04-2016 cuyas declaraciones fueron usadas para solicitar la prisión preventiva de Arenas.

TIEMPO DE REPARACIONES

Si bien nadie podrá devolverle a Heráclides los meses de su vida que pasó detenido, la justicia contempla la posibilidad de exigir una indemnización por el daño sufrido. Es por ello que Arenas Delgado ha presentado recientemente una demanda por daños y perjuicios.

Arenas Delgado exigen la suma de dos millones de soles por concepto de lucro cesante, daño emergente o patrimonial, daño moral y daño a la persona, aspectos que se habrían visto afectados por su ingreso a prisión como consecuencia de la prisión preventiva que se dispuso años atrás.

cristian rebosio 

Además del dinero que el Estado tendría que pagar ante una demanda que Heráclides Arenas tiene grandes chances de ganar, lo que esta insólita historia expone es el uso que se le está dando al recurso de la prisión preventiva que le puede costar al país varios millones y, como consecuencia más grave, le puede costar a personas inocentes varios meses y años de una vida que no podrán recuperar.

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Chiclayo, Heráclides Arenas, Juan Carrasco
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