PELIGRO PÚBLICO

Otro de los integrantes de la lista de regidores –con el número 3– cuyo nombre nos remite a los pasillos del Poder Judicial es el de Yeremi Aron Espinoza Velarde. De la mano de Podemos Perú, Espinoza llegó al Congreso para el periodo complementario 2020–2021. En su declaración jurada admitió tener una sentencia por falsificación de documentos dictada en 2019.

Además, Espinoza Velarde es fundador de Dafi Salud, empresa familiar que le ha permitido inaugurar policlínicos. Uno de estos se encuentra en el distrito de El Agustino y, según expuso un informe del programa “Punto Final” a mediados del 2020, la empresa del excongresista había incumplido con el convenio firmado con la municipalidad de este distrito.

El caso empezó en 2010, cuando el municipio de El Agustino cedió un terreno para que el Grupo Dafi, cuyo gerente general era Espinoza, construya un policlínico con dos compromisos claves: donar la infraestructura a la municipalidad luego de 13 años y aportar un porcentaje de las utilidades anuales, que empezaría en 5 % y crecería progresivamente hasta llegar a 30%. 

Fue respecto a este último punto que estalló la controversia. Y es que, pese a las numerosas solicitudes de la municipalidad distrital para acceder a los balances financieros, Dafi se negó. Esta información era necesaria para que puedan calcular el monto que la empresa debía aportar. En marzo del 2020, la municipalidad decidió denunciar penalmente a Espinoza Velarde y pidió el levantamiento de su inmunidad. Contactamos al hoy afiliado de Podemos por sus redes sociales, pero al cierre de este reportaje no obtuvimos respuesta.

El nombre de Espinoza también figura en los registros de conductores imprudentes. Entre el 2003 y el 2006 cometió tres faltas calificadas de “muy graves” por conducir un vehículo sin licencia. En los años siguientes, hasta el 2014, le contaron cuatro infracciones de carácter “grave”.

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El excongresista acumula S/ 1866 soles en infracciones de tránsito y la mayoría de estas son muy graves o graves.

No es el único peligro en las pistas que aspira a un puesto de regidor de la mano de Urresti. Con un historial de infracciones mucho más temerario figura Reynaldo Mozo Aldunate, quien integra la lista de regidores de Podemos con el número 7. Mozo cuenta con 23 infracciones, de las cuales ocho son “muy graves”. Esto lo ha llevado a acumular S/5,502 en multas. Incluso en 2011 fue intervenido por la policía luego de protagonizar un choque y mostrar “visibles signos de ebriedad”, según señala un parte policial al que accedió Sudaca.

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En los últimos qunce años, Mozo Aldunate acumuló más de cinco mil soles en multas que incluyen siete por infracciones muy graves.

Pero el historial de este personaje no solo lo muestra como un peligro al volante, sino como un personaje violento. En agosto del 2020, una mujer que se encargaba del área administrativa de la empresa del papá de Mozo Aldunate denunció ante la policía que debió retirarse de su centro de labores por el hostigamiento que recibía por parte del hoy candidato a regidor y sus seis hermanos. Además, en 2012, Reynaldo Mozo fue denunciado por su propia hermana, quien declaró en una comisaría que este la agredió “con bofetadas e insultos” mientras se encontraba en la casa de su madre.

JOVEN PROMESA

Entre los nuevos rostros de Podemos destaca Laidy Diana Peceros Espinoza, secretaria nacional de juventudes del partido, de 24 años. Ella figura en el acta de fundación del partido el 2017 y fue estudiante de Telesup entre 2015 y 2021. Peceros actualmente es regidora de Lima por el partido de Luna Gálvez. 

Esta joven promesa es muy activa en redes sociales. En Twitter, por ejemplo, Peceros fue señalada por pagar los anuncios de José Luna Morales, hijo del fundador del partido, en los que insistía con la teoría del fraude en las elecciones del 2021. Y es que en estas publicidades aparecía su nombre como financista.

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Laidy Peceros Espinoza figura en redes sociales como la persona que paga para que las publicaciones de José Luna Morales, como en la que sostiene que hubo un fraude en las elecciones, tengan mayor difusión.

Peceros, además, no duda en mostrar su apoyo en Facebook a las iniciativas de los sectores más conservadores, como posturas “provida” y es favorable a la participación de los padres en la elaboración de los textos escolares. Está demás decir que, para la aspirante a regidora, el enfoque de género es una “perturbación en la formación de los niños”. Así lo deja ver en sus redes sociales.

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En Facebook, Peceros se muestra a favor de iniciativas propuestas por los sectores más conservadores del Congreso.

“La bancada de Podemos Perú por ningún motivo blindará al señor Luna Gálvez”, afirmaba Daniel Urresti ante los medios en enero del 2020, cuando era congresista. Pretendía, así, marcar distancia entre el partido y la bancada. Dos años después, parece que la reconciliación entre la familia Luna y el ahora candidato a la alcaldía de Lima es un hecho. No se explica de otra forma, sino, la presencia de tantos personajes cercanos al dueño de Telesup en los primeros lugares de su lista.

 

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Daniel Urresti, Podemos Perú, Telesup

La abogada Mónica Yaya, expresidenta del Tribunal del Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado, ha revisado los documentos presentados por Cibernos Consulting S.A. Ella indica que la vigencia de poder presentada no subsana la ausencia de poderes del representante, precisamente por no contar con la aprobación del gerente general. “A la fecha de presentación de propuestas, la inscripción de esa escritura pública no estaba”, señala.

En registros públicos, el otorgamiento de poderes a favor de Canseco fue emitido recién el 1 de marzo del 2022, según la documentación revisada por Sudaca. La fecha para la que tendría que haber estado disponible, como ya dijimos, era el 24 de febrero del 2022.

Carlos Peña, presidente del comité de selección, niega haber actuado de manera irregular. “La resolución del Tribunal dice que la empresa pudo haber presentado, como parte de su oferta, el certificado de vigencia de poder que fue entregado para la licitación pública declarada desierta. La misma resolución establece la forma de subsanación que el comité ha cumplido”, indica el funcionario de la municipalidad de Miraflores. Y luego arremete contra el consorcio perdedor: “Entendemos que alguien [se refiere al Consorcio NEC] que ha perdido una licitación tan importante como esta pueda no estar de acuerdo con lo que establece el tribunal. Pero lo que hay que cumplir es la institucionalidad”.

A pesar de todos los cuestionamientos, el 22 de abril, el comité de selección le volvió a otorgar la buena pro al Consorcio CKCity, alegando que este ya había cumplido con la entrega del certificado de vigencia de poder. El consorcio perdedor no apeló de nuevo, pero eso, a juicio de Mónica Yaya, no exime de responsabilidades –incluso penales– a los funcionarios y a la empresa.

Para el abogado Castillo Luna, estamos ante un caso de perjuicio al Estado porque se estaría “valorando inadecuadamente la propuesta de un postor, que estaría inhabilitado por falta de documentos”.

La firma de contrato, finalmente, se llevó a cabo el 17 de mayo. El evento fue promocionado en las redes sociales de la municipalidad, con Luis Molina como protagonista principal, ya embarcado en su campaña para ser el próximo alcalde de Lima.

 

 

 

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Luis Molina, Municipalidad de Miraflores

UN PRECEDENTE LLAMATIVO

No es la primera vez que Veolia está en el ojo de las autoridades. A inicios de abril de este año, la fiscalía anticorrupción pidió seis años de prisión contra dos representantes de esta compañía por presuntamente haberse coludido en un contrato para el servicio de recojo de residuos sólidos en Chiclayo.

Según la investigación fiscal, la suscripción de este contrato se efectuó “pese a que dicha empresa no cumplía con los requisitos establecidos en las Bases Integradas y Términos de Referencia; lo que habría causado un perjuicio patrimonial a la comuna ascendente a S/249,733.14”. Fuentes con conocimiento del caso dicen a Sudaca que para la contratación de Veolia la municipalidad de Chiclayo también recurrió a la excusa del desabastecimiento.

La compañía ha ganado otros dos contratos con la municipalidad de Miraflores por jugosos S/ 53’437,224.95. En setiembre del 2021, sin embargo, el Tribunal de Contrataciones del Estado la sancionó con 36 meses de no poder participar de ninguna licitación. Esto debido a que presentó “documentación falsa e información inexacta ante el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad” durante un concurso público.

Esta tampoco es la primera vez que la municipalidad de Miraflores se ve relacionada con empresas que no estaban capacitadas para realizar un buen trabajo en las áreas verdes del distrito. En 2019, otra contratación directa, para la que también se alegó desabastecimiento, fue materia de un informe de Contraloría.

La comuna había pagado más de S/3 millones por 90 días de trabajo de mantenimiento de áreas verdes al Consorcio Amancaes, integrado por Rozpyek E.I.R.L., Bajo la sombra del árbol SAC y Blas Flores Gerardo. El Órgano de Control señaló que el contratista incumplió con los compromisos asumidos.

La gestión de Luis Molina Arles, quien este año pretende llegar a la Municipalidad Metropolitana de Lima, no sólo ha descuidado las áreas verdes de Miraflores, sino que parece tener poco criterio al momento de elegir empresas capacitadas. Al cierre de esta edición, la comuna no había respondido nuestras preguntas.

ACTUALIZACIÓN
Una semana después de la publicación de este informe, representantes de la municipalidad de Miraflores se comunicaron con Sudaca para informar que, tras las investigaciones correspondientes, el Ministerio Público resolvió archivar la denuncia por presuntos delitos de colusion y negociación incompatible que se inició por este caso. También señalan que la Contraloría cometió algunas imprecisiones en su informe. Cumplimos con reproducir la versión de la municipalidad.

 

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Municipalidad de Miraflores

MÁS LODO

Desde antes de que Luis Molina asuma el sillón municipal, Luis Gutiérrez Aparicio observó con preocupación el entorno de quien sería alcalde de su distrito. “Armó su equipo en base a Martín Bustamante, Patricia Juárez y otra gente que venía de la administración de Luis Castañeda en la Municipalidad Metropolitana de Lima”, explica Gutiérrez. 

Este vecino de 73 años, que vive en Miraflores desde 2017, fue parte de un movimiento que inicialmente se llamó ‘Miraflores Primero’ y luego cambió a ‘Miraflores Para Todos’. Allí también habían confluido Adriana Navarro y  Pilar Madrid, aunque cada uno tomó su rumbo debido a las constantes querellas.

Gutiérrez había conseguido reunirse con el alcalde y le había manifestado su preocupación. “Yo le decía que había mucha gente que quería acompañarlo, pero que eran muy rigurosos con las personas que estaban con él. Justo se cruzó con el tema de Martín Bustamante, quien fue identificado como una persona que manejó los recursos de Castañeda”, relata.

Reconoce que, al inicio, Molina parecía dispuesto a escuchar sugerencias. Pero los defensores del alcalde empezaron a atacarlo. Y es que las imágenes de una reunión con Molina le sirvió a una cuenta troll llamada ‘Detecta Trafa Tv’ para decir que Gutiérrez lo que buscaba era ganar licitaciones y hasta lo señalaron como financista de un plantón vecinal contra la gestión del ahora candidato a Lima.

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Las imágenes de las reuniones que Gutiérrez sostuvo con el alcalde miraflorino fueron usadas para dañar su imagen.

“Me muestran como que era un financista de un plantón, que el plantón era un chantaje para obtener licitaciones”, cuenta el vecino. Gutiérrez aclara que no tiene ningún interés en buscar un trabajo, pues posee ingresos de su jubilación y sus propiedades. 

No obstante, al igual que en los casos anteriores, el hostigamiento no se limitó a publicaciones en redes. Molina también querelló a Gutiérrez por difamación. El hoy candidato a Lima lo acusaba de ser promotor de las redes sociales de ‘Miraflores para Todos’, desde donde se lanzaban críticas a la gestión, y de haber escrito: “Pedimos que se vaya Molina por inmoral e incompetente”. 

“En la argumentación [que desestima la demanda] se dice que no había afectado de ninguna manera el honor de Luis Molina y que lo que estaba haciendo era una actitud informativa con algunas apreciaciones que no tocaban a la persona, sino a la gestión”, explica Gutiérrez.

Luis Molina llegó al sillón municipal luego de ganar las elecciones en octubre del 2018. El abogado, que por ese entonces tenía 69 años, lograba convertirse en el sucesor de Jorge Muñoz. Para diciembre del 2021, sin embargo, Molina no tuvo reparos en cambiar de camiseta. El conservador Avanza País anunció su candidatura a Lima Metropolitana. Visto lo visto, no sería un alcalde muy dado a recibir críticas.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

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Avanza Pais, Municipalidad de Miraflores

CARNE PARA EL INDECOPI

Situaciones similares han reportado otros clientes. El último martes −por dar un ejemplo− un usuario en Twitter de nombre Mariano compartió un pantallazo de un pedido que hizo a través de su cuenta prime. El costo incluía S/1,12 por la tarifa de distancia, S/6,49 por el costo de envío y S/0,19 por concepto de “protección”. En total: S/7,80. Pero el aplicativo le estaba cobrando dos soles más.

Gustavo Rondón Ramírez, quien pagó la suscripción ‘prime plus’ hace un par de meses, también padeció el servicio. “Con mi novia no tenemos tiempo para cocinar por el trabajo y usamos Rappi para pedir almuerzo y otras comidas. Al usarlo tantas veces al mes, pensé en probar Rappi prime”, relata a Sudaca.

Seducido por el “ahorro” en los costos de entrega y la posibilidad de acceder al contenido de una plataforma de streaming, Rondón pagó sin mayor objeción los S/26,90 que costaba el plan más caro de Rappi. Hasta que un comentario de su novia sobre una denuncia en redes sociales lo llevó a dudar de los beneficios que supuestamente recibía.

“Hicimos la comparación entre su cuenta de Rappi, que no es prime, y la mía. Su cuenta le salía como S/30 menos pese a que pedimos lo mismo. Eran los mismos productos, a la misma dirección y casi a la misma hora”, comenta Rondón, todavía sorprendido, y nos muestra las capturas de pantalla de los pedidos. Eran productos totalmente idénticos de McDonalds, pero en su caso simplemente era más caro.

 

 

Rappi Delivery prime
Luego de pagar S/77.43 desde su cuenta prime, Gustavo Rondón comprobó que el mismo pedido apenas costaba S/54.10 para el usuario regular.

Rondón reclamó y Rappi alegó que se trataba de un error del sistema. Tuvieron que devolverle el dinero con crédito. Pero casos similares siguen apareciendo en redes y lo llevan a desconfiar del servicio. «Cada vez que pido Rappi, comparo los precios con mi novia. Es incómodo, como consumidor, estar pendiente de que no te engañen», señala y no descarta dejar de usar la aplicación si sigue observando situaciones irregulares.

Martín Cuellar, abogado especialista en defensa del consumidor, dice a Sudaca que este caso podría catalogarse como publicidad engañosa y que Indecopi podría poner una sanción. «En el caso específico de la publicidad engañosa es cuando el beneficio que ofrece el proveedor no es el que realmente recibe el cliente. No se cumple en la práctica lo que se ofrece», explicó.

Además, Cuellar señala que Rappi no estaría libre de una sanción a pesar de que se trata de un app. La empresa funciona en nuestro país bajo la razón social de Rappi SAC. «Para el derecho basta que se identifique al producto, servicio y consumidor y ya estamos en territorio de Indecopi. La normativa está para interpretarla y aplicarla al caso concreto», comenta. El abogado asegura que el Indecopi puede iniciar una investigación de oficio o recoger las denuncias de los usuarios y se podría sancionar al responsable del aplicativo.

Susaca se comunicó con Rappi Perú para pedir explicaciones ante estos reclamos. Pero, luego de solicitar detalles sobre el informe que se estaba realizando, dejaron de responder los mensajes sin brindar descargos al respecto. Rappi es una de las aplicaciones de reparto más populares de Sudamérica y más de un restaurante ha prescindido de su propio servicio de delivery para trabajar sólo con ellos. Sin embargo, hoy queda claro que sus clientes VIP −al menos varios de ellos− han sido engañados.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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delivery, Empresas, Rappi

El acoso telefónico no quedó ahí, porque esas comunicaciones terminaron elevando su plan hasta los S/100, asegura mostrándonos el recibo que le llegó. “Entel te llama de manera insistente y encima te cobra por contestarles”, dice Pinzás, que en varias oportunidades había solicitado a la empresa que deje de llamarlo para ofrecer promociones.

Lo peor es que muchos clientes enfrentan la suspensión de sus servicios cuando no pagan lo que les pide la empresa de telefonía. Walter Curioso Vilchez, por ejemplo, hizo un viaje con su familia a Estados Unidos en noviembre del año pasado. Solicitó a Entel la activación del roaming, pero durante el tiempo que estuvo fuera del país le llegaban mensajes de una deuda que él no reconoce hasta hoy.

“Me suspendieron la línea por una deuda de S/300 por uso de roaming”, relata Curioso, y nos muestra los mensajes de las amenazas de Entel. Indica, además, que la empresa no le permitía hacer el pago por Internet y le sugirieron que busque un amigo que viva en Perú para que pueda cancelar la deuda.

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Suspendidos: Pese a que solicitó la activación del roaming, Walter Curioso no pudo usarlo durante su viaje y, además, le suspendieron la línea.

Sudaca se comunicó con Entel para pedirle explicaciones ante estos reclamos. La empresa apenas atinó a comunicarnos que “debido al secreto de las telecomunicaciones, sólo podemos brindar los detalles del procesos a las personas involucradas”.

Los abogados consultados para este informe señalan que si la respuesta a las quejas de un cliente no es satisfactoria, lo mejor es recurrir a Osiptel, que solo en el primero semestre del año pasado impuso multas a esta compañía por S/7,3 millones, principalmente debido al incumplimiento de obligaciones relacionadas a la “portabilidad” (el servicio que permite a los usuarios mantener sus números aunque cambien de operador). Al parecer, a Entel le hacen falta algunas multas más para cambiar su proceder. 

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ENEL, Reclamos

“Planeamos revisar las rutas de vuelo”, señala Mario Pinto, como uno de los objetivos del comité técnico que ha conformado LAP y que está funcionando desde principios del 2019. No tiene, sin embargo, una fecha estimada para los cambios. El representante de LAP también comentó que vienen desarrollando programas de salud en las áreas de influencia directa, pero dentro de las especialidades no está incluido el tema la audición.

Los vecinos no solo están preocupados por los ruidos de los aviones de hoy. También por la ampliación del aeropuerto, con la cual se espera recibir hasta 60 millones de pasajeros hasta el 2035. La obra representaría una solución para los viajeros que actualmente encuentran un aeropuerto desbordado, pero genera temor en los vecinos afectados por el sonido de los aviones. Los cerca de 240 vuelos por día -entre salidas y llegadas- que se registraron hasta fines del año pasado han impactado negativamente en su calidad de vida.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo

 

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Aeropuerto Jorge Chávez
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