“El gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema”

Sudaca conversó con Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre la crítica situación que atraviesa el país con las extorsiones y las decisiones adoptadas por el gobierno. Para Vargas, esta se trata de “una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia”, cuestiona al Congreso por haber promulgado leyes pro crimen organizado y explica que los estados de emergencia exponen que, desde el Ejecutivo, “no tienen idea de cómo enfrentar el problema”.

¿Qué impacto ha tenido la modificación en la ley contra el crimen organizado en la situación que está padeciendo el país actualmente?

El impacto ha sido determinante. Sin duda esta legislación, por demás absurda, ha generado una expectativa en favor del crimen organizado y quienes están siendo procesados por diversos delitos porque, sin ninguna duda, van a ser utilizados como argumentos de defensa en sus procesos penales. Pero también debilita la precaria situación en que se encuentran la Fiscalía y la Policía. Porque, además de las condiciones bastante difíciles como las que enfrentan fiscales y policías con crimen organizado, van a tener que reformular sus investigaciones y la acusación fiscal porque estos delitos predatorios, gracias a esta nueva ley, ya no están dentro del ámbito de la criminalidad organizada. 

¿Cómo está afectando el trabajo de la Policía?

Cuando investiguen la extorsión no van a poder utilizar los procedimientos especiales que provee la ley contra el crimen organizado porque serán investigados como delitos comunes. Esto perjudica todavía más porque cuando hablamos de estructuras criminales, y la extorsión está en ese ámbito, se tiene que utilizar agentes encubiertos, interceptaciones, etc. El problema de este paquete de leyes no se limita a esta ley sino también las repercusiones que está teniendo la ley que legaliza el transporte informal y a la llamada formalización de la minería ilegal, porque las estructuras criminales que nacen de las economías ilegales también están asesinando. 

Mencionó que la situación de la Fiscalía y Policía era precaria, ¿a qué se debe?

Parto de la premisa que estamos viviendo una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana y esta crisis no es solamente como consecuencia de una mayor percepción o una mayor presencia de la criminalidad trasnacional. Eso es un factor. Pero hay otros factores que también van en la línea de precarizar más y llevarnos a ese escenario de la mayor crisis de inseguridad. Me refiero a la crisis política que ha precarizado debilitado al gobierno nacional y a sus instituciones, como el Ministerio del Interior y la Policía. 

¿La política es responsable de este presente?

Recordemos que, durante el gobierno de Pedro Castillo, se vendieron ascensos a generales y colocaron como ministro del interior y comandantes generales a los que juraban iban a proteger a esas estructuras criminales que estaban cerca al poder y Castillo. Recordemos que actualmente, según audios supuestamente del ministro del Interior, se estaría protegiendo a estructuras criminales cercanas a la presidenta Boluarte. Están instrumentalizando a la Policía y eso la debilita mucho más. 

¿El proyecto de ley del cual se ha hablado en el Congreso y que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como «terrorismo urbano» es la respuesta correcta al problema que nos enfrentamos?

Si el problema fuese de tipificación, probablemente serviría de algo. Pero me parece un despropósito que, el Congreso que ha promulgado leyes pro crimen organizado, ahora pretende decir que tiene mano dura frente al crimen organizado cambiando el nombre de un tipo penal. Creo que, en este momento, el Congreso es parte del problema.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha dicho que este problema viene desde 2021 y que la Policía lo ha venido tratando de forma profesional, ¿por qué si estaban alertados al respecto ha escalado de tal manera?

Por la crisis política que ha generado que la Policía y el sector Interior se precaricen todavía más. Desde el 2021 vemos que hay generales que ascendieron pagando, hemos visto a comandantes generales haber aceptado esa responsabilidad luego de haberse arrodillado ante estructuras criminales del poder y hemos visto que se está persiguiendo a oficiales y unidades de la policía que han investigado corrupción en el poder. Si no se toman decisiones de una reforma profunda vamos a seguir perdiendo a una de las instituciones más importantes de la democracia.

También existen pedidos para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, pero también hay voces como la del exministro Cluber Aliaga quien ha dicho que estas se encuentran preparadas para otras cosas y su fin es matar al enemigo, ¿usted cómo ve la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles?

Es parte de la desesperación y la torpeza del gobierno al no entender la naturaleza del problema. A las organizaciones criminales, especialmente las extorsiones, se combaten con inteligencia no con tanquetas, fusiles o granadas. Sacar al Ejército para colocarlos en los semáforos y en las puertas de los colegios para que no los extorsionen es populismo barato. Si el problema son las extorsiones ,necesitamos fortalecer a las unidades especializadas de la policía y dotarles de la inteligencia y recursos frescos. Pero es mucho pedirle eso a este gobierno que se ha encargado de perseguir a las unidades especializadas y sus mejores oficiales y es parte del problema. 

¿La creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión es una decisión que puede suponer un cambio en la crisis de inseguridad que atraviesa el país?

El problema de la extorsión no es de diez o quince empresas de transporte público del Cono Norte de Lima. Las extorsiones son a nivel nacional y, particularmente, en la franja costera. Crean una unidad para las extorsiones  que ya existía dentro de la Dirincri y se tendría que haber fortalecido. Crear una unidad para atender el problema de las extorsiones de un número de empresas en el Cono Norte nos indica que el gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema.

Por el trabajo que ha hecho hasta la fecha, ¿considera que el ministro Santiváñez está capacitado para estar al frente del Ministerio del Interior?

El ministro, de acuerdo a las grabaciones que los medios han estado propalando, entró para perseguir a la Diviac y creo que ya consiguió su objetivo.

Nuevamente se ha optado por declarar estado de emergencia, ¿va a tener algún tipo de impacto en la lucha contra la delincuencia?

Los estados de emergencia que se decretaron durante este gobierno y los anteriores van en la línea de una reacción populista. Siempre el denominador común ha sido que los gobiernos recurren a los estados de emergencia cuando no tienen idea de cómo enfrentar el problema. 

Se han difundido casos de personas que ponen denuncias y en corto tiempo reciben amenazas de los denunciados con datos personales, ¿qué ha fallado para que poner una denuncia ponga en mayor peligro al denunciante?

Es parte de esa precarización de la Policía y sector Interior. Los policías cuando observan que los niveles superiores de la pirámide, los jefes, están involucrados en actos de corrupción el resto del cuerpo también se degrada y, cuando no hay un control y liderazgo claro, obviamente se va a perder el control. Lamentablemente la corrupción de las economías ilegales es muy potente y corrosiva.  A eso hay que agregarle el mensaje que se da desde el gobierno que es que se persigue, somete y amenaza con dar de baja a los oficiales que investigan a los políticos corruptos. Si ese es el mensaje, ningún oficial va a correr el riesgo que los amenacen o persigan y se va a quedar quieto o va a cruzar la línea.

 Algunos congresistas han señalado que la inmigración sin filtro y la falta de nuevas cárceles han sido la razón de esta crisis, ¿es correcto afirmar que en esas razones está el origen de los niveles de inseguridad vemos?

Las situación de desborde criminal el multifactorial. No es consecuencia solamente de la inmigración venezolana. También tiene que ver con el desborde de las economías ilegales, el crecimiento exponencial del negocio de la cocaína en el Perú y  el ingreso de estructuras criminales trasnacionales de origen brasilero. Desde mi punto de vista, la mayor amenaza a nuestra seguridad no viene del Tren de Aragua sino del Comando Vermelho y
Primeiro Comando da Capital que ya están operando en el Perú y de lo que no se habla siendo lo más peligroso y la mayor amenaza a nuestra seguridad. 

¿Dónde están operando?

El Comando Vermelho está controlando la ruta fluvial de la cocaína que sale de las regiones de Ucayali, San Martin y Loreto. Domina toda la parte norte de Brasil y tiene más de setenta mil miembros, es un ejército completo y están operando en Perú por la cocaína y el oro ilegal. Por el sur, por Madre de Dios, están ingresando miembros del Primeiro Comando da Capital que es la segunda organización criminal más grande de Brasil y manejan los penales de Paraguay, Uruguay y argentina. Su objetivo es controlar el VRAEM. Ese es el principal problema pero nadie se ha dado por enterado. 

¿No se está actuando por incapacidad o corrupción?

Ambas cosas. El crecimiento de las economías ilegales lleva, intrínsecamente, niveles altos de corrupción. Que la legislación de una prórroga indefinida por enésima vez del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) sabiendo que ha fracasado y disfraza al minero ilegal en artesanal no es gratuito. 

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