[INFORMES] El humo de las bombas lacrimógenas cubre los exteriores del edificio ubicado en el 801 de la Avenida Salaverry mientras las fuerzas de orden no escatiman gritos y empujones para ahuyentar a quienes se encontraban en la calle. El edificio es la sede del Ministerio de Salud y las personas contra las que se usaron las bombas lacrimógenas no son grupos extremistas que buscan generar disturbios ni integrantes de la barra brava de algún de equipo de fútbol en pleno enfrentamiento con sus rivales sino las enfermas que meses atrás eran las heroínas de una pandemia que había devastado al Perú.
En medio de este caos, Sudaca pudo conocer la historia detrás de este inesperado enfrentamiento que ha llevado a que las enfermeras peruanas vean al ministerio de su sector como un actor indiferente a sus necesidades y hasta dispuesto a exponerlas a la violencia de otros grupos.
EL ORIGEN DEL CONFLICTO
Seis años atrás, cuando el Ministerio de Salud se encontraba bajo la conducción de Patricia García, se firmó un acta sobre la escala remunerativa de los profesionales de la salud. En este documento, este ministerio de comprometía a reducir las brechas salariales entre los profesionales de la salud.
Este proceso comprendería varios tramos y tenía como objetivo llegar al 2021 con el objetivo cumplido. Sin embargo, la pandemia del Covid-19 cambió el panorama en 2020 debido a la emergencia sanitaria que concentró todo el esfuerzo del sector salud. Para 2022, las conversaciones para que se retome lo pactado en 2017 fueron retomadas, aunque con un desenlace inesperado.
Según relató a Sudaca, Judith Cabellos, presidenta de la Federación de Enfermeras del Ministerio de Salud del Perú (FEDEMINSAP), el Ministerio de Salud cometió un error con el presupuesto y optó por utilizar el dinero que estaba destinado para cumplir con la escala remunerativa pactada para repartirlo con otros trabajadores del sector salud.
“Como es político y quiere bañarse en popularidad con ese sector de los técnicos anuncia como iba a ser la distribución de dinero y nosotros íbamos a ser los afectados”, señala Cabello y agrega que el ministro César Vásquez Sánchez ha logrado que ella, como representante de las enfermeras, sea víctima de violencia verbal y física así como de acusaciones falsas.
“Nosotros no nos oponemos que les aumenten, pero no pueden coger un presupuesto que está destinado a un sector y dárselo a otros”, aclara Judith Cabellos y explica que, desde el Ministerio de Salud, se intentó generar un conflicto entre las enfermeras y otros trabajadores del sector al tratar de instalar una versión según la cual la Federación de Enfermeras del Minsa estaban en contra de aumentos para otros trabajadores.
EL ERROR DEL MINISTRO
“El ministro acepta que ha ocurrido una equivocación”, relata Cabellos sobre la reunión que pudieron sostener con el titular del Minsa semanas atrás. En este encuentro, que recién pudieron gestionar mediante la intervención de algunos congresistas, César Vásquez habría reconocido que el reclamo que hacían las enfermeras era justo.
Sin embargo, pese a reconocer que estaban exigiendo lo que les correspondía, el ministro Vásquez alegaba que no contaba con el presupuesto para cumplir con el tramo pendiente de la escala remunerativa en cuestión y no sabía cómo solucionarlo. “Él manifestaba que a una enfermera se la había aumentado un 176% y eso es falso”, cuestiona Judith Cabellos. La representante de las enfermeras comenta que, si fuese cierto lo dicho por el ministro, las enfermeras ganarían aproximadamente cinco mil soles cuando recién en 2013 lograron un aumento para ganar S/. 2239.
La cifra de enfermeras afectadas por este error del Ministerio de Salud es de cincuenta y siete mil y, a pocos días de someterse a aprobación el presupuesto para el sector salud, este grupo teme que el objetivo de la escala remunerativa pactada años atrás cumpla otro año sin cumplirse.
“Nosotros no vamos a descuidar a nuestros pacientes. No lo hemos hecho durante una pandemia y menos lo haremos en estos momentos. Nos debemos a nuestros pacientes”, agrega Judith Cabellos antes de terminar la entrevista y manifiesta su preocupación debido a que, durante las jornadas de protesta pacífica en los exteriores del Ministerio de Salud, ha observado la presencia de obreros de construcción civil lo que las lleva a temer ante nuevos episodios de violencia.
Además, en la época de pandemia, la gestión que se encontraba a cargo de la Municipalidad de La Molina les otorgó la posibilidad de seguir funcionando sin mayor inconveniente. Sin embargo, con la llegada del nuevo alcalde comenzaron los problemas. “Cuando cambió la gestión quisimos conversar con los nuevos funcionarios para renovar el permiso o sacar la licencia”, cuenta a Sudaca Luis Bonilla, quien representa a la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz.
Acorde a información oficial, la habilitación urbana busca que se ejecuten obras de accesibilidad y que el terreno en cuestión cuente con agua, luz y desagüe. No obstante, la zona en que se ubican estos comercios es urbana desde hace varios años y cuentan con estas exigencias. “El único requisito es que cumpla con la zonificación y se cumple porque es una zona comercial. También se cumplen con los requisitos de seguridad”, comenta al respecto Luis Bonilla.
Según lo expuesto por los vecinos de La Molina, durante los últimos meses continuaron con sus intentos por obtener la licencia de funcionamiento. Sin embargo, cuentan que la municipalidad del distrito les ponía trabas hasta para ingresar los documentos. “Hemos intentado solicitar la licencia nuevamente, pero no la querían recibir”, explica el representante de la asociación.
Con asesoría legal, finalmente lograron ingresar las solicitudes para obtener la licencia de funcionamiento. No obstante, el resultado final no fue el esperado. “Hubo una inspección de seguridad con algunas observaciones. Esas observaciones eran subsanables. Tenían que ver con señalización, por ejemplo. Subsanamos todas esas observaciones y ese mismo día teníamos una reunión con el alcalde, pero no asistió”, cuenta Luis Bonilla.
Además, los propietarios señalan que han intentado reunirse en más de una oportunidad con el alcalde, pero el burgomaestre de La Molina no ha mostrado interés en escuchar su problema. No obstante, en la Asociación de Moradores de la Santísima Cruz sienten que sus negocios están siendo condicionados a una construcción que la Municipalidad de La Molina pretende realizar.
¿Cuántas ollas comunes existen actualmente?
Esta resolución se ampara en dos artículos del Reglamento de Licencias. Uno de ellos es el artículo 76.1 que hace referencia a que Sport Boys debía sustentar el pago oportuno de las remuneraciones durante la primera quincena de cada mes y los tributos correspondientes.
En la tarde del sábado en un estadio Miguel Graú probablemente repleto, Sport Boys disputará la última fecha del torneo clausura ante Cienciano sin saber si existe algún resultado que les asegure la permanencia en primera división y con la desconfianza que parecen haberse ganado a pulso las principales autoridades del fútbol peruano.
Además, contrario a lo señalado por la Municipalidad de La Molina, el Ministerio de Vivienda ha tenido una opinión favorable con respecto al desarrollo del centro comercial en disputa. Tras los obstáculos planteados por la gestión de Uceda, Cencosud pidió al Ministerio de Vivienda realizar la evaluación del proyecto a finales del mes de agosto.
El resultado de esta evaluación dio un resultado satisfactorio para Cencosud debido a que se comprobó que cumplía con las exigencias que implica un proyecto de esa magnitud y, además, el propio Ministerio de Vivienda señaló que el Estudio de Impacto Vial (EIV) no era necesario debido a que el proyecto contemplaba los criterios, condiciones, características, alcances y requisitos exigidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE) y la presentación del primero se puede prescindir.
Estos documentos, al igual que la constancia de recepción en la cual se reconoce la existencia de la licencia de construcción, datan del mes de agosto. Sin embargo, en la Municipalidad de La Molina seguían señalando en el mes actual que el proyecto no contaba con los permisos del Ministerio de Vivienda.
Aunque el alcalde Uceda repite en sus entrevistas a distintos medios que no es enemigo de la inversión, las pruebas que siguen apareciendo llevan a que sea muy difícil para los vecinos de La Molina creer en sus afirmaciones que son fácilmente refutadas por las pruebas que siguen apareciendo.
No obstante, la poca credibilidad de la que goza la gestión de Uceda en La Molina no es el único revés que está sufriendo el alcalde de este distrito. En las últimas horas, los revisores urbanos que estuvieron a cargo de aprobar el proyecto del Centro Comercial La Molina han enviado una carta notarial a Diego Uceda por sus recientes declaraciones.
Así como Quintana, otros regidores de La Molina, como es el caso de Perla Espinoza, Percy Palomino, y Ralph Sánchez, cuestionaron al alcalde Uceda alegando que el centro comercial sí cuenta con la licencia correspondiente registrado en la Resolución Subgerencial No. 00772-2023-MDLM-GDU-SOP. Sin embargo, lejos de obtener una justificación a la postura que Uceda ha mostrado en entrevistas y comunicados que se publican en las redes de la Municipalidad de La Molina, el burgomaestre sólo atinó a mantenerse en silencio en complicidad con la Subgerencia de Obras Privadas de la Municipalidad de La Molina.
Pero al día siguiente surgió el primer inconveniente. En el hospital le notificaron a Ania que, para operar a su tía, debía conseguir cinco unidades de sangre adicionales. Aunque esta situación representaba un problema debido a que tanto Glenda como Ania no tienen familiares ni conocidos en Arequipa, la posibilidad de ponerle punto final a la dolencia de su tía llevó a que Ania consiga que varias personas viajen de Tacna a Arequipa para cumplir con la exigencia del hospital.
Tras varias horas sin información sobre su tía, Ania vio que la camilla volvía al cuarto. Pero, increíblemente, al levantar la sábana que cubría la pierna de su tía no encontró ninguna marca propia de una operación y, para exasperar los ánimos todavía más, nadie le brindaba información sobre lo que había ocurrido durante esas largas horas en las que supuestamente estaban operando a Glenda.
“Mi tía entró con sus cinco sentidos”, reclama con impotencia Ania al recordar que, días antes de internarse para lo que sería una operación en la pierna, Glenda se encontraba lúcida y, en la actualidad, ha perdido una considerable cantidad de peso y ha perdido la movilidad de la mitad del cuerpo.
“Están dejando morir a mi tía”, es el reclamo de Ania y sus familiares que hace más de un mes se encuentran en una ciudad en donde se encuentran solos y atrapados en un laberinto sin salida debido a la indolencia que padecen a manos de un hospital que parece buscar todas las excusas posibles para no operar a Glenda y tampoco es capaz de ofrecer otras alternativas para mejorar su calidad de vida que a lo largo del último mes se ha deteriorado ante la indiferente mirada de quienes debían velar por su salud.
Luego de someterse a esta revisión, el proyecto del Centro Comercial La Molina no había presentado mayores inconvenientes, así como tampoco los tuvo durante las constantes actualizaciones que de licencia de construcción que se hicieron en los años 2018, 2021 y 2022, y la obtención de la licencia de funcionamiento parecía inminente. Pero fue en ese momento cuando el nuevo alcalde de La Molina empezaría lo que se podría considerar una carrera de obstáculos para el centro comercial.
Sin embargo, pese a que el propio Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento fue el encargado de evaluar el expediente con el cual se solicitó la licencia de edificación y se comprobó que los aspectos viales demandados se cumplían para que dicho ministerio apruebe el Informe Técnico Favorable (ITF), la Municipalidad de La Molina ha puesto un nuevo obstáculo para que las puertas del Centro Comercial La Molina no se abran.
Además, el alcalde Uceda muestra en sus redes sociales poca predisposición al diálogo atacando y realizando acusaciones a quienes cuestionan la postura de municipalidad con respecto al centro comercial y también contradiciendo el comunicado en el cual dicen promover y alentar la inversión privada pero al mismo tiempo se lee al alcalde menospreciar el rol de una empresa como Cencosud.
Pero esta no es la primera vez que Diego Uceda se ve involucrado en una polémica. En enero del 2022, cuando todavía era candidato, el actual alcalde de La Molina fue protagonista del informe de Sudaca titulado EL CANDIDATO DE RENOVACIÓN POPULAR QUE NO PAGA PENSIÓN ALIMENTICIA en el cual se detallaba que Uceda tenía una deuda de S/48.500 por el concepto de pensión alimentaria que debía pagar entre 2010 y 2019.
