Juan Carrasco Millones, quien obtuvo popularidad años atrás como el fiscal implacable contra la corrupción, fue denunciado en las últimas semanas por algunos de los más polémicos casos de su historial.

El pasado mes de julio, el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones fue denunciado junto a Romel Agustín Díaz Paz, Víctor Javier Chafloque Oliden y Sergio Lucio Zapata Orozco por el delito de falsificación de documento público y, además, el exministro también fue acusado de la presunta comisión del delito de fraude procesal. 

Sudaca tuvo acceso a los documentos de este caso que tiene como protagonista a quien, en el año 2021, había logrado uno de los puntos más altos de su trayectoria al ser designado como ministro durante el gobierno de Pedro Castillo y ha terminado siendo señalado como partícipe de situaciones que expondrían las irregularidades detrás de su salto a la fama casi una década atrás.

LA DENUNCIA

Entre los fundamentos de hecho que se exponen en la denuncia se hace mención al recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” que, diez años atrás, llamó la atención de todo un país al involucrar al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres y terminar con la detención de más de veinte funcionarios de su gestión. Si bien el impacto de la noticia llevó a que este caso sea visto como un golpe certero a la corrupción, el paso de los años ha expuesto que este caso habría estado más pensado en generar un impacto mediático que en perseguir a los corruptos.

Esto mencionado en los fundamentos de hecho al explicar que Romel Díaz y Víctor Chafloque, los oficiales que emitieron el informe que solicitaba la detención preliminar de más de una veintena de funcionarios, recién fueron designados para dicho encargo el 29 de septiembre del 2014, el mismo día que se emitió el informe en cuestión. 

Cristian REbosio

El informe que condujo a la detención de más de veinte funcionarios y los señalaba como parte de una organización criminal fue enviado a Juan Carrasco Millones, quien por aquella época se desempeñaba en el cargo de fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo. 

Cristian REbosio

Otro detalle que ha llamado la atención con respecto al informe en cuestión ha sido que, a diferencia de otros informes emitidos, en este no fue el coronel Luis Farfán Silva quien otorgó el “es conforme” y tampoco fue un suboficial adscrito a la dependencia correspondiente el autor sino que en estas casillas figuraron los nombres de Díaz y Chafloque.

Cristian REbosio

Sin embargo, no sólo llamó la atención que los oficiales Díaz Paz y Chafloque Oliden hayan aparecido como quienes emitieron el cuestionado informe pese a que sus designaciones recién habría ocurrido el mismo día que se emitió el informe sino que, además, en la lista del personal que trabajó en la Oficina Regional de Inteligencia los días 29 y 30 de septiembre del 2014 no figuran los nombres de estos oficiales.

Cristian REbosio

Entre los documentos que acompañan la denuncia que Sudaca pudo revisar también se encuentra una declaración testimonial del coronel Luis Enrique Farfán Silva en la cual afirma desconocer el trámite del informe y niega que Víctor Chafloque y Romel Díaz hayan estado bajo su mando.

Cristian REbosio

En septiembre del año 2019, Juan Carrasco Millones brindó su declaración testimonial y reconoció su firma en el oficio del 29 de septiembre de 2014, pero negó que este cuestionado informe haya servido para lograr que se avale la detención preliminar de más de veinte funcionarios municipales como parte del caso “Los Limpios de la Corrupción” y también dijo desconocer las razones por las cuales el coronel Luis Enrique Farfán Silva negó haber tenido a los oficiales cuestionados bajo su mando.

EL DENUNCIANTE

Esta denuncia, que Sudaca pudo conocer en detalle, fue presentada por Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. Valdivia ocupaba el cargo de gerente en la la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de la organización criminal liderada por el alcalde Torres.

Sin embargo, casi una década después y con una investigación que llegó a su final en el año 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca, quien ahora busca justicia por un caso que lanzó a la fama al exfiscal Carrasco Millones pero perjudicó seriamente su vida durante largos meses.

Tags:

denuncia, Juan Carrasco, Policia

“El gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema”

Sudaca conversó con Rubén Vargas, exministro del Interior, sobre la crítica situación que atraviesa el país con las extorsiones y las decisiones adoptadas por el gobierno. Para Vargas, esta se trata de “una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia”, cuestiona al Congreso por haber promulgado leyes pro crimen organizado y explica que los estados de emergencia exponen que, desde el Ejecutivo, “no tienen idea de cómo enfrentar el problema”.

¿Qué impacto ha tenido la modificación en la ley contra el crimen organizado en la situación que está padeciendo el país actualmente?

El impacto ha sido determinante. Sin duda esta legislación, por demás absurda, ha generado una expectativa en favor del crimen organizado y quienes están siendo procesados por diversos delitos porque, sin ninguna duda, van a ser utilizados como argumentos de defensa en sus procesos penales. Pero también debilita la precaria situación en que se encuentran la Fiscalía y la Policía. Porque, además de las condiciones bastante difíciles como las que enfrentan fiscales y policías con crimen organizado, van a tener que reformular sus investigaciones y la acusación fiscal porque estos delitos predatorios, gracias a esta nueva ley, ya no están dentro del ámbito de la criminalidad organizada. 

¿Cómo está afectando el trabajo de la Policía?

Cuando investiguen la extorsión no van a poder utilizar los procedimientos especiales que provee la ley contra el crimen organizado porque serán investigados como delitos comunes. Esto perjudica todavía más porque cuando hablamos de estructuras criminales, y la extorsión está en ese ámbito, se tiene que utilizar agentes encubiertos, interceptaciones, etc. El problema de este paquete de leyes no se limita a esta ley sino también las repercusiones que está teniendo la ley que legaliza el transporte informal y a la llamada formalización de la minería ilegal, porque las estructuras criminales que nacen de las economías ilegales también están asesinando. 

Mencionó que la situación de la Fiscalía y Policía era precaria, ¿a qué se debe?

Parto de la premisa que estamos viviendo una de las mayores crisis de inseguridad de nuestra historia republicana y esta crisis no es solamente como consecuencia de una mayor percepción o una mayor presencia de la criminalidad trasnacional. Eso es un factor. Pero hay otros factores que también van en la línea de precarizar más y llevarnos a ese escenario de la mayor crisis de inseguridad. Me refiero a la crisis política que ha precarizado debilitado al gobierno nacional y a sus instituciones, como el Ministerio del Interior y la Policía. 

¿La política es responsable de este presente?

Recordemos que, durante el gobierno de Pedro Castillo, se vendieron ascensos a generales y colocaron como ministro del interior y comandantes generales a los que juraban iban a proteger a esas estructuras criminales que estaban cerca al poder y Castillo. Recordemos que actualmente, según audios supuestamente del ministro del Interior, se estaría protegiendo a estructuras criminales cercanas a la presidenta Boluarte. Están instrumentalizando a la Policía y eso la debilita mucho más. 

¿El proyecto de ley del cual se ha hablado en el Congreso y que tipifica los delitos de extorsión, sicariato y porte de armas de guerra como «terrorismo urbano» es la respuesta correcta al problema que nos enfrentamos?

Si el problema fuese de tipificación, probablemente serviría de algo. Pero me parece un despropósito que, el Congreso que ha promulgado leyes pro crimen organizado, ahora pretende decir que tiene mano dura frente al crimen organizado cambiando el nombre de un tipo penal. Creo que, en este momento, el Congreso es parte del problema.

El ministro del Interior, Juan José Santiváñez, ha dicho que este problema viene desde 2021 y que la Policía lo ha venido tratando de forma profesional, ¿por qué si estaban alertados al respecto ha escalado de tal manera?

Por la crisis política que ha generado que la Policía y el sector Interior se precaricen todavía más. Desde el 2021 vemos que hay generales que ascendieron pagando, hemos visto a comandantes generales haber aceptado esa responsabilidad luego de haberse arrodillado ante estructuras criminales del poder y hemos visto que se está persiguiendo a oficiales y unidades de la policía que han investigado corrupción en el poder. Si no se toman decisiones de una reforma profunda vamos a seguir perdiendo a una de las instituciones más importantes de la democracia.

También existen pedidos para que las Fuerzas Armadas salgan a las calles, pero también hay voces como la del exministro Cluber Aliaga quien ha dicho que estas se encuentran preparadas para otras cosas y su fin es matar al enemigo, ¿usted cómo ve la posibilidad de sacar a las Fuerzas Armadas a las calles?

Es parte de la desesperación y la torpeza del gobierno al no entender la naturaleza del problema. A las organizaciones criminales, especialmente las extorsiones, se combaten con inteligencia no con tanquetas, fusiles o granadas. Sacar al Ejército para colocarlos en los semáforos y en las puertas de los colegios para que no los extorsionen es populismo barato. Si el problema son las extorsiones ,necesitamos fortalecer a las unidades especializadas de la policía y dotarles de la inteligencia y recursos frescos. Pero es mucho pedirle eso a este gobierno que se ha encargado de perseguir a las unidades especializadas y sus mejores oficiales y es parte del problema. 

¿La creación del Grupo Operativo de Respuesta Inmediata a la Extorsión es una decisión que puede suponer un cambio en la crisis de inseguridad que atraviesa el país?

El problema de la extorsión no es de diez o quince empresas de transporte público del Cono Norte de Lima. Las extorsiones son a nivel nacional y, particularmente, en la franja costera. Crean una unidad para las extorsiones  que ya existía dentro de la Dirincri y se tendría que haber fortalecido. Crear una unidad para atender el problema de las extorsiones de un número de empresas en el Cono Norte nos indica que el gobierno no ha entendido la naturaleza ni la magnitud del problema.

Por el trabajo que ha hecho hasta la fecha, ¿considera que el ministro Santiváñez está capacitado para estar al frente del Ministerio del Interior?

El ministro, de acuerdo a las grabaciones que los medios han estado propalando, entró para perseguir a la Diviac y creo que ya consiguió su objetivo.

Nuevamente se ha optado por declarar estado de emergencia, ¿va a tener algún tipo de impacto en la lucha contra la delincuencia?

Los estados de emergencia que se decretaron durante este gobierno y los anteriores van en la línea de una reacción populista. Siempre el denominador común ha sido que los gobiernos recurren a los estados de emergencia cuando no tienen idea de cómo enfrentar el problema. 

Se han difundido casos de personas que ponen denuncias y en corto tiempo reciben amenazas de los denunciados con datos personales, ¿qué ha fallado para que poner una denuncia ponga en mayor peligro al denunciante?

Es parte de esa precarización de la Policía y sector Interior. Los policías cuando observan que los niveles superiores de la pirámide, los jefes, están involucrados en actos de corrupción el resto del cuerpo también se degrada y, cuando no hay un control y liderazgo claro, obviamente se va a perder el control. Lamentablemente la corrupción de las economías ilegales es muy potente y corrosiva.  A eso hay que agregarle el mensaje que se da desde el gobierno que es que se persigue, somete y amenaza con dar de baja a los oficiales que investigan a los políticos corruptos. Si ese es el mensaje, ningún oficial va a correr el riesgo que los amenacen o persigan y se va a quedar quieto o va a cruzar la línea.

 Algunos congresistas han señalado que la inmigración sin filtro y la falta de nuevas cárceles han sido la razón de esta crisis, ¿es correcto afirmar que en esas razones está el origen de los niveles de inseguridad vemos?

Las situación de desborde criminal el multifactorial. No es consecuencia solamente de la inmigración venezolana. También tiene que ver con el desborde de las economías ilegales, el crecimiento exponencial del negocio de la cocaína en el Perú y  el ingreso de estructuras criminales trasnacionales de origen brasilero. Desde mi punto de vista, la mayor amenaza a nuestra seguridad no viene del Tren de Aragua sino del Comando Vermelho y
Primeiro Comando da Capital que ya están operando en el Perú y de lo que no se habla siendo lo más peligroso y la mayor amenaza a nuestra seguridad. 

¿Dónde están operando?

El Comando Vermelho está controlando la ruta fluvial de la cocaína que sale de las regiones de Ucayali, San Martin y Loreto. Domina toda la parte norte de Brasil y tiene más de setenta mil miembros, es un ejército completo y están operando en Perú por la cocaína y el oro ilegal. Por el sur, por Madre de Dios, están ingresando miembros del Primeiro Comando da Capital que es la segunda organización criminal más grande de Brasil y manejan los penales de Paraguay, Uruguay y argentina. Su objetivo es controlar el VRAEM. Ese es el principal problema pero nadie se ha dado por enterado. 

¿No se está actuando por incapacidad o corrupción?

Ambas cosas. El crecimiento de las economías ilegales lleva, intrínsecamente, niveles altos de corrupción. Que la legislación de una prórroga indefinida por enésima vez del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera) sabiendo que ha fracasado y disfraza al minero ilegal en artesanal no es gratuito. 

Tags:

Ministerio del Interior, Policia, Rubén Vargas

A pocas semanas de las elecciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, el clima de tensión aumenta tras las sorprendentes tachas contra algunos candidatos. Sudaca conversó con uno de los docentes afectados y con el presidente de la Federación Universitaria de San Marcos que niega las arbitrariedades.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos, también conocida como la Decana de América, ha sido, por mucho tiempo, motivo de orgullo nacional por ser una de las universidades públicas más prestigiosas del continente. Sin embargo, las noticias que involucran a dicha casa de estudios en el último tiempo no parecen estar contribuyendo a esta buena reputación sino evidenciando un panorama crítico dentro de esta histórica universidad y, en esta oportunidad, las elecciones son el centro de la crisis.

ELECCIONES BAJO LA LUPA

La gestión de la rectora Jeri Ramón al frente de esta universidad ha estado marcada por un sinnúmero de polémicas, como su cercanía a agrupaciones políticas que han realizado constantes ataques a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU).

Durante el 2023, Sudaca informó que los constantes conciertos que se realizan en el estadio ubicado dentro del campus universitario no sólo dificultaban el desarrollo de las clases sino que el dinero que dejaba la realización de estos eventos no se utilizaba para beneficio de los alumnos. Además, Jeri Ramón fue señalada por avalar los cambios en los estatutos para que existan docentes eternos en lugar de incentivar el ingreso de nuevos talentos.

Sin embargo, en esta oportunidad los cuestionamientos se deben a situaciones que han ocurrido en las últimas semanas en el marco de las elecciones en las cuales docentes y alumnos votarán para elegir a los decanos y representantes para la Asamblea Universitaria, Consejo Universitario y Consejos de Facultad.

Una de las razones por las cuales este proceso electoral ha generado polémica se debe a los cambios hechos en el reglamento general del elecciones. Como se puede observar en la siguiente imagen, el Comité Electoral Universitario resolvió suspender la aplicación de algunos requerimientos para poder postular a ciertos cargos.

Cristian Rebosio

En el artículo 25° se señalaban los requisitos que debían cumplir quienes pretendían postular al cargo de decano y, tras lo que resolvió el Comité Electoral Universitario, se eliminó el acápite g, el cual les pedía tener una trayectoria académica y de investigación reconocida así como un determinado periodo en el cual se hayan realizado publicaciones.

Cristian Rebosio

También se registraron cambios en el artículo 26° que determinaba los criterios que debían cumplir quienes pretendían postular como representantes docentes ante los órganos de gobierno de la universidad. En este caso se eliminó el acápite que exigía haber ejercido la docencia por un tiempo no menor de tres años y, además, también fue removido el acápite relacionado con las actividades de investigación.
UNMSM
Lo más insólito de estos cambios fue que se produjeron el 10 de septiembre, apenas un día antes del 11 de septiembre, la fecha estipulada para la presentación de solicitudes de inscripción de candidaturas para los cargos que iban a estar en disputa en el proceso electoral que tendrá lugar el próximo mes de octubre.
Universidad San Marcos

Pero esta no ha sido la única situación extraña que ha generado una profunda desconfianza sobre la integridad de estas elecciones. Marcel Velázquez, quien es principal ydoctor en literatura latinoamericana, postulaba al decanato de la facultad de letras con la agrupación Letras en Movimiento y, para su sorpresa, el Comité Electoral aceptó una tacha a su candidatura por razones que Velázquez encuentra incomprensibles.

“La razón es que yo sigo ostentando el cargo de director de escuela. Cuando uno postula a la función de decano no puedes tener un cargo administrativo en la universidad y todos los que querían postular tenían que presentar una licencia”, explicó el docente universitario en declaraciones a Sudaca con respecto a la razón de la tacha a su candidatura.

Sin embargo, en la resolución que data del 9 de septiembre se puede leer que a Velázquez sí se le había otorgado la licencia necesaria para que su candidatura proceda sin mayor contratiempo alguno. “Me parece increíble que se haya presentado una tacha cuando el Comité Electoral podía verificar que sí cumplía con el requisito”, explica el docente universitario.
UNMSM

Para Velázquez, estos errores no son involuntarios sino que responderían a una estrategia por parte de quienes hoy manejan esta casa de estudios. “Siempre los procesos electorales en San Marcos han sido complicados. Lo que sorprende ahora es que haya una gran cantidad de tachas contra profesores que abiertamente formamos parte de la oposición”, expresó.

Además de Velázquez, otros de los afectados por estas tachas han sido Ricardo Cuenca, exministro de Educación, y la antropóloga y arqueóloga peruana Ruth Shady. “Quienes están en el gobierno de la universidad no están interesados en la calidad de la educación. Eso está probado por su actuación política en alianza con los congresistas para destruir la reforma universitaria y convertir a Suneduen un ente inútil”, denuncia Marcel Velázquez.

LA FEDERACIÓN DA EL OK

Pero en medio de estas denuncias de irregularidades ha llamado la atención la postura de la Federación Universitaria de San Marcos. Sudaca conversó con Hugo Pimentel, presidente de la FUSM, sobre la situación que vienen exponiendo docentes y alumnos de esta universidad sobre las próximas elecciones.

Pimentel ha valorado el rol que viene cumpliendo el Comité Electoral y ha señaló lo siguiente: “No he visto ninguna anomalía con respecto a las tachas”. “A veces, por  tal vez una forma de incapacidad, utilizan esto para atacar a la gestión de turno. Pero no he visto que se haya hecho una tacha arbitraria. No he sido testigo de eso”, declaró a este medio intentado refutar a quienes afirman que existe una campaña contra quienes son oposición de la gestión de Jeri Ramón.

El presidente de la FUSM sostiene que este tipo de afirmaciones podría deberse a elecciones que se llevarán a cabo más adelante. “Las elecciones decanales son un preámbulo para lo que son las elecciones rectorales y sabemos que los decanos que van a entrar van a jugar un papel fundamental. Se están utilizando diversas herramientas y dicen que existe una arbitrariedad y hay, supuestamente, un monopolio del poder y solamente hay una lista única”, afirmó Pimentel.

Hugo Pimentel también explica que “cuando se eligen a los comités es de forma aleatoria, no es que sean designados por amiguismo” por lo que no puede afirmar que estén en dichos cargos por orden de las autoridades actuales y enfatiza que “no ha habido ninguna anomalía. Si algunos pueden utilizarlo como persecución política es un arma para atacar a la actual gestión”.

Según el cronograma, la jornada electoral se llevará a cabo el próximo viernes 18 de octubre, pero las semanas previas parecen mostrar una clara fractura en la Decana de América que, sin lugar a dudas, está siendo considerablemente más grave a lo que se ha podido ver en años anteriores.

Tags:

Jeri Ramon, SUNEDU, UNMSM

Hernán Chaparro, quien ha sido jefe del área de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, conversó con Sudaca sobre el inicio de la era del fujimorismo sin Alberto Fujimori y el panorama político de cara al 2026.

Alberto Fujimori ha fallecido, pero su intención, según revelan sus propia familia, era postular en las próximas elecciones, ¿cree que pudo haber sido uno de los protagonistas de la contienda electoral?

Indudablemente tendría protagonismo. La figura de Alberto Fujimori siempre ha generado sentimientos encontrados. Generaría polémica porque, por un lado, estaría el debate sobre si debe postular o no y si sus diez años fueron positivos o no. Pero es un momento en el cual su imagen se ha visto desgastada y se vería la movilización, a la que ya estamos acostumbrados, con esa dinámica de fujimorismo y antifujimorismo. Creo que también habría polémica por otros actores políticos que  le disputarían el espacio. 

Muchos de sus defensores ponen en un segundo plano la dictadura y la corrupción que también tuvo lugar durante el gobierno fujimorista, ¿se podría interpretar que, a cambio de ciertos resultados, la población está dispuesta a perdonar o ignorar crímenes?

Basta ver las elecciones regionales para notar que esos criterios, muchas veces, se disocian de las personas que eligen y en varias oportunidades terminan favoreciendo otras cosas. Por ejemplo, por más que hay sospechas plausibles que manipuló la segunda reelección y aunque en el mundo real perdió contra Toledo, seguramente tuvo un caudal importante de votos pese a que ya habían denuncias contra Montesinos y había indultado al Grupo Colina. Cuando la gente quiere borra muchas cosas de su cabeza y termina defendiendo cosas que para otros son indefendibles.

¿Se ha perdido confianza en la democracia y, por lo tanto, convicción para defenderla?

Lo que más demanda la gente es justicia. Hay más de un estudio en el cual preguntan qué significa democracia y, no te digo todo el mundo, pero hay un porcentaje que no tiene claro qué significa. Lo que la gente tiene claro, muy rápidamente, es la demanda de justicia, el reclamo de ser tratados como iguales y que hay poderosos que se aprovechan. Esa es la demanda. Lo que ocurre es que, a veces, esa demanda de justicia no toma en cuenta que esto sea alcanzado por canales democráticos y lo que quiere es un líder que haga justicia. Si eso implica cargarse las instituciones, está bien, y si no, también. Hay una laxitud democrática y lo que se busca es respuesta a estas demandas.

¿Alberto Fujimori sólo deja un partido político o también deja una corriente política?

Alberto Fujimori ha representado un sentir, una forma de ver el país y las posibles alternativas a los problemas que vivimos. Pero dicho eso, discrepo profundamente con aquellos que creen que el fujimorismo es el causante de todos los males del Perú. Hay un lugar común de estar creyendo que con Fujimori empezó una y otra cosa. Es indudable que en los diez años de Alberto Fujimori, y con lo que ha continuado Fuerza Popular, hubo una mirada de poco respeto por la institucionalidad y la ley que defienden hoy y la cambian mañana porque no les conviene, y ese es un modus operandi, pero eso no lo inventó el fujimorismo. Pero hay una serie de formas de actuar que caracterizan el sentir de un sector del país y que el fujimorismo profundizó y está ahí presente. 

¿Cómo se podría definir la ideología política fujimorista?

Hay una mirada autoritaria por un lado y lo otro es el poco respeto por la institucionalidad. Hoy, Fuerza Popular ha hecho de la Constitución lo que le da la gana. Una constitución que estaba hecha para darle poder al presidente porque el presidente era Alberto Fujimori, hoy que están en la oposición y quieren más poder en el Congreso, la han cambiado para favorecer eso. Creo que es una de sus características más importantes. 

Usted ha señalado que Fuerza Popular podría considerar que la dispersión electoral jugará a su favor, ¿pero esto sería suficiente para ganar una elección o sólo les serviría para pasar a segunda vuelta?

Creo que en una segunda vuelta vuelven a perder. El mejor momento de Fuerza Popular y Keiko Fujimori fue en 2016. Tenían  un candidato de circunstancia como Pedro Pablo Kuczynski que era diletante y tenía muchos errores en la campaña. Un mal candidato le termina ganando a Keiko, un mal candidato de derecha. 

¿A Fuerza Popular le jugó en contra el tener mayoría en el Congreso que entró en 2016?

Creo que el problema de Fuerza Popular y otra característica de Keiko Fujimori es la venganza y la negación de la delincuencia. En el 2016 lo que hubo fue abuso de poder y hoy son la primera minoría, pero siguen actuando igual o peor. Si en el 2016 no hubieran tenido el peso que tuvieron, hubieran actuado igual con este perfil donde lo que importa es la venganza y la manipulación de la ley a favor de tratar de influir en el poder judicial. Con el mayor tamaño fue peor.

¿El fujimorismo podría retomar la imagen de un partido anti establishment o seguirán siendo vistos como aliados de grupos de poder?

En el marketing político, una cosa es identidad de marca, lo que quieres comunicar, y otra es tu imagen. Ellos pueden querer comunicar que ahora son la oposición, pero no creo que la gente se lo crea. Lo que circula es que actúan en favor de intereses personales y eso dudo que lo puedan cambiar por más que a partir de abril se conviertan en un partido que empiece a denunciar a denunciar a Dina Boluarte. Dudo que alguien se lo crea.

En otros países se ve que un mal gobierno puede beneficiar en las siguientes elecciones a quienes fueron la oposición del mandatario saliente, ¿quién o quiénes serían los beneficiados por la alta desaprobación de Dina Boluarte que entró con un partido de izquierda y hoy se ve alineada a agrupaciones de derecha?

Alguno de los nuevos. Lo que sí se puede decir es que quienes tienen la cuesta muy empinada son los que están ahora en el Congreso, que normalmente actúan como oposición y que ahora comparten el gobierno. 

¿La crisis en la política peruana está alejando al peruano de a pie de la política o lo está involucrando más?

Claramente la gente está menos involucrada, porque a algunos les gustará renegar todo el día, pero entre eso y preocuparse por cosas más urgentes optan por lo segundo. Pero llegadas las elecciones se plantea la forzada necesidad de ir a votar. El punto está en que es una oportunidad para que se muestren alternativas y ahí se puede aparecer alguien que despierte algo de entusiasmo. 

¿Por qué cree que a los partido de centro e izquierda no radical les está costando tanto ser más fuertes?

Creo que a todos los partidos les cuesta. Sus problemas han sido los mismos de otras agrupaciones. Pero lo otro es que ninguno de los potenciales candidatos se quiere mostrar porque tienen la percepción que salir hoy es exponerse a que te ataquen y busquen mellar tu imagen. Por eso salen con cuentagotas. Nadie quiere mostrarse mucho. Hay una voluntad de los potenciales candidatos a no mostrarse.

 

Tags:

Fuerza Popular, Hernán Chaparro, Keiko Fujimori

Sudaca conversó con el periodista Carlos Cabrejos, quien ha seguido de cerca el trabajo de Juan Carrasco y analiza su trabajo en el caso que terminó con la absolución de Edwin Oviedo.

¿Le sorprendió el desenlace del caso que involucraba a Edwin Oviedo?

Me sorprende porque continuamos sin saber quiénes son los responsables de esas dos muertes. Las familias van a continuar con la intriga de saber quiénes son los autores intelectuales. Respecto a cómo se condujo la investigación, nosotros, como medio de comunicación que pudimos advertir la manera en que se realizó en su etapa inicial, sospechábamos que el final iba a ser adverso. 

¿Qué cree que pretendía Juan Carrasco con este caso que presentaba tantas falencias en investigación?

Recuerdo mucho un pasaje de una conversación que ocurrió en el Ministerio de Interior en la que se mencionó que era una fuerza externa que generó un estado de violencia en esa época con la intención de sacar a Edwin Oviedo de la administración de la empresa  Tumán. Lo recuerdo porque por esas épocas Chiclayo vivía muy convulsionado y, tanto la Fiscalía y como la policía, no se daban  abasto. Entonces ya aparecía Carrasco mediáticamente reflejando parte de un trabajo que es normal que hagan los fiscales. Más que todo se buscó una tribuna política con el ánimo de tener un espacio en el escenario público nacional y no tanto como representante del Ministerio Público sino como representante de alguna organización política o algún gobierno. Lo que hizo fue utilizar todos los casos para poder ganar fama.

¿Carrasco sabía que la absolución sería el final del caso?

Quizá no lo esperaba, pero se ufanaba que tenía más de cien elementos de convicción y todo corroborado para arribar a una sentencia condenatoria. Lo que no advirtió fue que sus propios colegas del distrito fiscal de La Libertad, ellos sí sin mucha parafernalia, hicieron un trabajo previo y advirtieron las irregularidades al presentar el informe. Lo que ha llevado es que finalmente le terminen enrostrando el mal trabajo que hizo y a Carrasco no le queda más que sorprenderse. El hecho de forzar una colaboración eficaz hasta en cuatro juzgados de investigación preparatoria denota que hay una especie de desesperación de no haber establecido un criterio correcto para encaminar una eficaz investigación que termine de manera satisfactoria. 

¿Qué situaciones extrañas encontraron del trabajo que realizó Carrasco?

Uno de los testigos  señala que el señor Manuel Rimarachín había solicitado garantías porque temía por su vida y había dado los nombres de dos personas que sospechaba que estaban detrás de algún ataque. En el testimonio menciona al señor Gregorio Leguía Cerna que es el colaborador eficaz y menciona a Percy Farro Witte, que es el otro asesinado. Esa línea de investigación no se continuó y ni se ha visto en la investigación que hizo Carrasco y que quizá pudo haber ido por ese lado. 

¿Carrasco buscaba fama con el caso Oviedo o también protegía a alguien?

Es probable, porque tampoco es al azar y aparecen en una línea del tiempo personajes como su cuñado vinculado a personajes con intereses a la empresa Tumán. También aparece su primo político, el abogado Fran Guevara Díaz, que también tenía participación directa en la empresa Tumán. Tenían vínculos muy cercanos y en algún momento han firmado documentos y promovido la instalación de administraciones judiciales. En el caso de Guevara Díaz acepta que es integrante de una organización criminal y Carrasco, que estuvo en la Fecor, nunca lo vio.

¿Por qué sabiendo que el caso Oviedo tenía graves falencias salió a cuestionar el trabajo de la fiscal Ludeña?

Carrasco tiene una particularidad y es la de victimizarse. Es el principal recurso que ha sabido manejar muy bien por años. Cuando se venía un proceso judicial contra alguna red criminal, si quería ejercer cierta presión sobre los magistrados, aparecía Carrasco con un informe policial diciendo que lo querían matar. Pero sus propios fiscales decían que era mentira y era un escenario creado para ejercer presión para obtener prisiones preventivas y condenas. Salir a cuestionar a la fiscal Ludeña es parte del show. Lo correcto es hacer un mea culpa. Pero Juan es un tipo que parece artista de cine. No nos sorprende nada.

¿Existen casos similares al de Oviedo en el historial de Juan Carrasco?

Hay un caso llamado ”El Señor de los Milagros”. Es un caso en el cual se lleva a la etapa de investigación inicial a casi cien personas de las cuales se terminó condenando a dos o tres. Se destinó una gran cantidad de dinero, se hizo toda la investigación que mediáticamente se decía que era una verdadera lucha contra la criminalidad pero que finalmente no arribó a nada. Se terminó exculpando a casi cien personas después de haberlas sometido a un escrutinio fiscal donde el trabajo arribó a cero y los actos delictivos que se investigaron quedaron en nada. El segundo casi tiene que ver con “La Nueva Gran Sangre” y  en el cual con  un testimonio de aspirante a colaborador se intentó poner condenas efectivas a un determinado número de personajes que hasta el momento continúan en un proceso judicial. El otro caso que está a punto de perder la Fiscalía es el de “La Hermanada del Norte”, en donde su propio colaborador de Carrasco les ha terminado por reventar en la cara el grosero trabajo que han hecho utilizando adrede testimonios para involucrar a inocentes. 

Tags:

Carlos Cabrejos, Edwin Oviedo, Juan Carrasco

Nuevamente el Ministerio de Salud parece haber cometido un error en las compras que perjudica la salud de los peruanos. En esta oportunidad, los afectados son aquellos que reciben tratamiento para el VIH y  ahora se encuentran bajo un riesgo innecesario.

La gestión de César Vásquez en el Ministerio de Salud sigue escribiendo lamentables capítulos caracterizados por errores tan insólitos que hasta parecen a propósito. En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer el alarmante presente que están atravesando las personas que son VIH positivos y dependen de este ministerio para recibir tratamiento.

Cabe señalar que, tal como está establecido en la norma técnica de salud de atención integral del adulto con infección por el VIH, tanto el diagnóstico como tratamiento para las personas con VIH debe ser gratuito en los establecimientos de salud de todo el país y el Estado es el responsable de garantizar este derecho.

Cristian RebosioSi bien esto ha ocurrido sin grandes inconvenientes durante muchos años y ha mejorado a calidad de vida de quienes reciben el tratamiento, en los últimos meses se ha registrado una situación que pone en riesgo a quienes son VIH positivos debido a un nuevo error del Ministerio de Salud al momento de realizar compras.

CAMBIO POR INCOMPETENCIA

Según la norma técnica vigente, los medicamentos que se entregan como parte del esquema de primera línea son Tenofovir, Lamivudina y Dolutegravir, y que se combinan en una sola pastilla. Tras la realización de una prueba rápida y exámenes preliminares, los cuales constan de hemogramas y estudios que buscan conocer los niveles de linfocitos, hemoglobina, leucocitos y plaquetas, el Ministerio de Salud se debería encargar de entregar el tratamiento correspondiente para el periodo de tres meses.

Cristian RebosioSin embargo, durante los últimos meses, las personas VIH positivos advirtieron un cambio que encendió las alarmas. “Desde febrero hubo un desabastecimiento desde Essalud. Ellos tampoco hicieron una compra debida para abastecer a los pacientes asegurados y habían muchos reportes que estaban cambiando el esquema a los pacientes sin avisarles”, comentó Joel Aranibar Castillo, quien se ha encargado de exponer la situación que están atravesando quienes requieren de dicho tratamiento.

“En paralelo había algunos registros que en los hospitales Loayza e Hipólito Unanue se registraban cambios de esquemas. Sin avisarle al paciente”, relata Aranibar en declaraciones para Sudaca con respecto a esta situación que se empezó a replicar en diversos centros de salud que entregaban el tratamiento mencionado.

El cambio que se estaba realizando consistía en el uso de Abacavir, un nucleósido inhibidor de la transcriptasa inversa, en reemplazo del fármaco Tenofovir. Si bien una lectura superficial podría invitar a creer que sólo es un cambio que sigue teniendo como objetivo brindar un tratamiento eficiente, el uso de Abacavir no sólo representaría un retroceso sino un riesgo innecesario para quienes lo consumen.

Para ello se debe tener en cuenta que, si bien en la norma técnica se contempla el uso de Abacavir, esto recién ocurre cuando el Tenofovir está contraindicado. Esta precisión se debe a que los efectos secundarios del uso de Abacavir puede generar en el paciente una reacción de hipersensibilidad y causarle nauseas, dolor abdominal, fiebre e incluso la muerte, tal como se advierte en la norma técnica sobre el tratamiento para personas con VIH.

Cristian RebosioA ello se le suma que en este documento se especifica queel uso de Abacavir requiere que la persona tenga una cara viral determinada. “Se recomienda contar con resultados de pruebas para saber si el fármaco no va a ser tan invasivo y el número de defensas va a poder sobrellevar esto”, explica Joel Aranibar al respecto.

Cristian Rebosio

Aranibar también advierte con respecto a estos cambios basados en desabastecimiento que “no se puede cambiar a cada rato los esquemas, porque va a pasar que la personas se van a volver resistentes al tratamiento. Entonces,cuando quieras volver al tratamiento anterior, quizá tu cuerpo ya no sea adherente”.

No obstante, el cambio en el tratamiento se llevó a cabo sin tener en cuenta esta información y estuvo motivada porque, una vez más, el Ministerio de Salud no realizó una compra adecuada de medicamentos. Esto ha sido reconocido por Carlos Benites, Director Ejecutivo de Prevención y Control de VIH-SIDA, quien declaró a la prensa que el uso del tratamiento “está excediendo lo programado”.

¿CUÁL ES LA VERDAD?

Ante este panorama, diversas organizaciones convocaron a una manifestación en los exteriores del Ministerio de Salud para exigir que no se hagan estos cambios. Según la información que brindó el ministerio tras este plantón que tuvo lugar durante los últimos días de agosto, se iban a realizar las compras necesarias para que, desde septiembre, vuelva a estar disponible el tratamiento que corresponde según la norma técnica.

“Ese mismo día dicen que van a hacer las compra de dos millones para abastecerse y que al siguiente mes van a llegar los cinco millones restantes para completar el tratamiento de este año”, relata Joel Aranibar sobre los compromisos a los que el Minsa habría llegado tras la mesa de diálogo luego del plantón del 27 de agosto.

Sin embargo, tan sólo algunos días después, los centros de salud recibieron un correo en el cual anunciaban que se cambiaría el esquema del tratamiento antiretroviral y que para el cuarto trimestre se entregaría el tratamiento que contiene Abacavir pese a que el propio Ministerio de Salud había señalado que iban a abastecerse para completar el tratamiento que incluía al último trimestre del 2024.

Cristian Rebosio
“También dijeron que se hizo el pedido de compra para el próximo año”, comenta Joel preocupado y desconfiadoante la posibilidad que ese anuncio sobre las compras que les dijeron en agosto también sea incumplido y queden obligados a continuar con un tratamiento que no es el idóneo.

Sudaca conversó con  el médico e investigador Antonio Quispe Gutiérrez, quien ha cuestionado severamente la decisión del Ministerio de Salud con respecto al tratamiento para el VIH. “Están retrocediendo casi veinte años en terapia. Están dando el tratamiento con mayor cantidad de efectos adversos”, señaló.

Quispe Gutiérrez explica que el Minsa está utilizando fármacos que “habían caído en desuso” y agrega que “no hay ninguna ley o normal que permita el retroceso en el avance de las vías del tratamiento de los pacientes” por lo que califica como criminal la decisión que ha tomado el ministerio encabezado por César Vásquez.

Es importante señalar que quienes son VIH positivos no deben abandonar el tratamiento. No obstante, que el Ministerio de Salud no esté en capacidad de adquirir los fármacos más avanzados pese a que no existe una situación de escasez en su producción y venta a nivel mundial debería llevar a una revisión de un sector que, una vez más, falla en la compra de medicamentos y termina improvisando con la salud.

Tags:

Minsa, salud, vih

Jennifer Ludeña, la fiscal a cargo del caso de Edwin Oviedo y “Los Wachiturros de Tumán” se pronunció sobre las críticas que recibió por parte del exfiscalJuan Carrasco Millones y expuso lo que realmente ocurrió con el caso que le encargaron.

Días después de conocerse la ratificación de Edwin Oviedo y otros implicados en el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”, Jennifer Ludeña Meléndez, la fiscal que estuvo encargada de sustentar la acusación contra el empresario azucarero como presunto autor de los asesinatos de Percy Farro Witte y Manuel RimarachínCascos, se pronunció para defenderse de los cuestionamientos a su trabajo.

Durante el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al expresidentede la Federación Peruana de Fútbol como el autor intelectual de los asesinatos de dos sindicalistas que ocurrieron en 2012 y 2015.

Sin embargo, las críticas a raíz de esta absolución se centraron en el trabajo de Ludeña Meléndez pese a que la investigación del caso había estado a cargo del exministroJuan Carrasco Millones. Por esta razón, la fiscal Ludeñaoptó por declarar a los medios y explicar en qué consistió su labor así como las falencias que encontró en la investigación que recibió.

“He emitido dos o tres informes porque advertí situaciones insalvables”, indicó Jennifer Ludeña con respecto a la investigación que recibió y explicó que “las carpetas que han llegado acá, ninguna ha llegado para que hagamos investigación”. Además, la fiscal dijo que “he tenido que desvincularme de sobreseimientos del fiscal que sí conocía el caso”, en referencia a las irregularidades y deficiencias en el trabajo hecho previamente por Carrasco Millones.

Previamente, Juan Carrasco se había pronunciado culpando a Ludeña por no haber defendido adecuadamente el caso y, ante ello, la fiscal de Trujillo dijo lo siguiente: “Toda mi actividad ha sido prolija, todos mis casos han terminado con sentencia condenatoria con mis propias investigaciones. No he tenido ninguna sentencia absolutoria, salvo en este caso, lamentablemente, y es porque no estuve a cargo de la investigación”.

Ludeña rechazó lo señalado por Carrasco y se refirió a otra de las versiones que se usaron para descalificar su trabajo. “Rechazo totalmente las afirmaciones que pueda hacer el doctor. Incluso ha hecho referencia a que yo tendría problemas con fiscales de Chiclayo, lo que es totalmente falso”, aclaró.

Con respecto a los pasos a seguir en el caso de Edwin Oviedo, Jennifer Ludeña anunció que apelará la absolución. “De que vamos a apelar, vamos a apelar. Porque tenemos que analizar cada punto de la sentencia”, dijo la fiscal y detalló que esta decisión se debe a que “conociendo toda la información que se ha incorporado a juicio he terminado convencida que sí tenía que emitirse una sentencia condenatoria”.

Tags:

Edwin Oviedo, Fiscalía, Juan Carrasco

A finales del pasado mes de agosto, la noticia sobre la absolución del empresario azucarero Edwin Oviedo de los asesinatos de dos sindicalistas que tuvieron lugar en 2012 y 2015 sigue dando que hablar por las groseras irregularidades que han rodeado este proceso  y que hoy ponen en el centro de la escena al exfiscal Juan Carrasco Millones tras la decisión en favor de Edwin Oviedo, que había sido vinculado con el recordado caso “Los Wachiturros de Tumán”.

El último jueves, el Poder Judicial ha ratificado la sentencia de absolución a Edwin Oviedo, quien había sido señalado como autor mediato de dos asesinatos. Junto con el empresario azucarero fueron absueltas otras cinco personas debido a que el Ministerio Público no pudo probar lo que señalaron en la acusación. 

LA ABSOLUCIÓN DE OVIEDO

Como se recuerda, la Fiscalía, con Carrasco Millones a la cabeza, acusó a Oviedo de liderar una red criminal y ser el autor intelectual de los asesinatos de Manuel Rimarachín Cascos y Percy Farro Witte, dos trabajadores de una empresa azucarera administrada por el expresidente de la Federación Peruana de Fútbol.

La tesis de la Fiscalía, por la cual pedían cincuenta y dos años de cárcel, señalaba que Oviedo había ordenado estos asesinatos como venganza debido a que Rimarachín y Farro, en su rol de sindicalistas, habían coordinado protestas de su administración de la empresa azucarera Tumán. Fue por esta acusación que Oviedo terminó por dejar la presidencia de la Federación Peruana de Fútbol a finales del año 2018 y pasó tres años cumpliendo prisión preventiva y arresto domiciliario.

Sin embargo, el mes pasado, el Poder Judicial decidió absolver a Edwin Oviedo alegando que la Fiscalía no corroboró las declaraciones de los testigos que señalaban al empresario azucarero como el responsable de dichos asesinatos y en las cuales Carrasco Millones se había apoyado para fundamentar la acusación. 

“Las solas declaraciones vertidas por estos testigos no pueden ni tienen la capacidad suficiente para enervar la presunción de inocencia”, ha sido lo que se señala en la resolución del juzgado y agrega que  “de las pruebas actuadas se tiene que tan solo se circunscriben a dichos sin una verificación objetiva de índole periférica que pueda dar certeza a los testimonios de los antes (colaboradores eficaces) indicados”.

Tras conocerse esta decisión, Sudaca conversó con César Nakazaki, abogado de Edwin Oviedo, quien señaló que el trabajo de Juan Carrasco “coincide plenamente con los intereses de estos malos empresarios” y que “ellos amenazaron a Edwin Oviedo que si intentaba ingresar a Tumán iba a pagar las consecuencias y esta fue la investigación que inventó el fiscal Carrasco”.

CARRASCO, EL REINCIDENTE

Pero, además, Nakazaki apuntó contra Juan Carrasco. “Se sabe sobre el trabajo poco prolijo del fiscal Juan Carrasco Millones y las colaboraciones eficaces porque fabrica pruebas. Él hace que una persona declare como colaborador eficaz y, sin ninguna corroboración, utiliza las declaraciones”, declaró el letrado a Sudaca.

Estas declaraciones no serían una simple opinión si se tiene en cuenta el historial del exfical Carrasco Millones que Sudaca ha expuesto en más de una oportunidad y que relatan numerosos casos en los cuales se ha hecho un uso indebido de las prisiones preventivas y los colaboradores eficaces.

Uno de los más recordados fue el de Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de una organización criminal. No obstante, casi una década después y con una investigación que terminó en 2018, Valdivia no fue acusado y lo más resaltante de dicho caso fue que Carrasco Millones habría utilizado informes con serias irregularidades para sustentar numerosas prisiones preventivas.

Miguel Ángel Nureña Sanguinetti fue otro de los que vivió un episodio de terror que involucraba a Juan Carrasco cuando, a finales del 2018, fue detenido porque, según le dijo el entonces fiscal, un colaborador eficaz  lo señaló como el testaferro del congresista Javier Velásquez Quesquén. Posteriormente, Nureña recuperaría su libertad, aunque la experiencia detenido lo marcaría tanto a él como a su familia debido a las irregularidades que existieron en el medio y la ausencia de un sustento razonable.

Tags:

Edwin Oviedo, Juan Carrasco, Poder Judicial

Hernando de Soto, en diálogo con Sudaca, señaló que “no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo” que han tenido los congresistas de Avanza País con sus adversarios. El economista se refirió a sus polémicas conversaciones son senadores estadounidenses y dio detalles sobre su nueva aventura política con el partido Progresemos.

En 2021 afrontó su primera incursión como candidato presidencial, ¿qué evaluación pudo hacer tras esta experiencia?

En primer lugar, no sólo es importante hacer una buena campaña y larga, cosa que no pude hacer ya que solamente tuve siete semanas de campaña, sino tener un buen equipo que está presente en mesas. Nosotros no lo teníamos y, cuando vino el momento del conteo de votos, no había gente. Salimos segundos, pero nos bajaron. Mi primera experiencia es que no solamente hay que tener un buen programa de gobierno y candidatos sino que también es importante tener un aparato de campaña que esté en mesa para el recuento de votos. 

¿Quiénes fueron los encargados de bajarlo de ese segundo lugar?

Cualquiera de mis contrincantes. Nosotros sabemos que Keiko Fujimori observó casi todas las mesas en las que estábamos. Pero también estaban los otros partidos. Es una vieja práctica, en cualquier país, el tratar de anular los votos de los otros donde uno no ha ganado. 

¿Qué le faltó para convencer a un mayor porcentaje del electorado?

Tomando en cuenta el poco tiempo que tuvimos, creo que cubrimos bastante bien el panorama. No era tanto lo que se decía, porque creo que los argumentos siguen vigentes, sino el hecho que no tuve tiempo de ir a todos los lugares que debía visitar y que el partido no se inscribió en cinco regiones. Esas fueron las mayores faltas. El programa y lo que se dijo estaba claro, pero hemos participado con 20% menos de presencia en el Perú que otros partidos.

¿Por qué no continuó con Avanza País?

No se cumplió con el acuerdo que consistía en que nosotros poníamos todos los candidatos preferenciales y que yo iba a dar una lista con quinientos candidatos que consideraba eran los mejores. Dijeron que las computadoras no habían funcionado y no fueron registrados. Además, había cinco regiones en las que no nos inscribieron por una falla en la campaña. Fue eso y que cuando habían llegado algunos miembros al Congreso dejaron de cumplir con un segundo acuerdo que firmamos, según el cual se creaba una comisión política para que los candidatos que habían llegado al Congreso sean gobernados acorde a los lineamientos acordados anteriormente con los que manejaban Avanza País. No honraron los contratos y yo no era responsable por todo lo que decía el partido ni tampoco tenía una maquinaria que me permitiese gobernar con disciplina en el Congreso.

¿No se siente representado por los congresistas de la bancada de Avanza País?

Definitivamente no. Lo dije claramente hace dos años cuando renuncié. Había nombrado a José Williams como mi representante para liderar la bancada, pero él decidió ir por otro rumbo y ya no había un sentido de identificación con ellos. Entre el partido por un lado con sus deficiencias y el del general Williams que, evidentemente, cambió de parecer en su pertenencia a Avanza País, yo ya no tenía un papel que jugar ahí.

¿Qué opinión tenía de Patricia Chirinos, que ha resultado ser una de las congresistas más controversiales, cuando compartieron partido?

Patricia Chirinos no entró como mi candidata. No se olvide que nosotros éramos dos partes: los que manejaban el partido administrativamente y el grupo que representaba yo y había formado con Miguel Vega. Ella fue candidata de Pedro Cenas y su partido. 

¿Se sentía cómodo con su forma de hacer política?

Nunca tuve la posibilidad de trabajar con ella. Entonces, no hubo un momento para poder decir que yo me sentí cómodo o no. Ni llegué al comienzo de un periodo con Patricia Chirinos. Había un respeto mutuo, pero su posición no fue la de ver cómo capturar o convencer a quien había elegido la mayoría de peruanos que las cosas hay que manejarlas de otra manera de lo que le están diciendo los que lo rodean. El ataque frontal que hizo ella, como otros miembros de Avanza País unidos con Renovación Popular, no me pareció el adecuado. Lo único que hacían con eso era empujarlo a extremos que de repente no eran necesarios. Yo no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo.

Al haber sido el candidato presidencial y la imagen principal del partido, ¿se siente responsable por el desempeño de la bancada de Avanza País?

Sí, por supuesto. No puedo negar que lo hubiese podido hacer mejor. No pude hacerlo porque me vetaron a trescientos candidatos. Con los que quedaban he podido hacer una mejor labor en el sentido de firmar ciertos compromisos y poner ciertos frenos a la posibilidad que se desviaran de la razón por la que fueron escogidos. De los que yo nombre como candidatos sólo entró una persona, quien es Diana Gonzales. A los otros yo no los escogí. 

¿Era posible convencer a Pedro Castillo de realizar un gobierno distinto al que tuvo?

No tengo la menor idea, pero era algo que había que ensayar. Pude tener una visita suya de media hora cuando estaba en Máncora y no hubo manera de averiguar si era posible hacer esa vuelta. Antes de eso le escribo una carta abierta diciéndole que tenga cuidado con seguir las direcciones del señor Cerrón y, luego que me reuní con él, saqué un comunicado en el que le dije que no le daba mi apoyo. En ningún momento lo apoyé, a diferencia de otros candidatos como López Aliaga, quien sale, justo después de la primera vuelta, y dice que lo respalda y que lo apoyaría en segunda vuelta por ser próvida y profamilia. Yo estaba opuesto al candidato Castillo, pero estaba dispuesto a conversar para ver si le cambiaba la manera de gobernar.

En una entrevista de 2021 dijo que había conversado con los senadores estadounidenses Ted Cruz y Bob Meléndez para que sea Estados Unidos quien determine si Perú tenía un gobierno legítimo, ¿diría que fue un error promover esto que incluso fue rechazado por la embajada norteamericana en nuestro país?

En este momento hay un movimiento en América Latina y el mundo para saber si el señor Maduro debería gobernar o no. Es bastante sencillo cuando se trata de la soberanía y legitimidad de un país, esta siempre es determinada por otros países. Se veía que Castillo estaba yendo contra una serie de normas que el país había suscrito y no las estaba cumpliendo. Lo que yo decía es que, al margen de lo que se puede hacer en el Perú, había que ver qué piensan los países que han contratado con nosotros. Quería mover opinión pública porque muchas de las clausulas básicas que permiten que el Perú pueda recibir más fondos provienen de tratados internacionales. Efectivamente, me llamó la embajadora porque habían salido noticias diciendo que se estaban preparando marines para venir. Pero el hecho que uno moviliza la opinión pública internacional para lograr un objetivo nacional es universal. Hasta el Papa y el Dalai Lama lo hacen. 

¿La situación de Perú era comparable con la de Venezuela?

No es la misma cosa. Yo hablo de las cosas que a mí me preocupaban. No hablaba del proceso electoral sino de los derechos de los peruanos que resultan de tratados internacionales. Cuando el Perú no honra ciertos acuerdos internacionales se le corta toda la ayuda. Eso ocurrió en 1992, hace el golpe el presidente Fujimori y le cortaron todas las fuentes financieras. Quien las reabrió fui yo y moví a los Estados Unidos y la comunidad internacional para que levanten las sanciones a Perú. Esto ocurre todos los días. 

¿Cuáles eran los tratados que incumplía Pedro Castillo y que justificaban a esta interferencia?

No era interferencia sino sanción. Eran doce tratados. Por ejemplo, el tratado sobre la socialización de la globalización. Eran tratados no vinculantes pero recogidos por trece convenios internacionales y todos los tratados bilaterales de inversión, libre comercio, regionales y sectoriales  que había firmado el país. Eso estaban violando y fui a verlo. Si en la prensa no están enterados de esos tratados es porque no están informados, pero yo no estoy desinformado.

¿Entonces por qué no se dieron las sanciones?

Porque yo tengo influencia, pero no mayor influencia. 

¿Qué lo sedujo del partido Progresemos?

Mis equipos conversaron con aproximadamente nueve partidos políticos de los nuevos, porque no queríamos entrar con los que estaban en el Congreso, y el partido de Paul Jaimes fue uno los que más sintonizaban con nosotros. Hicimos un acuerdo muy sólido y en base a ello creo que es la mejor opción. 

¿En qué aspectos lograron sintonizar?

La mayor parte de estos partidos no tienen la cobertura ideológica que tenemos nosotros. Tenemos ideas sobre narcotráfico, minería, agricultura, relaciones internacionales y todo ese tipo de cosas. Entonces nuestro programa es bastante amplio, pero no vimos nada en el animalismo y humanismo de Paul Jaimes que fuese contradictorio a lo nuestro. Nosotros llenamos más volumen. No era tanto que suscribíamos al otro partido sino que más bien ellos suscribían lo que nosotros habíamos predicado. No hubo ningún roce posible.

¿En Progresemos va a tener mayor injerencia en la elección de candidatos al Congreso?

Tenemos unos objetivos muy claros con relación a los congresistas que nos tocarían a nosotros. Estaríamos poniendo la mayoría de candidatos. Pero queremos ser socios leales y por supuesto Paul Jaimes va a estar muy presente en todas nuestras acciones. 

Ha hablado de la posibilidad de formar una alianza con otros partidos, ¿por qué considera necesario integrar una alianza?

Porque en el contexto de un partido, que es lo que aprendimos con Avanza País, uno puede firmar todos los acuerdos que quiera, pero si el partido no honra su palabra entonces es muy difícil hacérsela cumplir por ley. Mientras que, si uno forma una alianza, esta tiene su propia constitución y un compromiso que sí es fácil hacer cumplir por ley. Por eso se necesitan dos o tres partidos. Como estos partidos no tienen trayectoria, el hecho de poder formar alianzas nos va a permitir identificarnos en manera de vida y no necesariamente con el parecer de un solo socio. Por otro lado, es obvio que hay demasiados partidos y se necesitan alianzas. Hay lugares en el mundo, como Estados Unidos e Inglaterra en los que hay dos partidos, pero esos partidos son alianzas.

Sus seguidores lo consideran una persona a la vanguardia de temas económicos, ¿también se considera a la vanguardia así en temas progresistas como el matrimonio igualitario y el derecho al aborto?

Son problemas que son muy divisivos. A la gente no le gustan compromisos de derecho a la vida y derecho a la mujer. No creo que un jefe de estado deba manifestar sus preferencias. Lo que hay que hacer es la participación democrática para ver qué están dispuestos a aceptar los peruanos y no lo que quiero yo. En ese sentido, soy próvida, pero soy una persona que no va a tomar esa decisión solo. 

¿Eso significaría que aplicaría un referéndum sobre el aborto?

No necesariamente. Hay mil maneras de hacer la consulta popular y el debate. Este es un debate que es universal y no hay consensos. Entonces se comienzan a crear por partes y se trata de llegar a la mejor decisión posible. Yo soy próvida, pero no quiero imponer nada porque creo profundamente en que cuando están participando millones en cualquier proceso no hay manera de tener una sola verdad.

¿Considera lo mismo para el matrimonio igualitario?

Creo que ya tenemos la unión civil que parece estar funcionando en varios países del mundo. Se hace lo que la sociedad puede tolerar. Ha habido muchos progresos. Por ejemplo, se acaba de casar Carlos Bruce, parece muy feliz, todo el mundo está publicando su foto con su esposo y se está tolerando esto como no pasaba anteriormente. Pero es porque se va discutiendo y, progresivamente, comenzamos a ver qué funciona y qué no. 

¿No es injusto que, como en el ejemplo que menciona de Carlos Bruce, una persona homosexual tenga que irse a otro país para poder casarse?

Lo ideal sería poder hacerlo en su propio país. Pero si uno tiene un país como el nuestro, que ha votado cuarenta mil normas y es imposible implementarlas, hay una serie de cosas que se tienen que hacer afuera. Un informal es reconocido como productor de minerales en Estados Unidos  y Europa, pero no en el Perú. El problema no es si el Perú estaría de acuerdo o no sino con un Estado que no puede operar y no tiene como averiguar qué es lo correcto. Razón por la cual somos un grupo muy pequeño que trata de ponerse de acuerdo sobre si tiene el señor Bruce derecho a casarse. Pero, evidentemente, entre intelectuales no nos vamos a entender y por eso existe la democracia. Cuando uno se da cuenta que la corriente mayoritaria está a favor de una actitud más amable, por ejemplo, con la homosexualidad, ya lo que digamos nosotros importa muchísimo menos. 

En 2021 fue cuestionado por decir que el conductor de televisión Andrés Hurtado era su asesor y parte importante de su campaña, ¿será parte de su campaña para 2026?

Lo que ocurre es que él nos dio mucho apoyo en su programa de televisión. Él se ocupa mucho de la gente pobre. Me llamó y me dio una serie de datos útiles para comunicarme con una parte de la población y su manera de comprender las cosas con la que yo no estoy familiarizado. Fue muy útil para mí. Cuando dije que era un asesor, no era la mejor palabra. Era un punto de referencia. Cuando viene un conductor de televisión me resulta muy útil recibir su opinión. Él no era parte de la estructura de mi gobierno ni iba a ser congresista. Era una persona que me permitía identificar comportamientos. Yo converso con todo el mundo y uno de ellos es Chibolín.

¿De qué forma le ayudaba a comunicarse con la población?

Me daba datos que eran importantes. Me decía cómo tenía que presentarme en público. Por ejemplo, acabo de estar en puno y se me ha dicho que cuando viene la señora y me pide bailar la agarre con la mano derecha y diga esto, que no diga tal palabra y no hable de la marcha de Puno a Lima porque es mal visto. Es de la misma manera que cuando se solicita una visa para Estados Unidos y le dicen que se ponga un terno y una corbata. Uno necesita buenos consejos. 

La educación y la salud son derechos garantizados por la constitución vigente que, sin embargo, muestran notables falencias al momento de ser accesibles para la mayoría de peruanos, ¿cómo cambiar esto?

La primera cosa es tener un gobierno que administra bien los recursos. Durante el gobierno de Toledo se descentralizó y tenía sentido. Pero cuando Toledo comenzó dijo que lo haría en base a tres pilares. No solamente iba a descentralizar el presupuesto sino que iba a fiscalizar a las regiones para asegurarse que la corrupción que había en Lima no se reproduzca en otras regiones. Además, iba a formar en escuelas a los gobernantes regionales. Es lo mismo que pasó en China, donde contrataron servicios de extensión de los países desarrollados para formar y fiscalizar al margen de descentralizar. Pero lo que ocurrió en tiempos de Toledo es que se quedaron en la primera parte sin formar ni fiscalizar. Nosotros vamos a llevar a cabo esas partes que faltaron.

Hay una corriente política que señala al Estado como el enemigo del ciudadano de a pie, ¿comparte esta visión sobre el rol del Estado?

No soy un anarquista. Creo que la voluntad popular hay que gobernarla. Alguien tiene que administrar el contrato social que nace de un proceso político y eso es el Estado en todas partes del mundo. No conozco un país que no tenga Estado. Lo que ocurre es que hay posiciones libertarias que quieren limitar su acción. Lo que a nadie le gusta es un mal Estado.

Página 12 de 26 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
x