Cristian Rebosio, autor en Sudaca - Periodismo libre y en profundidad

Leyes para ciudadanos de segunda

Por: Cristian Rebosio 27.11.2024

El discriminador proyecto de ley con el cual Renovación Popular y el sector ultraconservador del Congreso pretende evitar que se apruebe la unión civil y busca que se siga negando la existencia de parejas del mismo sexo.

La última semana, la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso fue protagonista de una de las noticias más inesperadas. Con doce votos a favor, los integrantes de esta comisión le dieron luz verde al proyecto de ley presentado por los parlamentarios Alejandro Cavero (Avanza País) y Martha Moyano (Fuerza Popular) con el cual la unión civil de parejas del mismo sexo estaría más cerca que nunca de concretarse.

Acorde a la ruta que se sigue en el Congreso, esta iniciativa legislativa deberá pasar a debate en el pleno y, en caso obtenga el respaldo mayoritario, se convertiría en una realidad que beneficiaría a un importante sector de la población que se encuentra desprotegido de una serie de derechos, como los derechos sucesorios y patrimoniales, la pensión de sobrevivencia y la posibilidad de administrar de forma conjunta bienes adquiridos durante la convivencia.

Aunque el matrimonio entre dos personas del mismo sexo es una realidad en cerca de cuarenta países, incluyendo varios de Sudamérica, este proyecto de ley que no cumple con las mismas expectativas del matrimonio igualitario pero brinda una serie de derechos importantes ha generado un fuerte rechazo de los sectores más conservadores y discriminadores de la sociedad peruana. Incluso Fuerza Popular, la agrupación de una de las impulsoras de la iniciativa, ha manifestado que la mayoría de sus integrantes están en contra.

Sin embargo, entre lo más sorprendente de las reacciones que se han visto en estos días se encuentra el proyecto de ley con el cual el bloque ultraconservador del parlamento pretende responder a la unión civil y que incluye una indiscutible necesidad de ocultar la existencia de parejas del mismo género.

LA ALTERNATIVA

El pasado martes, la bancada de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 9324/2024-CR. Con el título de “Acuerdo Patrimonial Solidario”, la iniciativa que tiene como autor al congresista Alejandro Muñante y cuenta con las firmas de otros cinco parlamentarios (Cheryl Trigozo, Miguel Ciccia, Jorge Zeballos, María Jaúregui y Noelia Herrera) propone una extraña alternativa con la que busca disuadir a sus colegas de ver a la unión civil como una necesidad.

El autor de esta polémica iniciativa ha señalado en su presentación que tiene como objeto “crear un régimen especial patrimonial mediante el cual dos personas puedan ejercer derechos y obligaciones de carácter patrimonial y asistencial” y lo describe como un “acuerdo de voluntades entre dos personas”.

En estos primeros puntos se puede observar una considerable diferencia entre este proyecto y el que presentó el congresista Cavero en el año 2022. Tal como se observa en la siguiente imagen que corresponde al proyecto del congresista de Avanza País, la iniciativa de la unión civil la reconoce como una institución constituida por dos personas que tienen el fin de compartir un proyecto de vida.

Además, mientras que la unión civil contempla la posibilidad de tomar decisiones médicas con respecto a su conviviente, el derecho a realizar visitas íntimas a centros penitenciarios, la posibilidad de asegurar a su pareja en un régimen de seguridad social con las mismas condiciones que conyugues o convivientes y muchos derechos más, la alternativa propuesta por Renovación Popular apenas les concede la chance de otorgarse herencia y el acceso a la pensión.

DE LO QUE NO SE HABLA, NO EXISTE

En el proyecto de ley presentado por Alejandro Muñante y que Sudaca ha podido revisar, apenas en el artículo 6, el cual se muestra en la imagen anterior, se hace mención a los derechos que tendrían quienes formen parte de este acuerdo patrimonial solidario, mientras que en cuatro de las nueve páginas se puede leer sobre los “peligros” de la unión civil.

Entre las insólitas advertencias que realizan los congresistas de Renovación Popular, una de ellas se enfoca en señalar que la aprobación de la unión civil llevaría a que ocurran cambios en las normas sociales y, por esta razón, se le puede considerar una amenaza a la estabilidad social.

Pese a que la intención detrás de este proyecto de ley sería ofrecer una alternativa para la comunidad LGTBI, los congresistas del partido celeste parecen no haberse podido contener y han dejado claro en estas páginas que la posibilidad de hablar de diversidad sexual y reconocer la existencia de parejas del mismo sexo es un tema que ellos ven como algo que “genera preocupación”.

Aunque agrupaciones políticas como Renovación Popular suelen tratar los reclamos de la comunidad LGTBI como la exigencia de privilegios y no de igualdad, entre los párrafos de la iniciativa legislativa propuesta parecen dejar muy claro que sólo las uniones entre personas heterosexuales tienen importancia en la sociedad peruana.

Cabe señalar que esta propuesta presenta como antecedentes a proyectos que, años atrás, fueron presentados por dos pastores evangélicos, como es el caso de Julio Rosas y Humberto Lay, y Martha Chávez, la excongresista fujimorista militante de las posturas más conservadoras de la iglesia católica.

“De lo que no se habla, no existe. Y lo que no existe, se margina”, dice el personaje de Valeria Vegas en una de sus líneas más recordadas en la popular serie ‘Veneno’, la cual relata la trágica historia de una mujer trans en la España de los años noventa. Lamentablemente, en pleno 2024, la respuesta de un sector del Congreso a la unión civil parece decir que parejas del mismo sexo es un tema prohibido, una realidad que se debe fingir que no existe y algo que se debe marginar con leyes que parecen para ciudadanos de segunda.

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Congreso, Renovación popular, unión civil

Que quede entre amigos

Por: Cristian Rebosio 22.11.2024

Una serie de extrañas coincidencias despiertan sospechas en la Biblioteca Nacional por la contratación de un arquitecto que costará más de veinte mil soles.

Que en la Biblioteca Nacional del Perú se ha perdido el rumbo no es una novedad. En el último mes, Sudaca ha informado sobre la inexplicable decisión de nombrar como jefa institucional a Ana Peña Cardoza, una persona ajena al trabajo relacionado con el manejo de una institución de este calibre.

Pero el futuro de la histórica biblioteca parece ser más sombrío de lo que muchos podían prever. Sudaca ha accedido a nuevos documentos que no sólo relatan una sucesión de improvisaciones producto de la inexperiencia e ignorancia de quienes ocupan los principales cargos sino que estas personas incluso han empezado a utilizar el poder para beneficiar a sus conocidos.

UNA AMISTAD DE 22 MIL SOLES

Se suele decir que la amistad no tiene precio, pero, en algunas oportunidades, existen amistades que pueden llevarte a conseguir cuantiosos contratos de varias cifras. Esto es lo que parece haber ocurrido en la Biblioteca Nacional con el arquitecto Guillermo Pressiani, quien tiene una orden de servicio a su nombre por la cifra de veintidós mil soles.

Según la descripción del servicio por el cual Pressiani cobrará esta elevada cifra, la Biblioteca Nacional pagará los veintidós mil soles por un servicio de análisis y elaboración de lineamientos arquitectónicos para la mejora de la infraestructura, un trabajo que podrá llevar a cabo a distancia y con reuniones virtuales.

Sin embargo, lo más llamativo de la llegada de Pressiani a la Biblioteca Nacional es su sospechosa cercanía con los altos cargos como la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, y el gerente general, Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra. En la siguiente imagen se puede observar que Pressiani tiene como amigos en la red social Facebook a Peña Cardoza y Saldaña Murrugarra.

A este dato se le sumó otra extraña coincidencia que se encuentra en la experiencia laboral del arquitecto. Al igual que Peña Cardozo y Salgaña Murrugarra, Guillermo Pressiani tuvo un breve paso por el cargo de asesor del despacho ministerial durante la gestión de Leslie Urteaga en el Ministerio de Cultura. Pero, además, Pressiani comparte con la jefa institucional un pasado en la Universidad de Piura.

A esto se le ha sumado que, acorde a fuentes consultadas por Sudaca, en las últimas semanas se han registrado, por lo menos, quince renuncias que incluyen principalmente a directores y jefes con experiencia en el sector que parecen no tener lugar con la gestión que ha tomado el mando.

¿UN CRIMEN EN LA BIBLIOTECA?

Pero en la Biblioteca Nacional también hay una novela de misterio y no nos estamos refiriendo a una de las que se pueden encontrar entre las obras literarias que albergan en el local de San Borja. Esta novela de misterio empieza con la inexplicable decisión de la jefa institucional al elegir a su nueva asesora de la Jefatura de la Biblioteca Nacional del Perú.

En nuestro país, numerosos funcionarios públicos de distintos sectores cuentan con la posibilidad de designar a personas en cargos de confianza. “Aquel que desempeña cargo de confianza técnico o político distinto al del funcionario público quien se encuentra en el entorno de quien lo designa o remueve libremente” es la definición más precisa que podemos encontrar con respecto a lo que viene a ser considerado un empleado de confianza.

Pero, lamentablemente, esta posibilidad ha sido utilizada de la forma incorrecta en más de una oportunidad y ,lejos de sumar a sus equipos de trabajo a personas que permitan llevar a cabo una tarea de forma eficiente, son muchos los casos de funcionarios que prefieren utilizar este poder para regalar puestos de trabajo a sus amigos y hasta para devolver favores.

En la Biblioteca Nacional, en lugar de optar por una persona vinculada con la bibliotecología o, por lo menos, alguien que cuente con experiencia en el sector cultura, Ana Peña Cardoza le ha entregado este puesto a una criminóloga, una persona que se dedica a investigar y estudiar la delincuencia para prevenirla y reducirla.

Fue el pasado jueves 7 de noviembre cuando esta polémica designación se hizo oficial tras su publicación en el Diario El Peruano y Keila Miroslava Garrido Gonzales entró a la Biblioteca Nacional para ocupar el puesto de asesora II de la jefatura que lidera la señora Ana Peña Cardoza.

Además, la trayectoria laboral de Garrido Gonzales demuestra que no se trata de una persona multifacética que ha combinado sus labores en el campo de la criminología con actividades que la hagan ver como una persona idónea para desempeñarse como asesora en la Biblioteca Nacional del Perú.

Acorde a la información sobre sus últimos trabajos, Keila Miroslava Garrido Gonzales se ha desempeñado estrictamente en un campo cercano con la criminología. Tal como se puede ver en su perfil de la red social LinkedIn, la recientemente designada asesora ha pasado sus años recientes en el Ministerio del Interior y la Policía Nacional del Perú.

Recién en octubre de este año, casi un mes antes de su designación como asesora, Keila Garrido tuvo su primer acercamiento con la Biblioteca Nacional. En esa oportunidad, se registró una orden de servicio por doce mil soles bajo el concepto de un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para el despacho de la jefatura.

Los antecedentes de la actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú y los casos detallados en este informe invitan a creer que no sólo existe un desconocimiento de la dimensión de la institución que representan sino que existe cierta impunidad para entregar cargos y contratos importantes a sus conocidos.

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biblioteca nacional, BNP, Ministerio de Cultura

Los chalecos del Mininter

Por: Cristian Rebosio 19.11.2024

El Ministerio del Interior pretendía comprar chalecos antibalas sin tener la seguridad que estos cumplían con los requerimientos de seguridad establecidos. Sudaca accedió a los documentos de esta polémica adquisición que iba a costar más de setecientos mil soles.

1732 es el número de homicidios que se han registrado en 2024 y también es el número que refleja el momento de terror que están padeciendo los millones de peruanos como producto de una crisis de inseguridad que, pese a los esfuerzos del gobierno para negarla, es una realidad ante la cual no parece existir una respuesta eficiente que le pueda poner un alto.

Si bien la lista de responsables ante esta escalada criminal es larga, resulta lógico que los reflectores apunten, principalmente, al Ministerio del Interior y a su titular, Juan José Santiváñez Antúnez. Sin embargo, el ministro, que cuenta con un 76% de desaprobación acorde a la encuesta realizada por Datum Internacional el mes pasado, parece estar más lejos que nunca de encontrar la solución a la ola de inseguridad que está golpeando al país y su ministerio se muestra, cada vez, más perdido.

Sudaca pudo acceder a una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado que ha sido emitida en los últimos días y que pone al descubierto que el Ministerio del Interior, en un momento tan crítico como el actual, comete errores insólitos en asuntos claves como la adquisición de chalecos antibalas.

¿INDIFERENCIA O INCAPACIDAD?

El pasado 3 de junio, el Ministerio del Interior convocó a una licitación pública que tenía como objetivo adquirir chalecos antibalas y, para ello, se había estimado un valor de poco más de setecientos mil soles. Para el 9 de septiembre se presentaron las ofertas y el 24 de este mismo mes se anunció a quien había obtenido la buena pro.

Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp habían sido los elegidos por el comité de selección para obtener la buena pro con su oferta de S/ 708 000.00 por los más de tres mil chalecos antibalas requeridos y que, según los documentos del proceso en cuestión, iban a estar destinados a las comisarías.

Sin embargo, en los primeros días de octubre, este proceso dio un giro inesperado al conocerse que existían falencias en la oferta presentada por Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp. En los documentos que Sudaca pudo revisar, no fue el propio Ministerio del Interior quien se percató de esto sino Caddin S.A.C., otro de los postores, el cual presentó un recurso de apelación y solicitó que se declare no admitida la oferta que había recibido la buena pro por parte del comité de selección.

La razón por la cual se solicitaba que se tome esta medida resultó ser muy grave. Según la apelación presentada, las ofertas, para ser admitidas, debían incluir un “certificado de cumplimiento del estándar de resistencia balística NIJ 0101 06, emitido por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU y Reporte de Pruebas completo que dio lugar a la certificación en mención, emitido por un laboratorio autorizado por el Instituto Nacional de Justicia de EEUU”.

Este certificado no es una simple formalidad sino que garantiza el nivel de protección que brindarán los chalecos antibalas y cuenta con un prestigio ganado a nivel mundial desde hace varias décadas. Increíblemente, el postor que ganó la licitación no lo tenía y el comité de selección no tomó en cuenta que no cumplían con este requisito.

Tal como se puede leer en la siguiente imagen, en la resolución se explica que el postor presentó un certificado que correspondía a un producto distinto al que el Ministerio del Interior estaba solicitando. “La certificación es por el modelo P3MM-GC y, no por el modelo AXIIIA-1 que requiere la Entidad”, se lee en el documento.

En esta apelación, además, se pone atención en la responsabilidad del comité de selección ante el no cumplimiento de los criterios establecidos para la presentación de ofertas en este proceso de licitación.

Por su lado, el Ministerio del Interior, a través de su director de la Oficina de Abastecimiento, responde a estos cuestionamientos intenta minimizar la ausencia del certificado de los chalecos antibalas señalando que, si se declara fundada la apelación, el costo de la contratación aumentaría en cuarenta mil soles. Además, agregan que los aspectos cuestionados “exceden la evaluación que realiza el comité de selección”.

Pero, en la Resolución Nº 4502-2024-TCE-S6, la sala que atendió este caso señaló que, efectivamente, el modelo ofertado por el postor al que le habían otorgado la buena pro no contaba con la certificación NIJ 010106 que era una de las exigencias señaladas en las bases del proceso.

En la referida resolución, el Tribunal de Contrataciones del Estado no exime de responsabilidades al Ministerio del Interior. Según explica, el comité de selección sí tenía la obligación de verificar la vigencia de la certificación debido a que las propias bases indicaban que debía ser de esa manera.

Por ello, el pasado 12 de noviembre, el Tribunal de Contrataciones del Estado se pronunció y determinó que correspondía “No admitir la oferta del Consorcio Sourcing Group Perú S.A.C. y Sourcing Group Corp” y, por consiguiente, se les revocaría la buena pro obtenida algunos meses atrás.

El desenlace de esta adquisición de chalecos antibalas no sólo expone la falta de rigurosidad en las compras de instrumentos de trabajo que, en tiempos tan violentos como los que está atravesando el Perú, son un elemento indispensable para policías que trabajan en las comisarías sino que también evidencia que quienes están a cargo de estas compras desconocen el trabajo que deben realizar.

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Juan Santivañez, Ministerio del Interior, Policia

La compañía de Lozano en la FPF

Por: Cristian Rebosio 12.11.2024

Personajes cercanos al Sodalicio, un investigado financista del fujimorismo y hasta un dirigente vinculado con “Chibolín” aparecen en la lista de personas que integran la junta directiva y diversas comisiones de la Federación Peruana de Fútbol que estaba bajo la conducción de Agustín Lozano.

“Es imperioso que todo este inconveniente se resuelva lo antes posible y se respete el debido proceso, por el bien de todos, principalmente de las familias involucradas”, dicen las líneas del pronunciamiento de Paolo Guerrero, delantero del seleccionado nacional, con respecto a la situación de Agustín Lozano y otros miembros de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) detenidos en la última semana.

Sin embargo, pese a este tipo de publicaciones que parecía buscar, sin aparente éxito, que la opinión pública desarrolle algún tipo de empatía con estos dirigentes deportivos, el presente del máximo ente del fútbol peruano bajo la conducción de Lozano no invita a creer que la FPF esté en las manos adecuadas.

Sudaca revisó la lista de integrantes de la junta directiva así como de las comisiones y encontró grandes sorpresas en el historial de las personas que actualmente las integran y acompañan a Lozano en la conducción del fútbol peruano.

DIME CON QUIEN ANDAS…

Uno de los nombres que llama la atención en la junta directiva es el de Osías Ramírez Gamarra, quien es presidente del club cajamarquino UTC. Lo polémico con respecto a este personaje se encuentra en su incursión en la política. En el año 2016, Osías Ramírez integró la bancada de Fuerza Popular y su hermano, Joaquín Ramírez, ocupaba el cargo de secretario general de la agrupación liderada por Keiko Fujimori.

Osías Ramírez, que además de parlamentario fue financista del partido fujimorista, fue señalado como parte de un mecanismo de presunto lavado de activos que su hermano, Joaquín Ramírez, habría utilizado para blanquear el dinero que ingresaba al partido de Keiko Fujimori.

¿UN CONOCIDO DE CHIBOLÍN?

Otro de los personajes que integran esta junta directiva es Raúl Alexander Lozano Peralta, presidente del cuabro trujillano Carlos Mannucci e hijo de Yolanda Peralta, rectora de la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), y del exrector, Víctor Raúl Lozano Ibáñez. El nombre de este dirigente deportivo ha sido noticia en las últimas semanas y no por alguna victoria de su equipo sino porque ha sido involucrado con el caso de Andrés Hurtado.

Según un informe emitido por el programa “Beto a saber”, Raúl Alexander Lozano Peralta figura como dueño de la empresa Geoland Tours S.A.C. junto con César Gerardo Mercado Alvarado. La investigación hecha por este programa relata que esta empresa pagó 190 mil dólares por un terreno en Huanchaco que, tiempo antes, ese mismo terreno había sido adquirido por apenas diez mil soles.

Este extraño movimiento despertó más sospechas al tener en cuenta que César Mercado, socio del integrante de la junta directiva de la FPF, constituyó una empresa con el conductor de televisión Andrés Hurtado para la cual, extrañamente, sólo aportó doscientos cincuenta soles.

UN HISTORIAL QUE DEJA MUCHO QUE DESEAR

Reynaldo Lima Barrena, quien ocupa el cargo de vicepresidente de la Comisión de Desarrollo Académico, cuenta en su historial con una grave acusación que data del año 2019. En aquella oportunidad, Lima Barrena era señalado de presentar, en su condición de presidente de la Departamental de Huancavelica, documentación de un partido de Copa Perú que nunca se jugó y que definía al primer y segundo lugar de la etapa departamental.

A esto se le suma un antecedente que data del mes de octubre, cuando se registraron protestas en Huancavelica en contra de Lima Barrena. El Club Unión Deportivo Calvario acusaba al presidente de la Liga Departamental de Huancavelica, quien lleva cerca de tres décadas en el cargo, de excluirlos de la Copa Perú de forma ilícita y, además, señalaban que Reynaldo Lima se quedaba con el 70% de la taquilla de los partidos.

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HASTA EL SODALICIO ESTÁ PRESENTE

El Sodalitium Christianae Vítae, más conocido como Sodalicio, es el nombre de una comunidad perteneciente a la Iglesia católica con tendencia ultraconservadora, pero también es un nombre que trae a la memoria un caso siniestro que incluye abusos físicos y psicológicos de menores de edad que hasta la fecha siguen luchando por obtener justicia.

Si bien esta historial parece no tener relación con el fútbol peruano, al revisar la lista de integrantes de la Comisión Electoral de la federación que Agustín Lozano encabeza, uno de los nombres que figuran es el de Claudio Cajina Samamé. Sudaca buscó el historial de este personaje y pudo encontrar que, en una publicación del Diario Expreso que corresponde al año 2017, Cajina Samamé ejerció como abogado del Sodalicio.

Pero una historia mucho más turbia sería la de Jesús Ary Alcántara Valdivia, quien es el presidente de la Comisión de Ética. En una investigación realizada por las periodistas Paola Ugaz y Raiza Arroyo, el abogado Alcántara Valdivia se ve involucrado en un caso de controversiales movimientos económicos hechos por el Sodalicio para sacar su dinero del país y no tener que pagar la reparación a sus víctimas.

Según esta extensa investigación, Jaime Manuel Baertl Gómez, uno de los pesos pesados del Sodalicio y recientemente expulsado por orden del Vaticano, tenía a Alcántara Valdivia como uno de sus abogados. Ugaz y Arroyo relatan que Baertl era acusado de idear “un sistema para defraudar al fisco para enriquecerse con su círculo más cercano”.

Es en este punto de la historia cuando Jesús Ary Alcántara Valdivia se ve involucrado debido a que había sido nombrado como único representante de Provindential Group Inc., una de las offshore adquiridas por el Sodalicio. La publicación de Paola Ugaz y Raiza Arroyo revela que, casualmente, a pocos meses de la publicación de un libro que relataba los terribles abusos que padecieron las víctimas, la offshore que tenía como representante a Alcántara absorbe el 59% de acciones y propiedades de la holding Inversiones San José, compañía en la cual se concentraba el patrimonio y pasaba el flujo de dinero del grupo cercano a Baertl Gómez.

CHOQUE Y EXCUSA

Hugo Virgilio Oré Morales figura entre los miembros suplentes en la Comisión Electoral de la Federación Peruana de Fútbol y, en noviembre del año pasado, se vio involucrado en un incidente que ocurrió en el distrito de San Borja y del cual trató de escapar con una burda excusa que, para su mala suerte, fue rápidamente descartada.

Según un documento que pudo revisar Sudaca y que corresponde a la municipalidad de este distrito, mientras Oré Morales conducía su vehículo Mercedes Benz habría incurrido en lo que fue calificado como “daños a los parques, jardines y bienes públicos”. Por ello, se había dispuesto que Hugo Oré deba pagar S/. 2,475.00 de multa.

Lejos de asumir su responsabilidad y pagar el monto que le correspondía, el miembro suplente de la Comisión Electoral apeló alegando una serie de excusas. Según Oré, no había sido notificado, el que conducía su vehículo era un chofer y el árbol dañado no estaba correctamente protegido. Sin embargo, en agosto del presente año, su apelación fue declarada infundada debido a que excusas, como que no era él quien conducía, habían sido fácilmente desmentidas con pruebas.

Lejos de los puestos de clasificación al próximo Mundial, un rendimiento muy inferior a otros seleccionados en torneos de menores y participaciones olvidables en competencias de clubes como la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Sin duda alguna, el fútbol peruano atraviesa uno de sus peores momentos y, aunque los jugadores de la bicolor tengan una posición tibia y hasta de respaldo, la gestión de Agustín Lozano y quienes ocupan cargos en la FPF difícilmente darle un rumbo distinto al balompié peruano cuando pesan tantos cuestionamientos sobre sus historias.

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Agustín Lozano, FPF, Selección peruana

Potencia mundial en ausencias

Por: Cristian Rebosio 9.11.2024

En uno de los años más caóticos para la capital, el alcalde Rafael López Aliaga ha registrado, por lo menos, veinticuatro ausencias a su cargo sin brindar una justificación clara. Además, el teniente alcalde estaría siguiendo su ejemplo e incluso se ausentaría de sus responsabilidades los mismos días que el burgomaestre limeño dejando la Municipalidad de Lima en manos de una regidora.

“Lima, potencia mundial” se convirtió, allá por el año 2022, en uno de los eslóganes de campaña más ambiciosos en la lucha por el sillón municipal. Rafael López Aliaga y Renovación Popular fueron quienes se postularon como la opción capaz de cumplir con esta promesa que, incluso en época de elecciones, parecía muy difícil de llevar a cabo y más si se tenía en cuenta el pobre desempeño del candidato del partido celeste tanto en el debate como en diversas entrevistas.

A tan sólo dos meses de iniciar el tercer año de gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el compromiso de convertir a la capital en una potencia mundial no sólo parece un objetivo muy distante sino que el trabajo del alcalde y sus aliados de Renovación Popular en el Palacio Municipal han llevado a que Lima se convierta potencia en aspectos que están lejos de despertar orgullo.

Sudaca ha revisado documentos emitidos a lo largo de un 2024 que está por terminar y se ha podido observar que las palabras que más predominan en estos documentos son “licencia”, “encargar el despacho de la alcaldía” y “el alcalde se ausentará”. En este informe, Sudaca detallará las numerosas licencias pedidas por Rafael López Aliaga y las verdaderas razones detrás de las ausencias que lo alejaron de sus responsabilidades.

AUSENCIAS Y MENTIRAS

La primera de las ausencias del alcalde López Aliaga en 2024 se anunció para el 31 de enero y, tal como se puede ver en la siguiente imagen, el líder de Renovación Popular justificaba su inasistencia a la Sesión de Concejo Extraordinaria alegando “tener que atender actividades inherentes a su cargo”. No obstante, en las notas de prensa de la propia Municipalidad de Lima no se encuentra ninguna actividad que incluya la participación del alcalde en el 31 de enero.

Tan sólo un día después, Rafael López Aliaga vuelve a ausentarse de la sesión de concejo extraordinaria y, como es estipulado en la resolución N° 034, Renzo Reggiardo Barreto, el teniente alcalde, es designado para conducir dicha sesión.

Estas ausencias del alcalde López Aliaga en las sesiones de concejo se siguieron repitiendo a lo largo de todo el 2024 y siempre recurriendo a la excusa de tener “actividades inherentes a su cargo” pese a que, al buscar noticias sobre actividades en esas fechas, no figuraba nada relacionado.

Pero lo que sí figuran son entrevistas y conferencias de prensa en las cuales Rafael López Aliaga dedicaba su tiempo a enfrascarse en discusiones con sus enemigos políticos y que tenían lugar un día antes o hasta en el mismo día de las sesiones a las cuales el alcalde de Lima no podía asistir por, supuestamente, estar ocupado realizando actividades inherentes a su cargo.

Acorde a las resoluciones que ha podido revisar Sudaca, en lo que va del presente año, el alcalde Rafael López Aliaga se ha ausentado de su puesto en la alcaldía, por lo menos, en veinticuatro oportunidades alegando que tenía “actividades inherentes a su cargo”, “descanso físico”, un viaje a España y motivos personales.

En la resolución de alcaldía N° 106 fue una de las pocas veces que el titular de la Municipalidad de Lima brindó explicaciones con respecto a su ausencia. En aquella oportunidad, el alcalde limeño solicitó licencia para acompañar la candidatura de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

MUNICIPALIDAD ABANDONADA

Pero el alcalde López Aliaga no ha sido el único que se ha permitido ausentarse y dejar de lado sus responsabilidades en numerosas oportunidades. El ejemplo del alcalde ha sido seguido por otra figura de mucho peso dentro de la Municipalidad de Lima, el actual teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.

Acorde a los estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Reggiardo Barreto, por ser el teniente alcalde, es el designado para reemplazar al burgomaestre cuando este no se encuentre disponible para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, Sudaca ha encontrado que, en varias oportunidades, Renzo Reggiardo se ausentaba de su cargo al mismo tiempo que el líder de Renovación Popular y, por esta razón, el manejo de la Municipalidad de Lima quedaba en manos de una regidora.

¿ALCALDE O CANDIDATO?

Este abandono del cargo por parte del alcalde se produce, además, en un año en el cual Rafael López Aliaga ha destinado una importante cantidad de su tiempo a retomar lo que sería su campaña presidencial con miras al año 2026. En los últimos meses, el político conservador ha sido visto en diversas regiones participando de mítines e incluso formando alianzas, como la que anunció el pasado mes de julio con Pedro Spadaro, actual alcalde del Callao, y su agrupación política.

Además, el alcalde de Lima ha aprovechado las oportunidades para ausentarse del despacho municipal para viajar a otros países, aunque durante estas excursiones, que lo han llevado a Europa y Estados Unidos, se le ha visto más interesado en acercarse a políticos con los que comparte ideología política, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que en anunciar algún proyecto relevante para Lima.

Durante el mes de octubre, uno de los más críticos para el Perú y la ciudad de Lima por la crisis de inseguridad, López Aliaga fue visto en Miami y, aunque el alcalde sostuvo que este viaje fue para “solicitar apoyo al gobierno americano para el funcionamiento del tren de pasajeros de Chosica a Desamparados” y que su estancia en tierras norteamericanas fue por un breve lapso de horas, una imagen que subió a redes el cineasta Eduardo Verástegui mostraba al alcalde recorriendo una iglesia en Miami.

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Lopez Aliaga, Municipalidad de Lima, Renzo Reggiardo

La ruta del dinero de la BNP

Por: Cristian Rebosio 2.11.2024

En la Biblioteca Nacional habrían encontrado la forma de tomar dinero de la institución usando gastos reales como excusa para emitir documentos que luego les permitían sacar montos extra con fines desconocidos. Sudaca accedió a estos reveladores documentos que exponen los malos manejos en los que estaría incurriendo la BNP.

En la histórica Biblioteca Nacional se viene escribiendo y descubriendo nuevos capítulos de una novela que, a diferencia de las muchas obras literarias que en esta sede se guardan, no es una ficción sino que está basada en hechos reales y, quizá lo peor, es que cada vez la trama va tomando tintes más complejos que invitan a creer que los villanos de dicha novela han logrado su cometido.

Sudaca ha accedido a nuevos y reveladores documentos que detallan el método por el cual se habría utilizado como excusa un gasto propio de las actividades desarrolladas por la Biblioteca Nacional para destinar dinero en favor de otras personas sin brindar las explicaciones correspondientes.

LA EXCUSA IDEAL

Para este 2024, el evento denominado “II Encuentro Internacional Bibliotecas desde Abya-Yala” estaba programado para los primeros días del mes de mayo y la Biblioteca Nacional del Perú iba a ser una de sus protagonistas. En este evento de esperaba contar con la presencia de invitados nacionales e internacionales y, para ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) de la Biblioteca Nacional de los gastos de transporte y alojamiento.

Sin embargo, tras un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas, las expectativas se vieron afectadas. Por ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) se encontró en la necesidad de realizar algunos cambios y, ante el paso del tiempo, Lilian Antonieta Maura Tejada, directora de la DAPI asumió con su propio dinero los gastos por novecientos soles que correspondían para la logística necesaria para la presencia de dos ponentes que iban a asistir a dicho evento.

Semanas después, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información solicitó a la Oficina de Administración que le puedan resarcir el gasto que había efectuado. Para el mes de junio, esta oficina respondió que se formularía un TDR (documento con especificaciones técnicas para una contratación externa) con el cual le devolverían el gasto que ella había asumido semanas atrás.

No obstante, en esta respuesta le anunciaron que el TDR no sólo atendería el gasto realizado por ella sino que también incluiría otros y por ello el TDR en cuestión no era por 900 soles sino por 3,500 soles. Es en este punto que las explicaciones al respecto empezaron a despertar sospechas sobre un posible aprovechamiento de un pedido justificado para liberar dinero con otras intenciones.

Sudaca accedió al documento que la entonces directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información envió a la jefatura institucional reportando esta situación y exponiendo la extraña explicación que le dieron con respecto a la cantidad de dinero por la cual se estaba emitiendo el TDR.

En este documento Lilian Maura relata que, tras pedir explicaciones por el inesperado monto del TDR, se le informó que, además de los 900 soles que le correspondían a ella, 500 soles serían para un tercero que ya no trabajaba en la Biblioteca Nacional y el resto serían para gastos solicitados, y que no eran especificados, por Luis Calle, quien brindaba asistencia en el plantel de asesores de la jefatura.

En palabras de la propia directora de la DAPI, esta ausencia de detalles en la explicación por los 3,500 soles llevó a que suponga que “habría la posibilidad de producirse un acto incorrecto” y, al no existir claridad sobre este caso, manifestó que no estaba dispuesta a poner su firma en el cuestionado TDR.

Como se contó al inicio de este informe, esta situación se produjo entre los meses de mayo y junio, y para el mes de agosto, más precisamente el primer día de este mes, se conoció que Lilian Antonieta Maura Tejada, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información que expuso su preocupación por los 3,500 soles asignados en el TDR renunció a su cargo.

LA RUTA CONOCIDA

Pero, además, parece que se ha establecido una ruta de llegada a la Biblioteca Nacional que se está volviendo usual para más de un funcionario. Así como anteriormente Sudaca expuso que Ana Peña Cardoza, la jefa institucional, llegó al cargo que ostenta en la actualidad sin mayor experiencia en el sector que un breve paso por el Ministerio de Cultura como asesora y jefa del gabinete de asesores de dicho ministerio, el nuevo gerente general habría seguido la misma ruta.

En esta oportunidad estamos hablando del señor Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra, quien el pasado 21 de agosto fue designado por la propia Ana Peña Cardoza como el nuevo gerente general de la Biblioteca Nacional.

Al igual que la jefa institucional, Saldaña Murrugara tuvo un muy breve paso por el Ministerio de Cultura entre 2023 y 2024 cuando estuvo ocupando el cargo de asesor de la secretaria general y coordinador de la unidad funcional de integridad antes de dar un salto directo y sin escalas a la gerencia general de la Biblioteca Nacional.

Según fuentes internas consultadas por este medio, lo que más sorprendió con respecto al nuevo gerente general ha sido que, antes de cumplir dos meses en su puesto, Agustín Saldaña Murrugarra ya había solicitado su primera licencia.

Lamentablemente, las posibilidades de un cambio de rumbo en una institución clave en la cultura, como es el caso de la Biblioteca Nacional, son escasas y más si se tiene en cuenta que, al desinterés del Ejecutivo y Legislativo por salvaguardar este sector, existe un claro interés de utilizarlo para poner a conocidos de la propia Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte, tal como ha ocurrido con la llegada de Juan Yangali a la dirección de la Casa de la Literarura.

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Nuestra caótica biblioteca

Por: Cristian Rebosio 29.10.2024

La Biblioteca Nacional vive momentos críticos ante la falta de experiencia por parte de sus actuales autoridades y el presupuesto de la institución estaría próximo a despilfarrarse con contrataciones más que cuestionables.

Que, para una gran parte de la clase política peruana, todo aquello relacionado con la cultura es subestimado, visto como prescindible y hasta señalado como una pérdida de dinero no es una sorpresa para nadie. Sin embargo, a ese gran desinterés por abordar la cultura parece que se le ha sumado el aprovechamiento para darle un uso absurdo e irresponsable al presupuesto que tienen asignado.

Esta es la situación que se está viviendo por estos días en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta institución que resguarda importantes colecciones de libros y documentos históricos, hoy afronta uno de sus momentos más críticos y la responsabilidad que tiene a cargo se ve en peligro ante contrataciones tan costosas como inexplicables.

Sudaca ha podido acceder a nuevos casos que exponen estos irresponsables manejos dentro de una institución que evidencia la ausencia de una misión clara como resultado de la inexperiencia de quienes actualmente toman las decisiones referidas al presente y futuro de la Biblioteca Nacional del Perú.

UN POLÉMICO RETORNO

En un informe publicado la semana pasada, Sudaca expuso el crítico momento que está atravesando la Biblioteca Nacional del Perú por diversas contrataciones muy cuestionadas y, entre estas, se encontraba el de la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, que no tenía mayor experiencia en el sector cultura que el de haber sido asesora y jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura por un breve periodo durante el 2023.

Esta falta de conocimiento del sector en el que ocupa un cargo tan importante habría llevado a que Peña Cardoza deba recurrir a medidas desesperadas y una de ellas sería la contratación de un antiguo jefe institucional de la Biblioteca Nacional con el objetivo de darle algún tipo de dirección a una institución que no está en su mejor momento y que la propia Peña Cardoza no sabría conducir por su inexperiencia.

La persona de la que estamos hablando es Ezio Neyra Magagna, el hermano de los reconocidos actores Gianella y Jesús Neyra que fue noticia en enero del 2020 por su designación como jefe institucional de la Biblioteca Nacional y se mantuvo en este cargo hasta el año 2021 cuando salió del puesto tras la llegada del nuevo gobierno.

Pero Neyra Magagna estaría próximo a regresar a la Biblioteca Nacional. Sudaca pudo acceder en exclusiva a una orden de servicio a nombre del exjefe institucional por cerca de treinta mil soles bajo el concepto de un servicio de elaboración y análisis para la formulación organizacional, investigación e innovación.

Según información que pudo obtener este medio, el propósito de esta contratación sería ayudar a Peña Cardoza a manejar una institución de la cual entiende poco y, por lo menos, Ezio Neyra tendría un poco más de conocimiento. Pero, además, esta contratación buscaría no tener que devolver el presupuesto no ejecutado por la gestión actual.

Además, cabe señalar que, en su momento, la gestión de Ezio Neyra Magagna recibió duros cuestionamientos y fue acusado de despilfarrar los recursos de la Biblioteca Nacional. Según información que publicó el escritor Luis Felipe Alpaca en el medio digital Limagris, la institución realizó gastos por más de trescientos mil soles por materiales audiovisuales.

También se cuestionaba que se destinaron cerca de trescientos mil soles por un servicio de fotocopiado, impresión y escaneo. La publicación realizada por Luis Felipe Alpaca también recogía la postura de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú que era muy crítica con Neyra Magagna.

¿BIBLIOTECA O AGENCIA DE EMPLEOS?

Pero estos no son los únicos gastos que están llamando la atención. Sudaca también pudo obtener una serie de documentos que exponen la intención de la actual jefa institucional, Ana Peña Cardoza, de gastar varios miles de soles en contrataciones que, casualmente, están todas dirigidas a su jefatura.

Una de estas contrataciones ha sido descrita como un servicio de gestión y seguimiento de proyectos culturales para la jefatura y, por este encargo, la persona elegida para realizar dicha labor recibirá la cifra de cuarenta mil soles.

Pero este no es el único gasto que pretenden realizar. Se ha podido encontrar en estos documentos que se invertirá en un servicio de revisión y gestión de actividades de la jefatura por el cual la Biblioteca Nacional estará haciendo un pago de veinte mil soles a la persona encargada.

También en un trabajo vinculado con la jefatura, la Biblioteca Nacional estará gastando doce mil soles en un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para, casualmente, el despacho de la jefatura que encabeza actualmente la señora Ana Peña Cardoza.

Los planes de contrataciones continúan y, tal como se observa en la siguiente imagen, la jefatura institucional vuelve a aparecer como la dependencia que requiere el servicio y en este caso el servicio consiste en un diagnóstico y propuesta para el fortalecimiento institucional de la Biblioteca Nacional y por el cual deberán destinarle la cifra de treinta y cinco mil soles.

Una quinta contratación pretendida, que tiene como protagonista una vez más a la jefatura institucional, pretende utilizar doce mil soles para pagar un servicio de asistencia legal para la jefatura encabezada por Ana Peña Cardoza.

Se suele decir que el dinero destinado al sector cultura no es gasto sino inversión, pero la comprobada falta de capacidad y experiencia de quienes hoy tienen un encargo tan importante como es el manejo de la Biblioteca Nacional del Perú llevan a que el dinero que hoy tienen bajo su administración sea, muy probablemente, malgastado y no una inversión eficiente.

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El exministro Carrasco Millones bajo investigación

Por: Cristian Rebosio 25.10.2024

La Fiscalía Superior Penal de Lambayeque ha dispuesto iniciar una investigación preliminar contra el exfiscal Juan Carrasco Millones luego que este fuese denunciado por enriquecimiento ilícito. Sudaca conoció los detalles de esta disposición.

Juan Manuel Carrasco Millones, quien en su momento fue uno de los fiscales más conocidos del país y llegó a ocupar el cargo de ministro, estaría afrontando un momento muy complicado luego de ser denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado.

Según ha podido conocer Sudaca, el pasado 14 de octubre se dio a conocer la disposición de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque en la cual se establece que se iniciará una investigación preliminar por el plazo de ocho meses contra el exfiscal Carrasco Millones por hechos ocurridos cuando era fiscal adjunto y fiscal provincial.

Entre las diligencias ordenadas por la fiscal superior Giovana del Río Carreaño se encuentran pedidos para que se informe sobre los ingresos del exfiscal entre los años 2014 y 2021, copias de sus declaraciones jurada y copias de otros documentos, como antecedentes registrales de propiedades, acciones y empresas.

LA DENUNCIA

Esta decisión de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque llega luego que, el pasado 5 de junio de este año, se presentó una denuncia contra el exfiscal en la cual se le acusaba de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y que esto se vería reflejado en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas correspondientes al periodo de tiempo entre 2010 y 2021.

Tal como se aprecia en la siguiente imagen, la denuncia se exponen importantes movimientos económicos relacionados a la venta y adquisición de propiedades así como créditos hipotecarios que no se verían reflejados en la declaración jurada que le correspondía presentar por los años 2011 y 2012.

En esta denuncia también se hace mención a lo que han considerado movimientos sospechosos en relación a hipotecas obtenidas por Carrasco Millones que no concuerdan con los bienes patrimoniales declarados por el exministro en los años 2018 y 2019. Mientras que una de las hipotecas cuestionadas podía superar los quinientos mil soles, los bienes patrimoniales que se declararon en estas fechas apenas ascendía a trecientos mil soles.

Sin embargo, en lo que respecta al delito de lavado de activos en agravio del Estado, la disposición del pasado catorce de octubre declaraba no ha lugar a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria a Carrasco Millones y, por lo tanto, señalaba que se proceda al archivo en lo referido a esta acusación.

Pero, el pasado 22 de octubre, una nueva disposición ha anunciado que se concede el recurso de elevación de actuados. Este recurso le permite al denunciante, que está inconforme con la decisión de archivar, requerirle al fiscal elevar las actuaciones al fiscal superior y, por lo tanto, esta parte de la denuncia todavía estará pendiente de resolverse.

Cabe señalar que este caso ha atravesado serios cuestionamientos debido a lo que la parte denunciante ha considerado una exagerada demora en el tiempo para ser abordado y que incluso ha despertado suspicacias sobre las razones detrás de la lentitud con que la justicia lo ha tratado pese a involucrar delitos tan serios.

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La mano de Dina y Nicanor en la Biblioteca Nacional

Por: Cristian Rebosio 18.10.2024

La Biblioteca Nacional parece haber caído en la lista de instituciones que el gobierno reparte como botín a aliados y amigos. Sudaca conoció el caso de las extrañas designaciones que se vienen produciendo y el nombre del personaje cercano a la familia Boluarte que estaría detrás de estas.

Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia a finales del 2022, no era difícil imaginar que el Perú estaría ante lo que se suele conocer como una repatija de diversos cargos con los que la nueva mandataria intentaría seducir a posibles aliados políticos para evitar que la figura de la vacancia esté rondando por los pasillos del Congreso y Palacio de Gobierno.

Sin embargo, pocos podrían haber imaginado que este reparto de cargos vitales para el correcto funcionamiento del país tendría como beneficiados a personajes con muy poca capacidad y mérito para desempeñar las funciones que se les encargaron. En el pasado, Sudaca ha informado este tipo de designaciones en diversos ministerios y, en esta oportunidad, la nueva víctima del gobierno es la histórica Biblioteca Nacional del Perú.

¿QUÉ PASA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL?

Uno de estos movimientos que han llamado la atención en la conducción de la Biblioteca Nacional ha sido la llegada de Ana Peña Cardoza al cargo de jefa institucional. El pasado 24 de septiembre, Peña Cardoza fue ratificada en este cargo luego de haberlo ocupado temporalmente tras la renuncia de su predecesor, Boris Espezúa, en el mes de agosto.

Pero la razón detrás del cuestionamiento a su llegada al puesto de jefa institucional está en su poco conocimiento del sector. Sudaca pudo revisar las diecinueve páginas de su hoja de vida y, aunque cuenta con un gran número de documentos que acreditan su experiencia laboral y universitaria y asistencia a diversos cursos, queda claro que su vida laboral no ha estado vinculada con el sector que ahora integra.

En estos documentos se puede ver que la experiencia de Ana Peña siempre había estado ligada a su trabajo como abogada. Sumado al título obtenido en la Universidad de Piura, la actual jefa institucional de la Biblioteca Nacional ha asistido a un curso de regulación económica y competencia en la Universidad de Valladolid y otro de conciliación extrajudicial dictado por Indecopi. Pero no se puede apreciar ninguno que la haya preparado para el encargo que le han asignado.

Además, al revisar su etapa como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se puede encontrar que, pese a ser el ámbito para que el supuestamente estaba mejor preparada, no estuvo libre de cuestionamientos y protagonizó un controvertido episodio al declarar que en Indecopi “la tendencia es no sancionar” cuando la prensa le preguntó por las denuncias de consumidores a empresas que no entregaban los productos.

Sin embargo, lo que no se puede encontrar es algún antecedente que invite a creer que estaba capacitada para ocupar un cargo de tanta jerarquía como el que ostenta en la actualidad en la Biblioteca Nacional. Esto se puede afirmar al tener en cuenta que su breve y primera conexión con el sector cultura había ocurrido en el año 2023 cuando tan sólo ocupó el cargo de asesora y jefa de gabinete de asesores en el Ministerio de Cultura.

No obstante, esta no es la única situación extraña que se ha observado en la Biblioteca Nacional. En mayo de este año, Josefina Jiménez Palacios fue designada como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, en lo que se consideraba un cargo de confianza.

Pero en agosto del presente año, a menos de tres meses de haber llegado a dicho puesto, una resolución jefatural anunció que Jiménez Palacios no continuaría en el cargo de coordinadora.

La noticia de su salida, que según algunas fuentes habría ocurrido como consecuencia de un informe técnico que la involucraba, incluso fue una sorpresa para la propia Josefina Jiménez y, ante el desconcierto del momento, expuso en sus redes sociales su sentir tras el anuncio de su salida del cargo.

Fue en este texto que expuso algunos datos que generaron indignación debido a que la propia Jiménez Palacios cuenta que se enteró de su designación para el cargo que ocupaba de forma inesperada y se acercó a la Biblioteca para, como ella misma lo cuenta en su publicación de Facebook, “ver qué onda”. Además, Jiménez cuenta que nunca ocurrió una entrega del cargo cuando llegó a ocuparlo y calificó como inconexa e improvisada a la gestión actual.

Las incógnitas al respecto aumentaron cuando, apenas tres días después, Josefina Jiménez Palacios es designada, nuevamente, como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú para integrarse a la gestión que ella misma había señalado como improvisada.

INSTROMICIÓN FAMILIAR/PRESIDENCIAL

Pero este clima de improvisación en la Biblioteca Nacional no sería casual y diversas fuentes apuntan a un personaje muy cercano a la familia Boluarte como el responsable de impulsar estas extrañas contrataciones. Esta persona sería Juan Yangali y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen y como lo han señalado algunas fuentes a Sudaca, se ha convertido en un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional.

Yangali Quintanilla no es un desconocido para la familia Boluarte. Nicanor Boluarte, el famoso y polémico hermano de la presidenta, ha coincidido con él cuando ambos trabajaron para la Municipalidad de Pueblo Libre. Cuando el hermano de Dina Boluarte se desempeñaba como asesor del despacho de la alcaldía, Juan Yangali llegó a ostentar el cargo de gerente de Cultura, Turismo y Educación de dicho distrito.

Esta amistad parecería ser la llave que le abrió puertas muy importantes para Yangali Quintanilla. Al igual que en el caso de Ana Peña Cardoza, la nueva jefa institucional de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali llegó a tener un paso por el Ministerio de Cultura durante la gestión de Leslie Urteaga ocupando el cargo de asesor hasta que, en mayo de este año, su trayectoria dio un salto importante y fue el elegido para ocupar el puesto de director de la Casa de la Literatura por el ministro Morgan Quero, quien casualmente es uno de los más férreos escuderos del gobierno de Boluarte.

Además, Rivin Yangali Quintanilla, hermano de Juan, también se vio beneficiado por esta cercanía con el hermano de la presidenta y logró desde un puesto de coordinador en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Dina Boluarte era ministra hasta un cargo de asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si bien Juan Yangali no ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito literario, su cercanía con los Boluarte habría bastado para tener una gran influencia en el sector cultura y, por esta razón, hoy en día es señalado como uno de los responsables de las extrañas designaciones en la Biblioteca Nacional de personas con poca o nula experiencia en el sector y hasta se especula que, próximamente, podría llegar a ocupar un cargo en la Biblioteca Nacional.

Cabe señalar que el nombre de Juan Yangali ha tomado especial notoriedad en las últimas horas porque, en lo que parecería ser un abuso de poder para una venganza con tintes políticos, usó su cargo como director de la Casa de la Literatura para negarle al historietista Juan Acevedo el premio que se le iba a entregar. Esta situación ha despertado la indignación de los propios trabajadores de la Casa de la Literatura que expusieron la situación en el siguiente pronunciamiento.

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