En uno de los años más caóticos para la capital, el alcalde Rafael López Aliaga ha registrado, por lo menos, veinticuatro ausencias a su cargo sin brindar una justificación clara. Además, el teniente alcalde estaría siguiendo su ejemplo e incluso se ausentaría de sus responsabilidades los mismos días que el burgomaestre limeño dejando la Municipalidad de Lima en manos de una regidora.

“Lima, potencia mundial” se convirtió, allá por el año 2022, en uno de los eslóganes de campaña más ambiciosos en la lucha por el sillón municipal. Rafael López Aliaga y Renovación Popular fueron quienes se postularon como la opción capaz de cumplir con esta promesa que, incluso en época de elecciones, parecía muy difícil de llevar a cabo y más si se tenía en cuenta el pobre desempeño del candidato del partido celeste tanto en el debate como en diversas entrevistas.

A tan sólo dos meses de iniciar el tercer año de gestión de López Aliaga al frente de la Municipalidad Metropolitana de Lima, el compromiso de convertir a la capital en una potencia mundial no sólo parece un objetivo muy distante sino que el trabajo del alcalde y sus aliados de Renovación Popular en el Palacio Municipal han llevado a que Lima se convierta potencia en aspectos que están lejos de despertar orgullo.

Sudaca ha revisado documentos emitidos a lo largo de un 2024 que está por terminar y se ha podido observar que las palabras que más predominan en estos documentos son “licencia”, “encargar el despacho de la alcaldía” y “el alcalde se ausentará”. En este informe, Sudaca detallará las numerosas licencias pedidas por Rafael López Aliaga y las verdaderas razones detrás de las ausencias que lo alejaron de sus responsabilidades.

AUSENCIAS Y MENTIRAS

La primera de las ausencias del alcalde López Aliaga en 2024 se anunció para el 31 de enero y, tal como se puede ver en la siguiente imagen, el líder de Renovación Popular justificaba su inasistencia a la Sesión de Concejo Extraordinaria alegando “tener que atender actividades inherentes a su cargo”. No obstante,  en las notas de prensa de la propia Municipalidad de Lima no se encuentra ninguna actividad que incluya la participación del alcalde en el 31 de enero.

Cristian Rebosio

Tan sólo un día después, Rafael López Aliaga vuelve a ausentarse de la sesión de concejo extraordinaria y, como es estipulado en la resolución N° 034, Renzo Reggiardo Barreto, el teniente alcalde, es designado para conducir dicha sesión.

Cristian Rebosio

Estas ausencias del alcalde López Aliaga en las sesiones de concejo se siguieron repitiendo a lo largo de todo el 2024 y siempre recurriendo a la excusa de tener “actividades inherentes a su cargo” pese a que, al buscar noticias sobre actividades en esas fechas, no figuraba nada relacionado.

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Pero lo que sí figuran son entrevistas y conferencias de prensa en las cuales Rafael López Aliaga dedicaba su tiempo a enfrascarse en discusiones con sus enemigos políticos y que tenían lugar un día antes  o hasta en el mismo día de las sesiones a las cuales el alcalde de Lima no podía asistir por, supuestamente, estar ocupado realizando actividades inherentes a su cargo.

Cristian Rebosio

Acorde a las resoluciones que ha podido revisar Sudaca, en lo que va del presente año, el alcalde Rafael López Aliaga se ha ausentado de su puesto en la alcaldía, por lo menos, en veinticuatro oportunidades alegando que tenía “actividades inherentes a su cargo”, “descanso físico”, un viaje a España y motivos personales.

En la resolución de alcaldía N° 106 fue una de las pocas veces que el titular de la Municipalidad de Lima brindó explicaciones con respecto a su ausencia. En aquella oportunidad, el alcalde limeño solicitó licencia para acompañar la candidatura de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027.

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MUNICIPALIDAD ABANDONADA

Pero el alcalde López Aliaga no ha sido el único que se ha permitido ausentarse y dejar de lado sus responsabilidades en numerosas oportunidades. El ejemplo del alcalde ha sido seguido por otra figura de mucho peso dentro de la Municipalidad de Lima, el actual teniente alcalde Renzo Reggiardo Barreto.

Acorde a los estipulado en la Ley Orgánica de Municipalidades, Reggiardo Barreto, por ser el teniente alcalde, es el designado para reemplazar al burgomaestre cuando este no se encuentre disponible para cumplir sus obligaciones. Sin embargo, Sudaca ha encontrado que, en varias oportunidades, Renzo Reggiardo se ausentaba de su cargo al mismo tiempo que el líder de Renovación Popular y, por esta razón, el manejo de la Municipalidad de Lima quedaba en manos de una regidora.

Cristian Rebosio 

¿ALCALDE O CANDIDATO?

Este abandono del cargo por parte del alcalde se produce, además, en un año en el cual Rafael López Aliaga ha destinado una importante cantidad de su tiempo a retomar lo que sería su campaña presidencial con miras al año 2026. En los últimos meses, el político conservador ha sido visto en diversas regiones participando de mítines e incluso formando alianzas, como la que anunció el pasado mes de julio con Pedro Spadaro, actual alcalde del Callao, y su agrupación política.

Cristian Rebosio

Además, el alcalde de Lima ha aprovechado las oportunidades para ausentarse del despacho municipal para viajar a otros países, aunque durante estas excursiones, que lo han llevado a Europa y Estados Unidos, se le ha visto más interesado en acercarse a políticos con los que comparte ideología política, como con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso,  que en anunciar algún proyecto relevante para Lima.

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Durante el mes de octubre, uno de los más críticos para el Perú y la ciudad de Lima por la crisis de inseguridad, López Aliaga fue visto en Miami y, aunque el alcalde sostuvo que este viaje fue para “solicitar apoyo al gobierno americano para el funcionamiento del tren de pasajeros de Chosica a Desamparados” y que su estancia en tierras norteamericanas fue por un breve lapso de horas, una imagen que subió a redes el cineasta Eduardo Verástegui mostraba al alcalde recorriendo una iglesia en Miami.

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En la Biblioteca Nacional habrían encontrado la forma de tomar dinero de la institución usando gastos reales como excusa para emitir documentos que luego les permitían sacar montos extra con fines desconocidos. Sudaca accedió a estos reveladores documentos que exponen los malos manejos en los que estaría incurriendo la BNP.

En la histórica Biblioteca Nacional se viene escribiendo y descubriendo nuevos capítulos de una novela que, a diferencia de las muchas obras literarias que en esta sede se guardan, no es una ficción sino que está basada en hechos reales y, quizá lo peor, es que cada vez la trama va tomando tintes más complejos que invitan a creer que los villanos de dicha novela han logrado su cometido.

Sudaca ha accedido a nuevos y reveladores documentos que detallan el método por el cual se habría utilizado como excusa un gasto propio de las actividades desarrolladas por la Biblioteca Nacional para destinar dinero en favor de otras personas sin brindar las explicaciones correspondientes.

LA EXCUSA IDEAL

 Para este 2024, el evento denominado  “II Encuentro Internacional Bibliotecas desde Abya-Yala” estaba programado para los primeros días del mes de mayo y la Biblioteca Nacional del Perú iba a ser una de sus protagonistas. En este evento de esperaba contar con la presencia de invitados nacionales e internacionales y, para ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) de la Biblioteca Nacional de los gastos de transporte y alojamiento.

Cristian Rebosio 

Sin embargo, tras un decreto de urgencia del Ministerio de Economía y Finanzas, las expectativas se vieron afectadas. Por ello, la Dirección de Acceso y Promoción a la Información (DAPI) se encontró en la necesidad de realizar algunos cambios y, ante el paso del tiempo, Lilian Antonieta Maura Tejada, directora de la DAPI asumió con su propio dinero los gastos por novecientos soles que correspondían para la logística necesaria para la presencia de dos ponentes que iban a asistir a dicho evento.

Semanas después, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información solicitó a la Oficina de Administración que le puedan resarcir el gasto que había efectuado. Para el mes de junio, esta oficina respondió que se formularía un TDR (documento con especificaciones técnicas para una contratación externa) con el cual le devolverían el gasto que ella había asumido semanas atrás.

No obstante, en esta respuesta le anunciaron que el TDR no sólo atendería el gasto realizado por ella sino que también incluiría otros y por ello el TDR en cuestión no era por 900 soles sino por 3,500 soles. Es en este punto que las explicaciones al respecto empezaron a despertar sospechas sobre un posible aprovechamiento de un pedido justificado para liberar dinero con otras intenciones.

Cristian Rebosio

Sudaca accedió al documento que la entonces directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información envió a la jefatura institucional reportando esta situación y exponiendo la extraña explicación que le dieron con respecto a la cantidad de dinero por la cual se estaba emitiendo el TDR.

En este documento Lilian Maura relata que, tras pedir explicaciones por el inesperado monto del TDR, se le informó que, además de los 900 soles que le correspondían a ella, 500 soles serían para un tercero que ya no trabajaba en la Biblioteca Nacional y el resto serían para gastos solicitados, y que no eran especificados, por Luis Calle, quien brindaba asistencia en el plantel de asesores de la jefatura.

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En palabras de la propia directora de la DAPI, esta ausencia de detalles en la explicación por los 3,500 soles llevó a que suponga que “habría la posibilidad de producirse un acto incorrecto” y, al no existir claridad sobre este caso, manifestó que no estaba dispuesta a poner su firma en el cuestionado TDR.

Cristian Rebosio

Como se contó al inicio de este informe, esta situación se produjo entre los meses de mayo y junio, y para el mes de agosto, más precisamente el primer día de este mes, se conoció que Lilian Antonieta Maura Tejada, la directora de la Dirección de Acceso y Promoción a la Información que expuso su preocupación por los 3,500 soles asignados en el TDR renunció a su cargo.

Cristian Rebosio 

LA RUTA CONOCIDA

Pero, además, parece que se ha establecido una ruta de llegada a la Biblioteca Nacional que se está volviendo usual para más de un funcionario. Así como anteriormente Sudaca expuso que Ana Peña Cardoza, la jefa institucional, llegó al cargo que ostenta en la actualidad sin mayor experiencia en el sector que un breve paso por el Ministerio de Cultura como asesora y jefa del gabinete de asesores de dicho ministerio, el nuevo gerente general habría seguido la misma ruta.

En esta oportunidad estamos hablando del señor Agustín Rodolfo Saldaña Murrugarra, quien el pasado 21 de agosto fue designado por la propia Ana Peña Cardoza como el nuevo gerente general de la Biblioteca Nacional. 

Cristian Rebosio

Al igual que la jefa institucional, Saldaña Murrugara tuvo un muy breve paso por el Ministerio de Cultura entre 2023 y 2024 cuando estuvo ocupando el cargo de asesor de la secretaria general y coordinador de la unidad funcional de integridad antes de dar un salto directo y sin escalas a la gerencia general de la Biblioteca Nacional.

Cristian Rebosio

Según fuentes internas consultadas por este medio, lo que más sorprendió con respecto al nuevo gerente general ha sido que, antes de cumplir dos meses en su puesto, Agustín Saldaña Murrugarra ya había solicitado su primera licencia.

Cristian Rebosio

Lamentablemente, las posibilidades de un cambio de rumbo en una institución clave en la cultura, como es el caso de la Biblioteca Nacional, son escasas y más si se tiene en cuenta que, al desinterés del Ejecutivo y Legislativo por salvaguardar este sector, existe un claro interés de utilizarlo para poner a conocidos de la propia Dina Boluarte y su hermano Nicanor Boluarte, tal como ha ocurrido con la llegada de Juan Yangali a la dirección de la Casa de la Literarura. 

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La Biblioteca Nacional vive momentos críticos ante la falta de experiencia por parte de sus actuales autoridades y el presupuesto de la institución estaría próximo a despilfarrarse con contrataciones más que cuestionables.

Que, para una gran parte de la clase política peruana, todo aquello relacionado con  la cultura es subestimado, visto como prescindible y hasta señalado como una pérdida de dinero no es una sorpresa para nadie. Sin embargo, a ese gran desinterés por abordar la cultura parece que se le ha sumado el aprovechamiento para darle un uso absurdo e irresponsable al presupuesto que tienen asignado.

Esta es la situación que se está viviendo por estos días en la Biblioteca Nacional del Perú. Esta institución que resguarda importantes colecciones de libros y documentos históricos, hoy afronta uno de sus momentos más críticos y la responsabilidad que tiene a cargo se ve en peligro ante contrataciones tan costosas como inexplicables.

Sudaca ha podido acceder a nuevos casos que exponen estos irresponsables manejos dentro de una institución que evidencia la ausencia de una misión clara como resultado de la inexperiencia  de quienes actualmente toman las decisiones referidas al presente y futuro de la Biblioteca Nacional del Perú.

UN POLÉMICO RETORNO

En un informe publicado la semana pasada, Sudaca expuso el crítico momento que está atravesando la Biblioteca Nacional del Perú por diversas contrataciones muy cuestionadas y, entre estas, se encontraba el de la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, que no tenía mayor experiencia en el sector cultura que el de haber sido asesora y jefa del gabinete de asesores del Ministerio de Cultura por un breve periodo durante el 2023.

Esta falta de conocimiento del sector en el que ocupa un cargo tan importante habría llevado a que Peña Cardoza deba recurrir a medidas desesperadas y una de ellas sería la contratación de un antiguo jefe institucional de la Biblioteca Nacional con el objetivo de darle algún tipo de dirección a una institución que no está en su mejor momento y que la propia Peña Cardoza no sabría conducir por su inexperiencia.

La persona de la que estamos hablando es Ezio Neyra Magagna, el hermano de los reconocidos actores Gianella y Jesús Neyra que fue noticia en enero del 2020 por su designación como jefe institucional de la Biblioteca Nacional y se mantuvo en este cargo hasta el año 2021 cuando salió del puesto tras la llegada del nuevo gobierno.

Pero Neyra Magagna estaría próximo a regresar a la Biblioteca Nacional. Sudaca pudo acceder en exclusiva a una orden de servicio a nombre del exjefe institucional por cerca de treinta mil soles bajo el concepto de un servicio de elaboración y análisis para la formulación organizacional, investigación e innovación.

Cristian Rebosio

Según información que pudo obtener este medio, el propósito de esta contratación sería ayudar a Peña Cardoza a manejar una institución de la cual entiende poco y, por lo menos, Ezio Neyra tendría un poco más de conocimiento. Pero, además, esta contratación buscaría no tener que devolver el presupuesto no ejecutado por la gestión actual.

Además, cabe señalar que, en su momento, la gestión de Ezio Neyra Magagna recibió duros cuestionamientos y fue acusado de despilfarrar los recursos de la Biblioteca Nacional. Según información que publicó el escritor Luis Felipe Alpaca en el medio digital Limagris, la institución realizó gastos por más de trescientos mil soles por materiales audiovisuales.

También se cuestionaba que se destinaron cerca de trescientos mil soles por un servicio de fotocopiado, impresión y escaneo. La publicación realizada por Luis Felipe Alpaca también recogía la postura de la Asociación de Bibliotecólogos del Perú que era muy crítica con Neyra Magagna.

Cristian Rebosio

¿BIBLIOTECA O AGENCIA DE EMPLEOS?

Pero estos no son los únicos gastos que están llamando la atención. Sudaca también pudo obtener una serie de documentos que exponen la intención de la actual jefa institucional, Ana Peña Cardoza, de gastar varios miles de soles en contrataciones que, casualmente, están todas dirigidas a su jefatura.

Una de estas contrataciones ha sido descrita como un servicio de gestión y seguimiento de proyectos culturales para la jefatura y, por este encargo, la persona elegida para realizar dicha labor recibirá la cifra de cuarenta mil soles.

Cristian Rebosio

Pero este no es el único gasto que pretenden realizar. Se ha podido encontrar en estos documentos que se invertirá en un servicio de revisión y gestión de actividades de la jefatura por el cual la Biblioteca Nacional estará haciendo un pago de veinte mil soles a la persona encargada.

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También en un trabajo vinculado con la jefatura, la Biblioteca Nacional estará gastando doce mil soles en un servicio para la sistematización, análisis y gestión de proyectos para, casualmente, el despacho de la jefatura que encabeza actualmente la señora Ana Peña Cardoza.

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Los planes de contrataciones continúan y, tal como se observa en la siguiente imagen, la jefatura institucional vuelve a aparecer como la dependencia que requiere el servicio y en este caso el servicio consiste en un diagnóstico y propuesta para el fortalecimiento institucional de la Biblioteca Nacional y por el cual deberán destinarle la cifra de treinta y cinco mil soles.

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Una quinta contratación pretendida, que tiene como protagonista una vez más a la jefatura institucional, pretende utilizar doce mil soles para pagar un servicio de asistencia legal para la jefatura encabezada por Ana Peña Cardoza.

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Se suele decir que el dinero destinado al sector cultura no es gasto sino inversión, pero la comprobada falta de capacidad y experiencia de quienes hoy tienen un encargo tan importante como es el manejo de la Biblioteca Nacional del Perú llevan a que el dinero que hoy tienen bajo su administración sea, muy probablemente, malgastado y no una inversión eficiente.

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La Fiscalía Superior Penal de Lambayeque ha dispuesto iniciar una investigación preliminar contra el exfiscal Juan Carrasco Millones luego que este fuese denunciado por enriquecimiento ilícito. Sudaca conoció los detalles de esta disposición.

Juan Manuel Carrasco Millones, quien en su momento fue uno de los fiscales más conocidos del país y llegó a ocupar el cargo de ministro, estaría afrontando un momento muy complicado luego de ser denunciado por los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos en agravio del Estado. 

Según ha podido conocer Sudaca, el pasado 14 de octubre se dio a conocer la disposición de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque en la cual se establece que se iniciará una investigación preliminar por el plazo de ocho meses contra el exfiscal Carrasco Millones por hechos ocurridos cuando era fiscal adjunto y fiscal provincial.

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Entre las diligencias ordenadas por la fiscal superior Giovana del Río Carreaño se encuentran pedidos para que se informe sobre los ingresos del exfiscal entre los años 2014 y 2021, copias de sus declaraciones jurada y copias de otros documentos, como antecedentes registrales de propiedades, acciones y empresas.

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LA DENUNCIA

Esta decisión de la Fiscalía Superior Penal de Liquidación de Lambayeque llega luego que, el pasado 5 de junio de este año, se presentó una denuncia contra el exfiscal en la cual se le acusaba de haber cometido los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, y que esto se vería reflejado en sus declaraciones juradas de ingresos, bienes y rentas correspondientes al periodo de tiempo entre 2010 y 2021.

Tal como se aprecia en la siguiente imagen, la denuncia  se exponen importantes movimientos económicos relacionados a la venta y adquisición de propiedades así como créditos hipotecarios que no se verían reflejados en la declaración jurada que le correspondía presentar por los años 2011 y 2012.

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En esta denuncia también se hace mención a lo que han considerado movimientos sospechosos en relación a hipotecas obtenidas por Carrasco Millones que no concuerdan con los bienes patrimoniales declarados por el exministro en los años 2018 y 2019. Mientras que una de las hipotecas cuestionadas podía superar los quinientos mil soles, los bienes patrimoniales que se declararon en estas fechas apenas ascendía a trecientos mil soles.

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Sin embargo, en lo que respecta al delito de lavado de activos en agravio del Estado, la disposición del pasado catorce de octubre declaraba no ha lugar a formalizar ni continuar con la investigación preparatoria a Carrasco Millones y, por lo tanto, señalaba que se proceda al archivo en lo referido a esta acusación.

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Pero, el pasado 22 de octubre, una nueva disposición ha anunciado que se concede el recurso de elevación de actuados. Este recurso le permite al denunciante, que está inconforme con la decisión de archivar, requerirle al fiscal elevar las actuaciones al fiscal superior y, por lo tanto, esta parte de la denuncia todavía estará pendiente de resolverse.

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Cabe señalar que este caso ha atravesado serios cuestionamientos debido a lo que la parte denunciante ha considerado una exagerada demora en el tiempo para ser abordado y que incluso ha despertado suspicacias sobre las razones detrás de la lentitud con que la justicia lo ha tratado pese a involucrar delitos tan serios.

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La Biblioteca Nacional parece haber caído en la lista de instituciones que el gobierno reparte como botín a aliados y amigos. Sudaca conoció el caso de las extrañas designaciones que se vienen produciendo y el nombre del personaje cercano a la familia Boluarte que estaría detrás de estas.

Cuando Dina Boluarte asumió la presidencia a finales del 2022, no era difícil imaginar que el Perú estaría ante lo que se suele conocer como una repatija de diversos cargos con los que la nueva mandataria intentaría seducir a posibles aliados políticos para evitar que la figura de la vacancia esté rondando por los pasillos del Congreso y Palacio de Gobierno.

Sin embargo, pocos podrían haber imaginado que este reparto de cargos vitales para el correcto funcionamiento del país tendría como beneficiados a personajes con muy poca capacidad y mérito para desempeñar las funciones que se les encargaron. En el pasado, Sudaca ha informado este tipo de designaciones en diversos ministerios y, en esta oportunidad, la nueva víctima del gobierno es la histórica Biblioteca Nacional del Perú.

¿QUÉ PASA EN LA BIBLIOTECA NACIONAL?

Uno de estos movimientos que han llamado la atención en la conducción de la Biblioteca Nacional ha sido la llegada de Ana Peña Cardoza al cargo de jefa institucional. El pasado 24 de septiembre, Peña Cardoza fue ratificada en este cargo luego de haberlo ocupado temporalmente tras la renuncia de su predecesor, Boris Espezúa, en el mes de agosto.

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Pero la razón detrás del cuestionamiento a su llegada al puesto de jefa institucional está en su poco conocimiento del sector. Sudaca pudo revisar las diecinueve páginas de su hoja de vida y, aunque cuenta con un gran número de documentos que acreditan su experiencia laboral y universitaria y asistencia a diversos cursos, queda claro que su vida laboral no ha estado vinculada con el sector que ahora integra.

En estos documentos se puede ver que la experiencia de Ana Peña siempre había estado ligada a su trabajo como abogada. Sumado al título obtenido en la Universidad de Piura, la actual jefa institucional de la Biblioteca Nacional ha asistido a un curso de regulación económica y competencia en la Universidad de Valladolid y otro de conciliación extrajudicial dictado por Indecopi. Pero no se puede apreciar ninguno que la haya preparado para el encargo que le han asignado.

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Además, al revisar su etapa como directora de la Dirección de la Autoridad Nacional de Protección del Consumidor del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) se puede encontrar que, pese a ser el ámbito para que el supuestamente estaba mejor preparada, no estuvo libre de cuestionamientos y protagonizó un controvertido episodio al declarar  que en Indecopi “la tendencia es no sancionar” cuando la prensa le preguntó por las denuncias de consumidores a empresas que no entregaban los productos.

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Sin embargo, lo que no se puede encontrar es algún antecedente que invite a creer que estaba capacitada para ocupar un cargo de tanta jerarquía como el que ostenta en la actualidad en la Biblioteca Nacional. Esto se puede afirmar al tener en cuenta que su breve y primera conexión con el sector cultura había ocurrido en el año 2023 cuando tan sólo ocupó el cargo de asesora y jefa de gabinete de asesores en el Ministerio de Cultura.

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No obstante, esta no es la única situación extraña que se ha observado en la Biblioteca Nacional. En mayo de este año, Josefina Jiménez Palacios fue designada como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú, en lo que se consideraba un cargo de confianza.

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Pero en agosto del presente año, a menos de tres meses de haber llegado a dicho puesto, una resolución jefatural anunció que Jiménez Palacios no continuaría en el cargo de coordinadora.

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La noticia de su salida, que según algunas fuentes habría ocurrido como consecuencia de un informe técnico que la involucraba, incluso fue una sorpresa para la propia Josefina Jiménez y, ante el desconcierto del momento, expuso en sus redes sociales su sentir tras el anuncio de su salida del cargo.

Fue en este texto que expuso algunos datos que generaron indignación debido a que la propia Jiménez Palacios cuenta que se enteró de su designación para el cargo que ocupaba de forma inesperada y se acercó a la Biblioteca para, como ella misma lo cuenta en su publicación de Facebook, “ver qué onda”. Además, Jiménez cuenta que nunca ocurrió una entrega del cargo cuando llegó a ocuparlo y calificó como inconexa e improvisada a la gestión actual.

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Las incógnitas al respecto aumentaron cuando, apenas tres días después, Josefina Jiménez Palacios es designada, nuevamente, como Coordinadora de Gestión Cultural, Investigaciones y Ediciones de la Dirección del Acceso y Promoción de la Información de la Biblioteca Nacional del Perú para integrarse a la gestión que ella misma había señalado como improvisada.

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INSTROMICIÓN FAMILIAR/PRESIDENCIAL

Pero este clima de improvisación en la Biblioteca Nacional no sería casual y diversas fuentes apuntan a un personaje muy cercano a la familia Boluarte como el responsable de impulsar estas extrañas contrataciones. Esta persona sería Juan Yangali y, tal como se puede apreciar en la siguiente imagen y como lo han señalado algunas fuentes a Sudaca, se ha convertido en un asiduo visitante de la Biblioteca Nacional.

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Yangali Quintanilla no es un desconocido para la familia Boluarte. Nicanor Boluarte, el famoso y polémico hermano de la presidenta, ha coincidido con él cuando ambos trabajaron para la Municipalidad de Pueblo Libre. Cuando el hermano de Dina Boluarte se desempeñaba como asesor del despacho de la alcaldía, Juan Yangali llegó a ostentar el cargo de gerente de Cultura, Turismo y Educación de dicho distrito.

Esta amistad parecería ser la llave que le abrió puertas muy importantes para Yangali Quintanilla. Al igual que en el caso de Ana Peña Cardoza, la nueva jefa institucional de la Biblioteca Nacional, Juan Yangali llegó a tener un paso por el Ministerio de Cultura durante la gestión de Leslie Urteaga ocupando el cargo de asesor hasta que, en mayo de este año, su trayectoria dio un salto importante y fue el elegido para ocupar el puesto de director de la Casa de la Literatura por el ministro Morgan Quero, quien casualmente es uno de los más férreos escuderos del gobierno de Boluarte.

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Además, Rivin Yangali Quintanilla, hermano de Juan, también se vio beneficiado por esta cercanía con el hermano de la presidenta y logró desde un puesto de coordinador en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social cuando Dina Boluarte era ministra hasta un cargo de asesor en la Presidencia del Consejo de Ministros.

Si bien Juan Yangali no ha tenido una trayectoria destacada en el ámbito literario, su cercanía con los Boluarte habría bastado para tener una gran influencia en el sector cultura y, por esta razón, hoy en día es señalado como uno de los responsables de las extrañas designaciones en la Biblioteca Nacional de personas con poca o nula experiencia en el sector y hasta se especula que, próximamente, podría llegar a ocupar un cargo en la Biblioteca Nacional.

Cabe señalar que el nombre de Juan Yangali ha tomado especial notoriedad en las últimas horas porque, en lo que parecería ser un abuso de poder para una venganza con tintes políticos, usó su cargo como director de la Casa de la Literatura para negarle al historietista Juan Acevedo el premio que se le iba a entregar. Esta situación ha despertado la indignación de los propios trabajadores de la Casa de la Literatura que expusieron la situación en el siguiente pronunciamiento.

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El denunciante del exministro Juan Carrasco Millones revela un inesperado revés en el caso de la denuncia contra el exfiscal que ha despertado sospechas sobre una posible protección o negligencia de la justicia.

El pasado 9 de octubre, Sudaca publicó un informe que relataba los detalles de la denuncia presentada contra el exfical Juan Manuel Carrasco Millones por el delito de falsificación de documento público y presunta comisión del delito de fraude procesal. Junto con Carrasco Millones habían sido incluidos Romel Agustín Díaz Paz, Víctor Javier Chafloque Oliden y Sergio Lucio Zapata Orozco.

Sin embargo, este caso parece haberse encontrado con un obstáculo que no sólo está siendo cuestionado sino que ha despertado las dudas sobre lo que podría estar ocurriendo en la justicia y que, para el criterio de algunos, sería un intento de blindar a algunos de los personajes involucrados.

EXTRAÑA JUSTIFICACIÓN

Sudaca tuvo acceso a la explicación que Juan Manuel Valdivia Goycochea, quien presentó la denuncia, le envió a Juan Carlos Izarra Mucha, fiscal superior de la Tercera Fiscalía Superior Penal de Apelaciones de Lambayeque, tras conocerse la Disposición N° UNO / Caso N° 68-2024 en la cual le quitaban valor al material presentado para sustentar la denuncia en cuestión.

En este documento se puede leer que la negativa a la realización de las diligencias preliminares por este caso se intentó justificar alegando que no se han adjuntado copias certificadas y que no se puede dar validez a copias simples pese a que el código procesal penal indica lo contrario.

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A ello se le suma que la negativa para llevar a cabo las diligencias preliminares también se intentó justificar señalando que los hechos por investigar habían sido denunciados anteriormente. Pero, tal como lo aclara el texto del propio denunciante, no sólo se tratan de hechos distintos sino que los denunciantes serían distintos. 

Cristian Rebosio

Valdivia Goycochea, quien presentó la denuncia, relata que incluso detectó irregularidades en el caso denunciado años atrás y que, pese a que en el recurso de queja presentado por la Procuraduría Pública del Ministerio del Interior contra la disposición de archivo se dispuso que  “deberá ampliarse la presente investigación por el delito de Falsificación de Documento Público en agravio del Estado (PNP)”, la Fiscalía Superior resolvió ratificar el archivo dispuesto por la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chiclayo.

En conclusión, los fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco

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Además, Valdivia apunta que los fiscales Sergio Lucio Zapata Orozco y Juan Manuel Carrasco Millones no fueron investigados por las acusaciones actuales y, por estos argumentos, solicitó que se disponga la formalización de la investigación preparatoria.

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Esta situación ha motivado que Pro Actione, una asociación civil sin fines de lucro, se pronuncie al respecto cuestionado el accionar del fiscal superior Juan Carlos Izarra Mucha por la manera en que se ha manejado la denuncia penal que involucra a Juan Manuel Carrasco Millones.

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En esta solicitud también se critica el trabajo de la fiscal superior Giovanna Del Río Carreño por las demoras relacionadas con la denuncia a Carrasco Millones por enriquecimiento ilícito. Tal como lo explica Rubén Fernández, titular de Pro Actione, pasaron cerca de cinco meses de la fecha en la cual se presentó esta denuncia y no se habrían producido pronunciamientos al respecto.

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En base a estas situaciones cuestionadas, Pro Actione ha solicitado que se evalúe el trabajo de los fiscales superiores Del Río Carreño e Izarra Mucha. Además, también se ha pedido la destitución del fiscal provincial Sergio Zapata Orozco por las falencias su trabajo con respecto a un caso que data de aproximadamente una década y que ha tenido un avance inexplicablemente lento a lo largo de estos años.

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Las insólitas revelaciones luego del controversial ascenso a primera división del club Juan Pablo II, el equipo que tiene propietario a Agustín Lozano y a su esposa como presidenta.

A nivel mundial se suele hablar de la mancha del descenso para referirse al peor escenario deportivo que un club considerado grande se puede imaginar y que difícilmente podría quedar en el olvido. Sin embargo, en fútbol peruano pareciera que también es válido hablar de la mancha del ascenso.

Un logro, que debería ser motivo de orgullo y celebración, hoy representa un nuevo capítulo turbio para el historial de un fútbol peruano que tendrá entre los inquilinos del campeonato de primera división del 2025 a un equipo que no sólo es acusado de recibir ayudas arbitrales y favores de rivales sino que, como principal agravante, está estrechamente vinculado a la máxima autoridad de la Federación Peruana de Fútbol.

UN EQUIPO NADA SANTO

A inicios del 2024, a muchos seguidores del fútbol nacional les había llamado la atención la participación del club Juan Pablo II College en la Liga 2 (segunda división) debido a que su propietario era Agustín Lozano, quien también ocupa el cargo de presidente de la Federación Peruana de Fútbol (FPF). 

Este escenario empezaba a despertar suspicacias en un fútbol peruano en el cual, desde hace un largo tiempo, sobrevuelan denuncias de arreglos de partidos y hasta manipulación de resultados en favor de apuestas deportivas. A ello se le sumaba que tener un dueño de equipo que también es la cabeza de la máxima entidad del fútbol de un país tampoco es un escenario que habitual en el fútbol mundial.

Pese a las controversias, el Juan Pablo II, que inició su historia en 2015, logró este 2024 debutar en la segunda división tras un muy sorprendente rápido progreso en las categorías distritales y Copa Perú. Este ascenso, que podría calificarse como meteórico, también colaboró a que las miradas se posen en el club y se note que, a diferencia de muchos de los clubes que participan de Copa Perú y desarrollan sus actividades deportivas en una situación precaria, Juan Pablo II incluso contaba con una villa deportiva propia.

Por ello, en marzo de este año, el programa “Fútbol Como Cancha” entrevistó a Agustín Lozano sobre este proyecto deportivo que lo tenía a él como fundador. “El terreno donde se ha construido era mi terreno de cultivo”, señaló el presidente de la FPF sobre la villa deportiva de casi cinco hectáreas y, con respecto a la financiación, agregó que fue con sus recursos.

Sin embargo, pese a la imagen papal que llevan en el escudo, el equipo de Lozano no sería el más santo de la Liga 2 y esto generó especial indignación tras lo ocurrido en el partido de este último domingo y las revelaciones que se han dado a conocer en las últimas horas.

Tras la derrota a mitad de semana ante Comerciantes, el equipo de Chongoyape necesitaba, por lo menos, una victoria por la mínima diferencia para forzar la tanda de penales e intentar conseguir el ascenso. Además, el rival que debieron enfrentar era uno de los que mejor rendimiento había tenido a lo largo de la temporada.

No obstante, en lo que iba a ser un partido muy complejo, el equipo de Agustín Lozano y su esposa logró abrir el marcador en el minuto diecisiete con un gol de Facundo Rodríguez. Pero, tal como se puede apreciar en el siguiente video y como el mismo comentarista a cargo de la transmisión del encuentro señaló, el autor del gol se encontraba adelanto, una situación que, increíblemente, el línea no advirtió.

EL PENAL DEL ESCÁNDALO

Debido a que los noventa minutos terminaron con una victoria de Juan Pablo II de tan sólo un gol de diferencia, el ascenso se tendría que resolver desde el punto penal. Fue en esta tanda de penales que ocurrió el segundo hecho sospechoso de la tarde del domingo que está causando gran indignación en el ambiente del balompié nacional.

Cuando Juan Pablo II y Comerciantes habían anotado dos penales cada uno, el turno de poner en ventaja al cuadro de Iquitos estaba en los pies del colombiano Kevin Lugo y, para sorpresa hasta de sus propios compañeros, el jugador de 26 años ejecutó un remate con baja potencia que el arquero de Juan Pablo II pudo capturar sin demasiado esfuerzo y que, posteriormente, contribuiría en el triunfo y ascenso del equipo chiclayano.

Pero, en las últimas horas, la historia del penal de Lugo ha dado un giro inesperado que ensombrece todavía más el partido de ayer. En un audio que ha empezado a circular y tiene como protagonista a Gustavo Roverano, director técnico de Comerciantes FC, se escucha al dt uruguayo decir que “por el bien del fútbol, a Lugo no lo contraten más en ningún lado”.

“No es solamente el penal. Son cantidad de cosas que pasaron con ese muchacho”, se escucha decir a Roverano, quien agrega que el jugador colombiano habría firmado tres contratos a inicios del año. “Él estaba en Juan Aurich, renovó y después Silvestri lo llamó para Comerciantes Unidos, arregló y le dieron plata de adelanto. Después lo llamó Comerciantes FC y el presidente le dio plata de adelanto”, explica l técnico del cuadro de Loreto.

“Un tipo que firma tres contratos no es un tipo honesto. En el año hizo cualquiera cagada y los directivos siempre con él apañándolo”, dice un indignado Gustavo Roverano que expone las irregularidades ocurridas en esta temporada de la Liga 2 durante el audio que se puede escuchar en el siguiente video.

En las últimas horas, Comerciantes FC ha emitido un pronunciamiento en el cual califican lo ocurrido la tarde del domingo como un “horror arbitral” que les robó el sueño. En estas líneas, el conjunto loretano manifiesta su repudio a la actuación del cuadro arbitral que encabezó Edwin Ordoñez y exigen sanciones y un pronunciamiento de la Federación Peruana de Fútbol y la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR).

Cristian Rebosio 

Las sospechas han seguido aumentando en las horas posteriores al encuentro luego que se conociera que, un día antes del partido, se realizaron cambios en la designación de árbitros sin justificación aparente. 

“El score me lo dio Dios, me lo dio el de arriba”, declaró Orfelinda Correa, esposa de Agustín Lozano y presidenta de Juan Pablo II, tras el final del partido. Sin embargo, son pocos los que creen que este ascenso responde a una intervención divina y, por el contrario, aumenta la sensación que si alguien intercedió para que esto ocurra no fue una deidad sino una autoridad.

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Agustín Lozano, FPF, liga 1

El Ministerio de Salud y el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) vuelven a poner en riesgo la salud de los peruanos con las compras de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Un inesperado reclamo entre postores expuso esta insólita situación que no detectaron los responsables de la costosa compra.

El pasado mes de mayo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) convocó a una licitación pública que tenía como propósito la adquisición de pruebas rápidas para VIH y sífilis. Dichas pruebas, acorde a la descripción que se puede encontrar en los sitios web donde se venden, son un inmunoensayo cromatográfico para la detección de anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo 2 y los anticuerpos de sífilis.

En este punto de la historia es preciso señalas que el Ministerio de Salud, tal como está establecido en la norma técnica, tanto el diagnostico como el tratamiento deben ser gratuitos en los establecimientos de salud de todo el país y, por lo tanto, estas pruebas rápidas son de gran importancia.

Para agosto de este año, el proceso de licitación había concluido con la entrega de la buena pro en favor del postor CIA Importadora Americana S.A. y su oferta por S/. 2’844,270.00 para adquirir las pruebas rápidas. Sin embargo, pese a haber pasado los filtros supuestamente rigurosos por parte de quienes se encargan de adquirir estos insumos para el sector salud, días después se conoció que otro de los postores que había sido parte del proceso de licitación solicitó que se revoque el otorgamiento de la buena pro y expuso diferencias entre el producto ofrecido por CIA Importadora Americana S.A.  y lo que iban a entregar. 

LO QUE PIDES / LO QUE TE LLEGA

Como si se tratase de un comprador compulsivo, e irresponsable, que pone poca atención en los detalles del producto que está comprando para luego sorprenderse al recibirlo, el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud parece haber pasado por alto detalles que, especialmente cuando está en juego la salud de los peruanos, no se deberían tomar con tanta ligereza.

Esto es lo que se ha podido evidenciar en este caso que Sudaca pudo conocer y que llegó a manos del Tribunal de Contrataciones del Estado para que este sea el encargado de poner un freno a lo que iba a ser la adquisición de un producto que no cumplía con los requisitos que se habían establecido.

Uno de los puntos cuestionados fue lo que ha sido calificado como información incongruente entre el instructivo de uso de estas pruebas rápidas y la declaración del fabricante.  Tal como se puede observar en las bases del proceso de selección, el producto debía incluir una banda para lectura de reacción de VIH-1 y VIH-2, otra banda para la lectura de reacción de Treponema pallidium (la bacteria que causa sífilis) y una tercera banda para control de la prueba.

Cristian Rebosio 

En el instructivo de uso se puede apreciar que se cumple con las tres bandas requeridas, se utilizan acrónimos para cada una y es en base a estos que se explica la manera en que el personal médico deberá interpretar los resultados cuando hagan uso de estas pruebas rápidas para el VIH y sífilis.

Cristian Rebosio 

El problema que fue detectado por otros de los postores y que el Tribunal de Contrataciones del Estado les dio la razón se encontró en la diferencia entre lo mostrado hasta ahora y la declaración del fabricante en la cual se observaban pruebas que contenían pruebas distintas que inicialmente había presentado CIA Importadora Americana S.A. cuando entregó los documentos para el proceso de selección.

Cristian Rebosio

Por ello, en la Resolución Nº 3496-2024-TCE-S2 del Tribunal de Contrataciones del Estado señaló que “no se trata de un error material o formal en un formato o anexo, sino que se advierte información contradictoria e incongruente en la documentación que el Adjudicatario presentó para acreditar el cumplimiento de las especificaciones técnicas” y decidió revocar la admisión de la oferta de CIA Importadora Americana S.A. y la buena pro obtenida posteriormente.

EL OTRO “CALIFICADO”

Sin embargo, esta no fue la única sorpresa que se encontró en este proceso de selección. El otro postor, Multimidecal Supplies SAC, que había participado en este proceso de selección para la compra de pruebas rápidas no estuvo exento de irregularidades en el producto ofrecido y, pese a ello, había sido catalogado como calificado.

Cristian Rebosio 

En el caso de Multimidecal Supplies SAC la irregularidad no se encontraba en una incongruencia entre lo ofrecido y lo que se pretendía entregar sino que era mucho más grave debido a que comprometía seriamente la calidad del producto al no poder garantizar la condición de estéril del instrumento conocido como lanceta, el cual se utiliza para la muestra de sangre.

Cristian Rebosio

Según se explica en la propia resolución, “el proceso de validación de esterilidad es un procedimiento riguroso y estandarizado que garantiza que los dispositivos médicos no presenten riesgo de contaminación microbiológica” y acorde a la USP (United States Pharmacopeia),  quien se encarga de describir los estándares de calidad para los medicamentos, “la condición de estéril de la lanceta es determinada conforme a lo dispuesto en el Capítulo 71 de la USP VIGENTE (USP NF2023), que establece un tiempo de incubación de no menos de 14 días”.

Pero este periodo de tiempo no se habría cumplido según la información que entregó el propio postor. Según de documento entregado, la fecha de fabricación fue el 19 de julio y el documento que garantiza la esterilidad de la lanceta tiene como fecha el 2 de agosto del mismo año. 

Cristian Rebosio

Con estas fechas se ha podido determinar que no se ha cumplido con este proceso que incluye la incubación de los productos en condiciones controladas durante un período de catorce días, para determinar si hay presencia de microorganismos. 

Según se explica en la resolución, “este plazo es el tiempo mínimo necesario para garantizar que cualquier contaminación que pudiera haberse introducido en el producto durante su fabricación o empaquetado se detecte antes de que el dispositivo sea autorizado para su uso” y el instrumento ofrecido por Multimidecal Supplies SAC no lo cumple. 

Si bien esta resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado ha frenado una operación que le iba a costar millones al sector salud, resulta alarmante que las irregularidades y falencias de los productos se advirtiesen producto de los reclamos de los propios postores y no como resultado de un riguroso proceso de selección por parte del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (CENARES) y un sector salud que vuelve a mostrar una innegable irresponsabilidad en sus compras.

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Cenares, Minsa, vih

Juan Carrasco Millones, quien obtuvo popularidad años atrás como el fiscal implacable contra la corrupción, fue denunciado en las últimas semanas por algunos de los más polémicos casos de su historial.

El pasado mes de julio, el exfiscal Juan Manuel Carrasco Millones fue denunciado junto a Romel Agustín Díaz Paz, Víctor Javier Chafloque Oliden y Sergio Lucio Zapata Orozco por el delito de falsificación de documento público y, además, el exministro también fue acusado de la presunta comisión del delito de fraude procesal. 

Sudaca tuvo acceso a los documentos de este caso que tiene como protagonista a quien, en el año 2021, había logrado uno de los puntos más altos de su trayectoria al ser designado como ministro durante el gobierno de Pedro Castillo y ha terminado siendo señalado como partícipe de situaciones que expondrían las irregularidades detrás de su salto a la fama casi una década atrás.

LA DENUNCIA

Entre los fundamentos de hecho que se exponen en la denuncia se hace mención al recordado caso “Los Limpios de la Corrupción” que, diez años atrás, llamó la atención de todo un país al involucrar al exalcalde de Chiclayo Roberto Torres y terminar con la detención de más de veinte funcionarios de su gestión. Si bien el impacto de la noticia llevó a que este caso sea visto como un golpe certero a la corrupción, el paso de los años ha expuesto que este caso habría estado más pensado en generar un impacto mediático que en perseguir a los corruptos.

Esto mencionado en los fundamentos de hecho al explicar que Romel Díaz y Víctor Chafloque, los oficiales que emitieron el informe que solicitaba la detención preliminar de más de una veintena de funcionarios, recién fueron designados para dicho encargo el 29 de septiembre del 2014, el mismo día que se emitió el informe en cuestión. 

Cristian REbosio

El informe que condujo a la detención de más de veinte funcionarios y los señalaba como parte de una organización criminal fue enviado a Juan Carrasco Millones, quien por aquella época se desempeñaba en el cargo de fiscal adjunto de la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Chiclayo. 

Cristian REbosio

Otro detalle que ha llamado la atención con respecto al informe en cuestión ha sido que, a diferencia de otros informes emitidos, en este no fue el coronel Luis Farfán Silva quien otorgó el “es conforme” y tampoco fue un suboficial adscrito a la dependencia correspondiente el autor sino que en estas casillas figuraron los nombres de Díaz y Chafloque.

Cristian REbosio

Sin embargo, no sólo llamó la atención que los oficiales Díaz Paz y Chafloque Oliden hayan aparecido como quienes emitieron el cuestionado informe pese a que sus designaciones recién habría ocurrido el mismo día que se emitió el informe sino que, además, en la lista del personal que trabajó en la Oficina Regional de Inteligencia los días 29 y 30 de septiembre del 2014 no figuran los nombres de estos oficiales.

Cristian REbosio

Entre los documentos que acompañan la denuncia que Sudaca pudo revisar también se encuentra una declaración testimonial del coronel Luis Enrique Farfán Silva en la cual afirma desconocer el trámite del informe y niega que Víctor Chafloque y Romel Díaz hayan estado bajo su mando.

Cristian REbosio

En septiembre del año 2019, Juan Carrasco Millones brindó su declaración testimonial y reconoció su firma en el oficio del 29 de septiembre de 2014, pero negó que este cuestionado informe haya servido para lograr que se avale la detención preliminar de más de veinte funcionarios municipales como parte del caso “Los Limpios de la Corrupción” y también dijo desconocer las razones por las cuales el coronel Luis Enrique Farfán Silva negó haber tenido a los oficiales cuestionados bajo su mando.

EL DENUNCIANTE

Esta denuncia, que Sudaca pudo conocer en detalle, fue presentada por Juan Miguel Valdivia Goycochea, quien fue uno de los funcionarios señalados como parte de la organización criminal contra los que se dio la orden de detención. Valdivia ocupaba el cargo de gerente en la la Entidad Prestadora del Servicio de Saneamiento de Lambayeque (Epsel) y debió pasar cerca de tres años en prisión preventiva por, supuestamente, estar involucrado en lavado de activos y ser parte de la organización criminal liderada por el alcalde Torres.

Sin embargo, casi una década después y con una investigación que llegó a su final en el año 2018, Valdivia no ha sido acusado. “No tengo ninguna sanción por falta administrativa ni una sentencia penal”, indicó a Sudaca, quien ahora busca justicia por un caso que lanzó a la fama al exfiscal Carrasco Millones pero perjudicó seriamente su vida durante largos meses.

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