[INFORME] Dos años después del asesinato de Santiago Guardamino, la justicia sigue sin dar respuestas y en su familia crece la desconfianza al tener en cuenta que la justicia fue influenciada en otro caso que involucra a la comunidad campesina que tenía como presidente a Guardamino.
Han transcurrido más de dos años del violento asesinato del líder comunal Santiago Guardamino y, hasta la fecha, este caso está lejos de llegar a su final. Una serie de decisiones incomprensibles por parte de la justicia peruana han impedido que tanto la familia como los integrantes de la Comunidad Campesina de Quipán encuentren consuelo viendo que los responsables pagarán por este crimen.
El desinterés por realizar las pericias correspondientes a los teléfonos que le pertenecían a Guardamino y que la familia avisó que contenían amenazas impulsaron una sensación de desconfianza. “Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar”, declaró Maribel Guardamino, viuda de Santiago, en una de las oportunidades que se comunicó con la prensa.
Pero esta decepción que la familia Guardamino y los miembros de la Comunidad Campesina de Quipán sienten ante el accionar de la justicia también se ha visto potenciada por situaciones que ocurrieron en el pasado. Sudaca pudo recopilar información sobre un escandaloso caso que involucra a la comunidad que tenía a Santiago Guardamino como presidente en el momento de su muerte.
EL PRECIO DE LA JUSTICIA
Como se recuerda, la llegada de Santiago Guardamino a la presidencia de la Comunidad Campesina de Quipán se produjo en situaciones muy complejas. Su predecesor, Abel Mosquera Ortiz, había vendido tierras comunales con una extensión de diez mil hectáreas usando documentos falsificados.
El comprador de estas tierras fue Industrias Argüelles, una importante empresa que tenía en sus planes utilizar esas diez mil hectáreas en un relleno sanitario. Las circunstancias en que se produjo esta cuestionada venta causaron mayor indignación al conocerse que el monto que la reconocida empresa pagó fue un monto muy inferior al que correspondía por un terreno de diez mil hectáreas.
Esta historia no tardaría en terminar ante la justicia y fue en ese momento cuando la Comunidad Campesina de Quipán presenció el poder de uno de los involucrados. La resolución de este caso quedó en manos de Roxana Becerra Urbina, pero esta magistrada no tenía como prioridad ayudar a que prevalezca la justicia.
Tal como quedó expuesto como resultado del seguimiento realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), el poder de Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, terminó influyendo en la magistrada que, tras numerosas reuniones, aceptó recibir un soborno de más de medio millón de soles.
Esta repudiable intromisión en el accionar de una magistrada por parte de uno de los involucrados en la venta fraudulenta de las diez mil hectáreas llevó a que exista una profunda desconfianza con respecto a si existe un verdadero interés por descubrir a los responsables del asesinato de Santiago Guardamino y más si se tiene en cuenta que su muerte se produjo cuando estaba por firmar un acuerdo que le permitiría a la Comunidad Campesina de Quipán dar un importante paso en la recuperación de sus tierras.
