[INFORME] Luego de ser vacada por intentar adueñarse de la rectoría de la Universidad Nacional de Ingeniería mediante irregularidades e ignorando los estatutos de la casa de estudios, una  exvicerrectora se ha convertido en una de las personas escuchadas por el ministro José Antonio Chang.

“No podemos dar resultados en quince días. Pido paciencia y que confíen en este gobierno”, fueron las palabras de la presidenta Keiko Fujimori ante los cuestionamientos que está recibiendo tras sus primeras semanas en la presidencia. Pero, aunque el pedido de la mandataria suena razonable, algunas de las críticas al Ejecutivo tampoco parecen ser inmerecidas.

La designación de ministros con nula trayectoria en los sectores que hoy tienen bajo su responsabilidad desde el 28 de julio generaron las primeras críticas al nuevo gobierno fujimorista. Pero incluso aquellos integrantes del gabinete con más experiencia están rodeándose de personajes que representan continuidad y hasta tuvieron un accionar que los llevó a recibir graves sanciones.

En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer los nombres que hoy merodean las oficinas del Ministerio de Educación y encontró historias que inspiran todo menos confianza sobre este círculo que rodea al ministro José Antonio Chang durante sus primeras semanas al frente del sector.

DE LA VACANCIA AL DESPACHO

Que la educación peruana debe ser uno de los temas prioritarios para el nuevo gobierno es un tema que está fuera de discusión. Las precarias condiciones de numerosos establecimientos educativos a nivel nacional sumadas a los alarmantes resultados de diversas pruebas para medir la calidad del aprendizaje exigen medidas urgentes.

Sin embargo, el despacho de José Antonio Chang Escobedo, quien fue ministro de Educación durante el segundo gobierno de Alan García, no parece estar recibiendo a las personas idóneas para llevar a cabo estos cambios que el país necesita y así evitar que el sector educativo siga en crisis.

Quien aparece en la siguiente imagen es Shirley Emperatriz Chilet Cama y es una de las personas a quienes el ministro Chang estuvo escuchando durante sus primeros días en su regreso al Ministerio de Educación. Como se observa en la imagen, Chilet tiene una historia con la Universidad Nacional de Ingeniería, pero no tuvo el mejor final.

Desde noviembre del año 2021, Shirley Chilet Cama había sido designada como vicerrectora académica para el periodo 2021 – 2026. Pero el clima en esta reconocida universidad cambiaría cuando se produjo la renuncia del rector Alfonso López Chau, quien dejó su puesto para incursionar en la política como candidato presidencial.

Acorde al estatuto que rige para esta casa de estudios, la renuncia del rector exigía que se lleve a cabo una votación entre los vicerrectores para elegir al sustituto de López Chau. Este procedimiento se llevó a cabo, tal como relata un informe de Contraloría que Sudaca pudo revisar, y arrojó a Arturo Talledo, vicerrector de investigación, como el elegido para cumplir con el periodo en curso.

Sin embargo, Shirley Chilet no quedó conforme con este resultado y acudió a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) exigiendo que se aplique un artículo del estatuto universitario que tiempo atrás había quedado en desuso pero la favorecía para que, por ser vicerrectora académica, se le nombre como rectora interina.

Como lo señala la propia Contraloría, el artículo (57) que pretendía utilizar Chilet Cama no debía ser tenido en cuenta dado que, meses atrás, la modificación de otro artículo (55) había establecido que no existiría un nombramiento automático, sino que la Asamblea Universitaria debía realizar una elección entre los vicerrectores.

Aunque inexplicablemente la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria había dado luz verde a la exigencia de Shirley Chilet, una revisión más cuidadosa de los estatutos universitarios llevó a que se respete la designación de Arturo Talledo como rector e incluso la contraloría advirtió “indicios de irregularidad” por parte de Sunedu al haber ignorado un artículo vigente.

El accionar de Chilet llevó a que se le inicie un procedimiento de vacancia a su cargo de vicerrectora académica por lo que fue considerado como una falta grave. Desconocer de facto la elección de rector, inducir al error a una entidad pública y suscribir documentos oficiales sin tener la competencia legal llevaron a que el 30 de junio del año pasado se termine por concretar la vacancia de Shirley Chilet.

Pese a estos graves antecedentes, hoy las puertas del Ministerio de Educación, y en específico del despacho ministerial, se abren para Shirley Chilet Cama e invitan a preguntarse en qué le puede aportar a la gestión de José Antonio Chang una persona que intentó apropiarse de un cargo que no le correspondía.

VIEJOS AMIGOS

Pero Chilet no llegó sola al Ministerio de Educación. Sudaca pudo comprobar que, en su reciente visita al nuevo ministro, también estuvo involucrado un personaje que compartió mucho tiempo con José Antonio Chang cuando ambos formaron parte del gobierno de Alan García. Tal como se aprecia en la siguiente imagen, la reunión de trabajo que Shirley Chilet sostuvo con Chang coincidió con la presencia de Aurelio Pastor.

Aurelio Pastor estuvo a cargo del Ministerio de Justicia durante el segundo gobierno de García Pérez y recibió fuertes cuestionamientos por temas como el cuestionado indulto a José Enrique Crousillat, el poderoso empresario televisivo que recibió varios millones de soles de Vladimiro Montesinos para favorecer al gobierno de Alberto Fujimori. Como se recuerda, el exdirectivo de América Televisión había alegado que padecía graves problemas de salud. No obstante, tras ser indultado, no tenía reparos en mostrarse disfrutando del verano en el balneario de Asia.

Por estos días, el gobierno entrante pide tiempo para que los cambios empiecen a notarse. Sin embargo, resulta inevitable preguntarse qué tipos de cambios se pueden producir si las personas que rodean a un ministro han mostrado un desvergonzado oportunismo para conseguir poder.

[INFORME] La gestión de Alberto Beingolea en el Ministerio de Cultura sigue sumando polémicas por el historial de las personas con las que tiene reuniones de trabajo. Un extrabajador municipal que engañó durante cuatro años al distrito de Surquillo y una viceministra acusada de violencia familiar vienen merodeando el despacho del periodista deportivo.

La elección de los ministros del primer gabinete de Keiko Fujimori sigue siendo tema de debate en la política nacional. La inclusión de personajes que sin una trayectoria destacada ha llevado a que hasta los más fieles defensores de la lideresa de Fuerza Popular levanten su voz para expresar su preocupación y hasta sospechas sobre las motivaciones detrás de estas designaciones.

Sin lugar a dudas, uno de los integrantes del gabinete Galarreta más cuestionados es el periodista deportivo Alberto Beingolea Delgado, quien terminó al frente del Ministerio de Cultura el pasado 28 de julio producto de una decisión que desconcertó hasta al más experto analista político.

Pero, luego de casi dos semanas en el cargo, el conocido conductor de programas de fútbol empieza a dar pistas sobre los planes que podría tener para el Ministerio de Cultura o, por lo menos, va quedando claro qué clase de personajes podrían tener influencia en sus decisiones como ministro. En esta oportunidad, Sudaca encontró que, por ejemplo, el ministro debutante ha sostenido largos encuentros con una persona que engañó durante años a una municipalidad.

VÍNCULOS DESATINADOS

El pasado miércoles, Sudaca publicó el informe titularo “Beingolea en acción” en el cual se detallaban las reuniones que sostuvo el nuevo ministro de Cultura con numerosos miembros y excandidatos del Partido Popular Cristiano que habían copado su agenda pese a que las voces oficiales de dicha agrupación política habían emitido un mensaje en el cual aseguraban que no tenían vínculo con su antiguo candidato presidencial Alberto Beingolea.

Sin embargo, la lista de visitantes no se ha limitado a sus conocidos del PPC. Sudaca pudo conocer que entre estos personajes que fueron recibidos en el despacho ministerial para lo que fue registrado como reuniones de trabajo también se encuentran nombres vinculados a graves sanciones y acusaciones.

Como se puede observar en la siguiente imagen, el último miércoles, el ministro Alberto Beingolea abrió las puertas de su despacho para atender una reunión de trabajo con una persona llamada Clirio Ceferino Rivera Gamarra que no acudió en representación de una institución pública o privada, sino que lo hizo a título personal. El mencionado encuentro se extendió por más de dos horas.

Nada parecía fuera de lo normal hasta esta parte. No obstante, esto cambia cuando se investiga el reciente pasado de Rivera Gamarra como servidor de la Municipalidad de Surquillo. Acorde a documentos que pudo revisar este medio, Rivera Gamarra entró a trabajar en esta municipalidad en agosto del año 2020 bajo el régimen laboral CAS. Pero, varios años después, se descubrió que este trabajador ocultó durante años irregularidad muy grave en su incorporación.

Para Rivera, los problemas comenzaron exactamente en el mes de junio del año 2024, cuando llevaba cuatro años en su puesto en la subgerencia de servicios sociales, debido a que la Municipalidad de Surquillo decidió conformar una comisión que se encargaría de corroborar que aquellos trabajadores con contrato CAS estén cumpliendo con los requisitos obligatorios para los puestos que ocupaban.

La mencionada comisión terminaría por encontrarse con una muy desagradable y escandalosa sorpresa. Clirio Ceferino Rivera Gamarra, un trabajador CAS que para ese entonces acumulaba cuatro años en la municipalidad, había logrado ocultar exitosamente que no contaba con la formación académica exigida para ocupar el puesto en el cual se venía desempeñando en la subgerencia de servicios sociales de la Municipalidad de Surquillo.

Tras este hallazgo, se inició un proceso administrativo sancionador contra Rivera Gamarra en el cual, al verse descubierto, el propio trabajador admite que estaba al tanto de su incumplimiento con los requisitos para ser contratado como trabajador CAS e, inexplicable y sospechosamente, pudo participar del proceso, ser elegido y permanecer en el cargo desde agosto del 2020 hasta que destituido en marzo de este año.

SIN EL MEJOR HISTORIAL

Pero la lista de visitantes polémicos que hoy merodean el despacho de Alberto Beingolea es más extensa. En la siguiente imagen se observa que, la semana pasada, el nuevo ministro de Cultura recibió por casi una hora a una persona llamada Rut Elizabeth Huamán Coronel que permaneció cerca de una hora en lo que fue catalogado por el propio ministerio como una reunión de trabajo.

Huamán Coronel es destacada por el Apra como una de sus nuevas caras elegidas para revitalizar al partido de la estrella. Sin embargo, también llama la atención por sus numerosas designaciones durante los últimos gobiernos que le han permitido ir rotando de un ministerio a otro en los últimos meses.

Con la llegada de José Jerí a la presidencia, Huamán Coronel logró convertirse en viceministra de poblaciones vulnerables en el Ministerio de la Mujer. Pero, además, durante la breve presidencia de José María Balcázar, la excandidata al Congreso fue una de las beneficiadas con las sorpresivas designaciones que el gobierno saliente realizó a pocos días de entregar la presidencia. El 16 de julio, el Ministerio de Educación comunicó que Rut Huamán se había convertido la nueva viceministra de gestión institucional, cargo al que renunció antes de reunirse con el ministro Beingolea.

Sin embargo, todos estos datos podrían quedar opacados cuando se recuerda una grave acusación en su contra que se hizo pública en el mes de febrero. Paradójicamente, Huamán Coronel, quien por aquel entonces se desempeñaba como viceministra de poblaciones vulnerables, había sido denunciada por violencia familiar.

Una investigación del programa “Beto a saber” expuso que Rut Huamán había agredido a su esposo con “patadas, golpes de puño y mordidas” un 25 de diciembre del año 2019. Acorde a lo publicado por el programa del canal Willax, Huamán llegó a ser detenida y se constataron las lesiones de su pareja. Al ser consultada por este hecho, la entonces funcionaria del Ministerio de la Mujer señaló que “se trata de un tema ya zanjado”.

Pasar de ser un ferviente antifujimorista a un ministro que repite con aparente convicción las consignas de Keiko Fujimori había generado serias dudas sobre cuál es la verdadera cara de Alberto Beingolea. Pero lo que está fuera de discusión es la falta de criterio del nuevo titular del Ministerio de Cultura al momento de decidir a quiénes le abre las puertas de su oficina.

[INFORME] Aunque existen teléfonos con amenazas a Santiago Guardamino,  la justicia decidió no tomarlos en cuenta alegando falta de recursos. Hoy, más de uno se pregunta si detrás de esta inexplicable decisión están existiendo presiones para evitar que se encuentren a los responsables del asesinado del líder comunal.

Han pasado más de dos años desde aquella noche del 1 de abril del 2024 cuando Santiago Guardamino fue asesinado. Los nueve disparos que recibió y que este hecho ocurrió cuando estaba por cerrar un importante acuerdo que iba a facilitar el proceso de recuperación de un terreno que perdieron como consecuencia de un fraude deberían haber llevado a que se produzca una seria investigación. Sin embargo, el camino seguido por el caso Guardamino ha sido desconcertante y hasta sospechoso.

LO QUE SE DEJÓ DE LADO

Para la justicia, o más precisamente para el fiscal Renato Lavy Cora, este caso debía ser archivado debido a falta de pruebas. No obstante, lo que revela la familia del expresidente de la comunidad Quipán es una realidad muy distinta a la que describen quienes debían encontrar a los responsables de este crimen.

Según se ha podido conocer, la familia de Guardamino tiene en su poder teléfonos celulares que le pertenecían al líder comunal y en los cuales habían quedaron registradas numerosas amenazas que, inexplicablemente, no fueron tomadas en cuenta por la justicia que alegó no tener los medios para realizar las pericias de estos dispositivos.

A ello se le suma que el propio Santiago reportó ante los miembros de su comunidad que venía siendo amenazado y sus seres querido incluso señalan que para algunos este fue un desenlace oportuno.  “Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar. La más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”, cuenta la viuda de Guardamino.

Cabe señalar que Industrias Argüelles se benefició directamente con la adquisición fraudulenta del terreno de diez mil hectáreas que le compraron al predecesor de Guardamino por un monto muy inferior al que correspondía. Además, los antecedentes de Argüelles invitan a desconfiar debido a que también intentó sobornar a la magistrada que estuvo a cargo del caso.

Por la evidencia que se dejó de lado y el historial de Argüelles intentando torcer la justicia a su favor, no resulta exagerado preguntarse si están existiendo presiones para que el caso de Santiago Guardamino quede definitivamente archivado pese a que lo más lógico sería que se tome en cuenta el material que hasta ahora fue dejado de lado y tanto la familia del líder comunal como la gente de Quipán obtengan la justicia que merecen.

[INFORME] Las elecciones municipales están cada vez más cerca en el horizonte y con ello empiezan a conocerse algunos alarmantes datos sobre las personas a quienes líderes políticos como César Acuña, Rafael López Aliaga y José Luna han recibido en sus respectivos partidos y les están facilitando una plataforma para que se conviertan en regidores.

Sudaca revisó algunas de las listas que se han presentado para distritos como El Agustino, Breña o Independencia y encontró desde un autoproclamado vidente de la farándula hasta sentenciados por homicidio y hurto agravado integrando las listas de regidores de diversas agrupaciones políticas.

¿EL PASADO NO IMPORTA?

Luego de haber obtenido un resultado decepcionante en las elecciones presidenciales del pasado mes de abril, el partido del cuestionado José Luna, Podemos, buscará que las elecciones municipales que tendrán lugar en el mes octubre sean el inicio de la recuperación de su movimiento político.

Sin embargo, el esfuerzo de Podemos por presentar personajes que inspiren confianza en el electorado está siendo deficiente. Un ejemplo de ello se puede encontrar en la lista presentada para el distrito de Cieneguilla, donde uno de los regidores elegidos por el partido estuvo involucrado en un grave delito.

Sudaca puso revisar el historial de Fernando Christian Álvarez Antola, quien figura en el quinto lugar de la lista de aspirantes a regidores que presentó podemos, y encontró que en 2019 fue sentenciado a una condena suspendida de tres años y medio por el delito de homicidio culposo agravado.

UNA MÁS DE ACUÑA

Una de las estrategias de campaña que más dio que hablar durante las recientes elecciones presidenciales fue la elegida por César Acuña que intentó acercarlo a diversos streamers e influencers con la intención de mostrar al político y empresario norteño como un personaje divertido.

Pero donde está ocurriendo algo que no tiene nada de divertido es en su partido. Quien aparece en la siguiente imagen es Jorge Luis Huaca Ynga y en el año 2005 fue condenado por hurto agravado. No obstante, Alianza Para el Progreso ha considerado que Huaca Ynga es una persona idónea para ocupar el cargo de regidor del distrito El Agustino.

El caso de Huaca está lejos de ser una excepción y prueba de ello es lo que se encontró en la lista de candidatos a regidores de APP para el distrito de Carabayllo. En la lista que acompañan al aspirante a la alcaldía, Juan Espinoza Ortiz, aparece Oscar Ulises Paucar De La Cruz, un personaje que arrastra dos sentencias: una por usurpación agravada en el año 2012 y otra por lesiones que data del 2014.

EL NUEVO PPC

El Partido Popular Cristiano (PPC), la histórica agrupación fundada por Luis Bedoya Reyes, sigue tratando de encontrar un camino que ayude a volver a los lugares de protagonismo en la política peruana y pareciera que en esta búsqueda incluso están dispuestos a recurrir a habilidades sobrenaturales.

Quien aparece en el siguiente video hablando sobre posibles infidelidades de parejas de la farándula peruana es Roberto Granda Ramírez y que el nombre de quien se presenta como un vidente internacional aparezca en un informe periodístico sobre las elecciones municipales no es producto de un error.

@willax.espectaculos Roberto granda pronostica el futuro de Christian Domínguez y Karla Tarazona #Entrometidos #RobertoGranda #ChristianDomínguez #KarlaTarazona ♬ sonido original  – Willax Espectáculos

Para sorpresa de muchos, el PPC ha considerado que la manera de recuperar el lugar de actor principal que alguna vez supo tener en la capital es incluyendo entre sus candidatos a regidores por el distrito de Breña a una persona que asegura tener la capacidad de predecir el futuro y realizar rituales para atraer a la pareja deseada.

IGUAL QUE SU LÍDER

Entre los tantos cuestionamientos que ha recibido Rafael López Aliaga durante los últimos años, uno de ellos se vincula con un episodio que data del año 2019 cuando fue intervenido mientras manejaba y dio positivo a la prueba de alcoholemia. Sin embargo, no es el único integrante de Renovación Popular involucrado en ese tipo de casos.

Julio Alberto Rosado Utrilla es uno de los candidatos a regidores que acompañan a Benigno “Benito” Calderón en su intento de llegar a la alcaldía del distrito de Independencia. Pero también es otro de los personajes que arrastra una sentencia en su historial. Sudaca pudo conocer que, en el año 2013, Rosado Utrilla fue condenado por conducir en estado de ebriedad.

Pero este no es el único candidato a regidor en la lista que presentó Renovación Popular para el distrito de Independencia. Moisés Huaylinos Gonzáles también figura entre los elegidos por el partido celeste para intentar ocupar el cargo de regidor pese a que registra una sentencia por hurto agravado.

Por estos días, los discursos políticos hablan de la necesidad de “mano dura” para frenar la ola de delincuencia que sigue aterrando a los peruanos. Pero, paradójicamente, son los propios líderes de partidos políticos y aspirantes a alcaldías quienes no tienen inconvenientes llenar sus municipios con sentenciados por actos delictivos o personajes con nula experiencia en gestión municipal.

[INFORME] Durante su paso por la Municipalidad de Lima, Rafael López Aliaga no sólo contrató a un abogado que era apoderado de su empresa para que se encargue de su defensa legal. El líder de Renovación Popular le consiguió varias órdenes de servicio por las que ha recibido más de ciento sesenta y cinco mil soles desde 2023.

Una decisión por parte del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acaba de sorprender al exburgomaestre Rafael López Aliaga al abrirle la puerta para participar en las elecciones municipales de este año y, con ello, tener más chances de mantener a la Municipalidad de Lima bajo el control de Renovación Popular. Esto pese a que en las próximas semanas le correspondía asumir el cargo de senador.

Aunque miles de peruanos le dieron sus votos, el empresario y líder del partido celeste se rehusó a cumplir con este deber alegando que esta postura sería una forma de protestar contra un supuesto fraude en la primera vuelta. Sin embargo, podrían existir otras motivaciones que López Aliaga intentaría ocultar detrás de lo que pretende mostrar como un cuestionamiento a las autoridades electorales.

Si bien el cargo de senador trae consigo numerosos privilegios, estar en el sillón municipal habilita una capacidad de gasto considerable que le permitiría a Rafael López Aliaga utilizar el presupuesto de Lima para contratar a varios de sus conocidos, como ha ocurrido en varias oportunidades durante los años que fue alcalde de Lima. Esta vez, Sudaca pudo encontrar otro caso de un personaje del entorno del exalcalde que pasó a recibir un generoso salario en la Municipalidad de Lima.

LLEGÓ Y NUNCA MÁS SE FUE

En 2023, mientras transcurría el primer año de Rafael López Aliaga como alcalde de Lima, el fundador del partido Renovación Popular se encontró en el centro de una investigación preliminar dispuesta por el Primer Despacho Provincial Penal de la Primera Fiscalía Corporativa Penal del Cercado de Lima.

La reacción inmediata del entonces burgomaestre fue solicitar que la Municipalidad de Lima se haga cargo de su defensa legal y para ello se llevó a cabo un proceso de contratación directa que culminó con la buena pro en favor del abogado Nazim Javier Alarcón Prieto, quien recibiría  un pago de cuarenta y ocho mil soles a pedido de quien por aquel entonces estaba en la alcaldía.

Pero la fortuna le volvería a sonreír al letrado elegido por López Aliaga. A pocos meses de firmar los documentos que le permitirían ganar cuarenta y ocho mil soles, los apellidos Alarcón Prieto volverían a sonar en los pasillos de la Municipalidad de Lima. Sorprendentemente, entre los muchos abogados disponibles en la capital, el municipio decidió que la mejor opción para encargarle un servicio de revisión de antecedentes, análisis y evaluación de expedientes de denuncias era Nazim Alarcón, el conocido del alcalde.

Los contratos para el abogado del alcalde López Aliaga, que rondaban cifras cercanas a los treinta mil soles, continuarían en los meses siguientes e incluso unas de sus órdenes de servicio se emitió a pocos días de la renuncia del fundador de Renovación Popular a la alcaldía de Lima.

Con la llegada de Renzo Reggiardo a la alcaldía la situación del abogado Alarcón no iba a cambiar. El exteniente alcalde de Rafael López Aliaga no se animaría a quitarle este generoso salario a un conocido del líder de su partido y las órdenes de servicio a nombre de Nazim Alarcón continuaron, como se puede ver en la siguiente imagen que corresponde al mes de enero del presente año cuando el municipio estaba bajo las órdenes de Reggiardo Barreto.

Sudaca pudo revisar la información disponible en el portal de Transparencia Económica y encontró que Nazim Javier Alarcón Prieto, un abogado que tenía nula experiencia en la Municipalidad Metropolitana de Lima ni en ningún otro municipio, facturó una suma que supera los ciento sesenta y cinco mil soles durante los cuatro años de gestión de Renovación Popular gracias a su cercanía con Rafael López Aliaga.

NO HAY CASUALIDADES

Pero la llegada del abogado Nazim Alarcón y sus elevados honorarios a la Municipalidad Metropolitana de Lima estuvo lejos de ser una casualidad y tampoco fue una excepción motivada por la investigación preliminar que involucraba al alcalde, como alguno de sus defensores podría argumentar.

Sudaca tuvo acceso a un documento de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) que data del año 2015 en el cual se detallan modificaciones en la estructura de poderes de una empresa llamada Acres Sociedad Titulizadora S.A. que fue fundada en 2011 por Rafael López Aliaga Cazorla y, lo más resaltante para este caso, tiene entre sus apoderados al abogado Nazim Javier Alarcón Prieto.

Cabe señalar que la empresa Acres no ha estado exenta de escándalos. Una investigación periodística del medio El Foco reveló en el año 2024 que una asociación del Sodalicio, la organización religiosa acusada de numerosos y aberrantes abusos físicos, sexuales y psicológicos a menores de edad, transfirió más de treinta inmuebles a la empresa que tenía al líder de Renovación Popular como fundador y accionista.

Casos como el de este abogado y sus generosos contratos invitan a preguntarse si detrás de la intransigente postura de Rafael López Aliaga con respecto a su lugar en el senado y la posibilidad de postular en las elecciones municipales una de las razones para volver es el deseo de seguir dándole buenos empleos a sus conocidos que, por supuesto, serán pagados con dinero de los limeños.

[INFORME] El gobierno de José María Balcázar está a poco de llegar a su final. Sin embargo, su despacho tomó la insólita decisión de gastar casi cuarenta mil soles en un taller para trabajadores que serían reemplazados cuando asuma su sucesora el 28 de julio.

Luego de tres presidentes que debieron abandonar Palacio de Gobierno en medio de escándalos por diversos motivos, lo que se esperaba de José María Balcázar en el despacho más importante del país era que tenga la capacidad de brindarle al Perú un periodo de cierta estabilidad hasta que el nuevo mandatario asuma el cargo en el mes de julio.

Pese a que sus predecesores de los últimos cuatro años habían servido como ejemplo de lo que no debe hacer, la gestión de Balcázar parece no haber puesto mucha atención a la historia reciente de los ocupantes del sillón presidencial y su mandato estuvo marcado por cuestionables decisiones, como la elección de ministros de dudosa capacidad profesional y moral.

Pero, como si los desaciertos para designar ministros no fuese suficiente, el gobierno del abogado de ochenta y tres años también ha caído en las mismas tentaciones que otras instituciones del Estado: el despilfarro del presupuesto disponible. Sudaca pudo revisar los recientes gastos de la oficina presidencial y encontró información que expone a un gobierno dispuesto a gastar el dinero de los peruanos sin una justificación razonable.

LA MOTIVACIÓN FINAL

En los últimos años se ha podido observar una marcada tendencia en el mundo empresarial que busca fortalecer el trabajo en equipo mediante talleres dictados por especialistas. Por supuesto, el sector público también podría verse beneficiado con este tipo de estrategias que apuntan a lograr mayor eficacia por parte del trabajador.

No obstante, resulta inevitable preguntarse cuál es el propósito de apostar por un taller laboral para una gestión que está a pocas semanas de llegar a su final y que, incluso, está próximo a iniciar el proceso de transferencia con el personal designado por el gobierno entrante. Inexplicablemente, el Ejecutivo ha emitido una orden de servicio en el mes de junio a nombre de la empresa Greco Tours S.A.C. que se dedica a brindar este tipo de talleres.

Además, al revisar los registros de los talleres que ofrece esta empresa se puede encontrar que lo que el despacho presidencial ha catalogado como “taller de fortalecimiento del clima laboral y trabajo en equipo” no es precisamente una capacitación relacionada con el trabajo que realiza la presidencia, sino que consistiría en dinámicas lúdicas que más parecen orientadas en brindar un momento de distracción para los trabajadores.

Por un taller como el que pudo observar en la imagen anterior, el personal que trabaja en el despacho presidencial invirtió algo más que sus horas de trabajo. Según la información que pudo revisar Sudaca, la oficina de José María Balcázar pagó la suma de treinta y ocho mil soles a la empresa Greco Tours.

POLÍTICA DE ESTADO

Pero el despacho presidencial no es el único que está disponiendo de su presupuesto y el tiempo de sus trabajadores para un taller pese a que están a pocas semanas de abandonar sus puestos. Sudaca pudo rastrear los contratos de esta empresa con el sector público y encontró varias sorpresas.

Durante el mes de mayo, el Ministerio del Ambiente también recurrió a los servicios de Greco Tours. Pese a que la llegada del nuevo gobierno llevará a que, como suele pasar con cada traspaso de mando, se realice una renovación de personal, quienes hoy tienen bajo su control este ministerio invirtieron diez mil soles en este tipo de dinámicas para trabajadores.

En esta lista también figura el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La entidad encargada de los medios de comunicación estatales recurrió a Greco Tours para un “taller de motivación” para sus trabajadores que tuvo lugar en los últimos días del mes de abril y para el cual se destinaron casi treinta y ocho mil soles del erario público.

Invertir en mejorar el clima laboral y fortalecer el trabajo en equipo puede ser una decisión muy acertada. Pero resulta difícil justificarla cuando ocurren en un contexto en el cual ese personal que recibe los talleres está a días de abandonar sus puestos y los resultados de dichos tallares pagados con dinero de los peruanos no serán precisamente en beneficio del país.

[INFORME] Aunque han salido a la luz serias irregularidades en la investigación del asesinato de Santiago Guardamino, su familia sigue esperando que el fiscal a cargo decida reabrir el caso para encontrar a los responsables.

La justicia peruana se ha ganado, en los últimos años, una muy mala reputación y no se podría decir que esto es del todo inmerecido. La lentitud e inacción que han tenido en casos donde existen evidencias que deberían conducir a resultados concretos en favor de quienes buscan justicia llevaron a que cada vez más personas pierdan la esperanza en el sistema.

El caso de Santiago Guardamino es una de estas historias que parece haber quedado congelada. Pese a la existencia de numerosos testimonios y pruebas detrás de un asesinato, la justicia le sigue dando la espalda a los familiares de un líder comunal que terminó pagando con su vida el haber denunciado una estafa.

¿QUÉ HACÍA GUARDAMINO?

Desde enero del año 2023, Santiago Guardamino Gonzáles ejercía el cargo de presidente de la Comunidad Campesina de Quipán. Pero este puesto no lo asumiría en medio de un panorama precisamente tranquilo. Por el contrario, por aquel entonces, la comunidad venía de sufrir una cuantiosa estafa.

El predecesor de Guardamino, Abel Mosquera Ortiz, había vendido diez mil hectáreas de tierras comunales a Industrias Argüelles, una reconocida empresa que cuenta con millonarios contratos con diversos municipios y se encontraba en la búsqueda de un terreno para la construcción de un relleno sanitario.

Pero esta venta no había seguido los pasos correspondientes. Mosquera Ortiz no sólo había actuado a espaldas de la Comunidad de Quipán usando documentación falsificada, también acordó vender esas diez mil hectáreas por apenas seiscientos mil soles pese a que su precio real estaba estimado en más de cinco millones de soles.

Este fue el panorama que encontró Guardamino al asumir la presidencia de esta comunidad y tomó la decisión de empezar una cruzada en búsqueda de justicia que inicialmente tuvo resultados. Mosquera llegaría a ser condenado y una suerte simular tuvo Aniceto Argüelles, fundador de Industrias Argüelles, tras intentar sobornar a la magistrada a cargo del caso.

EL ASESINATO

Pero, cuando todo parecía encaminarse para que la Comunidad Campesina de Quipán recupere sus tierras, esta historia sufrió un duro revés. La noche del 1 de abril del 2024, Santiago Guardamino recibió nueve disparos mientras iba camino a su vivienda. Pero para entender lo que habría detrás de este trágico hecho es preciso conocer lo que había hecho el presidente de la comunidad ese mismo día.

Información a la que pudo acceder el diario La República reveló que, horas antes de su asesinato, Guardamino había asistido a una asamblea a con los miembros de la Comunidad Campesina de Quipán para anunciarles que, en los próximos días, suscribiría un compromiso con la empresa Petramás para que esta se haga responsable del proceso civil y, si se concretaba la recuperación de las diez mil hectáreas, esta empresa se las compraría por 8,5 millones de soles más un adelanto de 2,5 millones mientras se resolvía el proceso.

¿NADA PARA INVESTIGAR?

Sin embargo, pese a este contexto que invita a pensar que el asesinato de Guardamino fue un intento desesperado por evitar que este acuerdo concrete, la justicia tomó una decisión incomprensible y recientemente se conoció que el fiscal Renato Lavy Cora tomó la decisión de archivar la investigación alegando falta de pruebas.

Esta decisión ha dejado a la familia de Guardamino y a la Comunidad de Quipán una sensación de injusticia debido a que fueron los mismos responsables de la investigación quienes decidieron descartar material que pudo ser clave. Por ejemplo, la familia de Santiago Guardamino relató que tenían en su poder teléfonos celulares que le pertenecían al líder comunal y en los cuales habían quedado registradas diversas amenazas que no fueron analizadas debido a que la justicia dijo no contar con recursos para las pericias correspondientes.

“Estamos muy decepcionados, porque prácticamente la justicia se dejó comprar. La más beneficiada con su muerte es Industrias Argüelles”, señaló la viuda de Guardamino tras conocer la decisión del fiscal Lavy Cora y, teniendo en cuenta que se descartó tan fácilmente una prueba contundente como el contenido de los teléfonos de la víctima y hasta ahora no aceptan reabrir el caso, resulta más que entendible que sigan teniendo esta mirada.

[INFORME] Antes de despedirse del hemiciclo, los congresistas gastaron más de cuarenta mil soles en una exclusiva pastelería. Además, los parlamentarios invirtieron más de treinta y nueve mil soles en una empresa de drones y hasta le dieron una orden de servicio a una empresa que fue sancionada por presentar documentos adulterados.

En pocas semanas, los nuevos inquilinos del Palacio Legislativo acudirán al hemiciclo para dar inicio a un nuevo periodo. Pero esta fecha también significará el final de un quinquenio que estuvo marcado por una desaprobación mayoritaria como pocas veces se ha visto en la historia política del Perú.

El blindaje a ciertas figuras políticas, la aprobación de proyectos que parecían responder a los intereses personales de algunos parlamentarios y diversas actitudes, como las constantes faltas, viajes con todo pagado y generosos bonos, llevaron a que la mayoría de peruanos no se sientan representados con la labor de quienes debían velar por sus intereses.

Sin embargo, pese a los contundentes datos que arrojaron diversas encuestas durante estos cinco años, en el Congreso parece no existir ningún tipo de autocrítica y hasta en sus últimas semanas han utilizado el presupuesto disponible para varios gastos controversiales en lo que se podría catalogar como el último festín de los congresistas.

DRONES Y FINA PASTELERÍA

Tras cinco años de numerosos privilegios, los padres de la patria decidieron darse un último gran festín con el mismo nivel de derroche que se ha visto durante todo su paso por el hemiciclo.  Por supuesto, como en toda fiesta, algo que no puede faltar es la comida y, mucho mejor, si es de un lugar muy exclusivo.

Sudaca pudo revisar los últimos gastos de los parlamentarios y encontró que, en las últimas semanas de trabajo de los congresistas, se emitió una orden de servicio por el concepto de “servicios de alimentación de consumo humano” por un monto que supera los veinticinco mil soles.

Al revisar con más detalle esta orden de servicio se pudo encontrar que nuestros congresistas no habían elegido la opción más austera. Por el contrario, los alimentos de nuestros parlamentarios provenían de Mariáte, una exclusiva pastelería fina donde un alfajor puede llegar a costar cerca de diez soles.

Pero esta no fue la única vez que los congresistas compraron los tentadores bocaditos de Mariáte. En el mes de mayo, mientras la atención estaba puesta en las elecciones, los parlamentarios destinaban más de dieciocho mil soles de su presupuesto para degustar las delicias de la pastelería fina.

Sin embargo, este no es el único gasto llamativo en una de las últimas órdenes de servicio que emitió el Congreso de la República en las semanas recientes. Entre estos gastos destaca una adquisición de “otros equipos y bienes duraderos” por un considerable monto que supera los treinta y nueve mil soles.

Pero qué exactamente son “otros equipos y bienes duraderos”. Sudaca siguió los datos de esta orden de servicio y pudo encontrar que la nueva adquisición de los congresistas provenían de la empresa Smart Flight, la cual se dedica a la venta de modernos vehículos aéreos (drones) y sus accesorios.

UN EXTRAÑO DESCUIDO

No obstante, en esta última lista de gastos del Congreso existe una orden de servicio que va más allá de los lujos y gustos, y más parece una muestra de desprecio al manejo responsable del erario público. Otro de los descubrimientos que Sudaca hizo involucran a una empresa que fue sancionada con severidad por una infracción contra el mismo Legislativo que hoy le ofrece una orden de servicio por varios miles de soles.

El siguiente fragmento pertenece a una resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado al que accedió este medio y en él se detalla que, en enero del año 2020, la empresa Real Service S.A. fue inhabilitada por poco más de tres años luego de incluir un documento adulterado en la oferta que dicha empresa presentó para un procedimiento de selección convocado por el Congreso.

Pese a ello, el 30 de junio de este año, mientras los parlamentarios empezaban a despedirse y felicitarse entre ellos por su trabajo, el Congreso emitió una orden de servicio por más de cuarenta mil soles en favor de la empresa que debió pasar más de tres años sin poder contratar con el Estado debido a la gravedad de su infracción.

Aunque algunos parlamentarios insisten en que las críticas a su labor son desmedidas, los lujos y descuidos que se han visto en los gastos aprobados en sus últimas semanas como congresistas sólo reafirman que el esfuerzo por salvaguardar los recursos a su disposición ha sido insuficiente o, probablemente, inexistente.