Pese a los deficientes resultados del gobierno, la Presidencia del Consejo de Ministros ha destinado varios cientos de miles de soles para sus fotografías, videos y redes sociales. Sudaca accedió a los gastos de la PCM de los últimos meses que evidencian gastos desmedidos en esta área.

Desde que Dina Boluarte asumió la presidencia, aquel recordado 7 de diciembre del 2022, la aprobación nacional se convirtió en una colina imposible de escalar. La falta de convicción para pedir el adelanto de elecciones, una postura sumisa ante el Congreso y esa tendencia a llenar ministerios con personajes de dudosa capacidad que agravaron los problemas del país llevaron a que para la mayoría de peruanos sea imposible sentirse representado, o por lo menos escuchado, por el Ejecutivo.

Esta situación, pese a su gravedad, nunca llevó a que el gobierno ponga en duda su propia continuidad. Por el contrario, como se ha podido ver en los últimos días con la cuestionada franja informativa que el Ejecutivo pretende imponer para presumir sus logros, el objetivo parece ser agotar todos los recursos para lavarle su imagen.

Pero, por supuesto, esta búsqueda de fabricarle al gobierno una imagen que refleje eficiencia cuando la realidad luce radicalmente opuesta no es gratis. Sudaca ha podido revisar las contrataciones de la Presidencia del Consejo de Ministros y ha encontrado elevados gastos en áreas que, lejos de buscar eficiencia en el Ejecutivo, parecen querer satisfacer la vanidad del gobierno.

LOS GASTOS DE LA PCM

Durante las últimas semanas y meses, la vanidad de la presidenta Boluarte se ha convertido en un tema de interés nacional debido a las mentiras que existieron detrás de un procedimiento estético al que se sometió. Sin embargo, este interés por realizarse arreglos que mejoren su imagen no es exclusivo de la mandataria.

Con Gustavo Adrianzén Olaya como primer ministro, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha realizado pagos muy elevados por órdenes de servicio relacionadas con las fotografías que se toman en las actividades públicas. Pero, además, la PCM también ha hecho un importante desembolso para que a estas imágenes les mejoren las imperfecciones y mejoren la iluminación.

Un ejemplo de este tipo de gastos es la siguiente orden de servicio que corresponde al mes de abril del año pasado cuando, bajo la gestión de Gustavo Adrianzén, la Presidencia del Consejo de Ministros utilizó nueve mil soles del presupuesto disponible para pagar el servicio de retoque de imágenes fotográficas.

Aunque la aprobación del gobierno no sufrió ninguna mejora y los problemas de los distintos ministerios se continuaron agravando, la prioridad en la PCM parecía radicar en salir bien en las fotos. En agosto del 2024, la cifra a pagar por fotografías en eventos en los cuales el Ejecutivo pretendía reflejar una imagen de eficiencia muy distinta a la realidad alcanzó los veintisiete mil soles.

Si se calcula el total desde el día que Dina Boluarte se puso la banda presidencial, la Presidencia del Consejo de Ministros, con Alberto Otárola y Gustavo Adrianzén al mando, ha desembolsado un total de 228 mil soles en fotografías y la edición de estas entre enero del 2023 y enero de este año.

Esta inversión en fotografías se vuelve más impactante cuando se contrasta con el gasto que se realizaba anteriormente. Durante el gobierno de Pedro Castillo, las órdenes de servicio por fotografías de los eventos de la Presidencia del Consejo de Ministros y sus conferencias de prensa apenas alcanzaban los 114 mil soles, una cifra que es la mitad de lo que han pagado hasta la fecha con el aval del expremier Otárola y Gustavo Adrianzén, quien actualmente se encuentra al frente de la PCM.

GESTIÓN DEFICIENTE, PRODUCCIÓN ENVIDIABLE

Pero este no ha sido el único gasto que la Presidencia del Consejo de Ministros autorizó para presumir el trabajo que realizan. Pese a que los resultados del gobierno actual han sido, indiscutiblemente, deficientes, la producción detrás de sus eventos ha contado con un presupuesto envidiable.

Sudaca ha encontrado que, durante los últimos dos años, la PCM ha pagado 208 mil soles para que sus eventos y conferencias de prensa no sólo cuenten con fotografías sino con los respectivos videos.

¿GABINETE INFLUENCER?

Además, el Ejecutivo no ha querido quedarse relegado en lo que respecta a presencia en las redes sociales y, mucho menos, desaprovechar esa tribuna para instalar la imagen de gobierno competente, aunque eso represente un costo sorpresivamente alto. En la siguiente imagen podemos observar una orden de servicio, que corresponde al mes de enero de este año, con la cual han pagado treinta mil soles por un servicio especializado en comunicación y redes sociales para la Presidencia del Consejo de Ministros.

Los pagos por este servicio especializado en redes sociales empezaron en el año 2023, al poco tiempo de la toma de mando de Dina Boluarte. Desde esa fecha hasta la actualidad, se ha invertido en dicho servicio una suma total de S/. 243,335. Aunque este no ha sido el único gasto en redes sociales.

No conforme con destinar una suma considerable para redes, entre los meses de noviembre del 2024 y febrero del presente año, la PCM ha utilizado 32 mil soles en un servicio de medición y análisis de las publicaciones que se realizan en las redes sociales.

LAS COSTUMBRES DE SIEMPRE

Sin duda, una de las características del gobierno de Dina Boluarte ha sido el vincularse con funcionarios con antecedes cuestionables y en la Presidencia del Consejo de Ministros esa costumbre se estaría manteniendo. A esta larga lista de gastos en redes, fotografías y filmaciones se le ha sumado el contrato de un excamarógrafo de TV Perú involucrado en una situación muy extraña.

Sudaca pudo acceder a una resolución del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP) que data del año 2017 y en la cual se detalla un polémico hecho que involucra a uno de los actuales trabajadores de la Presidencia del Consejo de Ministros. La persona en cuestión es Manuel Kanilín Quintasi Laura.

En el año 2016, Quintasi Laura trabajaba para TV Perú como camarógrafo. Pero en noviembre de ese mismo año, un mes antes del final de su contrato, fue acusado de sustraer una tarjeta de memoria propiedad del IRTP de uno de los módulos de recepción de video ubicado en el área de gerencia de prensa, situación que habría sido comprobada por las cámaras de seguridad.

Sin embargo, Quintasi Laura no estuvo dispuesto a devolver dicha herramienta de trabajo cuando se le solicitó. Acorde a lo relatado en la resolución revisada por Sudaca, el entonces camarógrafo de TV Perú se negó y fue debido a la insistencia que devolvió la tarjeta de memoria.

Pero eso no ha sido impedimento para que obtenga buenos contratos con la Presidencia del Consejo de Ministros y, desde el 2023 hasta la fecha, Quintasi ha logrado acumular un total de 208 mil soles por su servicio de cobertura y edición del material audiovisual de los eventos que realiza la PCM.

La adecuada difusión de las actividades del gobierno puede ser fundamental para que la población esté al tanto del cumplimiento de los compromisos asumidos. Pero, cuando el Ejecutivo no sólo incumple sino que pretende distorsionar la realidad, gastar más de setecientos mil soles en rubros como fotografías y redes sociales sólo parece ser otra ofensa a una ciudadanía cada vez más enemistada con sus gobernantes.

A lo largo de la historia, los perros han asumido roles que pueden ir mucho más allá del lugar de mascotas. Estos animales han participado en tareas muy complejas como la detección de drogas y explosivos e incluso se les ha visto ser protagonistas en el trabajo de rescate de sobrevivientes cuando ocurren desastres naturales.

A cambio de su trabajo, no se espera que reciban condecoraciones ni mucho menos aumentos salariales sino un trato humanitario mientras están en servicio y que se les garantice una adecuada calidad de vida cuando este termina. Sin embargo, lo que parece un pedido razonable a cambio de su labor, no siempre se cumple.

Sudaca ha podido seguir el caso de la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos que pone nuevamente en discusión el trato que se les da en nuestro país a aquellos animales que están al servicio de la población y que, lejos de recibir los cuidado que merecen, son expuestos a condiciones insalubres y un abandono que incluso llega a producirles la muerte.

INDIFERENCIA MUNICIPAL

“Hemos venido viendo a el trato que les da la municipalidad desde que comenzó la gestión en 2023”, comentó Nataly Moscoso Ponce, presidenta de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO), en declaraciones brindadas a Sudaca con respecto al preocupante presente de los perros que integran la brigada canina de la Municipalidad de Los Olivos y que colaboran con la seguridad del distrito.

Según lo relatado por Moscoso, desde que Luis Felipe Castillo Oliva llegó a la alcaldía de Los Olivos, los canes que están al cuidado de la municipalidad han presentado numerosos problemas que van desde la falta de vacunas y antiparasitarios hasta la ausencia de la atención veterinaria que pueden requerir.

Pero esta situación llegó a su punto más crítico durante los primeros días de este mes cuando Black, uno de los canes que integraban esta brigada, murió a los ocho años en una jaula como consecuencia del tumor que padeció en los últimos meses y el cual la Municipalidad de Los Olivos no atendió como correspondía.

Lo más indignante con respecto a la historia de Black es que, meses atrás, había sido operado por otro tumor y quienes se tuvieron que hacer cargo del costo de este procedimiento fueron algunos trabajadores y una veterinaria privada mientras que la gestión de Castillo Oliva permanecía indiferente ante este caso.

Sudaca pudo acceder a algunas de las conversaciones entre los trabajadores de la municipalidad y los integrantes de COPAO en los cuales exponen el desinterés por parte de los funcionarios de este distrito ante la situación que venía padeciendo este integrante de la brigada canina en sus últimos días.

Pero esta no fue la única advertencia sobre el estado de salud de Black y otros de los integrantes de la brigada canina. Las siguientes conclusiones pertenecen a un informe del 29 de agosto del 2024 preparado por el veterinario Wilder Aguado Huaylla en el cual se advertía que Black era uno de los candidato a baja de manera prioritaria y que, además, habían casos de desmayos.

Además, otro informe también emitido por el mismo veterinario en el mes de agosto detallaba que Black presentaba un lipoma, un tumor de crecimiento lento, y que por ello requería cirugía a la brevedad posible, la cual fue pagada por trabajadores y contó con la ayuda de una veterinaria ante la ausencia de interés por parte del municipio. Este informe también señalaba que Black, que en ese momento tenía siete años, tenía cojera producto a la displasia. 

UNA HISTORIA QUE SE REPITE

Pero el triste fallecimiento de Black corre el riesgo de no ser la única baja en la brigada canina debido a la negligencia de los funcionarios de Los Olivos. En el siguiente chat, un trabajador de esta municipalidad cuya identidad se mantiene en reserva para evitar represalias cuenta que son varios los perros pertenecientes a esta brigada que no se encuentran en un estado de salud idóneo.

Sumado a los casos de displasia, la cual es una dolorosa enfermedad degenerativa que produce una malformación en la unión del fémur y la pelvis de los canes, la titular de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) explica que la Municipalidad de Los Olivos ignora sus pedidos para que estos animales sean dados en adopción y puedan recibir una mejor calidad de vida.

En el siguiente informe que data de junio del año pasado, el supervisor de la brigada canina había informado que cuatro de sus integrantes no se encontraban aptos para el servicio de patrullaje e incluso, tal como se aprecia en la siguiente imagen, se detallaba el caso de uno de los integrantes de esta brigada que había sido operado por un cáncer. No obstante, William Valladares Escobedo, gerente de seguridad ciudadana de Los Olivos, no le habría dado mayor importancia a esta situación.

“Solicitamos que les realicen exámenes y hasta el día de hoy no lo hacen”, relata Nataly Moscoso sobre el alarmante estado en que se encuentran estos animales y agrega que “las atenciones de ecografía, radiografía, exámenes bioquímicos y hemogramas determinan su salud y si están aptos para realizar esta labor”.

En el siguiente oficio enviado a Valladares Escobedo por parte de la Coalición De Protección Animalista Olivense (COPAO) en el mes de enero se había exigido que la municipalidad entregue los informes sobre las evaluaciones médicas que se les debían realizar a los integrantes de la brigada canina. No obstante, estos nunca fueron entregados.

La historia de Black llegó a su final de una forma tan dolorosa como evitable y, si bien nada revertirá su triste desenlace, la difusión de su caso debería llevar a que las municipalidades y todas las instituciones con animales a su cargo entiendan la responsabilidad que deben asumir para que situaciones como las relatadas en este informe no se repitan. Mientras tanto, se siguen escuchando ladridos de ayuda en Los Olivos.

Una nueva ley aprobada por el Congreso amenaza con habilitar a los odontólogos a realizar una serie de procedimientos quirúrgicos que pondrían en riesgo a sus pacientes.

Si algo ha caracterizado al grupo de parlamentarios que actualmente ocupan los escaños del Congreso de la República es su predisposición para legislar, sin vergüenza alguna, en favor de intereses particulares y sin escuchar voces autorizadas. Pero esta forma de realizar la labor congresal trae consecuencias que termina padeciendo el peruano de a pie.

Esto es lo que ha ocurrido con la Ley N°32210, la cual nació de una propuesta legislativa que buscaba habilitar a los odontólogos para que realicen una serie de procedimientos que, hasta ahora, eran una exclusividad de  cirujanos plásticos y profesionales de la salud dedicados a la dermatología.

LA LEY Y SU ORDEN

Pero este tipo de leyes no son una novedad. En el año 2019, el propio Colegio Odontológico del Perú le solicitó al entonces presidente de la Comisión de Salud del Congreso, Segundo Tapia Bernal, que el proyecto de ley N° 2620/2017, el cual regulaba la comercialización, uso y aplicación de sustancias de relleno denominadas biopolímeros y afines en tratamientos corporales con fines estéticos y definía dichos procedimientos como acto médico, incluya a los a los cirujanos dentistas y les permita hacer uso de biopolímeros absorbibles inyectables.

Sin embargo, esta solicitud no prosperó y quienes integraban el parlamento por aquella época no respaldaron el pedido del Colegio Odontológico del Perú.  No obstante, años después, han vuelto a hacerse presentes en el Legislativo con un proyecto de ley, todavía más ambicioso, que recibió la luz verde y que ha despertado preocupación entre profesionales de la salud por el contexto en que fue aprobado.

Fue durante los primero días de junio del año 2022 cuando ingresó un proyecto de ley que tenía como autor al congresista fujimorista César Revilla Villanueva y, tal como lo señala en su título, dicha iniciativa pretendía modificar una serie de artículos de la ley de trabajo del cirujano dentista.

Según lo propuesto en esta iniciativa legislativa, los odontólogos podrían estar habilitados para realizar procedimientos quirúrgicos que, hasta la fecha, sólo podían ser llevados a cabo por médicos cirujanos. Esta situación generó una contundente oposición por parte del Colegio Médico del Perú que justificó esta postura alegando que la formación de los odontólogos no abarcaba todos los aspectos que debían tenerse en cuenta para poder realizar correctamente un procedimiento quirúrgico lo que, en consecuencia, pondría en riesgo a los pacientes.

Cabe señalar que, tal como lo señala el propio proyecto de ley, no parte únicamente del interés del congresista de Fuerza Popular sino que este fue “socializado y consensuado con el Colegio de Odontólogos del Perú”.

La historia de esta ley dio un giro inesperado en diciembre del año pasado cuando, sin un amplio debate de por medio, pese a que el Ejecutivo la había observado e ignorando las advertencias del Colegio Médico del Perú, dicha ley fue aprobada por insistencia y publicada, sospechosamente, a pocos días de la navidad.

¿QUIÉN SE BENEFICIA CON ESTA LEY?

Esta insólita situación ha llevado a que se instale la pregunta sobre quién es el más interesado en que esta ley sea ratificada por el Congreso y las respuestas podrían estar en el propio Colegio Odontológico del Perú. Sudaca ha podido revisar el historial del decano de este colegio, el doctor Luis Ghezzi Hernández, quien en el pasado ha sido invitado especial de FACOP.

FACOP, Faculdade do Centro Oeste Paulista, es una institución con raíces en Brasil que se dedica a brindar cursos relacionados a la odontología y procedimientos estéticos y, casualmente, dos meses antes que esta ley sea publicada en El Peruano, FACOP anunció su llegada al Perú, lo que supondría un negocio más lucrativo si los odontólogos están habilitados para realizar ciertos procedimientos, tal como lo avalaría la Ley N° 32210.

Sudaca conversó con Luis Ghezzi, quien señaló que esta ley “favorece a la población” y respondió a los cuestionamientos alegando que se han dicho mentiras con respecto al impacto que podría tener esta ley. Además, agregó que “hay un interés económico a favor de algunas especialidades y algunos  dirigentes del Colegio Médico del Perú para monopolizar la atención médica”.

En los últimos días, algunas fuentes también han señalado que existirían sospechosos depósitos bancarios entre una persona cercana a FACOP y el decano del Colegio Odontológico del Perú. Sin embargo, en conversación con Sudaca, Luis Ghezzi ha rechazado rotundamente estas versiones. 

Esta semana el Congreso podría votar para derogar la polémica Ley N° 32210 y tendrá la oportunidad de enmendar uno de sus tantos errores que, en esta oportunidad, golpea directamente la salud de los peruanos que corren el riesgo de estar en manos de personas que no están capacitadas correctamente para los procedimientos que esta ley les permitiría llevar a cabo.