¿Sembrando el terror?

Mientras el gobierno de Dina Boluarte dice buscar el camino del diálogo, una intervención de la Dircote vuelve a generar desconfianza en los movimientos que siguen protestando. Sudaca ha conversado con los protagonistas del caso que causó conmoción en la sede de la Confederación Campesina del Perú.

Son las ocho de la mañana del sábado y Dina Boluarte tenía que volver a comparecer ante una cámara de televisión en Palacio de Gobierno para intentar llegar a ese sector de la población que no la acepta o desconfía de sus intenciones. Lleva menos de dos semanas en la presidencia y la estabilidad política parece cada vez más difícil de alcanzar. Las sonrisas y fotos luego de las reuniones con las bancadas de oposición, terreno del que su predecesor jamás pudo salir victorioso, quizá la habían llevado a imaginar un gobierno que gozaría de cierta estabilidad, aunque la realidad está resultando muy diferente.

“Nadie quiere quedarse en el poder”, “¿qué ganan cerrando aeropuertos?” y “déjenme trabajar”, fueron algunas de las declaraciones de Boluarte ante la desesperada necesidad de calmar los ánimos que, para ese momento, ya había dejado el trágico número de más de veinte peruanos fallecidos. Sin embargo, lejos de ese discurso que buscaba instalar el diálogo con los manifestantes como alternativa, otro era el ambiente que se vivía en la Plaza Bolognesi.

UNA INTERVENCIÓN POLÉMICA

En la sede de la Confederación Campesina del Perú (CCP), la policía, en un trabajo conjunto con la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote), realizaba una intervención en simultáneo a la conferencia de Dina Boluarte. En este inmueble el clima era de incertidumbre para los campesinos que se encontraban en el momento de la intervención. “Estos compañeros han estado pernoctando y ha llegado la policía”, cuenta Enver León, secretario general de Nuevo Perú, movimiento político que comparte sede con la CCP.

“Han estado llegando desde hace días. Son compañeros de Apurímac, Ayacucho y la selva”, relató León a Sudaca el mismo sábado a las cuatro de la tarde, cuando el futuro de los intervenidos todavía era una incógnita. Para el integrante de Nuevo Perú, esto se explica como “una arremetida del gobierno para terruquear al que está protestando”.

Wilder Sánchez, presidente de la Confederación Campesina, señala que quienes estaban en el local no sólo no son terroristas sino que, algunos de ellos, se encuentran en Lima para realizar trámites ajenos a las manifestaciones contra el gobierno. “Es un lugar que sirve de alojamiento para compañeros que vienen a hacer sus gestiones”, comenta Sánchez.

Sin embargo, desde un primer momento en el local de la Plaza Bolognesi se advirtieron varias irregularidades en la intervención. Víctor Mayta Frisancho, quien se viene encargando del apoyo legal a los campesinos, cuenta que esta intervención policial se realizó sin la presencia de un representante de la Fiscalía. “La Fiscalía llegó mucho después. No llegaron junto con la policía”, explica el abogado y también denuncia que, durante el transcurso de la mañana no se permitió que él y otras personas que querían darle asesoramiento legal a los campesinos ingresen al inmueble.

Acorde a las redes sociales del Ministerio Público, tomaron conocimiento de la intervención y se aproximaron al local de la CCP después del inicio de la intervención y corroboran la versión del abogado y presidente de la Confederación Campesina sobre la ausencia de representantes de la Fiscalía al momento de ingresar.

Pero los abogados y Fiscalía no fueron los únicos en tomar parte de esta diligencia horas después de haberse iniciado. Como relata Lucía Alvites, integrante de Nuevo Perú, la policía tampoco dejó ingresar a congresistas que se acercaron al local de la Confederación Campesina y Nuevo Perú. “Cuando han llegado las congresistas Ruth Luque y Sigrid Bazán, no las dejaban entrar. Hemos sido testigos que se lo impedían para hacer su labor de fiscalización”, expone Alvites.

Aunque esta no sería la única controversia de la investigación. Pasado el mediodía, la Policía Nacional del Perú, a través de sus redes sociales, publicó imágenes sobre lo que se habría encontrado durante la intervención y que probaría que se trataba de personas que pretendían usar estos elementos durante las manifestaciones.

“Los machetes tenían el sello de donde los habían comprado. Es difícil que un campesino venga con machetes nuevos. Es completamente inaudito pensar eso”, comenta Wilder Sánchez sobre las imágenes mostradas por la policía. Mientras, para el abogado Mayta Frisancho, esto sería un intento de mostrarlos como terroristas pese a que “se ha hecho un registro personal a cada campesino y no han encontrado nada”.

“Los campesinos hemos sufrido mucho. Hemos tenido líderes que han sido asesinados por los dos bandos, tanto por los alzados en armas como por las Fuerzas Armadas”, cuenta el presidente de la Confederación Campesina y agrega que, si bien los campesinos tuvieron simpatía por Pedro Castillo durante la época de campaña, ellos no respaldan sus acciones. “Estamos dispuesto a trabajar con cualquier gobierno y eso no quiere decir que uno sea portátil de un gobierno”, expresó.

Cerca de la medianoche del sábado, los campesinos intervenidos fueron liberados más de doce horas después del ingreso de la policía al local de la Confederación Campesina del Perú. “El daño está consumado, ya se les ha agraviado. Se han difundido imágenes y nombres. Los hicieron ver como terroristas”, comenta el abogado Mayta Frisancho y reclama el accionar de las autoridades. “El mismo premier había dicho que el derecho a la reunión no sería suspendido. No hubo un mandato judicial de allanamiento”, comentó a Sudaca.

UN ANTECEDENTE ALARMANTE

Sin embargo, esta no es la primera vez que la Dirección Nacional Contra el Terrorismo (Dircote) realiza una intervención que genera sospechas. En sus antecedentes cuentan con el tristemente célebre Operativo Olimpo. Ese megaoperativo policial fue presentado ante los medios como la captura de 77 personas que supuestamente tenían conexión con Sendero Luminoso y, luego de haberlos tenido encarcelados por un año y medio, debieron ser liberados por falta de pruebas.

El vandalismo en las recientes manifestaciones contra el gobierno es innegable. En el informe publicado por Sudaca titulado “La lógica detrás de las protestas sociales”, los propios dirigentes de los movimientos reconocían que había infiltrados y que ellos mismos estaban realizando los esfuerzos necesarios para ahuyentarlos. Sin embargo, el intento de vincular las manifestaciones con grupos terroristas, el popular “terruqueo”, hoy sólo podría generar más desconfianza hacia las autoridades si no está correctamente sustentado y si los procedimientos se ven ensombrecidos.

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